Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00047-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00047-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00047-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
9 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Actor: José Laureano Monsalve Abril
Demandado: Nación (Procuraduría General de la Nación)
(Ministerio de Defensa, Policía Nacional)
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Se decide la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho presentó José Laureano Monsalve Abril contra la Procuraduría General
de la Nación y el Ministerio de Defensa.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor José Laureano
Monsalve Abril, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad de las
decisiones disciplinarias proferidas el 15 de abril de 2005 y el 17 de mayo de 2006
por el procurador general de la Nación, mediante las cuales se le declaró
disciplinariamente responsable por las conductas investigadas y se impusieron las
sanciones de destitución e inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas por el
término de cinco años; y la Resolución 04453 del 25 de agosto de 2006, proferida
por el director general de la Policía Nacional, que ejecutó la sanción.
Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) ordenar su reintegro al
servicio activo de la Policía Nacional, sin solución de continuidad, en el grado de
subintendente o uno superior; (ii) reconocer y pagar la totalidad de sueldos,
prestaciones sociales, cesantías, vacaciones, gastos de sanidad, de bienestar
social, dineros no cancelados a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
y demás emolumentos que debió devengar desde la fecha en que se produjo el
retiro, hasta cuando se haga efectivo su reintegro; (iii) indexar las sumas que
resulten de esa condena; reconocer los daños morales; (iv) disponer que no hay
lugar a descontar suma alguna que hubiera recibido por otra vinculación laboral
durante el tiempo en que permaneció retirado del servicio; (v) ordenar el pago de
intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia e imponer el cumplimiento
de esta en los términos descritos en los artículos 176 y 177 del CCA.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) A través de auto del 09,101 de mayo de 2002, la Procuraduría delegada para la
Policía Nacional, en forma oficiosa, inició indagación preliminar por la presunta
malversación de fondos en que habría incurrido la Dirección Antinarcóticos,
respecto de los recursos del NAS2.
(ii) Cuando se dio apertura a la investigación, el demandante laboraba en la
Dirección Antinarcóticos, Comando Jungla, y se desempeñaba como auxiliar de
bodega, empleo adscrito al almacén de intendencia, cargo que ocupó entre el 1 de
agosto de 1999 y el 31 de diciembre de 2001; su mando superior y jefe inmediato
era un teniente arquitecto. Más adelante, laboró como auxiliar financiero del área de
servicio y apoyo al grupo financiero, por el período comprendido entre el 26 de enero
de 2001 y el 18 de junio de 2002.
1 Así se menciona en la demanda.
2 Sección de Asuntos Narcóticos, la sigla corresponde al nombre en inglés.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
(iii) El 11 de junio de 2002, el procurador general de la Nación decidió abrir la
investigación disciplinaria, pues, entre los investigados figuraba un general de la
República, asimismo, en ese acto incluyó al demandante, pese a que su cargo
pertenecía al último grado del escalafón policial.
(iv) El 26 de septiembre de 2002, se formuló pliego de cargos respecto de todos los
investigados, incluyéndolo, aunque su labor se circunscribía a ser el auxiliar de
bodega, es decir, que prestaba el servicio de asistencia que consistían en hacer
mandados, cuidar de la seguridad de su superior, colaborar en el archivo de la
oficina, llenar formatos y, por ende, no tenía poder de decisión, sino que se limitaba
a obedecer órdenes.
(v) En la actuación disciplinaria nunca se demostró que fungiera como asistente
financiero o contable e, incluso, se incurrió en el yerro de afirmar que su grado era
el de intendente; además, los cargos se endilgaron como si estuviera en ese grado,
sin considerar que para llegar a él necesitaba una trayectoria de, por lo menos, 15
años en la institución, error que hace anulables los actos, pues para imputar cargos
no se pueden presumir los grados policiales del uniformado enjuiciado.
(vi) Asimismo, la entidad incurrió en un error inexcusable, que consistió en presumir
que el actor contaba con conocimientos de contabilidad, financieros, de archivo, de
manejo de términos respecto de lo que constituye un tratado y un convenio
internacional; sin embargo, no demostró que los tuviera y, por el contrario, la
imputación se hizo en su contra como si llevara 15 años en la institución y poseyera
experiencia contable y financiera, cuando en una época tan solo era bodeguero y,
más adelante, asistente y ayudante financiero, mas no experto en esa área.
(vii) Adicionalmente, la entidad desconoció el principio de doble instancia, pues la
decisión fue de única y, con ello, se configuró una irregularidad.
(viii) La Procuraduría no se ocupó de indagar ni demostrar cuáles eran los requisitos
que exigían los norteamericanos para desempeñar empleos que fueran nombrados
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
y pagados con los recursos de esa sección y, por el contrario, se le juzgó como
auxiliar financiero y contable, sin sustento, para atribuirle tal responsabilidad, de
manera que, en últimas, lo que constituyó la decisión no fue otra cosa que el deseo
de mostrar resultados ante el gobierno extranjero para no perder la ayuda
económica que le suministraba a la entidad.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 2, 3, 29, 31, 345 y 346 de la
Constitución Política; 10 de la Ley 38 de 1989; 13 de la Ley 80 de 1993; 25, numeral
4, de la Ley 200 de 1995; 21, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 131, numeral 2, del Código
Disciplinario Único; 10 del Decreto 111 de 1996; Decretos 2584 de 1993 y 1798 de
2000.
Al desarrollar el concepto de violación, formuló los cargos de violación de los
derechos al debido proceso y a la defensa, desviación de poder, falsa motivación y
atipicidad de la conducta, así como transgresión de la Constitución y la ley, en contra
de las decisiones censuradas, con base en los siguientes argumentos:
(i) En los actos acusados hubo injerencia por parte de las autoridades
norteamericanas, es decir, que no fueron autónomos ni soberanos, pues se
emitieron con la amenaza de que era factible que se suspendiera la ayuda a
Colombia, por ello, no se respetó la soberanía del Estado, sino que las decisiones
fueron el resultado de presiones internacionales sobre las autoridades
administrativas y, por ende, contravienen normas de orden legal y constitucional.
(ii) El derecho disciplinario no puede partir de suposiciones o presunciones y la
aplicación analógica del ordenamiento penal tan solo se refiere a lo favorable;
además, el ente de control desatendió las normas de contratación estatal -artículo
13 de la Ley 80 de 1993- pues los contratos para combatir el narcotráfico están
sometidos a tal disposición, la cual permite que se ciñan a reglamentos de la entidad
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
respectiva, en lo que tiene que ver con los procedimientos de formación,
adjudicación y cláusulas especiales de ejecución.
(iii) Además, al endilgar cargos a un patrullero, que escasamente es bachiller, se
incurrió en un error grave y falsa motivación, pues la formulación fue vaga y
ambigua, y con ello se incurrió en infracción directa del artículo 131, numeral 2, del
Código Disciplinario Único, máxime cuando se le trató como intendente, que es un
rango policial diferente al que realmente ostenta y la responsabilidad que de él se
predica difiere de la que le estaba encomendada, pues no tenía poder, ni impartía
órdenes, sino que su labor se limitaba a atender las que le impartía su superior
funcional como, en efecto, se demostró en el expediente, en el que se pudo verificar
que debía avisarle sobre todas las cuentas de cobro que presentaban los familiares
de quienes habían sido sacrificados durante la lucha antinarcóticos, para las
respectivas coronas fúnebres.
(iv) El procurador centró la acusación y sanción en el hecho de que los gastos por
concepto de tales coronas no eran operacionales, de manera que, en su sentir, se
estaban desviando los dineros de antinarcóticos que solo estaban destinados a
asuntos de esa naturaleza, situación que transgrede los acuerdos de manejo y
cooperación; ese cargo es bastante impreciso y, más aún, cuando se endilgó en
contra de un patrullero que tan solo obedecía las órdenes dadas por su superior,
quien dispuso que las coronas fueran pagadas con los recursos de NAS. Por lo tanto,
como no tenía facultad para saber de dónde provenían los dineros para el pago de
las coronas, sino de cumplir órdenes de sus superiores, no debió imponerse sanción
en su contra.
(v) También centró el cargo por falsa motivación en que el fallador disciplinario
incurrió en el error de señalar que la facultad de ordenar, disponer y pagar, le estaba
encomendada al demandante, cuando, en realidad, su gestión se limitaba a recibir
los recibos de los parientes del personal fallecido, en los que se certificaba que
habían recibido las coronas, con el único objeto de que se autorizara su pago, pero
era su superior quien tramitaba lo pertinente ante las autoridades del NAS.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
(vi) En lo que atañe al segundo cargo que le fue endilgado, también hubo vaguedad
e imprecisión, en cuanto en el fallo sancionatorio se aseguró que la moto asignada
por la institución tenía por objeto hacer los mandados a sus jefes y que los repuestos
o mantenimiento no debían cubrirse con recursos de NAS; sin embargo, en este
caso, su función también se limitaba a cumplir la orden de sus superiores, de realizar
el mantenimiento en donde estos dispusieran.
(vii) El ente de control le endilgó cargos al más débil, asegurando que tenía un rango
que no ostentó y aseverando que estaba capacitado, pero su nivel de empleo,
funciones y juventud desvirtúan esa tesis. Además, en el pliego no se le hizo
imputación por recibos, falsedad o alteración de estos y, pese a ello, en la decisión
disciplinaria se refirió a su presunta adulteración, sin que se hubiera demostrado,
pues la acusación al respecto fue el resultado de hechos mencionados con
posterioridad al pliego de cargos, en un testimonio que no fue controvertido,
comoquiera que el señor Hermenegildo Guerra afirmó que para viajar a otra ciudad
le dieron cincuenta mil pesos y que firmó un vale por ese valor, pero que después
se le agregó un cero por parte del actor, sin modificar el valor en letras; no obstante,
sobre ese cargo no hubo imputación, sino el mero reproche en la decisión
disciplinaria, y ello violó su derecho de defensa.
(viii) La entidad demandada desconoció la jurisprudencia, la doctrina y las normas
que consagran que los dineros del NAS no hacen parte del presupuesto nacional y,
por tal razón, se configuró una desviación de poder, máxime cuando en su condición
de patrullero no tenía la obligación de saber que los recursos que manejaba no
estaban sujetos a los principios de contabilidad nacional, planes de cuentas,
manuales y reglamentos; además, en el fallo disciplinario no se analizó que el
artículo 345 de la Constitución Política no permite, ni siquiera, recibir contribuciones
que no figuren en el presupuesto de rentas, ni hacer erogaciones con cargo al
tesoro, que no estén incluidas en los gastos.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
(ix) Como en el presupuesto de renta no está incluido el dinero del NAS, está exento
de aplicar el principio de anualidad del presupuesto; además, como tales recursos
no hacen parte de la ley de presupuesto ni de la de apropiaciones, pues se trata de
dineros donados, no pueden ser considerados públicos presupuestales, como
equivocadamente lo afirmó el procurador general de la Nación, por ello no tiene la
tipicidad de apropiación presupuestal y, por ende, no estaban sujetos a las normas
contables colombianas, ni a las disposiciones internas estatales, ni a los manuales
internos y logísticos, que se invocaron como desconocidos.
(x) Insistió que solo sabía que el dinero tenía que cancelarse, pero no estaba en la
obligación de conocer de dónde provenía, ni si el pago era lícito o no y con ello se
configura la desviación de poder, pues el único deseo del ente de control consistía
en no contrariar al Estado americano y cumplir la disposición de retirar personal por
la presunta malversación de dineros del NAS. Además, en los folios 11143 del fallo y
7770 del cuaderno original 30 quedó plenamente establecido que el procedimiento
que se surtía para realizar pagos con esos recursos consistía en que la policía
cotizaba elementos, obtenía el visto bueno del NAS, compraba y presentaba legajos
de facturas que debían reunir los requisitos fijados por el departamento de Estado
y remitía las cuentas de cobro a las autoridades del NAS para su pago y no es cierto
que Estados Unidos hubiera consignado dinero en una cuenta de la Policía
Antinarcóticos, pues no existe prueba de ello.
(xi) En lo que respecta a la violación del derecho al debido proceso y a la defensa,
señaló que en Sentencia C-102 de 1996 la Corte Constitucional se pronunció en
relación con el conocimiento en única instancia por parte de la Procuraduría
delegada, en procesos seguidos en contra de empleados y subalternos, y se
concluyó que restringir la doble instancia es irrazonable, discriminatorio y viola el
principio de igualdad; además, en Sentencia C-712 de 2001, la Corte también se
manifestó frente a la aplicación especial del régimen de la Fuerza Pública a sus
destinatarios, lo que obedece a las especiales características de sus funciones y
actividades, y la aplicación de los principios rectores del CDU, dentro de los cuales
está el de doble instancia que, en su caso, se quebrantó con la decisión del
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
procurador de asumir competencia preferente y definir la controversia en única
instancia y con la decisión del pliego de cargos que se sustentó en normas que no
hacen parte de su régimen especial.
(xii) Por lo anterior, el procurador debió romper la unidad procesal y remitir al
competente el juzgamiento de las conductas reprochadas a agentes y suboficiales,
de manera que se les garantizara la doble instancia, e instruir en su despacho,
exclusivamente, lo relativo a la conducta de coroneles y generales, tal como lo
consideró la Corte Constitucional en Sentencia C-102 de 1996, máxime cuando la
conexidad procesal sí se rompió en relación con las personas que pertenecían al
área de servicios y apoyo, razón por la cual hubo violación del principio de igualdad,
pues a estos sí se les garantizó el derecho a la doble instancia.
(xiii) Adicionalmente, las pruebas solo pueden ser rechazadas cuando están
legalmente prohibidas o resultan ineficaces, impertinentes o inconducentes, pues,
si se rechazan por razones diferentes, esa decisión constituye una vía de hecho,
por ello, no entiende el motivo por el cual el ente de control concluyó que no podían
pagarse los mantenimientos de la moto policial con dinero de las donaciones
americanas, pues, insistió que su único deber consistía en obedecer a sus
superiores y no cuestionar con qué se pagaba y si el pago era ilícito o no.
(xiv) En lo que respecta a la falsa motivación también la hizo consistir en el claro
desconocimiento de la Procuraduría en relación con la forma en que se ejecutaban
los recursos del NAS y con el hecho de exigir de un patrullero, sin el más mínimo
conocimiento contable y financiero, que manejara normas sobre administración de
impuestos, que le eran desconocidas por falta de capacitación al respecto; además,
tal formación solo era exigible de sus superiores a quienes sí les estaba
encomendada la función de conocer los imperativos normativos, convenios y
tratados que regían el manejo de tales recursos.
(xv) En su caso, se violó el principio de imparcialidad, pues debió operar igual
análisis que el realizado por el ente de control respecto del coronel Patiño, máxime
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
cuando las tareas que tenía atribuidas eran de carácter operativo y de obediencia,
a causa de su bajo rango dentro de la unidad antinarcóticos.
(xvi) Además, no había razón para que el jefe del ente de control no se hubiera
declarado impedido, pues en reiteradas ocasiones viajó en aviones de la policía al
servicio de la lucha antinarcóticos, surtidos con gasolina, manejados por pilotos,
atendido por auxiliares de vuelo, que se pagaban con recursos de NAS y, pese a ello,
en su caso, lo sancionó por usar una moto y proveer repuestos y gasolina con los
recursos de ese convenio, es decir que en uno y otro caso no se trató de gastos de
operaciones de combate sino de aspectos logísticos, lo que quiere decir que el
procurador estaba incurso en igual conducta que la que estaba investigando, como
fundamento de lo anterior, relacionó los diferentes viajes realizados por el jefe del
Ministerio Público en las aludidas aeronaves.
(xvii) Finalmente, agregó que en el manual de procedimientos elaborado por el NAS,
se determinó claramente quienes eran los responsables del manejo de recursos del
convenio y, en ninguna parte de la lista aparece el patrullero, quien actuaba como
mensajero y auxiliar de bodega, de modo que al no estar dentro de ese listado, no
se le podía imputar el cargo por el manejo inadecuado de las previsiones contables
y fiscales.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Policía Nacional
El apoderado de la entidad demandada se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda.3 Para tal efecto, invocó los siguientes argumentos:
(i) En el caso que se analiza, se configura la falta de legitimación en la causa por
pasiva de esa institución, comoquiera que no fue la que creó, modificó o extinguió
3 Folios 621 a 624.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
un derecho o una obligación frente al demandante, pues su única gestión consistió
en expedir el acto de ejecución de la sanción impuesta por el ente de control.
(ii) Además, los actos censurados gozan de presunción de legalidad, pues están
ajustados a la Constitución y la ley, toda vez que fueron expedidos por autoridad
competente, se cumplieron los términos procesales y se permitió al actor ejercer su
derecho de defensa y contradicción.
1.2.2. La Procuraduría General de la Nación
El apoderado de la Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda 4 y expuso como argumentos de defensa los
siguientes:
(i) Los actos demandados están ajustados al principio de legalidad, pues fueron el
resultado de un proceso disciplinario en el que no se vulneró la normatividad legal,
ni se desconocieron los derechos al actor; además, se le permitió ejercer su derecho
de defensa, del cual hizo uso interponiendo el recurso de reposición en contra de la
decisión de primera instancia.
(ii) Aseguró que el concepto de violación de la demanda además de contener una
extensa invocación de normas, no describe, en forma concreta, las razones por las
cuales se estiman violadas y por ello es antitécnico. En todo caso, precisó que al
disciplinado se le respetaron todas las garantías constitucionales y, en especial, el
derecho de contradicción, lo que se puede comprobar con las actuaciones que
reposan en el trámite, en las cuales se observa que interpuso queja en contra del
auto de apertura de investigación, presentó descargos, formuló reposición en contra
de la decisión de primera instancia y, pese a todo ello, con las pruebas se pudo
establecer que debía ser declarado responsable disciplinariamente por desatender
el deber funcional que le estaba encomendado y porque su conducta se enmarcaba
4 Mediante memorial de folios 631 a 637.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
dentro de las prohibiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 48 del Código
Disciplinario Único.
(iii) Indicó que las irregularidades que se le censuraban al demandante consistieron
en tramitar órdenes de pago (1777, 1778 y 1785) relacionadas con solicitudes de
coronas fúnebres y otras cuentas e, incluso, firmar un recibo en blanco a varios
miembros de la Dirección del Grupo Antinarcóticos, pues estos irían a realizar
comisiones especiales en otras ciudades, que, finalmente, no se concretaron y pese
a ello, los recibos sí fueron diligenciados con el propósito de soportar egresos del
fondo del NAS y, con ello, el actor desbordó su eje funcional e, incluso, pudo
incursionar en una conducta penalmente reprochable.
(iv) Agregó que las decisiones que se censuran contienen las motivaciones jurídicas
y probatorias suficientes para imponer el correctivo disciplinario; por ello, es
necesario que en casos como el analizado prime el derecho sustancial sobre el
formal, tal como lo prescribe el artículo 228 constitucional.
(v) Sostuvo que, en últimas, se observa que la pretensión del accionante es reabrir
el debate procesal y probatorio y emplear la acción judicial como una tercera
instancia del proceso disciplinario, por ello, aseguró que el control de legalidad de
ese tipo de decisiones se debe circunscribir a la verificación de que el trámite se
haya adelantado respetando el debido proceso y el derecho a la defensa y que la
aplicación de la norma fue la que correspondía, es decir, se trata de una verificación
formal.
(vi) Finalmente, aseguró que en el trámite se cumplieron todos los criterios objetivos
y racionales para imponer la sanción disciplinaria, y que hay independencia entre
las decisiones que se adopten en un proceso de tal naturaleza y en uno penal; por
lo tanto, las diferentes acciones que se inicien por una conducta, no necesariamente
deben llevar a igual conclusión.
1.3. Alegatos de conclusión
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
1.3.1. La Procuraduría General de la Nación
La entidad demandada descorrió el término para alegar 5 y expuso razones de
defensa similares a las invocadas en la contestación de la demanda.
1.3.2. El Ministerio de Defensa
El apoderado del Ministerio de Defensa descorrió el término para alegar de
conclusión6 y reiteró las razones expresadas en la contestación de la demanda,
relacionadas con la falta de legitimación en la causa por parte de esa entidad, pues
no fue la que expidió los actos que modificaron o extinguieron la situación particular
y concreta del accionante.
1.4. Concepto del Ministerio Público
La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto7 en el
que solicitó denegar las pretensiones de la demanda y, para tal efecto, solicitó tener
en cuenta los siguientes argumentos:
(i) En el curso de un proceso disciplinario, como garantías de tipo sustancial, se
deben respetar al disciplinado sus derechos de defensa y debido proceso, para ello
se le debe permitir que desvirtúe los cargos que se le formulen; asimismo, el
ordenamiento constitucional consagra un sistema de responsabilidad personal e
individual de los servidores públicos, de manera que estos deben responder por las
acciones, omisiones o extralimitaciones en que puedan incurrir en el ejercicio de las
funciones públicas que tienen encomendadas.
(ii) Adicionalmente, el proceso judicial contencioso administrativo no es la
oportunidad para allegar nuevas pruebas, ni para controvertir aspectos diferentes a
5 Folios 658 a 664.
6 Folios 679 a 683.
7 Folios 686 a 696.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
los planteados por el disciplinado a lo largo del trámite sancionatorio, pues la función
jurisdiccional, en esta materia, se limita a lo que obre en las actuaciones y a lo
alegado por las partes en el trámite correspondiente, pues, lo contrario, conllevaría
dar paso a otra instancia inexistente.
(iii) En el caso particular, el demandante laboraba como patrullero, adscrito al grupo
financiero de la Dirección Antinarcóticos, como ayudante o auxiliar contable y, por
ello, tenía la condición de servidor público, destinatario del régimen disciplinario
previsto para estos. Por ello, aunque en el auto de formulación de cargos se hubiera
incurrido en el error de mencionar que su rango era el de intendente y no el de
patrullero, ello no altera lo sustancial de la decisión, pues en la parte resolutiva del
fallo se precisó que la sanción impuesta derivaba de su condición de auxiliar
financiero del área de servicios y apoyo de la Dirección Antinarcóticos, y se le
identificó plenamente, con su nombre completo y documento de identidad, es decir,
que el yerro al respecto no tiene la entidad suficiente para desvirtuar la legalidad de
las decisiones censuradas, pues con ello no se configuró violación del debido
proceso ni la defensa del investigado.
(iv) Ahora bien, de acuerdo con lo demostrado en el proceso disciplinario, se pudo
verificar que el 25 de julio de 1999 se suscribió un convenio o carta de acuerdo entre
el Ministerio de Defensa Nacional y la Embajada de Estados Unidos y se creó el
programa de control de narcóticos cuyo objetivo consistía en asistir y aumentar la
capacidad de la Dirección Antinarcóticos para reprimir el cultivo, procesamiento,
tráfico, transporte y exportación de drogas ilícitas, a través de tal convenio, la
aludida dirección recibió asistencia financiera, material y técnica por parte del
gobierno extranjero para ejercer ese control.
(v) La investigación de que trata el proceso se originó en las actuaciones
desplegadas por personal administrativo de esa dirección, relacionadas con la
utilización irregular de recursos donados por el gobierno de Estados Unidos a través
del convenio bilateral denominado NAS, en cuanto se emplearon para cubrir gastos
administrativos como combustible para vehículos, reparación de estos, compra de
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
equipos, pagos de telefonía celular y beeper, de arrendamientos, de administración
de edificios, adquisición de víveres de cafetería, pasajes para desplazamientos,
papelería, materiales de construcción, coronas con destino a personal fallecido que
no hacía parte de la Dirección Antinarcóticos, actividades cívico policiales, compra
de agua potable, entre otros, los cuales no tenían relación con los gastos
operacionales de la lucha antinarcóticos, según los requisitos establecidos en el
Manual de Nuevos Procedimientos Financieros y Logísticos, y con ello se generaron
indebidos beneficios personales, institucionales o de terceros.
(vi) Al revisar el trámite disciplinario, se observa que cumplió con las exigencias
legales, pues se identificó plenamente al investigado y su condición laboral
administrativa, se indicaron los hechos y omisiones presuntamente irregulares que
se reprochaban y que fueron cometidos en ejercicio de sus funciones, se citaron las
normas que se consideraban infringidas, se relacionaron las pruebas que sirvieron
de sustento a la acusación, se determinó su grado de culpabilidad, se informaron
las obligaciones que tenía como servidor público y el deber funcional que le asistía,
se le permitió controvertir los cargos formulados, se le concedió el derecho a
presentar descargos, a solicitar y presentar pruebas y, en resumen, se le garantizó
el derecho a contar con defensa técnica, se notificaron las decisiones y se agotaron
todas las etapas procesales, de manera que no se advierte ninguna ilegalidad en el
trámite.
(vii) Adicionalmente, la decisión sancionatoria está debidamente motivada, para lo
cual sirvieron de sustento las pruebas documentales y testimoniales oportunamente
allegadas y recaudadas durante la investigación y se tuvieron en cuenta los
argumentos esgrimidos por el actor en sus alegatos. Ahora bien, la decisión de
imponer el correctivo disciplinario se originó en el incumplimiento, por parte del
disciplinado, de los deberes consagrados en los artículos 4, 94 y 209 de la
Constitución, el desconocimiento del artículo 37, numeral 10, del Decreto 1798 de
2000, así como el incumplimiento de las normas contables vigentes para la época
de los hechos y del artículo 25, numeral 4, de la Ley 200 de 1995, aplicable por
remisión del artículo 40 del decreto antes mencionado y 21 de la Ley 734 de 2002,
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conductas que fueron calificadas como gravísimas, cometidas a título de dolo, lo
que daba lugar a imponer la destitución y la inhabilidad.
(viii) Además, se observa que la imputación de cargos no fue vaga, como lo sostiene
el demandante, pues al revisar la actuación se observó que fue correcta y pese a
que se refirieron normas de los ordenamientos sustantivos, el ente de control no se
sustrajo de su obligación de invocar las conductas contenidas en el régimen
especial disciplinario para la Fuerza Pública; adicionalmente, no fue general o
abstracta, pues se precisó y hubo certeza de que a la Dirección de la Policía le
correspondía la ejecución y administración de los recursos provenientes del
convenio bilateral y que los ejecutó de manera desmesurada e irregular y el que se
haya realizado una imputación compartida no constituye una vía de hecho, pues
esta se concretó para cada una de las dependencias e implicados.
(ix) En lo que se refiere a la presunta violación de los principios de legalidad y
tipicidad, se advierte que para la época de los hechos que dieron origen a la
investigación disciplinaria hubo un tránsito legislativo pues se pasó de la Ley 200 de
1995 a la Ley 734 de 2002 y lo propio ocurrió en el régimen especial del Decreto
2584 de 1993 al Decreto 1798 de 2000, por ello, no fue impertinente que en el curso
de la investigación se hubieran citado concomitantemente tales normas, más aún,
cuando los hechos ocurrieron en vigencia de ambos regímenes y porque también
estaba involucrado personal no uniformado.
(x) Adicionalmente, en el caso bajo análisis, ocurrió un concurso de faltas
gravísimas y graves, pero no se formuló una falta ajena al rango en que estaba
escalafonado el demandante, ni alejado del cumplimiento de sus deberes
funcionales, así como tampoco se le impuso una sanción desproporcionada, sino
que, por el contrario, fue coherente con la naturaleza de la falta y, en últimas, todas
las conductas reprochadas se concretaron en la violación de las normas del régimen
de contratación, fiscal o contable. Tampoco se endilgaron cargos que no tuvieran
relación con las funciones que desempeñaba, sino con aquellas que sí tenían
relación, en particular, las que tienen que ver con las órdenes de pago 1777, 1778,
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1785 de 2001 y del 13 de 2002 (sic) por concepto de suministros de coronas,
suscritas por el actor para su legalización, así como la suscripción de recibos en
blanco, para quienes debían desplazarse fuera de la ciudad y la alteración de uno
de los recibos, los cuales estaban relacionados directamente con el actuar del
disciplinado.
(xi) En lo que respecta a la exoneración de responsabilidad disciplinaria frente a
otros implicados indicó que la responsabilidad es individual y, por ello, no es
homologable pues no se predican iguales elementos fácticos y jurídicos respecto de
las actuaciones irregulares endilgadas, motivo por el cual no puede aplicarse el
mismo rasero frente al caso de otros implicados.
(xii) En cuanto a la falta de garantía del principio de doble instancia, tanto la
Constitución Política como la jurisprudencia de la Corte Constitucional han
reconocido la supremacía y jefatura del Ministerio Público en cabeza del procurador
general de la Nación y, en lo que atañe a los procesos de única instancia, se sentó
el criterio de que no constituye violación del derecho al debido proceso, pues
procede el recurso de reposición; además, el disciplinado inconforme puede acudir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a controvertir la legalidad de las
decisiones adoptadas en un proceso de esas características.
(xiii) Finalmente, en relación con el argumento según el cual los recursos del NAS
no hacen parte del presupuesto nacional y que por ello las conductas relacionadas
con su manejo no eran pasibles de control disciplinario, afirmó que se trata de un
fundamento de defensa insustancial, pues, de considerarse así, se estaría
patrocinando la utilización irregular y caprichosa de los recursos provenientes de las
relaciones bilaterales del Estado Colombiano, lo que desatiende los principios que
rigen la administración pública, tales como la transparencia, la moralidad, la
eficiencia y la eficacia, por no velar por el correcto manejo de tales recursos.
La Sala decide, previas las siguientes
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2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si con la expedición de los actos censurados, la entidad
demandada incurrió en: (i) violación de los derechos al debido proceso y la defensa;
(ii) desviación de poder; y (iii) falsa motivación.
2.2. Marco normativo
El régimen de responsabilidad de los servidores públicos está delimitado por lo
previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual «los particulares
solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.
Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones»8.
El artículo 125, inciso 4, constitucional establece que el retiro del servicio en los
órganos y entidades del Estado se produce por «calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley»9.
Entre tanto, el artículo 3 de la Ley 734 de 2002 prevé que la Procuraduría General
de la Nación, en ejercicio del poder preferente, puede «iniciar, proseguir o remitir
cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control
disciplinario interno de las entidades públicas»10 y según el libro I del título I ibidem,
el ejercicio del poder disciplinario se debe regir por los principios de legalidad,
debido proceso, presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad,
motivación, entre otros; además, la actuación procesal debe estar sujeta a los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad,
publicidad y contradicción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 ibidem.
8 Negrilla de la Sala.
9 Negrilla fuera de texto.
10 Tal previsión también estaba contemplada en el artículo 3 de la Ley 200 de 1995.
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De otra parte, en materia probatoria, con el propósito de lograr la búsqueda de la
verdad material, la ley consagra que la autoridad disciplinaria debe «investigar con
igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta
disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su
inexistencia o lo eximan de responsabilidad»11, para tal efecto, puede hacer uso de
cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. En todo caso, para su
valoración, el funcionario debe hacer una apreciación integral de todos los medios
probatorios recaudados, atendiendo para ese efecto, las reglas de la sana crítica.
Valga aclarar que las pruebas inconducentes, impertinentes y superfluas serán
rechazadas y que no se tendrán en cuenta aquellas practicadas ilegalmente12.
Finalmente, en lo que se refiere a las faltas disciplinariamente reprochables, en el
pliego de cargos, al actor le fueron endilgadas las siguientes conductas:
Incumplimiento de los deberes funcionales contenidos en los artículos 4, 95 y 209
de la Constitución Política, que son del siguiente tenor:
Artículo 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y
las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. […] (Se resalta).
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. […]
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
11 Artículo 129 de la Ley 734 de 2002.
12 Tal como lo prescribe el artículo 132 de la Ley 734 de 2002.
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tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. (Negrilla de la
Sala).
Asimismo, se invocaron como incumplidos los deberes funcionales previstos en el
artículo 40, numerales 2 a 4, del Decreto 1512 de 200013 que establece:
Artículo 40. Funciones de la dirección antinarcóticos. La Dirección Antinarcóticos tendrá
las siguientes funciones:
[…]
2. Cumplir lo acordado por el Gobierno Nacional en convenios de cooperación nacional e
internacional en materia de lucha contra el tráfico de drogas.
3. Velar por el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las Áreas y Grupos de
la Dirección.
4. Administrar el talento humano, recursos financieros y logísticos asignados a la
Dirección.
También se atribuyó el desconocimiento del artículo 3, numerales 2 a 4, de la
Resolución 066 de 2002 de la Dirección General de la Policía Nacional, «por la cual
se define la estructura orgánica interna de la Dirección Antinarcóticos» que enuncia
las funciones encomendadas a esa dirección, así:
[…]
2. Cumplir lo acordado por el Gobierno Nacional en convenios de cooperación nacional e
internacional en materia de lucha contra el tráfico de drogas.
3. Velar por el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las Áreas y Grupos de
la Dirección.
4. Administrar el talento humano, recursos financieros y logísticos asignados a la
Dirección.
Además, se invocó como vulnerado el artículo 3, numerales 1 a 4, de la Resolución
02029 de 1998 de la Dirección General de la Policía Nacional, «por el (sic) cual se
desarrolla la estructura orgánica y se determinan los procesos de la Dirección
Antinarcóticos» que prescribe:
Artículo 3.- Procesos. La Dirección Antinarcóticos cumplirá su misión mediante la
ejecución de los siguientes procesos:
1. Desarrollo de la política nacional e internacional en materia de la lucha contra el
narcotráfico.
13 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras
disposiciones.
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2. Cumplimiento de convenios de cooperación y ayuda nacional e internacional contra el
narcotráfico.
3. Toma de decisiones en materia de asignación de responsabilidades a las áreas y los
grupos.
4. Administración del talento humano y de los recursos financieros y logísticos.
Asimismo, se endilgaron como desconocidas, las siguientes normas que rigen en
materia contable, administrativa y fiscal:
Decreto 2649 de 1993, Reglamento General de Contabilidad, artículos 1 a 7:
Artículo 1. Definición. De conformidad con el artículo 6o. de la Ley 43 de 1990, se
entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e
informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.
Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma
clara, completa y fidedigna.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto debe ser aplicado por todas las
personas que de acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad.
Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad,
pretendan hacerla valer como prueba.
Artículo 3. Objetivos básicos. La información contable debe servir fundamentalmente
para:
1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones
que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado
tales recursos y el resultado obtenido en el período.
2. Predecir flujos de efectivo.
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los
negocios.
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de
un ente represente para la comunidad.
Artículo 4. Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer
adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. En
ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable.
La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
La información es útil cuando es pertinente y confiable.
La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y
es oportuna.
La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos económicos.
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La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.
Artículo 5. Definición. Las normas básicas son el conjunto de postulados, conceptos y
limitaciones, que fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que
esta goce de las cualidades indicadas en el artículo anterior.
Artículo 6. Ente económico. El ente económico es la empresa, esto es, la actividad
económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los
recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se distinga de otros
entes.
Artículo 7. Continuidad. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y
revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuara o no funcionando
normalmente en períodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya a continuar
en marcha, la información contable así deberá expresarlo.
Al evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse en cuenta que asuntos tales
como los que se señalan a continuación, pueden indicar que el ente económico no
continuara funcionando normalmente:
1. Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias de capital de trabajo, flujos
de efectivo negativos)
2. Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones, problemas
de acceso al crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes) y,
3. Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibilidad de operar,
huelgas, catástrofes naturales).
Parágrafo. La aplicación del valor de realización o de mercado definido en el artículo 10
del presente Decreto, como criterio de medición no constituye por sí mismo un indicador
de pérdida de la continuidad del ente económico.
Decreto 2650 de 1993 del Instituto Nacional de Contadores Públicos, artículos 1 a
13:
Artículo 1º Objetivo. El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las
operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la
transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y
comparabilidad.
Artículo 2º Contenido. El Plan Único de Cuentas está compuesto por un Catálogo de
Cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben
observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas.
Artículo 3º Catálogo de Cuentas. El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada
y clasificada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio,
Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación y de Orden.
Dicho catálogo está conformado por los códigos numéricos indicativos de cada cuenta y
la denominación de las mismas.
Artículo 4º Descripciones y Dinámicas. Las descripciones expresan o detallan los
conceptos de las diferentes clases, grupos y cuentas incluidas en el catálogo e indican
las operaciones a registrar en cada una de las cuentas.
Las dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las cuentas y realizar los
diferentes movimientos contables que las afecten.
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Artículo 5º Campo de Aplicación. El Plan Único de Cuentas deberá ser aplicado por
todas las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, de
conformidad con lo previsto en el Código de Comercio. Dichas personas para los efectos
del presente Decreto, se denominarán entes económicos.
No estarán obligadas a aplicar el Plan Único de Cuentas de que trata este Decreto, los
entes económicos pertenecientes a los sectores Financiero, Asegurador y Cooperativo
para quienes se han expedido Planes de Cuentas en virtud de legislación especial.
Artículo 6º Normas de Aplicación. El Plan Único de Cuentas debe aplicarse de
conformidad con las siguientes normas:
1. El catálogo de cuentas. El Catálogo de Cuentas y su estructura, serán de aplicación
obligatoria y en la contabilidad no podrán utilizarse clases, grupos, cuentas o subcuentas
diferentes a las previstas en el presente Decreto.
Todas las clases, grupos, cuentas y subcuentas se identificarán con un código numérico
para lo cual, deberán utilizarse de manera preferencial los códigos contenidos en el
Catálogo de Cuentas al que se refiere el presente Decreto.
Sin perjuicio de lo anterior, para la identificación de las clases, grupos, cuentas y
subcuentas contenidas en el presente Decreto, se podrán utilizar internamente códigos
diferentes, caso en el cual deberá elaborarse una tabla de equivalencias para dichas
codificaciones que estará a disposición de quien la solicite. En tal evento, el ente
económico dará aviso a la entidad de vigilancia correspondiente.
Las cuentas y subcuentas que correspondan a rubros identificados únicamente por el
código, podrán ser utilizadas y denominadas por el ente económico, dentro del rango
establecido, dependiendo de sus necesidades de información, conservando la misma
estructura de este Plan.
2. Dinámicas y Descripciones: Las dinámicas y descripciones serán de uso obligatorio
y todos los asientos contables deberán efectuarse de conformidad con lo establecido en
ellas.
Artículo 7º Auxiliares. Adicionalmente a las subcuentas indicadas en el catálogo
señalado, se podrán utilizar las auxiliares que se requieran de acuerdo con las
necesidades del ente económico, para lo cual bastará con que se incorporen a partir del
séptimo dígito.
Artículo 8º Ajustes por Inflación. Los ajustes integrales por inflación podrán registrarse
dentro de cada una de las subcuentas respectivas. En caso de que el ente económico
requiera registrarlos por separado, utilizará las subcuentas cuyos códigos terminen en 99.
Artículo 9º Abreviaturas. La denominación dada a los rubros que conforman el Catálogo
de Cuentas a que se refiere el presente Decreto, podrá ser aplicada utilizando
abreviaturas.
Artículo 10. Libros Oficiales. Los libros de comercio registrados deberán llevarse
aplicando los códigos numéricos y las denominaciones del Catálogo de Cuentas
contenidas en el presente Decreto.
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Artículo 11. Informes. Todo reporte o presentación de la información contable a los
administradores, a los socios, al Estado y a los terceros, deberá realizarse utilizando los
códigos numéricos y las denominaciones indicadas en el manual de cuentas contenido
en el presente Decreto.
Artículo 12. Presentación de estados financieros. Para efectos de presentación de
estados financieros, el ente económico los preparará debidamente clasificados en parte
corriente y no corriente, dependiendo de la realización de los activos y exigibilidad de los
pasivos, conforme a las normas vigentes sobre presentación y revelación de estados
financieros.
Con el fin de facilitar la identificación que permita realizar dicha clasificación, se podrán
utilizar los dígitos auxiliares.
Artículo 13. Aplicación gradual. A partir de los estados financieros cortados a 31 de
diciembre de 1993, la presentación de los mismos deberá hacerse en su totalidad
conforme al Plan Único de Cuentas.
El Plan Único de Cuentas se aplicará para todas las operaciones económicas, a partir del
1o. de enero de 1994 en las sociedades mercantiles que legal o estatutariamente estén
obligadas a tener revisor fiscal. El registro o comprobante contable será obligatorio hasta
el nivel de cuatro dígitos.
A partir del 1o. de enero de 1995, el Plan Único de Cuentas será obligatorio en su
integridad para todas las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad de
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio.
Del mismo modo, se invocaron como violadas la Ley 298 de 1996 «Por la cual se
desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General
de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia» y la
Resolución 4444 de 1995 «Por la cual se aprueba y adopta el Plan General de
Contabilidad Pública -PGCP, y se dictan otras disposiciones sobre la materia», pero
no se precisaron los artículos que se vulneraron por parte del actor. Además, se
hizo referencia a las Resoluciones 002 de 2000, 001 de 2001 y 001 de 2002 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relativas al manejo de cajas menores y la
Resolución 5848 de 1988 de la Dirección de la Policía que creó el sistema de
Fondos Rotatorios.
Ahora bien, en torno a las faltas disciplinarias endilgadas, se hizo alusión a los
artículos 39, numerales 39 y 40 en sus literales c) y d), y 40 del Decreto 2584 de
1993 «Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía
Nacional» que señala:
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Artículo 39. Enumeración. Constituyen faltas contra el ejercicio de la profesión las
siguientes:
[…]
39. Violar las normas del régimen de contratación, fiscal o contable y las demás
disposiciones sobre la materia.
40. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional o de los de carácter particular
puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores
mediante las siguientes conductas.
[…]
c. Usarlos en beneficio propio o de terceros.
d. Darles aplicación o uso diferentes.
Artículo 40. Otras faltas. Además de las definidas en el artículo anterior, constituyen
faltas disciplinarias, la violación de las prohibiciones, el abuso de los derechos o el
incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, en las leyes y en
los diferentes actos administrativos.
Asimismo, se invocó el Decreto 1798 de 2000 «Por el cual se modifican las normas
de disciplina y ética para la Policía Nacional» artículos 37, numeral 10, 38,
numerales 18 y 36 en sus literales c), d) e i), y 40, que consagran:
Artículo 37. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas, sancionables con destitución las
siguientes:
[…]
10. Violar las normas del régimen de contratación, fiscal o contable y las demás
disposiciones sobre la materia.
Artículo 38. Faltas graves. Son faltas graves:
[…]
18. Omitir el control administrativo de los dineros, material o equipo a su cargo; incumplir
los plazos establecidos para la rendición de cuentas fiscales y contables o retardar
injustificadamente la tramitación y el pago de cuentas administrativas.
[…]
36. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional o de los de carácter particular
puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores
mediante las siguientes conductas:
[…]
c. Usarlos en beneficio propio o de terceros.
d. Darles aplicación o uso diferente.
[…]
i. Malversarlos o permitir que otros lo hagan.
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Artículo 40. Otras faltas. Además de las definidas en los artículos anteriores,
constituyen falta disciplinaria la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades,
las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes
contemplados en la Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno
Colombiano, las leyes y en los diferentes actos administrativos.
La calificación de la falta será determinada por el funcionario que adelante la respectiva
investigación.
Tales disposiciones se hicieron concordar con lo dispuesto en los artículos 25,
numeral 4, de la Ley 200 de 1995 y 48, numeral 3, inciso segundo, de la Ley 734 de
2002 que, en su orden, establecen:
Artículo 25. - Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas:
[…]
4. El servidor público o el particular que ejerza funciones públicas, que de manera directa
o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial. (Ley 200
de 1995)
Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado
o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de
particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus
funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales.
Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o
de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga. (Ley 734 de 2002).
Finalmente, en el fallo disciplinario las sanciones que se impusieron en contra del
demandante, se fundamentaron en el desconocimiento, por parte de este, de los
deberes constitucionales consagrados en los artículos 4, 9414 (sic) y 209, así como
el quebranto del artículo 37, numeral 10, del Decreto 1798 de 2000 por
incumplimiento de las normas contables y del numeral 4, del artículo 25, de la Ley
200 de 1995, aplicable por remisión del artículo 40 del Decreto 1798 de 2000, que
es del siguiente tenor:
Artículo 40. Otras faltas. Además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen
falta disciplinaria la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las
prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados
14 Aunque en el folio 640 del fallo de única instancia, que corresponde al 321 vuelto del principal, se
invoca el artículo 94, la Sala entiende que es el 95, que fue el que se invocó en el pliego de cargos.
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en la Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno Colombiano,
las leyes y en los diferentes actos administrativos.
La calificación de la falta será determinada por el funcionario que adelante la respectiva
investigación.
Finalmente, se indicó que las faltas contenidas en los literales c), d), e i) del artículo
38 del Decreto 1798 de 2000, quedaban inmersas en las anteriores y, por ello, no
se cuestionaban dos veces.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante
(i) El 3 de septiembre de 200215, la coordinadora de hojas de vida de la Oficina de
Recursos Humanos expidió extracto de la hoja de vida del señor José Laureano
Monsalve Abril en el que consta que el 17 de febrero de 1997 ingresó a la Escuela
de la Policía Nacional Seccional Rafael Reyes y fue dado de alta como patrullero de
la institución el 20 de febrero de 1998. Asimismo, le figuran 3 condecoraciones y 2
felicitaciones.
(ii) El 25 de agosto de 200616, mediante Resolución 04453, expedida por el director
general de la Policía Nacional se ejecutó la sanción impuesta por la Procuraduría
General de la Nación y se retiró del servicio al actor, decisión que le fue notificada
personalmente el 21 de septiembre de esa anualidad17.
2.3.2. En relación con la actuación disciplinaria
15 Información que se sustrae del extracto de la hoja de vida y del acta de posesión. Anexo 3, caja
10 sin foliatura.
16 Folio 2 y 3 cuaderno principal.
17 Folio 4 cuaderno principal.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
(i) El 9 de mayo de 2002 18 , los abogados comisionados para la Procuraduría
delegada para la Policía Nacional acudieron a la Dirección de Antinarcóticos, con el
fin de practicar visita especial, de la cual levantaron el acta correspondiente y,
durante ella, el coronel Manuel Salvador González Aguilar señaló:
Quiero aclarar que los recursos del Plan Colombia son manejados directamente por
delegados del gobierno americano y en ningún momento la Policía Nacional tiene
participación directa en el manejo de dicho presupuesto, todos los proyectos son
manejados por asesores americanos quienes efectúan las coordinaciones de
necesidades, realizan los correspondientes pedidos y hacen seguimiento hasta que el
elemento ingrese al país […] Es de anotar que los recursos destinados del Plan Colombia
115 Millones 600 mil dólares no son incorporados al presupuesto de la Policía, estos
dineros son manejados directamente por el Gobierno Americano, existe otro
presupuesto para la parte operacional y de mantenimiento el cual me permito
relacionar […] se dispuso la suma de 5 millones 563.839 dólares como legajo para ser
manejados directamente por la Dirección Antinarcóticos para el mantenimiento
operacional y de funcionamiento […] Las cuentas de legajos son auditadas
directamente por el NAS (Narcotics Affair Section de la Embajada Americana), ellos hacen
la auditoría y hacen la devolución y aquí se revisan directamente por los encargados
de la parte Financiera y Administrativa de la Dirección Antinarcóticos, quiero dar
claridad que esa revisión la hacía el Área de Servicios y Apoyo con su Grupo de
Logística y Contabilidad y dirigida por el señor Mayor Sandoval hasta diciembre del
año pasado, quien fue reemplazado por el señor Mayor Zarate. […] los gastos
operacionales son manejados en cabeza del Jefe del Área de Servicio y Apoyo y
distribuidos a nivel nacional en cabeza de los Comandantes de las Diferentes Compañías
a nivel nacional […]. (Se destaca)
En la aludida visita, el mayor Fabio Zárate Rueda, quien se desempeñaba como jefe
del Área de Servicio y Apoyo Antinarcóticos, señaló:
El gasto operacional que da NAS a la Policía Antinarcóticos, es el que se conoce como
soporte operacional o legajos que comprenden unos rubros autorizados de acuerdo al
manual de nuevos procedimientos financieros y logísticos establecidos en el año 1999 y
los cuales también están relacionados en un anexo del convenio celebrado por NAS con
el Gobierno Colombiano […] Respecto con el recurso del Plan Colombia la Dirección
Antinarcóticos, no recibe dineros para el apoyo de gastos operacionales, por ningún
concepto, solo se reciben bienes, los dineros son manejados directamente por
funcionarios del Gobierno Americano.
En cuanto al dinero de los aludidos legajos, el capitán César Augusto Garzón
Loaiza, quien se desempeñó como coordinador del Grupo Financiero desde julio de
1998 hasta la fecha en que se llevó a cabo la visita especial, en esta diligencia,
expuso:
18 Folios 5 a 17 cuaderno 1, caja 1.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Los legajos son todos los gastos dirigidos al soporte operacional y clasificados
inicialmente en 18 rubros y proyectados esos 18 rubros acorde a un manual
desarrollado conjuntamente entre NAS y Dirección Antinarcóticos, […] inicialmente
NAS nos ha entregado un dinero para que nosotros lo ejecutemos en gastos operacionales
que son ejecutados por las distintas unidades autorizadas lo cual se hace mediante la
figura del Fondo Rotatorio, se aclara que los rubros se manejan por los 18 rubros desde
el segundo semestre de 1998. Este Fondo Rotario debe legalizar los avances cada 15
días en un 25% mediante facturas las cuales tienen que venir soportadas por los
correspondientes recibos originales, los cuales se remiten a la embajada Americana
para su correspondiente reembolso; la revisión la hace el grupo contable, Igualmente
un porcentaje del avance es manejado directamente por el Jefe del Área de Servicio y
Apoyo, ya que las solicitudes las efectúan las diferentes unidades antinarcóticos a
nivel nacional las cuales deben hacer una solicitud motivada dentro de las
necesidades que tiene y se autoriza al Jefe para pasar a adquisiciones del grupo
logístico para que se hagan las cotizaciones según las instrucciones impartidas en el
manual, y la más favorable se adjudica teniendo en cuenta precio, calidad y disponibilidad;
hay otros gastos que ya se genera es la facturación como es los servicios públicos
domiciliarios, igual celulares, beper, avantel y todo lo que tenga que ver con servicios
públicos en general igualmente se cancelan gastos de alimentación ocasionados en
bases antinarcóticos, igualmente papelería; para mayor claridad debe observarse los 18
rubros establecidos para el soporte operacional en el manual de procedimientos, en el
numeral cuarto. Las personas encargadas de revisar la facturación y los soportes de
los legajos son Subintendente MARTÍNEZ BOHORQUEZ JHON JAIRO, SRA. MARLENY
CONTRERAS, SRA GLORIA TORRES VELA y en ocasiones la Intendente MARLENY. […]
Adicionalmente se informa que en el año 2000, la administración de NAS, solicitó al
Inspector General del Gobierno Americano, se enviara una delegación con auditores del
mismo a fin de realizar una auditoría a los fondos del convenio, esta auditoria se efectuó
sobre muestras de soportes contables que según ellos eran las facturas dudosas para
ellos, las cuales fueron sustentadas por Antinarcóticos, de otra parte también se verificó
el manejo de los recursos destinados para el mantenimiento destinado a los vehículos y
sus combustibles […] (Negrilla de la Sala).
(ii) El 10 de mayo del 2002 19, la procuradora delegada para la Policía Nacional
profirió auto de indagación preliminar con el fin de verificar los hechos denunciados
por el diario El Tiempo20, consistentes en el retiro de varios oficiales, al parecer, por
el manejo confuso de dos millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos le
entregó a Colombia para la lucha antidrogas y la presunta malversación de fondos
de una cuenta de la Embajada Norteamericana. En esa providencia, se determinó
que ese ente de control ejercía el poder preferente, de acuerdo con lo previsto en la
Constitución Política y en la ley, teniendo en cuenta la connotación y trascendencia
de los hechos.
19 Folios 21 al 24 cuaderno 1, caja 1.
20 Recortes del diario El Tiempo en los que se informó sobre el retiro de los oficiales de la Policía
Nacional. Folios 2, 3, 18, 19 y 20, cuaderno 1, caja 1.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
(iii) El 11 de junio de 200221, el procurador general de la Nación profirió auto de
apertura de la investigación disciplinaria en contra de varios integrantes de la Policía
Nacional adscritos a la Dirección de Antinarcóticos.
(iv) El 5 de julio de 200222, el procurador general de la Nación adicionó el auto de
11 de junio de ese año, con el fin de abrir investigación disciplinaria a otros
uniformados adscritos a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
(v) El 20 de agosto de 2002 23, el demandante rindió versión libre y espontánea
dentro de la investigación disciplinaria y expuso los siguientes hechos:
[…] Me vinculé en 1998, salí de la escuela destinado para antinarcóticos, hice el curso en
la escuela de Santa Rosa de Viterbo, de ahí hice mes y medio seminario Jungla en el
Espinal Tolima, de ahí salí para San José del Guaviare a laborar en la Compañía, estuve
en la guardia como diez meses, de ahí trabajé en la Policía Judicial de la Compañía,
aproximadamente seis meses, de ahí me pasaron a auxiliar financiero de la Compañía
en San José del Guaviare eso fue en 1999, de ahí salí trasladado para la bodega de la
170 Base Toberín al Almacén de Intendencia como bodeguero y después facturador.
Como bodeguero ahí entregaba lo que me ordenaba que se entregara el Jefe del ARSEA
en esa época mi Mayor LEONIDAS MOLINA TRIANA y el Jefe del Almacén el Teniente PINZÓN
TAMAYO, eso se entregaba con un oficio y el autorizado, estuve como bodeguero unos
seis meses, luego pasé a ser facturador, como facturador llegaba la factura con sus
solicitudes cotizaciones y autorizado del Jefe del área y yo simplemente le hacía la orden
de entrada y salida del almacén. Esos dos cargos los desempeñé en el 2000 entre junio
y julio hasta febrero de 2001, luego de febrero de 2001 hasta junio o julio de este año
fui auxiliar financiero del área de servicio y apoyo. Como auxiliar financiero del
ARSEA las funciones eran hacer el legajo, pagar impuestos y hacer cheques, todo
era ordenado por el Jefe del Área de Servicio y Apoyo. En esos últimos cargos no
tenía mando simplemente obedecía órdenes. Mi trabajo era mecánico simplemente
que la factura cumpliera los requisitos como el NIT24, casi nunca tuve problema porque
en la financiera había quien revisaba, cuando había inconsistencias las señoras de
financiera las devolvían, yo con compradores no tenía contacto, para eso estaba el
cotizador […]. PREGUNTADO: Qué conocimiento tiene del Manual de Procedimientos
Administrativos y Logísticos. CONTESTO: la función mía era la de enviar las facturas
menores de millón quinientos y ahí se hacía el legajo y enviaba a la 170 eso lo
revisaba las señoras del convenio, ellas miraban si estaba bien o estaba mal, así
como el Subintendente MARTÍNEZ él canalizaba y legajaba para enviar a la Embajada, ellos
tres eran los que revisaban […] PREGUNTADO: Qué instrucción tuvo usted para el manejo
de Fondos del Convenio NAS para apoyos operacionales. CONTESTO: No tanto para
apoyos operacionales sino para el manejo de los rubros la última conferencia fue
21 Folios 1582 a 1589 cuaderno 8, caja 2.
22 Folios 2108 a 2111 cuaderno 10 caja 2.
23 Folios 3098 a 3103, cuaderno 10, caja 2.
24 Negrilla fuera de texto.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
hace un año la dio el Capitán GARZÓN LOAIZA en el club de agentes sobre el manejo de los
rubros, ahí también estuvieron la señora GLORIA, MARLENY y CLAUDIA encargadas del
manejo de la conferencia junto con mi Capitán GARZÓN. PREGUNTADO: Manifiéstele al
Despacho cómo operaba el procedimiento de comisiones y cómo verificaba Usted el
soporte de las comisiones. CONTESTO: El jefe del ARSEA mi Mayor SANDOVAL y mi mayor
ZÁRATE daban el dinero para las comisiones y quien lo recibía firmaba los vales o recibo
de viáticos, eso se soportaba con la solicitud que ellos llevaban, en ocasiones ellos le
solicitaban al Mayor SANDOVAL de manera verbal y él les solicitaba que firmaran solo el
recibo que se enviaba a la embajada que eso era el soporte y no tenía ningún problema. PREGUNTADO: Explíquele al Despacho cómo se le entregaba el dinero a los Jefes de ARSEA
para las diferentes comisiones, quién lo entregaba y con qué soporte. CONTESTÓ: Los
Jefes de la ARSEA manejaban los viáticos con un avance en efectivo, ellos mantenían una
caja fuerte y ellos lo manejaban. Se hacía un cheque a nombre directo de los Jefes de la
ARSEA y se sacaba el dinero. PREGUNTADO: Explíquele al Despacho qué contacto tenía
usted con las personas que tenían que realizar comisiones fuera de la ciudad y que
se hacían presentes en el ARSEA de ANTIN. CONTESTÓ: Simplemente hablaban con mi
Mayor SANDOVAL, él les daba el dinero y a mí me ordenaba para que me firmaran el
vale en efectivo, eso como auxiliar financiero. PREGUNTADO: Quien entregaba el dinero
a las personas que les tocaba realizar una comisión fura (sic) de la ciudad. CONTESTÓ: Generalmente el Mayor SANDOVAL, casi siempre era él. […] PREGUNTADO: Exprésele al
Despacho cuánto hace que conoce a los agentes de la Policía Nacional HERMENEGILDO
GUERRA JIMÉNEZ Y MAURICIO JURADO RODRÍGUEZ, cómo los conoció y qué relación ha tenido
con ellos. CONTESTÓ: Los distingo hace como ocho meses en la Dirección pero contacto
directo de amigos no, solo compañeros de trabajo. […] PREGUNTADO: Explíquele al
Despacho qué comisiones ha tenido que tramitar y en qué ocasiones para los agentes
antes mencionados. CONTESTÓ: Realmente no recuerdo. PREGUNTADO: Obra en el
expediente que nos ocupa y según versión dada por el Despacho por el Agente
GUERRA JIMÉNEZ que Usted le hizo firmar un vale en blanco para una comisión al
parecer cercana a la ciudad de Bogotá por un valor de cincuenta mil pesos para
cuestión de peajes y combustible, dinero que no le fue entregado y que
posteriormente usted le manifestó que había destruido el vale, sin embargo el vale
que dice haber firmado el Agente GUERRA JIMÉNEZ resultó ser pagado por el ARSEA
por valor de $ 500.000 para los primeros días de diciembre de 2001. Qué tiene que decir
al respecto […]. CONTESTÓ: Si él firmó el vale tuvo que haber hablado con mi Mayor JULIO
FERNANDO SANDOVAL GÓMEZ, ya que él era quien ordenaba. Pues a mí personalmente no
habló conmigo de que tuviera que romper ese vale. Sobre las acusaciones yo nunca lo
llamé al celular, tengo entendido que a veces mi Mayor JULIO FERNANDO SANDOVAL
solicitaba que firmaran el vale y de pronto no sé si lo utilizaba para otra cuestión o que se
yo. La orden que me daba mi Mayor SANDOVAL era que el agente firmara el vale, sin
yo tener certeza si realmente era para eso o no, tengo que aclarar que la Dirección
hacia solicitud de cosas pequeñas y el Jefe del ARSEA las ordenaba para que el cotizador
las comprara. Me parece que se está poniendo mal mi nombre y se está abusando de mi
buena fe.
Esos recibos en unas ocasiones mi Mayor ordenaba que los firmara el Agente
GUERRA y el Mayor decía que esa plata se la habían entregado y que el vale había que
llenarlo, es decir que los vales se entregaban en blanco pero en la mayoría de la
veces sí se comisionaba, es decir mi Mayor SANDOVAL decía que tal agente debía firmar
el vale, pero a mí no me constaba si él viajaba o no y él me decía que llenáramos el
vale que él le había dado el dinero a la persona que comisionaba, pero creo que el
dinero lo cogían para otras actividades sin yo tener conocimiento. PREGUNTADO: Obra en el expediente que nos ocupa y según versión dada por el Agente MAURICIO
JURADO que usted le hizo firmar un vale por valor de $ 471.610 para una supuesta
comisión la que nunca le dijeron y nunca fue, además de que este dinero se lo dio al
Mayor JUAN CARLOS CUBILLOS BECERRA pero nunca fue a la comisión y el recibo se entregó
en blanco respecto del objeto de la comisión, objeto que luego fue llenado sin su
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
conocimiento posteriormente y legalizado con oficio sin número y con fecha dos meses
anterior a la comisión que involucraba el traslado del Brigadier SOCHA SALAMANCA. Qué
tiene que manifestar al respecto. CONTESTÓ: Respecto a esto tengo entendido que mi
Mayor JULIO FERNANDO SANDOVAL me entregó una plata para entregársela a mi Mayor
CUBILLOS BECERRA, el cual iba para Girardot y como JURADO trabajaba con mi Mayor
Cubillos directamente él firmó el vale sin ningún problema, al rato me dice que lo que
pasaba era que el Agente QUIROGA era quien salía a Girardot a cumplir una orden de mi
General ya que mi General tiene una cabaña en esa ciudad, pues desconozco si
realmente el dinero se destinó para lo que fue solicitado. JURADO sabía que QUIROGA salía
a las comisiones de mi General eso eran cosas que hablaban directamente los
Jefes. Mi Mayor me dijo llénelo porque se le dio la plata a JURADO pero se le dio la
plata delante de JURADO y él se dio cuenta que se llenó. Quiero dejar claro que la
comisión finalmente se cumplió no sé en qué se la gastó, pero él fue. […] PREGUNTADO:
Porque usted no le entregó la plata directamente al Mayor JUAN CARLOS CUBILLOS, estando
en la misma Dirección ANTIN. CONTESTÓ: Porque él había hablado con mi Mayor SANDOVAL
y mi Mayor CUBILLOS mandó a JURADO. Mi Mayor CUBILLOS siempre mandaba a alguien a
que recogiera el dinero cuando había comisiones, después de haber hablado y
coordinado con mi Mayor SANDOVAL eran coordinaciones que hacían ellos directamente.
Mi Mayor tenía la plata en la oficina en el CAN […] mi Mayor SANDOVAL él simplemente
ordenaba cuando tenía que entregar dinero lo sacaba y lo entregaba y desconozco si
realmente se utilizaba el dinero para los viáticos o no, simplemente él me daba la
orden para que firmaran los vales. Él decía que firmaran el vale a veces en blanco o a
veces los llenaban ellos mismos y cuando pasaba eso él me decía que lo llenara que
esa era una plata que se entregaba o que se había entregado y me daba la orden de
que lo llenara según las instrucciones de él y yo lo hacía confiado en él y
cumpliendo una orden […]. (Negrilla fuera de texto).
(vi) El 26 de agosto de 200225, el ente de control adicionó los autos de 11 de junio
y 5 de julio de 2002, y abrió investigación disciplinaria en contra del patrullero José
Laureano Monsalve Abril quien en su condición de bodeguero, facturador y auxiliar
financiero en el área de servicios y apoyo (ARSAE) de la Dirección Antinarcóticos,
presuntamente incurrió en el incumplimiento de deberes funcionales y
responsabilidades generales en el manejo de los dineros procedentes del gobierno
de los Estados Unidos, a través del convenio NAS, para gastos operacionales.
(vii) El 28 de agosto de 200226, el señor José Laureano Monsalve Abril se notificó
personalmente del auto de apertura investigación disciplinaria.
(viii) El 26 de septiembre de 200227, el procurador general de la Nación le endilgó
al investigado el siguiente pliego de cargos:
25 Folios 3165 a 3167, cuaderno 14, caja 2.
26 Folio 3171, cuaderno 14, caja 2.
27 Folios 3547 a 3733 cuaderno 16 caja 3.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
La investigación disciplinaria se circunscribe al manejo y ejecución de los dineros
provenientes del Convenio Nas, para GASTOS OPERACIONALES como apoyo para la lucha
antidrogas. […]
Lo anterior, implica que el Gobierno de Colombia cubriría los gastos administrativos
señalados anteriormente […] y no para cualquier otra actividad o gasto de tipo
administrativo […] Sin embargo, se determinó que la mayoría de estos recursos se
orientaron al manejo administrativo y no al apoyo operacional, como era la
finalidad.
[…]
CARGOS
[…]
Igualmente la antijuridicidad de las faltas deviene de la afectación de los deberes
funcionales en la gestión pública sin justificación alguna, pues la ayuda para gastos
operacionales fue suspendida por el Gobierno de los Estados Unidos hasta tanto la
Policía Nacional explique lo sucedido con estos dineros, cuyo perjuicio causado a la
administración pública con las faltas fue determinado por el sistema de muestreo en la
revisión de órdenes de pago de 2001 […] sin incluir las posibles órdenes irregulares
detectadas a finales del 2000 y primer semestre de 2002.
En efecto, del análisis de las pruebas ordenadas, recibidas y allegadas a la Investigación
que fueron relacionadas en el acápite correspondiente, se concluye que las Conductas
constitutivas de presuntas faltas disciplinarias, guardan relación con un posible
incumplimiento General y Específico de los Integrantes de la Policía Nacional,
adscritos o no a la Dirección Antinarcóticos, uniformados o no, y particulares en
prestación de servicios, en sus diferentes niveles, a los deberes funcionales y
responsabilidades generales frente al manejo y ejecución del presupuesto
aprobado para gastos operacionales en el Convenio NAS, a las responsabilidades
funcionales específicas, así como en lo relacionado con las solicitudes, justificaciones,
autorizaciones, cotizaciones, compras de bienes y servicios, verificaciones y
legalizaciones.
Incumplimiento originado en la ausencia de coordinación, supervisión, vigilancia,
planeación y control en el manejo y ejecución presupuestal de los dineros para
gastos operacionales. De seguimiento minucioso de su ejecución con el plan
estratégico, las metas y los objetivo de los planes operacionales para asegurar que se
cumpliera con los objetivos estratégicos proyectados. Así como en la falta de revisión,
comparación y redistribución de los recursos financieros requeridos para ejecutar los
planes operacionales, frente a los recursos disponibles aprobados en el presupuesto por
el Congreso de los Estados Unidos, previo estudio de las PARTES OPERATIVAS. Y
Finalmente por el no cumplimiento del Manual de Nuevos Procedimientos Financieros y
Logísticos y Subapéndice C en concordancia con las obligaciones del Apéndice Anexo
al Acuerdo General para asistencia Económica Técnica y afín entre el Gobierno de los
Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Colombia […] y las leyes
internas que regulan el manejo, gasto y ejecución de dineros, los controles
administrativos, contables y fiscales, durante la ejecución del presupuesto
asignado por la Oficina NAS, para gastos operacionales en la lucha contra el
narcotráfico, entre otras razones, porque en su manejo y ejecución no se
cumplieron las normas generales colombianas en materia contable, administrativa
y fiscal.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Según el Convenio NAS, frente al manejo y ejecución de los dineros entregados para
gastos operacionales se deben aplicar las normas internas colombianas en lo pertinente,
[…]
Respecto de las obligaciones establecidas en el apéndice Uno del Convenio suscrito entre
el Gobierno de los Estados Unidos y Colombia y el cumplimiento de las normas contables
colombianas, se observó que la Dirección Antinarcóticos frente a las órdenes de
pago, no se ajustó a los parámetros señalados en el Convenio NAS-DIRAN y al Manual
de Nuevos Procedimientos Financieros y logísticos, pues entre otros, en términos
generales, se realizaron gastos irregulares, no permitidos en los rubros
presupuestales y en la lista de gastos para el soporte operacional del Manual de
Procedimientos del Convenio, lo que deriva en un incumpliendo (sic) de las
obligaciones constitucionales y legales de acatar lo acordado en los convenios de
cooperación internacional en general, y en especial, en materia de la lucha contra el tráfico
de drogas.
[…]
En el Convenio NAS se acordó, que la Dirección Antinarcóticos asumiría mayores
responsabilidades en el uso, manejo y ejecución de los Fondos “Legajos” suministrados
para APOYO OPERACIONAL, de acuerdo al Manual de Nuevos Procedimientos
Administrativos y Logísticos […]
[…]
Responsabilidades que no fueron cumplidas por los disciplinados integrantes de la Policía
Nacional adscritos o no a la Dirección Antinarcóticos […]
Entre otras razones, por cuanto los requisitos exigidos por el Manual de Nuevos
Procedimientos Financieros y Logísticos para la legalización de gastos, no se
cumplieron en debida forma, esto es, previo cotejo y análisis de los rubros
pertinentes del presupuesto y de la lista de gastos para un correcto manejo y
protección de los recursos destinados exclusivamente para gastos operaciones en
la lucha antinarcóticos, pues aparecen órdenes de pago sin verificar el lleno de los
requisitos legales y reglamentarios, que aprueban gastos irregulares de quienes
solicitaron, autorizaron, ejecutaron o de cualquier otra manera manejaron dineros
o elementos provenientes del Gobierno de los Estados Unidos para la lucha
antidrogas, tal como se puede verificar en las órdenes de pago irregulares analizadas en
el proceso.
[…]
Si bien los dineros para gastos operacionales del convenio NAS no ingresan al
presupuesto nacional, sin dineros públicos, dado que son puestos bajo la administración
y custodia de una entidad Estatal, Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en razón
a sus funciones para ser utilizados en un fin inherente a las funciones del Estado, como
es la seguridad ciudadana en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas […]
[…]
El incumplimiento de los anteriores postulados dio lugar, entre otras irregularidades, al no
cumplimiento del reconocimiento de los hechos y actividades específicas, norma general
de contabilidad pública que regula la transparencia y planeación en el manejo de los
recursos, pues al parecer se legalizaban hechos cumplidos, es decir, primero se
realizaban los (sic) compras y después venía su legalización, conclusión que viene
de los documentos revisados, ante los constantes reembolsos con acumulación de gastos
realizados con seis meses de antigüedad, cuyas entradas al almacén se registraban al
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
momento de elaborar la orden de pago y no en la fecha en que realmente debieron
ingresar los bienes.
Resulta evidente la ausencia de planeación ante la no programación de gastos por rubros
en el Área Central, a tal punto que se permitió el gasto de recursos al acomodo o
criterio subjetivo de los funcionarios de turno, que solicitaban, autorizaban,
ordenaban, legalizaban. Así como la no aplicación de los controles establecidos en los
instructivos y en el Manual de Nuevos Procedimientos Financieros y logísticos que
garantizaban la salvaguarda de los recursos del convenio.
[…]
Al parecer el mayor porcentaje de los recursos ejecutados se orientó a cubrir
requerimientos de la parte administrativa, restringiendo la destinación de los
mismos a la parte operativa, que en últimas es el objeto principal del convenio.
[…]
Las conductas de los disciplinados que por acción u omisión no velaron ni
contribuyeron desde su propio ámbito funcional en la vigilancia en la
administración, manejo y ejecución de los recursos para Gastos Operacionales del
Convenio Nas, resultan evidentes, en la medida que su conocimiento era implícito y
explícito, como que la misión de esa Dirección era exclusiva para responder al programa
entre los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América en la lucha contra
las drogas ilícitas, de manera que permitieron que el mayor porcentaje de los recursos
del Nas se orientaran a cubrir requerimientos de la parte administrativa, limitando
la destinación de los mismos a la parte operativa que era el objeto del convenio, sin
observar las normas de contratación fiscales, contables y demás relacionadas con la
materia.
NORMAS INFRINGIDAS
Las conductas disciplinarias desplegadas por los investigados, desde su propio ámbito al
parecer llevaron a la infracción de sus deberes funcionales contenidos en los preceptos
constitucionales y legales de los artículos 4, 95 y 209 de la Constitución Política, el Artículo
40 numerales 2, 3 y 4 del Decreto 1512 de 2000; el artículo 3 numerales 2, 3 y 4 de la
Resolución 0066 de 2002 del Director General de la Policía Nacional; el artículo 3
numerales 1, 2, 3 y 4 de la Resolución 02029 del 16 de julio de 1998 del Director General
de la Policía Nacional, en concordancia con la Carta de Acuerdo para el Control de
Narcóticos, suscrita entre Colombia y los Estados Unidos de América (Proyecto
CNP/DIRAN) o Convenio NAS, y el Manual de Nuevos Procedimientos Financieros y
Logísticos, Anexos, Apéndices y Subapéndice C, incorporado a nuestra legislación interna
por la Ley 24 de 1959, así como también de las normas generales colombianas en materia
contable, administrativa y fiscal, usos y costumbres, contenidos en los Principios de la
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia – Decreto 2649 de 1993 artículos 1
al 7-, el Plan Único de Cuentas – Decreto No. 2650 de 1993 artículos 1 al 13-, el Plan
General de Contabilidad Pública – Ley 298 de 1996 y Resolución 4444 del 21 de
noviembre de 1995-, los manuales, reglamentos, directivas y controles establecidos para
el cumplimiento de las funciones públicas, los relativos a las Políticas de Ejecución y
Austeridad en el Gasto Público, normas internas de la DIRAN que se fundamentan en los
Decretos Nos,. 26 y 1737 de 1998, reiterados en los Instructivos Nos. 001 y 005 del 21 de
enero de 2002 y 6 de febrero de 2001.
Asimismo, se estableció la no observación de las Resoluciones Nos. 002 de 2000, 001 de
2001 y la 001 de 2002, proferidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre
el manejo de Cajas Menores, especialmente en lo relacionado con la legalización e
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
identificación de los gastos, prohibiciones y fianzas, en concordancia con el Manual de
Nuevos Procedimientos Logísticos y Financieros y la Resolución 5848 de 1988 del
Director de la Policía, que creó el sistema de los Fondos Rotatorios.
De conformidad con las normas mencionadas como infringidas, se procede a formular
el siguiente reproche en particular para cada uno de los disciplinados, así:
[…]
Del Área de Servicios y Apoyo, Grupos Financiero, Logístico y Talento Humano, Oficinas
de Contabilidad, Presupuesto, Central de Cuentas, Tesorería, Vehículos, Construcciones
y Almacén de intendencia
[…]
35. Intendente (sic) JOSÉ LAUREANO MONSALVE ABRIL. CC. 88.168.012 de Gramalote,
adscrito al Almacén de Intendencia del 1 de agosto de 1999 hasta el 31 de Diciembre de
2001, y Auxiliar Financiero de Arsea, Grupo Financiero desde el 26 de enero de 2001
hasta el 18 de junio de 200228.
[…]
Los disciplinados antes relacionados todos adscritos al Área de Servicios y Apoyo (ARSEA)
de la Dirección Antinarcóticos en los grupos Financiero, Logístico y Talento Humano,
durante el periodo investigado, al parecer incumplieron sus obligaciones desde su ámbito
funcional relacionado con la misión de esta dependencia, en cuanto debieron
proporcionar para la lucha contra el narcotráfico una óptima, transparente y
coordinada administración, gestión y manejo eficiente del talento humano de la
DIRAN, de los recursos financieros, logísticos y técnicos adjudicados por el
Convenio NAS 29 como gastos operacionales, deberes correlativos a la
responsabilidad en la ejecución presupuestal, como lo informan los artículos 24 al 27
de la Resolución 2029 de 1998, y 30 al 33 de la Resolución 0066 de 2002 del Director
General de las Policía Nacional; funciones certificadas por Oficinas de Talento Humano
mediante Oficio 1237 de 2002, para el Área de Servicios y Apoyo, los grupos Logístico y
Financiero, Oficinas de Contabilidad, Presupuesto, Central de Cuentas, Tesorería, Bienes
Incautados, Vehículos, Almacenista de Intendencia y de Armamento y el Grupo de Talento
Humano, asimismo determinadas en los cargos equivalentes en el Manual de Funciones
y Requisitos Mínimos para la Policía Nacional, Resolución 6062 del 16 de octubre de 1986
del Director General de la Policía Nacional en concordancia con el Manual de Nuevos
Procedimientos Financieros y Logísticos y el Sub-apéndice C y el Decreto 5848 de 1998
del Director General de la Policía Nacional por el cual se creó el Sistema de Fondo Rotario
para GASTOS OPERACIONALES30.
[…]
Ahora bien, los disciplinados adscritos a los Grupos Financiero, Logístico y Talento
Humano, Oficinas de Contabilidad, Presupuesto, Central de Cuentas, Tesorería,
Adquisiciones, Vehículos, Construcciones y Almacén de Intendencia, igualmente
responsables de la ejecución presupuestal y de la administración del proyecto, con las
funciones específicas de sus cargos y comprometidos en el programa debieron
contribuir en buscar una planeación del presupuesto para el manejo y ejecución de los
recursos para los gastos operacionales, coordinada con el plan y metas estratégicas
proyectadas, basada en parámetros sistemáticos de acuerdo de las necesidades de la
28 Folios 3597 a 3598 cuaderno 16 caja 3.
29 Sección de Asuntos Narcóticos
30 Folios 3599 y 3600, cuaderno 16, caja 3.
35
Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
contabilidad pública y demás leyes relacionadas con la materia de obligatorio
cumplimiento por el Convenio NAS31.
[…]
En los anteriores términos el grupo financiero, y sus oficinas de de (sic) Contabilidad,
presupuesto, central de cuentas y tesorería, como responsables de los procesos
presupuestales, tesorales y contables, de rendir debidamente la cuenta fiscal
correspondiente y las demás inherentes a estas actividades, al parecer no cumplieron
con sus funciones de manera eficiente y transparente, pues con la responsabilidad
de trabajar de manera coordinada y armónica, no se encontró una programación del
gasto del presupuesto del Convenio Nas para el soporte operacional que refleja un
plan de gasto orientado al cumplimiento de las metas estratégicas.32
Tampoco se realizó una constante revisión de ingresos de caja, bancos y almacén, de
planillas y formularios de impuesto a cargo, que por ausencia de facturación del impuesto
IVA de los bienes y servicios gravados en la ley tributaria, originó en múltiples
oportunidades posible evasión de este impuesto y su no reingreso posterior a los fondos
NAS por ser recursos exentos, pues la ley tributaria dispone para las entidades estatales
la retención del cincuenta por ciento del valor del impuesto facturado por el proveedor,
ciento por ciento que debía ser consignado a impuestos nacionales por los dos
retenedores, para posibilitar el posterior reintegro, lo cual no se cumplió.33
Igualmente se evidenció un incumplimiento generalizado de una correcta
elaboración de las facturas o actas de cobro, de los soportes para su cancelación,
de la orden de entrada o recibido a satisfacción, de una sistemática elaboración de la
orden de pago teniendo en cuenta el régimen a que pertenece, codificación contable
presupuestal y liquidación de impuestos nacionales, resultando protuberante la no
remisión de las órdenes de pago al ordenador de gasto con todos los requisitos exigidos
por el manual […].34
En relación con los vehículos no se adoptó políticas de coordinación y control en
los planes de programas de mantenimiento de reparación y funcionamiento, como
tampoco se verificó la aplicación de gastos para vehículos involucrados en el apoyo
operacional, ni la entrega de combustible controlada, debido a la evidencia de
suministro a vehículos que en listados aparecían como inservibles, en mal estado o
hurtados35.
[…]
Igualmente teniendo en cuenta las Resoluciones por medio de las cuales se reglamentó
el manejo de los fondos rotarios o cajas menores para Gastos Operacionales, entre otras
irregularidades, se halló:
[…]
• Ausencia de legalización de los gastos para viáticos y viajes en el territorio nacional
dentro de los cinco días siguientes.
IMPUTACIÓN JURÍDICA Y DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS
En relación con los Uniformados:
31 Folio 3601 cuaderno 16 caja 3. (Negrilla propias del texto)
32 Folio 3601 cuaderno 16 caja 3.
33 Folio 3601 cuaderno 16 caja 3.
34 Folios 3601 y 3602 cuaderno 16 caja 3.
35 Folio 3602, cuaderno 16, caja 3.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
[…] Intendente (sic) JOSÉ LAUREANO MONSALVE ABRIL Adscrito al Almacén de Intendencia,
después al Grupo Financiero […] de conformidad con las conductas antes descritas y las
normas relacionadas como infringidas en el acápite general que encabeza el reproche
para cada uno de los investigados y las normas citadas en relación con sus funciones
específicas, así como las citadas para los que participaron en gastos irregulares por visar
y/o autorizar y/o solicitar bienes y servicios de conformidad con los cuadros anexos
soportes para cada uno de ellos, presuntamente incurrieron en faltas disciplinarios
como autores por acción y omisión voluntarias36.
Lo anterior, por violación a las normas del régimen fiscal, contable y demás
disposiciones sobre la materia; por omitir el control administrativo de los dineros y
bienes provenientes del Convenio NAS, puestos bajo responsabilidad y custodia de
la DIRAN, por el uso de éstos en beneficio de terceros y aplicación o uso diferente
y/o malversarlos o permitir que otros lo hicieran, además por las omisiones tendientes
a la evasión de impuestos por la no retención de los valores correspondientes y permitir
que particulares también lo hicieran según el artículo 665 del Estatuto Tributario, y por
incumplimiento de los deberes e incursión de prohibiciones contenidas en la Constitución
Política, Tratados Públicos ratificados por Colombia y en las leyes, de acuerdo con el
numeral 10 del artículo 37, el numeral 18 y los literales c. d. i. del numeral 36 del artículo
38 y artículo 40 del Decreto 1798 de 2000; y el numeral 39 y los literales c. y d. del numeral
40 del artículo 39 y artículo 40 del Decreto 2584 de 1993, normatividades todas que de
manera correlativa consagran el principio de legalidad para las faltas antes mencionadas.
Las conductas desplegadas por los disciplinados uniformados antes mencionados, de
conformidad con los artículos 40 del Decreto 2584 de 1993, y 40 del Decreto 1798 de
2000, en concordancia con los artículos 25 numeral 4 de la Ley 200 de 1995 y 48 numeral
3 inciso segundo de la Ley 734 de 2002, provisionalmente se califican como faltas
GRAVÍSIMAS, debido a la jerarquía y mando de los servidores con cargos de
Directivos y al cargo desempeñado por los Subordinados en la Institución Policial,
el grado de culpabilidad, el grado de perturbación y la naturaleza esencial del servicio, la
naturaleza de las faltas y su efecto por el grave daño social de las conductas, los graves
perjuicios causados en relación con el servicio, y por permitir un deterioro patrimonial del
los (sic) recursos para gastos operacionales del Convenio NAS en beneficios personales,
institucionales y de terceros, a título de DOLO pues con el conocimiento de las ilicitudes
originadas en el incumplimiento de los deberes, obligaciones y responsabilidades en el
manejo de los recursos del convenio NAS, que se deriva de sus condiciones profesionales
y alta trayectoria en la Institucional Policial, además de haber sido advertidos de las
irregularidades de conformidad con los resultados de las auditorias y visitas efectuadas
por funcionarios de la oficina NAS, deliberada y voluntariamente incurrieron en las faltas
señaladas.
[…]
30. Intendente (sic) JOSÉ LAUREANO MONSALVE ABRIL adscrito al Almacén de Intendencia,
después al Grupo Financiero. Entre otras, autorizó y/o visó y/o solicitó bienes y
servicios en las siguientes órdenes de pago y/o comprobantes de egreso
presuntamente irregulares, que por el sistema de muestreo se encontraron en la
documentación aportada al proceso por el Área de Servicios y Apoyo DIRAN37.
Orden de pago ELEMENTO IRREGULARIDAD
36 Folios 3604 a 3606 cuaderno 16 caja 3. (Negrilla propias del texto)
37 Folio 3683, cuaderno 16, caja 3.
37
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Ninguna de las personas relacionadas en la
solicitud efectuada por MONSALVE ABRIL
1777-1778- corresponden a fallecidas según el Grupo
1785/2001 Coronas. Rubro 17 de Talento Humano Dirección
y Antinarcóticos, oficio No. 1584 de 16-07-02.
13 de 2002.
91-137-277- Arreglo Vehículos Vehículos no autorizados para el convenio.
1291-2027 de siglas 31-263, 31-263 Vehículo asignado a la Secretaría
2001 Placas BJV-430, 01 de Seguridad de la Presidencia de la
y 408. 31 263. Rubro República. Vehículo no autorizado en el
91 de 2002. 2. convenio.
(Las resaltas del texto corresponden a la Sala).
(ix) El 24 de octubre de 200238, el apoderado del señor José Laureano Monsalve
Abril, se notificó personalmente del auto de pliego de cargos.
(x) El 8 de noviembre del 200239, el investigado por medio de su apoderado presentó
los descargos.
(xi) El 20 de mayo de 200340, el procurador general expidió auto mediante el cual
negó la práctica de algunas pruebas y no accedió a declarar la nulidad del auto de
cargos solicitada por algunos de los investigados.
(xii) El 20 de junio de 200341, el apoderado del señor José Laureano Monsalve Abril
interpuso recurso de reposición en contra del auto anterior.
(xiii) El 15 de enero de 200442, se profirió auto mediante el cual se resolvió el recurso
de reposición, en el sentido de confirmar, en su mayoría, la decisión del 20 de mayo
de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la negación de pruebas contenidas en
los literales 46B, 10E y P, cuya práctica se ordenó y, de igual manera, se ordenó
38 Anexo 49 caja 14 sin foliar.
39 Folios 1 a 34, anexo 49, caja 14.
40 Folios 4442 a 4489 cuaderno 19, caja 3.
41 Folios 4845 a 4847 cuaderno 20, caja 3.
42 Folios 5008 a 5034 cuaderno 21, caja 4.
38
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
recibir la versión libre de otro uniformado. Tal decisión fue notificada por edicto el
10 de febrero de 200443.
(ix) El 23 de febrero de 2004 44 , se fijó fecha para la práctica de las pruebas
decretadas, decisión que le fue comunicada al apoderado del demandante 45.
(x) El 18 de noviembre de 200446, el ente de control ordenó correr traslado a las
partes investigadas para que presentaran alegatos de conclusión47.
(xi) El 15 de abril de 200548, el procurador general de la Nación profirió decisión de
única instancia mediante la cual sancionó disciplinariamente al señor José Laureano
Monsalve Abril con destitución e inhabilidad por el término de 5 años para ejercer
cargos públicos por las siguientes razones:
[…]
Valorados los cargos, descargos, alegatos de conclusión y pruebas allegadas al
expediente, a esta altura de la investigación, el Despacho encuentra que en efecto las
normas 4, 94 y 209 de la carta fueron vulneradas por los disciplinados […] MONSALVE
ABRIL, […] y las exculpaciones dadas por la defensa material o técnica en sus
descargos no pueden ser de recibo, no solo en cuanto a la justificación dada
respecto al cumplimiento de sus funciones como ayudantes o auxiliares contables
o financieros o radicadores, sino frente a la justificación que dieron en relación con los
comprobantes de egreso que se le cuestionaron en el auto de cargos. En cuanto al
reproche hecho en el auto de cargos por la posible solicitud irregular de elementos,
razón le asisten en esta parte a los investigados y a sus defensores cuando
manifiestan que quien decidía sobre la solicitud de los elementos requeridos por
las diferentes dependencias de la DIRAN era el Jefe del ARSEA, quien además escogía
al proveedor y ordenaba el suministro de los elementos o pasajes49.
[…]
De no ajustarse la solicitud a los objetivos del convenio NAS, esto es, que los
elementos o servicios solicitados no contribuyeran para el apoyo operacional en la lucha
antinarcóticos, el jefe del ARSEA debía rechazar la solicitud del bien o servicio, o darle
el trámite correspondiente por el presupuesto Nacional en caso de ajustarse a los
trámites legales para el efecto.
43 Folios 5135 a 5136 cuaderno 21, caja 4.
44 Folios 5137 a 5155 cuaderno 21, caja 4.
45 Folio 5169 cuaderno 21, caja 4.
46 Folios 10187 a 10188 cuaderno 40 caja 7.
47 El investigado no presentó alegatos de conclusión conforme se aprecia en el folio 315 vuelto del
cuaderno principal.
48 Folios 6A al 422 cuaderno principal.
49 Folio 317 vuelto cuaderno principal.
39
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Quedó probado con la prueba testimonial recogida, versiones libres de los implicados […]
MONSALVE ABRIL […] y sus descargos, entre otros, que entre las funciones asignadas
como ayudantes y auxiliares contables del ARSEA, se encontraba la de revisar las
facturas por compras hechas con recurso (sis) Nas y además de verificar la suma
aritmética y el valor del IVA, que estuvieran debidamente soportadas con la
solicitud autorizada por el jefe del ARSEA o del CR. GONZÁLEZ AGUILAR y la legalización
correspondiente, esto es con el recibido a satisfacción en caso de servicios prestados,
entrada y salida de Almacén de los elementos adquiridos, la justificación del gasto y su
destino, y para el caso de comprobantes de egreso, la constancia de la orden de
operaciones y constancia del comandante de zona, en el sentido que se había surtido
la comisión o recibido los elementos solicitados para esa zona o compañía Antinarcóticos,
y de esta forma soportar las diferentes órdenes de pago y los avances que se hacían
al fondo rotatorio del ARSEA, pues se trataba de una exigencia del Manual de
Procedimientos y de los funcionarios de la NAS; sin embargo tal función no se
cumplió a calidad por parte de estos disciplinados […]50.
[…]
Para el caso de […] Y MONSALVE ABRIL si bien es cierto operaria el mismo fenómeno en
cuanto que las solicitudes que realizaron, cuestionadas en los cuadros anexos al
auto de cargos, las hicieron por órdenes de sus superiores y más concretamente
por orden del Jefe del ARSEA, quien también las autorizaba, lo cual en principio los
relevaría de cualquier reproche, dado que desde sus cargos y posiciones no tenía la
autoridad ni mando suficiente para incidir en la solicitud, como lo señalan las
defensas de estos disciplinados en sus descargos, también es cierto que de acuerdo con
la función encomendada de revisar y seleccionar los legajos para ser enviados a la
Oficina Nas de la Embajada Americana para el respectivo reembolso, no cumplieron
a cabalidad ni con el debido celo tal función, pues se encontró en la etapa de
descargos que fueron las múltiples órdenes de pago que no se encontraba (sic)
soportadas con todos los documentos que exigía no solo el manual sino las normas
fiscales y contables colombianas, para el caso de Monsalve Abril se observa tal
irregularidad en las órdenes de pago No. 1777, 1778 y 1785, pues como se dijo, ninguna
de las personas relacionadas en la (sic) solicitudes de coronas efectuadas por este
disciplinado aparece como fallecida, según certificación dada por la oficina de talento
Humano de la DIRAN y como consta en los Oficios No. 1439 del 21 de junio de 2002, 1454
del 5 de julio de 2002, 1512 y 1411 del 9 de julio de 2002, que obran a folios 37 al 47 del
cuaderno No. 2 del informe de la Comisión Interinstitucional51.
[…]
En las órdenes de pago No. 34, 30, 25, 91, 93, 142, entre otras, relacionadas con
alimentación, víveres, coronas etc. no obran órdenes de operación, constancias de
recibidos a satisfacción, carecen de cotizaciones, no obstante haber sido una
función encomendada a estos disciplinados y concretamente a ABRIL MONSALVE
(sic), cuando debía revisar los legajos para ser enviados a la Embajada Americana
para su respectivo reembolso y como se determinó en la visita administrativa del 17 de
marzo al Grupo Financiero del ARSEA, cuaderno original No. 30, a lo largo del año 2001 y
corrido del 2002, fueron múltiples los oficios de la Nas devolviendo facturas y consecutivos
de los diferentes legajos, por no reunir los requisitos del Manual de procedimientos y las
leyes colombianas en cuanto a fiscalización y contabilidad se refiere52.
La situación se hace más reprochable para MONSALVE ABRIL […] quienes siguiendo
instrucciones del Jefe del ARSEA JULIO SANDOVAL GÓMEZ, hicieron firmar recibos en
50 Folio 318 cuaderno principal.
51 Folios 318 vuelto y 319 cuaderno principal.
52 Folios 319 cuaderno principal.
40
Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
blanco a varios miembros de la DIRAN, bajo el pretexto de que iban a ser enviados a
comisiones especiales a otras ciudades del país, como es el caso de MAURICIO
JURADO RODRÍGUEZ y ANDREA CHAPAL CORDOBA, comisiones que nunca se
concretaron53, sin embargo, tales recibos posteriormente fueron llenados y utilizados
para soportar egresos de los Fondos Nas y para solicitar su reembolso, tal como se
estableció en la presente investigación, lo que evidencia una alianza entre estos tres
disciplinados […] para aprovecharse indebidamente de los recursos Nas; con el
oficio No, 043 de 10 de enero de 2002, que obra en el cuaderno original No. 30, se
evidencia no solo que esta afirmación resulta cierta sino que la Nas rechazó tales gastos,
por no tener la orden de operación, ni constancia del Jefe de la Zona, sobre la comisión
realizada, FL. 7747 c.o. No. 30. A ello se suma la afirmación categórica que al respecto
hicieron los disciplinados MAURICIO JURADO y ANDREA CHAPAL CORDOBA en sus respectivas
versiones y descargos presentados ante la Procuraduría Delegada para la Policía
Nacional. Luego de la exculpación del defensor de MONSALVE ABRIL en el sentido de
que cumplía órdenes superiores, en este caso del Jefe del ARSEA, para pretender
exonerarse de responsabilidad, no resulta acertada ni es de recibo, en tanto está
demostrado que como subordinado, aceptó la realización de conductas que
invaden el campo penal, al consignar en los respectivos recibos hechos contrarios
a la verdad, siendo claro que no puede constituir causal de exclusión de
responsabilidad el cumplimiento de órdenes superiores que conducen a la
comisión de posibles delitos; en otras palabras, no correspondía a una orden legítima
ni lógica, por lo que el implicado no estaba obligado a cumplirla. Por esas circunstancias
se dispondrá remitir copia de esta providencia a la justicia penal ordinaria para lo de su
competencia. Aunque el Superior de este disciplinado, SANDOVAL GÓMEZ, no concurrió a
las citaciones que le hizo la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, para
escucharlo en relación con lo dicho por MONSALVE ABRIL, los otros medios probatorios
allegados permiten llegar a las conclusiones plasmadas y dan certeza sobra las conductas
en que incurrió este disciplinado54.
[…]
En estas condiciones los disciplinado (sic) […] MONSALVE ABRIL, […] necesariamente por
la función o labor de revisión de legajos y coordinación de pasajes debían haber
acatado no solo lo previsto en el rubro 18 de la sección cuatro del Manual, que exige
que por Misiones especiales o por comisiones especiales, se debe aportar la orden
de operaciones, sino que ellas tenían que ser legalizadas dentro de los siete días
siguiente (si) a la celebración de la comisión, como lo exigen las normas contables y
fiscales colombianas en esta materia, además que los principios de transparencia,
moralidad, eficiente y eficacia de la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de
las funciones administrativas, contenidos en la Carta Política y en la Ley de contratación,
así se lo demandaban.
[…]
El Despacho reitera que con las pruebas allegadas en la etapa de descargos se
demuestra el reproche hecho a los disciplinados […] MONSALVE ABRIL, […] en cuanto a las
irregularidades encontradas en los comprobantes de egreso 803, 806, 839 y 868
entre otros, que al no poderse justificar ni legalizar, evidencian un aprovechamiento
personal indebido de esos recursos, lo que debe ser reprochado con rigor, por la
falta de transparencia en el actuar de los disciplinados, sino de aquellos que tenían
la función de controlar el destino de esos recursos y que por su falta de control
permitieron el aprovechamiento indebido por parte de otros servidores públicos, a
53 Negrillas y mayúsculas propias del texto.
54 Folio 319 cuaderno principal.
41
Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
sabiendas de que estaban llamados a preservar los recursos públicos que les
habían sido confiados.
[…]
Acreditado que estos disciplinados […]recibieron los dineros mencionados en los
comprobantes de egreso 803 y demás enunciados y que […] y MANSALVE (sic) ABRIL no
hicieron los controles a los que estaban llamados, además que este último y […],
en connivencia con […], se aprovecharon indebidamente de recursos NAS, se infiere
lógicamente que los primeros se beneficiaron de manera personal y los segundos
permitieron el beneficio de otros servidores, lo cual constituye falta disciplinaria que
debe ser sancionada55.
NORMAS DISCIPLINARIAS INFRINGIDAS – FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE
LA FALTA Y ANÁLISIS DE LA CULPABILIDAD
[…]
En este sentido los disciplinados enunciados en este acápite al posesionarse juraron
cumplir la constitución y la ley y al no haberlo acatado, se encuentran incursos en falta
disciplinaria al tenor del artículo 6º Constitucional y 23 de la Ley 734 de 2002.
De todas las normas disciplinarias citadas en el pliego de cargos como infringidas por
parte de […] MONSALVE ABRIL, […] por las irregularidades señaladas con los
comprobantes de egreso 803 y 806 y demás enunciados, solamente se mantienen
el incumplimiento de los deberes constitucionales señalados, […] y el numeral
10del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000, por incumplimiento de las normas
contables referidas, vigentes para la época de los hechos reprochados y la del
numeral 4º, del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, por remisión del artículo 40 del decreto
1798 de 2000 y del 21 de la Ley 734 de 20032, esta última norma adjetiva en orden público
aplicable en la investigación que nos ocupa, para el caso de todos los disciplinados
cuestionados en este acápite.
En consideración del despacho que las faltas contenidas en los literales c), d), e i), del
artículo 38 del Decreto 1798 de 2000, quedan inmersas en las anteriores y por ende no
deben ser cuestionadas dos veces.
En las anteriores condiciones la calificación provisional de la falta como GRAVÍSIMA hecha
en el pliego de cargos se mantiene y así se califica definitivamente, por quebrantar no
solo principios constitucionales sino por estar taxativamente consagrada como tal en los
estatutos disciplinarios citados como vulnerados por los disciplinados.
La forma de culpabilidad determinada a título de DOLO en el pliego de cargos igualmente
se mantiene en este momento procesal, pues el dolo disciplinario deviene del
conocimiento del deber funcional, sea este de carácter constitucional, legal o
reglamentario, que el servidor público en su relación de especial sujeción tiene con el
Estado, y conscientemente lo incumple sin justificación alguna, […]
[…]
GRADUACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN
Los disciplinados […] MONSALVE ABRIL […] por las conductas irregulares anotadas en el
acápite anterior, probadas con las evidencias debidamente allegadas al plenario, que
constituyen faltas disciplinarias al tenor del artículo 6º constitucional y de lo preceptuado
55 Folio 321 cuaderno principal.
42
Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
en los artículos 39.39 y 40 del decreto 2584 y 37.10 del Decreto 1798 de 2000 y del 25.4
de la ley 200 de 1995, por remisión del artículo 40 de los Decretos 2584 de 1993 y 1798
de 2000 y artículo 21 de la ley 734 de 2002 […] se hacen acreedores a la máxima sanción
contemplada en sus estatutos especiales; como es la DESTITUCIÓN de la Policía Nacional
e INHABILIDAD para ejercer cargos públicos por el término de cinco años tal como lo
preceptúa los artículos 31 y 98 del decreto 2584 de 1993 y 42 del Decreto 1798 de 2000,
vigentes para la época de ocurrencia de las faltas disciplinarias probadas a estos
disciplinados.
Los disciplinados […] MONSALVE ABRIL […] a pesar de no registrar antecedentes
disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, no se hacen acreedores a la
dosificación de la sanción, pues la conducta que dio lugar a la falta de cumplimiento de
sus funciones como ayudantes y auxiliar contables del grupo Financiero del ARSEA y a un
aprovechamiento personal indebido de recursos procedentes del Convenio Nas, los que
les fueron entregados por el Jefe del ARSEA, así como por estar catalogadas como faltas
Gravísimas Dolosas, no permiten dosificación alguna […]. (Resalta la Sala).
(xii) El 24 de mayo de 200556, se fijó edicto mediante el cual se notificó el fallo de
única instancia proferido el 15 de abril de 2005 por el procurador general de la
Nación.
(xiii) El 1 de junio de 200557, el apoderado del señor José Laureano Monsalve Abril
radicó memorial mediante el cual interpuso recurso de reposición en contra de la
decisión anterior.
(xiv) El 17 mayo de 200658, el procurador general de la Nación resolvió el recurso
de reposición y confirmó la decisión de única instancia. En relación con los
argumentos planteados por el demandante, el ente de control señaló:
[…]
Tampoco se encuentran de recibo los argumentos expuestos a favor del patrullero JOSÉ
LAUREANO MONSALVE ABRIL, por las siguientes razones:
Todos los servidores públicos, independientemente de su grado o cargo por su relación
de sujeción especial con el estado, deben acatar el cumplimiento de la Constitución, la
ley y los reglamentos, en tanto la condición de patrullero de la Policía Nacional, de este
investigado, no lo releva de cumplir las funciones encomendadas por la ley o reglamento.
En este orden de ideas este disciplinado, además del deber de acatar el Manual de
Procedimientos Financieros y Logísticos, tenía el de cumplir aquellas funciones que sus
superiores le impusieran dentro del marco constitucional y legal, tal como la de ser
auxiliar financiero para revisar los soportes de las órdenes de pago, seleccionando
56 Folio 12210, cuaderno 48, caja 8.
57 Folios 13613 a 13633 cuaderno 54 caja 9.
58 Folios 13672 a 14015 cuaderno 56 y 57 caja 9.
43
Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
las solicitudes de elementos, autorizaciones, facturas originales, recibidos a
satisfacción, entradas a almacén y legalizaciones de comisiones para ser enviados
a la oficina Nas para el reembolso respectivo, las que no fueron cumplidas por este
disciplinado, circunstancias de tiempo modo y lugar que se circunscriben a las
fechas de las órdenes de pago y comprobantes de egreso que le fueron
relacionadas y citadas como irregulares en el respectivo cuadro anexo al pliego de
cargos.
[…]
La policía como cuerpo armado de naturaleza civil que es, para mantener el orden y la
disciplina, y para lograr que bajo específicas circunstancias, las órdenes impartidas sean
cumplidas, impone a los subordinados el deber y la obligación de acatar esas órdenes, lo
cual no puede entenderse en ningún caso, que es un mandato que habilita para proferir
órdenes contrarias al orden constitucional o legal, o violatorias de derechos humanos o
de derechos fundamentales y menos aún para impartir órdenes que sean abiertamente
ilegales.
[…]
A esto debe agregarse que las versiones recibidas a lo largo de la investigación
disciplinaria que inculpan al agente MONSALVE ABRIL sobre el procedimiento que
seguía para conseguir firmas para soportar comisiones especiales no realizadas,
son actuaciones que se encuentran soportados no solo con los descargos presentados
por dichos disciplinados, sino por nuevas denuncias realizadas en los escritos
impugnatorios al fallo recurrido, como es el caso de JULIO CESAR RINCÓN y PATRICIA
RODRÍGUEZ RÍOS, quienes corroboran los hechos reprochados tanto en el pliego de
cargos como en la fallo sancionatorio impugnado, pruebas todas ellas que valoradas
integralmente le dan a este Despacho elementos suficientes para deferirle
responsabilidad a este investigado, resultando innecesario decretar otros testimonios o
pruebas para comprobar su veracidad, como lo pide la defensa de este disciplinado en su
recurso. Por estas razones, la sanción impuesta a este disciplinado se confirmará en la
parte resolutiva correspondiente 59 […].
(xv) El 16 de junio de 200660, se fijó edicto con el fin de notificar la providencia
anterior y el 30 de ese mes y año61, el ente de control expidió constancia en la que
indicó que tal decisión quedó ejecutoriada el 21 de junio de esa anualidad.
2.3.3. Otras pruebas valoradas dentro de la investigación disciplinaria
2.3.3.1. Documentales
(i) El 24 de agosto de 198862, la Policía Nacional expidió la Resolución 5848, por la
cual se creó un sistema de fondo rotatorio para efectuar gastos en la Dirección
Antinarcóticos, de la cual se extrae lo siguiente:
59 Folios 13788 a 13790 cuaderno 56 caja 9.
60 Folios 14070 a 14073 cuaderno 58 caja 9.
61 Folios 14076 a 14077 cuaderno 58 caja 9.
62 Folios 101 a 103, anexo 5, caja 10.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Artículo 3º. Los dineros del Fondo Rotatorio estarán destinados a atender gastos
determinados por el convenio celebrado entre los gobiernos de Estados Unidos y
Colombia de carácter permanente que por su especial importancia y urgencia no puedan
someterse al régimen ordinario de compras.
[…]
Artículo 7º. La comprobación de los gastos que afecten los Fondos Rotatorios se hará
mediante facturas o recibos originales, debidamente cancelados por los beneficiarios de
los pagos aprobados por el Director Antinarcóticos.
(ii) El 16 de julio de 199863, el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Resolución
02029, por la cual se desarrolla la estructura orgánica y se determinan los procesos
de la Dirección Antinarcóticos, en ella se determinó que la misión de esa
dependencia consistía en «conducir acciones integrales y efectivas indispensables
para neutralizar y reducir las manifestaciones del narcotráfico en el territorio
nacional, contribuyendo eficazmente a lograr los propósitos institucionales de orden,
tranquilidad y seguridad ciudadana»64 y en su artículo 24 precisó que la misión del
área de servicios y apoyo consistía en «proporcionar para la lucha contra el
narcotráfico una óptima administración el talento humano que integra el organismo
especializado, al igual que gestionar y manejar eficientemente los recursos
financieros y logísticos necesarios, adjudicados para suplir las necesidades de
todas las unidades».
(iii) El 10 de septiembre de 199865, el director de la Policía Antinarcóticos expidió la
Resolución 0013, por la cual se creó el Fondo Rotatorio para atender los gastos de
esa dirección.
(iv) El 3 de marzo de 199966, se expidió la cuarta edición del Manual de Nuevos
Procedimientos Financieros y Logísticos del Programa Antinarcóticos de la Policía
63 Folios 66 a 70 cuaderno 1, caja 1.
64 Artículo 2 del decreto en cita.
65 Folios 106 y 107 anexo 5, caja 10.
66 Folios 164 a 197, cuaderno 1, caja 1.
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Nacional67, en el cual se observa la lista de gastos para el soporte operacional y en
ella, los rubros correspondientes a:
2. REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS gastos tendientes a la conservación y
reparación del equipo automotor de la POLICÍA ANTINARCÓTICOS […] 7. COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS Y GENERADORES compra de gasolina extra, gasolina corriente, A.C.P.M.,
aceites lubricantes en general y pipetas de gas. […] 8. VÍVERES EN OPERACIONES
ESPECIALES Compa de raciones de víveres utilizados única y exclusivamente en
operaciones especiales y alimentos para canes antinarcóticos. […] 17. GASTOS
CEREMONIALES Compra de placas honoríficas, escudos ceremoniales, recordatorios
(pisapapeles, banderas, estatuilla, esferos, etc.). Arreglos florales y sufragios para
entierros y ceremonias. Ningún otro tipo de gasto bajo este rubro es autorizado, sin previa
concertación entre las dos partes. 18. MISIONES ESPECIALES Pago de Alimentación,
pasajes, alojamiento y transporte dentro del país: Comisiones Especiales. Estas
comisiones deben tener una orden de operación debidamente autorizada. Copias
de estas autorizaciones deberán ser anexadas a los legajos.
En el capítulo «solicitud de reembolso por gastos de soporte operacional incurridos»
de ese manual, se precisó el procedimiento a seguir para ello, así:
11.1 El Auxiliar financiero se encargará de agrupar y ordenar por rubros
presupuestales los originales de las facturas y recibos de los gastos operacionales
y la lista de gastos autorizada. El ordenamiento de las cuentas y resumen de valores
debe facilitar los registros contables y el control de la ejecución presupuestal
individualmente por Áreas y Zonas.
11.2. Tomando las facturas y recibos, de acuerdo a lo descrito en el parágrafo anterior, El
Área de Servicios y Apoyo elaborará la siguiente documentación para tramitar el
reembolso ante la Embajada Americana, por los gastos incurridos.
11.3 Diligenciar el formato columnario que lista los diferentes gastos operacionales,
resumiendo y totalizando el valor en cada tipo de gasto en pesos colombianos.
Seguidamente de los valores en pesos, establecer el equivalente en dólares para lo cual
el Área de Servicio y Apoyo debe consultar a la Oficina NAS la rata de cambio del día en
que se prepara la cuenta de pago (voucher). La rata de cambio es diaria e inte ente (sic)
establecida por la Embajada Americana para sus transacciones contables.
11.4. Adjuntar el formato columnario, las facturas agrupadas por Zonas y Divisiones
enviar esta documentación a la Oficinas NAS mediante oficio remisorio solicitando el
reembolso por los gastos incurridos.
(v) El 25 de junio de 199968, se suscribió una carta de acuerdo para el control de
narcóticos entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, en la página 4 del
67 En el reporte de auditoría presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se
informó que este manual fue desarrollado durante 1998, por la NAS y la Policía Nacional (folios 198
a 207, cuaderno 1, caja 1, particularmente en el folio 200).
68 Folios 88 a 100 cuaderno 1, caja 1.
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acuerdo se precisa que «el Anexo C contiene la lista de los rubros presupuestales
que están autorizados para ser apoyados con fondos del Gobierno de los Estados
Unidos». Adicionalmente, en el literal E. del aludido acuerdo, se determinó que «el
Gobierno de Colombia asegurará la realización de las operaciones reales día tras
día […] mediante el suministro de los correspondientes fondos para los gastos
administrativos normales y relacionados, tales como los valores de arrendamientos
y de servicios públicos, los costos de teléfono […]».
El apéndice 1 del Convenio NAS, en su numeral IV, que trata sobre las
responsabilidades del Gobierno de los Estados Unidos, determinó lo siguiente en
torno al financiamiento y los fondos de apoyo operacional:
A. Financiamiento
1. El apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos al Ministerio de Defensa Policía
Nacional de Colombia / Dirección Antinarcóticos será suministrado bajo este Apéndice
tanto del Plan Colombia Suplementario y las asignaciones anuales del Departamento de
Estado […]
[…]
d) Apoyo Área de Servicios y Apoyo (incluye construcción y seguridad de bases).
2. Fondos de Apoyo Operacional (“Legajos”. La Sección de Asuntos Narcóticos de la
Embajada de Estados Unidos suministrará los fondos para apoyo operacional que
serán manejados por la Policía Nacional de Colombia/Dirección Antinarcóticos, de
acuerdo con los procedimientos aprobados por la Sección de Asuntos Narcóticos.
[…]
(vi) El 9 de febrero de 200169, el patrullero José Laureano Monsalve Abril le solicitó
al jefe del Área de Servicio y Apoyo la adquisición de 20 coronas para el siguiente
personal de la Institución, caído en combate:
• 02 Coronas AG. Antonio Aparicio Estupiñan
• 02 Coronas AG. Arturo Parra
• 02 Coronas PT. Jacinto Niño
• 02 Coronas PT. Vicente Oviedo
• 02 Coronas PT. Ignacio González
• 02 Coronas AG. Vidal Ramírez Moreno
69 Folio 88 anexo 191 caja 31.
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• 01 Corona AG. Jair Camargo
• 01 Corona AG. Leónidas Gutierrez Melo
• 01 Corona AG. Mariano Carrillo Muñoz
• 01 Corona AG. Hernando Ruíz Jiménez
• 01 Corona PT. Wilson Cáceres
• 01 Corona AG. Alfredo Manrique
• 01 Corona CS. Tomas Bohórquez Carreño
• 01 Corona S.S. Campo Elías Bohórquez
(vii) El 22 de febrero de 200170, la señora Aura Latorre suscribió la solicitud de pago
001 en la que indicó que la Policía Antinarcóticos le debe la suma de $ 1.720.000
por concepto de 20 coronas.
(viii) El 25 de febrero 2001 71 , el patrullero José Laureano Monsalve Abril dejó
constancia de que los familiares de los uniformados fallecidos recibieron las coronas
de conformidad con las facturas adjuntas en la cuenta de cobro 001.
(ix) El 12 de marzo de 200172, el director de la Policía Antinarcóticos expidió la
Resolución 003, por la cual se modificó el manejo de los fondos rotatorios, y entre
las determinaciones adoptadas, se fijó la siguiente:
Artículo 1. Responsabilizar a cada uno de los Ejecutores del presupuesto de los
Fondos Rotatorios, Comandantes de zona y Jefes de Área de la eficiente
administración y correcta ejecución de los gastos necesarios para las diferentes
operaciones teniendo en cuenta los rubros autorizados según el acuerdo bilateral de los
Gobiernos de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Colombia.
(x) El 4 de abril de 200173, el accionante le solicitó al jefe del Área de Servicio y
Apoyo la adquisición de 2 coronas para el siguiente personal de la Institución, caído
en combate:
• 02 Coronas DG. María Hernández de González
70 Folios 79 a 86 anexo 191 caja 31.
71 Folio 87 anexo 191 caja 31.
72 Folios 104 a 105, anexo 5, caja 10.
73 Folio 184 anexo 191, caja 31.
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(xi) El 11 de abril de 200174, el actor le solicitó al jefe del Área de Servicio y Apoyo
la adquisición de 10 coronas para el siguiente personal de la Institución, caído en
combate:
• 02 Coronas AG. Mesías Paredes Rojas
• 02 Coronas AG. Bernardo Carrillo
• 02 Coronas SI. Calixto Rincón Vega
• 02 Coronas AG. María Santana de Acevedo
• 02 Coronas AG. Néstor Bernal Fernández
(xii) El 12 de junio de 200175, el patrullero José Laureano Monsalve Abril solicitó al
jefe del Área de Servicio y Apoyo autorizar el arreglo del vehículo Toyota Hilux de
siglas 01-408 que está asignado a la Dirección Antinarcóticos.
(xiii) El 15 de junio de 200176, la Dirección Antinarcóticos registró la orden de pago
núm. 277 por valor de $2.235.080 con el fin de sufragar el arreglo de la camioneta
Ford 150 de siglas 31-245.
(xiv) El 13 de agosto de 200177, la Dirección Antinarcóticos registró la orden de pago
núm. 1291 por valor de $594.305 con el fin de sufragar el arreglo de la camioneta
Toyota Hilux de siglas 01-408.
(xv) El 3 de septiembre de 200178, el actor solicitó al jefe del Área de Servicio y
Apoyo, ordenar la adquisición de 2 coronas grandes para el personal caído en
combate.
74 Folio 181 anexo 191, caja 31.
75 Folio 4 anexo 169 caja 28.
76 Folio 77, anexo 169, caja 28.
77 Folio 1, anexo 169, caja 28.
78 Folio 91, anexo 191, caja 31.
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(xvi) El 3 de septiembre de 200179, el accionante solicitó al jefe del Área de Servicio
y Apoyo autorizar el arreglo de la camioneta Ford-Explorer de siglas 31-263
asignada a la presidencia.
(xvii) El 31 de octubre de 200180, la Dirección Antinarcóticos registró las órdenes
de pago núm. 1777 y 177881 por valores de $ 2.566.900 y $ 3.839.900 con el fin de
sufragar el suministro de coronas fúnebres.
(xviii) El 6 de diciembre de 200182, la Dirección Antinarcóticos expidió orden de
pago núm. 1785 por valor de $ 1.741.825 con el fin de pagar el suministro de
coronas fúnebres.
(xix) El 21 de diciembre de 200183, la Dirección Antinarcóticos expidió orden de
pago núm. 2027 por valor de $3.808.890 por concepto del arreglo de la camioneta
Ford Explorer, de siglas 31-263 de la DIRAN.
(xx) El 2 de enero de 200284, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la
Resolución 001, por la cual se reglamentó la constitución y funcionamiento de las
cajas menores, cuya aplicación cobija a «los órganos que conforman el Presupuesto
General de la Nación y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y
Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas con carácter no
financiero respecto de los recursos que la Nación asigne a estas», en cuyo artículo
5, parágrafo 2, se determinó que: «la legalización de estos gastos deberá efectuarse
durante los cinco (5) días siguientes a su realización» y en su artículo 20 previno:
Los funcionarios a quienes se les entregue dinero para constituir Cajas Menores o en los
casos previstos en el artículo de la presente resolución, se harán responsables fiscal y
pecuniariamente del incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este
dinero.
79 Folio 95 anexo 214 caja 34.
80 Folio 65 anexo 191 caja 31.
81 Folio 1979, anexo 191, caja 31.
82 Folio 89, anexo 191, caja 31.
83 Folio 76, anexo 203, caja 33.
84 Folios 173 a 178, anexo 5, caja 10.
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(xxi) El 9 de enero de 200285, la Dirección de Antinarcóticos expidió la orden de
pago núm. 13, por concepto de suministro de coronas a la Dirección Administrativa
ANTIN, por valor de $2.576.550.
(xxii) El 16 de enero de 2002 86 , el Ministerio de Defensa Nacional expidió la
Resolución 0066, por la cual se definió la estructura orgánica interna de la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional, y en sus artículos 30 y 32 determinó las
funciones que cumplirían el área de servicio y apoyo y el grupo financiero, así: en
cuanto a la primera, comprenden las de i) administrar en forma transparente,
equitativa y oportuna el talento humano y los recursos financieros, logísticos y
técnicos asignados a la dirección; ii) gestionar partidas presupuestales adicionales
para el cumplimiento de la misión y iii) las demás asignadas en la ley y los
reglamentos; en cuanto al segundo, se contraen a i) responder por los procesos
presupuestales, tesorales y contables, ii) rendir eficientemente la cuenta fiscal
correspondiente y iii) las demás asignadas por la ley y los reglamentos.
(xxii) El 21 de enero de 200287, la Dirección de la Policía Antinarcóticos emitió el
Instructivo 001, por el cual formuló unas políticas de ejecución y austeridad en el
gasto público y, entre ellas, en relación con la situación de duelo, planteó la
posibilidad sustituir las tradicionales muestras de solidaridad,
reemplazándolas por la asistencia de un grupo de personal para hacer
acompañamiento o realizar llamadas telefónicas, a fin de evitar incurrir en
gastos innecesarios; además, en relación con los vehículos, se indicó que a estos
tan solo se les suministraría gasolina de lunes a viernes y que existiría control por
parte del jefe de vehículos o comandantes de unidades. En lo que respecta a
viáticos y gastos de viaje, se determinó que los ordenadores del gasto
controlarían estrictamente su ejecución, realizarían cronogramas de las
85 Folio 185, anexo 210, caja 34.
86 Folios 71 a 79 cuaderno 1, caja 1.
87 Folios 1358 a 1360 cuaderno 6, caja 1.
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comisiones y los ajustarían al mínimo de personal, días y mayor cantidad de
actividades a ser realizadas en una sola comisión.
(xxiii) El reporte de auditoría, sin fecha, rendido por la inspectora general del
Departamento de Estado de Los Estados Unidos88, en el cual se informaron, entre
otros resultados de revisión, los siguientes:
La PNC respondió adecuadamente las inquietudes de la OIG relacionadas por las 105
facturas cuestionables. Los contadores de la PNC y el personal administrativo ubicaron
documentación de soporte y suministraron explicaciones razonables para la vasta
mayoría de estas adquisiciones. Las pocas excepciones fueron las facturas para
combustible de vehículos y reparaciones.
[…]
Actualmente, la NAS en Bogotá paga pro (sic) los gastos básicos operacionales que
ejecuta la PNC (tales como gastos ceremoniales […]
[…]
Las carpetas de fondos de cuentas son usados para suministrar combustible para los
vehículos de la PNC que apoyan el programa antinarcóticos. […]
[…]
Con relación a la reparación de vehículos, la NAS debe tomar ventaja del hecho que las
PNC mantiene detalladamente archivos de historia por cada vehículo apoyado por las
cuentas de archivo […]
[…]
Actualmente, la NAS en Bogotá paga los gastos de operación básicos que ejecuta la PNC.
Estos gastos incluyen gastos ceremoniales, suministros de limpieza, tratamientos de
tanques infectados, utilidades públicas, y agua para beber. Los gastos de operación
básicos son temas de presupuesto que la organización policial debería respaldar con el
fin de ser autosuficiente, La embajada debería negociar con la élite de liderazgo del
gobierno Colombiano, un plan realista para el pago de los gastos básicos operacionales
de la PNC.
(xxiv) El 23 de enero de 200289, la Dirección Antinarcóticos expidió orden de pago
núm. 91 por valor de $ 164.962 con el fin de sufragar el arreglo de la camioneta
Ford-Explorer de siglas 31-263.
88 Folios 198 a 207, cuaderno 1, caja 1.
89 Folio 92 anexo 214 caja 34.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
(xxv) El 27 de mayo de 200290, se remitió un organigrama del personal integrante
de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y en el Área de Servicios y
Apoyo, aparece el demandante, como auxiliar financiero.
(xxvi) El 21 de junio 91 y el 5 de julio 2002 92 , mediante Oficios 1439 y 1554 la
abogada comisionada de la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la
asesora disciplinaria y al jefe de Talento Humano de la Dirección Antinarcóticos
informar si las personas93 allí mencionadas, fallecieron en desarrollo de actividades
inherentes al servicio prestado en la Dirección de Antinarcóticos.
(xxvii) Mediante Oficio 151294 el jefe del Grupo de Talento Humano de la Dirección
Antinarcóticos informó a la Procuraduría General de la Nación que el único policial
adscrito a esa Dirección fallecido durante el año 2001 en desarrollo de actividades
inherentes al servicio, fue el patrullero Castro Barrera Laureano. Asimismo, indicó
que el resto de uniformados relacionados en el Oficio 1554 del 5 de julio de 2002
no hacen parte de esa unidad. En igual sentido respondió la asesora disciplinaria
de esa dirección95.
(xxviii) El 13 de septiembre de 200296, mediante oficio 2321 el jefe del Grupo de
Talento Humano Antinarcóticos envió a la procuradora delegada para la Policía
Nacional la información respecto de los cargos del personal adscrito a la Dirección
Antinarcóticos en donde se observa que el patrullero Monsalve Abril José Laureano
90 Folio 902, anexo 4, caja 1.
91 Folios 40 y 41, anexo 5, caja 10.
92 Folios 43 y 44 anexo 5 caja 10.
93 El personal a que se refiere se encuentra enlistado dentro del aludido oficio, así: AG. Pinilla Carlos
Julio, AG. Vargas Carlos José, SP. Garzón Ángel María, SV. Sepues José, PT. Rivera Barrera
Nelson, AG. Buitrago Carlo (sic) Julio, MY. Villalobos Rozo, DI. Pinilla Valentino, AG. Vargas Jairo,
Beltrán Alirio, PT. Castro Laureano, PT. Camargo Edwin, TC. Arboleda Jaime, SV. Navarrete Jesús,
AG. Aparicio Antonio, AG. Parra Arturo, PT. Niño Jacinto, PT. Oviedo Vicente, PT González Ignacio,
AG. Ramírez Vidal, AG. Camargo Jair, AG. Gutiérrez Leonidas, AG. Carrillo Mariano, AG. Ruiz
Hernando, PT. Cáceres Wilson, AG. Manrique Alfredo, CS. Bohórquez Tomas, SS. Bohórquez
Campo Elías, SP. Contreras Luis, CS. Peña José Manuel, AP. Torres Adolfo, CS. Hernández Jorman
y AG. Fajardo Ricardo.
94 Sin fecha Folio 46 anexo 5 caja 10.
95 Folio 47 anexo 5, caja 10.
96 Folios 3421 a 3423 cuaderno 15 caja 3.
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se desempeñó como auxiliar financiero entre el 26 de enero de 2001 y el 18 de
julio de 2002.
(xxix) El 16 de septiembre de 200297, mediante Oficio 2510 la procuradora delegada
para la Policía Nacional le solicitó al almacén de Intendencia de la Dirección de
Antinarcóticos certificar los cargos desempeñados y las fechas en que laboró en
esa unidad el señor José Laureano Monsalve Abril.
(xxx) El 17 de septiembre de 200298, mediante Oficio 241 el jefe del Área de Servicio
y Apoyo Antinarcóticos respondió la solicitud de la procuradora delegada para la
Policía Nacional y certificó que el actor laboró en el almacén de intendencia
antinarcóticos desde el 1 de agosto de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2000 y se
desempeñó como digitador del kardex, bodeguero y facturador.
2.3.3.2. Declaraciones
(i) Diligencia de exposición libre y espontánea rendida por el agente Hermenegildo
Antonio Guerra Jiménez99:
[…] PREGUNTADO: Teniendo en cuenta que usted solicitó ser escuchado en versión libre
y espontánea con el objeto de ejercer su derecho de contradicción y defensa […]
manifieste al despacho qué desea expresar al mismo. CONTESTÓ: Yo deseo clarificar lo
del vale que aparece por la comisión a Zona Norte y Zona Occidente que obra a folio 4
del cuaderno de comprobantes a folios 803 al 868 por valor de 500 mil pesos, bueno yo
me encontraba en las instalaciones del grupo de policía judicial, me dirigí a la Dirección
general de la Policía Nacional más específicamente a las Oficinas de Antinarcóticos tercer
Piso, fui a llevar unos documentos eso fue la última semana del mes de noviembre no
recuerdo exactamente el día, las (sic) hora aproximada eran las 18 horas, entregué unos
documentos en la Subdirección Antinarcóticos y estaba en la Sala de espera cuando se
acercó a mí el señor Patrullero JOSÉ ARIEL (SIC) MONSALVE manifestándome que me
acercara a la oficina de él, o sea a la oficina auxiliar del señor Jefe del Área de
Servicio y Apoyo de la Dirección Antinarcóticos, diciéndome que le firmara un vale
por valor de cincuenta mil pesos con el fin de salir a comisión por parte de la
jefatura, no diciéndome el lugar ni qué comisión era, le firmé el recibo por la suma
de cincuenta mil pesos, pero era un vale en blanco que no tenía las leyendas ni
descripciones como la que aparece a folios 4 o incluso del 803 al 868 que acabo de
mencionar, yo firmé el vale al señor patrullero pero él no me entregó el dinero,
dejándome en espera más o menos de media hora y me dijo que tocaba esperar que
97 Folio 3439 cuaderno 15 caja 3.
98 Folio 3430 cuaderno 15 caja 3.
99 Folios 2907 a 2912 cuaderno 13 caja 2.
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el Jefe de Arsea estaba en reunión, yo le dije que me tenía que ir por que (sic) tenía
que recoger al Señor Mayor LEÓNIDAS TRIANA Jefe del Grupo de Policía Judicial, que
estaba en la carrera 7ª con Calle 32 en las instalaciones de Policía Judicial […] el señor
patrullero me manifestó que él me llamaba a mi celular y me decía si pasaba a
recoger el dinero más tarde y que me confirmaba la comisión a qué lugar iba ser
(sic), yo salí de ahí hacia el centro y cuando me iba aproximando al Edificio del
Orquídea Real recibí una llamada la Celular mío del Señor patrullero Monsalve José
Ariel (sic) diciéndome que la comisión había sido cancelada y que ya no iba a salir,
yo reiterándole que el vale que le había firmado me lo guardar (sic) y yo pasaba al
otro día a recogerlo, diciéndome que no me preocupara que él ese vale ya lo había
destruido y lo había echado a la basura y durante varios días yo le preguntaba al
patrullero Monsalve sobre el vale que le había firmado y él me contestaba “Tranquilo no
se preocupe que ya está destruido”, las cosas quedaron así y no me volví a preocupar
por tal vale hasta cuando la procuraduría me notificó a mí y le di poder a la Doctora
NANCY MERCED y cuál fue mi sorpresa que al revisar el proceso nos encontramos con
un vale firmado por el valor de Quinientos Mil pesos por comisión, alojamiento,
alimentación Zona Norte y Occidente cuando yo nunca fui a esas comisiones y el
vale que yo firmé por cincuenta mil pesos fue en la última semana de noviembre del año
dos mil uno y no como el recibo que acabo de mencionar que corresponde al dos de
diciembre de 2001, aclarando que este último día es un día festivo, domingo, fecha que
yo estaba descansando puesto que casi siempre descanso los domingos y no es día de
oficina, quiero agregar que el recibo que yo firme (sic) por valor de cincuenta mil pesos y
que nunca me fueron entregados, era un papel más o menos de media hoja que lo firme
(sic) en la parte inferior lado derecho donde no tenía destino de comisión, solamente decía
vale por cincuenta mil pesos, prácticamente fue el papel en blanco y no tenía el nombre
de Antinarcóticos como el que aparece en el expediente […] A raíz de la vinculación mía
dentro del proceso yo le hice el reclamo a él que por que el papel en blanco que yo le
firme (sic) a él por la suma de cincuenta mil pesos, que nunca se me fueron entregados
a mí, estaba mi firma anexada al proceso y no por cincuenta mil pesos sino por quinientos
mil pesos y por una comisión que yo nunca había hecho, lo que él me respondió fue
que no me preocupara que él me conseguía la constancia de justificación de la
comisión, él también me ha llamado en varias ocasiones a la casa y que le colaborara
que pensara que él también tenía familia, la última llamada que me hizo fue la semana
pasada, también me dijo que lo que yo fuera a decir era conciencia mía y él ya estaba
enterado que yo iba a rendir la versión el día de agosto, desconociendo el motivo de cómo
se enteró, eso era lo que quería aclararle al despacho y que se investigue por qué el señor
Patrullero Monsalve me metió en este lío, además de que me sacaron en la prensa
dañando la imagen de uno. En este estado de la diligencia el suscrito abogado de la
procuraduría al observar que se hacen cargos contra el Patrullero JOSÉ ARIEL MONSALVE
(sic), le manifiesta al exponente si se ratifica de lo dicho contra tal patrullero se le levanta
la excepción del artículo 33 de la Constitución Política y se le hace saber que se le pone
en conocimiento los artículos 442 del Código Penal y 266 del Código de Procedimiento
Penal, para lo cual manifiesta que se ratifica de lo dicho contra el patrullero Monsalve y
es la verdad y nada más que la verdad lo que ha dicho en su contra.
Acto seguido
nuevamente se levanta la fórmula del juramento y se continúa con la versión libre del
Agente GUERRA JIMÉNEZ, quiero dejar constancia que nunca he tenido problemas con otras
personas ni institucionales y si algo me pasa a mí y a mi familia o me afecte mi carrera
policial obedece se atribuye (sic) a él. […] PREGUNTADO. Manifieste al Despacho que (sic)
personas son testigas (sic) de los (sic) sucedido con el patrullero MONSALVE y cómo se
enteraron de lo ocurrido en cuanto a la firma de un vale en blanco por CINCUENTA MIL
PESOS y de las llamadas que él ha hecho a su residencia CONTESTÓ: Del vale realmente
no hay testigos porque él estaba en la oficina y de las llamadas que me hizo a la
residencia una la contestó mi señora y las demás me las ha hecho al celular mío
[…] PREGUNTADO: Si el Mayor Molina como jefe inmediato no le informó de comisiones
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
fuera de la ciudad por que (sic) le firmó usted un vale por cincuenta mil pesos al patrullero
Monsalve de una comisión que ni siquiera sabía el destino. CONTESTÓ: Yo le firmé el vale
al señor Patrullero pensando que él estaba obrando de buena fe y que no había
nada diferente a lo que finalmente ocurrió con el vale […]. La firma si es la mía pero
el contenido que aparece no es por el cual yo firmé el papel en blanco por cincuenta
mil pesos, y no entiendo por que aparece otro valor diferente y comisión a esos
lugares donde yo nunca he ido […] (Se resalta).
(ii) Diligencia de exposición libre y espontánea rendida por la subintendente Jenny
Patricia Rodríguez Ríos100:
[…] Mi Jefe director que era el Mayor JULIO FERNANDO SANDOVAL me dio la orden
verbal para la comisión a la zona occidente, al igual que la orden de firmar el recibido
del dinero en blanco, informándome que al siguiente día, antes de salir a la comisión me
daría el dinero de la misma con a (sic) sorpresa que al día siguiente ya no tenía que viajar
a la zona occidente y al preguntarle por el vale en blanco me manifestó que él lo
había destruido. […] quien manifestar que todo esto se hizo en presencia del
patrullero JOSÉ LAUREANO MONSALVE ABRIL el cual era el asistente personal del mayor
SANDOVAL […] siempre pensé en la buena fe de mi jefe directo, al igual que su colaborador
el patrullero MONSALVE, nunca imaginé que estos documentos se utilizaran para otro
fin. Quiero manifestar que los cuatro vales de recibo que firmé en blanco los anexo a la
diligencia, en los que aparece mi firma y mi número de cédula pero la letra con la que
fueron llenados esos vales no es la mía […] PREGUNTADO. Sírvase manifestar qué
personas son testigos de sus afirmaciones. CONTESTO: El Patrullero JOSÉ LAUREANO
MONSALVE ABRIL, no más. PREGUNTADO: Manifieste en qué lugar el Mayor JULIO
FERNANDO SANDOVAL le daba las órdenes verbales o escritas de comisionar para las
zonas que se le indican en los cargos. CONTESTO: En la oficina de él siempre en
presencia de MONSALVE ABRIL. La oficina de él era oficina cerrada pero siempre tenía la
puerta abierta, siempre en presencia de MONSALVE ya que MONSALVE era el que traía los
vales en la mano.[…]
(iii) Diligencia de exposición libre y espontánea rendida por el señor agente Mauricio
Jurado Rodríguez101.
[…] Yo estoy vinculado a la investigación por el recibo del 03-11-91. Para esa fecha me
encontraba de estafeta de la Dirección ANTIN, me encontraba en el Despacho atendiendo
una llamada cuando salió mi mayor JUAN CARLOS CUBILLOS BECERRA y me ordenó que
me trasladara al tercer piso a traerle una cosa que le iba a traer (sic) el Patrullero
JOSÉ ARIEL (sic) MONSALVE, entonces yo fui allá y el hombre me contó una plata
$471.610 pesos, cuando me la entregó me entregó (sic) el recibo en blanco y que
firmara, yo le dije que le colocara el valor, le colocaron el valor, le colocaron mi
nombre, pero nunca me percaté de haberle colocado el concepto. En este momento
y teniendo en cuenta que el exponente efectúa imputaciones a terceros, procede el
Despacho a tomarle juramento de conformidad con el artículo 266 del Código de
Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 442 del Código Penal, para lo que
se le advierte que sobre este punto se encuentra juramentado en su declaración y por
100 Folios 5911 a 5913 cuaderno 23 caja 4
101 Folios 3043 a 3047 cuaderno 14 caja 2.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
tanto está obligado a decir la verdad y solo la verdad. PREGUNTADO: Sírvase indicar cómo,
cuando (sic) y mediante qué procedimiento se le entregó el dinero de que trata el recibo
de 03-11-01 que hace parte de la orden de egreso No 846 del 09-11-01, el cual se le pone
a la vista. CONTESTÓ: […] Ya para esa fecha 03-11-01 yo llegué como a las cuatro de la
tarde de entregar toda la documentación y me encontraba en el conmutador recibiendo
una llamada en el CAN, cuando ya mi Mayor JUAN CARLOS CUBILLOS salió de la ayudantía
diciéndome enano vaya donde MONSALVE y le reclama una cosa que me va a mandar, […]
entonces yo colgué y me dirigí donde el patrullero ARIEL MONSALVE, entonces yo le dije
MONSALVE Usted le va a mandar algo a mi Mayor Cubillos, entonces me dijo si (sic) cucho
y me contó la plata $ 471.610 en el momento en el que yo estaba contando la plata me
mostró el recibo que el Despacho me pone de presente pero en blanco y que se lo firmara
que era para legalizar esa plata, […] que le colocara el precio y con mucho gusto yo le
firmaba porque eso era lo que yo había recibido, entonces el señor llenó el valor en
números, en letras y colocó mi nombre, […] entonces ahí yo firmé pero el concepto quedó
en blanco, me dirigí al segundo piso para la ayudantía de antinarcóticos y le dije a mi
Mayor CUBILLOS, MONSALVE me entregó una plata, él me contestó es para un viaje a
la ciudad de Girardot pero usted ya no va a ir, en este instante quiero resaltar que
yo nunca estuve enterado de que me iban a mandar a la ciudad de Girardot, y
entonces mi Mayor me dijo que le entregara la plata que el que iba a ir era el Agente
QUIROGA JAIRO, entonces yo le entregué la plata y en ese momento salí de la oficina
desconociendo qué destino le hayan dado a ese dinero. […] cuando yo tuve
conocimiento de esta situación motivo de investigación, yo le hice un documento a mi
Mayor CUBILLOS para que me firmara de que (sic) yo le había entregado esa plata y
él me contestó que si (sic) la había recibido pero que se la había entregado al Agente
JAIRO QUIROGA QUIROGA que fue quien viajó y me dijo que le hiciera un documento al
Agente JAIRO QUIROGA QUIROGA por el concepto de ese dinero. Yo le hice el
documento al Agente QUIROGA QUIROGA y le dije que si se acordaba de tal día que el
Mayor le entregó una plata para que me firme una constancia y él me dijo sí, yo viajé
pero no le firmo nada […] (Negrilla fuera de texto)
(iv) Diligencia de exposición libre y espontánea rendida por el señor agente Jairo
Humberto Quiroga Quiroga102:
[…] PREGUNTADO: Manifieste al Despacho en que (sic) ciudades estuvo Usted de
Comisión durante el año inmediatamente anterior, para que (sic) se desplazó, que (sic)
cantidades de dinero recibió y quién se las suministró CONTESTÓ: Yo viajé a la ciudad de
el Espinal y Girardot, no recuerdo las fechas en que estuve, el desplazamiento lo hice con
el jefe, al Espinal fuimos al al (sic) Escuela Gabriel Gonzalez donde se encuentra el grupo
operativo y a Girardot cuando tenía sus seminarios en Ricaurte en el Club de Agentes,
digo que Girardot porque eso es ahí pegado. No recuerdo la cantidad de dinero pero yo
sustentaba ese dinero con peajes, combustible y la alimentación mía. Esos dineros me
los suministraba la Administrativa que era de mi Mayor ZARATE últimamente, […] deja
constancia el despacho que el exponente al ver pasar por los pasillos de esta delegada
al patrullero Monsalve JOSÉ ARIEL (sic) manifestó que era el superior inmediato de dicho
patrullero, nadie más me entregó dinero. […] PREGUNTADO: Manifieste al despacho qué
recibos entregó usted como soporte de sus viajes a Girardot y al Espinal que hizo en el
año inmediatamente anterior y a quien (sic) le hizo entrega de dichos soportes y del
cumplido de la comisión. CONTESTÓ: Yo llegaba con mis soportes y se los entregaba
al señor patrullero MONSALVE que trabajaba con mi Mayor ZARATE y a éste también le
hice entrega de los recibos de los cuales yo pagaba combustible alimentación y
peaje, nunca tuve precaución de guardar fotocopia de estos recibos ya que nunca
102 Folios 3094 a 3097, cuaderno 14, caja 2.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
pensé verme comprometido en una situación de estas. PREGUNTADO: Manifieste al
despacho que (sic) tiene que decir respecto de las afirmaciones hechas por el Agente
JURADO RODRIGUEZ que hizo en esta Procuraduría Delegada en su contra el pasado 16 de
agosto […] CONTESTÓ: Cuando el Agente MAURICIO JURADO me informó que él estaba en
investigación por un recibo que había firmado él me contó que él había recibido este
dinero y se lo había llevado al señor mayor Cubillos, entonces me aclaró que ese presunto
dinero había llegado por parte de mi Mayor a mis manos yo le dije que él sabía cómo era
mi Mayor y que no me iba a entregar dinero si no le firmaba algún recibido, él me dijo que
para esa fecha que tenía el recibo que lo implicaba en el proceso que yo había viajado y
yo le respondí que si en ese tiempo yo viaje (sic) ahí yo traía todos mis recibos de peajes
alimentación y combustible que verificáramos a ver si para esa fecha había algo mío en
la oficina, entonces él inmediatamente se enojó conmigo y dijo que cuando lo llamaran
iba a dar mi nombre para tal investigación […].
2.3.4. Otras pruebas allegadas a este proceso judicial
(i) El 28 de abril de 2001 103 , la Fiscalía General de la Nación decidió declarar
precluida la investigación penal que se adelantaba en contra del demandante por la
presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y
falsedad ideológica en documento público, en relación con las órdenes de pago
1777, 1778 y 1785 de 2001 y 13 de 2002, relativas a la solicitud de adquisición de
unas coronas de personal fallecido, que fueron sufragadas con recursos del
convenio NAS.
3. Caso concreto
3.1. Asuntos previos
3.1.1. Sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
al analizar la legalidad de actos que imponen sanciones disciplinarias
En la contestación de la demanda, la Procuraduría General de la Nación adujo que
el análisis probatorio de la actuación disciplinaria se escapa de la órbita de
competencia del juez de lo contencioso administrativo, cuya función está limitada al
control formal de legalidad de los actos que definen la actuación de la
administración.
El anterior argumento no es de recibo para la Sala, toda vez que el control de actos
103 Folios 24 a 246 cuaderno 2.
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de carácter sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación
disciplinaria, conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que
dentro del trámite correspondiente se hubieran observado las garantías
constitucionales que le asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un
control judicial integral. Así lo sostuvo la Sala Plena de esta Corporación, en
sentencia de unificación:
«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria criterios de unificación-. El control
que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos
disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio
sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del
ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende
bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin
"deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es
controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las
irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso
administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6)
El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también
garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que
rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la
tutela judicial efectiva.»104
En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta
controversia se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente
trascrita. Determinado ese aspecto, la Sala se dispone a analizar los cargos
propuestos en contra de los actos acusados.
3.1.2. La excepción planteada por el Ministerio de Defensa, Policía Nacional
104 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E), referencia:
110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
El apoderado del Ministerio de Defensa propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, la cual no tiene vocación de prosperar pues
pese a que esa autoridad no fue la que tramitó la actuación disciplinaria, ni la que
expidió los actos que crearon, modificaron o extinguieron la situación particular y
concreta del demandante, en el evento en que el fallo sea favorable a las
pretensiones, esa entidad es la llamada a ordenar el reintegro a su empleo.
3.2. La violación de los derechos al debido proceso y la defensa
Dentro de los reproches formulados por el demandante, orientados a demostrar que
se configuró la violación de su derecho al debido proceso, se refirió a la vaguedad
y ambigüedad en la formulación de los cargos, circunstancia que, en su sentir, dio
lugar a que se violara la Ley 734 de 2002 en lo que respecta a los requisitos de una
providencia de tal naturaleza, los cuales están contemplados en el artículo 163 y
son los siguientes:
1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.
2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la
modalidad específica de la conducta.
3. La identificación del autor o autores de la falta.
4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la
conducta.
5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.
6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad
o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.
7. La forma de culpabilidad.
8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.
Al analizar la providencia del 26 de septiembre de 2002 105 se pudo verificar el
cumplimiento de los anteriores requisitos en los siguientes términos:
i) Sí se describió e identificó la conducta investigada, en cuanto se precisó que se
trataba de las irregularidades que presuntamente ocurrieron en el manejo de dineros
del Convenio NAS durante los años 2000 a 2002 y pese a que el incumplimiento que
se predicó respecto de los investigados, en su mayoría, se hizo en forma amplia, al
105 Folios 3547 a 3733 cuaderno 16, caja 3.
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
hacer la imputación jurídica al demandante, en particular, se indicó que su conducta
se circunscribió a autorizar, visar y/o solicitar bienes y servicios en la órdenes de
pago que se relacionaron en forma precisa, así: 1777, 1778, 1785 de 2001 y 13 de
2002, que tienen que ver con el pago de coronas fúnebres para personal que, según
el aludido pliego, no hacía parte de la Dirección Antinarcóticos; y 91, 137, 277, 1291
y 2027 de 2001 y 91 de 2002, que se refieren a mantenimientos realizados a
vehículos no autorizados por el Convenio.
ii) En lo que respecta a las normas violadas y el concepto de violación, estas también
tuvieron un acápite dentro del auto correspondiente, como se transcribió al
relacionar los «hechos probados» en esta providencia, y aunque, al igual que ocurrió
con la descripción e identificación de la conducta, al principio, y dada la multiplicidad
de investigados, se hizo una mención generalizada que abarcaba todas las
disposiciones normativas que se decían transgredidas por los implicados, al
momento de concretar el concreto del señor Monsalve Abril, cuando se aludió a los
uniformados, se identificaron las normas invocadas como infringidas, mencionando
las siguientes: los artículos 37, numeral 10, 38 numerales 18 y 36 literales c), d) e i)
y 40 del Decreto 1798 de 2000, y 39, numerales 39 y 40, literales c) y d) y artículo
40 del Decreto 2584 de 1993, los cuales se transcribieron en el acápite «marco
normativo» de esta providencia; además, se definió la modalidad específica de la
conducta en cuanto se señaló que se trataba de faltas gravísimas que
presuntamente habían sido cometidas a título de dolo.
iii) En lo que se refiere a la identificación del autor de la falta, este requisito se
cumplió a cabalidad frente al señor José Laureano Monsalve Abril, pues se indicó
su nombre completo y su número de identificación.
iv) En cuanto a la exigencia de denominar el cargo o la función desempeñada en la
época de comisión de la conducta, la Sala advierte que es cierto, como lo menciona
el accionante, que al indicar su rango policial en el pliego de cargos, el ente de
control incurrió en un yerro al manifestar que era el de intendente, cuando, en
realidad, era patrullero; sin embargo, este descuido, en sentir de la Sala, no conlleva
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
vulneración del derecho al debido proceso durante la actuación disciplinaria, pues,
es evidente que al analizar las pruebas recaudadas y tenidas en cuenta para
imponer el correctivo disciplinario la conducta que se censuró fue la que desplegó
por la labor que desempeñaba como patrullero, de acuerdo a las funciones
encomendadas y no con las responsabilidades y obligaciones que se podrían
predicar de quien ostentara un rango superior.
Adicionalmente, de la lectura del trámite disciplinario y, en particular, del extenso
auto de formulación de cargos, que comprende 82 folios más sus anexos, los cuales
completan casi 200, en su integridad, la Sala entiende que al mencionar un rango
diferente, el ente de control no pretendió predicar de la conducta del actor,
responsabilidades mayores a las que correspondían a su grado policial, sino que se
trató de un error involuntario a causa de la multiplicidad de investigados dentro del
trámite y, por ende, se trata de una cuestión de menor entidad que no da lugar a
despojar de legalidad a los actos demandados.
v) En lo que atañe al análisis de las pruebas que sustentan cada uno de los cargos,
se observa que aunque no hubo un análisis exhaustivo, este no se exige en el pliego
de cargos y, en todo caso, el ente de control señaló que el demandante, quien
estaba adscrito al almacén de intendencia «autorizó y/o visó y/o solicitó bienes y
servicios en las siguientes órdenes de pago y/o comprobantes de egreso
presuntamente irregulares» además, relacionó el cuadro en el que aparecen los
números de las órdenes de pago, los bienes y servicios de que tratan, e hizo un
sucinto resumen sobre la irregularidad que se predicaba respecto de cada una de
ellas106; análisis que, en sentir de la Sala, es suficiente a efecto de que el actor
pudiera conocer las conductas que se predicaban irregulares y ejerciera
debidamente su derecho de defensa en torno a ellas.
vi) En lo que se refiere a la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta
para determinar la gravedad o levedad de la falta, se indicó que debido «al cargo
106 Ver transcripción en el acápite 2.3.2. de esta providencia.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
desempeñado por los Subordinados en la Institución Policial, el grado de
culpabilidad, el grado de perturbación y la naturaleza esencial del servicio, la
naturaleza de las faltas y su efecto por el grave daño social de las conductas, los
graves perjuicios causados en relación con el personal, y por permitir un deterioro
patrimonial de los recursos para gastos operacionales del Convenio NAS en
beneficios personales, institucionales y de terceros»; de la anterior manera, la
Procuraduría cumplió con el requisito contemplado en el numeral 6) del artículo 163
de la Ley 734 de 2002.
vii) Respecto a la forma de culpabilidad se indicó que era a título de dolo, por el
conocimiento de la ilicitud del incumplimiento de sus deberes, obligaciones y
responsabilidades, con lo que también se acreditó el requisito exigido por la ley.
viii) Finalmente, el análisis de los argumentos expuestos por los implicados en el
pliego de cargos, se observa que el ente de control hizo la correspondiente
referencia, en cuanto a las versiones que, hasta la fecha de su expedición, habían
planteado los disciplinados, en particular, en torno al accionante, se tuvo en cuenta
su versión libre y la exposición hecha en ella107. Siendo así, se debe concluir que
no se demostró la violación del artículo 163 de la Ley 734 de 2002.
Ahora bien, señala el demandante que otro de los basamentos en que se fundó el
ente de control tanto en la acusación como en la sanción consistió en que los gastos
por concepto de coronas fúnebres eran operacionales y ese fue el motivo
determinante para considerar que se estaban desviando dineros públicos; sin
embargo, en sentir de Monsalve Abril, se trata de una formulación imprecisa, que
careció de análisis, pues su marco funcional y grado policial solo se limitaba a
obedecer las órdenes que le impartía su superior, una de las cuales consistía
en que esos conceptos se pagaran con tales recursos; por ende, y teniendo en
cuenta su rango no estaba en posición para cuestionar una orden al respecto, ni
107 Como puede observarse en los folios 3557 y 3558 del cuaderno 16, caja 3.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
verificar si tales recursos se debían o no destinar con ese propósito, motivo por el
cual no debió imponerse sanción en su contra.
En relación con lo anterior, la Sala observa que en el pliego de cargos se indicó que
el gobierno de los Estados Unidos a través de los fondos de apoyo, suministraría
recursos «única y exclusivamente para gastos operacionales dedicados a la lucha
antinarcóticos» y no para otras actividades o gastos administrativos; sobre ello,
también se indicó que108 la Dirección Antinarcóticos asumiría mayores compromisos
en relación con el manejo de los recursos de manera que los gastos se
circunscribieran a los ítems allí indicados.
Valga aclarar que sobre ese planteamiento, en particular, se observa que en el
pliego de cargos se cuestionaron al actor las conductas relacionadas con órdenes
de pago que trataban sobre 2 temas específicos, a saber: i) las órdenes de pago
1777, 1778 y 1785 de 2001, se referían al pago de coronas fúnebres, en cuanto
«ninguna de las personas […] corresponden a fallecidas según el Grupo de Talento
Humano Dirección Antinarcóticos» y ii) las órdenes de pago 97, 137, 277, 1391,
2027 de 2001 y 91 de 2002, relacionadas con arreglo de «vehículos no autorizados
para el convenio». Uno de ellos estaba asignado a la Secretaría de Seguridad de la
Presidencia de la República.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera necesario verificar si, en efecto,
en la decisión sancionatoria se abstuvo de realizar un análisis en torno al marco
funcional y grado policial del actor, a la luz de las disposiciones que se invocaron
como infringidas, para lo cual es necesario remitirse a lo expresado por el ente de
control, que aseguró que eran los jefes del área de servicios y apoyo de la
Dirección Antinarcóticos y el de convenios quienes debía administrar y ejecutar
los recursos procedentes del Convenio Nas y de llevar un estricta contabilidad
de acuerdo con las leyes colombianas y el manual de procedimientos; y que el
primero de ellos era quien debía recibir las solicitudes de elementos y contratos de
108 Según quedó planteado en el Apéndice I Anexo del Acuerdo de la Asistencia Económica Técnica
y Afín.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
servicios, de acuerdo con los gastos autorizados y según la necesidad, finalidad y
justificación correspondiente, los cuales debían estar acordes con los objetivos
del convenio e indicó que todo ello lo debían hacer «con la vigilancia y control del
Director y Subdirector Antinarcóticos y de aquellos superiores o inferiores que
dentro de la cadena de mando […] contribuyeran a hacer efectivo el objeto del
proyecto NAS/PNC»109.
Ahora bien, para comprobar que, entre las funciones atribuidas al demandante
estaban las de colaborar con el anterior propósito, el operador disciplinario se fundó
en la prueba testimonial recogida (la cual no se precisa), y en las versiones libres
de los implicados y sus descargos, según los cuales «entre otras funciones
asignadas como ayudantes y auxiliares contables del ARSEA, se encontraba la de
revisar facturas por compras hechas con recurso NAS y además de verificar la suma
aritmética y el valor del IVA, que estuvieran debidamente soportadas con la solicitud
autorizada por el jefe del ARSEA […] y la legalización correspondiente, esto es con
el recibido a satisfacción en caso de servicios prestados […] la justificación del gasto
y su destino».
Sobre lo anterior, la Sala estima que pese a que al expediente disciplinario se allegó
un organigrama del personal integrante de la dirección antinarcóticos, en el cual
aparece el demandante como auxiliar financiero del Área del Servicios y Apoyo,
también lo es que, contrario a lo afirmado por el ente de control en la decisión
sancionatoria, con las pruebas testimoniales y versiones de los implicados no se
infieren las responsabilidades que tenía a cargo el actor en el desempeño de esa
función.
Como bien se señaló en líneas anteriores, los dos reproches que se formularon
respecto de la conducta del señor Monsalve Abril consistieron en que las coronas
fúnebres que se autorizó pagar a través de las primeras órdenes de cobro, no
pertenecían a personal caído que hiciera parte de la Dirección Antinarcóticos y que
109 Folio 318 del expediente y 633 del fallo disciplinario.
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de esta tampoco hacían parte los vehículos que fueron sometidos a mantenimiento
con recursos del NAS; por lo tanto, a juicio de la Sala, el Ministerio Público, a fin de
establecer responsabilidad en torno al actuar del demandante debió establecer de
manera fehaciente, si el actor era el encargado de cotejar y verificar si las
coronas estaban destinadas para personal caído de antinarcóticos o si los vehículos
hacían o no parte del convenio, pues esa responsabilidad no resulta clara.
Contrario a lo anterior, y atendiendo el literal de la exposición libre hecha por el
accionante, se observa que aseguró que su gestión se concretaba en «hacer el
legajo, pagar impuestos y hacer cheques» todo ello, previa autorización del Jefe
del Área de Servicio y Apoyo; además, precisó que «no tenía mando simplemente
obedecía órdenes. Mi trabajo era mecánico simplemente que la factura cumpliera
los requisitos como el NIT […]» y, en todo caso agregó que «cuando había
inconsistencias las señoras de financiera las devolvían»; valga aclarar, además, que
las restantes declaraciones tan solo relatan los hechos que tienen que ver con la
radicación de facturas, vales o soportes y que eran recibidos por el actor pero, en
nada se refieren a que a este le estaba encomendada la labor particular y concreta
de verificar si las facturas que se estaban radicando, en realidad comportaban
gastos de servicios prestados a personal o vehículos que hacían parte del convenio.
Por lo anterior, en sentir de la Sala, era indispensable demostrar si la labor del
demandante se extendía hasta verificar que las facturas, órdenes de pago y demás
que legajaba, en efecto, cubrían gastos de personal y vehículos que hacían parte
del convenio, máxime cuando de su versión se desprende que eran «las señoras
de financiera» quienes realizaban esa gestión.
La Sala considera necesario destacar que si bien es cierto para la administración y
ejecución de los recursos del Nas se debían atender los objetivos del convenio y
que tanto los superiores como los inferiores de la Dirección Antinarcóticos debían
contribuir al cumplimiento de tales objetivos, también lo es que esta contribución
debía estar acorde con el marco funcional de cada miembro de esa dependencia de
la institución y, obviamente, atendiendo el rango de la cadena de mando.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Conforme a lo anterior, es oportuno destacar que, a lo largo de la actuación, el
demandante dejó claro su rango de patrullero, la carencia de funciones de mando,
la falta de capacitación y reiteró que su función se limitaba a acatar las órdenes
dadas por su superior, hecho, este último, que tiene total credibilidad, teniendo en
consideración la naturaleza de la entidad demandada y el actuar de obediencia que
predican los subalternos frente a sus superiores.
Es de resaltar que en el capítulo «solicitud de reembolso por gastos de soporte
operacional incurridos» del Manual de Nuevos Procedimientos Financieros y
Logísticos del Programa Antinarcóticos de la Policía Nacional110 se precisó que la
labor del auxiliar financiero consistía en «agrupar 111 y ordenar 112 por rubros
presupuestales los originales de las facturas y recibos de los gastos operacionales
y la lista de gastos autorizada», pero en momento alguno se atribuyó al titular de
ese cargo, la responsabilidad de verificar 113 o cotejar que los valores de que tratan
las facturas u órdenes de compra, en efecto, tuvieran relación con el personal o los
vehículos que hacían parte del convenio, por lo que, a juicio de la Sala, se exigió
del demandante una labor que excedía su marco funcional y, es en lo que se refiere
a esas labores que sobrepasaban sus funciones, de donde el ente de control predicó
la omisión reprochada.
En esta oportunidad, la Sala estima oportuno recordar que la falta que le fue
endilgada al demandante, en relación con las presuntas inconsistencias en relación
con las aludidas órdenes de pago, fue la de violar las normas del régimen de
contratación, fiscal o contable y demás disposiciones sobre la materia, consagrada
como falta gravísima, según lo establecido en el artículo 137, numeral 10 del
Decreto 1798 de 2000.
110 Folios 164 a 197, cuaderno 1, caja 1.
111 Según el diccionario de la Real Academia española, agrupar es: «1. Reunir en grupo, apiñar. 2.
Constituir una agrupación».
112 De acuerdo con el diccionario de la RAE, ordenar es: «1. Colocar algo o a alguien de acuerdo con
un plan o de modo conveniente. Ordena los recibos por fecha.»
113 El significado de la palabra verificar, según la RAE es: «Comprobar o examinar la verdad de algo.»
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Por ello, es importante resaltar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de
la Resolución 003 de 2001114, emitida por el director de la Policía Antinarcóticos, la
responsabilidad en lo que se refiere al manejo eficiente, la administración y la
correcta ejecución de los gastos necesarios para las diferentes operaciones, según
los rubros autorizados en los diferentes convenios bilaterales, fue atribuida a los
ejecutores del presupuesto, a los comandantes de zona y a los jefes de área y no
así a los auxiliares que, como el demandante, tan solo realizaban una actividad
mecánica en torno a la conformación de los legajos correspondientes.
Ahora bien, en relación con los cargos que tienen que ver con las órdenes de
compra a que se ha hecho referencia, vale destacar la conclusión a la que arribó la
Procuraduría General de la Nación en la decisión de única instancia, cuyo aparte
pertinente se transcribe a continuación:
Para el caso de […] Y MONSALVE ABRIL si bien es cierto operaria el mismo fenómeno en
cuanto que las solicitudes que realizaron, cuestionadas en los cuadros anexos al
auto de cargos, las hicieron por órdenes de sus superiores y más concretamente
por orden del Jefe del ARSEA, quien también las autorizaba, lo cual en principio los
relevaría de cualquier reproche, dado que desde sus cargos y posiciones no tenía
la autoridad ni mando suficiente para incidir en la solicitud, como lo señalan las
defensas de estos disciplinados en sus descargos, también es cierto que de acuerdo con
la función encomendada de revisar y seleccionar los legajos para ser enviados a la
Oficina Nas de la Embajada Americana para el respectivo reembolso, no cumplieron
a cabalidad ni con el debido celo tal función, pues se encontró en la etapa de
descargos que fueron las múltiples órdenes de pago que no se encontraba (sic)
soportadas con todos los documentos que exigía no solo el manual sino las normas
fiscales y contables colombianas, para el caso de Monsalve Abril se observa tal
irregularidad en las órdenes de pago No. 1777, 1778 y 1785, pues como se dijo, ninguna
de las personas relacionadas en la (sic) solicitudes de coronas efectuadas por este
disciplinado aparece como fallecida, según certificación dada por la oficina de talento
Humano de la DIRAN […]
Sobre el anterior particular, la Sala echa de menos la prueba que demuestre que
dentro de la función de «revisar y seleccionar legajos» esté la de corroborar que las
órdenes de compra que fueron radicadas por el personal de la institución, en
realidad, comprendían servicios prestados a miembros de esa dirección. Esta
Subsección considera que la aludida función no se puede inferir, por el solo hecho
de que le estuvieren encomendadas las labores recibir las facturas u órdenes de
114 Folios 104 a 105, anexo 5, caja 10.
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pago y apilarlas, además, se debe recalcar que de conformidad con el manual
aludido previamente, al auxiliar, ni siquiera le estaba encomendada la labor de
«revisar» como lo asegura la Procuraduría, sino la de agrupar y ordenar las
facturas y la definición de estos conceptos no puede entenderse en forma excesiva,
hasta el hecho de exigir que el actor tuviera que verificar en las bases de datos,
para establecer si el personal de quien se estaban presentando las coronas
fúnebres era o no de la dirección y si los vehículos que habían sido sometidos a
mantenimiento estaban o no al servicio del convenio.
A lo anterior es necesario agregar que durante la visita especial realizada por la
Procuraduría en las instalaciones de la Dirección Antinarcóticos, el coronel Manuel
Salvador González Aguilar precisó que era el jefe del ARSEA quien tenía a cargo el
manejo de los recursos del convenio, relativos a gastos operacionales y, durante la
aludida visita, el coordinador del grupo financiero precisó que la legalización de las
facturas se realizaba cada 15 días y que estas debían soportarse con los recibos
originales, pero, en momento alguno, se indicó que la verificación sobre los gastos
de que trataban las facturas o, en este caso, la órdenes de compra hubiera estado
a cargo del demandante; por el contrario, claramente se dejó planteado que «las
personas encargadas de revisar la facturación y los soportes de los legajos son
Subintendente MARTÍNEZ BOHÓRQUEZ JOHN JAIRO, SRA MARLENY CONTRERAS, SRA
GLORIA TORRES VELA y en ocasiones la Subintendente MARLENY»115, responsabilidad
que se demostró que está atribuida a los aludidos jefes de área, conforme a lo
dispuesto en el artículo 1 de la Resolución 003 del 13 de marzo de 2001 de la
Dirección de la Policía Antinarcóticos116; por todo lo anterior, la Sala no comprende
de dónde surgió, para la Procuraduría, que el actor incumplió con el deber de
realizar tal verificación.
Siendo así y como el ente de control aseguró que según los grados y posiciones de
mando, los subalternos o, en particular, el demandante podría verse relevado de
responsabilidad disciplinaria y que la que se le atribuyó al respecto se hizo derivar
115 Folios 5 a 17, cuaderno 1, caja 1.
116 Folios 104 a 105, anexo 5, caja 10.
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del hecho de no haber cumplido con celo la función de revisar los legajos, la Sala
estima que al no haberse demostrado que en sus funciones estaba la de cotejar la
información de las facturas que él debía agrupar y ordenar, no podía atribuirse
responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de una función que no se
demostró que le hubiera estado encomendada, máxime cuando tampoco se probó
que al disciplinado se le hubiera otorgado la capacitación necesaria en las normas
del régimen fiscal y contable, que se invocaron como desatendidas.
Además, es importante reiterar que en la Resolución 003 de 2001117 de la Dirección
Antinarcóticos se estableció claramente que la responsabilidad en lo que se refiere
a la eficiente administración y correcta ejecución de los gastos necesarios para
las diferentes operaciones, teniendo en cuenta los rubros autorizados en el
acuerdo bilateral correspondía a quienes ostentaban grados superiores, en
este caso, estaría atribuida al Jefe del ARSEA, quien fungía como jefe inmediato del
demandante y no a este.
No sobra agregar que de acuerdo con el Manual de Nuevos Procedimientos
Financieros y Logísticos del Programa Antinarcóticos de la Policía Nacional,
expedido el 3 de marzo de 1999118 dentro de los gastos de soporte operacional sí
estaba contemplado tanto el pago de arreglos florales, como el mantenimiento de
vehículos tendiente a lograr su conservación y reparación, es decir, que las facturas
que habría recibido, legajado y trasladado el demandante al área correspondiente
sí comprendía gastos cubiertos por el convenio, por lo que es excesivo que el ente
de control demandara de la conducta del actor, que cotejara o corroborara que tales
gastos correspondieran, en realidad, a la unidad, pues, como ya se vio, su gestión
tan solo se limitaba a agrupar y ordenar facturas.
Así las cosas, como no se demostró que el demandante, en su condición de «auxiliar
financiero» del ARSEA de la Dirección Antinarcóticos, con precisas atribuciones
consagradas en el Manual de Nuevos Procedimientos Financieros y Logísticos del
117 Folios 104 a 105, anexo 5, caja 10.
118 Folios 164 a 197, cuaderno 1, caja 1.
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Programa Antinarcóticos de la Policía Nacional 119, estuviera obligado a llevar la
contabilidad, no estaba sujeto al reglamento general de que trata el Decreto 2649
de 1993120 y, bajo esa circunstancia, no estaba en la obligación de atender con rigor
las normas del régimen contable que le fueron atribuidas como desconocidas, y con
ello se configura la atipicidad de la conducta en lo que respecta a los dos cargos
que le fueron endilgados en el auto de formulación121, de manera que no podía
imponerse reproche disciplinario alguno por esos hechos.
En este caso, la Sala concluye, sin lugar a equívocos, que al contrastar la conducta
que le fue reprochada al demandante en relación con las órdenes de pago antes
descritas, que atañen a la adquisición de unas coronas fúnebres y el mantenimiento
de unos vehículos, frente a la descripción que contiene la norma que se dice
vulnerada, no se configuró el desconocimiento atribuido pues, se repite, dentro de
sus funciones no estaba la de atender las disposiciones del régimen contable,
comoquiera que no era destinatario de lo allí dispuesto. Además, dentro del marco
funcional que le estaba asignado al actor, delimitado en el Manual de Nuevos
Procedimientos Financieros y Logísticos del Programa Antinarcóticos de la Policía
Nacional, no le se exigía cotejar que la información contenida en las facturas que
se radicaban correspondían, en realidad, a bienes adquiridos con destino a los
rubros autorizados en el marco del convenio; consecuentes con lo anterior, no había
lugar a declarar responsabilidad disciplinaria alguna en contra del actor, por la
aludida conducta.
Ahora bien, se observa que los dos reproches anteriores no fueron los únicos que
dieron origen a la sanción disciplinaria, sino que el actor también fue sancionado
por «[hacer] firmar recibos en banco a varios miembros de la DIRAN, bajo el pretexto
de que iban a ser enviados a comisiones especiales a otras ciudades del país […]
comisiones que nunca se concretaron, sin embargo, tales recibos posteriormente
119 Folios 164 a 197, cuaderno 1, caja 1.
120 El Reglamento General de Contabilidad, en su artículo 2 limita su ámbito de aplicación a quienes
estén obligados a llevar la contabilidad o a quienes pretendan hacerla valer como prueba, y en
ninguno de esos dos casos se enmarca del demandante.
121 Folios 3547 s 3733, cuaderno 16, caja 3.
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fueron llenados y utilizados para soportar egresos de los Fondos Nas y para solicitar
su reembolso» 122 , la anterior conducta se concreta en la falta gravísima
contemplada en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 734 de 2002, que consiste en
que con su actuar dio lugar a que directa o indirectamente se incrementara el
patrimonio propio o de un tercero.
Frente al anterior cargo, el actor aseguró que no se le dio la oportunidad de ejercer
su derecho de defensa, comoquiera que el reproche al respecto tan solo fue
endilgado en el fallo de única instancia y que no hizo parte del pliego de cargos.
Al respecto, y revisado detenidamente el pliego de cargos, la Sala concluye que, en
efecto, ese cargo no le fue formulado al actor; como bien se transcribió in extenso
en el acápite de pruebas de esta providencia; el auto de formulación de cargos fue,
en un principio, generalizado, dada la multiplicidad de actores y faltas investigadas,
pero se concretaron los hechos reprochables a cada uno de los implicados, en el
anexo correspondiente, particularmente, señalando los documentos, órdenes de
pago, facturas y demás de las que se predicaba la falta endilgada y, para el caso
del señor Monsalve Abril tan solo se hizo consistir el reproche en aquellas que tenían
que ver con el pago de coronas fúnebres y gastos de reparación de vehículos,
respecto de las cuales previamente, en esta providencia, se demostró la atipicidad
de la conducta, pero, en momento alguno, se cuestionó lo relativo a la adulteración
de recibos que justificaban comisiones.
La Sala observa que en la versión libre y espontánea sí se le plantearon
interrogantes al actor relativos a los aludidos vales de comisiones y este respondió
al respecto, pero en el pliego correspondiente no se le formuló una acusación en
torno a tal adulteración, lo que quiere decir que el ente de control no podía imponer
sanción disciplinaria por ese cargo, en tanto y en cuanto no le concedió al
disciplinado el derecho a ejercer su defensa frente a él. Lo anterior, en criterio de la
Sala, es muestra de una evidente incongruencia entre la providencia de imputación
122 Folio 635 del fallo disciplinario de primera instancia, que corresponde al 319 del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho.
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y el fallo cuestionado y ello comporta el quebrantamiento de las garantías
fundamentales del demandante, al haberle endilgado unos cargos y haberlo
sancionado no solo por ellos, sino por hechos o circunstancias nuevas, que
surgieron con posterioridad a su formulación o, a lo largo de la investigación, pero
no endilgadas, en la oportunidad procesal pertinente, para permitir al actor que se
pronunciara al respecto.
Siendo así, es fácil concluir que el actor logró desvirtuar la legalidad de los actos
acusados, en cuanto se demostró la atipicidad de la conducta en relación con los
cargos que le fueron endilgados en el pliego y violación del derecho de defensa
frente al que se adicionó en el fallo de única instancia, lo que conlleva que se
restablezca su derecho.
Por todo lo anterior y ante la prosperidad del cargo por violación del derecho al
debido proceso en torno a cada una de las faltas endilgadas y que dieron origen a
la sanción disciplinaria al actor, la Sala se releva de analizar las demás causales de
anulación que se invocaron en la demanda.
Ahora bien, y como se desvirtuó la legalidad de los actos censurados y según lo
pedido en la demanda y lo probado en el proceso, se ordenará a la Procuraduría
General de la Nación y al Ministerio de Defensa, Policía Nacional que, a título de
restablecimiento del derecho, procedan a:
i) reintegrar al señor José Laureano Monsalve Abril al servicio activo de la Policía
Nacional en el grado que ostentaba al momento de su retiro, y además, permitirle
presentar el curso de ascenso correspondiente, esta orden se impone a cargo de la
institución policial; y
ii) reconocer y pagar los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de
percibir por el accionante con ocasión de las sanciones disciplinarias impuestas por
la Procuraduría General de la Nación, desde la fecha del retiro y hasta que se
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vencieron los cinco años de la inhabilidad impuesta y que le impedían el acceso a
cargos públicos.
Sobre lo anterior, la Sala advierte que, producto de la decisión disciplinaria cuya
anulación se dispondrá en esta providencia, no solo se dispuso la desvinculación
del actor, al haber impuesto la sanción de destitución, sino que ella estuvo aparejada
de una inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el términos de 5
años, los cuales se entiende que transcurrieron entre el 22 de septiembre de 2006123
e igual fecha del año 2011.
Sanción que implica tanto la terminación de la relación laboral del empleado con la
administración, sin importar la naturaleza de su nombramiento, como la
imposibilidad de ejercer cargos públicos por un periodo específico y que, culminado
éste, el implicado pueda volverse a desempeñar al servicio del Estado y a ejercer
funciones públicas. En tal sentido, la doctrina ha sostenido lo siguiente:124
En cuanto a las faltas, la ley las clasifica de gravísimas, graves y leves. Para las
gravísimas, el legislador ha estimado que sean de tal naturaleza contrarias al servicio
o a la función pública que obligan a retirar del cargo al funcionario que incurre en ellas.
Es una sanción extrema, en tanto separa el cargo desempeñado al que la comete y
le impide volver a ingresar al servicio público durante un tiempo determinado (…)
Aún cuando es probable que otro tipo de medidas resulte más acorde como remedio
a estos graves males que aquejan a la administración pública, cómo sería la
interiorización de una ética de lo público por parte de los funcionarios, mientras se
logra una mejor respuesta derivada del convencimiento del compromiso real y efectivo
para atender esas directrices, es necesario disponer de instrumentos eficaces donde
la sanciones sean una posibilidad cierta y los procedimientos resulten concluyentes.
Ahora bien, en lo que respecta a las inhabilidades, la jurisprudencia ha sostenido
que «están constituidas por determinadas circunstancias, sean de rango
constitucional o legal y que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida
o designada en un cargo público. Se considera igualmente que su objetivo es
123 Día siguiente a aquel en que se le notificó el acto administrativo a través del cual se ejecutó la
sanción disciplinaria —Resolución 0443 del 25 de agosto de 2006—.
124 Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruiz. Cuarta edición. Páginas 12 y 13.
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lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a
ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.»125
De igual manera, respecto a la inhabilidad general en materia disciplinaria, la Corte
Constitucional la ha definido como « la prohibición de que una persona sea elegida
o designada en un cargo público, continúe en él o, en general, acceda y ejerza una
función pública. Este Tribunal ha precisado que la inhabilidad es una circunstancia
fáctica cuya verificación le impide al individuo en el que concurre acceder a un cargo
público. La importancia de las inhabilidades se asocia al hecho de que su
consagración persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para
realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos
intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales
a los generales de la comunidad».126
En efecto, como consecuencia de la inhabilidad impuesta, al actor se le cercenó la
posibilidad de acceder a un empleo público durante un lapso determinado y, por
ende, el restablecimiento económico como consecuencia de tal decisión de la
administración debe comprender el reconocimiento de los salarios y prestaciones
que dejó de recibir durante ese interregno.
Sobre lo anterior, esta Subsección es del criterio de que, al vencer el tiempo durante
el cual transcurrió la inhabilidad, el actor pudo reintegrarse al mercado laboral, por
lo menos, en lo que se refiere al sector público; por lo tanto, el reconocimiento
salarial y prestacional debe limitarse a ese lapso, pues, precisamente, el objeto de
la acción empleada consiste en que se restablezca el derecho, y, en ese orden, se
vuelvan las cosas al estado anterior, lo cual se entiende satisfecho con la orden de
reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales que el empleado dejó de
recibir durante el lapso de la inhabilidad.
125 Corte Constitucional, Sentencia C- 077 de 2007. M. P. Jaime Araujo Rentería.
126 Corte Constitucional, Sentencia C-500 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Valga aclarare que el restablecimiento al que se hace referencia tiene similitud con
el concepto de la reparación del daño que señala el profesor Juan Carlos Henao,
por cuanto su finalidad es «dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no
hubiere ocurrido, o, al menos, en la situación más próxima a la que existía antes de
su suceso», pues, si se excede la indemnización del daño se produciría un
enriquecimiento sin causa.
En torno a lo anterior, el restablecimiento del derecho, en casos como el sub
examine, se satisface con la orden de reintegro, pues producto de ella se permite la
reactivación del empleado en el servicio que estaba prestando al momento de la
desvinculación y, además, con un pago que corresponda, de manera más ajustada,
a la lesión que, en efecto, se le causó al servidor, pues se le impidió acceder a
empleos públicos, durante un lapso plenamente identificable, producto de la
inhabilidad.
En ese sentido, la Sala estima que la condena no debe abarcar la totalidad del
tiempo transcurrido entre el momento del retiro del servicio y el del efectivo reingreso
laboral, pues si bien es cierto en el curso del proceso se demostró la ilegalidad del
acto administrativo de desvinculación del servicio que, en este caso, conllevó la
destitución, también lo es que dicha ilegalidad no puede conllevar un pago
desbordado, pues, una vez superada la inhabilidad, el servidor que fue desvinculado
ilegalmente pudo encontrar fuentes de empleo o la manera de asegurar su
subsistencia producto del desarrollo de algún tipo de actividad de orden laboral,
tanto en el sector público como en el privado.
En ese aspecto, la Sala considera que en nuestro ordenamiento legal existen
diferentes disposiciones127 que limitan el reconocimiento «indemnizatorio» a causa
de desvinculaciones del servicio,128 incluso de personas amparadas por el fuero de
127 Ver entre, otras, el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 64 del Código
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002.
128 Si bien esas normas se refieren, por un lado, a la imposibilidad de reintegro de un empleado de
carrera cuando se ha producido la supresión de su empleo y no se puede producir la reincorporación,
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
carrera administrativa, las cuales se encuentran razonables, pues lo que buscan es
conjurar un perjuicio que, en efecto, ha sido causado, pero que atiende el hecho de
que los recursos del empleador, bien sea público o privado, no son ilimitados; por
ello, en esta ocasión, la Subsección acoge el criterio según el cual el
restablecimiento del derecho, en asuntos de tipo disciplinario en los que se hubiere
impuesto, como sanción accesoria, la inhabilidad, el restablecimiento del derecho
de orden económico, se limite, como máximo, al plazo durante el cual se hubiera
ordenado esa restricción, siempre y cuando el curso del proceso judicial hubiere
superado ese término, como ocurrió en el sub lite.
Las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán en su valor, de conformidad
con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, hasta la fecha de
ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh índice final
Índice inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de percibir por el actora por concepto de sueldos, prestaciones y
demás conceptos, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y prestacional teniendo en
cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno
de ellos.
Finalmente, en este caso no se puede pasar por alto que si bien, en principio, bajo
la necesidad de proteger el erario en todos los casos, debe darse aplicación a la
y, por el otro, a la indemnización por despido injusto para empleados del sector privado o
trabajadores oficiales.
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sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022, proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 129 que fijó las reglas
jurisprudenciales sobre procedencia del pago de dineros por concepto de salarios y
prestaciones sociales del empleado público cuyo acto de retiro del servicio fue
declarado nulo, pese a que el referido precedente de unificación se refirió a los
servidores nombrados en provisionalidad, en este caso no es dable ordenar los
descuentos devengados por el actor en el sector público, toda vez que el
restablecimiento del derecho se limitó al término que duró su inhabilidad general
para desempeñar cargos públicos, esto es, 5 años.
Adicionalmente, no procederán los descuentos de las sumas de dinero que el actor
hubiere recibido en el evento de que haya tenido otra u otras vinculaciones
laborales en el sector privado, por cuanto ello vulneraría el derecho al trabajo y no
tiene fundamento constitucional ni legal.
Por otra parte, se oficiará a la División de Registro y Control de la Procuraduría
General de la Nación y a la Policía Nacional para que registre esta decisión en el
Sistema de Información de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en
consecuencia, proceda a efectuar la correspondiente desanotación de las
sanciones impuestas.
3.3. La condena en costas
El artículo 174 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 55 de Ley 446 de
1998, en materia de costas establecía que, «en todos los procesos, con excepción
de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las
partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso,
en los términos del Código de Procedimiento Civil». Bajo la anterior consideración
y comoquiera que, en el sub lite, no se advierte que las partes hayan incurrido en
129 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 9
de agosto de 2022, demandante: Sonia Yamile Rondón Tasco.
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alguna conducta dilatoria del trámite y que sus argumentos estuvieron dirigidos a
defender sus planteamientos, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
4. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que (i) el señor José Laureano sí logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos acusados, lo que da lugar a su anulación
parcial, en lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria impuesta al
demandante; (ii) con base en lo anterior, es del caso acceder a las pretensiones de
restablecimiento del derecho, en los términos antes descritos; (iii) no hay lugar a
imponer condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. ANULAR PARCIALMENTE las decisiones disciplinarias emitidas el 15 de abril
de 2005 y el 17 de mayo de 2006 por el Procurador General de la Nación, en cuanto
se declaró responsable al señor José Laureano Monsalve Abril, y se le impuso
sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 5 años según lo
expuesto en las consideraciones que antecedente.
Segundo. OFICIAR a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de
la Nación y a la Policía Nacional para que registre esta decisión en el Sistema de
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Expediente Núm. 11001 03 25 000 2012 00047 00 (0214-2012)
Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Información de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia,
proceda a efectuar la correspondiente desanotación de las anteriores sanciones.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, i) CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a
reintegrar al actor al servicio activo de la Policía Nacional en el grado que ostentaba
al momento de su retiro y a permitirle realizar el curso de ascenso; y ii) CONDENAR a
la Procuraduría General de la Nación a reconocer y pagarle a José Laureano
Monsalve Abril los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de
devengar desde la fecha del retiro y hasta que se cumplieron los cinco años de la
inhabilidad impuesta como sanción accesoria, en los términos dispuestos en la parte
motiva. El pago de los salarios y demás prestaciones que resulten a favor del actor
se ajustará de conformidad con la fórmula y parámetros establecidos en la parte
motiva de esta providencia.
Cuarto. La anterior condena se debe actualizar con base en la siguiente fórmula:
R= Rh índice final
Índice inicial
El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulta de dividir el índice
final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de
ejecutoria de sentencia), por el índice inicial vigente (vigente para la fecha en que
se debió hacer el pago).
Quinto. No habrá lugar a realizar los descuentos de las sumas de dinero que
hubiere recibido el actor en el evento de que haya celebrado otra u otras
vinculaciones laborales durante el tiempo que permaneció la inhabilidad y que
comprende el restablecimiento económico.
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Demandante: José Laureano Monsalve Abril
Sexto. Dar cumplimiento a este fallo en los términos de los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.
Séptimo. Por Secretaría de la Sección Segunda devolver el expediente
disciplinario, allegado en calidad de préstamo, por la Procuraduría General de la
Nación.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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