Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00374-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2012-00374-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Debido proceso disciplinario: contenido
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00374-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00374-00
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
1 de marzo de 2018
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO – Contenido / DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Vulneración
Los artículos 29 de la Constitución Política, 5 de la Ley 1015 de 2006 y 6 de la Ley 734 de 2002 consagran la garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de los operadores disciplinarios, en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso.
REPRESENTANTE LEGAL DE LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS – Aplicación del Código Único Disciplinario / REPRESENTANTE LEGAL DE LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS – Es empleado público
No hay duda que el actor, como director ejecutivo y representante legal de la asociación de municipios denominada AMUSUR, es sujeto disciplinable en los términos de la Ley 734 de 2002, a lo que se agrega que la suscripción del convenio interadministrativo que motivó investigación disciplinaria se realizó en el marco de una función pública, encaminada a optimizar el sistema de acueducto y alcantarillado de la cabecera municipal de San Pablo (Bolívar) y tuvo lugar entre dos entidades de derecho público. En tales circunstancias, el demandante, como servidor público disciplinable, asumió correlativamente las responsabilidades de orden penal, fiscal y disciplinario, de acuerdo con la Constitución, la ley y los reglamentos, por consiguiente, no pueden quedar exento de tales controles. En gracia de discusión, si se aceptara la tesis del demandante de que no es empleado público, igualmente sería destinatario de la ley disciplinaria por el hecho de cumplir funciones públicas y administrar recursos del erario, en este caso destinados al mejoramiento del acueducto de un municipio, como el de San Pablo, en el departamento de Bolívar.
FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 149 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 25 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 53
NOTIFICACIÓN POR EDICTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA – Procedencia
El acto de apertura de investigación disciplinaria se dio a conocer al demandante en legal forma, como se puede observar en los folios 157 y 158 el expediente administrativo. El hecho que la notificación de esta decisión no se haya podido hacer personalmente, pese a los diferentes intentos que realizó el ente investigador, no significa que la surtida por edicto, como se tuvo que hacer con el demandante (f. 169 expediente disciplinario, c.1) se torne en ilegal, ni que afecte las actuaciones subsiguientes, en virtud de que la puesta en conocimiento cumplió su cometido constitucional y legal de enterarlo de la actuación administrativa que se iniciaba en su contra, y producto de ello pudo ejercer los derechos de contradicción y defensa a través de los descargos que personalmente presentó, que tal vez es el medio más eficaz para ello, en los que tuvo la oportunidad de oponerse a los cargos y pedir y aportar pruebas, como en efecto lo hizo (ff. 1 a 14 expediente disciplinario, c.1) y en otras ocasiones guardó silencio a pesar de los llamados que le hizo la entidad para que ejerciera su defensa, como se explica en párrafos subsiguientes de esta providencia.
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 13 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 31 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 140 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 88
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER
Bogotá D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00374-00(1428-12)
Actor: ADIB ABDALA TORRES
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
Actuación: Sentencia (única instancia)
Agotado el trámite procesal de instancia y como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala se ocupa de dictar sentencia de mérito dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 La acción (ff. 1 a 15). El señor Adib Abdala Tórres, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), demanda a la Nación, Procuraduría General de la Nación, para que se acojan las pretensiones que en apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad, en lo que al actor concierne, i) de la decisión de primera instancia de 25 de julio de 2006, proferida por el viceprocurador general de la Nación, a través de la cual sancionó disciplinariamente al demandante con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por diez (10) años; y ii) del acto administrativo de 7 de diciembre de 2006, con el que el procurador general de la Nación confirmó la sanción.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare que no es disciplinariamente responsable de los hechos acusados; que se condene a la demandada a que le pague en forma indexada los sueldos y las primas que dejó de percibir desde el momento en que se hizo efectiva la sanción hasta la presentación de la demanda; la suma de $10.000.000.oo por concepto de perjuicios materiales sufridos por el demandante; que se ordene a la entidad la cancelación de los antecedentes disciplinarios y de cumplimiento a la sentencias dentro de los términos de ley.
1.3 Hechos. Relata el demandante que para la época de los hechos desempeñaba el cargo de director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar (AMUSUR), creada para colaborar y desarrollar coordinadamente acciones de desarrollo para estas regiones.
Que el 11 de septiembre de 2003, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el actor y otros funcionarios por presuntas irregularidades cometidas en la celebración y ejecución del proyecto FNR 16656, suscrito entre la Comisión Nacional de Regalías y el municipio de San Pablo (Bolívar); que le imputó el cargo único de «Incumplir presuntamente los fines de la contratación estatal, referidos a garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público de acueducto y alcantarillado; y los principios de economía y responsabilidad que rigen las actuaciones contractuales “…dado que como Representante Legal de la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar –AMUSUR, no desplegó todas las actividades en procura de cumplir el objeto contratado”» (f. 4).
Asegura que durante la actuación se presentaron hechos violatorios, como no haber sido notificado debidamente de las etapas de indagación preliminar y de investigación disciplinaria. Considera que los actos acusados contrarían normas constitucionales y legales que rigen el procedimiento administrativo y son violatorios de los derechos fundamentales de los sancionados; que si se revisan, en ellos se evidencia un hilo conductor preconcebido para establecer la responsabilidad del actor.
1.3.1 Síntesis del hecho generador de la investigación disciplinaria y de la sanción. Al demandante, la Procuraduría General de la Nación lo investigó y sancionó disciplinariamente en 2006 con destitución e inhabilidad general de 10 años, por incumplimiento del contrato interadministrativo que como representante legal de la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar (AMUSU), suscribió el 21 de septiembre de 2001 por $3.420.319.425, con el municipio de San Pablo, para la ejecución de obras de «Optimización del sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Cabecera Municipal de San Pablo –Bolívar», por cuanto «no desplegó todas las actividades en procura de cumplir el objeto contratado» y en la actuación disciplinaria se estableció que, por tal motivo, «El sistema de alcantarillado no funciona, …», y « […] los recursos han sido invertidos en su totalidad,… los trabajos se encentren suspendidos desde el mes de Noviembre de 2002», como lo concluyó la entidad en el acto sancionatorio de primera instancia (f. 52 ) y lo reiteró al resolver la apelación, en cuanto comprobó que «[…] la obra está “abandonada, inconclusa y sin opción cercana al funcionamiento” y sin prestar el uso para el cual fue financiada con recursos de regalías» (f. 77).
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. La parte demandante considera que los actos acusados son violatorios de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 21, 25, 29, 83, 90, 91, 122, 209 y 268 (numeral 10) de la Constitución Política; 25, 26, 29, 30 y 41 de la Ley 80 de 1993; 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 20, 21, 22, 94, 128, 129, 135, 141, 142, 153, 162, 163, 170 y 174 de la Ley 734 de 2002.
En procura de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos acusados, además de lo expresado en los hechos de la demanda, expone los siguientes cargos:
1.4.1 Violación del debido proceso. Manifiesta que se presentaron irregularidades que afectan el debido proceso, como proferir los actos sin el lleno de requisitos legales; no notificar en debida forma el acto de indagación preliminar y el de apertura de investigación; no practicar la totalidad de las pruebas pedidas para asegurar la certeza de la comisión de la falta; el auto de cargos es general e impreciso; se aplicaron normas que no corresponden a las funciones que desempeñaba el demandante; faltó análisis probatorio y valoración de acuerdo con la sana crítica, pues se hizo de manera superficial y general. Estaba preconcebido el ánimo sancionatorio de la Procuraduría, y no se atendieron los fines del Estado.
Sostiene que se incurrió en responsabilidad objetiva, porque no se analizó la conducta del implicado, la buena fe, la presunción de inocencia, las circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, ni la justicia y la equidad en la dosificación de la sanción.
Afirma que la tipificación de las faltas y el señalamiento de la conducta endilgada no estuvieron acorde a la Constitución y la ley, dada la naturaleza y funciones del cargo que desempeñaba el actor.
1.4.2 Falsa motivación y desviación de poder. Aduce que la decisión de sancionar a los investigados estaba tomada desde su inicio y que ello se evidencia en el acto de apertura de investigación disciplinaria.
1.4.3 Falta de competencia para expedir los actos acusados. Expone el accionante que AMUSUR, según sus estatutos, «es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de naturaleza asociativa y de carácter gremial, que se rige por el derecho público, organizada con base en la libertad de asociación prevista en el artículo 38 de la Constitución Nacional», y que conforme a ello, no era la Procuraduría la competente para sancionar a sus empleados, pues no es una empresa de carácter estatal, ya que ejerce su propio control y corresponde a la Contraloría hacer la fiscalización.
1.4.4 Ausencia de tipicidad. Alega que esta no se aviene con las pruebas recaudas. El cargo que se le imputó, de que «no desplegó todas las actividades en procura de cumplir con el objeto del contrato», por tratarse de una conducta subjetiva de resultado requería pruebas plenas, fehacientes y especiales. En materia de ejercicio de funciones, dice, una persona no puede ir más allá de lo que las circunstancias y factores endógenos y exógenos le permitan. Fue AMUSUR la entidad contratante y no él, quien no se considera funcionario público; que no se tuvieron en cuenta el nivel y porcentaje de ejecución de las obras ni las circunstancias de fuerza mayor e impedimentos ajenos a AMUSUR respecto de los recursos que le impidieron adelantar las obras hasta su culminación.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 252 a 263). La apoderada de la Procuraduría General de la Nación solicita se nieguen las pretensiones de la demanda. Sostiene que los actos administrativos acusados «se encuentran amparados por la presunción de legalidad que le imprime el ordenamiento jurídico y especialmente por haberse expedido de conformidad con la constitución y la ley, particularmente las disposiciones del régimen disciplinario de los servidores públicos contenido en las ley 734 de 2002, cuyas formalidades y aspectos fueron plenamente observados de manera tal que se dio plena garantía del derecho al debido proceso, el derecho de defensa y contradicción» (f. 252).
Expresa que el procedimiento disciplinario se inició con un oficio de 3 de mayo de 2003 en el que la subdirección de interventoría, control y seguimiento del Departamento de Planeación Nacional informó al ente de control sobre presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del proyecto «Optimización del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Cabecera Municipal de San Pablo –Bolívar».
Que con base en lo anterior, el 28 de julio de 2003 el viceprocurador ordenó apertura de indagación preliminar con el fin de establecer los hechos denunciados, los presuntos responsables y si incurrieron en falta disciplinaria en el citado proyecto FNR 16656, suscrito entre la Comisión Nacional de Regalías y el alcalde municipal de San Pablo, quien a su vez suscribió el convenio interadministrativo CIO-03-2002 con la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar para la ejecución de las obras del proyecto de alcantarillado del municipio, por $3.147.462.720.oo.
Que una vez se identificaron los posibles responsables, el 11 de septiembre de 2003 se abrió la investigación disciplinaria y se ordenó correr traslado de las pruebas e informes recaudados a los disciplinados, así como notificarlos personalmente. Que el pliego de cargos fue proferido el 4 de marzo de 2005 y mediante auto de 17 de enero de 2006 se decretaron las pruebas por ellos solicitadas. Señala que al actor se le requirió para que aportara las direcciones de los testigos e informara el objeto de la visita al archivo de Asomaría, pero que guardó silencio.
Afirma que no es cierto que se le haya vulnerado el derecho al debido proceso, pues a lo largo de toda la actuación el actor fue notificado de las actuaciones y tuvo la oportunidad de controvertirlas, sin embargo, guardo silencio.
Sobre la ilicitud sustancial, aduce que la entidad encontró elementos de juicio fácticos y jurídicos para dictar la decisión disciplinaria y que el actor no logró demostrar la exclusión de su responsabilidad.
Opuso las excepciones de legalidad de los actos demandados, cobro de lo no debido y falta de causa.
1.6 Período probatorio. Mediante auto de 28 de febrero de 2013 (f. 265), se abrió el proceso a pruebas, se tuvieron en cuenta los documentos allegados por las partes con la demanda y su contestación y se decretaron las solicitadas por el demandante. Se reiteró en la práctica de ellas a través de providencias de 24 de octubre de 2013 (ff. 329 a 334) y de 29 de agosto de 2014 (ff.363 a 366).
1.7 Alegatos de conclusión. Con proveído de 19 de mayo de 2016 (f. 369), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y recibir concepto del Ministerio Público, oportunidad que solo fue aprovechada por la entidad demandada.
1.7.1 Parte demandada (ff. 371 a 382). La apoderada de la Procuraduría General de la Nación en sus alegatos de conclusión reitera la oposición a las pretensiones de la demanda.
Manifiesta que las pruebas oportunamente arrimadas al procedimiento disciplinario demostraron que el señor Abdala Torres fue responsable de los sobrecostos que se generaron en la canalización del caño San Pablito y de haber iniciado la ejecución del contrato para la modernización de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, sin contar con los estudios técnicos, sin planos, cálculos, diseños y estudios de suelos; además, se probó que la obra estaba abandonada, inconclusa, sin opción cercana al funcionamiento y sin prestar el servicio para el cual fue previsto.
Considera que la indebida formulación de cargos alegada carece de fundamento, puesto que en el citado acto se le dijo cuál era la falta, el tiempo en el que se causó, las normativas que desconoció y las pruebas en que se fundamentaba la acusación y que tampoco se evidencia violación al principio de legalidad, dado que las normas con que fue sancionado prevén la obligación de los servidores públicos, así como de los contratistas, de cumplir y hacer cumplir los fines de la contratación estatal.
Afirma que no existe insuficiencia en el material probatorio para sancionarlo; entre los documentos que demuestran la responsabilidad del actor obran los informes rendidos por la contraloría y por los funcionarios designados por el investigador, que dan cuenta de que durante la ejecución del proyecto se hicieron modificaciones sin sustento técnico y sin acta debidamente motivada, ni un otrosí acordado por las partes, sino que se realizaron en forma unilateral por el actor en su calidad de representante legal de la AMUSUR, como entidad contratista, y sin acuerdo previo con la administración municipal dueña del proyecto; la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales no cumplió los prediseños producto del estudio ambiental del sistema de laguna de oxidación y por ello las obras quedaron inconclusas; se cambiaron las calidades contratadas en las líneas de tubería de conducción de aguas residuales de novafort a rib loe y tampoco se atendieron las especificaciones técnicas en cuanto a iniciar las obras en lo alto del perfil y no al final (desembocadura del río Magdalena), como se hizo, entre otros documentos.
Sostiene que los informes técnicos dan cuenta de la ausencia de planeación y control de las obras ejecutadas y que el demandante no logró desvirtuar los cargos imputados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 Competencia. Conforme a la preceptiva de los numerales 1 y 13 del artículo 128 del CCA y lo dispuesto por la sección segunda del Consejo de Estado en autos de 4 de agosto de 2010 y 18 de mayo de 2011, este último complementario del primero, esta Colegiatura es competente para conocer en única instancia de las controversias como la presente, en las que se impugnan sanciones disciplinarias administrativas que impliquen retiro temporal o definitivo del servicio o suspensiones en el ejercicio del cargo, con o sin cuantía, siempre y cuando se trate de decisiones proferidas por autoridades nacionales.
2.2 Actos acusados.
2.2.1 Decisión de primera instancia de 25 de julio de 2006, proferida por el viceprocurador general de la Nación, a través de la cual sancionó disciplinariamente al demandante con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por diez (10) años (ff. 15 a 66).
2.2.2 Acto administrativo de 7 de diciembre de 2006, con el que el procurador general de la Nación confirmó la sanción (ff. 68 a 79).
2.3 Excepciones. La demandada propuso los medios exceptivos de legalidad de los actos demandados, cobro de lo no debido y falta de causa, que serán estudiadas al resolver la controversia de fondo.
2.4 Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si los actos acusados fueron expedidos con infracción de las normas citadas en la demanda y con violación del debido proceso, falta de competencia, desviación de poder y ausencia de ilicitud, de conformidad con lo indicado en los hechos y en los cargos planteados en los antecedentes de esta providencia.
2.5 Pruebas relevantes. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación con el problema jurídico derivado de las causales de nulidad invocadas en la demanda:
i) Según la certificación de 1º de diciembre de 2006, expedida por el contador público de la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar (AMUSUR) [f. 82], el demandante, señor Adib Abdala Torres, desempeñó el cargo de director ejecutivo y representante legal de tal organización, entidad administrativa de derecho público.
ii) El demandante, en representación de la citada asociación, el 21 de septiembre de 2001 suscribió con el alcalde del municipio de San Pablo (Bolívar) el contrato interadministrativo OC-0008-2001, por valor de $3.420.319.425.oo y con una duración de 10 meses, cuyo objeto era la ejecución por parte de ella del proyecto denominado «OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO –BOLIVAR» (f. 17 a 23 c. 20). El acta de iniciación obra en folio 42 idem.
iii) Con oficio de 3 de mayo de 2003 la subdirección de interventoría, control y seguimiento del Departamento de Planeación Nacional informó al Procurador General de la Nación sobre presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de «Mejoramiento y Optimización del sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Cabecera Municipal de San Pablo –Bolívar» que a su vez le fueron puestas en su conocimiento por el interventor del mismo proyecto (f. 2, c. 1 expediente disciplinario).
iv) Mediante decisión de 18 de julio de 2003 (f. 8 c. 1 expediente disciplinario), el viceprocurador general de la Nación ordenó abrir indagación preliminar por los hechos denunciados y recaudar pruebas, entre cuales ordenó visita especial el 11 y 14 de agosto de 2003 de la Procuraduría a la alcaldía del municipio de San Pablo ( Bolívar), sobre los soportes y antecedentes del convenio FNR 16656 denominado Mejoramiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario en la cabecera Municipal de San Pablo, suscrito entre la Comisión Nacional de Regalías y la alcaldía municipal. El informe técnico resultado de la visita obra en folios 32 a 67 del expediente disciplinario.
v) El 11 de septiembre de 2003, el viceprocurador general de la Nación abrió la investigación disciplinaria contra el “anterior y el actual” alcalde del citado municipio, contra los representantes legales de AMUSUR que suscribió y ejecutó el convenio interadministrativo para la construcción de las obras, contra la asociación ASOMARIA, que firmó el convenio para la realización de la interventoría técnica del proyecto y contra el director general de la Unidad Administradora Especial Comisión Nacional de Regalías, por las posibles irregularidades en la celebración y ejecución de los referidos convenios (ff. 75 a 83 c. 1 del expediente disciplinario). Dicho acto fue notificado al actor por edicto, desfijado el 3 de marzo de 2004 (f. 167 c. 1, idem).
vi) Al demandante, la entidad le formuló pliego de cargos el 4 de marzo de 2005 (ff. 1 a 43 c. 6) que consistió en «Incumplir presuntamente los fines de la contratación estatal, referidos a garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público de acueducto y alcantarillado; y los principios de economía y responsabilidad que rigen las actuaciones contractuales prevista en la etapa de ejecución del Contrato Interadministrativo suscritos [sic] el 21 de septiembre de 2001 por valor de $3.420.319.425, con el Municipio de San Pablo, para la ejecución de obras del proyecto “Optimización del sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Cabecera Municipal de San Pablo –Bolívar” dado que como Representante Legal de la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar –AMUSUR, no desplegó todas las actividades en procura de cumplir el objeto contratado”» (f. 4). Le calificó provisionalmente la falta como gravísima, por incurrir en la conducta descrita en el artículo 48 (numeral 1) de la Ley 734 de 2002, de «Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley»; violación al principio de responsabilidad en materia de contratación pública previsto en el artículo 26, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, según el cual « Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato», y el principio de la economía, contemplado en el numeral 3 del artículo 25 de la misma Ley, en cuanto «Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados».
vii) Obra copia del informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República el 9 de marzo 2004 al proyecto denominado Mejoramiento y Optimización del Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario en la cabecera Municipal de San Pablo, enviado a la Procuraduría General de la Nación, en el que informó de 15 hallazgos con presunto alcance disciplinario, por hechos, como que las asociaciones contratadas «no tienen experiencia en la ejecución de este tipo de obras», el proyecto se encuentra paralizado, se presentó un sobrecosto de $22.000.259, un presunto detrimento por $28.600.337, el pago de equipos no suministrados y ni instalados, disminución de la calidad de los materiales (tubería), subcontratación de obras, «obras mal construidas» y ejecución de obras sin acatar el estudio ambiental, entre otras irregularidades (ff.183 a 187 c. 1 del expediente disciplinario).
A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver cada uno de los cargos planteados en la demanda.
2.6 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 consagran la garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de los operadores disciplinarios, en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse; presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso.
2.7 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en la apelación. Arguye el demandante que en el curso de la investigación disciplinaria se presentaron irregularidades que afectan el debido proceso, como proferir los actos sin el lleno de requisitos legales; no notificar en debida forma el acto de indagación preliminar y el de apertura de investigación; no practicar la totalidad de las pruebas pedidas para asegurar la certeza de la comisión de la falta; el auto de cargos es general e impreciso; se aplicaron normas que no corresponden a las funciones que desempeñaba el demandante y que como no era empelado público, la Procuraduría no era compete para investigarlo; faltó análisis probatorio y valoración de acuerdo con la sana crítica, pues se hizo de manera superficial y general; y que estaba preconcebido el ánimo sancionatorio de la Procuraduría; no se atendieron los fines del Estado.
La Sala negará las súplicas de la demanda, por las siguientes razones:
2.7.1 La Procuraduría tenía competencia para realizar la investigación disciplinaria en cuestión. En criterio del actor, « […] la Procuraduría no es el órgano competente para sancionar los empleados de dicha Asociación… Una cosa es que se rija AMUSUR para su funcionamiento y operación por las normas del derecho público por efectos de remisión normativa y otra cosa que sea de carácter estatal» (f.10).
Sobre la naturaleza jurídica de las asociaciones de municipios, la Ley 136 de 1994 dispone: «ARTÍCULO 149. DEFINICIÓN. Las asociaciones de municipios son entidades administrativas de derecho público, con personaría jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; se rigen por sus propios estatutos y gozarán para el desarrollo de su objetivo, de los mismos derechos, privilegios, excepciones <sic> y prerrogativas otorgadas por la ley a los municipios. Los actos de las asociaciones son revisables y anulables por la Jurisdicción Contencioso - administrativa» (se destaca).
Congruente con esta normativa, el artículo 25 de la Ley 734 de 2002 preceptúa «ARTÍCULO 25. DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr001.html" \l "53" 53 del Libro Tercero de este código. […] Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html" \l "38" 38 de la Ley 489 de 1998, son servidores públicos disciplinables, los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria» (se destaca).
De acuerdo con las normas enunciadas, no hay duda que el actor, como director ejecutivo y representante legal de la asociación de municipios denominada AMUSUR, es sujeto disciplinable en los términos de la Ley 734 de 2002, a lo que se agrega que la suscripción del convenio interadministrativo que motivó investigación disciplinaria se realizó en el marco de una función pública, encaminada a optimizar el sistema de acueducto y alcantarillado de la cabecera municipal de San Pablo (Bolívar) y tuvo lugar entre dos entidades de derecho público. En tales circunstancias, el demandante, como servidor público disciplinable, asumió correlativamente las responsabilidades de orden penal, fiscal y disciplinario, de acuerdo con la Constitución, la ley y los reglamentos, por consiguiente, no puede quedar exento de tales controles.
En gracia de discusión, si se aceptara la tesis del demandante de que no es empleado público, igualmente sería destinatario de la ley disciplinaria por el hecho de cumplir funciones públicas y administrar recursos del erario, en este caso destinados al mejoramiento del acueducto de un municipio, como el de San Pablo, en el departamento de Bolívar. La versión inicial del artículo 53 de la Ley 734 de 2002, sobre la materia, disponía «El presente régimen se aplica a los particulares que… ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas; presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html" \l "366" 366 de la Constitución Política, administren recursos de este, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado.<Inciso 2o. CONDICIONALMENTE exequible> Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva».De manera que sin más discernimientos, concluye que no prospera el cargo de falta de la competencia de la Procuraduría para investigar al actor.
2.7.2 Se respetó el debido proceso y las demás garantías y derechos sustanciales en la actuación disciplinaria contra el actor. Pese a las notificaciones y citaciones no compareció a rendir versión libre, ni presentó alegatos de conclusión; incuria del demandante en su defensa. Alega el demandante que no se notificaron en debida forma los actos de indagación preliminar y de apertura de investigación disciplinaria.
Examinado el expediente disciplinario encuentra la Sala que las razones invocadas en la demanda son contrarias a la realidad procesal, hecho que supera la simple afirmación de que no se demostraron.
La decisión de apertura de indagación preliminar tuvo como objeto, entre otros, identificar los presuntos responsables (f. 8 a 10, expediente disciplinario, c.1), de modo que sin estar individualizados no era posible notificarlos.
El acto de apertura de investigación disciplinaria se dio a conocer al demandante en legal forma, como se puede observar en los folios 157 y 158 el expediente administrativo. El hecho que la notificación de esta decisión no se haya podido hacer personalmente, pese a los diferentes intentos que realizó el ente investigador, no significa que la surtida por edicto, como se tuvo que hacer con el demandante (f. 169 expediente disciplinario, c.1) se torne en ilegal, ni que afecte las actuaciones subsiguientes, en virtud de que la puesta en conocimiento cumplió su cometido constitucional y legal de enterarlo de la actuación administrativa que se iniciaba en su contra, y producto de ello pudo ejercer los derechos de contradicción y defensa a través de los descargos que personalmente presentó, que tal vez es el medio más eficaz para ello, en los que tuvo la oportunidad de oponerse a los cargos y pedir y aportar pruebas, como en efecto lo hizo (ff. 1 a 14 expediente disciplinario, c.1) y en otras ocasiones guardó silencio a pesar de los llamados que le hizo la entidad para que ejerciera su defensa, como se explica en párrafos subsiguientes de esta providencia.
En los descargos el demandante opuso la nulidad de todo los actuado (ff. 1 a 27, c.3 del expediente disciplinario) por violación al debido proceso por no habérsele notificado los autos de indagación preliminar y de apertura de investigación disciplinaria, y el viceprocurador general de la Nación, a través de decisión de 17 de enero de 2006 (f.1 a 10 c. 3 del expediente disciplinario), la negó; para tal fin explicó la entidad que no fue procedente la notificación personal del auto de 18 de julio de 2003, con el cual se abrió la indagación preliminar, por cuanto esta tenía como propósito esclarecer los hechos, determinar si eran constitutivos de falta disciplinaria e identificar a los presuntos responsable, que no obstante, ordenó dar aviso de la iniciación de las diligencias a la alcaldía municipal de San Pablo (Bolívar). En lo atinente a la notificación del auto de 11 de septiembre de 2003 de apertura de investigación disciplinaria explicó el funcionario que esta se hizo por edicto, con sujeción al artículo 107 del Código Disciplinario Único, en virtud de que el investigado no compareció a la notificación personal pese a que fue citado por escrito el 17 de febrero de 2004, vía correo de adpostal.
La decisión que negó la nulidad quedó en firme, pues el accionante no interpuso el recurso de reposición, que legamente tenía derecho, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley 734 de 2002.
Posteriormente, y antes de dictar la decisión disciplinaria de fondo de primer instancia, el órgano investigador, con acto de 29 de marzo de 2006, corrió traslado al demandante, entre otros, por cinco (5) días para que presentaran alegatos de conclusión (f. 116, expediente disciplinario, c. 3), oportunidad que tampoco fue aprovechada por el señor Torres, pues guardó silencio.
Como se puede observar, el demandante dejó pasar etapas muy importantes que para su defensa le concedía la ley dentro de la investigación disciplinaria; no las ejerció, de lo cual la Procuraduría, en el acto sancionatorio de primera instancia, dejó consignado lo siguiente: «Es necesario resaltar que el único disciplinado que presentó argumentos de defensa frente al auto de apertura e investigación disciplinaria fue el señor JUAN MANUEL BARRAZA GÓMEZ… Igualmente, ninguno de los investigados solicitó ser escuchado en versión libre y espontánea, pese a conocer desde sus inicios este proceso. Mediante decisión del 4 de marzo de 2005 se profirió auto de cargos contra los arriba mencionados [Abid Abdala Torres y otros] (Folios 1 a 43 Cuaderno 2) y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 92 de la ley 734 de 2002, el 29 de marzo de 2006 se dio trasladado del expediente a los sujetos procesales para las alegaciones previas al fallo, habiéndose presentado solamente las del señor JUAN MANUEL BARRAZA. (Folios 1167 y130 a 209 Cuaderno 3)» (f. 16) [se destaca].
La injustificada inactividad y negligencia del demandante no puede servir ahora de fundamento para revivir este asunto en sede judicial como causal de nulidad de los actos acusados, como erradamente lo pretende, amén de que la Sala no observa irregularidad alguna de la entidad en el procedimiento que utilizó para notificar las actuaciones en cuestión, ni se demostró «la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso» como para declarar la nulidad impetrada, en los términos del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, pues el actor no se queja de falta de notificación sino de indebida notificación, que, se insiste, no tuvo ocurrencia. Por consiguiente, el cargo de indebida notificación de los actos de indagación preliminar y de apertura de investigación no prospera.
2.7.3 La Procuraduría decretó y practicó las pruebas pedidas por el demandante en la actuación disciplinaria; contra las negadas no interpuso ningún recurso. Aduce también el actor que la entidad no practicó la totalidad de las pruebas pedidas para asegurar la certeza de la comisión de la falta.
Sin embargo, revisado el expediente administrativo, observa la Sala que la entidad, mediante decisión de 17 de enero de 2006, decretó las pruebas pedidas por el actor en los descargos, excepto la testimonial (porque no señaló el objeto de la misma); entre ellas, ordenó que se le recibiera versión libre, para cuyo efecto lo citó pero no asistió, ni justificó sus ausencia, tal como aparece consignado en el informe de la asesora de la procuraduría provincial de Barrancabermeja en oficio 620 de 16 de febrero de 2006, en el que se lee: «El disciplinado ADIB ABDALA TORRES fue citado a través de su apoderado para que rindiera versión libre, para los días 6 y 13 de febrero, y pese a que se le comunicó telefónicamente, por correo y vía fax ,no compareció ni manifestó las razones de sus inasistencia» (f. 42, expediente disciplinario, c. 3).
La única prueba no decretada por la entidad al accionante, fue la testimonial del señor Hugo Rivero Arroyo, en razón a que no enunció su objeto (f. 1 a 10, expediente disciplinario, c. 3), decisión contra la cual pudo haber interpuesto el recurso de reposición en los términos del artículo 113 de la Ley 734 de 2002, y tampoco lo hizo. Ahora bien, se decretó el testimonio del señor Olver Alvar Sierra, pero no compareció a declarar, pese a los intentos realizados por la Procuraduría, hecho que así lo dejó consignado en certificación de 13 de febrero de 2006: «[…] se deja constancia que trascurridos sesenta minutos después de la hora prevista para practicar la prueba ordenada mediante auto del 17 de Enero de 2006 proferido por la Viceprocuraduría General de la Nación y solicitada por el disciplinado ADIB ABDALA TORRES, a través de su apoderado LACIDES ARRIETA, no comparecieron ninguno de los dos citados, pese a que se les comunicó por correo, vía fax al número indicado por el Dr. Arrieta, y se intentó comunicación vía telefónica pero no fue posible… De igual manera no se recibió comunicación alguna justificando la inasistencia» (f. 98, expediente disciplinario, c. 3). El demandante no realizó en este sentido ninguna gestión tendiente a hacer comparecer al testigo, como se le había ordenado en la decisión que decretó la prueba, en cuanto debía suministrar la información sobre ubicación del declarante para la respectiva citación; por ello el procedimiento continuó la etapa siguiente, esto es, la de alegaciones de conclusión, y contra el acto que la ordenó tampoco ejerció ningún recurso, si consideraba que estaba pendiente la práctica de alguna de las pruebas decretadas.
De modo que la desidia o apatía del actor en ejercer sus propios derechos, no puede volverse ahora contra la entidad para endilgarle ilegalidad de actuación administrativa, en particular por violación de los derechos de contradicción y defensa del accionante, porque es evidente que este los desatendió sin justificación alguna, por consiguiente, lejos está de tipificarsen las causales de nulidad por violación del derecho de defensa del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, consagradas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002. De acuerdo con lo expuesto, el cargo de violación del derecho al debido proceso tampoco prospera.
Añade la Sala que dentro la actuación judicial se decretó una valoración psiquiátrica al actor, tal como la había solicitado en la demanda, a la cual no concurrió, según lo informó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (seccional de Bolívar) en el oficio de 27 de agosto de 2013 a la secretaría de la sección segunda de esta Corporación, así: «El día de hoy fue otorgada una cita de valoración psiquiátrica a ADIB ABDALA TORRES, según oficio 689-2013 enviado a si despacho. Dicho individuo no acudió a la valoración, por tal motivo envío el expediente completo» (f. 169 expediente disciplinario, c.3).
2.7.4 Se respetó el principio de apreciación integral de las pruebas; ausencia de responsabilidad objetiva. Como la censura del actor por este cargo se concreta en que faltó análisis probatorio y valoración de acuerdo con la sana crítica y que se hizo de manera superficial y general, la Sala procede a examinar en tal sentido los actos acusados.
Sobre la apreciación de las pruebas en el procedimiento disciplinario, la Ley 734 de 2002 preceptúa: «Artículo 140. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica». Igual disposición consagraba el artículo 122 de la Ley 200 de 1995.
Si bien la garantía del debido proceso abarca un plexo de principios materiales y formales de obligatoria observancia por parte de las autoridades disciplinarias, que a la vez constituyen derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se puede desconocer que los actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa disposición del artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, indemnidad que adquiere mayor connotación cuando se trata de actos sancionatorios de carácter disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación activa del investigado y/o de su apoderado, mediante defensa técnica, con ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y por ello no cualquier defecto procesal tiene el poder de erosionar la presunción de legalidad que ampara dichos actos administrativos.
«La Corte Constitucional ha establecido como regla inicial que la simple transgresión de las normas procesales que regulan la inclusión de pruebas en las diligencias no implica afectación del debido proceso. Estas irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional» (sentencia T- 233 de 2007); también señaló en la misma providencia que «Valorar una prueba no necesariamente implica admitir su contenido. La valoración de la prueba es, precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si el contenido de lo que se prueba puede ser admitido como elemento de convicción y sustento de la consecuencia jurídica».
En el caso sub examine, observa la Sala que la entidad demandada para imponer la sanción al actor, realizó una interpretación y valoración integral de las pruebas recaudadas, de manera tal que la llevaron a la convicción razonada de que el accionante no actuó con la eficiencia, diligencia y cuidado mínimos tendientes a que el contrato interadministrativo suscrito con el municipio de San Pablo cumpliera su cometido, como lamentablemente no aconteció, en perjuicio de los intereses del Estado, con perturbación del servicio de acueducto y alcantarillado a cargo de ese ente territorial, en perjuicio de los usuarios.
Llama la atención de la Sala el hecho de que, en efecto, después de haber suscrito el demandante, en representación de AMUSUR, el 21 de septiembre de 2001, un contrato interadministrativo con una inversión inicial de $3.420.319.425.oo con el municipio de San Pablo (Bolívar) para «OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO –BOLIVAR» (f. 17 a 23 c. 20), en la actuación disciplinaria se estableció que «El sistema de alcantarillado no funciona, porque se ejecutaron mayores cantidades de obra sin ninguna justificación y control y no se hicieron las que en orden prioritario hubieran podido, en algún momento, poner a funcionar parcialmente el sistema de alcantarillado…», y « […] queda de manifiesto que en este momento los recursos han sido invertidos en su totalidad, y que no existe o se conoce la plena realidad y justificación técnica o administrativa para que los trabajos se encentren suspendidos desde el mes de Noviembre de 2002, ni se conoce la existencia de actuación alguna por parte de la administración para entrar a liquidar los contratos y hacer efectivas las cláusulas penales y pólizas de cumplimiento del contratista y el interventor», como lo concluyó la entidad en el acto sancionatorio de primera instancia (f. 52 ) y lo reiteró al resolver la apelación, en cuanto comprobó que «[…] no se encuentra explicado en el plenario los motivos porqué (sic) la obra está “abandonada, inconclusa y sin opción cercana al funcionamiento” y sin prestar el uso para el cual fue financiada con recursos de regalías» (f. 77).
Tal conducta halló cabida como falta disciplinaria gravísima, a título de dolo, prevista en la Ley 734 de 2002, artículo 48, numerales 31, por haber incurrido el actor en las siguientes conductas que dieron lugar a que, en vez de optimizar el servicio de acueducto y alcantarillado en cuestión (como se obligó), terminó paralizado, abandonado y sin funcionar:
Haber iniciado la ejecución del contrato de obra pública, sin contar siquiera con los estudios técnicos de la obra.
No contar con los planos, cálculos, diseños, estudios de suelos catalizados, pues ello le hubiese permitido un mayor acercamiento a los trabajos a ejecutar, que en últimas se hubiesen revertido en la ejecución de una obra que hubiese suplido las necesidades primarias y básicas de la comunidad del municipio de San Pablo como lo son la salud y la prestación efectiva de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado.
Haber ejecutado mayores cantidades de obra sin la autorización del contratante a través de un acta de modificación y haber modificado de manera unilateral el cronograma de actividades de la obra, sin que las mismas obedecieran al orden prioritario de la realización de la obra.
No existen razones ni justificaciones para que no se hayan construido, ni suministrado dos plantas compactas de tratamiento de aguas residuales y dos plantas elevadoras para transportar el caudal de aguas servidas y llevarlo a las redes de conducción final (f. 77).
Para llegar a esa convicción la Procuraduría tuvo en cuenta, entre otras pruebas, las siguientes: (i) «[…] los informes tanto de la Contraloría General (anexo 9) como de la Procuraduría General ( anexo 4), coinciden en señalar que durante la ejecución las obras se hicieron modificaciones, sin sustento técnico, que no fueron debidamente motivadas mediante un acta de modificación u otrosí al contrato» (f.50); (ii) «[…] la contradicción en el escrito de descargos del señor Adib Abdala, al afirmar que el proyecto sí cumplió en sus estudios técnicos y diseños exigidos por la Corporación ambiental y posteriormente decir que no se contó con los estudios (memorias) de la firma Ingeambiente Ltda., pero sí con los planos, con los cuales se trabajó, pues el municipio nunca dio razón ni informó a la Asociación de su existencia en sus archivos, pese a que se debió anexar como requisito para tramitar el proyecto. Desde aquí parte erróneamente el señor representante de AMUSUR, al suscribir el contrato interadministrativo con la Alcaldía Municipal, porque siendo un proyecto de tanta magnitud no resulta válido su iniciación o ejecución con apenas los planos que le entregó la administración, pues … resultaba indispensable no solo tener, sino también actualizar los respectivos planos, cálculos, diseños, y rediseños estudios de suelos, etc., que permitiesen un mayor acercamiento con los trabajos a ejecutar, necesarios para culminar satisfactoriamente el proyecto » (f 51); (iii) el pronunciamiento del señor Olver Alvear de la Unidad Administradora de Servicios Públicos, contenido en el oficio de 29 de agosto de 2002 «[…] con copia al director de la obra de Amusur, [en el que] le expresa una serie de inquietudes referente a los procedimientos de ejecución de programados, entre otros, “lamenta la decisión unilateral tanto de la dirección como de la interventoría del proyecto, de ejecutar las obras sin la concertación a que se debe llegar con la administración Municipal, previniendo causar los inconvenientes que hoy debe soporta la comunidad”. Folios 150 a 152 anexo 1» (f. 52); (iv) «[…] el abundante material probatorio obtenido por los funcionarios instructores, las denuncias presentadas ante el Concejo Municipal (actas 037 y 062 de agosto y noviembre de 2002) y de acuerdo al informe técnico presentado como resultado de la visita efectuada al Municipio, de donde se extrae que los trabajos realizados por el contratista, evidencian una total ausencia de planeación y control de las obras ejecutadas, toda vez que dicho informe deja en evidencia las siguientes irregularidades [ya trascritas] y por las cuales éste (sic) despacho considera que el proyecto Mejoramiento y Optimización del Acueducto y Alcantarillado de la Cabecera Municipal de San Pablo, no cumplió con el objeto para el cual fue concebido y financiado» (f 52); y (v) «Como complemento y como corolario para establecer aún más la responsabilidad del disciplinado, a folios 193 a 198 del cuaderno 2, obra en el proceso comunicación de abril 25 de 2005 suscrita por el Alcalde Municipal y los concejales del Municipio de San Pablo Bolívar exponiendo a la Contraloría General con copia a la Procuraduría General las graves irregularidades detectadas en la ejecución de la obra, señalando entre otras, el recibo y medición de actividades de localización y replanteo, el tratamiento de las aguas residuales, pozos de inspección del alcantarillado, laguna de oxidación, cambios de tubería y en general las mayores cantidades de obra, para concluir que todo fue improvisación ya que no hubo un norte, una guía para ejecutar las obras en debida forma», entre otras pruebas.
Como se puede observar, se trató de hechos y afirmaciones que cotejados entre sí con las pruebas acopiadas en la actuación disciplinaria, dieron lugar a la veracidad y certidumbre sobre la conducta constitutiva de falta disciplinaria atribuida al señor Adib Abdala Torres, como director ejecutivo y represente legal de AMUSUR en desarrollo de contrato interadministrativo suscrito con el municipio de San Pablo.
Todo lo anterior terminó por consolidar el cargo único formulado al actor en cuanto «no desplegó todas las actividades en procura de cumplir el objeto contratado» (f.18), que lo condujeron a incurrir en la falta gravísima prevista en el artículo 48 (numeral 1) de la Ley 734 de 2002, de «Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley», complementada mediante la integración jurídica con la violación al principio de responsabilidad en materia de contratación pública previsto en el artículo 26, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, según el cual « Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato» y el principio de la economía, contemplado en el numeral 3 del artículo 25 de la misma Ley, en cuanto «Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados», que fueron formulados en el pliego de cargos como normas violadas o desconocidas.
En tales circunstancias no es dable dar por probada la acusación del actor formulada en la demanda, consistente en que el pliego de cargos fue «general, impreciso, sin citar correctamente las normas» (f. 9), ni el cargo de falta de apreciación integral de la pruebas.
2.7.5 Ausencia de responsabilidad objetiva y de desviación de poder. Lo expuesto en el acápite anterior descarta de contera el cargo de responsabilidad objetiva invocado por el accionante, empero, se agrega lo siguiente:
Sobre la culpabilidad de la falta disciplinaria la Ley 734 de 2002 consagra: «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».
La Corte Constitucional al declarar exequible el artículo 14 de la Ley 200 de 1995, expresó:
Es decir, que en nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad es “Supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga”. Principio constitucional que recoge el artículo 14 del C.D.U. acusado, al disponer que “en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación al señalar que “el hecho de que el Código establezca que las faltas disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, implica que los servidores públicos solamente pueden ser sancionados disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente proceso – con las garantías propias del derecho disciplinario y, en general, del debido proceso -, y que dentro de éste se haya establecido la responsabilidad del disciplinado”/.
La Corte también declaró exequible artículo 13 de la Ley 734 de 2002 (trasunto del artículo 14 de la Ley 200 de 1995) y en la sentencia C- 948 de 2002 sostuvo que el sistema de numerus apertus, que nutre el régimen disciplinario de los servidores públicos, «… supone igualmente que el fallador es quien debe establecer cuales tipos disciplinarios admiten la modalidad culposa partiendo de la estructura del tipo, del bien tutelado o del significado de la prohibición».
Al respecto resulta también oportuno mencionar lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-819 de 2006, en el sentido de que «… todos los servidores públicos deben propender por el logro del objetivo principal para el cual fueron nombrados, esto es, servir al Estado y a la comunidad en general con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución, la ley y el reglamento (C.P. Arts. 6° y 122). De donde resulta que cualquier funcionario del Estado, puede verse sometido a un proceso de responsabilidad pública de índole disciplinaria, no sólo cuando en su desempeño vulnera el ordenamiento superior y legal vigente, sino también cuando incurre en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P. art. 6° y 123)».
En el caso sub examine la demandada en la decisión disciplinaria de primera instancia, con fundamento en las pruebas ya citadas, concluyó «[…] en lo que atañe al grado de culpabilidad, se califica definitivamente como dolosa, ya que [el demandante] conocía de antemano de todos los problemas técnicos para la ejecución de la obra y las denuncias formuladas por la comunidad y los entes municipales, pese a ello no adelantó actividad alguna tendiente al cumplimiento del contrato interadministrativo suscrito con el Municipio de San Pablo con las consecuencias y resultados ya analizados» (ff. 55 y 56).
Demostrada como quedó la conducta dolosa del actor, queda sin sustento el cargo de que la sanción disciplinaria se impuso por responsabilidad objetiva, tanto más si se tiene en cuenta que en el procedimiento disciplinario el único bien jurídico protegido está representado por la buena marcha de la administración, su eficiencia, su buen nombre, la moralidad pública, como también la eficacia y la honradez de la administración pública, y en materia de tipicidad, para la descripción de la conducta señalada por la legislación disciplinaria la autoridad cuenta con un margen mayor de apreciación.
Es innegable entonces que en los actos administrativos cuestionados la entidad demandada llevó a cabo un análisis integral de las piezas procesales y explicó y justificó el porqué dio credibilidad a unas pruebas y se apartó de otras, a partir de las cuales halló disciplinariamente responsable al actor, y el hecho de que esté en desacuerdo con tal razonamiento, no implica que se hayan configurado los cargos invocados por el actor contra las decisiones acusadas, ni que la entidad haya actuado de manera arbitraria, con desviación de poder y con desconocimiento de los derechos sustanciales del demandante. De manera que fue consistente, evidente y coherente el raciocinio que realizó la entidad al momento de apreciar las pruebas y de imponer la sanción.
De acuerdo con lo expuesto, y como no se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara los actos acusados, la Sala negará las súplicas de la demanda.
2.8 Otros aspectos procesales.
2.8.1 Condena en costas. No se procederá a ello respecto de la parte vencida, dado que en el prisma del artículo 171 del CCA no se advierte, en síntesis, abuso en la actuación, en la medida en que, como lo ha sostenido esta Corporación, la oposición carece de temeridad porque quien la presentó le asiste un fundamento razonable. Tampoco se detecta una injustificada falta de colaboración o proceder con interés meramente dilatorio que conduzca a considerar que incurrió en una conducta reprochable que la obligue a correr con los gastos realizados por la otra parte para obtener un pronunciamiento judicial.
2.8.2 Reconocimiento de personería. En vista de que la Procuraduría General de la Nación constituyó nueva mandataria, se reconocerá personería la profesional del derecho destinataria del poder visible en el folio 338.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Niéganse las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Adib Abdala Torres contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, conforme a la parte motiva.
2º. No condenar en costas a la parte demandante.
3º. Reconócese personería a la abogada Luisa Fernanda Lozada Garzón, identificada con cédula de ciudadanía 1.013.587.150 y tarjeta profesional 186.584 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en representación de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el poder obrante en el folio 338.
4º. En firme esta providencia, archívense las diligencias, previas las constancias y anotaciones que sean menester.
Notifíquese y cúmplase.
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Sala plena de lo contencioso administrativo, sección segunda, auto de 4 de agosto de 2010, radicación 2010-00163-00 (1203-10), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, auto de 18 de mayo de 2011, radicación 2010-00020-00 (0145-10), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
«ARTÍCULO 149. DEFINICIÓN. Las asociaciones de municipios son entidades administrativas de derecho público, con personaría jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; se rigen por sus propios estatutos y gozarán para el desarrollo de su objetivo, de los mismos derechos, privilegios, excepciones <sic> y prerrogativas otorgadas por la ley a los municipios. Los actos de las asociaciones son revisables y anulables por la Jurisdicción Contencioso - administrativa.»
Notificado al actor el 25 de abril de 2005 (f. 143 c. 6).
Artículo modificado por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011. <El nuevo texto es el siguiente:> El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales.
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos.
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos.
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.
«Artículo 113. Recurso de reposición. El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad y la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado, y contra el fallo de única instancia.» (se destaca).
Notificado por estado en la misma fecha, y también por correo postal el día siguiente
ARTÍCULO 143. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
PARÁGRAFO. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento
Notificada por estado el 25 de enero de 2006 (f. 10, c. 3 del expediente disciplinario) y mediante comunicado de 19 de enero de 2006 (f.13, ídem).
«Artículo 113. Recurso de reposición. El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad y la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado, y contra el fallo de única instancia.» (se destaca).
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]»
C- 626 de 1996
C- 728 de 2000
Sentencia C-155 de 2002.
Véase, al respecto, las sentencias T-146 de 1993 y C-948 de 2002. Criterio reiterado en la sentencia C- 818 de 2005, MP, Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C- 720 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia del 18 de febrero de 1999; Radicación 10775, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.