Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00371-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2011-00371-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Importancia jurídica
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2011-00371-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2011-00371-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
21 de mayo de 2019
IMPORTANCIA JURÍDICA / PODER PREFERENTE DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN – Definición
Esta Corporación ha definido el poder preferente del Procurador General de la
Nación como la facultad de ejercer el control disciplinario que prima o desplaza la
competencia interna de cada entidad, para avocar el conocimiento, en cualquiera
de las etapas de la actuación, indagación o investigación, comprendiendo también
el ejercicio del poder sancionatorio.
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 3
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el carácter preferente del poder atribuido a la
Procuraduría General de la Nación, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil, Auto del 27 de noviembre de 2018, Rad. 11001-03-06-000-2018-
00185-00(C), C.P. Édgar González López
LEY PROCESAL DISCIPLINARIA EN EL TIEMPO – Aplicación inmediata /
APLICACIÓN DE DISPOSICIONES FAVORABLES AL DISCIPLINADO – No
constituye irregularidad sustancial
[E]l actor plantea que en la actuación disciplinaria no debió aplicarse la Ley 734 de
2002, como quiera que antes del 5 de mayo de 2002, fecha de su entrada en rigor,
ya se había expedido el pliego de cargos. Por consiguiente, en su criterio, la
decisión sancionatoria debió proferirse con fundamento en la Ley 200 de 1995.
(…) La Corte Constitucional (…) consideró que en materia sancionatoria, por regla
general, se debe aplicar la ley vigente para el momento de los hechos (art. 29 de
la Constitución Política), en virtud del principio relativo a que nadie puede ser
procesado sino conforme a las leyes preexistentes. De donde se infiere que en
este campo las normas no tienen efectos retroactivos; sin embargo, aclaró que en
el ámbito procesal este principio se invierte, pues la regla general es la aplicación
inmediata, de modo que la nueva ley cobija los procedimientos iniciados en la ley
anterior, salvo en lo concerniente a las diligencias, términos y actuaciones que
empezaron a correr o ejecutarse en la normativa derogada. (…) Para la Sala, el
artículo 223 de la Ley 734 de 2002 no tiene el carácter restringido que se le
atribuye en la demanda, toda vez que, en virtud del principio de favorabilidad, las
nuevas normas procesales se podían aplicar. Así las cosas, si bien, el artículo 223
de la Ley 734 de 2002 prescribe una pauta general, teniendo como parámetro el
pliego de cargos, también es cierto que para la Procuraduría General de la Nación
la garantía de presentar alegatos, luego de practicadas las pruebas, era una
disposición novedosa de la Ley 734 de 2002, más favorable para el disciplinado;
argumento que más fuerza adquiere para la Sala, en garantía del derecho al
debido proceso. (…) En consecuencia, la decisión de culminar el proceso bajo el
procedimiento de la Ley 734 de 2002 no constituye una irregularidad sustancial,
pues esta normativa le representó un beneficio al demandante, en la medida en
que gozó de una oportunidad adicional para ejercer sus derechos de defensa y
contradicción; aunado a lo anterior el contenido del fallo cumple con los requisitos
legales , el disciplinado en los alegatos de conclusión presentó sus argumentos
sobre la valoración de los hechos y las pruebas y pudo interponer el recurso de
reposición contra la sanción
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / LEY 734 DE
2002 – ARTÍCULO 223
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación de las normas procesales en el
tiempo en materia sancionatoria, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-328 de
2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA / SANCIÓN DISCIPLINARIA –
Se entiende impuesta con la expedición y notificación del acto sancionatorio
principal / PRESCRIPCIÓN – Principio de favorabilidad
Para las fechas en que fueron proferidos los actos administrativos demandados, 7
de octubre de 2003, 30 de noviembre de 2004, 28 de enero de 2005 y 22 de
febrero de 2005, y para el 7 de abril de 2006, momento en que la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, suspendió provisionalmente los
efectos de la sanción disciplinaria, no existía unidad de criterio sobre la
prescripción de la acción disciplinaria al interior de esta Corporación. (…) Luego,
por importancia jurídica, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en
sentencia del 29 de septiembre de 2009, acogió el criterio que sostenía que la
sanción disciplinaria se entiende “impuesta” con la expedición y notificación del
acto sancionatorio principal; ello con el fin de aclarar el momento en que se
configura la prescripción de la facultad sancionatoria de la administración. (…)
Dicha sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 marca la línea de
interpretación sobre la prescripción de la acción disciplinaria de esta Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, sin embargo, los actos administrativos expedidos
por la Procuraduría antes de referido fallo contienen una tesis más favorable sobre
la prescripción que la expuesta allí. En efecto, al aplicar al sub judice el criterio
unificado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, dado que el acto
administrativo de única instancia del 7 de octubre de 2003, proferido por la
Procuraduría General de la Nación, que sancionó al ahora demandante, se notificó
personalmente a su apoderado el 8 de octubre de 2003, ese día se entendería
“impuesta” la sanción; de ahí que al contarse el término de prescripción de cinco
años, la acción disciplinaria no se habría extinguido frente a las conductas
realizadas por el disciplinado del 8 de octubre de 1998 hasta el 24 de diciembre de
1999, fecha en la que entregó el cargo de Comandante del Gaula de Medellín.
Entonces el estudio de la prescripción realizado por parte de la Procuraduría es
más benigno para el actor que el expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en la sentencia de unificación, pues en los actos acusados se
indicó que la imposición de la sanción fue el 21 de diciembre 2004, fecha de
ejecutoria material de la sanción (cuando se notificó al accionante el auto que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 7 de octubre de
2003), es así que solamente se sancionaron las conductas relativas a las 33
interceptaciones ilegales que no estaban desconectadas para el 21 de diciembre
de 1999, respecto a las que no se decretó la prescripción de la acción disciplinaria.
(…) Es clara entonces la favorabilidad para el disciplinado del análisis de la
prescripción realizado por la Procuraduría General de la Nación en los actos
administrativos del 7 de octubre de 2003, 30 de noviembre de 2004 y 28 de enero
de 2005, fechas para las que, se insiste, el Consejo de Estado no había unificado
la interpretación sobre la prescripción de la acción disciplinaria
FUENTE FORMAL: LEY 25 DE 1974 – ARTÍCULO 12 / LEY 13 DE 1984 –
ARTÍCULO 6
NOTA DE RELATORÍA: En este pronunciamiento se hace un recuento del
desarrollo normativo que ha tenido el fenómeno de la prescripción
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación de la prescripción en el régimen
sancionatorio disciplinario, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009, Rad.
11001-03-15-000-2003-00442-01, C.P. Susana Buitrago Valencia
DERECHO DISCIPLINARIO - Finalidad
[L]a Sala resalta que la función del juez en el Estado Social de Derecho obedece a
los postulados de justicia material consistentes en la garantía del derecho
sustancial y de búsqueda de la verdad. De tal suerte que frente al control de
legalidad de las sanciones administrativas no puede perderse de vista que la
finalidad del derecho disciplinario consiste en asegurar que la conducta de quienes
detentan funciones públicas esté demarcada por la marcha efectiva y el buen
nombre de la administración, y por asegurar que la función pública sea ejercida
para beneficiar a la comunidad, protegiendo los derechos y libertades de los
asociados.
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 20
FALTAS GRAVÍSIMAS – Reduce margen de discrecionalidad / PRINCIPIO DE
INTEGRACIÓN NORMATIVA – En tipificación de las faltas / PRINCIPIO DE
TIPICIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD
[L]a noción de falta gravísima de la Ley 200 de 1995 redujo el margen de
discrecionalidad de la autoridad disciplinaria al momento de sancionar al actor,
constituyendo entonces una garantía para el disciplinario el hecho de realizar la
integración normativa con la citada ley, máxime cuando se respetó el límite de la
sanción más gravosa del Decreto 2584 de 1993. En este orden, se determina que
la Procuraduría no desconoció los principios de tipicidad y legalidad porque el
accionante fue sancionado por las faltas existentes en el régimen especial
(Decreto 2584 de 1993), concretamente en los artículos 39 y 40 del estatuto de
disciplina de la Policía Nacional; la sanción se graduó según el artículo 41 ídem;
se configuraron las circunstancias de agravación del artículo 42 ídem y las faltas
se calificaron como gravísimas, acorde con la clasificación del artículo 24 de la Ley
200 de 1995 (norma vigente para la época de los hechos), en virtud del principio
de integración normativa. (…) La Procuraduría acertó al calificar las faltas
imputadas al actor como gravísimas, en atención del principio de integración
normativa; primero, porque el reglamento especial de disciplina de la Policía
Nacional no excluía la aplicación de la clasificación de las faltas prevista en el
artículo 24 la Ley 200 de 1995; segundo, porque, como empleado público, el señor
Santoyo Velasco también estaba cobijado por esta norma del régimen general de
disciplina; y, tercero, porque la aplicación de esta disposición no desmejoraba su
situación, comoquiera que las circunstancias de agravación y los criterios para
graduar la sanción previstos en el Decreto 2584 de 1993, determinaron que sus
faltas fueron de la mayor entidad, por omitir, aprobar y consentir que se tramitaran
interceptaciones telefónicas ilegales y que se utilizaran indebidamente bienes y
equipos de la Policía Nacional, en perjuicio del derecho a la intimidad de los
ciudadanos. (…) Lo anterior sumado al hecho que se trató de una conducta
reiterada, que se ejecutó, en conjunto, por los miembros del Grupo Gaula bajo sus
órdenes, con ostensible preparación, organización y planificación de la falta; que
se violaron varias normas disciplinarias y que el actor detentaba un alto cargo en
la Policía Nacional, Institución cuyo fin primordial es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y
para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz (art. 218 de la
Constitución Política). Por ello, la Procuraduría General de la Nación válidamente
impuso al actor la sanción de destitución e inhabilidad, en los términos de los
artículos 31, 36 y 98 del Decreto 2584 de 1993, sin desconocer los principios de
favorabilidad, tipicidad y legalidad
FUENTE FORMAL: LEY 200 DE 1995 – ARTÍCULO 24 / LEY 200 DE 1995 –
ARTÍCULO 42 / DECRETO 2584 DE 1993 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
ARTÍCULO 218
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA – Noción /
PLIEGO DE CARGOS – Puede variarse por error en la calificación jurídica o
por prueba sobreviniente
El principio de congruencia refleja la concreción del derecho a la defensa para
quien ha sido investigado, de modo que tenga la certeza sobre los extremos
fácticos, subjetivos y jurídicos, a partir de los cuales se estructuró el proceso
disciplinario y que fueron el fundamento de la sanción. La congruencia constituye
a la vez una garantía del sujeto pasivo de la acción y un límite para quien detenta
la potestad disciplinaria, pues la decisión no puede referirse a conductas que no
hicieron parte de la imputación fáctica. (…) En el ámbito disciplinario, conforme al
inciso 5 del artículo 165 de la Ley 734 de 2002 el pliego de cargos puede ser
variado, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente, luego de la
práctica de pruebas y antes del fallo de primera o de única instancia.
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 165
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la justificación de la calificación provisional del
pliego de cargos, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-1076 de 2002, M.P. Clara
Inés Vargas
CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS – Clases / PRINCIPIOS DEL
DERECHO PENAL – Aplicación en el derecho disciplinario / CONCURSO
REAL HOMOGÉNEO DE CONDUCTAS PUNITIVAS – Definición / CONCURSO
MATERIAL HETEROGÉNEO DE CONDUCTAS PUNITIVAS – Definición
En cuanto a la variación del concurso, se precisa que según la Corte
Constitucional se pueden presentar tres variedades de concurso de faltas
disciplinarias. (…) Por su parte, la jurisprudencia penal, cuyos principios se aplican
en el derecho disciplinario con mayor flexibilidad, ha definido el concurso real
homogéneo de conductas punitivas, cuando existe unidad del sujeto activo y
pluralidad de acciones con las cuales se infringe varias veces el mismo tipo penal,
por ello, se entiende que cada una de las acciones está revestida de sus propias
características objetivas, materiales, subjetivas y jurídicas; mientras que el
concurso material heterogéneo se da cuando una misma persona realiza una
pluralidad de acciones e incurre en diversos tipos penales
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 21
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las clases de concurso de faltas disciplinarias, ver:
Corte Constitucional, Sentencia C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la clasificación de los concursos, ver: Corte
Constitucional, Sentencia C-464 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre concursos, ver: Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de octubre de 2017, Rad.
47.459, SP 17711-2017, M.P. Patricia Salazar Cuéllar
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN MATERIA DISCIPLINARIA – Alcance /
CONCURRENCIA DE CONDENA PENAL Y SANCIÓN DISCIPLINARIA – No
desconoce el principio non bis in idem / DERECHO PENAL Y DERECHO
DISCIPLINARIO – Diferencias
En el ámbito disciplinario, la Ley 734 de 2002, en consonancia con el principio de
rango constitucional, prescribe en el artículo 11 que el destinatario de la ley
disciplinaria cuya situación esté decidida mediante acto administrativo ejecutoriado
no será sometido a una nueva investigación y juzgamiento disciplinario por el
mismo hecho. (…) Por otra parte, el inciso tercero del artículo 2 de la Ley 734 de
2002 señala que la acción disciplinaria es “independiente de cualquiera otra que
pueda surgir de la comisión de la falta”. (…) De acuerdo con lo anterior, la Sala
observa que una sola conducta puede generar diversas consecuencias jurídicas,
siendo objeto de diferentes juicios y sanciones. (…) Así las cosas, se incurriría en
violación de la prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho, si una persona
es sancionada disciplinariamente, por supuestos fácticos y faltas disciplinarias que
ya dieron lugar a imponerle una sanción, comoquiera que el Estado ya ha perdido
la potestad disciplinaria. 160. Pero si dichos hechos ocasionaron también una
decisión penal condenatoria, este principio no se desconoce, pues el derecho
penal y disciplinario, si bien emanan de la potestad punitiva del Estado, difieren en
cuanto a la finalidad, los bienes jurídicos e intereses jurídicos tutelados. Dicha
diferencia también radica en que en materia disciplinaria se juzga la conducta de
los destinatarios frente a normas administrativas éticas que protegen la eficiencia,
eficacia y moralidad de la administración pública, mientras que el objeto del
derecho penal es la protección del orden jurídico social (…). 161. De lo anterior se
desprende que si una persona incurre en una conducta ilegal puede ser procesada
penal y disciplinariamente, ya que se trata de acciones autónomas con naturaleza
jurídica diferente, cuyas decisiones no atan, entre sí, a los operadores jurídicos.
(…) [E]l derecho disciplinario se centra en el incumplimiento de los deberes de
quien detenta la función pública y su propósito es garantizar el adecuado
funcionamiento de la administración.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / LEY 734 DE
2002 – ARTÍCULO 2 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 11
PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL – Afectación / AFECTACIÓN DEL
PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL – Presupuesto de configuración
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, para demostrar la afectación
del principio de investigación integral, se requiere acreditar, en un alto grado de
probabilidad, que, de haberse practicado las pruebas que en criterio del afectado
se omitieron, el sentido de la decisión sería favorable a sus intereses, ya que
solamente bajo estos supuestos la irregularidad procesal sería trascendental. Así
las cosas, para establecer el desconocimiento de este principio se necesita el
señalamiento de las pruebas que se dejaron de practicar, con su valor probatorio y
transcendencia respecto de la decisión. 168. Esta Corporación ha sostenido que la
obligación del juzgador disciplinario de realizar una investigación integral no
exonera al demandante y a su apoderado de “la carga de presentar y/o solicitar
dentro de la oportunidad legal las pruebas que pretenda hacer valer, en ese
sentido no comporta una conducta respetuosa del principio de lealtad procesal el
guardar silencio en la etapa probatoria de la actuación disciplinaria, para
posteriormente en el Juicio Contencioso invocar falencias procesales del trámite
administrativo”. (…) Frente a la violación del principio de investigación integral, y
aunque el accionante tiene la carga de argumentar cómo se incumplió la
obligación de investigar lo favorable y desfavorable, la Sala considera que, para
garantizar los derechos al debido proceso y a la justicia material, se debe analizar
si en la actuación administrativa se respetó el derecho de contradicción, mediante
la petición de pruebas y la interposición de recursos y si se cumplió con el principio
de imparcialidad.
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 94
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de investigación integral, ver: Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de mayo de 2013,
Rad. 11001-03-25-000-2011-00571-00(2196-11), C.P. Bertha Lucía Ramírez Páez
MEDIDAS CAUTELARES – Finalidad / ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR –
El operador judicial debe tener en cuenta la apariencia de buena fe del
derecho
[L]a Sala advierte que el propósito de las medidas cautelares es garantizar el
derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que, ante la posible dilación de los
procesos, se evite que el demandante sufra perjuicios de difícil reparación en el
evento de una decisión judicial absolutoria tardía (…).Por ello, se exige que el
operador judicial, en el estudio de la medida cautelar, tenga en cuenta la
apariencia de buena fe del derecho.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 –
ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231 / LEY 1437 DE 2011 –
ARTÍCULO 233
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ)
Actor: MAURICIO ALFONSO SANTOYO VELASCO
Demandado: NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: Sanción disciplinaria. Destitución
ASUNTO
1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decide
en única instancia las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho formulada por el señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco contra la
Nación - Procuraduría General de la Nación y Nación - Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, por la sanción impuesta de destitución e inhabilidad por el
término de cinco años.
ANTECEDENTES
La demanda y su corrección
2. El señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, a través de apoderado, en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de los
siguientes actos proferidos por el Procurador General de la Nación:
• Acto administrativo de única instancia del 7 de octubre de 2003 que lo
sancionó disciplinariamente con destitución del cargo de Teniente Coronel de la
Policía Nacional e inhabilidad por el término de cinco años.
• Auto del 30 de noviembre de 2004 que resolvió el recurso de reposición contra
la decisión de única instancia, negó las solicitudes de nulidad de la actuación
disciplinaria y declaró la prescripción de la acción disciplinaria frente a algunas
conductas.
• Auto del 28 de enero de 2005 que decretó la prescripción de la acción
disciplinaria respecto de algunas conductas.
• Auto del 22 de febrero de 2005 que negó por improcedentes las solicitudes de
revocatoria parcial contra el auto del 28 de enero de 2005.
3. Igualmente, pidió la declaratoria de nulidad del Decreto 1235 del 21 de abril de
2005, dictado por el Gobierno Nacional, que lo retiró del servicio1.
4. Como restablecimiento del derecho reclamó que se ordene su reintegro sin
solución de continuidad al cargo que ejercía y que sea llamado al concurso de
ascenso al grado inmediatamente superior.
5. A título de indemnización, requirió el pago de todos los salarios, prestaciones y
demás emolumentos dejados de percibir, con la respectiva indexación, intereses
corrientes y moratorios en los términos de los artículos 177 y 178 del Código
1
Folios 178-303 cuaderno principal 2 y 435-439 cuaderno principal 3
Contencioso Administrativo, que la sentencia se cumpla acorde con lo dispuesto
en los artículos 176 y 177 ídem, y que se condene a la entidad demandada a
cancelar las costas.
6. Solicitó que la Nación le pague los perjuicios morales que estimó en el monto de
200 salarios mínimos legales mensuales vigentes o al tope máximo concedido en
sede judicial.
7. En acápite separado pidió la suspensión provisional de los actos administrativos
demandados.
8. En los hechos de la demanda se narró que el señor Mauricio Alfonso Santoyo
Velasco ingresó a la Policía Nacional como cadete el 22 de febrero de 1977; que
el 1 de noviembre de 1978 obtuvo el grado de oficial, y que del 25 de julio de 1996
al 24 de diciembre de 1999 fue Comandante del Grupo UNASE y del Grupo
GAULA de la Policía de Medellín.
9. Manifestó que el actor ascendió a Coronel, por disposición del Decreto 2475 del
28 de noviembre de 2000 y que desde el año 2002 ejerció como Secretario para la
Seguridad del Presidente de la República, pero que fue retirado del servicio por
destitución mediante el Decreto 1235 del 21 de abril de 2005.
10. Indicó que la Procuraduría General de la Nación, en el proceso por la
desaparición de dos integrantes de la Asociación de Familiares Detenidos
Desaparecidos ASFADDES, observó que se realizaban interceptaciones ilegales
en las Empresas Públicas de Medellín, en cuya responsabilidad estaban
comprometidos miembros del Gaula de la referida ciudad y que, en razón del
citado hecho, la Inspección General de la Policía Nacional, en auto del 16 de
febrero de 2001, dispuso la indagación preliminar para determinar la
responsabilidad de los funcionarios adscritos a la Policía Nacional de Medellín; sin
embargo, el Procurador General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, en
auto del 2 de marzo de 2001, solicitó al Inspector Delegado Dos de la Policía
Nacional la suspensión de la actuación y su remisión a dicha entidad.
11. El 8 de octubre de 2001 se formuló pliego de cargos al actor, por cuanto las
órdenes de la Fiscalía de interceptación y desinterceptación de líneas telefónicas
de los años 1997 a 1999, allegadas por el Gaula a las Empresas Públicas de
Medellín eran falsas; incurriendo presuntamente en las siguientes faltas
disciplinarias del Decreto 2584 de 1993:
“ARTÍCULO 39. ENUMERACIÓN. Constituyen faltas contra el ejercicio de la
profesión las siguientes:
(…)
22. Respecto de documentos que puedan servir de prueba:
a. Omitir la verdad o consignar hechos contrarios a la misma.
b. Sustituir, alterar, mutilar, destruir, ocultar, desaparecer o falsificarlos.
(…)
40. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional o de los de carácter
particular puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones
superiores mediante las siguientes conductas.
(…)
d. Darles aplicación o uso diferentes.
ARTÍCULO 40. OTRAS FALTAS. Además de las definidas en el artículo anterior,
constituyen faltas disciplinarias, la violación de las prohibiciones, el abuso de los
derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución
Política, en las leyes y en los diferentes actos administrativos”.
12. El Procurador General de la Nación, a través del acto administrativo del 7 de
octubre de 2003, sancionó al señor Santoyo Velasco con destitución e inhabilidad
para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco años, contra el cual,
el actor interpuso recurso de reposición, resuelto por auto del 30 de noviembre
de 2004, que confirmó la sanción y declaró la prescripción frente a algunas
conductas.
13. El 28 de enero de 2005 el Procurador General de la Nación accedió
parcialmente a la solicitud del accionante de ser incluido como beneficiario de la
prescripción declarada en el acto administrativo del 30 de noviembre de 20042.
14. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue negado por
improcedente por el Procurador General de la Nación, en auto del 22 de febrero
de 2005.
2
Folio 186 del cuaderno principal 2
15. Las normas violadas y el concepto de violación se desarrollaron a tráves
de doce cargos, que para su mejor comprensión se resumirán en la parte motiva
de esta providencia, con su analisis en concreto. Estos cargos se refieren a los
siguientes cuestionamientos: prescripción de la acción disciplinaria; violación del
derecho a la defensa; falsa motivación; violación del principio non bis in ídem;
violación de los principios de favorabilidad y legalidad; violación del derecho al
debido proceso y de defensa; violación del principio de presunción de inocencia;
indebida aplicación del artículo 223 de la Ley 734 de 2002 y falta de competencia.
Trámite procesal
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
a través del auto del 13 de octubre de 2005, admitió la demanda y negó la solicitud
de suspensión provisional3.
17. Este auto fue apelado por la parte actora y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante auto del 7 de abril de 2006, revocó el auto
recurrido y suspendió provisionalmente los efectos de los actos administrativos
demandados, en cuanto a la imposición de la sanción al señor Santoyo Velasco,
porque la acción disciplinaria había prescrito. En efecto, consideró4:
“Pues bien, si Ia parte actora realmente se desvinculó del empleo el 24 de diciembre
de 1999, como lo afirma la Procuraduría General, y las sanciones que le fueron
impuestas tienen como fundamento conductas anteriores a diciembre 21 de
1999, que continuaron produciendo efectos posteriores -según su criterio-,
aún en la situación más desfavorable para el servidor público sancionado, la acción
disciplinaria prescribiría en cinco años desde esta última fecha relevante (para
diciembre 21 de 2004 o para dic. 24/99, cuando dejó ese empleo según la P. G.
N.).
En este orden de ideas, se observa que como el Auto del 22 de febrero de 2005,
cuarto y último acto acusado (con el cual culminó o terminó Ia decisión
disciplinaria proferida respecto de la situación disciplinaria al Actor) le fue
notificado personalmente a su apoderado el 25 de febrero de 2005, resalta que
la ACCION DISCIPLINARIA HABÍA PRESCRITO ya fuera teniendo en cuenta el
art. 30 de la Ley 734 de 2002 ó el art. 34 de Ia Ley 200 /955 (que regía cuando Ia
comisión de los hechos que dieron lugar a la acción disciplinaria). En ambas normas
se tiene en cuenta un término de CINCO AÑOS, contados para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o
3
Folios 305-308 del cuaderno principal 2
4
Folios 338-380 del cuaderno principal 2
5
Ley 200/95 – Art. 37: “La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción
empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en
las de carácter permanente o continuado”.
continuado desde la realización del último acto; por Io cual debe concluirse que la
Procuraduría General de Ia Nación cuando notificó Ia última providencia de la
decisión disciplinaria sancionatoria, (compuesta por los 4 actos a que se ha hecho
referencia), lo hizo por fuera del término de prescripción de los cinco años,
incurriendo con ello en violación del debido proceso porque para esa época carecía
de competencia para imponer sanción”.
18. La Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de reposición contra
esta decisión, declarado improcedente por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B por auto del 22 de junio de 20066.
19. Posteriormente, por auto del 1 de diciembre de 2006, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca admitió la corrección de la demanda presentada por el actor7.
20. El 7 de junio de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó las
pruebas pedidas por las partes8.
21. Encontrándose el proceso para decidir sobre el cierre del periodo probatorio el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto del 7 de febrero de 2011,
declaró la nulidad de todo lo actuado, conforme al numeral 2º del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil, pues de acuerdo con el criterio unificado de la
Sección Segunda del Consejo de Estado9, esta Corporación es competente, en
única instancia, para conocer la legalidad de las sanciones de destitución del
cargo10. Esta decisión fue confirmada en súplica por auto del 26 de mayo de
201111.
22. El Consejo de Estado, por auto del 1º de diciembre de 2011, dejó sin efectos la
declaratoria de nulidad de todo lo actuado, y avocó en única instancia el
conocimiento del proceso en el estado en que estaba antes de su remisión12.
6
Folios 424-427 del cuaderno principal 3
7
Folio 461 del cuaderno principal 3
8
Folios 467-468 del cuaderno principal 1
9
Consejo de Estado, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 4 de agosto de 2010, proceso con radicado 2010-163,
actor: Carlos Alberto Velásquez Martínez y Hernán Vargas Méndez, demandado: Procuraduría General de la Nación.
10
Folios 665-668 del cuaderno principal 4
11
Folios 675-678 del cuaderno principal 4. Esta providencia fue firmada por los Magistrados del Tribunal José María
Armenta Fuentes y Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12
Folios 682-688 del cuaderno principal 4
23. El 25 de septiembre de 2012 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de esta Corporación asumió por importancia jurídica el conocimiento de este
proceso13.
24. Por auto del 22 de febrero de 2017 se rechazó la solicitud de revocatoria de la
medida cautelar presentada por la entidad demandada; se declaró cerrado el
periodo probatorio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto14.
La contestación de la demanda
25. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda15.
26. Aclaró que al haberse dictado el pliego de cargos el 8 de octubre de 2001 “el
régimen a aplicar es un régimen de transición e integrado de las normas sustanciales y
procedimentales, obviamente respetando el principio de legalidad y de favorabilidad del
investigado, como lo ordenó la Ley 200 de 1995, vigente a la época de los hechos y las
normas sustantiva del régimen de los miembros de la Policía Nacional”16.
27. Señaló que la desfijación del edicto el 21 de diciembre de 1999 no fue
irregular, toda vez que la Resolución 468 del 15 de diciembre de 2004 no
suspendió los términos en el Despacho del Procurador General de la Nación.
28. Aseveró que no se configuró el fenómeno de la prescripción de la acción
disciplinaria porque lo relevante es la notificación de la decisión administrativa de
única instancia.
29. Anotó que los cargos 1, 2 y 3 imputados se refieren a conductas u omisiones
del deber legal, que se prolongaron durante la vinculación del disciplinado en el
cargo, aspecto que se estudió al analizar la prescripción de la acción disciplinaria.
13
Folio 720 del cuaderno principal 4
14 Folios 787-789 del cuaderno principal 5
15 Folios 440-451 y la contestación de la corrección de la demanda visible a folios 464-465 del cuaderno principal 3
16
Folio 441 del cuaderno principal 3
30. Resaltó que, contrario a lo afirmado en la demanda, no es posible encasillar
las conductas reprochadas como de ejecución instantánea o de ejecución
permanente, puesto que tienen una adecuación típica que difiere a la normativa
penal, advirtiendo, en todo caso, que la afectación de la moralidad pública tiene
consecuencias que se prolongan en el tiempo.
31. Subrayó que el régimen de responsabilidad disciplinaria es autónomo frente a
lo decidido en el proceso penal, y que según el artículo 6 de la Constitución
Política los servidores públicos responden por acción u omisión en el ejercicio de
sus funciones.
32. Controvirtió la presunta violación del artículo 29 de la Constitución Política,
pues en el proceso disciplinario se garantizaron sus derechos de defensa y
contradicción, se decretaron las pruebas y se atendieron los recursos interpuestos.
Alegatos de conclusión
33. La parte actora reiteró los cargos propuestos en la demanda y transcribió
apartes de lo declarado por los testigos en el proceso17.
34. La parte demandada guardó silencio.
35. Intervención del Ministerio Público. La Procuraduría Segunda Delegada
ante el Consejo de Estado solicitó que se levante la medida cautelar decretada en
el auto del 7 de abril de 2006 y que se nieguen las súplicas de la demanda18.
36. Relató que la Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia del 29 de
septiembre de 200919, unificó las diferentes tesis sobre la prescripción de la acción
disciplinaria, señalando que “la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
17
Folios 791-813 del cuaderno principal 5
18
Folios 818-832 del cuaderno principal 5
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Susana Buitrago Valencia, proceso con radicado
11001-03-15-000-2003-00442-01 (S). Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado.
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión
que resuelve de fondo el proceso disciplinario”20.
37. Por ello, señaló que a partir de esta postura, la Procuraduría tenía
competencia para ejercer la facultad sancionatoria por hechos ocurridos hasta el 8
de octubre de 1998, teniendo en cuenta que el acto administrativo de única
instancia del 7 de octubre de 2003, se notificó el 8 de ese mes y año. Así las
cosas, la decisión sancionatoria, del 7 de octubre de 2003, en cuanto declaró la
prescripción de la acción frente a las conductas realizadas hasta septiembre de
1998 se ajustó a derecho.
CONSIDERACIONES
Competencia
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la
sesión Nº 27 celebrada el 25 de septiembre de 2012, decidió conocer por
importancia jurídica el presente caso, dado que la Sección Segunda, Subsección
B, en el auto del 7 de abril de 2006 decretó la suspensión provisional de los
efectos de la sanción disciplinaria de destitución impuesta contra el actor, producto
de lo cual se generó un debate sobre la pertinencia de la decisión del Congreso de
la República de ascenderlo a Brigadier General, teniendo en cuenta que,
posteriormente, fue juzgado y condenado penalmente en Estados Unidos.
39. Por lo tanto, esta Sala es competente para proferir la sentencia, en atención a
lo previsto en el numeral 5 del artículo 97 del Código Contencioso Administrativo
(modificado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998).
Problema jurídico
40. En los términos de los cargos presentados en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, corresponde a la Sala decidir si los actos
administrativos que sancionaron al accionante con destitución e inhabilidad por 5
años son ilegales. Para el efecto se determinará si tales actos están viciados de
nulidad por (i) falta de competencia de los funcionarios que ejercieron el poder
20
Folio 827 del cuaderno principal 5
preferente y adelantaron la indagación preliminar; (ii) por violación del derecho al
debido proceso y (iii) por falsa motivación.
41. Con ese fin la Sala abordará el análisis de los siguientes temas: la
competencia para ejercer el poder preferente; la aplicación de la Ley 734 de 2002
al proceso disciplinario; la prescripción de la acción disciplinaria; la congruencia
del pliego de cargos y el acto sancionatorio y los principios de favorabilidad, de
tipicidad, de presunción de inocencia y non bis in ídem.
42. Decidido lo anterior, y en caso de encontrarse ajustados a derecho los actos
administrativos demandados, la Sala deberá analizar la incidencia del fallo que
niega las pretensiones de nulidad de la sanción, frente al ascenso al grado de
Brigadier General, otorgado al accionante con ocasión del reintegro a la Policía
Nacional, que tuvo lugar en cumplimiento de la decisión de la Sección Segunda,
Subsección B de suspender los efectos de la sanción disciplinaria.
Presentación del caso
43. El accionante fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con
destitución del cargo de Teniente Coronel de la Policía Nacional (que ejercía para
los años 1997 a 1999) e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas durante
5 años.
44. Previo a la solución del caso concreto y el análisis de los temas enunciados, la
Sala precisará la vinculación del accionante a la Policía Nacional, los hechos que
dieron origen a la sanción disciplinaria y los cargos y faltas reprochados por la
Procuraduría General de la Nación.
De la vinculación del demandante a la Policía Nacional
45. Según el extracto de hoja de vida aportado al proceso por la Dirección de
Talento Humano de la Policía Nacional, el señor Santoyo Velasco fue vinculado a
dicha institución desde el 8 de enero de 1977; el 6 de diciembre de 1995 ascendió
al grado de Teniente Coronel y el 6 de diciembre de 2000 a Coronel21.
46. El actor se desempeñó como Comandante del Grupo Gaula de Medellín desde
el mes de julio de 1996 hasta el mes de diciembre de 1999, como lo afirmó en la
versión libre rendida el 13 de junio de 2001, ante la Procuraduría General de la
Nación22.
47. El señor Santoyo Velasco prestó sus servicios al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República del 7 de agosto de 2002 al 21 de junio de 2005,
en el cargo de Secretario de Presidencia de la República – Secretaría para la
Seguridad Presidencial23.
48. Mediante el Decreto 1235 del 21 de abril de 2005, “por el cual se termina una
comisión permanente y se ejecuta una sanción impuesta a unos oficiales de la Policía
Nacional en cumplimiento de un fallo disciplinario”, firmado por el Ministro de Defensa
Nacional, se retiró del servicio activo de la Policía Nacional por Destitución al
Oficial Coronel Santoyo Velasco, quedando inhabilitado por el término de 5 años
para ejercer funciones públicas, de conformidad con lo dispuesto en los actos
administrativos del 7 de octubre de 2003 y del 30 de noviembre de 200424.
49. En virtud del Decreto 2635 del 4 de agosto de 2006, “Por el cual se da
cumplimiento a una providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda – Subsección B”, el Presidente de la República
ordenó el reintegro del señor Santoyo Velasco, en forma provisional, al servicio
activo de la Policía Nacional, a partir de la fecha de su expedición, hasta que la
autoridad jurisdiccional resuelva en forma definitiva la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho25.
21
Folios 544-549 del cuaderno principal 3
22
Folios 1506-1526 del cuaderno 6 de la actuación administrativa
23
Folio 482 del cuaderno principal 3
24
Folios 483 a 485 del cuaderno principal 3
25
Folios 550 a 551 del cuaderno principal 3
50. A través del Decreto 2329 del 23 de junio de 2009, dictado por el Presidente
de la República, retiró del servicio activo de la Policía Nacional al Brigadier
General Santoyo Velasco, por solicitud propia26.
Situación fáctica que originó la actuación disciplinaria
51. Según consta en el pliego de cargos del 8 de octubre de 2001, proferido por
el Procurador General de la Nación al accionante, la actuación disciplinaria se
fundamentó en los siguientes hechos, ocurridos entre los meses de diciembre de
1997 y diciembre de 1999, en su condición de Comandante del Grupo Gaula de la
Policía Nacional en Medellín27:
• La realización de interceptaciones presuntamente ilegales en las Empresas
Públicas de Medellín, evidenciadas en una visita especial ordenada en el proceso
adelantado por la desaparición de dos miembros de la Asociación de Familiares
Detenidos Desaparecidos ASFADDES.
• La falsedad de algunas de las órdenes de interceptación provenientes de los
Fiscales Destacados ante el Grupo Gaula de Medellín, entregadas por funcionarios
del Gaula a las Empresas Públicas de Medellín,
• Que las interceptaciones “fueron manejadas a través de las líneas privadas del
Gaula con el pleno conocimiento de sus comandantes y de los funcionarios de
EPM encargados del trámite de enlace”28.
Cargos disciplinarios formulados al actor
52. El 8 de octubre de 2001, la Procuraduría formuló al disciplinado los siguientes
cargos:
“1. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 39, numeral 22, literales a) y b) del
Decreto 2584 de 1993, que señala las faltas contra el ejercicio de la profesión
respecto a los documentos que puedan servir de prueba, aquellas conductas que
conlleven la omisión de verdad, la destrucción, ocultación, desaparición o
falsificación por:
26
Folio 959 del anexo 3
27
Folios 25 a 79 del cuaderno 11 de la actuación disciplinaria (caja 2 aportada al proceso).
28
Folio 25 ídem
A. Omitir la verdad al conocer, aprobar y consentir que se tramitaran ante EPM
interceptaciones telefónicas con base en solicitudes falsas.
B. Consignar hechos contrarios a la verdad al suscribir oficios en los que alude
interceptaciones ordenadas por un fiscal cuando la realidad es que estas se basaron
en documentos falsificados y consentir que otro servidor lo hiciera en los mismos
términos en su reemplazo.
2. También incurrió en FALTA DISCIPLINARIA al transgredir con su conducta el
numeral 40 literal d) [del artículo 39 del Decreto 2584 de 1993] que trata de la
utilización indebida de los bienes y equipos de la Policía Nacional, toda vez que
como responsable en su condición de comandante, de la adecuada y legal
utilización de los equipos entregados al Gaula para la interceptación de teléfonos
conoció, aprobó y consintió en darles aplicación o uso diferente al ser utilizados para
interceptar comunicaciones sin contar con autorización legal expedida por autoridad
competente.
3. Con su proceder igualmente transgredió los mandatos del artículo 40 [del Decreto
2584 de 1993] del catálogo disciplinario especial de la Policía Nacional, el cual
previene que constituirá FALTA DISCIPLINARIA el incumplimiento de los deberes
establecidos en la Constitución (Art. 2) y las leyes, al vulnerar el DERECHO
FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD y la INVIOLABILIDAD DE LAS
COMUNICACIONES PRIVADAS (Art. 15 C.N.) de cientos de ciudadanos
especialmente de la ciudad de Medellín y su área Metropolitana, al interceptar
aproximadamente 1.400 abonados telefónicos sin observar el procedimiento
Constitucional y legalmente establecido (Art. 15 inciso 3º Carta Política, Art. 351 del
C.P.P)”29.
53. Consecuente con la plena prueba de los cargos imputados, el 7 de octubre de
2003, la Procuraduría General de la Nación profirió el acto administrativo
sancionatorio de única instancia al accionante por incurrir en las faltas
disciplinarias tipificadas en el artículo 39 numerales 22 [literales a) y b)] y 40
[literal d)] y en el artículo 40 del Decreto 2584 de 1993. Dentro del primer cargo, la
Procuraduría explicó que los documentos que pueden servir de prueba fueron “los
oficios a través de los cuales se comunica a la empresa de teléfonos de la orden de
interceptar un teléfono de particular enlazándolo a las líneas privadas de un organismo de
investigación, reúnen todas las características de lo que conocemos como documento,
pues efectivamente se trata de objetos materiales que incorporan unos signos expresivos
del pensamiento humano cumpliendo la finalidad de dar a conocer su contenido, que para
el caso sería del Fiscal al funcionario de EPC que debe concretar el enlace entre dos
líneas” 30.
29
Folio 43 a 44 del cuaderno 11 de la actuación disciplinaria (caja 2 aportada al proceso).
30
Folios 18 y 19 del anexo 5 del expediente.
Solución al caso concreto
54. En el asunto bajo estudio la parte accionante alega que los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad por falta de competencia,
desconocimiento del derecho al debido proceso y falsa motivación, causales
reguladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
55. El artículo 29 de la Carta Política consagra el derecho al debido proceso en
las actuaciones judiciales y administrativas, comprendiendo el régimen
sancionatorio disciplinario; campo en el que la Corte Constitucional ha indicado que
comprende las siguientes garantías: “(i) [al] principio de legalidad de la falta y de la
sanción disciplinaria, (ii) del principio de publicidad, (iii) del derecho de defensa y
especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) del principio
de la doble instancia, (v) de la presunción de inocencia, (vi) del principio de imparcialidad,
(vii) el principio de non bis in ídem, (viii) del principio de cosa juzgada y (ix) de la
prohibición de la reformatio in pejus”31.
56. Con todo, la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 2001 aclaró que “el
debido proceso disciplinario no está llamado a cumplir con todas y cada una de las
garantías y formalidades que describen el procedimiento penal, en todo caso sí debe
establecer los principios y reglas llamados a asegurar, en la mejor medida posible, que la
actuación y la decisión obtenida sobre la conducta disciplinaria de un servidor público o de
un profesional, se entienda como constitucionalmente correcta”.
57. Por su parte, la falsa motivación es un vicio del acto administrativo que
comporta la ausencia o falsedad de sus fundamentos fácticos o jurídicos. La Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
28 de noviembre de 2017, expuso, respecto a la citada de causal de nulidad frente
a los actos que decretan una sanción disciplinaria lo siguiente:
“En lo que tiene que ver con la falsa motivación tanto la doctrina como la
jurisprudencia han precisado que tal vicio afecta el elemento causal del acto
administrativo. Este elemento responde a la pregunta del “por qué el acto”.
Para el caso de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, la
respuesta sería: “porque un funcionario público, con su actuar, cometió una
falta tipificada por la normativa como disciplinaria”. Esta es la causa o motivo
preciso por el cual se expidió el acto.
31
Corte Constitucional, sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
De acuerdo con ello, se está ante la falsa motivación cuando el funcionario
público aduce un motivo para expedir el acto que desde el punto de vista
jurídico o fáctico no se ha dado; es decir, se aduce una falta disciplinaria que
no está prevista legalmente como tal (error de derecho); o la conducta no fue
realizada o no tiene el alcance que se le pretende dar con el acto
administrativo (error de hecho)”32.
58. Una vez demarcados los supuestos fácticos que dieron lugar a la sanción
disciplinaria, los cargos imputados y los vicios de nulidad propuestos en la
demanda, se resolverán los cargos planteados por el accionante, pero en el
siguiente orden:
(i) Poder preferente del Procurador General de la Nación y delegación en
los Asesores Grado 24 para iniciar la indagación preliminar.
(ii) Aplicación de la Ley 734 de la 2002 en la actuación administrativa.
(iii) Prescripción de la acción disciplinaria.
(iv) El principio de tipicidad de la conducta y el primer cargo.
(v) Principio de favorabilidad del artículo 15 de la Ley 200 de 1995 y
tipicidad de las faltas disciplinarias gravísimas.
(vi) Principio de congruencia. Faltas disciplinarias permanentes y concurso
de faltas.
(vii) Principio del non bis in ídem y los efectos de la decisión en el proceso
penal frente a la actuación disciplinaria.
(viii) Sustento probatorio del acto administrativo sancionatorio y principio de
presunción de inocencia.
Poder preferente del Procurador General de la Nación y delegación en los
Asesores Grado 24 para iniciar la indagación preliminar
59. El demandante sostuvo que en el auto del 26 de febrero de 2001 el Procurador
General de la Nación desconoció el artículo 3 de la Ley 200 de 1995, pues,
además de carecer de motivación, no podía delegar la realización de la indagación
preliminar en los Asesores Grado 24 para investigar las presuntas faltas cometidas
por las interceptaciones telefónicas, toda vez que no eran competentes para
asumir directamente el poder preferente; de ahí que estaría viciada de nulidad la
actuación surtida del 26 de febrero al 20 de septiembre de 2001, cuando se
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, M.P. César
Palomino Cortés, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00068-00 (IJ)
decretaron y practicaron gran parte de las pruebas.
60. Pues bien, para resolver la Sala precisa que, conforme al numeral 6 del
artículo 277 de la Constitución Política, una de las funciones del Procurador
General de la Nación, por sí o por medio de sus Delegados y Agentes, es “ejercer
preferentemente el poder disciplinario”. Por su parte, la Ley 200 de 1995 en el artículo
3 disponía que el Procurador podría por sí o por medio de sus Delegados y
Agentes “avocar, mediante decisión motivada, de oficio o a petición de parte, el
conocimiento de aquellos asuntos que se tramiten internamente ante cualquiera de las
ramas u órganos del poder público”.
61. El inciso segundo del artículo 47 de la Ley 200 de 1995 prescribía que, en
cualquier momento, la Procuraduría General de la Nación, “previa decisión motivada
de funcionario competente, podrá asumir una investigación disciplinaria iniciada por
cualquier organismo, en cuyo caso el competente la suspenderá y pondrá su disposición,
dejará constancia de ello en el expediente y dará información al jefe de la entidad” (texto
resaltado por la Sala).
62. Esta Corporación ha definido el poder preferente del Procurador General de la
Nación como la facultad de ejercer el control disciplinario que prima o desplaza la
competencia interna de cada entidad, para avocar el conocimiento, en cualquiera
de las etapas de la actuación, indagación o investigación, comprendiendo también
el ejercicio del poder sancionatorio33.
63. En similar sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha previsto que “el
carácter preferente del poder atribuido a la Procuraduría General de la Nación, desplaza
al servidor que inicia o adelanta una investigación disciplinaria, pero su ejercicio no es
obligatorio ni exclusivo, pues al incluir la norma constitucional el vocablo ‘podrá’, advierte
que se trata de una atribución facultativa”34.
64. En el caso bajo análisis, de conformidad con la certificación expedida por el
Coordinador del Grupo de Asesores Disciplinarios en Derechos Humanos adscrito
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Jaime Moreno García, sentencia del 23 de agosto de 2007,
proceso con radicado 08001-23-31-000-1998-00683-01(4053-03)
34
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de noviembre de 2018, C.P. Edgar González
López, radicación 11001-03-06-000-2018-00185-00(C).
al Despacho de Procurador General de la Nación, la acción disciplinaria se inició
mediante delegación conferida por el Jefe del ente de control al citado grupo, a
través del auto del 26 de febrero de 2001, “con relación a las presuntas intervenciones
ilegales observadas en visita especial practicada en las dependencias de las Empresas
Públicas de Medellín (…)”. El fundamento de la delegación fue el parágrafo del
artículo 7 del Decreto 262 de 2000, que señala:
“Parágrafo. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las funciones
que le otorga el artículo 278 de la Constitución Política. Las señaladas en el artículo
277 constitucional y las demás atribuidas por el legislador podrá ejercerlas por sí, o
delegarlas en cualquier servidor público o dependencia de la entidad, en los
términos establecidos en este decreto.
Las funciones y competencias que en este decreto se atribuyen a las procuradurías
delegadas, territoriales y judiciales, se ejercerán si el Procurador General de la
Nación resuelve asignarlas, distribuirlas o delegarlas en virtud de las facultades
previstas en este artículo. No obstante, el Procurador General podrá ejercer dichas
funciones, pudiendo asumirlas en cualquier momento o delegarlas en otros
funcionarios, dependencias de la entidad o comisiones especiales disciplinarias
cuando lo considere necesario para garantizar la transparencia, imparcialidad y
demás principios rectores de la función administrativa y disciplinaria.
Las competencias disciplinarias consagradas en los numerales 21, 22, 23 y 24 de
este artículo, sólo podrá delegarlas en el Viceprocurador General o en la Sala
Disciplinaria; en este caso, el trámite respectivo no perderá su naturaleza de única
instancia.
En materia disciplinaria, la delegación podrá abarcar total o parcialmente la
tramitación de la instancia”.
65. En el mencionado auto del 26 de febrero de 2001 el Procurador General de la
Nación delegó en dos Asesores Grado 24 el inicio de la indagación preliminar
facultándolos para “comisionar, abrir investigación y formular pliego de cargos, si a ello
hubiere lugar, recibir descargos y practicar todas las pruebas necesarias para el
esclarecimiento de los hechos” 35.
66. Posteriormente, en auto del 20 de septiembre de 2001, el Procurador General
de la Nación asumió, directa y personalmente, la competencia para conocer el
proceso disciplinario seguido contra el Teniente Coronel Santoyo Velasco y otros,
debido a la trascendencia social de la investigación y la repercusión negativa en el
clima de esa época en los derechos humanos36, con fundamento en el numeral 17
del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, que indica: “Asumir el conocimiento de los
35
Folio 397 del cuaderno principal 3
36
Folio 398 del cuaderno principal 3
procesos disciplinarios e intervenir ante las autoridades judiciales o administrativas
cuando la importancia o trascendencia del asunto requieran su atención personal”.
67. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que, contrario a lo señalado por
el señor Santoyo Velasco, el auto del 26 de febrero de 2001 se ajusta a lo previsto
por el artículo 3 de la Ley 200 de 1995, en consonancia con el parágrafo del
artículo 7 del Decreto 262 de 2000, como quiera que dicho auto está motivado;
indica los hechos que son objeto de indagación preliminar; y la delegación del
Procurador en los Asesores Grado 24, que allí se dispone, está respaldada
legalmente por el parágrafo en cita, el cual prevé que las facultades contenidas en
el artículo 277 de la Constitución Política pueden ser delegadas por el Procurador
en cualquier servidor público o dependencia de la entidad, dentro de ellas, el
poder preferente.
68. Como corolario de lo expuesto, este cargo no está llamado a prosperar.
Aplicación de la Ley 734 de la 2002 en la actuación administrativa
69. En el cargo 11 de la demanda el actor plantea que en la actuación disciplinaria
no debió aplicarse la Ley 734 de 2002, como quiera que antes del 5 de mayo de
2002, fecha de su entrada en rigor, ya se había expedido el pliego de cargos. Por
consiguiente, en su criterio, la decisión sancionatoria debió proferirse con
fundamento en la Ley 200 de 1995.
70. Pues bien, sobre la aplicación de las normas procesales en el tiempo, el
artículo 9 de la Ley 200 de 1995 indicaba que: “La ley que fije jurisdicción y
competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso se
aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo lo que la misma ley determine”. En
similares términos el artículo 7 de la Ley 734 de 2002, prevé: “La ley que fije la
jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del
proceso se aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo lo que la misma ley
determine”.
71. La Corte Constitucional, en la sentencia C-328 de 200337, que retomó la
providencia C-181 de 200238, consideró que en materia sancionatoria, por regla
general, se debe aplicar la ley vigente para el momento de los hechos (art. 29 de
la Constitución Política), en virtud del principio relativo a que nadie puede ser
procesado sino conforme a las leyes preexistentes. De donde se infiere que en
este campo las normas no tienen efectos retroactivos; sin embargo, aclaró que en
el ámbito procesal este principio se invierte, pues la regla general es la aplicación
inmediata, de modo que la nueva ley cobija los procedimientos iniciados en la ley
anterior, salvo en lo concerniente a las diligencias, términos y actuaciones que
empezaron a correr o ejecutarse en la normativa derogada.
72. Igualmente, la Corte Constitucional precisó que en materia disciplinaria el
principio de aplicación inmediata de las normas procesales se integra con el de
favorabilidad, de tal suerte que “una situación de hecho puede someterse a la
regulación de disposiciones jurídicas no vigentes al momento de su ocurrencia cuando,
por razón de la benignidad de aquellas, su aplicación se prefiere a las que, en estricto
sentido, regularían los mismos hechos”39.
73. En el sub lite las interceptaciones ilegales, que dieron lugar a la investigación
disciplinaria contra el demandante, sucedieron en los años 1997 a 1999, cuando
estaba vigente la Ley 200 de 1995, norma cuyos aspectos procesales se
aplicaban a los miembros de la Fuerza Pública (art. 175), por ello, el pliego de
cargos emitido en la actuación disciplinaria 155-52.937-2001 seguida contra el
señor Santoyo se dictó acorde con los parámetros de esta ley.
74. Ahora bien, la Ley 734 del 5 de febrero 2002, “por la cual se expide el Código
Disciplinario Único”, empezó a regir tres meses después de su sanción, esto es, el 5
de mayo de 2002. Para esta fecha el trámite administrativo se encontraba en
etapa probatoria, conforme con el artículo 153 de la Ley 200 de 1995 40; y se
tramitaron las notificaciones personales del auto de pruebas acorde con el artículo
101 de la Ley 734 de 200241.
37
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
38
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
39
Corte Constitucional, sentencia C-181 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
40
Folio 109 a 119 del cuaderno administrativo 12 de la actuación administrativa
41
Ver folio 120 y siguientes del cuaderno administrativo 12 de la actuación administrativa
75. Por auto del 18 de julio de 2003 se dio traslado a los sujetos procesales para
presentar alegatos, en aplicación del artículo 92 numeral 8 de la Ley 734 de
200242; y el Procurador General de la Nación dictó la decisión de primera instancia
el 7 de octubre de 2003, en la que aclaró que “pese a que los hechos ocurrieron en
vigencia de la Ley 200 de 1995, según lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 734 de
2002 – transitoriedad- el trámite corresponde al ordenado en el actual código, en razón a
que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (mayo 05 de 2002), la presente
investigación todavía no alcanzaba la etapa de juzgamiento”. En efecto, el artículo 223
de la Ley 734 de 2002 es del siguiente tenor:
“Artículo 223. Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la
presente ley se encuentren con auto de cargos continuarán su trámite hasta el fallo
definitivo, de conformidad con el procedimiento anterior”.
76. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2004, la Procuraduría General de la
Nación resolvió las solicitudes de nulidad presentadas por los disciplinados e
indicó que la Ley 734 de 2002, como norma procesal, era de aplicación inmediata
y que, además, contenía una nueva garantía para los disciplinados, al prever la
oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, lo cual resultaba más
favorable para ellos.
77. Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 223 de la Ley 734 de 2002 no
habla de juzgamiento y dado que en la actuación administrativa se profirió el
pliego de cargos el 8 de octubre de 2001, esto es, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 734 de 2002, ello, en principio, implicaba que el trámite continuara hasta
su fallo con la Ley 200 de 1995; sin embargo, el operador disciplinario acudió a la
nueva norma con fundamento en la aplicación inmediata de las normas
procesales, en armonía con el principio de favorabilidad, ya que la Ley 734 de
2002 regula la etapa para presentar alegatos de conclusión, previsión que no
estaba contenida en el Decreto 2584 de 1993 o en la Ley 200 de 1995.
78. Para la Sala, el artículo 223 de la Ley 734 de 2002 no tiene el carácter
restringido que se le atribuye en la demanda, toda vez que, en virtud del principio
de favorabilidad, las nuevas normas procesales se podían aplicar. Así las cosas, si
bien, el artículo 223 de la Ley 734 de 2002 prescribe una pauta general, teniendo
42
Folio 207 del cuaderno 14 de la actuación administrativa
como parámetro el pliego de cargos, también es cierto que para la Procuraduría
General de la Nación la garantía de presentar alegatos, luego de practicadas las
pruebas, era una disposición novedosa de la Ley 734 de 2002, más favorable para
el disciplinado; argumento que más fuerza adquiere para la Sala, en garantía del
derecho al debido proceso.
79. En consecuencia, la decisión de culminar el proceso bajo el procedimiento de
la Ley 734 de 2002 no constituye una irregularidad sustancial, pues esta normativa
le representó un beneficio al demandante, en la medida en que gozó de una
oportunidad adicional para ejercer sus derechos de defensa y contradicción;
aunado a lo anterior el contenido del fallo cumple con los requisitos legales 43, el
disciplinado en los alegatos de conclusión presentó sus argumentos sobre la
valoración de los hechos y las pruebas y pudo interponer el recurso de reposición
contra la sanción.
80. Esta tesis fue sostenida por la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación, en la sentencia del 20 de septiembre de 2018, en la que se resolvió
una acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por otro
disciplinado contra el mismo acto administrativo aquí demandado. En esa
oportunidad se consideró que no se violaba el derecho al debido proceso por la
aplicación de la Ley 734 de 2002 en la notificación del fallo de única instancia,
porque efectivamente se presentó el recurso y fue resuelto, de manera que “mal
podría predicarse una irregularidad procesal con la entidad para generar la nulidad de las
actuaciones adelantadas en el proceso administrativo sancionatorio”44.
81. En consecuencia, para la Sala, la Procuraduría le garantizó al actor la
43
“ARTÍCULO 170. CONTENIDO DEL FALLO. El fallo debe ser motivado y contener:
1. La identidad del investigado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de culpabilidad.
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte
resolutiva”.
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, proceso con radicado 11001-03-
25-000-2010-00230-00 (1902-2010).
participación en el trámite disciplinario, permitiendo el ejercicio del derecho a su
defensa, sin que se configure irregularidad procesal alguna que vicie la sanción. El
cargo no prospera.
Prescripción de la acción disciplinaria
82. En los cargos 1, 2, 3 y 5 de la demanda, el actor alega que la acción
disciplinaria prescribió. El argumento principal es que el término empezó a correr
desde el 11 de diciembre de 1999, fecha en que se le concedió un permiso para
separarse temporalmente del cargo hasta el 18 del mismo mes y año, por ende, el
plazo de cinco años para imponerle la sanción venció el 11 de diciembre de 2004,
fecha para la cual no estaba ejecutoriada la sanción ni había finalizado la
actuación disciplinaria, pues el último auto lo dictó la Procuraduría el 22 de febrero
de 2005.
83. Así mismo, el accionante manifiesta que sí operó la prescripción, porque el
auto del 30 de noviembre de 2004, que resolvió el recurso de reposición contra el
acto sancionatorio del 7 de octubre de 2003, solo quedó ejecutoriado hasta el mes
de enero de 2005, porque presuntamente los términos en el Despacho del
Procurador estaban suspendidos del 20 de diciembre de 2004 al 10 de enero de
2005; y ya que las faltas disciplinarias reprochadas no eran de carácter
permanente, sino de resultado.
84. Pues bien, previo a resolver, la Sala se referirá al desarrollo normativo y
jurisprudencial de la prescripción.
85. La Ley 25 de 197445, en el artículo 12 establecía que la acción disciplinaria
prescribía en cinco años a partir del último acto constitutivo de la falta. En el
mismo sentido, la Ley 13 de 198446, en el artículo 6 disponía que la acción
disciplinaria “prescribe en cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de
la falta, término dentro del cual deberá igualmente imponerse la sanción”.
45
“Por la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento del Ministerio Público y régimen disciplinario y se
dictan otras disposiciones”.
46
“Por la cual se establecen normas que regulan la administración del personal civil y demás servidores que prestan sus
servicios en la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo nacional y se dictan disposiciones sobre el régimen de Carrera
Administrativa”
86. Según el artículo 78 del Decreto 2584 de 199347 “La acción disciplinaria prescribe
en cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse a partir de la
comisión de la falta o del último acto constitutivo de la misma y se interrumpirá con la
notificación del pliego de cargos o con la declaratoria de inculpado ausente”.
87. A su turno, la Ley 200 de 1995, en el artículo 34 señalaba “La acción disciplinaria
prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse
para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último
acto, en las de carácter permanente o continuado”. El último inciso de este artículo
precisó que dichos términos prescriptivos se aplicarían a la acción disciplinaria
originada en las conductas realizadas por los miembros de la Fuerza Pública.
88. Ahora bien, conforme al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario
“La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último acto (…)”48.
89. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia del 29 de septiembre de 2009, al resolver por importancia jurídica el
recurso extraordinario de súplica contra el fallo del 23 de mayo de 2003, dictado
por la Sección Segunda, Subsección B, abordó las diferentes tesis defendidas por
las Secciones Primera y Segunda de esta Corporación sobre la prescripción de la
acción disciplinaria, entre ellas, la expuesta por la Sección Segunda, Subsección
B, en el auto del 7 de abril de 2006, dictado en este proceso, que decretó la
suspensión provisional de los efectos de la sanción disciplinaria impuesta al
demandante.
90. La mencionada sentencia del 29 de septiembre de 2009 es la postura actual
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el sentido de señalar
respecto de la aplicación de la prescripción regulada en las Leyes 25 de 1974 y 23
de 1984, que en el régimen sancionatorio disciplinario “la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y
se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto
47
“Por el cual se modifica el Reglamento de Disciplina para la Policía Nacional”
48
Este artículo 30 de la Ley 734 de 2002, fue modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011. La Ley 734 de 2002
fue derogada por el artículo 265 de la Ley 1952 del 28 de enero de 2019, la cual entrará a regir cuatro meses después de su
sanción y publicación. Las Leyes 1474 de 2011 y 1952 de 2019 no se aplican al presente caso.
principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa”49. Para ello
expuso las siguientes razones:
“Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el
presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a
continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que la
tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria
se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el
acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario.
Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa
contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que
imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no
es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la
administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la
existencia de esta segunda etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del
administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente
procedan contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y
regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la administración,
luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone la sanción.
La segunda se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la
decisión sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio de los recursos
propios de la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es
decir, se trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar
dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación
administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver
los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último
recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad
sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente,
dejar en manos del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se
"impone" la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
49
Contra este fallo del 29 de septiembre de 2009 se interpuso una acción de tutela, cuya primera instancia fue tramitada por
la Sección Segunda, Subsección A, Sala de Conjueces, que, en providencia del 17 de abril de 2013, la dejó son efectos. Sin
embargo, en segunda instancia, la Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia del 6 de marzo de 2014, revocó lo
decidido por la Sala de Conjueces y, en su lugar, negó por improcedente la acción de tutela. Consejo de Estado, proceso
radicado 11001031500020100007603. Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado contra la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. Esta tutela no fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional.
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le otorgó
un equivocado entendimiento al considerar el alcance del término de prescripción de
la acción administrativa disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto
administrativo que resuelve el último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario,
imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a
partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo, dentro de
dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto administrativo
principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación
administrativa disciplinaria”50.
91. Entonces, de acuerdo con este fallo del 29 de septiembre de 2009, la Sala
reitera que la sanción disciplinaria se entiende impuesta con la expedición y
notificación del acto principal que la contiene, siendo éste el que concluye la
actuación administrativa y que se tiene en cuenta para efectos de la interrupción
de la prescripción de la acción disciplinaria.
Estudio de la prescripción de la acción disciplinaria en el caso concreto
92. La Sala precisa que los hechos que motivaron la investigación disciplinaria
fueron las, aproximadamente, 1808 interceptaciones de líneas telefónicas o
abonados51, ocurridas de diciembre de 1997 al año 2001, realizadas por miembros
del Grupo Gaula de la Policía Nacional de Medellín, cuyo Comandante fue el
señor Santoyo Velasco hasta el año 1999, valiéndose de órdenes falsas de
Fiscales, tal como se expresó en los siguientes términos en el acto administrativo
del 7 de octubre de 2003:
“De acuerdo a las piezas probatorias obrantes en el plenario, las conclusiones de la
investigación disciplinaria se pueden resumir de la siguiente forma:
1. En los archivos de EPM se encontraron múltiples oficios de interceptación y
desinterceptación de líneas telefónicas con cargo a líneas privadas (LP) del Grupo
Gaula de la Policía Nacional con sede en la ciudad de Medellín. Los abonados
telefónicos intervenidos entre los años 1997 y 2001 se especifican de la siguiente
forma – ver cuadro anexo:
● Año 1997 39
● Año 1998 682
50
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Susana Buitrago Valencia, sentencia del 29 de
septiembre de 2009, proceso con radicado 110010315000200300442 01, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, recurso
extraordinario de súplica.
51
La Sala resalta que en la página 40 del acto sancionatorio del 7 de octubre de 2013, se indicó que las interceptaciones
ascendían a 1.826 (folio 20 vuelto del anexo 5 del proceso).
● Año 1999 718
● Año 2000 339
● Año 2001 30 Total líneas interceptadas: 1.808
(…)”52.
93. El acto administrativo sancionatorio de única instancia del 7 de octubre de
2003 declaró la extinción de la acción disciplinaria por prescripción, frente a las
conductas derivadas de 39 interceptaciones realizadas del 10 al 29 de septiembre
de 1997 y de 512 efectuadas de los meses de enero a septiembre de 1998,
favoreciendo al señor Santoyo Velasco, al considerar que desde los hechos hasta
la fecha de expedición de la sanción, 7 de octubre de 2003, pasaron más de 5
años. En efecto, se expuso:
“En esta forma es sencillo determinar que entre la fecha de realización de estas 551
interceptaciones, es decir, las 39 que se concretaron entre el 10 y el 29 de
diciembre de 1997 y las que (sic) 512 alcanzadas hasta el mes de septiembre de
1998, y la fecha de la presente decisión, han transcurrido más de 5 años.
Consecuencia de lo anterior y al tratarse de faltas consideradas autónomas e
independientes entre sí, debemos reconocer que se ha superado el tiempo límite
para ejercer la potestad disciplinaria, por lo que necesariamente se debe decretar la
extinción de la acción disciplinaria en virtud de la presencia inequívoca de la
prescripción, ordenándose el archivo de la investigación frente a estas específicas
conductas.
Esta decisión de archivo por prescripción de la conducta cobijará al Teniente
Coronel MAURICIO ALFONSO SANTOYO (…)”53.
94. El acto administrativo del 30 de noviembre de 2004, que resolvió el recurso
de reposición contra la sanción impuesta en única instancia por el Procurador
General de la Nación, amplió la prescripción de la acción disciplinaria a las
conductas relativas a las 830 interceptaciones ejecutadas por el Gaula, de octubre
de 1998 (170) a noviembre de 1999 (660). No obstante, la decisión no cobijó al
señor Santoyo Velasco, porque de forma expresa había renunciado a la
prescripción.
52
Folio 16 del anexo 5 del proceso
53
Folio 12 y vuelto del anexo 5 del proceso
95. En el acto administrativo del 28 de enero de 2005, el Procurador resolvió las
solicitudes de modificación del acto administrativo del 30 de noviembre de 2004 y
consideró que la acción disciplinaria “se extingue únicamente cuando el fallo que pone
fin a la actuación administrativa, ha cobrado ejecutoria material, esto es, cuando los
disciplinados ha sido notificados en forma personal o a través de edicto, cuando no
concurren en el término señalado en la ley, debiéndose declarar la prescripción de la
acción, si esta ocurre en el tiempo que ocupa la notificación” 54. Por consiguiente, la
Procuraduría señaló que para el actor “el término de prescripción de la acción
disciplinaria se extinguió el día 21 de diciembre de 2004, fecha en la cual se desfijó
el edicto, a excepción de las faltas permanentes cuya ejecución inició entre el 1 de
diciembre y el 21 de diciembre de 1999, pero la ilicitud se extendió a fecha posterior55
(texto resaltado por la Sala).
96. Por ende, la tesis del ente de control consistió en que el término de
prescripción de la acción disciplinaria se interrumpió el 21 de diciembre de 2004,
fecha de desfijación del edicto que le notificó al disciplinado la decisión del 30 de
noviembre de 2004, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el
acto administrativo sancionatorio del 7 de octubre de 2003.
97. En este auto del 28 de enero de 2005 la Procuraduría consideró que para
contar el término de la prescripción de la acción disciplinaria se debía observar la
fecha de la fecha de ejecutoria material de la sanción (el 21 de diciembre de
2004), cuando se desfijó el edicto que notificó al señor Santoyo Velasco el acto
administrativo del 30 de noviembre de 2004, que resolvió el recurso de reposición.
98. La Procuraduría declaró la prescripción de la acción respecto a las
interceptaciones de 20 abonados que fueron desconectadas antes del 21 de
diciembre de 1999, como quiera que pasaron más de cinco años, hasta el 21 de
diciembre de 2004, fecha de desfijación del edicto que notificó el acto del 30 de
noviembre de 2004 que resolvió el recurso de reposición, siendo esta la fecha de
ejecutoria de la sanción; “las demás interceptaciones irregulares que motivaron la
decisión sancionatoria en su contra, se mantienen incólumes, toda vez que su
54
Folio 155 del anexo 5 del expediente
55
Folio 155 del anexo 5 del expediente
desempeño en el Grupo Gaula se extendió de la siguiente forma: TC SANTOYO
hasta el 24 de diciembre de 1999” 56. (Texto resaltado por la Sala).
99. Así mismo, la Procuraduría, en el acto administrativo del 28 de enero de 2005,
declaró la prescripción de la acción disciplinaria frente a la conducta del
actor, consistente en suscribir los oficios dirigidos a EPM para arreglar la
conexiones y enlaces, que se basaron en documentos falsificados, y
consentir que otros servidores los firmaran, tipificada con fundamento en el
literal b) del numeral 22 del artículo 39 del Decreto 2584 de 1993, por cuanto,
estimó que se trataba de una falta de ejecución instantánea. Explicó que como los
últimos oficios eran del 9 de diciembre de 1999, la acción respecto a esas
conductas prescribió el 9 de diciembre de 2004, fecha anterior al 21 de diciembre
de 2004, cuando se desfijó el edicto que le notificó al demandante el auto del 30
de noviembre de 2004, que resolvió el recurso de reposición.
100. Las conductas disciplinarias sobre la que no se declaró la prescripción
corresponden a las siguientes interceptaciones que al 21 de diciembre de 1999
seguían siendo ejecutadas, pues se dejaron abiertas y no tenían término de
desconexión, de modo que la intervención ilegal y el uso indebido de los bienes de
la Policía Nacional continuaban:
“Referente a la infracción al artículo 39 del numeral 22 literal a), al numeral 40 literal
d) y del artículo 40 del Decreto 2584 de 1993 – Reglamento de Disciplina para la
Policía Nacional, se tiene que no están prescritas las conductas derivadas de
las interceptaciones de los siguientes abonados, pues si bien la intervención se
originó antes del 21 de diciembre de 1999, la conexión se mantuvo vigente hasta la
fecha posterior, bien porque expresamente así fueron revocadas las órdenes bien
porque la ilegal interceptación se dejó abierta o hasta ‘nueva orden’:
Nº Oficios de interceptación E.P.M Oficios de
Orden
Desinterceptación
Oficio Fecha Abonado L. P. Interceptación Desinterceptación Oficio Fecha
Nº
Oficio Nº oficio
1 1760 Dic-01- 2345201 4235
99
2 1788 Dic-07- 3616010 4374 Dic-09-99
99
56
Folio 157 del anexo 5 del expediente
3 1788 Dic-07- 5132030 4236 Dic-09-99
99
4 1788 Dic-07- 4641490 4295 Dic-09-99
99
5 1788 Dic-07- 3438169 6559 Dic-09-99
99
6 1796 Dic-09- 2304732 4216 Dic-10-99
99
7 1796 Dic-09- 2589107 6562 Dic-10-99
99
8 1796 Dic-09- 4426034 6567 Dic-10-99
99
9 1796 Dic-09- 2220726 4395 Dic-10-99
99
10 1814 Dic-13- 3414332 4215 Dic-14-99
99
11 1814 Dic-13- 4424122 6563 Dic-14-99
99
12 1814 Dic-13- 5721028 4396 Dic-14-99
99
13 1814 Dic-13- 4611872 4275 Dic-14-99
99
14 1814 Dic-13- 2352123 6555 Dic-14-99
99
15 1846 Dic-16- 2548066 6563 Dic-17-99
99
16 1856 Dic-21- 3340100 4396 Dic-22-99 Dic-31-99 1878 Dic-29-99
99
17 1857 Dic-21- 3119960 2686 Dic-22-99
99 488
18 1857 Dic-21- 3113809 2683 Dic-22-99
99 010
19 1879 Dic-29- 2707911 4396 Dic-31-99
99
20 1879 Dic-29- 2505823 4214 Dic-31-99
99
21 1879 Dic-29- 2570369 4334 Dic-31-99
99
22 1879 Dic-29- 2363274 4275 Dic-31-99
99
23 1886 Dic-30- 2687164 6565 Dic-31-99
99
24 1886 Dic-30- 4215133 6556 Dic-31-99
99
25 1722 Nov-24- 4922771 6565 Nov-25-99 Dic-31-99 1885 Dic-30-99
99
26 1722 Nov-24- 2665271 4334 Nov-25-99
99
27 1736 Nov-29- 4211563 4334 Nov-29-99 Dic-31-99 1878 Dic-29-99
99
28 1758 Nov-30- 2573662 6561
99
29 1758 Nov-30- 5119720 6566
99
30 1752 Nov-30- 2345201 4275 Nov-30-99 Dic-31-99 1878 Dic-29-99
99
31 1609 Oct-28- 2307808 2308 Oct-29-99 Dic-22-99 1858 Dic-21-99
99 954
32 Dic-31-99 1885 Dic-30-99
33 Dic-31-99 1878 Dic-29-99
(…).
Este hecho obliga a reconocer que al tratarse de una conducta permanente, el
término de prescripción no puede contarse a partir del instante de conexión, y que al
hacerse indefinida la intervención, tales conductas no se encuentran prescritas, al
menos para el momento de ejecutoria del fallo que confirmó las sanciones
impuestas a los servidores responsables de la conducta”57.
101. Aunado a lo anterior, la Procuraduría General de la Nación, en el referido
auto del 28 de enero de 2005, declaró ineficaz la renuncia a la prescripción del
señor Santoyo Velasco, pues no tenía nota de presentación personal. Por
consiguiente, modificó el acto administrativo del 30 de noviembre de 2004, en el
sentido de reconocer que el demandante también estaba cobijado por el archivo
de la investigación por la prescripción de la acción respecto a las 830
interceptaciones realizadas del 1 de octubre de 1998 al 30 de noviembre de 1999,
al haber transcurrido “cinco (5) años desde su ejecución sin que haya cobrado
ejecutoria la decisión”58.
102. En suma, la sanción disciplinaria, de conformidad con las decisiones dictadas
en sede administrativa, comprendió las interceptaciones realizadas desde el 1 de
diciembre de 1999 que no fueron desconectadas antes del 21 de ese mes y año,
descritas en el cuadro anterior.
103. Ahora bien, el Consejo de Estado había considerado tres tesis sobre el
momento en que se entiende impuesta la sanción para efectos de la prescripción
57
Folios 151-152 del anexo 5 del expediente
58
Folio 159 del anexo 5 del expediente
de la acción disciplinaria, tal como se expuso en la sentencia de unificación de la
Sala Plena de lo Contencioso del 29 de septiembre de 2009, así:
“La Sala comienza el análisis partiendo de la jurisprudencia de esta Corporación en
relación con el manejo del tema de la prescripción de la acción sancionatoria acerca
de cuándo debe entenderse “impuesta la sanción”, que no ha sido unánime. En
efecto, sobre el particular existen tres tesis:
a) Se entiende ejercida la potestad disciplinaria cuando se produce la decisión que
resuelve la actuación administrativa sancionatoria59.
b) Para que se considere “impuesta” la sanción es necesario no solo que el acto
sancionatorio primigenio se expida, sino también que se notifique.
c) Debe haberse expedido el acto sancionatorio, resuelto todos los recursos que se
propusieron, y notificado las decisiones sobre éstos”.
104. En el siguiente cuadro se destacan las posturas que sobre la prescripción de
la acción disciplinaria tuvo la Procuraduría General de la Nación en sede
administrativa; el Consejo de Estado en el auto del 7 de abril de 2006 que
suspendió los efectos de los actos aquí demandados, y la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en la providencia del 29 de septiembre de 2009:
Tesis Normas Desde cuándo se
aplicadas interrumpe el término de
prescripción
Procuraduría General El término de prescripción de la Art. 78 del Ejecutoria del fallo
de la Nación – en acción disciplinaria se Decreto 2584 de sancionatorio con la
sede administrativa interrumpió el 21 de diciembre 1993. Art. 35 Ley notificación al disciplinado
de 2004, fecha de desfijación 200 de 1995 y art. del acto que resuelve el
del edicto que le notificó al actor 30 inc. 3 Ley 734 recurso contra el acto
el auto del 30 de noviembre de de 2002. principal
2004, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el
acto administrativo
sancionatorio del 7 de octubre
de 2003.
Consejo de Estado, La acción disciplinaria prescribió Arts. 30 de la Ley Notificación del último acto
Sección Segunda, porque el último acto acusado 734 de 2002 y 34 expedido por la autoridad
Subsección B, auto de fecha 22 de febrero de 2005, de la Ley 200 de disciplinaria, sobre la
del 7 de abril de 2006, con el cual culminó la decisión 1995, destacando sanción impuesta.
que suspendió los disciplinaria, fue notificado que esta era la
efectos de los actos personalmente al apoderado del norma vigente a la
administrativos que disciplinado el 25 de febrero de fecha de comisión
impusieron la 2005, esto es, más de cinco de los hechos.
sanción disciplinaria años desde el 24 de diciembre
al demandante de 1999, fecha de
desvinculación del cargo, según
la Procuraduría.
Consejo de Estado, La actuación disciplinaria Art. 13 de la Ley Notificación del acto
Sala Plena de lo concluye al expedirse y 25 de 1974, administrativo principal o
Contencioso notificarse el acto administrativo modificado por el primigenio que impone la
Administrativo, principal, decisión que resuelve artículo 6 de la
59
C.E. Sentencia del 25-07-91, Exp. 1476, Actor: Álvaro Restrepo Jaramillo.
sentencia del 29 de de fondo el proceso Ley 13 de 1984. sanción disciplinaria.
septiembre de 2009 disciplinario. De tal suerte que
dentro del término de
prescripción de 5 años no se
tiene en cuenta la notificación
de los actos que resuelven los
recursos de la vía gubernativa.
105. Para las fechas en que fueron proferidos los actos administrativos
demandados, 7 de octubre de 2003, 30 de noviembre de 2004, 28 de enero de
2005 y 22 de febrero de 2005, y para el 7 de abril de 2006, momento en que la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, suspendió
provisionalmente los efectos de la sanción disciplinaria, no existía unidad de
criterio sobre la prescripción de la acción disciplinaria al interior de esta
Corporación.
106. Luego, por importancia jurídica, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia del 29 de septiembre de 2009, acogió el criterio que
sostenía que la sanción disciplinaria se entiende “impuesta” con la expedición y
notificación del acto sancionatorio principal; ello con el fin de aclarar el momento
en que se configura la prescripción de la facultad sancionatoria de la
administración. La Sala recuerda que, como muestra de la pluralidad de tesis que
sobre el tema había en la Corporación, en esta providencia están transcritos los
apartes pertinentes del auto del 7 de abril de 2006, que fue expedido en este
proceso y que suspendió provisionalmente los efectos de todos los actos
administrativos demandados al considerar que la acción disciplinaria estaba
prescrita.
107. Dicha sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 marca la línea
de interpretación sobre la prescripción de la acción disciplinaria de esta Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, los actos administrativos
expedidos por la Procuraduría antes de referido fallo contienen una tesis más
favorable sobre la prescripción que la expuesta allí.
108. En efecto, al aplicar al sub judice el criterio unificado por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, dado que el acto administrativo de única instancia del
7 de octubre de 2003, proferido por la Procuraduría General de la Nación, que
sancionó al ahora demandante, se notificó personalmente a su apoderado el 8 de
octubre de 200360, ese día se entendería “impuesta” la sanción; de ahí que al
contarse el término de prescripción de cinco años, la acción disciplinaria no se
habría extinguido frente a las conductas realizadas por el disciplinado del 8 de
octubre de 1998 hasta el 24 de diciembre de 1999, fecha en la que entregó el
cargo de Comandante del Gaula de Medellín.
109. Entonces el estudio de la prescripción realizado por parte de la Procuraduría
es más benigno para el actor que el expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en la sentencia de unificación, pues en los actos acusados se
indicó que la imposición de la sanción fue el 21 de diciembre 2004, fecha de
ejecutoria material de la sanción (cuando se notificó al accionante el auto que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 7 de octubre de
2003), es así que solamente se sancionaron las conductas relativas a las 33
interceptaciones ilegales que no estaban desconectadas para el 21 de diciembre
de 1999, respecto a las que no se decretó la prescripción de la acción disciplinaria.
110. Es clara entonces la favorabilidad para el disciplinado del análisis de la
prescripción realizado por la Procuraduría General de la Nación en los actos
administrativos del 7 de octubre de 2003, 30 de noviembre de 2004 y 28 de enero
de 2005, fechas para las que, se insiste, el Consejo de Estado no había unificado
la interpretación sobre la prescripción de la acción disciplinaria.
111. Por estos motivos se mantiene la presunción de legalidad de los actos
administrativos acusados, advirtiéndose que bajo cualquiera de las dos tesis, la de
la Procuraduría General de la Nación o la de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, no operó la prescripción de la acción disciplinaria contra el
demandante en cuanto a las 33 interceptaciones ilegales que no estaban
desconectadas para el 21 de diciembre de 1999, razón por la cual, pierden
sustento los demás argumentos de la demanda relativos a la prescripción, como
son los siguientes: (i) que la Resolución 468 del 15 de diciembre de 2004
suspendió los términos en el Despacho del Procurador General de la Nación del
20 de diciembre de 2004 al 10 de enero de 2005; (ii) que el 17 de diciembre de
2004 de vacancia judicial no se tuvo en cuenta; (iii) que las faltas eran
60
Folio 2 del cuaderno 16 de la actuación administrativa.
instantáneas, pues la Sala reitera que las interceptaciones continuaron después
del 8 de octubre de 1999, que como se observa en el cuadro previamente
transcrito fueron efectuadas el 29 de octubre, 25, 29 y 30 de noviembre, 9, 10, 14,
17, 22 y 31 de diciembre de 1999; y (iv) que el accionante estuvo “separado del
cargo” del 11 al 18 de diciembre de 1999, por el permiso concedido para atender
una invitación del Gobierno Francés, frente a lo cual se destaca que en todo caso
un miembro de la Fuerza Pública conserva esta condición aunque esté disfrutando
un permiso61.
112. En virtud de los anteriores razonamientos, los cargos primero, segundo,
tercero y quinto, en cuanto se refirieron a la prescripción de la acción disciplinaria,
no tienen vocación de prosperidad.
El primer cargo imputado al accionante y el principio de tipicidad
113. En el cargo noveno el demandante alega que al tipificar la falta del primer
cargo imputado, la Procuraduría General de la Nación adicionó los verbos
rectores: conocer, aprobar y consentir, no previstos en el literal a) del numeral 22
del artículo 39 del Decreto 2584 de 1993.
114. El artículo 29 de la Constitución Política dispone que “Nadie podrá ser juzgado
sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”. Al interpretarlo la Corte
Constitucional ha considerado, en reiterada jurisprudencia, que las faltas
disciplinarias y la sanción deben estar descritas en una norma previa 62, y que “la
norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e
inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de
las infracciones, así como la correlación entre unas y otras”63.
115. En el pliego de cargos, del 8 de octubre de 2001, el Procurador General de la
Nación describió el primer cargo reprochado al accionante, así:
61
Corte Constitucional en la sentencia C- 819 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño consideró que “Los miembros de la
policía que se encuentran en las situaciones administrativas a que se refieren las normas acusadas (franquicia, permiso,
licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio o en hospitalización), conservan su condición de
servidores públicos de la institución “en servicio activo”, lo que implica que efectivamente y de manera actual desempeñan
un empleo o cargo en esa Institución”.
62
C-417 de 1993, C-280 de 1995 y C-310 de 1997, entre otras.
63
C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
“Se observa entonces que el Coronel MAURICIO ALFONSO SANTOYO VELASCO
en su condición de SERVIDOR PÚBLICO adscrito al GRUPO GAULA DE LA
POLICÍA DE MEDELLÍN como comandante (para la época Teniente Coronel),
incurrió en FALTA DISCIPLINARIA:
1. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 39, numeral 22, literales a) y b) del Decreto
2584 de 1993, que señala las faltas contra el ejercicio de la profesión respecto a los
documentos que puedan servir de prueba, aquellas conductas que conlleven la
omisión de verdad, la destrucción, ocultación, desaparición o falsificación por:
A. Omitir la verdad al conocer, aprobar y consentir que se tramitaran ante EPM
interceptaciones telefónicas con base en solicitudes falsas.
B. Consignar hechos contrarios a la verdad al suscribir oficios en los que alude
interceptaciones ordenadas por un fiscal cuando la realidad es que estas se basaron
en documentos falsificados y consentir que otro servidor en los mismos términos lo
hiciera en su reemplazo”.
116. En el acto administrativo sancionatorio del 7 de octubre de 2003, se reitera el
contenido del cargo, en los siguientes términos:
“1. FALTA DISCIPLINARIA al tenor de lo dispuesto en el artículo 39, numeral 22,
literales a) y b) del Decreto 2584 de 1993, señala que las faltas contra el ejercicio de
la profesión respecto de los documentos que puedan servir de prueba, aquellas
conductas que conlleven omisión de verdad, la destrucción, ocultación, desaparición
o falsificación por:
A. Omitir la verdad al conocer, aprobar y consentir que se tramitaran ante EPM
interceptaciones telefónicas con base en solicitudes falsas.
B. Consignar hechos contrarios a la verdad al suscribir oficios en los que alude
interceptaciones ordenadas por un fiscal cuando la realidad es que estas se basaron
en documentos falsificados y consentir que otro servidor lo hiciera en los mismos
términos en su reemplazo”64.
117. Ahora bien, el numeral 22 del artículo 39 del Decreto 2584 de 1993 señalaba,
entre otras, las siguientes faltas contra el ejercicio de la profesión policial:
“22. Respecto de documentos que puedan servir de prueba:
a. Omitir la verdad o consignar hechos contrarios a la misma.
b. Sustituir, alterar, mutilar, destruir, ocultar, desaparecer o falsificarlos.
(…)”. (Texto resaltado por la Sala).
64
Folio 21 vuelto del anexo 5 del expediente.
118. Con el propósito de mostrar la adecuación típica del primer cargo, a
continuación se comparan los verbos rectores de las faltas disciplinarias reguladas
en los literales a) y b) del numeral 22 del artículo 39 del Decreto 2584 de 1993 con
los imputados en el acto sancionatorio:
Literales a) y b) del numeral 22 del artículo Primer cargo. Acto administrativo
39 del Decreto 2584 de 1993 sancionatorio del 7 de octubre de 2003
Omitir, consignar, sustituir, alterar, mutilar, Omitir, conocer, aprobar, consentir y
destruir, ocultar, desaparecer o falsificarlos consignar.
119. La conducta del demandante es típica, pues se acreditó que consignó
hechos contrarios a la verdad en los oficios suscritos por él y dirigidos a las
Empresas Públicas de Medellín solicitando la revisión técnica de algunos enlaces
interceptados ilegalmente, toda vez que las interceptaciones se fundaron en
órdenes de fiscales falsificadas; este hecho le permitió a la Procuraduría
establecer que el señor Santoyo Velasco “conocía de las interceptaciones y las
consentía, al grado de patrocinar revisiones para facilitar la labor de escucha que hacían
los analistas de la sala”.
120. Así entonces, con fundamento en que el disciplinado firmó los referidos
oficios y que obtuvo el aumento de 20 a 50 las líneas telefónicas aptas para las
interceptaciones en el Gaula, la Procuraduría estructuró los indicios que le
permitieron concluir con certeza que éste omitió la verdad respecto de las
interceptaciones realizadas al interior del Gaula de Medellín, respaldadas por
órdenes falsificadas de la Fiscalía, en la medidad que las conocía y aprobaba.
121. Los otros verbos utilizados por el operador disciplinario “conocer”, “aprobar”,
“consentir” corresponden a actos implícitos en las conductas “omitir” y “consignar”
y describen las circunstancias subjetivas de comisión de los ilícitos disciplinarios,
valoración que está ligada a la culpabilidad dolosa con que actuó el sujeto de la
acción. El hecho que la norma no incluya estas expresiones no significa que la
falta disciplinaria sea atípica, ya que se acreditó que el señor Santoyo Velasco
incurrió en las conductas “omitir” y “consignar” descritas en los literales a) y b) del
numeral 22 del artículo 39 del Decreto 2584 de 1993, como se evidencia a partir
de los hechos probados en el acto administrativo sancionatorio del 7 de octubre de
200365 y lo constatará la Sala en el último cargo, relativo a la valoración probatoria.
122. La Procuraduría General de la Nación recaudó todo el material probatorio que
la condujo, en grado de certeza, a determinar la existencia de la falta disciplinaria
respecto a la conductas relativas a omitir la verdad y consignar hechos contrarios
a ésta, de modo que al no estar desvirtuados los hechos que las sustentaron, la
actuación del demandante descrita en el primer cargo imputado es típica; se
aclara en todo caso que la falta disciplinaria del literal b) numeral 22 del artículo 39
del Decreto 2584 de 1993 fue declarada prescrita en el acto administrativo del 28
de enero de 2005.
123. La Sala advierte que el demandante no cuestionó la tipicidad de su conducta
respecto a los otros dos cargos disciplinarios por los cuales fue sancionado: la
indebida utilización de los bienes de la Policía Nacional y la violación del derecho
a la intimidad de las personas cuyas líneas fueron interceptadas ilegalmente.
124. En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
Principio de favorabilidad del artículo 15 de la Ley 200 de 1995 y tipicidad de
las faltas disciplinarias gravísimas
125. Según lo expuesto en el cargo séptimo de la demanda la Procuraduría no
podía calificar las faltas disciplinarias imputadas al accionante como gravísimas,
pues el Decreto 2584 de 1993 no las regulaba. A su juicio, no era viable acudir al
principio de integración normativa para remitirse al artículo 24 de la Ley 200 de
1995, que las clasificaba en gravísimas, graves y leves, pues ello desconoce el
principio de favorabilidad establecido en el artículo 15 de la Ley 200 de 1995.
126. Pues bien, los artículos 217 y 218 de la Constitución Política facultan al
legislador para que determine el régimen especial disciplinario de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional. En virtud de este mandato, la Ley 200 de 1995
señalaba, en el artículo 175 que “en los procesos disciplinarios que se adelanten contra
65
Folio 18 del anexo 5 del expediente.
los miembros de la fuerza pública se aplicarán las normas sustantivas contenidas en sus
respectivos estatutos disciplinarios especiales con observancia de los principios rectores y
por el procedimiento señalado en este Código, cualquiera sea la autoridad que adelante la
investigación”. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en
sentencia C-310 de 1997, al considerar que un régimen disciplinario especial
significa que existe una regulación diferente, en atención a la específica función
que cumplen, y que la verdadera diferencia entre la normativa disciplinaria de la
Fuerza Pública, respecto a los demás regímenes, es “la descripción de las faltas en
que pueden incurrir sus miembros y las sanciones que se les pueden imponer”.
127. Ahora bien, contrario a lo cuestionado por el accionante, la Sala observa que
en el acto administrativo sancionatorio se consideró que los criterios para la
calificación de las faltas reprochadas al disciplinado estaban en los artículos 41 y
42 del Decreto 2584 de 1993, Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, y
que fueron calificadas como gravísimas en virtud de la integración normativa
realizada con el artículo 24 de la Ley 200 de 1995, así:
“De esta forma, observando los criterios señalados en los artículos 41 y 42 del
Decreto 2584 de 1993, tenemos que las faltas cometidas por el Teniente Coronel
MAURICIO ALFONSO SANTOYO VELASCO han de calificarse como GRAVÍSIMAS
por vocación del artículo 24 de la ley 200 de 1995 en aplicación del principio de
integración normativa.
En efecto, aparecen como criterios de calificación de las faltas los siguientes:
● El alto grado que en la Policía ocupaba el Teniente Coronel SANTOYO y su
condición de máximo comandante del Grupo Gaula (art. 41 num. 4º.), de quien se
esperaba un mayor compromiso de respeto y apego a la legalidad,
●El grado de participación que tuvo en el logro de los fines ilícitos, de los cuales se
ha dicho debe responder a título de coautor (art. 41 num.2º.),
●La ostensible preparación, organización y planeación de las faltas, al grado de
considerársele como una de las cabezas visibles del aparato de poder que se montó
para concretar el propósito ilegal (art. 42 num. 3º.),
●La intervención irregular de las comunicaciones privadas de las personas
desconociendo con ella las formalidades y requisitos exigidos por la Constitución y
la ley, en particular, el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal (art. 41 num.
1º.),
●El tiempo transcurrido incurriendo en la ilegalidad con su proceder, descontando
los tiempos cobijados por la prescripción, entre los meses de octubre de 1998 y
diciembre de 1999 (art. 42 num 1º.),
● El volumen de abonados intervenidos (888) y la forma irregular en que se llevaron
a cabo las interceptaciones, mediante la utilización de documentos producto de
falsificaciones (art. 41 num. 1º),
●El gravísimo perjuicio causado a cientos de ciudadanos a los que se les escuchó
arbitraria e ilegalmente sus conversaciones telefónicas privadas (art. 41 num. 12)
con lo cual además, el TC SANTOYO brinda un mal ejemplo para los administrados
y los demás miembros de la institución policial, que esperan de sus altos oficiales el
máximo respeto y apego a la Constitución y la Ley.
●La pluralidad de disposiciones disciplinarias agraviadas, de las cuales se indicó,
que constituyen un concurso real sucesivo heterogéneo con lazos de conexidad
ideológica (art. 42 num. 8º.)
●Y finalmente, se tiene que el TC SANTOYO para realizar las conductas
disciplinarias que se reprochan, actuó con la participación de otros policiales de
rango inferior que se hallaban bajo su subordinación y mando por ostentar la calidad
de comandante (art. 42 num. 2º)”66.
128. En el acto administrativo del 30 de noviembre de 2004, que resolvió el
recurso de reposición contra la sanción, la Procuraduría advirtió que cuando el
Decreto 2584 de 1993 no definía en forma expresa una regla que se requería
usar, era válido acudir a otro estatuto con el objeto de garantizar la legalidad de la
decisión. Resaltó que la existencia de un régimen especial destinado a la Policía
Nacional “no significa en absoluto que éste forme parte de un universo jurídico distinto al
que cobija a los demás servidores del Estado y entonces, como bien lo señala la
Constitución, sus normas se deben interpretar al filo de los mismos principios y reglas que
rigen para los regímenes ordinarios”67.
129. Adicionalmente, explicó que el Decreto 2584 de 1993 contenía las faltas
disciplinarias para los miembros de la Policía Nacional, los criterios para
determinar su gravedad y la sanción, sin embargo, para la “definición de la conducta
como dolosa y en la titulación de las faltas como gravísimas”, se utilizó el principio de
integración normativa “pero no por remisión al artículo 25 de la Ley 200 de 1995, sino al
artículo 24 que se limita a decir que las faltas disciplinarias se clasifican en gravísimas,
graves o leves”68.
130. En suma, la Sala observa que la Procuraduría partió de los criterios
expuestos en el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, en sus artículos
41 y 42, para graduar la sanción impuesta al actor y determinar las circunstancias
de agravación de la falta que, respectivamente, indican:
66
Folio 15 del anexo 5
67
Folios 113 vuelto y 114 del anexo 5
68
Folios 113 vuelto y 114 del anexo 5
“ARTÍCULO 41. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. Para la
graduación de la sanción, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios.
1. La naturaleza de la falta, sus efectos con relación al servicio y los perjuicios que
se hayan causado;
2. El grado de participación en el hecho y la existencia de circunstancias atenuantes
o agravantes;
3. Los motivos determinantes según sean innobles o fútiles, o nobles y altruistas;
4. Las condiciones personales del infractor, tales como la categoría del cargo y la
naturaleza de las funciones del mismo.
ARTÍCULO 42. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. Son circunstancias de
agravación de la falta:
1. La reincidencia en faltas de la misma naturaleza.
2. La complicidad con los subalternos.
3. La ostensible preparación de la falta.
4. El cometer la falta aprovechando la confianza depositada por el superior en el
subalterno.
5. El móvil de la falta cuando busca manifiestamente el provecho personal.
6. El cometer la falta para ocultar otra.
7. El rehuir la responsabilidad o atribuirla sin fundamento a superiores, compañeros
o subalternos.
8. Violar varias disposiciones con una misma acción.
9. El cometer la falta durante el desempeño de servicio extraordinario o en
circunstancias de especial gravedad del orden público, de calamidad pública o
peligro común.
10. El cometer la falta en presencia del personal reunido para el servicio.
11. El cometer la falta encontrándose el inculpado en el exterior.
12. El cometer la falta hallándose el personal en vuelo, navegación o en misión de
transporte terrestre.
13. El cometer la falta en traje de uniformes y en sitio público o abierto al público”.
131. Como el citado decreto enumeraba las faltas disciplinarias pero no las
califica, se efectuó una integración normativa con el artículo 24 de la Ley 200 de
1995, que señala:
“Art. 24. - CALIFICACIÓN. Para efectos de la sanción, las faltas disciplinarias son:
1. Gravísimas.
2. Graves.
3. Leves”.
132. Respecto del reproche del actor, la Sala resalta que la función del juez en el
Estado Social de Derecho obedece a los postulados de justicia material
consistentes en la garantía del derecho sustancial y de búsqueda de la verdad 69.
De tal suerte que frente al control de legalidad de las sanciones administrativas no
puede perderse de vista que la finalidad del derecho disciplinario consiste en
asegurar que la conducta de quienes detentan funciones públicas esté demarcada
por la marcha efectiva y el buen nombre de la administración, y por asegurar que
la función pública sea ejercida para beneficiar a la comunidad, protegiendo los
derechos y libertades de los asociados70.
133. Por ello, para la Sala, esta integración normativa armoniza los principios
rectores de la Ley 200 de 1995 con el Reglamento de Disciplina de la Policía
Nacional, entre ellos, la finalidad de la sanción, consistente en la prevención y
garantía de la buena marcha de la administración pública. En este sentido, el
artículo 21 de la Ley 200 de 1995 disponía que en la interpretación y aplicación del
régimen disciplinario prevalecerían los principios rectores de esa ley, la
Constitución Política y las normas de los códigos Penal, de Procedimiento Penal y
el Contencioso Administrativo. Por lo tanto, en razón a las circunstancias en que el
disciplinado cometió las faltas disciplinarias, ampliamente descritas en los actos
administrativos demandados, imperaba que fuera acreedor del máximo reproche
disciplinario, ya que estaba incurso en múltiples causales de agravación de la
falta, conforme al artículo 42 del Estatuto de Disciplina de la Policía Nacional.
134. Así las cosas, a juicio de la Sala, la noción de falta gravísima de la Ley 200
de 1995 redujo el margen de discrecionalidad de la autoridad disciplinaria al
momento de sancionar al actor, constituyendo entonces una garantía para el
disciplinario el hecho de realizar la integración normativa con la citada ley, máxime
cuando se respetó el límite de la sanción más gravosa del Decreto 2584 de 1993.
En este orden, se determina que la Procuraduría no desconoció los principios de
tipicidad y legalidad porque el accionante fue sancionado por las faltas existentes
en el régimen especial (Decreto 2584 de 1993), concretamente en los artículos 39
y 40 del estatuto de disciplina de la Policía Nacional; la sanción se graduó según
69
Corte Constitucional, sentencia SU-768 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
70
Corte Constitucional, sentencia C-315 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa
el artículo 41 ídem; se configuraron las circunstancias de agravación del artículo
42 ídem y las faltas se calificaron como gravísimas, acorde con la clasificación del
artículo 24 de la Ley 200 de 1995 (norma vigente para la época de los hechos), en
virtud del principio de integración normativa.
135. La Procuraduría acertó al calificar las faltas imputadas al actor como
gravísimas, en atención del principio de integración normativa; primero, porque el
reglamento especial de disciplina de la Policía Nacional no excluía la aplicación de
la clasificación de las faltas prevista en el artículo 24 la Ley 200 de 1995; segundo,
porque, como empleado público, el señor Santoyo Velasco también estaba
cobijado por esta norma del régimen general de disciplina; y, tercero, porque la
aplicación de esta disposición no desmejoraba su situación, comoquiera que las
circunstancias de agravación y los criterios para graduar la sanción previstos en el
Decreto 2584 de 1993, determinaron que sus faltas fueron de la mayor entidad,
por omitir, aprobar y consentir que se tramitaran interceptaciones telefónicas
ilegales y que se utilizaran indebidamente bienes y equipos de la Policía Nacional,
en perjuicio del derecho a la intimidad de los ciudadanos.
136. Lo anterior sumado al hecho que se trató de una conducta reiterada, que se
ejecutó, en conjunto, por los miembros del Grupo Gaula bajo sus órdenes, con
ostensible preparación, organización y planificación de la falta; que se violaron
varias normas disciplinarias y que el actor detentaba un alto cargo en la Policía
Nacional, Institución cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar
que los habitantes de Colombia vivan en paz (art. 218 de la Constitución Política).
Por ello, la Procuraduría General de la Nación válidamente impuso al actor la
sanción de destitución e inhabilidad, en los términos de los artículos 31, 36 y 98
del Decreto 2584 de 199371, sin desconocer los principios de favorabilidad,
tipicidad y legalidad. No prospera el cargo.
71
ARTÍCULO 31. CLASIFICACIÓN. Los correctivos disciplinarios son:
1. Amonestación escrita.
2. Multa hasta quince (15) días del sueldo básico.
3. Suspensión hasta por treinta (30) días, sin derecho a remuneración.
4. Destitución o terminación del contrato de trabajo.
ARTÍCULO 36. DESTITUCIÓN. Consiste en la cesación definitiva de funciones y atribuciones, cuando así lo determine un
fallo disciplinario debidamente ejecutoriado, o terminación del contrato de trabajo”.
ARTÍCULO 98. INHABILIDAD PARA EJERCER CARGO PÚBLICO. El miembro de la Policía Nacional, que haya sido
sancionado con destitución, quedará inhabilitado para ejercer cargo público por el lapso de cinco (5) años siguientes a la
ejecutoria de la providencia que le impuso la sanción”.
Principio de congruencia. Faltas disciplinarias permanentes y concurso de
faltas
137. En los cargos cuarto y octavo de la demanda se afirma que la autoridad
disciplinaria violó el principio de congruencia, porque: (i) solo hasta la expedición
del auto del 28 de enero de 2005 calificó algunas faltas como permanentes; y (ii) el
pliego de cargos estructuró un concurso homogéneo sucesivo de tipos
disciplinarios, pero, en el auto del 30 de noviembre de 2004, la sanción se impuso
por un concurso heterogéneo sucesivo de tipos disciplinarios.
138. Para resolver, la Sala advierte que el artículo 170 de la Ley 734 de 2002
dispone que el acto administrativo sancionatorio debe ser motivado y contener la
identidad del investigado, un resumen de los hechos; el análisis de las pruebas; el
análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las
alegaciones que hubieren sido presentadas; la fundamentación de la calificación
de la falta; el análisis de culpabilidad; las razones de la sanción o de la
absolución; y la exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la
graduación de la sanción, y la decisión en la parte resolutiva.
139. El principio de congruencia refleja la concreción del derecho a la defensa
para quien ha sido investigado, de modo que tenga la certeza sobre los extremos
fácticos, subjetivos y jurídicos, a partir de los cuales se estructuró el proceso
disciplinario y que fueron el fundamento de la sanción. La congruencia constituye
a la vez una garantía del sujeto pasivo de la acción y un límite para quien detenta
la potestad disciplinaria, pues la decisión no puede referirse a conductas que no
hicieron parte de la imputación fáctica72.
140. En el ámbito disciplinario, conforme al inciso 5 del artículo 165 de la Ley 734
de 2002 el pliego de cargos puede ser variado, por error en la calificación jurídica
o por prueba sobreviniente, luego de la práctica de pruebas y antes del fallo de
primera o de única instancia. En este sentido, la Corte Constitucional, en la
sentencia C-1076 de 200273, explicó que la calificación provisional del pliego de
cargos se justifica en la finalidad del proceso disciplinario, que busca la verdad
72
El principio de congruencia tiene un componente fáctico, relacionado con los hechos atribuidos al investigado; uno
personal, relativo a la identidad entre el acusado y el condenado; y otro jurídico, consistente en la ubicación del hecho
dentro de la norma penal que lo regula. Los dos primeros aspectos son inamovibles, pero el tercero se puede variar si se
cumplen unos presupuestos que garanticen el derecho a la defensa del procesado. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, sentencia del 26 de septiembre de 2018, SP-41672018 (51494).
73
M.P. Clara Inés Vargas
real y efectiva. Así, después de la práctica de las pruebas solicitadas en los
descargos, la autoridad puede desvirtuar o atenuar la forma inicial de imputación 74.
141. En el caso concreto, se advierte que en el pliego de cargos del 8 de octubre
de 2001 y en los actos administrativos del 7 de octubre de 2003 y del 30 de
noviembre de 2004 cuando se analizó la naturaleza de las faltas se expuso que “el
disciplinado cometió varias acciones que produjeron una pluralidad de violaciones
jurídicas”75.
142. Fue hasta el auto del 28 de enero de 2005, donde se indicó que las
interceptaciones eran conductas permanentes, porque algunos de los abonados
intervenidos, del 1 al 21 de diciembre de 1999, tenían una característica común: la
orden de interceptación preveía que ésta “debía mantenerse hasta nueva orden”.
Luego, el auto del 22 de febrero de 2005 sostuvo que, para poder determinar
desde qué momento se debía contar el término de prescripción, “resultaba
obligatorio examinar la naturaleza de las conductas (…) sin que ello mutara los hechos,
su ejecución, duración o connotación”76.
143. Como se observa, el auto del 28 de enero de 2005, que se ocupó de declarar
la prescripción de la acción disciplinaria teniendo en cuenta la fecha de notificación
del auto del 30 de noviembre de 2004, se circunscribió a hacer una apreciación
sobre la permanencia de las conductas solo con el propósito de aplicar el término
de prescripción.
144. En este orden de ideas, la Sala considera que no se varió la imputación
fáctica, personal y jurídica contenida en el pliego de cargos y en los actos
administrativos del 7 de octubre de 2003 y del 30 de noviembre de 2004, toda vez
que no se modificaron los hechos objeto de la sanción, el disciplinado, ni las
normas que contienen las faltas disciplinarias, como se acredita a partir de la
lectura del pliego frente a los referidos actos, que al respecto señalan:
Hechos
Pliego de cargos (auto del 8 de Acto sancionatorio del 7 de Acto administrativo del 30 de
octubre de 2001) octubre de 2003 noviembre de 2004
“En proceso de averiguación de “En el curso de las averiguaciones “En la senda de la investigación
74
SU-901 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño
75
Folios 45 del cuaderno 11 de la actuación administrativa, 43 del acto administrativo del 7 de octubre de 2003 y 3 del acto
administrativo del 30 de noviembre de 2004, (folios 22 y 93 del anexo 5 del expediente).
76
Página 13 del acto administrativo del 22 de febrero de 2005 (folio 176 anexo 5 del expediente).
la presunta interceptación de hechas por la presunta disciplinaria adelantada por la
las comunicaciones telefónicas interceptación de las desaparición forzada de dos
de la Asociación de Familiares comunicaciones telefónicas de la miembros de la Asociación de
Detenidos Desaparecidos Asociación de Familiares Familiares Detenidos Desaparecidos
ASFADDES con sede en la Detenidos Desaparecidos ASFADDES con sede en la ciudad de
ciudad de Medellín, dentro del ASFADDES con sede en la Medellín, JOSE ANGEL QUINTERO
proceso que se sigue por la ciudad de Medellín, dentro del MESA y CLAUDIA PATRICIA
desaparición de dos de sus proceso que se sigue por la MONSALVE PULGARIN, ocurrida el
miembros, se practicó visita desaparición de dos de sus día 06 de octubre de 2000 en la
especial a las Empresas miembros, se practicó visita ciudad Medellín, los funcionarios
Públicas de Medellín Oficina de especial a las Empresas Públicas investigadores de la Procuraduría
Vigilancia y Control, encargada de Medellín Oficina de Vigilancia y llevaron a cabo visita especial en la
de la recepción y trámite de las Control, encargada de la Oficina de Seguridad, Vigilancia y
órdenes de interceptación recepción y trámite de las órdenes Control de las Empresas Públicas de
proferidas por las autoridades de interceptación preferidas por Medellín EPM, la cual tenía a su
judiciales, se observó que se las autoridades judiciales y se cargo la recepción y el trámite de las
realizaban interceptaciones al observó que se realizaban órdenes de interceptación proferidas
parecer ilegales. interceptaciones al parecer por las distintas autoridades
ilegales. judiciales. En el curso de la diligencia,
los funcionarios investigadores
En posterior visita a esa En posterior visita a esa observaron, que al parecer, un
dependencia en dependencia en acompañamiento grueso número de interceptaciones
acompañamiento de los fiscales de los fiscales ANA HELENA se habrían realizado adulterando la
ANA HELENA GUTIERREZ y GUTIERREZ y JAIRO MONTOYA firma de varios fiscales de la
JAIRO MONTOYA quienes quienes fueron destacados como seccional de fiscalías de Medellín,
fueron destacados como fiscales del Gaula, se situación que motivó la compulsa de
fiscales del Gaula, se evidenciaron presuntas copias para que por separado se
evidenciaron presuntas irregularidades en la órdenes de iniciarán las averiguaciones
irregularidades en las órdenes interceptación y desinterceptación disciplinarias del caso.
de interceptación y de líneas telefónicas, inicialmente
desinterceptación de líneas entre los meses de abril y En visita posterior a la Oficina de
telefónicas, inicialmente entre diciembre del año 2000, como Seguridad, Vigilancia y control del
los meses de abril y diciembre quiera que estos fiscales fueron EPM, los investigadores de la
del año 2000, como quiera que enfáticos en señalar que algunos Procuraduría, esta vez acompañados
estos fiscales fueron enfáticos oficios no fueron producidos por el de los Fiscales Especializados de
en señalar que algunos oficios despacho a su cargo y que las Medellín, doctores ANA HELENA
no fueron producidos por el firmas que allí aparecen son GUTIERREZ y JAIRO MONTOYA,
despacho a su cargo y que las falsas. revisaron una a una la
firmas que allí aparecen son documentación existente en EPM
falsas.
Así mismo, conocidos los hechos sobre órdenes de interceptación
por la Fiscalía General de la telefónica emitidas por ellos entre los
Así mismo, conocidos los Nación, se allegaron sendas meses de abril y diciembre del año
hechos por la Fiscalía General copias de oficios a través de las 2000 cuando se desempeñaban
de la Nación, se allegaron cuales se evidencian como fiscales destacados ante el
senda (sic) copias de oficios a irregularidades en las órdenes de Grupo Gaula de la Policía Nacional
través de las cuales se interceptación telefónica desde el con sede en la ciudad de Medellín,
evidencian irregularidades en año 1997. ante lo cual manifestaron no
las órdenes de interceptación reconocer como propias algunas de
telefónica desde el año 1997. Las pruebas aportadas en la las firmas que aparecían en los
etapa de indagación preliminar e documentos de interceptación.
investigación, permitieron inferir
Las pruebas aportadas en la que las órdenes de interceptación Por la presunta interceptación ilegal
etapa de indagación preliminar telefónica fueron entregadas por de comunicaciones derivada de la
e investigación, permitieron funcionarios del Grupo falsedad de las firmas de los fiscales
inferir que las órdenes de Antiextorsión y Secuestro que aparecían autorizando las
interceptación telefónica fueron (GAULA) de la Policía Nacional intervenciones telefónicas, la Fiscalía
entregadas por funcionarios del de Medellín, que las firmas que General de la Nación asumió el
Grupo Antiextorsión y aparecen en los oficios son falsas conocimiento de la investigación
Secuestro (GAULA) de la y que éstas fueron manejadas a penal, y en fecha posterior, se
Policía Nacional de Medellín, través de las líneas privadas del allegaron copias de los
que las firmas que aparecen en Gaula con el pleno conocimiento correspondientes oficios de
los oficios son falsas y que de sus comandantes y del interceptación que habrían sido
éstas fueron manejadas a funcionario de EPM encargado falsificados desde el año 1997.
través de las líneas privadas del del trámite de enlace. Gaula con el pleno Se desprendió entonces, que las
conocimiento de sus Se tiene además, que la Oficina pruebas indicaban un posible
comandantes y de los de Vigilancia y Control encargada compromiso de responsabilidad
funcionarios de EPM del trámite de los oficios de disciplinaria por parte de algunos
encargados del trámite de interceptación telefónica en EPM, miembros del Grupo Gaula de la
enlace. a pesar de lo delicado de la Policía de Medellín, quienes al
función asumida, pues se trata de parecer, habrían concretado una
la afectación de derechos pilares pluralidad de interceptaciones
Se tiene además, que la Oficina del sistema democrático como lo telefónicas entre 1997 y 2001, sin el
de Vigilancia y Control es la libertad de comunicación y el lleno de los requisitos exigidos por la
encargada del trámite de los derecho a la intimidad, entre Constitución y la ley, utilizando para
oficios de interceptación otros, no implementó ningún ello documentos en los que se
telefónica en EPM, a pesar de sistema o mecanismo que le falsificó la firma de los fiscales
lo delicado de la función permitiera evitar desmanes o destacados ante ese organismo”.
asumida, pues se trata de la abusos por parte de quienes
afectación de derechos pilares elevan tales solicitudes. Tampoco
del sistema democrático como es clara su actuación en cuanto al
lo es la libertad de control que ejercía sobre sus
comunicación y el derecho a la propios empleados y el trámite
intimidad, entre otros, no correspondiente a las
implementó ningún sistema o interceptaciones telefónicas”.
mecanismo que le permitiera
evitar desmanes o abusos por
parte de quienes elevan tales
solicitudes. Tampoco es clara
su actuación en cuanto al
control que ejercía sobre sus
propios empleados y el trámite
correspondiente a las
interceptaciones telefónicas”.
Cargos
Pliego de cargos (auto del 8 Acto sancionatorio del 7 de Acto administrativo del 30 de
de octubre de 2001) octubre de 2003 noviembre de 2004
“Se observa entonces que el “AI Teniente Coronel MAURICIO “Al Teniente Coronel MAURICIO
Coronel MAURICIO ALFONSO ALFONSO SANTOYO VELASCO ALFONSO SANTOYO VELASCO en
SANTOYO VELASCO en su en su condición de SERVIDOR su condición de SERVIDOR
condición de SERVIDOR PÚBLICO adscrito al GRUPO PÚBLICO adscrito al GRUPO GAULA
PÚBLICO adscrito al GRUPO GAULA DE LA POLICÍA DE DE LA POLICIA DE MEDELLIN como
GAULA DE LA POLICÍA DE MEDELLIN como Comandante Comandante del Grupo, se 1e
MEDELLÍN como comandante del Grupo, se Le imputan los imputan los siguientes cargos:
(para la época Teniente siguientes cargos:
Coronel), incurrió en FALTA 1. FALTA DISCIPLINARIA al tenor
DISCIPLINARIA: de lo dispuesto en el artículo 39,
1. FALTA DISCIPLINARIA al numeral 22, literales a) y b) del
tenor de lo dispuesto en el artículo Decreto 2584 de 1993, que señala las
39, numeral 22, literales a) y b) faltas contra el ejercicio de la
1. Al tenor de lo dispuesto en el del Decreto 2584 de 1993, que
artículo 39, numeral 22, literales profesión respecto de los documentos
señala las faltas contra el ejercicio que puedan servir de prueba,
a) y b) del Decreto 2584 de de la profesión respecto de Ios
1993, que señala las faltas aquellas conductas que conlleven la
documentos que puedan servir de omisión de verdad, la destrucción,
contra el ejercicio de la prueba, aquellas conductas que
profesión respecto a los ocultación, desaparición o
conlleven la omisión de verdad, la falsificación por:
documentos que puedan servir destrucción, ocultación,
de prueba, aquellas conductas desaparición o falsificación por:
que conlleven la omisión de A. Omitir la verdad al conocer,
verdad, la destrucción, aprobar y consentir que se tramitaran
ocultación, desaparición o A. Omitir la verdad al conocer, ante EPM interceptaciones
falsificación por: aprobar y consentir que se telefónicas con base en solicitudes
tramitaran ante EPM falsas.
interceptaciones telefónicas con
base en solicitudes falsas. B. Consignar hechos contrarios a la
A. Omitir la verdad al conocer, verdad al suscribir oficios en los que
aprobar y consentir que se alude interceptaciones ordenadas por
tramitaran ante EPM B. Consignar hechos contrarios a un fiscal cuando la realidad es que
interceptaciones telefónicas con la verdad al suscribir oficios en los estas se basaron en documentos
base en solicitudes falsas. que alude interceptaciones falsificados y consentir que otro
ordenadas por un fiscal cuando la servidor lo hiciera en los mismos
realidad es que estas se basaron términos en su reemplazo.
en documentos falsificados y
B. Consignar hechos contrarios consentir que otro servidor lo 2. FALTA DISCIPLINARIA al
a la verdad al suscribir oficios hiciera en los mismos términos en transgredir con su conducta el
en los que alude su reemplazo. numeral 40 literal d) que trata de la
interceptaciones ordenadas por utilización indebida de los bienes y
un fiscal cuando la realidad es equipos de la Policía Nacional, toda
que estas se basaron en 2. FALTA DISCIPLINARIA al vez que como responsable en su
documentos falsificados y transgredir con su conducta el condición de comandante, de la
consentir que otro servidor lo numeral 40 literal d) que trata de adecuada y legal utilización de los
hiciera en los mismos términos la utilización indebida de los equipos entregados al Gaula para la
en su reemplazo. bienes y equipos de la Policía interceptación de teléfonos conoció,
Nacional, toda vez que como aprobó y consintió en darles
responsable en su condición de aplicación o uso diferente al ser
comandante, de la adecuada y utilizados para interceptar
2. También incurrió en FALTA
legal utilización de los equipos comunicaciones sin contar con
DISCIPLINARIA al transgredir
entregados al Gaula para la autorización legal expedida por la
con su conducta el numeral 40
Interceptación de teléfonos autoridad competente.
literal d) que trata de la
conoció, aprobó y consintió en
utilización indebida de los
darles aplicación o uso diferente
bienes y equipos de la Policía 3. FALTA DISCIPLINARIA pues con
al ser utilizados para interceptar
Nacional, toda vez que como su proceder igualmente transgredió
comunicaciones sin contar con
responsable en su condición de los mandatos del artículo 40 del
autorización legal expedida por la
comandante, de la adecuada y catálogo disciplinario especial de la
autoridad competente.
legal utilización de los equipos Policía Nacional, el cual previene que
entregados al Gaula para la constituirá falta disciplinaria el
interceptación de teléfonos 3. FALTA DISCIPLINARIA pues incumplimiento de los deberes
conoció, aprobó y consintió en con su proceder igualmente establecidos en la Constitución (Art.2)
darles aplicación o uso diferente transgredió los mandatos del y las leyes, al vulnerar el DERECHO
al ser utilizados para interceptar artículo 40 del catálogo FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD y
comunicaciones sin contar con disciplinario especial de la Policía la INVIOLABILIDAD DE LAS
autorización legal expedida por Nacional, el cual previene que COMUNICACIONES PRIVADAS
autoridad competente. constituirá falta disciplinaria el (Art.15 C. N.) de cientos de
incumplimiento de los deberes ciudadanos especialmente de la
establecidos en la Constitución ciudad Medellín y su área
(Art.2) y las leyes, al vulnerar el Metropolitana, al interceptar
3. Con su proceder igualmente
DERECHO FUNDAMENTAL A LA aproximadamente 1.400 abonados
transgredió los mandatos del
INTIMIDAD y la INVIOLABILIDAD telefónicos sin observar el
artículo 40 del catálogo
DE LAS COMUNICACIONES procedimiento Constitucional y
disciplinario especial de la
PRIVADAS (Art.15 CN.) de legalmente establecido (Art. 15 inciso
Policía Nacional, el cual
cientos de ciudadanos 3° C. N, Art. 351 del C. P. P.)”.
previene que constituirá FALTA
DISCIPLINARIA el especialmente de la ciudad
incumplimiento de los deberes Medellín y su área Metropolitana,
establecidos en la Constitución al interceptar aproximadamente
(Art. 2) y las leyes, al vulnerar el 1.400 abonados telefónicos sin
DERECHO FUNDAMENTAL A observar el procedimiento
LA INTIMIDAD y la Constitucional y legalmente
INVIOLABILIDAD DE LAS establecido (Art. 15 inciso 3º. COMUNICACIONES Carta Política. Art. 351 del
PRIVADAS (Art. 15 C.N.) de C.P.P)”.
cientos de ciudadanos
especialmente de la ciudad de
Medellín y su área
Metropolitana, al interceptar
aproximadamente 1.400
abonados telefónicos sin
observar el procedimiento
Constitucional y legalmente
establecido (Art.
15 inciso 3º
Carta Política, Art. 351 del
C.P.P)”.
145. En cuanto a la variación del concurso, se precisa que según la Corte
Constitucional se pueden presentar tres variedades de concurso de faltas
disciplinarias:
“(…) 1 ) cuando un mismo comportamiento humano subsume dos o más tipos
disciplinarios que no se excluyen entre sí, caso en el cual se tratará de un concurso
ideal o aparente; 2 ) cuando varias acciones llevadas a cabo con un mismo
propósito, vulneran, en diversas oportunidades, el mismo deber funcional, es decir,
se tratará de una falta disciplinaria continuada y 3 ) cuando unas o varias acciones u
omisiones llevadas a cabo por el mismo funcionario público con finalidades diversas
producen una pluralidad de violaciones jurídicas, caso en el cual se estará ante un
concurso material o real”77.
146. Por su parte, la jurisprudencia penal, cuyos principios se aplican en el
derecho disciplinario con mayor flexibilidad, ha definido el concurso real
homogéneo de conductas punitivas, cuando existe unidad del sujeto activo y
pluralidad de acciones con las cuales se infringe varias veces el mismo tipo penal,
por ello, se entiende que cada una de las acciones está revestida de sus propias
características objetivas, materiales, subjetivas y jurídicas 78; mientras que el
concurso material heterogéneo se da cuando una misma persona realiza una
pluralidad de acciones e incurre en diversos tipos penales.
147. Esta clasificación de los concursos se ejemplifica claramente en la sentencia
C-464 de 2014, de la Corte Constitucional, así:
“El concurso material o real se presenta cuando una persona realiza una pluralidad
de acciones independientes, susceptibles de ser encuadradas en uno o en varios
tipos penales. El Código Penal lo señala expresamente al contemplar el supuesto
relativo a que “con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley
penal o varias veces la misma disposición”. En el caso que las acciones
independientes se circunscriban a un mismo tipo penal, surge el concurso material
homogéneo, por el contrario, cuando un mismo agente incurre en diversos tipos
penales, acontece el concurso material heterogéneo”79.
148. En el sub lite, la Procuraduría en el auto de cargos del 8 de octubre de 2001,
emitido contra el demandante, en el acápite concerniente a la naturaleza de las
faltas, expresó que estaba incurso en un concurso homogéneo sucesivo de
tipos disciplinarios, así:
“Los comportamientos endilgados indican un concurso homogéneo sucesivo de
tipos disciplinario, toda vez que el disciplinado cometió varias acciones que
77
C- 1076 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
78
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Patricia Salazar Cuéllar, sentencia del 25 de octubre de 2017,
SP 17711-2017, proceso con radicación Nº. 47.459
79
C-464 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos
produjeron una pluralidad de violaciones jurídicas. Así mismo, cada uno de los
comportamientos se subsumen dentro de un mismo tipo legal, realizados en
momentos distintos, que a pesar de su propia autonomía estructural, están ligados
entre sí por vínculos de conexidad subjetiva y materialmente (sic)”80.
149. Por su parte, el acto administrativo sancionatorio del 7 de octubre de 2003,
con fundamento en el análisis de las pruebas, señaló que para materializar la
interceptación ilegal de comunicaciones, que condujo a la violación de los
derechos a la intimidad de las personas que utilizaban las líneas intervenidas,
medió falsedad documental, utilización de los documentos adulterados y la
destrucción u ocultamiento de “los documentos que desde el Gaula se enviaban a EPM
solicitando la revisión y reconexión de las líneas telefónicas intervenidas y además, de los
documentos que EPM dirigía al Grupo Gaula informando sobre los problemas que se
presentaban para ejecutar las órdenes de enlace y las respuestas que daba EPM al Gaula
sobre sus solicitudes de revisión de las líneas interceptadas”.
150. Igualmente, en el mismo acto se aseveró que los comportamientos
endilgados a los servidores llamados a responder disciplinariamente indicaban la
existencia de un “concurso real heterogéneo de tipos disciplinarios, toda vez que se
realizaron múltiples acciones que produjeron una pluralidad de violaciones jurídicas a lo
largo del tiempo”. Y, frente a la calificación realizada en el pliego de cargos, señaló
que éste, con acierto, había indicado que “cada uno de los comportamientos llevados
a cabo para materializar las interceptaciones telefónicas se subsumen dentro de un
mismo tipo legal, realizados en momentos distintos, pero que a pesar de su propia
autonomía estructural, están ligados entre sí por vínculos de conexidad subjetiva y
material”81. El acto administrativo del 30 de noviembre de 2004, que resolvió el
recurso de reposición contra la sanción reiteró el tipo de concurso que dio lugar a
la sanción82.
151. Como se observa se imputó al actor un concurso de ilícitos disciplinarios,
puesto que se acreditaron múltiples interceptaciones ilegales que produjeron, en
momentos distintos, una pluralidad de violaciones jurídicas que se subsumieron en
las faltas disciplinarias imputadas. Inicialmente, en el pliego de cargos, se afirmó
que era un concurso homogéneo sucesivo de tipos disciplinarios, y en los
actos administrativos del 7 de octubre de 2003 y del 30 de noviembre de 2004, se
80
Folio 45 del cuaderno 11 de la actuación administrativa (caja 2 aportada al proceso).
81
Folio 19 del anexo 5 del expediente.
82
Folio 93 anexo 5 del expediente.
señaló que se trataba de un concurso heterogéneo sucesivo de tipos
disciplinarios. Pero, para la Sala, esta diferenciación teórica per se no viola el
derecho al debido proceso, pues no se variaron los hechos materia de
investigación, hay identidad entre la persona investigada y la sancionada y la
descripción de esa falta fue la misma desde la imputación de cargos.
152. Además, esta imputación de concurso “homogéneo” o “heterogéneo” no
incide en la sanción de destitución regulada en el artículo 36 del Decreto 2584 de
1993, que se le impuso al disciplinado por incurrir en faltas gravísimas dolosas, de
conformidad con los criterios señalados en los artículos 41 y 42 ídem.
153. En conclusión, para la Sala los actos administrativos no están falsamente
motivados, comoquiera que no se demostró la ausencia o falsedad de sus
fundamentos fácticos o jurídicos, por lo tanto, estos cargos no tienen vocación de
prosperidad.
Principio del non bis in ídem y los efectos de la decisión penal frente a la
actuación disciplinaria
154. En el cargo sexto de la demanda se aduce que los hechos que edificaron la
sanción disciplinaria, respecto al primer cargo imputado, fueron desvirtuados por el
Fiscal 9º Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de
Medellín, en decisión del 29 de agosto de 2003, que declaró la preclusión de la
investigación a favor del señor Mauricio Antonio Santoyo Velasco, por los delitos
de concierto para delinquir, falsedad documental e interceptación ilícita de
comunicaciones. En consecuencia, según el demandante para efectos
disciplinarios, la conclusión debe ser equivalente, puesto que la Procuraduría no
podía afirmar que cometió dichos delitos.
155. Para resolver la Sala advierte que el principio del non bis in ídem está
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, que regula el derecho al
debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas, al ordenar
que “Quien sea sindicado tiene derecho a (…) no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho”.
156. En el ámbito disciplinario, la Ley 734 de 2002, en consonancia con el
principio de rango constitucional, prescribe en el artículo 11 que el destinatario de
la ley disciplinaria cuya situación esté decidida mediante acto administrativo
ejecutoriado no será sometido a una nueva investigación y juzgamiento
disciplinario por el mismo hecho.
157. Por otra parte, el inciso tercero del artículo 2 de la Ley 734 de 2002 señala
que la acción disciplinaria es “independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la
comisión de la falta”.
158. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que una sola conducta puede
generar diversas consecuencias jurídicas, siendo objeto de diferentes juicios y
sanciones, como lo explicó la Corte Constitucional, en la sentencia C-870 de
200283.
159. Así las cosas, se incurriría en violación de la prohibición de juzgar dos veces
por el mismo hecho, si una persona es sancionada disciplinariamente, por
supuestos fácticos y faltas disciplinarias que ya dieron lugar a imponerle una
sanción, comoquiera que el Estado ya ha perdido la potestad disciplinaria.
160. Pero si dichos hechos ocasionaron también una decisión penal condenatoria,
este principio no se desconoce, pues el derecho penal y disciplinario, si bien
emanan de la potestad punitiva del Estado, difieren en cuanto a la finalidad, los
bienes jurídicos e intereses jurídicos tutelados. Dicha diferencia también radica en
que en materia disciplinaria se juzga la conducta de los destinatarios frente a
normas administrativas éticas que protegen la eficiencia, eficacia y moralidad de la
administración pública84, mientras que el objeto del derecho penal es la protección
83
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
84
El artículo 80 del Decreto 2584 de 1993 contenía el siguiente Código de Ética: “Como policía tengo la obligación
fundamental de servir a la sociedad, proteger vidas y bienes, defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión y
la intimidación; emplear la paz contra la violencia y el desorden y respetar los derechos constitucionales de libertad,
igualdad y justicia de todos los hombres.
Llevaré una vida irreprochable como ejemplo para todos; mostraré valor y calma frente al peligro, al desprecio, al abuso o al
oprobio; practicaré la moderación en todo y tendré constantemente presente el bienestar de los demás. Seré honesto en mi
pensamiento y en mis acciones; tanto en mi vida personal como profesional, seré un ejemplo en el cumplimiento de las
leyes y de los reglamentos de mi institución. Todo lo que observe de naturaleza confidencial o que se me confíe en el
ejercicio de mis funciones oficiales, lo guardaré en secreto a menos que su revelación sea necesaria en cumplimiento de mi
deber.
Nunca actuaré ilegalmente ni permitiré que los sentimientos, prejuicios, animosidades o amistades personales lleguen a
influir sobre mis decisiones. Seré inflexible pero justo con los delincuentes y haré observar las leyes en forma cortés y
adecuada, sin temores ni favores sin malicia o mala voluntad, sin emplear violencia o fuerza innecesaria y sin aceptar jamás
recompensas.
del orden jurídico social, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-
244 de 200685.
161. De lo anterior se desprende que si una persona incurre en una conducta
ilegal puede ser procesada penal y disciplinariamente, ya que se trata de acciones
autónomas con naturaleza jurídica diferente, cuyas decisiones no atan, entre sí, a
los operadores jurídicos.
162. Entonces, la Sala advierte que ciertamente, la Fiscalía Novena Delegada
ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín, en el auto del 29
de agosto de 2003, resolvió precluir la instrucción a favor del señor Santoyo
Velasco, por las conductas punibles de falsedad en documento público, falsedad
en documento privado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento
público, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir, al
considerar:
“El acervo probatorio allegado a la instructiva permite en el evento que nos ocupa
determinar a esta Fiscalía Especializada, si se debe proferir en contra de los
procesados Resolución de Acusación o por el contrario, favorecerlos con preclusión
de la investigación.
El Art. 397 del C. de P.P. establece los requisitos sustanciales que deben existir
dentro del proceso para dictar en contra de los imputados Resolución de Acusación.
Estos hacen referencia a que esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista
confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves,
documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la
responsabilidad de los encartados.
Con fundamento en la indicación de las pruebas aportadas al diligenciamiento
considera esta delegada que se agotan los anteriores presupuestos en relación a la
calificación que habrá de efectuarse en disfavor de los ciudadanos procesados
JOSÉ EMILIANO PIZA REYES, ARLEY DE JESÚS DURANGO, LUIS CARLOS
ÁLVAREZ JIMÉNEZ, BERMÍN DE JESÚS PATIÑO HOLGUÍN y WILSON ANTONIO
HERNÁNDEZ ARANDA, en relación a la conducta punible desarrollada por los
incriminados. En relación a estos mismos presupuestos a que se contrae el artículo
397 del estatuto procesal penal se Dispondrá PRECLUIR la instrucción a favor de
los ciudadanos procesados NELSON BARACALDO CABALLERO, LUIS ERNESTO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MAURICIO ALFONSO SANTOYO VELASCO, GERMÁN
EDUARDO FLÓREZ SÁNCHEZ y HARVEY GERARDO GRIJALBA SUÁREZ” 86.
163. Como se lee, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito Especializados de Medellín, en virtud del artículo 397 del Código de
Reconozco que el lema Dios y Patria, simboliza la fe del público y que lo acepto en representación de la confianza de mis
conciudadanos y que lo conservaré mientras que siga fiel a los principios de la ética policial. Lucharé constantemente para
lograr estos objetivos e ideales, dedicándome ante Dios a la profesión escogida: LA POLICIA”.
85
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
86
Cuaderno de anexos aportados con la demanda
Procedimiento Penal, vigente para esa época, determinó que no se daban los
presupuestos para proferir resolución de acusación contra el señor Santoyo
Velasco.
164. Esta decisión penal, si bien comprendió los mismos hechos que originaron la
investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación, no
obliga a que se desestime la sanción disciplinaria, toda vez que el derecho
disciplinario se centra en el incumplimiento de los deberes de quien detenta la
función pública y su propósito es garantizar el adecuado funcionamiento de la
administración; asímismo en la Policía Nacional dichos deberes están fundados en
la disciplina como condición esencial para la existencia de la Institución e implica
la observancia de las leyes, reglamentos y órdenes que consagran el deber
profesional. Esta disciplina se mantiene cumpliendo los propios deberes y
ayudando a los demás a cumplir los suyos, siendo responsables todos sus
miembros87.
165. Por consiguiente, la resolución de preclusión de la investigación penal
proferida respecto del señor Santoyo Velasco, por la Fiscalía General de la
Nación, no desvirtúa los hechos y la responsabilidad disciplinaria atribuida, por la
Procuraduría General de la Nación, en los actos administrativos demandados,
pues, de forma errada, el accionante entiende que lo decido en el campo penal
debería condicionar su responsabilidad disciplinaria, cuando se trata de diferentes
ámbitos de competencia y de fuentes de la responsabilidad disímiles. El cargo no
prospera.
Sustento probatorio del acto administrativo sancionatorio y principio de
presunción de inocencia
166. En el cargo décimo el demandante cuestiona que la actuación administrativa
desconoció los principios de presunción de inocencia y de investigación integral,
ya que la Procuraduría General de la Nación lo sancionó por los siguientes hechos
que no estaban probados: (i) que lideró un “aparato de poder” como Comandante
del Gaula en el que a partir de una estructura jerarquizada, con la participación de
sus subalternos, se dividieron las labores ilícitas de cada uno, consistentes en
87
Artículos 2 y 3 del Decreto 2584 de 1993.
llevar los oficios falsos a EPM, escuchar las interceptaciones ilegales y rendir a su
superior los informes pedidos; (ii) la relación entre las interceptaciones y los
resultados operativos del Gaula; (iii) los fines ilícitos que presuntamente motivaron
la ampliación de la Sala Técnica de Grabaciones; (iv) su intervención en la
falsificación de los oficios de los Fiscales; (v) la autenticidad de su firma en los
oficios dirigidos a las Empresas Públicas de Medellín que requerían la revisión de
los enlaces; y (vi) su participación efectiva en las interceptaciones telefónicas.
167. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, para demostrar la
afectación del principio de investigación integral, se requiere acreditar, en un alto
grado de probabilidad, que, de haberse practicado las pruebas que en criterio del
afectado se omitieron, el sentido de la decisión sería favorable a sus intereses, ya
que solamente bajo estos supuestos la irregularidad procesal sería trascendental88.
Así las cosas, para establecer el desconocimiento de este principio se necesita el
señalamiento de las pruebas que se dejaron de practicar, con su valor probatorio y
transcendencia respecto de la decisión89.
168. Esta Corporación ha sostenido que la obligación del juzgador disciplinario de
realizar una investigación integral no exonera al demandante y a su apoderado de
“la carga de presentar y/o solicitar dentro de la oportunidad legal las pruebas que
pretenda hacer valer, en ese sentido no comporta una conducta respetuosa del principio
de lealtad procesal el guardar silencio en la etapa probatoria de la actuación disciplinaria,
para posteriormente en el Juicio Contencioso invocar falencias procesales del trámite
administrativo”90.
169. En la demanda se indica que el operador disciplinario no probó la relación
entre las interceptaciones y los resultados operativos del Grupo Gaula de
Medellín; en otros términos, que no se demostró la existencia del móvil perseguido
por el sancionado en la realización de las interceptaciones ilegales de los
abonados telefónicos.
170. Para la Sala, la apreciación del accionante parte de un supuesto errado, ya
88
T-319A-12, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
89
Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
90
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia del 15 de mayo de
2013, proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00571-00(2196-11)
que en el acto administrativo sancionatorio el Procurador expresó que, si bien en
un comienzo se consideraron diversas hipótesis sobre la finalidad del actor, éstas
no tuvieron un grado de certeza. Por consiguiente, la sanción disciplinaria se
impuso en concreto por la responsabilidad del actor como Comandante del Grupo
Gaula de Medellín frente a las interceptaciones irregulares efectuadas allí con
órdenes falsas. Así se lee en el acto administrativo del 30 de noviembre de 2004,
que resolvió el recurso de reposición contra el acto del 7 de octubre de 2003:
“Debidamente probado que se trató de órdenes de interceptación falsificadas y que
las interceptaciones se materializaron en el seno del Grupo Gaula de Medellín a la
cabeza del Teniente Coronel SANTOYO, se trató entonces de establecer cuáles
podrían ser los móviles, razones o causas que dieron origen a las ilicitudes y por
supuesto, los fines que perseguían los señores del Gaula.
La evidencia recogida dejó en parte despejados estos interrogantes, no obstante,
como bien se advirtió en el fallo de instancia, lo que finalmente se juzgó fue la
interceptación irregular de las comunicaciones, pues la prueba a disposición condujo
a los investigadores a esa única conclusión, hechos que dieron lugar a las faltas
disciplinarias que fueron imputadas a los miembros del Gaula y que al no hallarse
prueba que permitiera desvirtuar los cargos formulados a los policiales, conllevó a la
decisión sancionatoria.
A la par se manejaron tres hipótesis para tratar de dar respuesta al interrogante del
para qué se hacían las interceptaciones irregulares, hecho que, si bien ocupó una
buena parte del esfuerzo investigativo, no permitió alcanzar la suficiente claridad
para aseverar en cada caso, es decir, para cada interceptación, cuál era su objetivo.
No obstante, el curso de la investigación dejó en claro la relación que se presentaba
entre muchas de las interceptaciones ilegales y las investigaciones penales a cargo
del organismo policial actuando como policía judicial (…).
En este sentido, se puede decir que el fallo disciplinario no se fundamentó en
la comprobación de las hipótesis de finalidad sino en la transgresión de las
normas que establecen y garantizan los derechos a la intimidad e
inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que en sí mismo implican un
DEBER de abstención para los agentes del Estado quienes no pueden
válidamente irrumpirlos arbitrariamente, esto a pesar de que una de las tres
hipótesis de finalidad de las interceptaciones encontró pleno respaldo en las
pruebas que integran el plenario, lográndose así las deducciones plasmadas en el
fallo de instancia, mientras que para las otras dos hipótesis no fue posible su
comprobación, situación que explica que los cargos se hayan limitado a los ya
enunciados.
En conclusión, el proceso disciplinario se limitó a la mera imputación por la
interceptación ilegal de comunicaciones y el uso de documentos falsificados
para lograrlo, lo que en últimas constituyó el objeto de la acusación y el
motivo del fallo impartido por éste Despacho”91. (Texto resaltado por la Sala).
171. Ahora bien, la ampliación de las líneas aptas para interceptación de la Sala
Técnica de Grabaciones del Gaula de Medellín de 20 a 50, le permitió al
disciplinado aumentar la capacidad de la Sala, a tal punto que el Gaula realizó
más de 1400 interceptaciones ilegales, durante su comandancia, las cuales no
habrían podido materializarse con solo 20 líneas. Sobre las gestiones del
disciplinado para que se incrementaran las líneas para las interceptaciones en el
Gaula, en el acto administrativo del 30 de noviembre de 2004 se dijo:
“No obstante, encuentra el Despacho que fue gracias a las efectivas gestiones
realizadas por el Teniente Coronel SANTOYO, que se obtuvieron no 20 sino 30
líneas más, con lo cual el grupo alcanzó la cifra de 50 líneas habilitadas para
interceptar comunicaciones. Si bien esta situación se apreció como gestión
originaria del señor Teniente Coronel SANTOYO, a esta conclusión era inevitable
llegar por cuanto las pruebas obrantes en el proceso así lo sugerían, principalmente
las exposiciones libres rendidas por quienes eran sus subalternos quienes lo
señalaban como el gestor de esta conquista (…).
Resulta evidente que los funcionarios investigadores no se limitaron, como lo
sugiere el abogado defensor, a verificar las gestiones llevadas a cabo por el
Teniente Coronel SANTOYO para obtener, no 20 sino 30 líneas pares más para el
Grupo Gaula bajo su mando, sino que las labores de investigación comprendieron la
práctica de diversas pruebas orientadas a precisar todo lo relacionado con las
gestiones y la asignación propiamente dicha. En este sentido se pueden ver en el
expediente, entre otras pruebas las siguientes:
● Declaraciones juradas de los funcionarios de EPM responsables del trámite de las
interceptaciones y del manejo de los enlaces.
● Exposición libre rendida por JORGE BASTIDAS ABRIL funcionario encargado del
trámite de las interceptaciones en EPM.
● Copia del documento de asignación de las líneas privadas por parte de EPM al
Grupo Gaula de la Policía de Medellín.
● Visita especial realizada al departamento de seguridad, vigilancia y control de
EPM en donde se lleva el registro de las interceptaciones y reposan los archivos
documentales de la asignación de las líneas privadas.
● Visita especial llevada a cabo en las instalaciones del Grupo Gaula de Medellín.
● Se allegó oficio de EPM mediante el cual comunica el registro de los pares
aislados asignados a las diversas autoridades y entre éstas el Gaula.
● Visita especial adelantada en las dependencias de EPM encargadas del trámite
de enlace de las líneas telefónicas.
● Visita especial realizada en la Dirección Nacional Antisecuestro DIASE”92.
91
Folios 108 vuelto a 110 del anexo 5 del expediente.
92
Folio 106 vuelto, anexo 5 del expediente.
172. De la comparación de la cantidad de órdenes de interceptaciones proferidas
por los Fiscales Destacados ante el Gaula antes de la comandancia del actor,
frente a la cantidad de líneas aptas para interceptaciones solicitadas por él, la
autoridad disciplinaria infirió que no se requerían en el número pretendido.
Igualmente, se acreditó que las 50 líneas pares del Gaula, cuya ampliación
gestionó el disciplinado, se utilizaron para las interceptaciones ilegales, ya que las
órdenes de los Fiscales eran falsas. Por ello, contrario a lo señalado en la
demanda, la ampliación de la Sala Técnica de Grabaciones del Gaula sí condujo a
la realización del ilícito disciplinario, pues allí se materializó la labor de escucha de
los abonados telefónicos intervenidos irregularmente.
173. En efecto, el demandante fue declarado responsable porque, durante el
tiempo que fungió como Comandante del Gaula, gestionó el incremento de 20 a
50 líneas aptas en dicho grupo, que fueron utilizadas para la realización de 1.449
interceptaciones ilegales, apoyadas en órdenes de Fiscales falsificadas. Pero,
pese a ser un hecho determinante, el aumento de las líneas no fue el fundamento
exclusivo de la sanción disciplinaria, ya que se tuvo en cuenta que el Grupo Gaula
usó órdenes falsas de Fiscales para tramitar ante EPM las interceptaciones, y que
el actor firmó unos oficios dirigidos a esta empresa para solicitar el arreglo de los
enlaces que presentaban alguna deficiencia; lo que significó la utilización indebida
de los bienes y equipos de la Policía Nacional y el desconocimiento del derecho a
la intimidad de los ciudadanos víctimas de las interceptaciones, tal como se dijo en
el acto administrativo del 30 de noviembre de 2004:
“Pero además de toda la variedad de pruebas que en forma diligente y con vocación
fueron practicadas por los funcionarios investigadores, hemos de precisar que la
responsabilidad del señor Teniente Coronel MAURICIO ALFONSO SANTOYO
VELASCO, no se edificó exclusivamente sobre la base de las gestiones que él
realizó, cosa por demás cierta, para la asignación de 30 nuevas líneas de
interceptación telefónica para el Grupo Gaula, 10 líneas más de las que según el
documento aportado por la defensa habría solicitado el Mayor PARRA. Aparece en
claridad que el Teniente Coronel SANTOYO era el comandante del Grupo Gaula
para el momento mismo en el que se inicia toda la cadena de interceptaciones
ilegales, justo cuando sus efectivas gestiones de asignación de líneas pares
permitieron al grupo aumentar en 30 líneas su capacidad de interceptación, pero
además, en el expediente se cuenta con numerosos oficios suscritos por el mismo
Teniente Coronel SANTOYO solicitando a EPM la revisión, reconexión o reparación
de los enlaces a través de los cuales se materializaban las interceptaciones
irregulares (…) de donde se deduce sin dificultad que él era el directo responsable
de las operaciones y que su participación en las ilicitudes era directa”93.
174. Contrario a lo afirmado por el accionante, la imputación tampoco se fundó en
que él fuera el autor de las falsificaciones de las órdenes de la Fiscalía, puesto
que en la investigación disciplinaria se verificaron dos hipótesis, “en primer lugar,
que los oficios habían sido falsificados y en segundo término, que los miembros del Grupo
Gaula de la Policía de Medellín eran los autores de las interceptaciones ilegales”. No
obstante, “se hizo imposible establecer si fueron éstos servidores los autores de la
falsedad documental, dada la modalidad de falsificación utilizada para conseguir el
propósito prohibido, la imitación de las firmas originales”94.
175. Ahora bien, para el actor la Procuraduría General de la Nación no probó la
estructuración del “aparato de poder” liderado por él, que, según el acto
sancionatorio del 7 de octubre de 2003, implicaba la existencia de “quienes
dominan la organización, planifican las acciones e imparten órdenes y aquellos
encargados de la ejecución material de tareas como la escucha de la conversaciones”. La
Procuraduría explicó que se trató de una estructura jerarquizada organizada para
lograr un objetivo colectivo, con un reparto de funciones, un líder, mandos
intermedios y lo encargados de tareas mecánicas. Con fundamento en este
análisis se estableció la coautoría de los integrantes del Grupo Gaula de Medellín,
que realizaron las interceptaciones ilegales, así:
“En consecuencia, frente a la organización del aparato de poder para la realización
de los ilícitos que se reprochan, debemos considerar que quienes dominan la
organización, planifican las acciones e imparten órdenes y aquellos encargados de
la ejecución material de tareas como la escucha de la conversaciones, en el proceso
disciplinario han de recibir tratamiento de coautores en virtud de las relaciones
especiales de sujeción que los coloca como autores del incumplimiento o
desbordamiento de los deberes (…).
En este punto, aparece en el expediente que para la fecha de inicio de la cadena de
ilicitudes que comprenden esta investigación disciplinaria, formaban el cuadro
directivo Gaula el TC SANTOYO como su director (comandante), el Capitán
GRIJALBA como subcomandante y hombre a cargo del grupo de secuestro, el
Capitán BARACALDO como jefe de extorsión y el Sargento PIZA como jefe de la
sala técnica de grabaciones, en donde fungían como analistas los señores
93
Folios 106-107 del anexo 5 del expediente.
94
Folio 105 vuelto del anexo 5 del expediente.
CEBALLOS, DURANGO y ALVAREZ. Y es que precisamente a este cuadro es a
quien se atribuye la conformación de toda la organización, planeación y puesta en
ejecución de la cadena de ilicitudes, situación que será objeto de mayor análisis en
el capítulo de concreción de la responsabilidad individual de cada uno de los
servidores disciplinados, en donde se concretará su grado de participación. A lo
anterior, debemos sumarle la oportunidad que como miembros del Gaula tenían por
el conocimiento de los procedimientos legales y el mecanismo regular utilizado para
la interceptación telefónica y aún más; la capacidad soportada en el número de
líneas de enlace y los equipos de grabación disponibles en la sala técnica de
grabación. Y claro está, que a este grupo se sumó el señor JORGE BASTIDAS
ABRIL, quien era el encargado de la recepción y el trámite interno en EPM de las
órdenes de interceptación emitidas por las distintas autoridades. Con esto, podemos
decir que se completó la organización que con facilidad puso en marcha su macabro
plan hasta consumar el no despreciable número de interceptaciones alcanzadas:
1.826 entre los años de 1997 y 2001.
En todo caso, las pruebas también revelan que el TC SANTOYO era quien se
hallaba a la cabeza de esta operación y que los CT GRIJALBA y CT BARCALDO
compartían con ésta el liderazgo de las acciones y la planeación de las acciones,
mientras que el Sargento PIZA oficiaba como responsable de las acciones de
ejecución o materialización de los planes como quiera que era el encargado de
llevar los oficios a EPM y servir en enlace entre los analistas y sus superiores,
teniendo además la función de velar por la concreción de los enlaces, la escucha de
las conversaciones y los informes de resultado. En cambio, los señores CEBALLOS,
DURANGO Y ALVAREZ su participación de limitaba a la escucha física de las
conversaciones y el paso al Sargento PIZA de todos los datos e informaciones
interesantes para el proyecto”95.
176. En consonancia con lo expuesto por el Ente de Control, la Sala destaca que,
a partir del estudio en conjunto de las pruebas recaudadas en sede administrativa,
entre ellas las declaraciones de los Fiscales destacados ante el Gaula, de los
miembros del Gaula, de los empleados de la EPM, de las visitas especiales
realizadas allí y a la EPM, se determinó que desde el Gaula de Medellín se
orquestó, de 1997 a 1999, durante la comandancia del actor, la interceptación
ilegal de aproximadamente 1400 abonados telefónicos. Dicho grupo tenía un
cuadro directivo liderado por el Teniente Coronel Santoyo Velasco, por los Jefes
de la Sala Técnica de Grabaciones, de Extorsión y del Grupo de Secuestro,
quienes se apoyaron en los analistas encargados de escuchar las líneas
intervenidas y rendir los respectivos informes a sus superiores.
177. En criterio de la Sala, la comparación que realizó el Procurador entre los
aparatos de poder en la realización de hechos punibles y el cuadro directivo del
Grupo Gaula de Medellín ejemplificó, de manera clara, la forma cómo funcionó el
reparto de labores al interior de éste y la materialización de las faltas disciplinarias.
Es decir, sí se probó la existencia de un cuadro directivo en el Gaula, comandado
95
Folio 110 del anexo 5 del expediente.
por el disciplinado, cuya responsabilidad se estableció en razón de su conducta
omisiva, ya que conocía la verdad sobre la irregularidad de tales actuaciones, sin
embargo, bajo su mando, se realizaron más de 1400 interceptaciones ilegales.
178. Por sustracción de materia, la Sala no se pronunciará respecto a la presunta
falta de autenticidad de la firma del señor Santoyo Velasco en los oficios donde
solicitó la revisión de los enlaces a las Empresas Públicas de Medellín, pues la
acción relativa a la falta disciplinaria del literal b) del numeral 22 del artículo 39 del
Decreto 2584 de 1993 (consignar hechos contrarios a la verdad en dichos oficios
porque se basaron en órdenes falsificadas) fue declarada prescrita en el acto
administrativo del 28 de enero de 2005.
179. Por otra parte, es impertinente e irrelevante el argumento del demandante
según el cual la Procuraduría lo sancionó por la simple existencia de unos oficios
ordenando las interceptaciones y no corroboró si existían líneas telefónicas
efectivamente interceptadas con su participación, pues el actor no fue sancionado
por interceptar directa y efectivamente las líneas telefónicas, sino porque, en su
condición de Comandante del Gaula, “omitió la verdad, al conocer, aprobar y consentir
que se tramitaran ante EPM interceptaciones telefónicas con base en solicitudes falsas”,
pues él conocía las irregularidades de las interceptaciones, toda vez que las firmas
de las órdenes de la Fiscalía eran falsas. La sanción también se fundamentó en
que como comandante de ese Grupo era responsable de la adecuada y legal
utilización de los equipos entregados al Gaula para la interceptación de teléfonos,
sin embargo, conoció, aprobó y consintió en darles una aplicación o uso diferente,
lo que implicó la violación del derecho fundamental a la intimidad y a las
comunicaciones privadas de quienes fueron intervenidos. Así lo señaló el acto
sancionatorio:
“La verdad que aflora del proceso es que el TC SANTOYO conoció desde el
principio las irregularidades en las interceptaciones, justamente, por estar a la
cabeza de tales actos y en consecuencia, al querer su realización como director de
los planes en ejecución, su conducta se enmarca en el ámbito de la responsabilidad
dolosa al abandonar de manera consciente la legalidad que le indicaba que para
proceder a interceptar una línea telefónica debía obtener previamente una orden
expedida por el Fiscal destacado ante el Grupo Gaula, el cual hallaba justo ahí a la
mano o de cualquier otro, pero en todo caso, una orden judicial motivada expedida
conforme a las formalidades constitucionales y legales, conocimiento éste que no le
era ajeno teniendo en cuenta su formación, experiencia y trayectoria en la Policía
Nacional”96.
96
Folio 116 vuelto visible en el anexo 5 del expediente.
180. El demandante alega que la decisión de absolución que favoreció a los
analistas de la Sala Técnica de Grabaciones del Gaula, contenida en el acto
administrativo del 7 de octubre de 2003, debió comprenderlo, ya que él tampoco
fue autor de la falsificación de las órdenes de interceptación.
181. Sin embargo, la responsabilidad disciplinaria del demandante no se desvirtúa
con fundamento en las mismas razones que llevaron a la absolución de los
analistas de la Sala Técnica de Grabaciones del Gaula por la violación del literal a)
del numeral 22 del artículo 39 del Decreto 2584 de 1993, pues ab initio se advierte
que el primer cargo imputado al señor Santoyo Velasco y a los analistas no era
igual.
182. Ciertamente, el acto administrativo sancionatorio del 7 de octubre de 2003
absolvió a los analistas de la Sala Técnica de Grabaciones del Gaula por la
infracción del literal a) del numeral 22 del artículo 39 del Decreto 2584 de 1993, en
cuanto al cargo imputado consistente en “omitir la verdad al tramitar en la Sala
Técnica del Grupo Gaula de la Policía en Medellín, órdenes de interceptación telefónica
con base en solicitudes falsas”, porque se encontró que su actuación se limitó a
escuchar las conversaciones de las líneas telefónicas intervenidas para
entregarles a sus superiores los datos de interés, sin que tramitaran los
documentos al interior de la Sala Técnica.
183. Sin embargo, los analistas sí fueron sancionados con destitución por los otros
tres cargos imputados, a saber: la utilización indebida de las líneas de enlace; el
incumplimiento de los deberes de garantía y respeto de los derechos a la intimidad
e inviolabilidad de las comunicaciones privadas de los ciudadanos; y la escucha
de las conversaciones como una flagrante intromisión en la vida íntima de los
afectados.
184. Pero en el caso del accionante, el reproche no se estructuró en que tramitara
las interceptaciones telefónicas con solicitudes falsas, sino en que omitió la verdad
porque consintió y aprobó que los funcionarios bajo su mando realizaran dichos
trámites, encontrándose demostrado que fue el Sargento Piza, Jefe de la Sala
Técnica de Grabaciones, subordinado del disciplinado, quien llevaba
personalmente las órdenes falsas a EPM, tal como se explicó en el acto
sancionatorio de única instancia:
“En este punto conviene recordar que el Sargento Segundo Piza en su escrito de
alegatos previos al fallo, manifiesta en forma espontánea y directa que está
demostrado en el plenario que algunos de esos documentos presuntamente
tachados como espurios, él los llevó personalmente a EPM. Se dijo igualmente,
que las afirmaciones del Sargento PIZA se hallaban avaladas por el señor JORGE
BÁSTIDAS ABRIL quien manifestó que esas órdenes de interceptación le fueron
entregadas en forma personal por los funcionarios del Gaula, recordando en
particular al Sargento Piza y al Subintendente Ceballos.
De acuerdo a lo que expresaron el Sargento Piza y el Subintendente CEBALLOS
quién rindió declaración juramentada justo antes de su violenta muerte en la ciudad
de Medellín, ellos como jefes de la Sala asignaban a los analistas las líneas que
debían escuchar y analizar”97.
185. Aunado a lo anterior, como Comandante del Gaula el actor no tenía los
mismos deberes y funciones de los Analistas de la sala, todos ellos subordinados
suyos; de ahí que el reproche disciplinario, en su caso, como dirigente de una
estructura jerarquizada, no podía ser equivalente al de los analistas.
186. Frente a la violación del principio de investigación integral, y aunque el
accionante tiene la carga de argumentar cómo se incumplió la obligación de
investigar lo favorable y desfavorable, la Sala considera que, para garantizar los
derechos al debido proceso y a la justicia material, se debe analizar si en la
actuación administrativa se respetó el derecho de contradicción, mediante la
petición de pruebas y la interposición de recursos y si se cumplió con el principio
de imparcialidad.
187. Pues bien, mediante auto del 11 de mayo de 2001, el Grupo de Asesores de
Derechos Humanos del Despacho del Procurador General abrió investigación
disciplinaria contra el Teniente Coronel Santoyo Velasco, entre otros, y dispuso la
práctica de las siguientes pruebas98:
-Escuchar en versión libre al Teniente Coronel Mauricio Alfonso Santoyo Velasco,
Teniente Coronel German Eduardo Flórez Sánchez, Mayor Luis Omar Sánchez
97
Folio 75 del anexo 5 del expediente.
98
Folios 1298-1299 del cuaderno 5 de la actuación administrativa
Martínez, Capitán César Augusto Pardo Salcedo, Capitán Harvey Giraldo Grijalba
Suárez.
-Se solicitó a la Dirección Nacional Antisecuestro y Extorsión los datos del
Subintendente Aranda Wilson Hernández Hernández; a EPM la información sobre
los jefes de la Oficina de Vigilancia desde 1996 y la copia del manual de funciones
del cargo; y a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales Seccional
Antioquia colaboración para recibir los testimonios y practicar las visitas a los
procesos de que cursan en la Fiscalía General de la Nación.
188. El señor Santoyo Velasco rindió su versión libre el 13 de junio de 2001 ante la
Procuraduría General de la Nación, en la que explicó las funciones que
desempeñó en el Gaula y se pronunció respecto de los oficios falsos y las
interceptaciones ilegales99.
189. El 17 de diciembre de 2001, mediante apoderado, el señor Santoyo Velasco,
respondió el pliego de cargos y solicitó la práctica de las siguientes pruebas100:
-Copia del proceso penal, prueba trasladada de los testimonios del Fiscal
Especializado Roberto Manosalva, de Javier García Zapata (funcionario de la
Procuraduría), de Fredy Arroyave Zapata (funcionario de la Fiscalía), a partir de los
cuales se inició investigación penal contra Julio César Jaramillo por falso
testimonio.
-Copia de la investigación penal adelantada contra Julio César Jaramillo por falso
testimonio.
-Los testimonios de los señores Gabriel Jaime Tobón Naranjo (Fiscal destacado
ante el Gaula); y de los Generales de la Policía Nacional José Leonardo Gallego
Castrillón, Jorge Daniel Castro Castro y Alonso Arango Salazar.
190. En auto del 9 de mayo de 2002, el Procurador General de la Nación estudió
la viabilidad de las pruebas pedidas en los escritos de descargos y decretó
algunas de oficio para el esclarecimiento de los hechos materia de la
investigación, la determinación de las circunstancias y la responsabilidad de los
servidores públicos vinculados al proceso, disponiendo101:
99
Folios 1506-1526 del cuaderno 6 de la actuación administrativa
100
Folios 178-186 del anexo 22 de la actuación disciplinaria
101
Folios 3141-3151 del cuaderno 12 de la actuación administrativa y Folios 3684-3728 del cuaderno principal 14.
-Tener como pruebas los documentos aportados por el señor Wilson Aranda
Hernández y el doctor Jorge Saltaren Villegas, apoderado del Mayor Luis Omar
Sánchez.
-Solicitar a la Fiscalía General de la Nación copia del dictamen grafológico
practicado en el proceso penal, en caso de no existir, se pidió al CTI.
-Escuchar la declaración del Teniente Javier Raúl Gallego Duque y del Sargento
Segundo José Rodolfo Quiroga Serrano, sobre el funcionamiento del Gaula, el
manejo de la sala técnica y demás hechos cuyo conocimiento sea relevante para el
proceso disciplinario.
-Realizar visita especial a la Sala Técnica del Gaula de la Policía Nacional de
Medellín; a las dependencias de las Empresas Públicas de Medellín, donde se
efectuaban las interceptaciones; a la Fiscalía delegada ante el Gaula para acercar al
expediente, copia de los libros de radicación de resoluciones y oficios expedidos por
esa dependencia para confrontarlos con los documentos tildados como fraudulentos
que obran en el proceso.
-Realizar una prueba grafológica al Capitán Nelson Baracaldo Caballero.
-Escuchar en declaración juramentada a los funcionarios de EPM William
Hernandez y Alirio Calle, a Ana María Montoya Fernández (Secretaria Técnica de
Fondelibertad en Medellín), al Subintendente de la Policía José Manuel Delgado
(Jefe de armamento del Gaula), al Capitán Forero Benítez (Jefe Unidad Operativa
del Gaula), al Teniente Julián Morales (Jefe del Grupo de Extorsión), al
Subintendente Gutiérrez (Jefe de Vehículos del Gaula) y Jhon Fredy Ariza (Jefe
Almacén de Comunicaciones del Gaula), quienes deberán informar cuanto sepan
sobre el funcionamiento del Gaula, especialmente, sobre los funciones que
cumplían los oficiales.
-Solicitar copia del proceso penal adelantado en la Fiscalía General de la Nación por
el delito de falso testimonio contra el señor Julio César Jaramillo.
-Escuchar en declaración juramentada a GABRIEL JAIME TOBON NARANJO, para
que informe sobre el funcionamiento y operatividad de la Dirección Unificada del
Gaula de Medellín.
-Escuchar en declaración juramentada a los Fiscales Especializados de la Seccional
de Medellín Roberto Manosalva y Ana Elena Gutiérrez, sobre el manejo que se
daba en la Fiscalía destacada ante el Gaula a los solicitudes de interceptación e
informaran sobre el funcionamiento y operatividad de lo Dirección Unificada del
Gaula de Medellín y demás aspectos de conocimiento que interesen al proceso.
-Escuchar en declaración juramentada a los empleados de la Fiscalía Seccional de
Medellín Liliana Posada y Fredy Arroyave, sobre el manejo que se daba en la
Fiscalía destacada ante el Gaula a las solicitudes de interceptación y al archivo, las
relaciones existentes entre los miembros de la Fiscalía y funcionarios del GAULA y
demás aspectos de conocimiento que interesen al proceso.
-Oficiar a los despachos judiciales a cargo de los procesos penales relacionados en
el oficio 2982 del 08 de septiembre de 2001 procedente de la Dirección Seccional de
Fiscalías de Medellín, para que informaran si en el curso de los investigaciones se
profirió orden de interceptación telefónica y, en tal caso, se detallara el abonado
intervenido, número y fecha del oficio, término y la autoridad de policía judicial de
apoyo.
191. Estas pruebas, sumadas a las practicadas durante la investigación preliminar
y las que surtieron en el proceso penal 414.170 adelantado por la Fiscalía General
de la Nación, trasladadas al proceso disciplinario, entre ellas, las declaraciones de
las Fiscales destacados ante el Gaula, señores Julio César Jaramillo, Ana Helena
Gutiérrez Gómez, Jairo Montoya Jiménez y Roberto Manosalva; las declaraciones
de los técnicos de Empresas Públicas de Medellín y los dictámenes de grafología,
conllevan a determinar que desde el año 1997 al año 2001 el Grupo Gaula de la
Policía Nacional, comandado hasta el año 1999 por el Teniente Coronel Santoyo
Velasco, realizó interceptaciones ilegales en la Sala Técnica de Grabaciones.
192. Los oficios falsos que autorizaban las interceptaciones eran llevados a las
dependencias de las Empresas Públicas de Medellín por integrantes del Gaula, y
los analistas de la Sala Técnica de Grabaciones de este grupo escuchaban las
conversaciones y, todos ellos, estaban bajo el mando del disciplinado.
193. La falsedad de las firmas se acreditó a partir de las declaraciones de los
Fiscales destacados ante el Gaula, quienes manifestaron que no las reconocían y
con los dictámenes grafológicos, que concluyeron la falsificación bajo la modalidad
de imitación102.
194. Se valoraron las inspecciones judiciales realizadas por la Fiscalía General de
la Nación en las instalaciones del Gaula; las visitas especiales efectuadas en las
Empresas Públicas de Medellín, donde se obtuvo el listado de abonados
interceptados; las piezas del proceso penal 414.170, en el que constaban las
copias de los oficios de interceptación de los años 1997, 1998 y 1999; y la copia
del libro de registro de interceptaciones llevado por la Fiscalía Destacada ante el
Gaula103.
195. En el acto administrativo del 30 de noviembre de 2004, que confirmó en
reposición el acto sancionatorio, se indicó que “ni el señor Teniente Coronel
SANTOYO ni su abogado defensor, presentaron solicitud concisa de pruebas durante las
etapas de indagación o investigación, fases adelantadas por funcionados delegados por
éste Despacho”; y que en la etapa de juicio las pruebas solicitadas por el abogado
defensor fueron analizadas, decidiéndose desestimar algunas por impertinentes,
102
Folios 682 a 690 del cuaderno 3 de la actuación administrativa
103
Cuadernos originales 1 (folios 23-24, 50-51, 83-90, 91-201, 133-217); 3 (folios 485-630); 4 (folios 805-1093); 5 (1094-
1137) y 6 (1532-1612). Cuadernos anexos de la investigación disciplinaria 15, 16, 17, 18 y 19.
“sin embargo, ni el disciplinado ni su abogado defensor, interpusieron recurso alguno,
razón por la cual la providencia cobró fuerza ejecutoria procediéndose entonces a la
práctica de las pruebas ordenadas”104.
196. Entonces, en oposición a lo esgrimido por el disciplinado, la Sala evidencia
que en sede administrativa se realizó un gran esfuerzo investigativo, en el que el
accionante pudo solicitar la práctica de pruebas y ejercer su derecho de
contradicción respecto de las decisiones que comprometían su responsabilidad.
Igualmente, se resalta que la administración valoró las pruebas según las reglas
de la sana crítica, de cuyo análisis concluyó en el grado de certeza la existencia
de los hechos censurados y de la responsabilidad del actor, cumpliendo la carga
de desvirtuar la presunción de inocencia.
197. Aunado a lo anterior, en este proceso se practicaron los siguientes
testimonios:
198. El 19 de febrero de 2008, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
declaró el señor Nelson Baracaldo Caballero. Su testimonio fue tachado por la
parte demandada, alegando que tenía interés en este asunto105. La Sala advierte
que el testigo fue sancionado con destitución, con fundamento en los mismos
hechos censurados en los actos administrativos demandados, además, informó
que instauró demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra éstos, de
modo que no ofrece completa credibilidad; sin embargo, su testimonio se valorará
en conjunto con las demás declaraciones, pero teniendo en cuenta, su interés en
la ilegalidad de la sanción, acorde con lo regulado en el artículo 218 del Código de
Procedimiento Civil, norma vigente para el momento en que se realizó 106.
199. El señor Gabriel Jaime Tobón Naranjo manifestó que, como Fiscal, realizó el
montaje de los Grupos Gaula de Medellín y que trabajó con el disciplinado a quien
considera “una persona de profundas convicciones demócratas y respetuoso de los
derechos humanos y con quien compartí la dirección unificada del Gaula de Medellín”.
104
Folio 104 y vuelto, anexo 5 del expediente.
105
Folios 566 -573 del cuaderno 4 del expediente.
106
La norma actualmente en rigor es el artículo 211 del Código General del Proceso que indica: “ARTÍCULO 211.
IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren
en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés
en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de
fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.
Adicionó que no tenía conocimiento directo de los hechos que dieron lugar a la
sanción disciplinaria, porque él ya no laboraba en ese momento como Fiscal ante
el Gaula107.
200. El señor Luis Eduardo Linares Pérez indicó que se desempeñaba como Jefe
de la Oficina de Control Interno, cuya sede era la Dirección Antisecuestro en
Bogotá. Afirmó que se desempeñó como Asistente del señor Santoyo Velasco,
cuando éste era Secretario para la Seguridad del Presidente108.
201. El señor Edgar Tobón Vergara señaló que laboraba como Secretario del
Teniente Coronel Santoyo, para la época de los hechos, y narró cuál era
procedimiento para realizar las interceptaciones telefónicas109.
202. La señora Gloria Lucía Arboleda describió cuál era el procedimiento de
interceptación de teléfonos en el Gaula de Medellín, ya que había laborado en el
Grupo Gaula de Medellín110.
203. El señor Wilson Antonio Hernández Aranda, agente retirado de la Policía
Nacional, declaró que fue sancionado con suspensión del cargo. Relató que era
analista de la Sala de Grabaciones del Gaula y cuál era el procedimiento
adelantado para realizar las interceptaciones111.
204. El señor Agustín Rojas indicó que no tenía conocimiento de los hechos por
los cuales fue investigado el disciplinado e igualmente describió el procedimiento
de las interceptaciones112.
205. El señor Javier Raúl Gallego Duque, subteniente de la Policía Nacional, que
se desempeñó como subordinado del actor, describió, en la declaración del 6 de
marzo de 2008, cómo se debía realizar normalmente el trámite de las
107
Folios 607-613 del cuaderno 4 del expediente.
108
Folios 620-630 del cuaderno 4 del expediente.
109
Folios 632-634 del cuaderno 4 del expediente.
110
Folios 635-637 del cuaderno 4 del expediente.
111
Folios 652-654 del cuaderno 4 del expediente.
112
Folios 655-656 del cuaderno 4 del expediente.
interceptaciones al interior de Gaula113.
206. El señor William de Jesús Hernández Cárdenas declaró que atendió una
diligencia de la Procuraduría General de la Nación sobre unas interceptaciones,
sin dar más detalles al respecto114.
207. Gran parte los testigos describió cómo debía realizarse el trámite de
interceptación de líneas telefónicas: que se requería la orden del Fiscal Destacado
ante el Gaula, la cual era llevada a las Empresas Públicas de Medellín por los
integrantes del Gaula, haciendo énfasis en que el Teniente Coronel Santoyo
Velasco no podía disponer directamente la interceptación, tal como lo detalló el
señor Gabriel Jaime Tobón Naranjo, quien manifestó
“En el desarrollo de las investigaciones, cuando la Unidad de Policía Judicial
requería la intervención de una línea telefónica con el objeto de escuchar las
conversaciones telefónicas que por allí se hacía, solicita la autorización del Fiscal, la
cual en un comienzo requería la previa autorización del Director Nacional de
Fiscalías, esta última etapa se eliminó posteriormente por la dificultad que implicaba
esperar dicha autorización. El Fiscal Delegado, quien en ese entonces era yo [1996-
1997], llamaba al miembro de la Policía Judicial que hacía la solicitud de
interceptación, con el fin de escucharlo bajo la gravedad de juramento y en estas
circunstancias escrutar la necesidad y la proporcionalidad de esta medida invasiva
del derecho a la intimidad. (…) Al mismo tiempo en desarrollo de la actividad de
interceptación de la línea telefónica, solicitada por miembros de la Unidad de Policía
Judicial, que no por SANTOYO, una vez expedida la autorización del Fiscal, el jefe
de la Unidad de Inteligencia y análisis de datos se relacionaba directamente con la
empresa telefónica para hacer la averiguación de la línea y allá en esa unidad era
donde se hacían las grabaciones de las conversaciones y se pasaban los informes
de los hechos pertinentes (…) PREGUNTADO. Sírvase decir doctor TOBÓN si el
entonces Coronel SANTOYO podía por su cuenta y riesgo ordenar alguna
interceptación telefónica, o si por el contrario en todos los casos era indispensable la
autorización del Fiscal Delegado. CONTESTÓ. Voy a dividir la respuesta así, con
apego a la juridicidad no podía ni puede ninguno de los jefes o miembros de las
Unidades de Policía Judicial, acceder a la interceptación de las líneas telefónicas sin
la autorización del Fiscal o Juez. No solo por razones de tipo legal o constitucional
sino por cuestiones de tipo técnico”115.
208. Los testigos que tuvieron conocimiento directo de los hechos, como los
señores Nelson Baracaldo Caballero y Wilson Antonio Hernández Aranda,
ciertamente tienen un interés en la prosperidad de las pretensiones de la demanda
en este proceso, pues fueron sancionados disciplinariamente por los mismos
113
Folios 574-577 del cuaderno 3 del expediente.
114
Folio 272 del anexo 1 del expediente.
115
Folios 609-610 del cuaderno 4 del expediente.
hechos. En lo que respecta a los testigos Luis Eduardo Linares Pérez, Javier Raúl
Gallego Duque, Edgar Tobón Vergara y Gloria Lucía Arboleda se advierte que
fueron subordinados en algún momento del señor Santoyo Velasco y los demás
declarantes manifestaron que no tenían un conocimiento directo de los hechos,
sino que se limitaron a informar sobre datos generales relacionados con las
interceptaciones y su trámite legal.
209. Por consiguiente, al valorar estos testimonios en conjunto con el material
probatorio recaudado en sede administrativa, no se desvirtúa la existencia de las
interceptaciones ilegales y de la falsedad de las órdenes de la Fiscalía usadas
para tal fin, hechos que fundamentaron los cargos por los cuales fue sancionado el
actor en su calidad de Comandante del Gaula de Medellín, de omitir la verdad al
conocer, aprobar y consentir que se tramitaran ante las Empresas Públicas de
Medellín las interceptaciones con base en solicitudes falsas; conocer, aprobar y
consentir el uso diferente de los bienes y equipos de la Policía Nacional y la
vulneración de los derechos a la intimidad y la inviolabilidad de las
comunicaciones de las personas interceptadas sin observar el procedimiento legal.
210. No basta con afirmar que se desconocieron los principios de investigación
integral y de presunción de inocencia. Correspondía al actor demostrar que lo
expresado en los actos administrativos no corresponde a la realidad, solo así se
desvirtúa su presunción de legalidad. Al incumplirse con la carga de la prueba,
conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (norma vigente al
presentarse la demanda) y lo reitera el artículo 167 del Código General del
Proceso, este cargo no está llamado a prosperar.
211. En este orden de ideas, como no se probó ninguna de las causales de
nulidad de los actos administrativos demandados, se negarán las pretensiones de
la demanda, lo que forzosamente implica levantar la medida cautelar decretada en
el auto del 7 de abril de 2006, que suspendió provisionalmente los efectos de la
sanción disciplinaria impuesta al señor Santoyo Velasco.
De los efectos de la sentencia que niega las pretensiones de la demanda
frente al ascenso al grado de Brigadier General
212. Este proceso fue seleccionado por importancia jurídica, en atención a la
preocupación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, porque en virtud
de la decisión del 7 de abril de 2006, de la Subsección B de la Sección Segunda
de esta Corporación, de suspender provisionalmente los efectos de la sanción de
destitución impuesta al accionante por la Procuraduría General de la Nación, éste
fue reintegrado al servicio de la Policía Nacional, con posterioridad, ascendió al
grado de Brigadier General, y en el año 2012 fue condenado por una autoridad
extranjera por ilícitos penales.
213. Sobre el particular, la Sala advierte que el propósito de las medidas
cautelares es garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que, ante
la posible dilación de los procesos, se evite que el demandante sufra perjuicios de
difícil reparación en el evento de una decisión judicial absolutoria tardía, tal como
lo ha indicado la doctrina:
“(…) en esta época de justicia masificada se ha concluido uniformemente en que
solo un amplio poder de medidas cautelares es capaz de asegurar la tutela efectiva
cuando sin tales corre grave riesgo de frustarse la sentencia de fondo para una de
las partes. Es la efectividad de la justicia, sin la cual cualquier regulación material,
por importante y solemne que sea, será inefectiva ella misma, la que se invoca en
todas partes para llegar a una consecuencia tal explícita; sin medidas cautelares, es
un hecho que la tutela judicial efectiva se convertirá en ciertos casos – hoy cada vez
más numerosos, dada la relativa normalidad de los largos plazos que hay que
cumplir para llegar a Sentencias definitivas – en una tutela vana y puramente
retórica”116.
214. Por ello, se exige que el operador judicial, en el estudio de la medida
cautelar, tenga en cuenta la apariencia de buena fe del derecho, como, en efecto,
se realizó al decretar la medida cautelar en el caso concreto, pues al no existir
para ese momento un criterio unificado sobre la prescripción de la acción
disciplinaria, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicó
su tesis al respecto, decisión que pretendía evitar la configuración de un perjuicio
irreparable ante una posible nulidad de la sanción disciplinaria.
215. Así las cosas, la Sala considera que el ascenso del disciplinado a Brigadier
General, por haberse reintegrado a la Policía Nacional, en virtud de la suspensión
provisional de los efectos de la sanción disciplinaria, es una situación jurídica que
116
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La batalla por las medidas cautelares, Ed. Thomson Civitas, 3ª Edición, Madrid
(España), 2004, págs. 445-446.
ahora no puede ser afectada judicialmente, como quiera que la decisión de la
Subsección B de la Sección Segunda en su momento fue válida y debidamente
sustentada.
DECISIÓN
216. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo negará las pretensiones de la
demanda, toda vez que la parte demandante no probó la falta de competencia, la
falsa motivación de los actos administrativos acusados o la violación de su
derecho a la defensa, por lo tanto, se mantiene su presunción de legalidad.
217. Como consecuencia de lo anterior, se levantará la medida cautelar decretada
en el auto del 7 de abril de 2006, dictado por la Sección Segunda, Subsección B
de la Corporación, que suspendió provisionalmente los efectos de la sanción
disciplinaria impuesta al señor Santoyo Velasco.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda. En consecuencia:
SEGUNDO.- LEVANTAR LA MEDIDA CAUTELAR decretada en el auto del 7 de
abril de 2006, dictado por la Sección Segunda, Subsección B de la Corporación,
que suspendió provisionalmente los efectos de la sanción disciplinaria impuesta al
señor Santoyo Velasco.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidente de la Sala
CÉSAR PALOMINO CORTÉS ROCÍO ARAÚJO OÑATE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
MILTON CHAVES GARCÍA OSWALDO GIRALDO LOPEZ
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Impedida
MARÍA ADRIANA MARÍN ALBERTO MONTAÑA PLATA
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO RAMIRO PAZOS GUERRERO
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CARMELO PERDOMO CUÉTER
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Impedido
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
ALBERTO YEPES BARREIRO NICOLÁS YEPES CORRALES
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
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