Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00245-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Indagación preliminar: superación del término legal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00245-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00245-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
25 de enero de 2018
CONTROL JUDICIAL INTEGRAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS – Efecto
El control de legalidad integral de los actos disciplinarios, así propuesto, conlleva implicaciones para el juez de lo contencioso administrativo, que lo habilitan para lo siguiente: Aunque en principio el análisis de la legalidad del acto demandado está enmarcado en las causales de nulidad invocadas en la demanda, también es cierto que el juez puede y debe examinar otras conexas con derechos fundamentales, con el fin de garantizar la primacía del derecho sustancial y optimizar la tutela judicial efectiva. Estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que sustentan la sanción. Así como verificar la valoración de la prueba, lo cual comprende: (i) el análisis acerca del acatamiento al derecho de audiencia y defensa; (ii) el respeto de los principios y reglas fijadas por la Constitución y la ley disciplinaria para el recaudo del material probatorio y; (iii) se debe comprobar si el acto fue debidamente motivado. Examinar que en la actuación disciplinaria se haya dado estricto cumplimiento a todos los principios rectores de la ley que rige la materia Que la sanción disciplinaria corresponda a la gravedad de la falta y a la graduación que prevé la ley. Realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad de la ilicitud sustancial y de ser necesario, valorar los argumentos que sustentan la afectación sustancial del deber funcional así como las justificaciones expuestas por el disciplinado.
NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS/ DERECHO DE DEFENSA / DEBIDO PROCESO
No toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera de por sí la nulidad de los actos administrativos sancionatorios, toda vez que lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal naturaleza que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso, o de la presunción de inocencia, es decir, solo las irregularidades sustanciales o esenciales, que implican violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.
PROCESO DISCIPLINARIO / PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL
El principio de investigación integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario, no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o eximan de responsabilidad al mismo. Lo anterior en todo caso, no exonera a la parte investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en su favor
PROCESO DISCIPLINARIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA
En lo que concierne al análisis y valoración de las pruebas, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica, de manera conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.
INDAGACIÓN PRELIMINAR - Superación del término legal
El hecho que la indagación preliminar haya durado un tiempo superior al de seis meses, no constituye un quebrantamiento al derecho de defensa y al debido proceso, porque no afectó para nada las garantías de defensa que tuvo el disciplinado a todo lo largo del proceso disciplinario tanto en primera como en segunda instancia y sobre todo que este hecho no incidió de ninguna manera en las decisiones sancionatorias, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 permite en varios eventos un término superior al de 6 meses para desarrollar la indagación preliminar. Todo lo contrario la Sala evidencia que la prolongación del tiempo destinado para la indagación preliminar obedeció a la necesidad de la autoridad disciplinaria de buscar la verdad y adquirir elementos de convicción suficientes y convincentes para proceder a abrir la correspondiente investigación disciplinaria.
FUENTE FORMAL : LEY 734 DE 2011 –ARTÍCULO 129 / LEY 734 DE 2011 –ARTÍCULO 141
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00245-00(0925-12)
Actor: DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL.
Resuelve la Sala la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de única instancia instaurada por el señor DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ contra la actuación administrativa por medio de la cual se le destituyó del cargo de intendente jefe al servicio de la Policía Nacional. SE.0004
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el señor DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ presentó demanda ante el Consejo de Estado (Reparto), para obtener la nulidad del fallo disciplinario de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Facatativá; Sentencia de segunda instancia de fecha 13 de septiembre de 2011 emitido por la Procuraduría Regional de Cundinamarca y la Resolución 04046 del 09 de noviembre de 2011 que dispusieron la sanción de destitución y retiro del servicio del accionante e inhabilidad general por 13 años.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene su reintegro en el cargo que le correspondiere de acuerdo con su antigüedad; que la entidad demandada pague al demandante las sumas dejadas de percibir junto con sus incrementos legales, por concepto de salarios y prestaciones sociales y demás emolumentos del cargo que ocupaba desde la fecha en que se hizo efectiva la destitución hasta la data en que sea reincorporado al servicio activo.
Que se condene a las accionadas al pago al demandante y a su núcleo familiar de un valor de 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales.
Que se cumpla la sentencia condenatoria en los términos establecidos en los artículos 176 a 178 del CCA.
Que se condene en costas a las entidades accionadas.
HECHOS
La Sala los resume de la siguiente manera:
El intendente Jefe Daniel Guerrero Martínez fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional, mediante Resolución No.04046 del 9 de noviembre de 2011, con un tiempo total de servicios de 22 años, 5 meses y 26 días.
Se menciona en el acápite de hechos, que la investigación disciplinaria se originó en la queja formulada por el señor Eduard Fernando Rodríguez Calderón en la que indicó que para el 31 de octubre de 2009, policiales adscritos a la policía judicial de Villeta-Cundinamarca, le inmovilizaron el vehículo en que viajaba, bajo el argumento que el rodante estaba reportado en la República de Venezuela como hurtado; adujo el quejoso que en el recorrido los policiales le insinuaron que esa situación se podía arreglar.
Además indicó el señor Rodríguez que regresó a los 3 días al municipio de Villeta para ver sí le hacían la devolución del vehículo pero que un sargento (sin más datos) le dijo que el vehículo seguía retenido porque iba para la DIAN; aduce el quejoso que durante el tiempo que el vehículo estuvo inmovilizado, fue utilizado y que ya para el 28 de enero de 2010 el Sargento Guerrero y el Patrullero Martínez le exigieron al él la suma de $7.000.000.oo para la devolución del automotor a lo que el señor Rodríguez no accedió.
Dicha investigación disciplinaria fue radicada bajo el número IUS 1927 13-2010 IUC 2010-55-278050, y se adelantó bajo los postulados sustanciales de la Ley 1015 de 2006 y procedimentales de la Ley 734 de 2002, formulándose como cargos lo preceptuado en el artículo 34 numeral 9 de la Ley 1015 de 2006 que reza: « Artículo 34. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión como consecuencia de la función o cargo; en concordancia con lo estipulado en la Ley 599 de 2000, artículos 414 prevaricato por omisión, artículo 286 falsedad ideológica y 404 concusión»; calificándose el proceder del intendente Jefe Daniel Guerrero Martínez a título doloso.
Aduce en su defensa los siguientes hechos: dice que los días 1 y 2 de noviembre de 2009 el intendente Guerrero Martínez se encontraba con su turno de descanso en la ciudad de Bogotá lugar en donde reside con su familia.
Alega que el disciplinado no ordenó la inmovilización del rodante; tampoco participó en el procedimiento, menos aún se encontraba como Jefe de la Unidad de Policía Judicial SIJIN-Villeta para la hora de la inmovilización del vehículo.
Asevera que no se probó que el intendente Guerrero prohijó el contenido del oficio
No.030 MD-U.I.P.S.V.-SIJIN del 03 de febrero de 2010 suscrito por el patrullero Jairo Martín Martínez.
No se demostró en la investigación que el intendente Jefe Daniel Guerrero Martínez hubiere exigido o recibido computador alguno en el despacho de la jefatura de la SIJIN-VILLETA para la devolución del vehículo en mención.
Alega que en el presente proceso se violó el debido proceso porque la indagación preliminar duró 9 meses y 21 días, traspasando el término legal de 6 meses.
Insistió que no solicitó ni recibió los dos computadores que el quejoso supuestamente entregó el 1 de noviembre de 2009.
En términos generales le atribuye la responsabilidad del caso y de la inmovilización del vehículo al patrullero Jairo Martín Martínez Cárdenas.
CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
En el aparte del concepto de violación contenido en la demanda inicial, dijo que fue transgredido el artículo 29 de la Carta Política; el artículo 9 de la Ley 734 de 2002 sobre la presunción de inocencia.
También manifestó que se violaron los artículos 1,2,4,5,6,13,21,25,29,53,83, 121, 122, 124, 125, 209, 211, 218, 222, y 278 numeral 1.
Ley 734 de 2012.
Ley 1015 de 2006.
TRÁMITE DEL PROCESO
La Resolución 04046 del 09 de noviembre de 2011 por la cual se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al demandante se notificó personalmente el 11 de noviembre de 2011 (folio 133). Es decir, a partir de esa fecha comienza a contarse el término de cuatro meses para presentar la demanda venciéndose el 12 de marzo del 2012. Sin embargo este plazo se interrumpió el 2 de marzo de 2012 de 2012 con la solicitud de conciliación judicial y se reanudó (los 10 días restantes que vencían el 29 de abril del 2012) el 19 de abril de la misma anualidad con la emisión de la constancia de cumplimiento del requisito de procedibilidad expedida por la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado (folios 4 -6).
La demanda se presentó el 24 de abril del 2012 (folio 176 vto.) es decir, antes de la fecha de vencimiento de los 4 meses que era el 29 de abril de 2012, lo que para la Sala evidencia que la misma fue presentada dentro del término legal.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Policía Nacional contestó la demanda mediante escrito (folios 215-221) en el cual se opuso a las pretensiones de la misma, toda vez que los actos sancionatorios demandados gozan de la presunción de legalidad por haber sido promulgados de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, expedidos por autoridad competente y ajustados a la constitución y a la ley.
Propuso la excepción de legitimación en la causa por pasiva porque fue la Procuraduría General de la Nación que en uso de su poder disciplinario preferente profirió los actos administrativos sancionatorios y que la Policía lo único que realizó fue la notificación de la Resolución No.04046 del 09 de noviembre de 2011, mediante la cual se ejecutó la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación mediante escrito que reposa a folios 228 a 266 contestó la demanda de la siguiente forma:
Se opuso a todas las pretensiones de la demanda.
Propuso sin ningún respaldo la excepción de caducidad.
Sobre el caso en concreto expresó que en el sub lite los actos administrativos sancionatorios expedidos por la Procuraduría se encuentran conformes a las pruebas recaudadas y a la normatividad vigente.
En efecto, dijo que el intendente Daniel Guerrero Martínez es responsable de todas las faltas investigadas y sancionadas puesto que estuvo involucrado en los hechos desde el principio cuando se inmovilizó el vehículo el 31 de octubre de 2009, cuando el patrullero como subordinado de él le informó y el como Jefe de la Unidad Investigativa Sijin de Villeta se encargó del asunto.
Por lo tanto le correspondía haber puesto a disposición de la Fiscalía General todos los hechos conforme lo ordena el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal.
Concluyó que se deben negar las pretensiones de la demanda porque no se logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos sancionatorios.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El apoderado del demandante presentó alegatos de conclusión (folios 278-292) en los cuales esgrimió argumentos similares a los presentados con el escrito de demanda.
La Policía Nacional mediante escrito (folios 272 a 277) adujo argumentos similares a los expuestos en la contestación de la demanda.
CONSIDERACIONES
Asuntos preliminares
.- Análisis integral de la sanción disciplinaria.
La Sala Plena de esta corporación definió que el control que ejerce el juez de lo contencioso administrativo es integral, lo cual debe entenderse bajo los siguientes parámetros:
« […] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […]»
El control de legalidad integral de los actos disciplinarios, así propuesto, conlleva implicaciones para el juez de lo contencioso administrativo, que lo habilitan para lo siguiente:
Aunque en principio el análisis de la legalidad del acto demandado está enmarcado en las causales de nulidad invocadas en la demanda, también es cierto que el juez puede y debe examinar otras conexas con derechos fundamentales, con el fin de garantizar la primacía del derecho sustancial y optimizar la tutela judicial efectiva.
Estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que sustentan la sanción. Así como verificar la valoración de la prueba, lo cual comprende: (i) el análisis acerca del acatamiento al derecho de audiencia y defensa; (ii) el respeto de los principios y reglas fijadas por la Constitución y la ley disciplinaria para el recaudo del material probatorio y; (iii) se debe comprobar si el acto fue debidamente motivado.
Examinar que en la actuación disciplinaria se haya dado estricto cumplimiento a todos los principios rectores de la ley que rige la materia.
Que la sanción disciplinaria corresponda a la gravedad de la falta y a la graduación que prevé la ley.
Realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad de la ilicitud sustancial y de ser necesario, valorar los argumentos que sustentan la afectación sustancial del deber funcional así como las justificaciones expuestas por el disciplinado.
.-SOLO LAS IRREGULARIDAES SUSTANCIALES IMPLICAN LA NULIDAD DEL PROCESO DISCIPLINARIO.
El derecho de defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia son garantías constitucionales establecidas en favor de todas las partes de un proceso judicial o de una actuación administrativa.
El artículo 29 de la Constitución Política materializa esta protección al establecer que toda persona debe ser juzgada conforme a leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándosele principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa.
Igualmente, establece la citada norma superior que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable.
Sin embargo, esta Corporación quiere reiterar lo que ha sido una posición consolidada desde hace un importante tiempo, en el sentido de que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera de por sí la nulidad de los actos administrativos sancionatorios, toda vez que lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal naturaleza que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso, o de la presunción de inocencia, es decir, solo las irregularidades sustanciales o esenciales, que implican violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.
.- LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN EN EL DERECHO DISCIPLINARIO.
El artículo 20 de la Ley 1015 de 2006 «por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional » señaló que «En lo no previsto en esta ley, se aplicarán los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo, Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la naturaleza del derecho disciplinario».
De otra parte, el artículo 58 ibídem estableció, en desarrollo de la integración normativa citada, que el procedimiento aplicable a los servidores públicos regidos por la ley a la que se hizo alusión, es el contemplado en el Código Disciplinario Único, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.
En este orden, el régimen probatorio que gobierna los procesos disciplinarios que se adelantan contra el personal uniformado escalafonado y los auxiliares de policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional es el fijado en el título VI de la Ley 734 de 2002, habida cuenta de que la Ley 1015 de 2006 no establece uno propio.
Así pues, el artículo 128 de la Ley 734 de 2002 contempla que tanto el fallo disciplinario como toda decisión interlocutoria deben estar fundamentados en las pruebas legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa. La citada norma consagra que la carga de la prueba en estos procesos le corresponde al Estado.
Así mismo, es deber de la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, para lo cual es su obligación efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas recaudadas durante el trámite administrativo. El artículo 129 de la Ley 734 de 2002 fija esta postura en los siguientes términos:
«[…] Artículo 129. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio […]»
La norma desarrolla el principio de investigación integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario, no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o eximan de responsabilidad al mismo. Lo anterior en todo caso, no exonera a la parte investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en su favor.
En lo que concierne al análisis y valoración de las pruebas, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica, de manera conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.
El derecho disciplinario por contar con una dogmática propia que se ha venido consolidando para diferenciarlo en varios aspectos del derecho penal, y teniendo en cuenta que los bienes jurídicos que protege, son también diferentes, como son el buen funcionamiento de la administración pública con el fin de salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia en el desempeño de los empleos públicos, ha venido estableciendo un margen de apreciación y de valoración probatoria más amplio y flexible que el de otras ramas del derecho sancionatorio.
En efecto, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación han reconocido el amplio margen de que dispone el operador disciplinario para valorar las pruebas. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A advirtió:
«[…] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del mismo operador judicial penal, que le autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros […]» (Subraya de la Sala).
.-LA DISCIPLINA COMO CONDICIÓN ESENCIAL DE LA FUNCIÓN POLICIAL.
Para finalizar con el marco conceptual que regula el derecho disciplinario en las fuerzas del orden como la policía, la Sala quiere resaltar que la disciplina en el ejercicio de la función policial es una condición esencial, a tal punto que la misma Ley 1015 de 2006, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional, lo elevó a esa categoría de la siguiente forma:
«DE LA DISCIPLINA. Artículo 25. Alcance e importancia. La disciplina es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de la Institución Policial e implica la observancia de las disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias que consagran el deber profesional.»
(Subrayas de la Sala.)
Es pertinente recordar que el régimen de la Policía Nacional es especial y aspectos como la disciplina tienen características específicas que no se encuentran en los regímenes de otros servidores públicos. Por tanto, el operador disciplinario, en la determinación de la tipicidad, antijuricidad, valoración probatoria, evaluación de la ilicitud sustancial debe tener en cuenta la condición esencial que revista la disciplina en la institución policial.
En esa medida, atendiendo a la disciplina como condición esencial, las exigencias y los deberes del servicio policial son más estrictos que los que asumen los demás servidores públicos.
En consecuencia, el operador disciplinario, dentro de su amplia facultad de valoración probatoria, analizada ut supra, debe tener en cuenta la condición esencial de la disciplina en el servicio policial, para determinar la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad en la comisión de los mismos al igual que en la determinación de la violación del deber funcional como elemento configurativo de la ilicitud sustancial.
Establecido lo anterior la Sala procede a estudiar el caso sub examine:
La falta disciplinaria.
La oficina de control disciplinario interno DENAR de la entidad accionada, luego de realizar la apreciación y valoración de las pruebas recaudadas dentro del trámite disciplinario señaló, en el acto sancionatorio de primera instancia, que las faltas reprochadas al demandante son las descritas en los ordinales 14 y 27 del artículo 34 «Faltas gravísimas» de la Ley 1015 de 2006 que se encuentran consagradas de la siguiente manera:
«Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
14. Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o pertenencias de la Institución, de los superiores, subalternos, compañeros o particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero.
9. Realizar una conducta descrita en la Ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo…»
Las conductas descritas en la Ley como delito endilgadas al Intendente Guerrero fueron prevaricato por omisión descrito en el artículo 414 del Código Penal de la siguiente forma:
«Prevaricato por omisión: El servidor público que omita, retarde….un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión […].»
« PRIMER CARGO: Usted, Daniel Guerrero Martínez, en su condición de intendente de la Policía Nacional, en desempeño de sus funciones como Jefe de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la SIJIN-Villeta, una vez se enteró del día 31 de octubre de 2009, de la inmovilización en la vereda Puente Piedra del Municipio de Madrid- Cundinamarca, del vehículo que portaba placas No. ICP 955, de la que se había establecido por presunta información de terceros, que había sido hurtado en Venezuela y con la (sic) que se cometió el presunto delito de estafa en contra de patrimonio del señor Eduard Fernando Rodríguez, OMITIÓ el deber legal que le impone la Ley Penal a la Policía Judicial, en el sentido de poner de inmediato el bien en cadena de custodia y rendir el respectivo informe al Fiscal competente, permaneciendo el vehículo en la SIJIN Villeta desde ese día 31 de octubre de 2009 hasta el 8 de febrero de 2010, es decir, por más tres meses, sin que las autoridades hubieran conocido los hechos.
Este comportamiento se adecua al tipo penal objetivo consagrado en el artículo 414 del Código Penal, que corresponde al Prevaricato por Omisión:
«Prevaricato por omisión: El servidor público que omita, retarde….un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión […].»
Configurándose de esta manera, posiblemente, la incursión en la falta gravísima
consagrada en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, Código Disciplinario Especial para miembros de la Policía Nacional consistente en “Realizar una conducta descrita en la Ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo…”»
Dicho comportamiento disciplinario se imputa a título de dolo.».
« SEGUNDO CARGO: Usted Daniel Guerrero Martínez en su condición de Jefe de la Unidad Básica de investigación Criminal de la SIJIN-Villeta, presuntamente tuvo conocimiento, ordeno, revisó y aprobó el contenido del oficio No. 030/MD-U.I.P.J.S.V-SIJIN del 3 de febrero de 2010, en el que se plasmó que la inmovilización del vehículo de placas ICP 955, había sido el día 20 de enero de 2010, misma fecha que se le impuso el acta de inmovilización y el acta de inventario del vehículo, cuando se estableció, que tal procedimiento se efectuó el día 31 de octubre de 2009.
Este comportamiento se adecua al tipo penal objetivo consagrado en el artículo 286 del Código Penal que prescribe:
“…FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO-“El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) meses a ciento ochenta (180) meses.
Configurándose de esta manera, posiblemente, la incursión en la falta gravísima
consagrada en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, Código Disciplinario Especial para miembros de la Policía Nacional consistente en “Realizar una conducta descrita en la Ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo…”»
TERCER CARGO: Bajo amenazas de ser encarcelado y de tener graves problemas de tipo personal y judicial, usted DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ, en su condición de Jefe de la Unidad Básica de investigación Criminal de la SIJIN-Villeta, obligó al señor EDUARD FERNANDO RODRÍGUEZ el día 31 de octubre de 2009 a comprar dos computadores que entregó al día siguiente, 1° de noviembre de 2009 en las instalaciones de la SIJIN-VILLETA, presuntamente para el servicio de la Unidad, pero además, solicitó por interpuesta persona, el doctor JESÚS MARIA MELO ROJAS, apoderado del quejoso, la suma de Siete Millones de pesos ($7.000.000.oo) con la promesa que no se vería envuelto en problemas y que además le devolverían el vehículo, a lo que no accedió el señor EDUARD FERNANDO RODRÍGUEZ.
Este comportamiento se adecua al tipo penal objetivo consagrado en el artículo 404 del Código Penal que señala:
“…ARTÍCULO 404. CONCUSIÓN. “…El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión (-)…e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas… .”
Configurándose de esta manera, posiblemente, la incursión en la falta gravísima
consagrada en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, Código Disciplinario Especial para miembros de la Policía Nacional consistente en “Realizar una conducta descrita en la Ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo…”»
PROBLEMA JURÍDICO
Bajo el marco de los actos administrativos sancionatorios y lo alegado por el actor en su demanda, los problemas jurídicos se concretan en los siguientes interrogantes:
PRIMER PROBLEMA JURÍDICO:
1.- ¿Se viola el debido proceso o el derecho de defensa porque la indagación preliminar duró 9 meses y 21 días, traspasando el término legal de 6 meses?
SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO
2. ¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos sancionatorios censurados en el presente proceso?
En este orden la Sala procederá a resolver cada uno los problemas jurídicos planteados de la siguiente forma:
PRIMER PROBLEMA JURÍDICO:
¿Se viola el debido proceso o el derecho de defensa porque la indagación preliminar duró 9 meses y 21 días, traspasando el término legal de 6 meses?
La Sala sostendrá la tesis en el sentido de que el hecho que la indagación preliminar del proceso disciplinario haya durado 9 meses y 21 días, traspasando el término de 6 meses no vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa del accionante Daniel Guerrero Martínez.
En este orden de ideas, como primera medida, la Sala quiere resaltar, que tal como lo analizamos ut supra, la jurisprudencia del Consejo de Estado en múltiples oportunidades ha señalado que no todas las irregularidades procesales cometidas por las autoridades disciplinarias dan lugar a la nulidad de los actos administrativos, pues es necesario que estas hayan afectado realmente las garantías de defensa y contradicción del disciplinado, que hayan sido puestas de presente por el investigado en el proceso disciplinario a través de los medios de defensa otorgados por el ordenamiento jurídico –recursos y nulidades- y que esas irregularidades hubieran llevado a una decisión final diferente, pues lo contrario implicaría sacrificar el principio fundamental que exige al juez buscar la verdad y hacer justicia.
En efecto en el caso en concreto, el hecho que la indagación preliminar haya durado un tiempo superior al de seis meses, no constituye un quebrantamiento al derecho de defensa y al debido proceso, porque no afectó para nada las garantías de defensa que tuvo el disciplinado a todo lo largo del proceso disciplinario tanto en primera como en segunda instancia y sobre todo que este hecho no incidió de ninguna manera en las decisiones sancionatorias, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 permite en varios eventos un término superior al de 6 meses para desarrollar la indagación preliminar.
Todo lo contrario la Sala evidencia que la prolongación del tiempo destinado para la indagación preliminar obedeció a la necesidad de la autoridad disciplinaria de buscar la verdad y adquirir elementos de convicción suficientes y convincentes para proceder a abrir la correspondiente investigación disciplinaria.
Finalmente y para abundar en razones, la Sala estima que en el hipotético caso que hubieren existido algunas irregularidades en la actuación disciplinaria, estas no tuvieron la entidad suficiente para haber quebrantado el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción del investigado ni mucho menos se demostró dentro del proceso que esas presuntas irregularidades hubieren determinado una decisión diferente.
En consecuencia este cargo no tiene vocación de prosperidad.
SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO
2. ¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos sancionatorios censurados en el presente proceso?
La Sala sostendrá la tesis que en el presente proceso no se logró desvirtuar la legalidad de los actos sancionatorios cuestionados, por las siguientes razones:
En el expediente existe abundante material probatorio que demuestra la legalidad de los actos sancionatorios, elementos suasorios que analizados en su conjunto como lo establece la sana crítica llevan a esta Sala a la convicción que las sanciones impuestas por los actos cuestionados deben permanecer incólumes.
En efecto la Sala quiere destacar que los actos sancionatorios realizaron un amplio y detallado análisis del vasto material acreditativo recaudado por el operador disciplinario, se resalta por ejemplo el análisis de las diversas declaraciones del quejoso Eduard Fernando Rodríguez Calderón, así (folio 19-22) :
«[…] … una vez llegan los miembros de la SIJIN, el Patrullero MARTÍNEZ, le manifiesta que los papeles del vehículo que portaba son falsos o chimbos. Le dijo que la tarjeta de propiedad es falsa y que por tal razón el vehículo quedaba retenido. Cuando él le señala que tiene los papeles del vehículo junto con el traspaso, el Patrullero le contesta que el vehículo tiene una orden de hurto en Venezuela, y que se deben movilizar hacia Villeta. Él le dice que tiene que firmar una orden en la Estación de Policía de Puente Piedra, porque en la minuta que ellos llevan, había quedado registrado la solicitud del señor EDUARD FERNANDO, que él había estado allí, con su vehículo y en presencia propia, ya que le resultaba extraño que el vehículo lo solicitara la SIJIN. El patrullero se encontraba en compañía de otro efectivo, del que manifestó no sabe el nombre, a quien describió como más joven que al Patrullero MARTÍNEZ, trigueño, de cabello crespo corto, sin bigote, identificable físicamente porque tiene ojos muy pequeños y las pestañas son onduladas y grandes. Ese muchacho es quien se sube en su camioneta, y el Patrullero MARTÍNEZ se va en una camioneta blanca de platón. En el trayecto del camino, le manifestó al efectivo que iba con él, lo extraño del procedimiento, sin que este le contestara nada, únicamente la manifestación de que cuando llegaran a la Estación el Jefe le diría lo que debía hacer. Agregó, que le dijo a esta persona que debía entrar a la casa de sus padres en la Vega y bajar unas cosas y unos alimentos, y una vez se estacionan allí, llegó el patrullero MARTÍNEZ con el Sargento GUERRERO. Se subieron a su camioneta, en donde le presentan al Sargento GUERRERO, quien le pregunta sí alguna vez le habían detenido el carro, contestándole que no. El Sargento le dice que es grave en lo que está metido porque el vehículo es hurtado, y agrega que se puede ver involucrado en varios delitos que le nombró, de los que él no conoce. Le explicó que el vehículo lo había adquirido con el fruto de su trabajo y que es el sustento de su hogar, contestándole el Sargento que por eso mismo, él debía ser consciente, porque el vehículo era robado. Le preguntó el Sargento si conocía a quien le vendió el vehículo, WALTER MARTÍNEZ, y le contestó que lo conoció el día del negocio. Le dijo el Sargento que el vehículo tenía que quedar a disposición, que se debían trasladar a Villeta, y le insinuó que lo del vehículo era grave, pero que eso se podía arreglar. Que se trasladaran a Villeta y allí hablaban. Los policiales se bajaron del vehículo e inician el recorrido, él mismo conduce su camioneta y va con el efectivo que mencionó, y los policiales se van en la camioneta blanca. Le dijo al efectivo que tenía que recoger a su padre, y lo recogen en el centro del pueblo, sobre la autopista. Su padre es la única persona que lo acompaña a la Estación de Villeta. Cuando llegaron, en la Estación, el efectivo que lo acompañaba sacó un código y le dijo que incurría en cuatro (4) delitos. Él se atemorizó, porque nunca se había visto envuelto en un problema de esa clase, y entonces llega el señor MARTÍNEZ y le dice que el vehículo queda a disposición de ellos. Él le solicitó que le mostraran el papel, el documento o la orden de que el vehículo está requerido por Venezuela y él le dijo que no, porque ese es un sistema al que sólo pueden acceder ellos. Ellos le dicen que deje el carro, que entregue las llaves, y él pregunta qué va a pasar con el carro, y es cuando empiezan a interrogarlo sobre sus ocupaciones, indicándoles que es comerciante y trabaja con tecnología en el Centro Comercial UNILAGO. Le hacen firmar unas actas de entrega del vehículo, y cuando le dijo que iba a llamar a su abogado, ellos Martínez y el otro, me dicen que si llamo al abogado es para más problemas. Siguen intimidándolo, manifestándole que se encuentra metido en varios problemas, y él les dice que está dispuesto a acceder a lo que ellos quieran, que ellos son los que conocen las Leyes.
Agregó que le cotejan su información laboral, y le preguntaron si él dada buenos precios de computadores. Él les dijo que sí, que manejaba una línea, y con mucho gusto los atendía cuando lo necesitaran. Ellos, MARTÍNEZ y el otro, en forma jocosa le dicen que están necesitando computadores para ellos y la oficina, que debería hacerles una donación, y le mostraron unos equipos de la oficina, todos viejos, y entonces les dijo que les daba buenos precios. Entonces MARTÍNEZ le dijo que es verdad, que les obsequiara los computadores ya que él tenía posibilidades y manejaba el medio, y es cuando se da cuenta que lo que querían era que les colaborara con cosas materiales. MARTÍNEZ le dijo que él le ayudaba con la devolución de la camioneta, que él ya la radicó y que debía esperar a ver qué pasaba. Que mientras tanto les colaborara con los computadores. Él le preguntó qué garantía tenía que llevando los computadores le devolverían el vehículo, y accedió a decirle que llevaba los computadores, y ellos le dijeron, en términos exactos, que ellos le ayudaban. Les indicó que los dos computadores costaban un promedio de dos millones y medio, y MARTÍNEZ le dijo que cuánto valía la camioneta, que son dos computadores a cambio de la camioneta. Al verse intimidado, les dijo que al otro día se los llevaba. Indicó, que es un descaro, por parte de ellos MARTÍNEZ y el otro, puesto que MARTÍNEZ no conforme le pide un portátil. En ese momento llega el Sargento GUERRERO, lo llama afuera de la Estación, y le dice que eso se puede arreglar, que el problema es que se hizo la anotación en la Estación de Puente Piedra, y que por tal motivo dejara el vehículo unos días y que esperaran a ver qué pasaba. Le dijo que de todas formas como garantía de que yo no iría a decir nada, y que no los iría a acusar, le firmé unas actas en blanco, las que firmó en presencia de su padre FERNANDO RODRÍGUEZ. Quedó anonadado de tener que dejar su vehículo y fuera de eso llevarles cosas. El día 1° de noviembre de 2009, en horas de la mañana, en CARREFOUR de la calle 170, compró un portátil, no recuerda la marca, lo compró para llevarlo a Villeta, ya que su mujer, el día anterior, sacó un computador de mesa de color blanco del almacén de un amigo, que se lo entregó el día 31 de octubre, en horas de la tarde, y lo tiene listo con conocimiento de causa para qué es y a quienes hay que llevárselo. Allegó copias de dos facturas, en donde figura la fecha en que los compró y como los pagó. Continuó diciendo, que ese día 1° de noviembre, su esposa lo acompañó a llevar los -computadores a Villeta, llamaron al Patrullero Martínez… Lo hizo seguir a la oficina de la SIJIN, sacó los computadores de las cajas, y se los entregó con facturas y garantías, MARTÍNEZ le dijo que el Sargento GUERRERO no estaba, que lo esperara, y de que de una vez hablara con él, porque es el encargado de definir qué va a pasar con el carro. Esperó un tiempo, y llegó el Sargento, y le dijo que esperaran unos días a ver qué pasaba, o ver si la camioneta la reportaron o no, que tuviera paciencia, que ellos le Irían a colaborar, en vista de que les cumplió con lo acordado.
[…] El despacho intervino en este momento y le preguntó al declarante si la solicitud de los computadores se la hicieron tanto el Patrullero Martínez como el Sargento Guerrero, manifestando que sí. Se le preguntó así mismo, a qué personas le entregó los computadores el 1° de noviembre de 2009, manifestando que al Patrullero Martínez y al Sargento Guerrero.
Continuó relatando los hechos, indicando que fue citado varias veces a Villeta para hablar sobre el vehículo.
[…] En otra ocasión, en diciembre, estuvo en Villeta y se habló con el Sargento Guerrero, y también le comentó lo que le había dicho el Patrullero Martínez, manifestándole que definitivamente no le entregaría el carro, y cuando el preguntó que tenía que hacer para que le devolvieran el carro, le dijo que tenía que colaborarles monetariamente y que él se tenía que dividir eso con el Patrullero Martínez. Le pidió siete millones de pesos, a lo que le manifestó que en el momento no tenía dinero, y él dijo que así era imposible, y le indicó que ese día estaba esperando un reporte de la Central de Cundinamarca, y dependiendo del mismo lo llamaba y le avisaba para entregarle la camioneta, y para que entregara el dinero. En ese momento se dio cuenta que estas personas querían era intimidarlo y sacarle dinero, por lo que dejo el tema así, y decidió no volverlos a llamar.»
[…] El Despacho le preguntó al Señor Eduard Fernando que indicara los nombres de las personas que le exigieron dinero y señaló al Sargento Guerrero y al Patrullero Martínez, quienes le habrían exigido dinero, el día que lo detuvieron, en la oficina de la SIJIN. La segunda vez, el día que se reunió con el Sargento en el parque de Villeta, y la tercera vez, el día que el señor Martínez estuvo en la casa de sus padres, a la entrada de la casa delante de su padre. »
La Sala vislumbra que todos estos hechos y pruebas analizados por el operador disciplinario son concordantes y coherentes con las otras pruebas allegadas al plenario, entre otras, se destacan los testimonios y las respectivas ampliaciones del señor padre de Eduard Rodríguez Calderón, el Señor Fernando Rodríguez Pachón y el de la esposa del quejoso Heidy Carina Hurtado Rodríguez, quien acompañó a su esposo a comprar un computador a Carrefour de la calle 170 y posteriormente continuó acompañando a su cónyuge hasta el Municipio de Villeta para entregar los computadores tanto al patrullero Martínez como al Sargento Guerrero.
En efecto, sobre los testimonios de HEIDY CARINA HURTADO RODRÍGUEZ, se evidenció lo siguiente:
«[…] que el día 31 de octubre de 2009, recibió una llamada de su esposo EDUARD FERNANDO quien le informó que había sido detenido en la Estación de Puente Piedra, para una revisión del vehículo, porque le informaron que tenía un requerimiento de la Policía de Villeta, porque era hurtado. Le agregó, que debía desplazarse al municipio de Villeta con las personas qué' lo acompañaban en ese momento, y que por seguridad de él, debía dejar una anotación en la Estación, en donde se dejara constancia quiénes lo llevaban para Villeta, la que iba a ser firmada por parte del Patrullero MARTÍNEZ. Horas después, recibió otra llamada de él, manifestándole que debían hacer entrega, por solicitud del señor MARTÍNEZ y el Sargento, del que no le dijo el nombre ni el apellido en ese momento, de dos computadores, uno portátil y un computador de escritorio. Señaló que su esposo le pidió el favor de que fuera a comprarlos por lo que se dirigió al Centro Comercial UNILAGO, y compró el computador de mesa, que tuvo un costo de $780.000.oo. En la noche llegó su esposo, EDUARD FERNANDO a la casa, y al otro día, el primero de noviembre de 2009, se dirigieron a CARREFOUR de la calle 170 a comprar el computador portátil, de marca COMPAC (sic), el cual fue adquirido por medio de su tarjeta de CODENSA. De ahí salieron para Villeta, a cumplir con la cita establecida por el señor MARTÍNEZ (señaló al Patrullero JAIRO MARTÍN MARTÍNEZ CÁRDENAS, identificándolo plenamente dentro de la audiencia). Cuando llegaron a Villeta, se comunicaron con él telefónicamente y los citó en la Estación de Villeta. Llegaron con su esposo EDUARD FERNANDO aproximadamente a las 11:00 de la mañana. El patrullero MARTÍNEZ los hizo esperar por el lapso de una hora aproximadamente, luego llegó manejando la camioneta de ellos, y los hizo seguir a la Estación de Policía, a la oficina del Sargento y del señor MARTÍNEZ, para hacer entrega de los conmutadores. Señaló, que cuando llegaron a la Estación de Policía no hubo registro alguno de su ingreso a la estación, ni de los que llevaban en las cajas. Que allí se sentaron y estaba el Sargento de quien no recordó su nombre, pero de quien manifestó era la persona que se encontraba dentro de la audiencia uniformada, determinando el Despacho que se trata del Sargento DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ. Procedieron a destapar las cajas que llevaban, y entre su esposo EDUARD FERNANDO y el Patrullero MARTÍNEZ, instalaron el computador de mesa sobre el escritorio que había en esa oficina, en donde estaba el Sargento. De ahí pasó un tiempo mientras prendían el computador y el Patrullero MARTÍNEZ verificaba el portátil. Preguntaron qué iba a pasar con la camioneta, y el Sargento les dijo que quedaba a disposición de la SIJIN Villeta, porque habían recibido una notificación que el vehículo había sido hurtado en Venezuela. Que lo de los computadores era para ver si los podían ayudar y les devolvían la camioneta. Entonces preguntaron si podían retirar e! radio que le habían instalado a la camioneta, y el Señor Sargento y el Patrullero MARTÍNEZ les dijeron que si, y se dirigieron con este último a la salida de Villeta, en donde retiraron el radio frontal. En ese proceso de retirar el radio, el señor MARTÍNEZ les manifestó que aparentemente nosotros teníamos una investigación porque habían trabajado en el grupo DMG, y que yo había sido asistente de DAVID MURCIA, y que por eso el grupo armado de la Vega les estaba haciendo seguimientos, y que ellos tenían conocimiento de eso. También les comentó que ellos habían estado en una reunión de la que ellos tenían fotos, y que en una de ellas aparecía su esposo EDUARD FERNANDO con su esposa y la hija alzada, cosa que es falso porque ellos no tienen hijos, y adicional, la persona de la que él estaba hablando es la esposa de un primo de EDUARD FERNANDO. Volvieron a la Estación y se despidieron, y su esposo habló con el Sargento y el señor MARTÍNEZ y quedaron en que los teníamos que llamar para saber sí nos devolvían el carro o no.
De ahí el Sargento los acompañó a coger el bus para regresar a Bogotá. Eso fue lo que presenció. Días después volvió a bajar su esposo a Villeta, y le comentó que el patrullero MARTÍNEZ le había dicho que estaba muy complicada la devolución del carro. Después supo que bajó el doctor JOSÉ MARÍA MELO, y se entrevistó con el Sargento afuera de la Estación de Policía, que tocaron el mismo tema y el Sargento le dijo que estaba muy complicado devolver el carro porque había sido hurtado en Venezuela. Después recibieron una llamada del señor MARTÍNEZ, manifestándoles que podía devolver el carro a cambio de un dinero. Cuatro Millones al Patrullero MARTÍNEZ y cuatro millones al Sargento, pero que tenía que ser rápido porque él iba a ser trasladado. Eso fue lo que escuchó por teléfono. Aclaró que no estaba segura si se trataba siete u ocho millones lo que pedía el Patrullero MARTÍNEZ por la entrega del vehículo.»
La Sala igualmente constata que el operador disciplinario también realizó el análisis y valoración en conjunto de otras pruebas que concuerdan y confirman los anteriores hechos (folios 35-40) como se verá a continuación:
«A folio 32 c.o, obra el Acta de Visita del 6 de agosto de 2010, practicada en la SIJIN de Villeta - Cundinamarca, ordenada con el fin de determinar la identidad completa del patrullero MARTÍNEZ y la del Sargento GUERRERO, así corno cuál fue el trámite que se realizó con ocasión de la incautación del vehículo de propiedad del señor RODRÍGUEZ CALDERÓN. AHÍ se determinó que se trataba del Sargento DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ, Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la SIJIN de Villeta - Cundinamarca, y del Patrullero JAIRO MARTÍN MARTÍNEZ CÁRDENAS, funcionario de automotores adscrito a esa misma Unidad.
Establecida la identidad e individualización de los anteriores funcionarios, mediante auto del 20 de septiembre de 2010 se ordenó la notificación de la decisión del inicio de la Indagación Preliminar a los implicados, diligencia que se efectuó el día 29 de septiembre de 2010, folios 52 y 53 c.o.
Ahora bien, en la Visita realizada el día 20 de agosto de 2010, el Patrullero CESAR HERNÁNDEZ MORENO, quien se encontraba a cargo de la Unidad de Investigación SIJIN - Villeta para ese día, en consideración de la información que requirió la Procuraduría acerca del procedimiento de inmovilización del vehículo cuestionado, luego de revisado el archivo de la Unidad, aportó copias en 14 folios, relacionadas con el informe y los diligenciamientos que se hicieron en relación con la inmovilización de éste vehículo, identificado como camioneta, marca Chevrolet, tipo doble cabina, color negro, modelo 2008, No. de motor 271552, número de chasis LBETF1M180004264, No. de serie LBETF1M1800042G4, placa No., ICP 955, servicio particular.
A folios 33 y 34 c.o, obra en este sentido, el oficio No. 030 /MD - U.I.P.J.S.V -SIJIN, suscrito por el Patrullero JAIRO MARTÍN MARTÍNEZ CÁRDENAS, de fecha 3 de febrero de 2010, revisado por el Intendente DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ, por medio del cual se puso a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el referido vehículo.
En la parte superior del oficio, a folio 33 c.o, se advierte una fecha, probablemente de algún recibido, de 8 de febrero de 2010, número de radicación 03753 – junto con otra sigla difusa, al parecer, terminada en "AN".
A través de este oficio, que entre otras permitió establecer la identidad e individualización del Patrullero que fuera mencionado en la queja como MARTÍNEZ, se relacionan las características del vehículo en cuestión, y posteriormente, en el motivo de la inmovilización, manifestó el patrullero MARTÍNEZ, que el día 20 de enero de 2010, a las 17:00 horas, cuando se encontraba realizando un plan de automotores en el perímetro urbano del municipio de "La Vega", fue inmovilizado el vehículo referenciado, para la verificación de los documentos de matrícula, ya que el vehículo tenía características para un vehículo venezolano, y no para los de Colombia, siendo conducido el rodante por parte del señor EDUARD FERNANDO RODRÍGUEZ CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía No.3.087.405 de la Vega-Cundinamarca, con unión libre, residenciado en la Calle 152 No.11-12, barrio Cedro Golf de Bogotá11-12, tecnólogo, quien manifestó que hacía poco lo había comprado, y que hasta ahora estaba haciendo el trámite para el traspaso a su nombre (fl. 33 c.o).
En las actividades realizadas señaló, que consultó la serie del vehículo por medio de la página de Internet del Ministerio de Tránsito de Venezuela, y le apareció que el vehículo era solicitado por ese país. Agregó, que solicitó a la SIJIN de Cúcuta, Norte de Santander, para que por medio de ellos consultaran con la PTJ de Venezuela los antecedentes del Vehículo y en forma verbal, la SIJIN de Cúcuta le habría informado que el vehículo era solicitado por Hurto en la República de Venezuela, de acuerdo al expediente o denuncio No. H. 928.284, de fecha 20 de julio de 2008, en la Subdelegación de Maracaíbo, cuando portaba la placa MBK600. Agregó que por parte de la SIJIN de Ibagué, enviaron por correo certificado, copia del Certificado de empadronamiento de Generáis Motors -Colmotores S.A No. 39001816, en donde observó varias anomalías, como que el papel había sido adulterado. El Informe, como se dijo, lo firmó el Patrullero JAIRO MARTÍN MARTÍNEZ CÁRDENAS, y a lado de su firma, se relacionó que fue elaborado por él, revisado por el IT. Guerrero, elaborado el día 03 de febrero de 2010, y la ubicación en el sistema: Mis documentos/oficios salidos.
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Anexó al Informe un acta de inventario de fecha 20 de enero de 2010; un acta de inmovilización del vehículo de fecha 20 de enero de 2010; un estudio Técnico al vehículo de placas ICP 955; copia de la licencia de tránsito No. 08-73001000 3539761; copia del seguro obligatorio No. AT1317 10014329-3; copia del certificado de empadronamiento de Colmotores No. 39001816; copia del contrato de compra venta del vehículo No. VA-6509042 y el oficio No. P24 de fecha 20 de enero de 2010 - Sijin Cúcuta.
Revisados estos documentos se observa, a folio 35 c.o, el formato de Informe de investigador de laboratorio.-FPJ11. para uso exclusivo de la Fiscalía General de la Nación, en el que se advierte, entre otras, que dicho formato debía ser diligenciado por la policía judicial cuando se le hubiere solicitado procedimientos técnicos • científicos. El documento fue elaborado por el patrullero JAIRO MARTÍN MARTÍNEZ CÁRDENAS, con fecha 27 de enero de 2010, y al final, concluyó, que con ese estudio quedaba plenamente identificado el vehículo, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con su número de chasis y de motor, por encontrarse que son los originales de fábrica.»
Más adelante el operador disciplinario expresa en su análisis lo siguiente:
«Teniendo como marco jurídico lo anterior, la Procuraduría Provincial nuevamente procede al análisis de los elementos probatorios allegados al proceso disciplinario y reitera, de nuevo, que luego de una acuciosa evaluación, observa en el procedimiento adelantado por la Unidad de Investigación Criminal de Villeta, una serie de irregularidades que constituyen la comisión de falta disciplinaria.
Dentro del expediente se encuentra plenamente establecido que el operativo que condujo a la inmovilización y posterior incautación de la camioneta Luv Dimax, Chevrolet 4x4, cabinada, modelo 2008, de color negro y con número de placas ICP - 955, estuvo a cargo de la Unidad de Investigación Criminal de Villeta, a cargo del Intendente DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ, quien conoció desde un inició y hasta el final el procedimiento, así como por parte del Patrullero JAIRO MARTÍN MARTÍNEZ CÁRDENAS, técnico de automotores de la Policía Nacional.
Según las propias manifestaciones del patrullero MARTÍNEZ CÁRDENAS, conoció el asunto el día 31 de octubre de 2009, encontrándose en el municipio de Nimaima - Cundinamarca, cuando recibió una llamada de un presunto informante, quien le habría manifestado que el vehículo antes referido, el que aparecía como hurtado en Venezuela, se encontraba en el municipio de "La Vega". Al momento, recibió otra llamada, informándolo que el vehículo había iniciado recorrido rumbo a la ciudad de Bogotá, por lo que solicitó apoyo a la inspección de Policía de Puente Piedra para que fuera detenido.
En la misma versión y dentro del informe que rindió el patrullero MARTÍNEZ ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, parecería que días después se habría enterado de que la camioneta hurtada en Venezuela portaba en ese país la placa MBK-600. Señaló en su versión que este dato lo obtuvo por parte del señor SIGIFREDO OROZCO, a quien le habría enviado un correo electrónico, del que no aparece constancia alguna dentro de la documentación del procedimiento. No obstante, en la misma versión, cuando la Procuraduría Provincial le hizo saber que infería que del informe realizado por él, se establecía que la Unidad ya conocía del caso de este vehículo, porque el presunto informante le habría manifestado cuando lo llamó telefónicamente, las características del vehículo y que había sido hurtado en Venezuela, el Patrullero MARTÍNEZ contestó que él no conoció con anterioridad sobre el vehículo, sino sólo hasta ese día (se refiere al 31 de octubre de 2009), que él lo llamó (se refiere al informante), y le dio las características del vehículo y la placa con la que había sido hurtado en Venezuela, la cual le dijo era la número MBK - 600, sin más datos, respuesta que contradice lo anterior.
En la ampliación de versión rendida dentro de la audiencia pública el día 3 de junio de 2011, el patrullero MARTÍNEZ CÁRDENAS, sobre el asunto anterior, señaló que recibió una llamada telefónica de una persona, quien le habría manifestado que en el municipio de La Vega se encontraba un vehículo de placas ICP-955, (y no como dijo en la primera versión, la camioneta de placas ICP-955), el cual es hurtada en el país de Venezuela, dejando el conocimiento que obtuvo de las placas MBK-600, como producto de una solicitud que hizo el día 31 de octubre telefónicamente al señor SIGIFREDO OROZCO y no por correo electrónico como lo manifestó en su primera versión, indicándole, además, que le iría a ayudar a conseguir la denuncia para poder dejar la camioneta a disposición.»
[…]
«Como se advierte de la lectura de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, conocidos los hechos por parte de la Unidad de Investigación Criminal SIJIN de Villeta, les correspondía poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos, en los términos del artículo 205 del C.P.P, y no solo lo relacionado con el hurto que figuraba sobre el vehículo cuestionado, sino además, la posible existencia de otros delitos en los que presuntamente se habría incurrido por parte de quienes vendieron el vehículo ICP-955, con documentos falsos, y por medio de las cuales se estafó en Colombia al señor EDUARD FERNANDO y a su esposa HEIDY CARINA.
En todo caso, es la Fiscalía la autoridad a la que le corresponde ordenar los actos urgentes tendientes a recaudar aún mayores elementos probatorios y evidencias físicas que permitieran elevar la respectiva acusación ante los Jueces Penales, y en manera alguna, la Ley le otorga facultades a la Policía Judicial para que decida si se adelanta una investigación preliminar o no, ni para ordenar que unos elementos probatorios y un vehículo inmovilizado que es evidencia física junto con los demás elementos encontrados, permanezcan en el dominio de la Unidad Básica por más de tres meses, so pretexto de que se hallaban recolectando elementos de prueba, cuando, como se ha podido establecer, además, eso fue justamente lo que no hicieron, quedando si plenamente establecido que la Unidad de Investigación Criminal de Villeta, permaneció con el vehículo y los documentos que portaba el presunto propietario, falsos como lo manifestó desde el inicio el Técnico en automotores, por más de tres (3) meses, sin que la Fiscalía hubiera conocido sobre el asunto, es decir, desde el día 31 de octubre de 2009, fecha de la incautación e inmovilización, hasta el día 8 de febrero de 2010, fecha en la cual, según la documentación que apareció en los archivos de la SIJIN de Villeta, el vehículo fue puesto tardíamente a disposición de la DIAN y entregado en ALMAGRARIO, para que se iniciara la correspondiente cadena de custodia, hecho que debió hacerse de manera inmediata una vez, se inmovilizó e incautó el vehículo.
La Procuraduría reitera, lo manifestado en el auto que citó a Audiencia, en el sentido de que la obligación de denunciar o poner en conocimiento de la Fiscalía General la posible existencia de la comisión de los anteriores delitos, no era facultativo para estos miembros adscritos a la Policía Nacional y con funciones de policía judicial, sino un deber legal conforme lo dispuesto en el artículo 205 del C.P.P. que ya se citó.
No sólo omitieron este deber, sino que además, se tardaron tres meses en poner en cadena de custodia el vehículo y los demás elementos probatorios en cadena de custodia, cuando la Ley los obliga a hacerlo de manera inmediata.
Otro aspecto igualmente irregular, al lado de la anterior omisión y retardo, verbos que hacen parte del tipo penal que se les atribuye de manera objetiva, se advierte que en medio de su irregularidad y con el fin de cubrirla, como ya se dijo, se presentó en el informe de fecha 3 de febrero de 2010, suscrito por el Patrullero MARTÍNEZ y que fuera revisado por el Intendente GUERRERO, como igualmente se estableció, aseveraciones no veraces en el mismo informe, como en las de otros documentos relacionados con la inmovilización y que hacían parte del mismo, en los siguientes términos:
En el oficio No. 030 /MD - U.I.P.J.S.V - SIJIN del 3 de febrero de 2010 (fl. 33 y 34 c.o), a través del cual el patrullero MARTÍNEZ CÁRDENAS, habiendo transcurrido más de tres meses, pone a disposición de la DÍAN el vehículo cuestionado, en el "...motivo de la inmovilización..." manifestó que el operativo habría ocurrido el día 20 de enero de 2010, a las 17:00 horas, es decir, casi tres meses después de la fecha real, cuando, tal y como él mismo lo manifestó y se encuentra establecido, ocurrió el día 31 de octubre de 2009.
Al patrullero (MARTÍNEZ-en la diligencia de Versión Libre se le preguntó sobre este hecho, manifestando que las fechas se cambiaron en el informe, para que la DIAN
" no le fuera a poner problemas por la demora en dejar a disposición la camioneta...", lo que evidencia que los funcionarios a propósito de lo que implicaba la omisión de la denuncia y el retardo en dejar en custodia el vehículo inmovilizado, optaron por mentir, con el fin presunto de librarse y librar a la Unidad de Investigación Criminal SIJIN de Villeta, de una posible investigación por estos hechos.
En la ampliación de la versión rendida por los anteriores funcionarios, señaló el patrullero JAIRO MARTÍNEZ CÁRDENAS, como ya se dijo, que hizo esa manifestación de buena fe, sin perjudicar a nadie y que como no llegó la denuncia física por parte de Venezuela, no le vio ningún problema en decir que la había inmovilizado el 20 de enero, ya que la DIAN es una entidad administrativa y no penal.
El caso es que el documento creado por el patrullero MARTÍNEZ CÁRDENAS, con la anuencia del Jefe de la Unidad, ingresó al tráfico jurídico, en donde todas sus manifestaciones sirvieron como prueba, tal y como se refleja en la Resolución de la DIAN No. 1-03-238-421-636-1-004007 del 2 de julio de 2010 en la que se señaló que estudiado el acervo probatorio, se destaca el estudio técnico realizado por el técnico del grupo de automotores, así como el contenido del informe por él rendido, lo que junto a lo manifestado por un analista de requerimientos judiciales de la General Motors, les permitió resolver decomisando en favor de la Nación la mercancía aprehendida (fls.246 a 255 c.o.).»
La Sala vislumbra del generoso material probatorio que obra en el expediente que en el proceso disciplinario se evaluaron, analizaron y valoraron todas las pruebas en conjunto.
La Sala constata que en el proceso disciplinario seguido contra el demandante, se tuvo en cuenta una importante cantidad de material probatorio, debida y legalmente recaudado, que determinó su responsabilidad disciplinaria.
Todo ese arsenal probatorio de que da cuenta el expediente fue recaudado conforme con las normas legales y fue analizado en su conjunto, tal como lo establece la sana crítica y atendiendo el derecho de defensa, el principio de contradicción de la prueba y el debido proceso.
En este orden, se evidencia dentro del proceso, que se aportaron pruebas que fueron legalmente producidas y se analizaron y valoraron las pruebas en conjunto, se reitera, por cada uno de los cargos como se evidencia en el proceso, se tuvieron en cuenta un número considerable de testimonios; pruebas documentales, actas de inspección judicial tal como se evidenció ut supra.
Todas estas evidencias son coherentes y concordantes entre sí y demuestran la responsabilidad del señor Daniel Guerrero Martínez, porque se acreditó suficientemente que a lo largo de los hechos originados en la retención durante más de tres meses del vehículo de placas ICP 955, el citado señor Guerrero realizó varias conductas descritas en la Ley como delitos, a título de dolo y con ocasión de sus funciones de Sargento Jefe de la Unidad Básica de investigación Criminal de la SIJIN-Villeta, junto con el Patrullero Jairo Martín Martínez Cárdenas, incurriendo, en consecuencia, en la falta gravísima estipulada en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, Código Disciplinario Especial para miembros de la Policía Nacional consistente en «Realizar una conducta descrita en la Ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo…”»
La Sala quiere resaltar que el anterior tipo disciplinario en ningún momento exige que la justicia penal haya condenado al disciplinado por los delitos endilgados, porque la acción disciplinaria y la acción penal es totalmente independiente la una de la otra, y los bienes jurídicos protegidos en el derecho disciplinario son muy diferentes a los del derecho penal.
Del análisis y valoración en conjunto de todos estos medios acreditativos se concluyó que el demandante DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ, no obstante las delicadas misiones encomendadas como Jefe de la Policía Judicial en el municipio de Villeta, se aprovechó de su cargo y de sus funciones no para brindar seguridad y apoyo en las investigaciones judiciales como es su deber funcional, sino para cometer conductas claramente reprochables y sustancialmente ilícitas ante la sociedad y el país que reclama un comportamiento legal, responsable y honesto de su fuerza pública.
Por tales motivos se le encontró diáfanamente responsable de haber infringido la Ley 1015 de 2006 en el artículo 34 numeral 9.
Estos hechos por los que se encontró culpable al demandante DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ, quebrantaron de manera palmaria y evidente el deber funcional al cual estaba obligado, de prestar seguridad a la ciudadanía y cumplir las funciones de líder de la policía judicial en un importante municipio del Departamento de Cundinamarca como lo es Villeta, con absoluta honestidad, diligencia y disciplina, lo que se reitera, configura la violación a sus deberes funcionales y la consiguiente ilicitud sustancial de sus conductas que afectaron gravemente la prestación del servicio de seguridad ciudadana que presta la Policía Nacional.
Como consecuencia de todo lo anterior, al policial DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ se le sancionó con el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general de trece (13) años, sanción que se encuentra proporcional y razonable frente a la falta gravísima cometida.
En conclusión: Dentro del trámite disciplinario adelantado en contra del señor DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ no se desconoció el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia, y que por el contrario, existe dentro del proceso abundante material probatorio, legalmente recaudado y aportado, tal como se analizó ut supra, que demuestran la responsabilidad del Sargento DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ de haber infringido la Ley 1015 de 2006 en el artículo 34 numeral 9.
En suma, al no encontrarse probado ninguno de los cargos endilgados en contra de los actos acusados, la Subsección denegará las pretensiones de la demanda.
No hay lugar a la condena en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA, vigente para este proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de costas.
Finalmente, la Sala estima pertinente compulsar copias de la decisión a la Fiscalía General de la Nación para que esa entidad, dentro de la autonomía de su competencia, analice si la conducta del señor Eduard Fernando Rodríguez Calderón, relacionada con la entrega de dos (2) computadores al disciplinado Daniel Guerrero Martínez y al señor Jairo Martín Martínez Cárdenas, pudiere eventualmente constituir alguna infracción a la normatividad penal.
DECISIÓN
Por todo lo anteriormente expuesto y una vez analizadas y valoradas las pruebas en conjunto como lo establece la sana crítica, la Sala procederá a NEGAR las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por las razones analizadas y expuestas en la parte considerativa.
Segundo: Una vez ejecutoriada esta providencia por secretaría compulsar copias de la decisión a la Fiscalía General de la Nación para que esa entidad dentro de la autonomía de su competencia analice si la conducta del señor Eduard Fernando Rodríguez Calderón, relacionada con la entrega de dos (2) computadores al disciplinado Daniel Guerrero Martínez y al señor Jairo Martín Martínez Cárdenas, pudiere eventualmente constituir alguna infracción a la normatividad penal.
Tercero: Sin condena en costas por lo expuesto en la parte motiva.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 de agosto de 2016, número de referencia: 1 10010325000201 100316 00 (121 0-11). Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz. Magistrado ponente William Hernández Gómez.
De acuerdo al artículo 23 de la Ley 1015 de 2006 estos son los servidores públicos a los cuales regula la misma.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Bogotá D.C. 15 de mayo de 2013. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00571-00(2196-11). Actor: Jorge Eduardo Serna Sánchez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
. En sentencia del 8 de abril de 1999, expediente 15258, magistrado ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce, el Consejo de Estado sostuvo que la valoración probatoria corresponde a las operaciones mentales que hace el juzgador al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba. Por su parte la sana crítica, es la comprobación hecha por el operador jurídico que de acuerdo con la ciencia, la experiencia y la costumbre sugieren un grado determinado de certeza de lo indicado por la prueba.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C, 13 de febrero de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00207-00(0722-11). Actor: Plinio Mauricio Rueda Guerrero. Demandado: Fiscalía General de la Nación.
Al respecto en sentencia T-161 de 2009, magistrado ponente Mauricio González Cuervo precisó la Corte: « […] En cuanto a la autoridad pública encargada de adelantar el proceso penal es evidente que se trata de funcionarios investidos de poder jurisdiccional cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por regla general, el proceso disciplinario está a cargo de autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa; además, en materia de tipicidad la descripción de la conducta señalada en la legislación penal no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la legislación disciplinaria, pues en ésta última el operador jurídico cuenta con un margen mayor de apreciación, por cuanto se trata de proteger un bien jurídico que, como la buena marcha, la buena imagen y el prestigio de la administración pública, permite al “juez disciplinario” apreciar una conducta y valorar las pruebas con criterio jurídico distinto al empleado por el funcionario judicial, teniendo en cuenta, además, que en el proceso disciplinario se interpreta y aplica una norma administrativa de carácter ético […]».
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