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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00427-00

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
William Hernández Gómez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00427-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Deniéguense las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Reconózcase personería al abogado Navik Said Lamk Espinosa, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 79.671.702 y es portador de la T.P. 134.001 del C. S. de la J., como apoderado de la Nación, Congreso de la República, Cámara de Representantes en los términos y para los efectos del poder conferido, el cual obra en el folio 821 del expediente. Cuarto: Recházase la renuncia al poder presentada por la abogada Yaddy Milena Villamizar Delgado por no reunir el requisito de que trata el artículo 76, inciso 4, del Código General del Proceso. Sin embargo, entiéndase que este fue revocado en virtud del reconocimiento de personería efectuado en el numeral anterior. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2012-00427-00

Consejero ponente: William Hernández Gómez

12 de julio de 2018

PROCESO DISCIPLINARIO – Operador de sistemas cámara de representantes / DEBIDO PROCESO – Procedimiento verbal / CAMBIO DE PROCEDIMIENTO – Valido hasta antes del proferir pliego de cargos / DIBIDO PROCESO – No vulnerado

Se admitió que el procedimiento podía variarse válidamente aun con posterioridad al auto que dispuso la apertura de la investigación, siempre y cuando se hiciera antes de la formulación de cargos. Tal interpretación se incorporó a la norma procesal en comento, con la modificación introducida por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011. Precisamente, en la sentencia C-370 de 2012 en la que se analizó la exequibilidad del mencionado artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, la Corte sostuvo que ampliar la oportunidad para citar a audiencia hasta antes de proferir pliego de cargos, no vulnera algún derecho fundamental, pues a partir de ese momento se da paso a todas las garantías propias del proceso verbal. omita la etapa de investigación disciplinaria para dar paso a la audiencia oral, cuando se disponga de las suficientes pruebas para concluir que la falta existió y que la responsabilidad del investigado se encuentra comprometida, lo que sucedió en el dossier toda vez que, si bien se anularon las actuaciones adelantadas en la indagación preliminar hasta incluso el auto que le dio apertura, la actividad probatoria que se alcanzó a realizar conservó validez y eficacia, y ella bastaba para concluir que el señor Javier Alonso Díaz Cogollo se encontraba involucrado en eventos de ausentismo laboral, tal y como se desprende de los múltiples oficios y de la declaración en los que su jefe directa denunció tales irregularidades. En el trámite administrativo sancionatorio adelantado en contra del señor Jairo Alonso Díaz Cogollo se respetaron las garantías propias del derecho al debido proceso.

PROCESO DSICIPLINARIO – Valoración probatura / VALORACIÓN PROBATORIA – Suficiente / CONDUCTA – De acuerdo al análisis probatorio se logró demostrar la conducta endilgada

Las pruebas hasta ahora anotadas no permiten establecer que la autoridad disciplinaria haya errado en la valoración probatoria pues efectivamente se logró acreditar de la forma en que se señala a continuación que en varias oportunidades el señor Javier Alonso Dïaz Cogollo faltó total o parcialmente a trabajar sin ofrecer una justificación o no siendo válida la argumentación presentada para efectos de excusar su ausencia en el ámbito laboral. Ello, inexorablemente, impactó el cumplimiento de las funciones a su cargo. La única fecha en la que se le reprochó la ausencia a laborar en forma indebida fue el 29 de julio de 2010, ya que según informó la jefe directa del hoy demandante, este día «[…] me llamó y me solicitó permiso para atender una reunión de asuntos laborales ajenos a la Corporación en CAFAM, llegando a las 11:30 a.m., a la hora del almuerzo se fue a almorzar y luego pidió permiso para atender otro asunto personal […]». Si bien el horario laboral no está dispuesto para la atención de asuntos personales, es entendible que en forma extraordinaria el personal encargado con la autoridad para hacerlo, pueda conceder permisos en forma extraordinaria para la atención de aquellos; dado que en este caso la misma jefe de la Sección de Suministros reconoció haberle otorgado el permiso al actor, no debió tenerse esta fecha para enrostrar la ausencia laboral del señor Javier Alonso Díaz Cogollo. Revisadas las pruebas debida y oportunamente practicadas dentro del proceso administrativo disciplinario seguido en contra del señor Javier Alonso Díaz Cogollo, no es viable concluir que el ejercicio de valoración que de ellas efectuó la autoridad disciplinaria debió conducir a una decisión absolutoria de responsabilidad.

PROCESO DISCIPLINARIO – Graduación de la falta / FALTA COMETIDA A TITULO DE DOLO – Ausencia de justificación para el ausentismo laboral / CODUCTA COMETIDA A TITULO DE DOLO – Demostrada

Ante la ausencia de una razón válida que explique el ausentismo laboral que se precisó en el anterior acápite, es perfectamente razonable que, al analizar la culpabilidad, la autoridad disciplinaria hubiere concluido que el hoy demandante incurrió dolosamente en las faltas reprochadas. Ahora bien, la definición de la culpabilidad en tales términos permite que este sea un criterio a tener en cuenta para la calificación de la falta como grave, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002. Estaban dados los supuestos para que la autoridad disciplinaria concluyera que la falta en que incurrió el señor Javier Alonso Díaz Cogollo fue cometida con dolo y debía calificarse como grave.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018) SE. 075

Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00427-00(1680-12)

Actor: JAVIER ALONSO DÍAZ COGOLLO

Demandado: NACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y NACIÓN, CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 1984

ASUNTO

La Subsección dicta la sentencia que en derecho corresponda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, que se tramitó en virtud de la demanda interpuesta por el señor Javier Alonso Díaz Cogollo en contra de la Nación, Procuraduría General de la Nación y de la Nación, Congreso de la República.

LA DEMANDA

Pretensiones

Solicitó se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos en su integridad:

Decisión de primera instancia proferida en el proceso disciplinario 014-2010 dentro de la audiencia celebrada el 23 de diciembre de 2010 por el coordinador del Grupo de Control Disciplinario Interno del Congreso de la República, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al demandante y se le sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por siete meses e inhabilidad especial por el mismo término.

Decisión de segunda instancia proferida el 14 de febrero de 2011 por la Procuraduría General de la Nación, a través de la cual se modificó la sanción inicialmente impuesta al demandante, disminuyéndose a dos meses tanto la suspensión para ejercer el cargo como la inhabilidad especial.

Resolución 535 del 2 de marzo de 2011 proferida por el director administrativo de la Cámara de Representantes, por medio de la cual se dio cumplimiento a la sanción impuesta.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente:

Condenar a las entidades demandadas a reconocer y pagar a favor del señor Javier Alonso Díaz Cogollo lo correspondiente a dos meses de salarios en virtud de aquellos que le fueron dejados de pagar por la ejecución de la sanción disciplinaria, así como las sumas de dinero que le lleguen a ser descontadas en la liquidación de prestaciones sociales futuras como consecuencia del periodo en que no devengó la remuneración laboral.

Declarar que para todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio por parte del actor.

Ordenar la actualización de las anteriores condenas de acuerdo al IPC.

Ordenar a la Procuraduría General de la Nación eliminar la sanción controvertida del registro de antecedentes disciplinarios del demandante.

Condenar en costas procesales a las demandadas.

Disponer que la condena se ejecute conforme a lo previsto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Fundamentos fácticos

El 14 de mayo de 2008, el señor Javier Alonso Días Cogollo se vinculó al Congreso de la República en el cargo de operador de sistemas, en la Sección de Suministros de la Cámara de Representantes.

El 4 de junio de 2010, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Congreso de la República abrió indagación preliminar con el fin de verificar la posible falta en que se había incurrido por haber faltado a trabajar los días 26 de marzo, 23 de abril y 13, 14 y 21 de mayo de 2010.

Lo anterior en virtud de la solicitud que hiciera el jefe de personal de la entidad a raíz de los Oficios SS4.4.1-163 y SSA4.4.-165-10 con fecha del 24 de mayo de 2010 en los que la jefa del demandante reportó dicha situación.

Tres meses después, el señor Javier Alonso Díaz Cogollo fue notificado del auto de apertura de indagación preliminar.

El hoy demandante remitió comunicación al jefe de personal en la que le indicó que estaba siendo víctima de acoso laboral por parte de su jefe directa, sin embargo no se dio aplicación a la Ley 1010 de 2006 en cuanto establece, para tales eventos, medidas preventivas en el trámite de los procesos disciplinarios.

A través de auto proferido el 19 de octubre de 2010, a solicitud del actor, se decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de apertura de indagación preliminar debido a una serie de inconsistencias que violaban el debido proceso.

Por medio de auto del 27 de octubre de 2010 se formularon cargos en contra del demandante y se le citó a audiencia verbal.

El actor solicitó la nulidad de dicho auto pues en él se ordenó la práctica, en audiencia, de siete testimonios sin que previamente se hubiere adelantado la etapa de indagación preliminar o una investigación disciplinaria ordinaria, petición que fue despachada de manera desfavorable.

La defensa del señor Javier Alonso Díaz Cogollo recusó a la funcionaria comisionada para la práctica de las pruebas como quiera que demostró tener una relación cercana con la jefe directa de aquel, además de practicar las pruebas a instancia de esta, así como por advertir que se repaginó el expediente. Sin embargo, esta acusación fue desestimada.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cámara de Representantes profirió decisión de primera instancia el 23 de diciembre de 2010 en la que resolvió declarar disciplinariamente responsable al actor, sancionándolo con suspensión en el ejercicio del cargo por siete meses e inhabilidad especial por el mismo periodo.

El 14 de febrero de 2011, la Procuraduría General de la Nación resolvió el recurso de apelación presentado por el demandante, disponiendo en segunda instancia la modificación de la sanción a dos meses de suspensión en el cargo e inhabilidad especial. Para tomar tal determinación tuvo en cuenta una declaración juramentada que había sido anulada en la decisión de primera instancia.

Por medio de la Resolución MD-0535 del 2 de marzo de 2001, la Nación, Congreso de la República dio cumplimiento a la sanción impuesta.

Normas violadas y concepto de violación

Para el demandante los actos administrativos acusados desconocen los artículos 29 de la Constitución Política; 140, 144, 152, 170 y 175 de la Ley 734 de 2002.

Con el propósito de plantear el concepto de violación, explicó el trámite que se le dio al proceso disciplinario seguido en su contra a efectos de denunciar una serie de irregularidades que a su juicio se habrían cometido en aquel. Así, en primera medida, indicó que inicialmente se dio paso a un proceso disciplinario ordinario por medio de la apertura de indagación preliminar el 4 de junio de 2010, en el cual los implicados estaban por determinar. En este trámite se declaró la nulidad de las actuaciones hasta el auto que dispuso el comienzo de dicha etapa.

Seguidamente, la autoridad disciplinaria, el 27 de octubre de 2010, citó a audiencia verbal al demandante por considerar que existían pruebas suficientes para formularle cargos. En ese sentido, el actor reprochó que el titular de la acción disciplinaria hubiere hecho tal consideración, a pesar de que en la indagación preliminar que terminó siendo anulada los sujetos disciplinables estaban en averiguación.

Por tal motivo, consideró que, antes de dar inicio a un proceso verbal, el ente sancionador debió agotar la etapa de indagación preliminar y, una vez terminada, decidir sobre la necesidad de abrir investigación o citar a audiencia, pues resaltó que, de acuerdo al inciso final del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, «[…] si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia […]».

Adicionalmente, precisó que, incluso si en gracia de discusión se aceptara que estaban dados los supuestos para proferir pliego de cargos, no era viable que, al citar a audiencia, el operador disciplinario dispusiera la ratificación de pruebas practicadas en la indagación preliminar porque con ello creó un procedimiento híbrido entre el verbal y el ordinario que no tiene sustento normativo. Lo que a juicio del demandante demuestra esa forma de proceder, es que para ese entonces, el titular de la acción disciplinaria no tenía demostrada ni la falta ni la responsabilidad del disciplinado como requisitos necesarios de la formulación de cargos.

En armonía con ello, adujo que, en materia disciplinaria, tanto en el proceso ordinario como en el verbal, después del pliego de cargos, solo se pueden practicar pruebas con posterioridad a los descargos, por lo que no es concebible que en su caso la autoridad disciplinaria, conjuntamente, haya endilgado los cargos en contra suya y decretado pruebas para corroborarlos. Aunado a ello, reprochó que se le hubiera permitido a su jefe directa la incorporación permanente de pruebas al proceso, convirtiéndola en la práctica en un sujeto más del trámite que se estaba adelantando.

De otro lado, formuló los siguientes reproches:

En la citación a audiencia verbal no se especificó cada cargo con su verbo rector, únicamente se realizaron descripciones generales.

En lo que respecta a las normas que presuntamente habría violado, se le acusó de desconocer dos deberes y su correspondiente prohibición, lo que a juicio del demandante desnaturaliza la acusación ya que no es viable la infracción de deberes y de prohibiciones, pues se violan unas o las otras.

Señaló que la falta debió haberse calificado como leve en lugar de grave y que, en tal ejercicio, el titular de la acción disciplinaria no se basó en ninguno de los criterios que establece el artículo 43 de la Ley 734 de 2002 sino en una serie de consideraciones de índole personal.

Adujo que a pesar de que la culpabilidad se estableció a título de dolo, no se demostró ningún elemento que pudiera sustentar dicha conclusión.

La primera instancia incurrió en un yerro al sumar aritméticamente las sanciones de 5 y 2 meses establecidas para cada uno de los cargos imputados cuando en materia disciplinaria solo cabe imponer la sanción más alta ya que esta subsume la menor. En su criterio, tal circunstancia vició no solo la determinación en comento sino también el resto del proceso.

A la decisión de la Procuraduría General de la Nación le reprochó el haber admitido que la dosificación de la sanción en primera instancia carecía de análisis y sin embargo no haber anulado la decisión, ordenando su remisión a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cámara de Representantes.

Igualmente, criticó el hecho de que la segunda instancia hubiere juzgado al demandante con base en una prueba que había sido declarada nula en el numeral 4 de la decisión adoptada en primera, para referirse a la declaración juramentada de la señora Jennifer Lizeth Betancourt.

Finalmente, adujo que varios de los argumentos que expuso en el trámite administrativo sancionatorio, específicamente en la etapa de alegatos de conclusión y en la impugnación del fallo, fueron inobservados en ambas instancias. Asimismo, agregó que era víctima de persecución laboral en la Cámara de Representantes y que, por ello, tuvo que solicitar a la Procuraduría General de la Nación que asumiera la segunda instancia a través del poder preferente que le asiste.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Nación, Procuraduría General de la Nación

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda pues a su juicio los actos administrativos acusados se ajustan por completo al ordenamiento jurídico, de manera que no se configura ninguna de las causales de nulidad de que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

En principio, realizó un recuento del trámite administrativo sancionatorio del que fue objeto el demandante, destacando que el conocimiento de la segunda instancia correspondió a la Procuraduría General de la Nación pues así lo ordenaba el artículo 74 de la Ley 734 de 2002 en aquellas entidades donde no fuese posible organizar una segunda instancia, como en efecto sucedía en la Cámara de Representantes.

Seguidamente, destacó que uno de los asuntos que había sido objeto de análisis fue el alegado por el actor en el sentido de que se había incurrido en la prohibición del non bis in idem, el cual fue descartado pues para que se configure se requiere que existan dos procesos de naturaleza sancionatoria con identidad de objeto, sujeto y causa, lo que no sucedía en el caso del demandante.

De otro lado, defendió la legalidad del trámite verbal que se adelantó al considerar que se daban los supuestos contenidos en el inciso final del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 y que ello no obstaba para que el titular de la acción disciplinaria decretara pruebas en caso de necesitar definir algunas circunstancias que condujeran a considerar probados o desvirtuados los cargos.

Asimismo, señaló que la situación denunciada por el disciplinado para recusar a la comisionada Amanda Arce no constituía una irregularidad y, en cuanto al hecho de que se hubiera tenido en consideración una declaración que había sido anulada, indicó que la decisión fue el resultado de la valoración conjunta de las pruebas, sin que aquella fuera determinante para la imposición de la sanción.

También adujo que de conformidad con el artículo 143 del Código Disciplinario Único, se había dado cumplimiento a los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, tales como el de taxatividad, trascendencia, instrumentalidad, naturaleza residual, protección, convalidación e integralidad.

Finalmente, precisó que la falta imputada se encontraba descrita en la ley vigente al momento de los hechos y que los elementos de prueba habían sido válidamente aportados al proceso, últimos que no podrían ser valorados en sede jurisdiccional a menos de que se advierta una violación flagrante al debido proceso o alejada de toda razonabilidad.

Nación, Congreso de la República

En forma extemporánea presentó memorial en el que manifestó contestar la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante

Se abstuvo de pronunciarse en esta etapa procesal.

Demandado - Nación, Procuraduría General de la Nación

En sus alegatos de conclusión reiteró la viabilidad de que se hubiera tramitado un procedimiento verbal en aplicación del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, la defensa de los derechos del disciplinado a lo largo del trámite administrativo sancionatorio y la inexistencia de vulneración al principio del non bis in idem.

De otro lado, indicó que si se dio inicio a una investigación en contra del hoy demandante fue porque se evidenció que las conductas reprochadas perturbaban el orden interno de la Cámara de Representantes, concretamente en la Sección de Suministros, la que se vio afectada con sus reiteradas ausencias y la inobservancia del horario laboral sin justificaciones razonables.

Por último, precisó que la carga probatoria incumbía al actor y, sin embargo, este no cumplió con la misma para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados.

Demandado - Nación, Congreso de la República

No hizo uso de esta oportunidad procesal.

MINISTERIO PÚBLICO

La vista fiscal se abstuvo de conceptuar dentro del presente proceso.

CONSIDERACIONES

BREVE RECUENTO DEL PROCESO DISCIPLINARIO

Los cargos y la sanción disciplinaria

En el proceso disciplinario que se adelantó en contra del señor Javier Alonso Díaz Cogollo se formularon cargos por incurrir en concurso homogéneo y sucesivo de infracciones a los artículos 34, numerales 2 y 11, y 35, numeral 7, de la Ley 734 de 2002. El hoy actor fue hallado responsable del desconocimiento de los deberes de cumplir con diligencia y eficiencia el servicio que le fue encomendado; dedicar la totalidad de tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas y desconocer la prohibición de omitir la prestación del servicio al que estaba obligado. En el siguiente cuadro se resume la concordancia entre el pliego de cargos y el acto administrativo sancionatorio ejecutoriado.

PLIEGO DE CARGOS
-27 de octubre de 2010-

ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2010, CONFIRMADO PARCIALMENTE EN ACTO DEL 14 DE FEBRERO DE 2011
«[…] Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolla el acontecer fáctico se concretan en que el investigado JAVIER ALONSO DIAZ COGOLLO, presuntamente dejó de asistir a desempeñar el cargo de Operador de Sistemas, y las funciones que le han sido encomendadas, los días: 26 de marzo de 2009 […] 23 de abril de 2010 […] 13, 14 y 21 de mayo de 2010 […] 9 de julio de 2010 […] 12 y 13 de octubre de 2010 […] De igual manera, dentro del comportamiento consuetudinario irregular, el investigado JAVIER ALONSO DÍAZ COGOLLO, conforme a los hechos puestos en conocimiento por la jefe de la sección de suministros de la Corporación, a donde se encuentra adscrito el disciplinado, presuntamente incumplió con la totalidad del tiempo de trabajo que la ley y los reglamentos exigen, para los días 29 de julio de 2010 […] 2 de agosto […] 3 de agosto de 2010 […] 1, 2, 6, 7, 8, 9 (sic) del mes de julio de 2010 […]».
Falta imputada: El incumplimiento de los deberes establecidos en los numerales 2 y 11 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como haber incurrido en la prohibición de que trata el artículo 35, numeral 7 de la misma ley.
• Calificación provisional de las faltas: Grave a título de dolo.
Decisión de primera instancia «[…] PRIMERO: Declarar probado (sic) los cargos contra el funcionario JAVIER ALONSO DIAZ COGOLLO […] quien se desempeñaba como Operador de Sistemas de la Sección de Suministros de la Honorable Cámara de Representantes […] SEGUNDO: Calificar la falta disciplinaria en que incurrió el señor JAVIER ALONSO DÍAZ COGOLLO […] como grave dolosa y en consecuencia, imponer al servidor público disciplinado JAVIER ALONSO DÍAS COGOLLO […] la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de siete (7) meses e inhabilidad especial por el mismo término, de conformidad con las consideraciones enunciadas en la parte motiva del presente fallo […]».

Decisión de segunda instancia. «[…] Modificar la sanción impuesta por el Coordinador Grupo de Control Disciplinario Interno de la Cámara de Representantes, y en su lugar se impone la sanción de SUSPENSIÓN para ejercer el cargo por el término de dos (2) meses e inhabilidad especial por el mismo término, al señor JAVIER ALONSO DIAZ COGOLLO […]».

Estructura de la falta disciplinaria

Explicó que la falta cometida por el funcionario está descrita como tal en el artículo 50 del Código Disciplinario Único, según el cual «[…] Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley […]».

En armonía con ello, el titular de la acción disciplinaria encontró que el hoy demandante había infringido los deberes de que tratan los artículos 34, numerales 2 y 11, así como desconocido la prohibición inserta en el artículo 35, numeral 7 de la Ley 734 de 2002, a cuyo tenor:

[…] Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
[…]
2.    Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.
[…]
11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
[…]
7.    Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado […]

Comportamientos reprochados

La decisión de primera instancia proferida el 23 de diciembre de 2010 por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cámara de Representantes, tras valorar las pruebas, concluyó que «[…] se deduce que la conducta objeto de la presente investigación si se cometió, toda vez que se estableció que efectivamente se configuraron las ausencias por los días 21 de mayo de 2010, 9 de julio de 2010, 29 de julio de 2010, 12 y 13 de octubre de 2010. Con excusa médica los días 26 de marzo de 2010 […] 23 de abril de 2010 […] 13 y 14 de mayo de 2010 […] Ausentismo del puesto de trabajo y la afectación al desarrollo de las labores de la oficina para los días, 2 y 3 de agosto de 2010, igualmente para los días 1, 2, 6, 7, 8, 9, del mes de julio de 2010 […] donde se confirma que las ausencias si fueron continuas».

En ese sentido, el titular de la acción disciplinaria señaló que constituían infracciones disciplinarias las ausencias reiteradas e injustificadas del hoy demandante al trabajo, así como el consecuente incumplimiento de sus funciones como operador de sistemas de la Sección de Suministros, lo que a juicio de aquel conllevó la inobservancia de los deberes mínimos que le correspondían al señor Javier Alonso Díaz Cogollo y la violación de las prohibiciones que como funcionario de una entidad estatal debía conocer, sin que las explicaciones de naturaleza netamente personal que otorgó pudieran servirle para exculparlo.

De otro lado, estimó que la conducta disciplinada se desplegó en forma dolosa, calificándola como grave con base en los criterios de la naturaleza esencial del servicio y la trascendencia social o el perjuicio causado. A efectos de graduar la sanción, tuvo en cuenta aspectos como el conocimiento de la ilicitud, la infracción de varias normas de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, así como el hecho de que, cuando la sanción más grave es la suspensión, esta se debe incrementar hasta en otro tanto. En ese orden de ideas le impuso al hoy demandante sanción de 7 meses de suspensión en el cargo e inhabilidad especial por el mismo término.

Al conocer del recurso de apelación, la segunda instancia descartó que se hubiere configurado una violación al principio del non bis in idem, así como el hecho de que el disciplinado estuviera siendo víctima de acoso laboral. De otro lado, confirmó que este incurrió en la conducta atribuida pero consideró que la sanción impuesta era desproporcionada porque «[…] al investigado no le figuran sanciones, lo mismo que su buena conducta anterior, además no se tomó en cuenta la trascendencia social de la falta, que si bien, perturbó la buen marcha del servicio no tiene la trascendencia ni la magnitud para conducir a una sanción tan severa […]». Por tales motivos, redujo la sanción a dos meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

Con la sentencia de unificación proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena del Consejo de Estado, se dio inicio a una nueva línea interpretativa en torno al control que ejerce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria.

Al respecto, señaló la providencia que, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, ese control es de carácter integral por cuanto exige una revisión legal y constitucional de las actuaciones surtidas ante los titulares de la acción disciplinaria, sin que, para tales efectos, el juez se encuentre sometido a alguna limitante que restrinja su competencia. En dicha oportunidad, la corporación fue enfática en explicar que, siendo la función disciplinaria una manifestación de la potestad sancionadora que busca mantener la actividad estatal sujeta a los límites legales y constitucionales, no es dable restringir las facultades de que goza la jurisdicción en la realización de dicho estudio.

Esta integralidad se proyecta en múltiples aspectos que son destacados en la providencia en los siguientes términos:

[…] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […]

Así pues, deben tenerse en cuenta los parámetros dispuestos en aquella decisión judicial, lo que desde ya implica descartar los argumentos de la Procuraduría General de la Nación en el sentido de que el estudio que en estos casos puede hacer el órgano jurisdiccional es meramente formal. Por el contrario, hay que reconocer las facultades irrestrictas de que goza el juez para efectuar una revisión seria y profunda de todas las actuaciones y etapas surtidas en el proceso disciplinario.

PROBLEMAS JURÍDICOS

Definido lo anterior, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se resumen en las siguientes preguntas:

¿ Se respetaron las garantías propias del derecho al debido proceso en el trámite disciplinario seguido contra el señor Jairo Alonso Díaz Cogollo?

¿Las decisiones sancionatorias se fundamentaron en una indebida valoración probatoria?

¿Estaban dados los supuestos para que la autoridad disciplinaria concluyera que la falta en que incurrió el hoy demandante (i) fue cometida con dolo y (ii) debe calificarse como grave?

Primer problema jurídico.

¿Se respetaron las garantías propias del derecho al debido proceso en el trámite disciplinario seguido contra el señor Jairo Alonso Díaz Cogollo?

Debido proceso y respeto por las formas propias de cada juicio

El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. El respeto por las normas procedimentales como parte del debido proceso es una garantía que emana del artículo 29 de la Constitución Política al prever que «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».

Siendo el proceso disciplinario un trámite de naturaleza administrativa, es claro que las partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo de todas sus etapas. En efecto, en materia disciplinaria, el artículo 6 de la Ley 734 de 2002 protege, expresamente, el cumplimiento de las reglas de procedimiento, al indicar que el sujeto disciplinable debe ser investigado por el funcionario competente «[…] y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso […]».

Es pertinente indicar que el concepto de formas propias de cada juicio fue delimitado en la sentencia C-140 de 1995 como «las reglas -señaladas en la norma legal- que, de conformidad con la naturaleza de cada juicio, determinan cada una de las etapas propias de un proceso y que, a su vez, se constituyen en las garantías de defensa y de seguridad jurídica para los intervinientes en el respectivo litigio».

Así, las reglas de procedimiento buscan la realización de principios constitucionales y derechos fundamentales tales como la igualdad real al disponer que todas las personas sean juzgadas bajo la misma ritualidad procesal. Ello sin perjuicio de procedimientos especiales establecidos para determinados funcionarios que obedecen a razones específicas, y la exclusión de cualquier forma de arbitrariedad en el ejercicio de la administración de justicia de manera que las formas propias del juicio aseguran la imparcialidad del juez, según lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-407 de 1997, en apartes que tienen plena validez en esta materia y que se sintetizan así:

[…] [e]l someter las controversias a procedimientos preestablecidos e iguales, no sólo garantiza el derecho de defensa: realiza, en primer lugar y principalmente, el principio de la igualdad ante la ley, en el campo de la administración de justicia. Y asegura eficazmente la imparcialidad de los encargados de administrar justicia, mediante la neutralidad del procedimiento […]

En la misma sentencia, la Corte puso de presente que la razón por la cual la ley consagra varios tipos de procedimientos obedece a las diferencias propias de cada asunto, cuyas particularidades definen la especialidad del trámite.

Ahora bien, en relación con las irregularidades procesales, es importante indicar que, para que puedan afectar la validez de todo lo actuado en el procedimiento disciplinario, tienen que ser determinantes, de manera que cuando se resguardan las garantías sustanciales con que cuentan los disciplinados para ejercer su derecho de defensa, los yerros procesales de menor entidad no pueden aducirse a efectos de anular el acto administrativo sancionatorio. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

[…] no toda irregularidad se puede calificar como violación al debido proceso, sino que éste se afecta cuando hay privación o limitación del derecho de defensa, que se produce en virtud de concretos actos de los órganos jurisdiccionales que entraña mengua del derecho de intervenir en el proceso en que se ventilan intereses al sujeto, respecto de los cuales las decisiones judiciales han de suponer modificación de una situación jurídica individualizada. Si bien es cierto "toda clase de actuaciones judiciales", pueden acarrear una violación al debido proceso, la connotación constitucional se da si alguna de las partes es ubicada en tal condición de indefensión que afectaría el orden justo, violándolo ostensiblemente […]

El procedimiento disciplinario verbal

Con la finalidad de lograr mayor celeridad en los procesos disciplinarios e impedir que la sanción pierda su pertinencia y efectos reparadores, la Ley 734 de 2002 concibió el procedimiento verbal, el cual se traduce en un trámite más expedito para adelantar las diligencias tendientes a verificar la responsabilidad del servidor público, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Este procedimiento está descrito en los artículos 177 a 180 ibidem y se inicia con la citación a audiencia al posible responsable para que rinda su versión sobre los hechos objeto de investigación, y aporte y solicite pruebas, las cuales se practicarán en la misma diligencia. Una vez concluidas las intervenciones se dictará la decisión que corresponda, de manera verbal, y se entenderá notificada en estrados, oportunidad en la cual es viable la interposición del recurso de apelación, que podrá ser sustentado verbalmente o por escrito dentro de los dos días siguientes, igual término que tiene el superior para definirlo.

Ahora, si el procedimiento es de única instancia, procede el recurso de reposición que será resuelto en la misma diligencia. En caso de que no se presente recurso alguno, la providencia quedará ejecutoriada una vez concluya la audiencia.

El artículo 175 de la Ley 734 de 2002 definió los eventos en los cuales es viable adelantar la investigación disciplinaria por el procedimiento verbal, así:

Cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta (flagrancia).
Cuando exista confesión.
Cuando la falta sea leve.
Cuando se trate de alguna de las faltas descritas en los numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 del artículo 48 ejusdem.
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

En relación con este último evento, conviene precisar que conforme al artículo 162 de la Ley 734 de 2002, habrá lugar a formular pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, mediante decisión que debe contener los aspectos relacionados en el artículo 163 ibidem.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia C-242 de 2010, declaró la exequibilidad del inciso 3.º del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, al considerar que no se vulnera el artículo 29 de la Carta Política, habida cuenta de que el propósito de la regla es constitucionalmente legítimo, esto es, propender porque las actuaciones en materia disciplinaria sean ágiles y se adelanten bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía procesal y celeridad, lo que armoniza con el artículo 209 Superior, en concordancia con los objetivos que persigue el Código Disciplinario Único y con el artículo 1.º de la Ley 1285 del 23 de enero de 2009, relacionada con la prontitud y eficacia de las actuaciones de la administración de justicia.

También, concluyó que el inciso 3.º del artículo 175 que textualmente expresa: «En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia», debe interpretarse conforme los principios de los procedimientos disciplinarios sin excepción, y debe ser comprendido como una manera de agilizar las actuaciones disciplinarias (Libro I), de modo que la expresión «en todo caso» tiene un alcance independiente del contenido de los incisos 1.º y 2.º del mismo artículo 175, y únicamente, tiene aplicación cuando se ha verificado objetivamente la falta y existe prueba que compromete la responsabilidad de la persona disciplinada.

Adicionalmente, la providencia en cita indicó que tal inciso no supone la afectación de los derechos de defensa de las personas eventualmente investigadas, pues aquellas conservan la posibilidad de solicitar pruebas y controvertirlas, así como de presentar recursos contra la decisión adoptada. También señaló que no es cierto que el procedimiento ordinario sea más garantista por el hecho de ser más amplio, toda vez que el procedimiento verbal tendrá lugar en aquellos casos en los que existen elementos de prueba suficientes para encontrar configurada la falta imputada, de manera pues, que al extender el trámite se retarda la adopción de una decisión que debe ser rápida y eficaz, dado que el funcionario ya tiene claridad sobre la estructuración de la falta.

En este punto es relevante precisar que la duda que se hubiere podido generar, sobre la exégesis del inciso 3.º del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, derivada de las consideraciones vertidas en la sentencia T-060 de 2009 sobre su subordinación a los incisos 1.º y 2.º, quedó disipada con la tesis contenida en la sentencia C-242 de 2010, analizada anteriormente.

Sobre el término para la adopción del procedimiento verbal, vale la pena señalar que esta corporación razonó que no existe una limitación temporal para que el ente investigador adopte tal procedimiento, en atención a que la norma no contiene dicho alcance, pues al señalar que si al momento de la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia, quiere decir que en la etapa en la que corresponde decidir si se abre o no la investigación es posible que se ordene adelantar el proceso disciplinario bajo este trámite, profiriendo pliego de cargos siempre que estuviera objetivamente demostrada la falta y existiera prueba que comprometiera la responsabilidad del investigado, pues de lo contrario, no resultaba posible valorar la procedencia de aplicar el procedimiento verbal. En este sentido manifestó:

«Así las cosas, el inciso tercero del artículo 175 del CDU, planteaba unos presupuestos normativos sin los cuales no podía citarse a audiencia, por lo que puede concluirse que la norma, lejos de imponer un límite temporal, lo que consagraba era el ejercicio de una facultad –variar el procedimiento- que no expiraba en el momento del auto de apertura, sino que podía ejercerse dentro de la investigación disciplinaria a partir del momento en que se dispusiera del material probatorio suficiente para otorgar un grado amplio de certeza a la existencia de la falta disciplinaria, con el fin de permitir que la autoridad disciplinaria pudiera aplicar un procedimiento más ágil y rápido en desarrollo del principio de celeridad». (negrillas fuera del texto)

Con base en las consideraciones expuestas, se admitió que el procedimiento podía variarse válidamente aun con posterioridad al auto que dispuso la apertura de la investigación, siempre y cuando se hiciera antes de la formulación de cargos. Tal interpretación se incorporó a la norma procesal en comento, con la modificación introducida por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011 .

Precisamente, en la sentencia C-370 de 2012 en la que se analizó la exequibilidad del mencionado artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, la Corte sostuvo que ampliar la oportunidad para citar a audiencia hasta antes de proferir pliego de cargos, no vulnera algún derecho fundamental, pues a partir de ese momento se da paso a todas las garantías propias del proceso verbal, dentro de las cuales se resaltan en esta oportunidad las siguientes:

La de ser escuchado en versión libre acerca de los hechos y la posibilidad de solicitar y aportar pruebas, para que sean practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días, si fueren conducentes y pertinentes. Ello por cuanto, en caso de no ser posible en esa misma diligencia, la audiencia debe suspenderse por el término máximo de cinco días y señalarse fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes. (art. 177 de la Ley 734 de 2002).

La posibilidad de interponer recursos contra las decisiones que adopte la autoridad disciplinaria, así como también contra el fallo. (art. 180 ibidem).

El debido proceso en el caso concreto

Varios de los cargos formulados en la demanda se dirigieron a denunciar la violación del derecho al debido proceso que le asistía al hoy actor dentro del trámite disciplinario seguido en su contra, por lo cual la Sala pasará a analizarlos.

El demandante consideró que no se daban los supuestos para que se tramitara un procedimiento verbal y que, en cualquier caso, no era viable que, al citar a audiencia, el titular de la acción disciplinaria hubiera dispuesto la ratificación de pruebas practicadas en la indagación preliminar porque con ello creó un procedimiento híbrido entre el verbal y el ordinario que no tiene sustento normativo. Consideró igualmente que no podía decretar nuevas pruebas al momento de formular el pliego de cargos, y que este último solo tenía descripciones genéricas, además de estimar que era ilógico que se le imputara de manera concurrente el desconocimiento de deberes y prohibiciones.

Para establecer si el reproche que indicó el actor se encuentra fundado se tendrán en consideración las siguientes actuaciones procesales y las pruebas existentes hasta el momento en que se citó a audiencia y se le formularon cargos al hoy demandante:

A través de Oficio SS4.4.1-165-10 del 21 de mayo de 2010 dirigido a la Universidad Nacional, la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya, jefe de la Sección de Suministros de la Cámara de Representantes, informó lo siguiente:

[…] Al preguntarme la doctora Patricia moreno, de la Universidad Nacional, sobre si Digital Ware había adelantado las actualizaciones de los reportes no pude dar respuesta, toda vez que el señor Javier Díaz, es quien coordina con Digital los ajustes y no vino a trabajar el día de hoy, ni tampoco contestó al teléfono celular. Por lo anterior y en atención a no saber si se adelantó o no la actualización de los reportes, no se puede realizar el trabajo acordado entre esta Sección de Suministros y la Universidad, el día de mañana y por ello, le solicito la gentileza de aceptarme el aplazamiento del trabajo a realizar la ingeniera Adriana Salas […]

En Oficio SS4.4.1-163-10 (Rad. 158-10) del 21 de mayo de 2010, la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya le solicitó al demandante los originales de las incapacidades médicas correspondientes a los días 26 de marzo de 2009 y 13 y 14 de mayo de 2010, así como la justificación por no presentarse a laborar los días 23 de abril y 21 de mayo de 2010.

El jefe de la División de Personal, por medio de Oficio D.P. 4.1.604/10 del 25 de mayo de 2010, dio traslado de los anteriores documentos a la coordinadora del Grupo de Control Disciplinario de la Cámara de Representantes.

Con base en ello, mediante auto del 4 de junio de 2010, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cámara de Representantes abrió indagación preliminar «[…] en averiguación de responsables […]», disponiendo la práctica de algunas pruebas entre las que se encontraba la versión libre del señor Javier Díaz Cogollo.

En Oficio SS4.4.1-231-10 (Rad. Sin-10) del 9 de julio de 2010 la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya realizó la siguiente solicitud al hoy demandante:

[…] Reitero a usted la gentileza de informarme lo solicitado en la comunicación SS4.4.1-214-10 “REFERENCIA: SOLICITUD ESTADO INGRESO BIENES A SEVEN 17”, toda vez que esa información es fundamental para determinar el estado de la actualización de los inventarios en el aplicativo Seven 17 y e (sic) ir avanzando para la legalización de recibo y entrega de los inventarios de los despachos de los honorables representantes […] El día jueves 8 de julio hicimos una reunión en la oficina para ver como íbamos a abordar el proceso de recibo y entrega, toda vez que los inventarios no están actualizados y acordamos unas tareas urgentes para el día de hoy, viernes 9 de julio […] Tareas que no se llevaron a cabo por no presentarse usted en el día de hoy a laborar. Toda vez que usted es el responsable del aplicativo, veo con inmensa preocupación el atraso en el registro de la información y su ausencia de las instalaciones de la Sección de Suministros, en especial desde el día jueves 1º de julio, puesto que solo ha venido a laborar aproximadamente 10 horas (Jueves 1º-1 hora, viernes 2 -1 hora, martes 6 .1 hora, miércoles 7 – 4 horas, jueves 8 llegó a las 12 m, se fue a almorzar y llegó a las 2:00 p.m. y el viernes 9 no se presentó a laborar, informando vía teléfono cuando pedí a la señorita […]

Con fecha del 12 de julio de 2010, la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya suscribió los Oficios SS4.4.1-237-10 (Rad. 434-10) y SS4.4.1-236-10 (RAD. 434-10), en los que respectivamente solicitó a la coordinadora de Control Disciplinario Interno que también se investigue al hoy demandante por el incumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas y, de otro lado, que se llame a declarar a varios funcionarios, ex funcionarios, contratistas y ex contratistas para que den cuenta del incumplimiento del señor Javier Alonso Díaz Cogollo al sitio de trabajo.

Por medio de escrito fechado el 12 de julio de 2010 dirigido al jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes, el hoy demandante manifestó una serie de circunstancias por las que se venía sintiendo víctima de acoso, en los siguientes términos:

[…] en los últimos tiempos (meses, días), he sido objeto de una cantidad de cuestionamientos por parte de funcionarios de la Corporación y de los Jefes inmediatos […] Posteriormente a esto fui separado del entrenamiento deportivo de la entidad por presiones personales […] Casi todos los días me siento víctima de la fiscalización, si me enfermo, aunque traiga incapacidad o no me sigo sintiendo como juzgado por parte de mis jefes inmediatos […]

A través del Oficio SS4.4.1-276-10 del 3 de agosto de 2010 dirigido al demandante, la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya, jefe directa de aquel, informó:

[…] Durante el proceso de recibo y entrega de los despachos de los honorables representantes usted se ausentaba de las instalaciones de Suministros permanentemente. Desde la semana pasada llega a la oficina y se retira de ella casi todo el día. El jueves 29 de julio pasado me llamó y me solicitó permiso para atender una reunión de asuntos laborales ajenos a la Corporación en CAFAM, llegando a las 11:30 a.m., a la hora del almuerzo se fue a almorzar y luego pidió permiso para atender otro asunto personal, prometiendo que al día siguiente, viernes 30 de julio llegaría temprano y no se presentó a laborar, al llamarlo informó que estaba donde el médico y aproximadamente a las 4:00 p.m., trajo la excusa médica. El día de ayer, 2 de agosto se presentó a laborar a las 10:00 a.m. y a partir de las 11:30 de la mañana se ausentó de la oficina, regresando a las 5:30 a recoger sus elementos personales, teniendo una labor urgente por adelantar para poder iniciar el traslado de bienes entre terceros y poder expedir paz y salvos a los honorables representantes que culminaron y ajustar los inventarios de los que recibieron. El día de hoy tuvo citas médicas, de las que allegó soporte, se presentó en la oficina como a la 1:30 p. y salió inmediatamente sin regresar a la oficina en toda la tarde […]

En respuesta al anterior oficio, el hoy actor suscribió escrito del 4 de agosto de 2010 en el que desvirtuó los reproches formulados por las faltas a laborar, indicando que cumplía con sus responsabilidades y que algunas de las ausencias que había presentado se justificaban en el permiso que se le concedió el 29 de julio de 2010 y la incapacidad médica que se le otorgó el 30 de julio de 2010 por presentar principios de hipertensión. Adicionalmente, manifestó que se sentía acosado laboralmente por dicha funcionaria.

Certificado de incapacidad 104010002236933 expedido el 30 de julio de 2010 por SC Corvesalud Ltda Teusaquillo, al paciente Javier Alonso Díaz Cogollo por el término de 1 día.

Oficio SS4.4.1-434-10 del 14 de octubre de 2010 en la que la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya informa al director administrativo de la Cámara de Representantes que el día anterior el señor Javier Díaz no se presentó a laborar y que para excusarse presentó una comunicación dirigida a aquel en la que manifestó haber estado enfermo.

Certificado de incapacidad 104010002154009 expedido el 7 de septiembre de 2010 por la Corporación IPS Saludcoop, al paciente Javier Alonso Díaz Cogollo por el término de 3 días.

Por medio de comunicación del 2 de septiembre de 2010, la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya le informó al coordinador de la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes que ese día, el hoy demandante se presentó a trabajar a las 10:23 de la mañana, respondiendo de manera grosera ante el reclamo que le realizó por tal motivo e interrumpiendo la actividad que aquella estaba desarrollando con los demás trabajadores de la Sección de Suministros.

En diligencia de ampliación y ratificación de queja rendida por la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya el 19 de octubre de 2010, esta reconoció los oficios suscritos por ella así como la información contenida en aquellos, relativa a las ausencias al sitio de trabajo y al incumplimiento de labores por parte del hoy demandante, agregando lo siguiente:

[…] PREGUNTADO: Sírvase manifestar a este Despacho, según lo manifestado en el oficio S.S.4.4.1.231.10 de fecha 9 de julio de 2010, explique que afectación funcional se presento (sic) al interior de la sección de suministros, acarreado por funcionario el señor DIAZ COGOLLO? CONTESTO: El atrasó (sic) en el trabajo, trabajo que todavía estamos adelantando con otras personas de la sección, en especial lo relacionada (sic) con comodatos y bienes de terceros, traslados de inventarios de terceros de los honorables representantes retirados, con anterioridad al 20 de julio, expedición de paz y salvo, tarea última que tuve que asignarle a una contratista por su permanente ausencia en el sitio de trabajo, puesto que no podía dejar a los honorables representantes sentados 2 y 3 horas esperando a que el llegara como sucedió con la doctora MARIA VIOLETA NIÑO y el doctor SAMIR SILVA AMIN, entre otros. PREGUNTADO: Sírvase informar al Despacho, desde cuando se viene presentando este hecho? CONTESTO: Las ausencia (sic) han sido permanentes desde que llegué a la sección argumentando que esta (sic) enfermo para el caso de las ausencias, las ausencias de todo el día, ahora, las ausencias del sitio de trabajo, también han sido permanentes desde que llegué a la sección de suministros, llega, deja la maleta, se ausenta por el termino (sic) aproximado de 2 horas, se sienta 15 minutos y vuelve y se va, llega se sienta un instante y se va a almorzar, vuelve se queda 15 minutos y vuelve y se va y a las 4 de la tarde se va con su maleta. PREGUNTADO: Sírvase informar al Despacho quien realiza las labores que le compete al señor DIAZ COGOLLO o que le fueron asignadas como el aplicativo seven, la expedición de los paz y salvo entre otras de las funciones que usted menciona le ha delegado? CONTESTO: La expedición de paz y salvo la asumió la contratista JIMENA RODRIGUEZ, el ingreso de bienes de terceros y comodatos y el manejo del aplicativo Seven, la ingeniera contratista YENIFER BETANCOURT, la realización física de los inventarios, la adelantamos entre todos los funcionarios de la sección y funcionarios prestados de otras dependencias, al señor JAVIER DIAZ le solicite permaneciera en la oficina para que el hiciera la impresión de los inventarios y como se ausentaba del sitio de trabajo esa tarea se la tuve que asignar a CAMILO GNZALEZ (sic) […]

En audiencia celebrada el 19 de octubre de 2010, siendo las 11 a.m., el hoy actor manifestó que las ausencias laborales por las que se le ha acusado está todas justificadas en incapacidades, negó que, como lo habría afirmado su jefe inmediata, llagara tarde a trabajar, se ausentara en reiteradas ocasiones de su puesto e incumpliera las funciones que le correspondían. No obstante lo anterior, esta prueba estaría viciada dado que, a pesar de que la diligencia tenía como propósito recibir la versión libre del disciplinado, allí se le interrogó, circunstancia por la que posteriormente se declararía la nulidad de lo actuado.

En Oficio SS4.4.1-440-10 del 14 de octubre de 2010, la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya le informó al director administrativo de la Cámara de Representantes sobre el proceso de reubicación de la Sección de Suministros luego del traslado del que fue objeto, indicando que quedaba pendiente de ubicar el señor Javier Díaz, a quien no le dio prioridad en virtud de sus continuas faltas al trabajo.

A través de auto del 19 de octubre de 2010, la Oficina de Control Disciplinario Interno resolvió positivamente la solicitud de nulidad elevada por la defensa del señor Javier Alonso Díaz Cogollo por considerar que había irregularidades sustanciales que afectaban el debido proceso, tales como que se le hubiera tomado la declaración a aquel en lugar de habérsele escuchado en versión libre y que el auto de apertura de indagación preliminar hubiese dispuesto que se adelantaba contra persona indeterminada cuando las pruebas solicitadas allí se referían todas a él. Así, el numeral primero de dicho auto dispuso:

[…] [d]ecretar la NULIDAD del auto de apertura de indagación preliminar, a partir del folio 4 al 6 del cuaderno original, teniendo en cuenta que la actuación se encuentra viciada de conformidad con el numeral 3º del artículo 143 de la Ley 734 de 2002. Rehágase la actuación atendiendo los señalamientos anotados. Las pruebas allegadas y practicadas legalmente conservarán su validez y alcance […]

En auto del 27 de octubre de 2010, el Grupo de Control Disciplinario Interno decidió citar a audiencia verbal al hoy demandante, formuló pliego de cargos, ratificó las pruebas que ya obraban en el expediente poniéndolas a disposición del investigado para garantizarle la contradicción y decretó las siguientes:

[…] 3) Escuchar en diligencia de Ampliación y ratificación de la queja a la doctora MONICA PATRICIA VANEGAS MONTOYA, Jefe Sección de suministros de la Cámara de representantes. 3) (sic) Escuchar en diligencia de Declaración Juramentada a las señoras (sic) CAMILO GONZALEZ CABEZAS, EDGAR RAMIREZ LOPEZ, LORENA HERNANDEZ BRAVO, MARIA ALEJANDRA ROZO VARGAS, MARIA DEL CARMEN TRIANA, ALEXANDRA NOVOVA, XIMENA RODRIGUEZ, funcionarios de planta y contratistas adscritos a la Sección de Suministros de la Cámara de Representantes […]

Para formular pliego de cargos, luego de hacer un recuento de los antecedentes, la autoridad disciplinaria se refirió a las conductas investigadas, respecto de las cuales precisó la manera en que el actor habría dejado de asistir a desempeñar el puesto de operador de sistemas y las funciones que le fueron encomendadas con apoyo en las pruebas que obraban en el expediente. Así mismo, se refirió a las normas presuntamente violadas y al concepto de violación, señalando que se trataba de los numerales 2 y 11 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como el 7 del artículo 35 ibidem. Seguidamente, identificó al hoy demandante como autor de la conducta endilgada, determinó el cargo ocupado por él y analizó las pruebas existentes para concluir que

[…] el señor DIAZ COGOLLO es presunto autor responsable de las faltas que se le han reseñado en el cuerpo de esta decisión, en la medida en que se ausentó y en otras ocasiones se retrasó a la llegada a su trabajo y, también, se marchó antes del cumplimiento del horario, con lo cual afectó el desempeño de las funciones que se cumplen en la oficina de suministros y, por ende, perturbó el normal desarrollo de la Corporación […]

De otro lado, analizó los criterios de levedad o gravedad para calificar la falta disciplinaria como grave, además de la forma de culpabilidad, que definió como dolosa.

Para dar inicio a un procedimiento verbal, la autoridad disciplinaria se basó en el inciso 3 del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, según el cual […] En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia […]».

Como puede observarse, este supuesto permite que se omita la etapa de investigación disciplinaria para dar paso a la audiencia oral, cuando se disponga de las suficientes pruebas para concluir que la falta existió y que la responsabilidad del investigado se encuentra comprometida, lo que sucedió en el dossier toda vez que, si bien se anularon las actuaciones adelantadas en la indagación preliminar hasta incluso el auto que le dio apertura, la actividad probatoria que se alcanzó a realizar conservó validez y eficacia, y ella bastaba para concluir que el señor Javier Alonso Díaz Cogollo se encontraba involucrado en eventos de ausentismo laboral, tal y como se desprende de los múltiples oficios y de la declaración en los que su jefe directa denunció tales irregularidades.

El hecho de que las pruebas obtenidas en la indagación preliminar fueran usadas con posterioridad como fundamento de la expedición del pliego de cargos no desnaturaliza el procedimiento verbal en absoluto, por el contrario, lo que ocurre en el orden normal de las cosas cuando se hace uso de la causal referida es que sea aquella fase previa en la que se obtengan las pruebas necesarias para encontrar acreditada la falta y que el disciplinado está comprometido en su comisión.

Ahora bien, es importante señalar que la exigencia de esos dos requisitos no supone que se encuentre agotada la totalidad de la actividad probatoria pues, una vez satisfechos, nada obsta para que la autoridad disciplinaria, de oficio o a petición de parte, disponga el decreto y la práctica de otras pruebas que, sumadas a las ya recaudadas, finalmente le permitirán proferir una decisión de responsabilidad disciplinaria o absolutoria.

En efecto, el artículo 128 de la Ley 734 de 2002, al consagrar la necesidad de la prueba, señala que el fallo disciplinario, al igual que cualquier otra decisión interlocutoria, debe basarse en pruebas legalmente recaudadas a petición de parte o en forma oficiosa y, a su paso, el artículo 129 ibidem establece la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba imponiéndole el deber de obtener la verdad real y facultándolo con tal fin para decretar pruebas de oficio, prerrogativa cuyo ejercicio, hasta antes del proferimiento de la decisión respectiva, no se encuentra limitada temporalmente. Por tal motivo deben descartarse también los argumentos del demandante dirigidos a negar la posibilidad de que se decretaran nuevas pruebas en el auto que citó a audiencia verbal, ya que en todo caso estaban dados los supuestos para proferir pliego de cargos.

En lo que tiene que ver con el contenido de aquel, la Sala estima que se cumplieron plenamente los requisitos de que trata el artículo 163 de la ley en comento, sin que se presente la generalidad a que alude el demandante en cuanto a los cargos que se le endilgaron ya que en la exposición de las normas violadas y en el concepto de violación aparece de manera puntual el reproche que se le formuló al señor Javier Alonso Díaz Cogollo, así:

[...] Con las conductas anteriormente descritas, el servidor público implicado, presuntamente violó las siguientes normas que disponen: Ley 734 de 2002. 1. La Ley 734 de 2002 establece en su “Artículo 34, Deberes. Son deberes de todo servidor público: 2. Cumplir con diligencia, eficiencia… el servicio que le sea encomendado…” Se desprende de la información aportada, que el señor DÍAZ COGOLLO labora en la sección de suministros de la Cámara de Representantes y dentro de sus funciones se encuentran el manejo del aplicativo Seven 17; el traslado entre terceros y la expedición de paz y salvos a los Honorables Representantes, así como el ajuste de inventarios, los cuales por sus constantes y reiteradas ausencias, unas de varios días y, otras, de horas, se han retrasado […] 2. La Ley 734 de 2002 establece en su “Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, …” […] el señor DIAZ COGOLLO se ha ausentado en varias oportunidades y, en otras, ha llegado con retraso o se ha marchado mucho antes de que se cumpla el horario establecido para ello […] 3. La Ley 734 de 2002 establece en su “Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 7. Omitir… o la prestación del servicio a que esta obligado” Con claridad se infiere que cuando DIAZ COGOLLO dejó de asistir a laborar a la oficina de suministros de la Cámara de Representantes los días 26 de Mayo; 23 de Abril; 13, 14 y 21 de Mayo; 12 y 13 de octubre y se retrasó o se ausentó antes de fenecer el horario destinado para ese propósito los días 29 de Julio; 2 y 3 de Agosto; y 1, 2, 6, 7, 8, y 9 de Julio, todos del año 2010, de manera omisiva, presuntamente dejó de cumplir con la actualización del manejo del aplicativo Seven 17; el traslado entre terceros y la expedición de paz y salvos a los Honorables Representantes, así como el ajuste de inventarios […] (negrilla fuera del texto)

Como es viable observar, de la formulación de cargos no puede predicarse la generalidad que critica el hoy actor ya que la autoridad disciplinaria, en forma concreta, previó los deberes y la prohibición que habrían sido desconocidos por aquel, al igual que la forma en que se proyectaba tal violación en virtud de sus frecuentes ausencias al trabajo y el incumplimiento de la jornada laboral. Adicionalmente, no hay incongruencia alguna entre los cargos dado que los deberes que se reputaron incumplidos no describen conductas contrarias a la prohibición que habría vulnerado el hoy actor, por el contrario, todos se relacionan entre sí con la diferencia que mientras que los numerales 2 y 7 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 se encuentran formulados como un mandato, el 11 del artículo 35 impone una abstención.

El demandante adujo que el proceso administrativo sancionatorio se encuentra viciado, en primer lugar, porque la primera instancia incurrió en un yerro al sumar aritméticamente las sanciones de 5 y 2 meses establecidas para cada uno de los cargos imputados y, en segundo lugar, porque al advertir que la dosificación de la sanción en primera instancia carecía de análisis, la Procuraduría General de la Nación debió haber anulado la decisión, ordenando su remisión a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cámara de Representantes para que rehiciera la actuación.

La Sala no apoya la posición expuesta por la parte actora como quiera que el mecanismo procesal provisto para que este manifestara su inconformidad con la dosificación de la sanción era el recurso de apelación, del que en efecto hizo uso, sin que pueda considerarse que un eventual yerro en tal aspecto hubiere podido constituir una causal de nulidad con ocasión de la cual, en segunda instancia, se debió haber invalidado lo actuado hasta el proferimiento de la decisión de fondo primigenia.

En efecto, el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 consagra como causales de nulidad del proceso disciplinario la falta de competencia para proferir el fallo, la violación del derecho de defensa del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, sin que en alguna de ellas pueda enmarcarse la dosificación indebida de la sanción.

Para tales casos, el artículo 180 ibidem previó los recursos respectivos en contra del fallo proferido en audiencia, con el propósito de que, el funcionario a quien corresponda su conocimiento, revise la decisión impugnada de cara a los motivos de inconformidad que manifieste el disciplinado.

De hecho, el hoy actor hizo uso del recurso de apelación y la Procuraduría General de la Nación, en segunda instancia, consideró que la sanción impuesta era desproporcionada porque «[…] al investigado no le figuran sanciones, lo mismo que su buena conducta anterior, además no se tomó en cuenta la trascendencia social de la falta, que si bien, perturbó la buen marcha del servicio no tiene la trascendencia ni la magnitud para conducir a una sanción tan severa […]». En ese orden de ideas, redujo la sanción a dos meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término, resultando efectivo en este aspecto el medio procesal utilizado por el señor Javier Alonso Díaz Cogollo para refutar la decisión de primera instancia.

Así las cosas, no siendo el reprochado un motivo que vicie la validez del proceso administrativo sancionatorio, sino un motivo de inconformidad que, como tal, debió aducirse a través de los recursos procesales procedentes, como en efecto se hizo, no está llamado a prosperar el cargo en cuestión.

Finalmente, sostuvo el actor que varios de los argumentos que expuso en el trámite administrativo sancionatorio, específicamente en la etapa de alegatos de conclusión y en la impugnación del fallo, fueron inobservados en ambas instancias. Con el propósito de estudiar dicho cargo, se contrastarán las actuaciones a que alude el demandante con las respectivas decisiones disciplinarias de la forma en que sigue.

Alegatos de conclusión
Fallo de primera instancia
Violación del non bis in idem: Adujo que el actor había sido objeto de varios llamados de atención verbales.
Sobre el particular adujo la autoridad disciplinaria que «[…] los llamados de atención no son sanciones, toda vez que el art 44 de la Ley 734 de 2002 que establece las sanciones disiplinarias son destitución e inhabilidad para las faltas gravísimas dolosas, suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas; suspensión para las faltas graves culposas, multa para las faltas leves dolosas y amonestación escrita para las faltas leves culposas […]»
No configuración de la falta disciplinaria porque su jefe inmediata no pidió investigación por los días que faltó con excusas médicas ni con permisos que le fueron concedidos, sino por las horas que salía y entraba de la oficina, sin embargo el despacho continuó investigando los días en que faltó. Además, explicó que esas ausencias se encontraban justificadas en sus continuas salidas a otros edificios para actualizar los inventarios.
Tras la valoración de la prueba, en relación con la configuración del reproche endilgado concluyó la primera instancia: «[…] se deduce que la conducta objeto de la presente investigación si se cometió, toda vez que se estableció que efectivamente se configuraron las ausencias por los días 21 de mayo de 2010, 9 de julio de 2010, 29 de julio de 2010, 12 y 13 de octubre de 2010. Con excusa médica los días 26 de marzo de 2010 […] 23 de abril de 2010 […] 13 y 14 de mayo de 2010 […] Ausentismo del puesto de trabajo y la afectación al desarrollo de las labores de la oficina para los días, 2 y 3 de agosto de 2010, igualmente para los días 1, 2, 6, 7, 8, 9, del mes de julio de 2010 […] donde se confirma que las ausencias si fueron continuas».
Invalidez de la declaración de la señora Jennifer Lizeth Betancourt, por haber sido decretada por la abogada comisionada y no por el titular de la potestad disciplinaria, el señor Jairo Jaramillo Matis.
«RESUELVE […] CUARTO. Decretar la Nulidad de la declaración juramentada de la señora JENNIFER LIZETH BETANCOURT LUIS (sic), declaración recepcionada en audiencia del día 16 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta que la actuación se encuentra viciada de conformidad con el numeral 1º del artículo 143 de la Ley 734 de 2002»

Recurso de apelación
Fallo de segunda instancia
Violación del non bis in idem: Adujo que el actor había sido objeto de varios llamados de atención verbales.
«[…] para que se pueda dar aplicación al principio del non bis in idem, se requiere que existan dos procesos de naturaleza sancionatoria, con identidad de objeto, sujeto y causa, situaciones que no se aprecian en el alegato del apelante, y ello se debe, a que ni siquiera ha existido otro proceso»
No configuración de la falta disciplinaria porque su jefe inmediata no pidió investigación por los días que faltó con excusas médicas ni con permisos que le fueron concedidos, sino por las horas que salía y entraba de la oficina, sin embargo el despacho continuó investigando los días en que faltó. Además, explicó que esas ausencias se encontraban justificadas en sus continuas salidas a otros edificios para actualizar los inventarios.
«[…] los hechos a los que hace alusión el recurrente son conexos, referidos a ausencias del puesto de trabajo, sin causa que lo justificara, lo que permite inferir que se observó lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Además, precisó que «[…] si están probadas las ausencias contínuas del investigado de su lugar de trabajo, los días 29 de marzo de 2009, 21 de mayo de 2010 al igual que la del 12 de octubre de 2010 las que no justificó ni en el plenario ni ante su jefe inmediato, sin mencionar que hay otras ausencias, que si bien justificó para el proceso, no lo hizo ante su jefe inmediato dentro de las oportunidades legales […] es importante traer a colación el oficio del 21 de junio de 2010, en el que el investigado informa a la Jefe de Sección de Suministro, que el día 23 de abril se ausentó de su lugar de trabajo, por encontrarse ”celebrando el día de los niños con su hija”, así como que la ausencia del 21 de mayo de 2010 se debió a que se encontraba “celebrando con su familia su cumpleaños por adelantado”, razones estas que si bien pueden ser aceptadas para el disciplinado, no lo son para el proceso, aparte que dichas justificaciones no se encuentran establecidas en la ley, además de desconocer principios elementales de la organización administrativa […]». Víctima de acoso laboral: Adujo que había declaraciones que sustentaban que los continuos llamados de atención eran consecuencia de asuntos personales.
« […] todos los testigos coinciden en el hecho de que el señor JAVIER ALONSO DÍAS se ausentaba de forma contínua de su lugar de trabajo, motivo por el cual la jefe inmediata le llamaba la atención, situación esta que no puede ser entendida de acoso laboral, como lo quiere hacer ver la defensa, sino que por el contrario corresponden al ejercicio de la potestad de la cual está investida el superior, para lograr el cumplimiento de los deberes de sus subalternos, quien puede exigir resultados y el cumplimiento de las metas laborales fijadas, en aras de un buen servicio y la concreción del interés general». Vulneración del debido proceso por no presentarse los supuestos para dar inicio al procedimiento verbal ni haberse formulado los cargos debidamente.
«[…] la procedencia de citar a audiencia y tramitar la actuación bajo el procedimiento verbal, tuvo su fundamento en la hipótesis prevista en el inciso final del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, que señala que en todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales paraproferir pliego de cargos se citará a audiencia”. En este caso, que es un evento diferente al previsto en el artículo 51 del C.D.U., se examinan las conductas irregulares de los servidores públicos que incumplen sus funciones, por faltas y ausencias injustificadas al trabajo.

En el evento del artículo 51, que no fue declarado inexequible, como lo afirma la defensa, sino una parte de él, se usa como un correctivo para faltas de menor entidad, como el retardo para ingresar a laborar, pero cuando ello no es muy relevante ni transforma de manera considerable la función o el servicio […]»

Calificación de la gravedad de la falta disciplinaria pues a su juicio debió ser tenida como leve.

«[…] Para el Despacho es admisible el argumento de la carencia de análisis por el A quo en la dosificación de la sanción, sobre lo cual debió ahondar, pero ello no significa que las faltas atribuídas puedan valorarse como leves, pues las mismas, bajo el razonamiento de los criterios del artículo 43 de la citada ley, llevan a concluir que la falta es grave cometida a título de DOLO, si se tiene, en cuenta que el investigado se ausentó de su lugar de trabajo en repetidas ocasiones, sin autorización de su jefe inmediato, que estas se dieron de forma contínua, pese a los reiterados llamados de atención, además hubo una afectación en la buena marcha del servicio, en la Cámara de Representantes, y se evidenció con los retrasos en la alimentación del aplicativo “SEVEN”, así como en la entrega de la impresión de los inventarios y los paz y salvo a los congresistas, razones que llevaron a la jefe inmediata a quitarle estas funciones al sancionado, para asignárselas a otros empleados, en aras de cumplir con las metas fijadas, dejando a cargo del señor JAVIER DÍAZ COGOLLO solo la impresión de los inventarios en la oficina […] Este Despacho mantendrá la calificación de falta GRAVE cometida con DOLO, pero para tasar la sanción, se tendrá en cuenta que al investigado no le figuran sanciones, lo mismo que su buena conducta anterior, además no se tomó en cuenta la trascendencia social de la falta, que si bien, perturbó la buena marcha del servicio, no tiene trascendencia ni la magnitud para conducir a una sanción tan severa, a lo cual debe agregarse que no se trata de un cargo de mayor jerarquía […] En consecuencia, se MODIFICA la sanción impuesta […] y en su lugar se impone la sanción de dos (2) meses de SUSPENSIÓN para ejercer el cargo e inhabilidad por el mismo término […]»

El análisis de la culpabilidad, no se contaba con los elementos para calificar la falta como dolosa.

No se realizó ningún análisis sobre la dosificación de la sanción, la cual resulta desproporcionada.

Según puede observarse, contrario a lo manifestado por el demandante, los argumentos que expuso en su defensa a lo largo del trámite administrativo sancionatorio fueron resueltos tanto en la decisión de primera instancia como en la de segunda, sin que se hubiera pasado por alto desatar alguno de los aspectos que según el disciplinado debían ser objeto de estudio, cuestión distinta es que aquellos hubieren sido resueltos en forma contraria a la pretendida por el señor Javier Alonso Díaz Cogollo ya que tan solo se acogieron sus peticiones en relación con la dosificación de la sanción, sin embargo esta circunstancia no desconoce en modo alguno sus derechos si se parte del hecho de que cada pronunciamiento en relación con los motivos de inconformidad que informó aquel fue suficientemente motivado por la autoridad disciplinaria.

En conclusión, en el trámite administrativo sancionatorio adelantado en contra del señor Jairo Alonso Díaz Cogollo se respetaron las garantías propias del derecho al debido proceso.

Segundo problema jurídico

¿Las decisiones sancionatorias se fundamentaron en una indebida valoración probatoria?

2.1. Régimen y valoración probatoria en el derecho disciplinario

El régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores públicos es el fijado en el título VI de la Ley 734 de 2002. Precisamente el artículo 128 de esta disposición consagra la necesidad de que toda decisión interlocutoria y disciplinaria se fundamente en pruebas legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa. La norma es clara en determinar que la carga de la prueba en estos procesos le corresponde al Estado.

Así mismo, es deber de la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, para lo cual es su obligación efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas recaudadas durante el trámite administrativo. El artículo 129 de la Ley 734 de 2002 fija esta postura en los siguientes términos:

[…] Artículo 129. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio […] (Resaltado de la Sala).

La norma desarrolla el principio de investigación integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario, no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o lo eximan de responsabilidad. Lo anterior en todo caso, no exime a la parte investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en su favor.

En cuanto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica, de forma conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta. Sobre el particular la Subsección A advirtió:

[…] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del mismo operador judicial penal, que le autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros […] (Subraya fuera de texto).

Finalmente, el artículo 142 ibidem, indica, de manera precisa que «[…] No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado […]». De esta forma, la autoridad disciplinaria en el momento de emitir la decisión condenatoria, debe tener la convicción y la certeza probatoria de que efectivamente el servidor público incurrió en la conducta reprochada que se le imputa. La existencia de dudas al respecto, implica necesariamente que estas se resuelvan en favor del investigado, en aplicación del principio in dubio pro disciplinado, toda vez que no logró desvirtuarse su presunción de inocencia. Al respecto la Subsección B de esta corporación señaló:

[…] Ahora bien, la garantía de la presunción de inocencia aplica en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y, por consiguiente, también en materia disciplinaria, en la medida en que se encuentra consagrada en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política y reiterada por el artículo 9º de la Ley 734 de 2002, que establece: “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.

De esta forma, como lo ha establecido la Corte Constitucional, quien adelante la actuación disciplinaria deberá conforme a las reglas del debido proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona, está establecida como disciplinable; se encuentra efectivamente probada; y, que la autoría y responsabilidad de ésta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo después de superados los tres momentos, la presunción de inocencia queda desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado Constitucional (sic) […] (Resaltado fuera del texto original).

2.2. Caso concreto

El señor Javier Alonso Díaz Cogollo manifestó que de las pruebas aportadas al expediente administrativo se desprendía que no había incurrido en la falta disciplinaria que se le endilgó, correspondiendo la decisión sancionatoria a la indebida valoración de las pruebas que efectuó la autoridad disciplinaria. De igual forma, estimó que dicha actividad se vio afectada por haber tenido en cuenta la Procuraduría General de la Nación la declaración juramentada de la señora Jennifer Lizeth Betancourt, no obstante esta fue invalidada en la decisión de primera instancia.

La Subsección pasará entonces a analizar las pruebas debida y oportunamente recaudadas en el proceso administrativo disciplinario para establecer si efectivamente sirven de sustento de la decisión, teniendo en cuenta aquellas que ya se anunciaron en el desarrollo del primer problema jurídico, numeral 1.3.

Oficio SS4.4.1-110-10 del 13 de abril de 2010 en el que la jefe de Sección de Suministros le solicitó al señor Javier Alonso Díaz Cogollo justificar la ausencia de su puesto de trabajo el 26 de marzo de 2010, la tarde del 8 de abril y los días 9 y 12 del mismo mes y año.

Respuesta al oficio anterior en la que el hoy demandante explica que el 26 de marzo de 2010 estuvo incapacitado; la tarde del 8 de abril del mismo año viajó a Villavicencio para atender a primera hora del 9 de abril una diligencia de notificación por un embargo judicial en su contra; y el día 12 del mismo mes y año asistió en esta ciudad a una audiencia de conciliación celebrada en el trámite de dicho proceso.

Respuesta a derecho de petición del 2 de noviembre de 2010 expedida por Saludcoop EPS en la que certifica la veracidad de las incapacidades médicas generadas al hoy demandante en el año 2010 para los días 26 de marzo, 23 de abril, 13 y 14 de mayo, 30 de julio y 7 de septiembre.

Incapacidades médicas expedidas por Saludcoop EPS, generadas al señor Javier Alonso Díaz Cogollo:

903010000052393 por tres días entre el 20 y el 22 de enero de 2010.
104010001757444 por dos días entre el 22 y el 23 de febrero de 2010.
104010001820652 por un día (26 de marzo de 2010). Corresponde a prórroga de incapacidad anterior de un día.
104010001870895 por dos días entre el 22 y 23 de abril de 2010.
104010002115729 por dos días entre el 13 y 14 de mayo de 2010.
104010002236933 por un día (30 de julio de 2010).
104010002154009 por tres días entre el 7 y el 9 de septiembre de 2010.
104010002238635 por dos días entre el 15 y el 16 de octubre de 2010.
104010002272370 por tres días entre el 3 y el 5 de noviembre de 2010.
104010002323457 por tres días entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2010.

Oficio 4.1-1560/10 del 9 de noviembre de 2010 en el que el jefe de la División de Personal se dirige a la jefe de la Sección de Suministros para informarle que «[…] el señor JAVIER DIAZ COGOLLO, no tiene permiso autorizado para ausentarse de su sitio de trabajo todos los días a partir de las 4:30 P.M. En igual sentido no ha presentado incapacidad para laborar los días 3 y 4 de noviembre del presente año […]»”.

Acta de audiencia celebrada el 2 de diciembre de 2010 en la que se le concedió a la defensa del hoy demandante la oportunidad de presentar versión libre por escrito y solicitar las pruebas que considerase necesarias.

Contrato de prestación de servicios suscrito entre la Cámara de Representantes y la sociedad Digital Ware Ltda. cuyo objeto consistía en «[…] realizar el mantenimiento […] y actualización del software llamado kactus-hr […] por los módulos de nómina, biodata, análisis de cargos […] e inventarios de la Cámara de Representantes».

Documento fechado el 9 de diciembre de 2010 en el que el hoy demandante presentó versión libre dentro del proceso disciplinario seguido en contra suya. En este justificó a través de incapacidades médicas sus ausencias a laborar los días 26 de marzo, 22 y 23 de abril y 13 y 14 de mayo de 2010. En relación con el 21 de mayo del mismo año, afirmó que sí había asistido a su trabajo pues, de hecho, ese día su jefe directo le informó que debía laborar el día siguiente a pesar de ser sábado. Insistió en la no comisión de la falta que le fue endilgada y sostuvo haber cumplido juiciosamente las funciones que le habían sido asignadas, en especial las relativas a cargar información al aplicativo contratado con la empresa Digital Ware Ltda. y la impresión de inventarios de los representantes. De igual forma, denunció sentirse acosado en materia laboral por su jefe directa.

Comunicación del 1 de septiembre de 2010 en la que el señor Javier Alonso Díaz Cogollo le solicitó a su jefe directa le especificara por escrito las funciones que debía realizar con base en el manual de funciones.

Comunicación del 19 de octubre de 2010 a través de la cual el hoy demandante solicitó al director administrativo de la Cámara de Representantes la asignación de funciones.

Comunicación del 13 de octubre de 2010 en la que el hoy demandante le informa al director administrativo de la Cámara de Representantes que el día 12 de octubre de la misma anualidad no se presentó a trabajar por motivos de salud.

Solicitud elevada por el hoy demandante el 22 de septiembre de 2010 para ausentarse del trabajo por 3 días en razón del embarazo de alto riesgo que presentaba su esposa.

Permiso solicitado por el actor a su jefe directa para ausentarse del trabajo en la mañana del 1 de septiembre de 2010 por motivos de índole personal.

Permiso solicitado por el actor al jefe de la División de Personal para ausentarse del trabajo los días 31 de mayo, 1.º y 2 de junio de 2010 para atender diligencias de orden familiar.

Solicitudes elevadas por el señor Javier Alonso Díaz Cogollo a su jefe directa para ser trasladado a otra dependencia de la Cámara de Representantes los días 12 de julio y 1 de septiembre de 2010. En la primera de ellas solicita además 3 días de permiso para atender asuntos de tipo personal.

Permiso solicitado por el hoy demandante para ausentarse del trabajo el día 17 de agosto de 2010 con el fin de atender diligencias de índole familiar.

Comunicación del 9 de agosto de 2010 en la que el señor Javier Alonso Díaz Cogollo informa que su retraso en la hora de llegada a trabajar se debió a demoras en el servicio de transporte público por una competencia deportiva realizada en la ciudad.

Oficio SS4.4.1-158-10 del 20 de mayo de 2010 en el que la jefe de la Sección de Suministros le recuerda a los funcionarios pertenecientes a la misma que el horario de trabajo es de 8:30 am a 5:30 p.m., instándolos a su cumplimiento.

Acta de diligencia de ampliación y ratificación de queja rendida el 14 de diciembre de 2010 por la jefe de la Sección de Suministros, Mónica Patricia Vanegas Montoya. De ella es importante destacar los siguientes apartes:

[…] PREGUNTADO: Sírvase manifestar a este Despacho, según lo manifestado en los oficios a través de los cuales ha radicado quejas continuas contra el señor JAVIER ALONSO DÍAZ COGOLLO?, que afectación funcional ha acarreado, al interior de la Sección de Suministros y de la Corporación? CONTESTO: Antes de contar con un equipo como el que tiene ahora la sección, se presentó atraso en la inclusión de la información en el aplicativo Seven, igualmente trabajos que tenía asignados el señor Javier Díaz, me tocó entregárselos a otros funcionarios o contratistas del área, caso específico, la expedición de paz y salvos, y con la llegada de otro personal, pues se fueron subsanando esas falencias. También su ausencia permanentes (sic) no me permite asignarle un trabajo estable, ya que por sus ausencias por salud, por permisos y por inasistencia en ciertas horas laborales me obligaron a eso. Al llegar a esta sede las ausencias en el puesto de trabajo disminuyeron con excepción de las salidas a las 4 de la tarde que sobre eso tuve que preguntar en la división de personal si el (sic) tenía un permiso especial para ausentarse a las 4 de la tarde situación que me negó verbalmente el doctor Jose Tonny Jefe anterior de la División, razón por la cual se pidió una reunión con el director en donde dijo que nadie tenía permiso de ausentarse a esa hora. En el proceso de toma física de inventarios JAVIER participó, cumpliendo con estas actividades, eso fue el mes de noviembre […] PREGUNTADO: A folio 13 del expediente, con oficio SS4.4.1.276-10 (Radicado sin-10), hace usted un llamado de atención al señor JAVIER, sobre diferentes y supuestas ausencias, incluso sobre algunas en donde “trajo excusas médicas” fue contestada y satisfecha la respuesta a estas instancias. CONTESTO. Como puede observar el despacho, mi queja no versa (sic) los faltantes con las excusas médicas, sino alrededores que giran en torno a ellas, además de los permisos, que en ningún momento el señor Díaz no puede negar que le he negado para atender otras cosas, estoy haciendo referencias es por el sinnúmero de faltantes que se presentan en la situación, no es la excusa médica, no es el permito (sic) para hacerse examen, es que a parte (sic) de esa situación son otra serie de faltantes que me llevan a tener dificultades en la oficina que el señor Díaz, era el encargado del aplicativo, en un momento tan crucial, no solo eran las faltas con excusas médicas, la situación médica de la señora, para lo cual nunca le negué un permiso sino las faltas permanentes al sitio de trabajo, esto generó una situación muy preocupante, no poder contar con el señor Díaz en la oficina, ver que no adelantaba el trabajo […] a que conllevo esta situación a tenerle que pedir a la administración que contratara gente que apoyara estas tareas. A pesar de mi angustia y la situación que vivíamos, el señor Díaz no asumió compromisos, llegaban a la oficina representantes a pedir paz y salvo, tenía que esperar 1 o 2 horas como el caso del señor Samir y Violeta Niños, se para y se va a hablar por teléfono por más de 20 minutos, yo como jefe de la oficina me sentí impotente […]

Acta de diligencia de declaración juramentada rendida el 14 de diciembre de 2010 por el señor Edgar Ramírez López, quien era compañero del hoy demandante en la Sección de Suministros. De ella es importante destacar los siguientes apartes:

[…] PREGUNTADO: Sabe usted de algún llamado de atención que le haya hecho por parte de la jefe inmediata al señor JAVIER ALONSO DÍAZ COGOLLO, por incumplimiento de horario o de funciones? CONTESTO: si en varias ocasiones soy conocedor de esa flla (sic) de asistencia de el […] PREGUNTADO. Sírvase informar al Despacho, como ha sido el ambiente de trabajo desde que la doctora Mónica Vanegas asumió como jefe de la sección de suministros y si en alguna ocasión específica, se dirigió a usted de forma incorrecta, acusándolo de no cumplir sus funciones cuando todos sabíamos que si las cumplía? CONTESTO. Lo que pasa es que nosotros estabamos acostumbrados, a la forma de ser, del jefe anterior el doctor Santiago Silva, y su temperamento era muy cordial y respetuoso con todos los funcionarios, contrario a la Doctora Mónica que es más ejecutiva y más exigente, entonces lógicamente se hayó (sic) la diferencia, pero también hay que mirar que la doctora Mónica le exigieron y le pusieron una fecha para el cumplimiento de unas tareas en la oficina, lo único que me ha disgustado de la doctora Mónica en la oficina es que le llama a uno la atención en público haciendo (sic) quedar a uno mal ante la gente […] PREGUNTADO. Sírvase informar al despacho si conoce usted de algún llamado de atención público hecho al señor Javier Díaz, por algunas supuestas ausencia (sic) del sitio de trabajo CONTESTO. Si en varias ocasiones la doctora Mónica le recriminó delante de todos la falta de presencia de el en horas laborales […]

Acta de diligencia de declaración juramentada rendida el 14 de diciembre de 2010 por el señor Camilo Andrés González Cabezas, quien era compañero del hoy demandante en la Sección de Suministros. De ella es importante destacar los siguientes apartes:

[…] PREGUNTADO: Sabe usted de algún llamado de atención que le haya hecho por parte de la jefe inmediata al señor JAVIER ALONSO DÍAZ COGOLLO, por incumplimiento de Horario (sic) o de funciones? CONTESTO: si, en ocasiones por lo que he visto, ella ha hecho llamado de atención respecto del horario, no tengo conocimiento si en totalidad tiene excusas. PREGUNTADO. Sirvase informar al Despacho, si le consta que el señor JAVIER ALONSO DÍAZ COGOLLO, hay (sic) incumplido con el horario de trabajo, durante algunos días en especial algunos meses en especial durante el año 2010? CONTESTO: se algunos días en especial, Javier muchas veces se excusa los viernes que tenía que salir temprano por motivos de salud […] PREGUNTADO. Cómo cree el (sic) que ha sido el ambiente de trabajo desde que la doctora Mónica está en la Sección de suministros y si puede algún mal trato de tipo verbal. CONTESTO. Efectivamente si ha existido un cambio fuerte desde que llego (sic) la doctora Mónica a la Sección, eso debido a no dirigirse de la manera correcta a sus funcionarios, pienso que ha habido un problema de comunicación en ese sentido, creo deben dirigirse a las personas personalmente a las personas (sic) antes de crear juzgamiento hacia las mismas, eso ha sido un problema grande entre los compañeros […]

Acta de diligencia de declaración juramentada rendida el 14 de diciembre de 2010 por la señora María Alejandra Rozo Vargas, quien era compañera del señor Javier Alonso Díaz Cogollo en la Sección de Suministros. En ella la testigo muestra no tener un conocimiento preciso de las circunstancias relativas a las ausencias laborales del hoy demandante.

Acta de diligencia de declaración juramentada rendida el 20 de diciembre de 2010 por el ex representante a la Cámara Zamir Silva Amín. De ella es importante destacar los siguientes apartes:

[…] PREGUNTADO. Sírvase informar al Despacho, si en el momento de solicitar su paz y salvo hubo demora en la entrega del mismo y en caso afirmativo, si conoció la causa por la cual se retrasó la entrega? CONTESTO: en mis labores como parlamentario estuve solicitando mis papeles para entregar la oficina y obtener mi paz y salvo, estuve muchos días muchas veces, unas veces no se encontraban los funcionarios, con la disculpa que por llegada de nuevos parlamentarios, dure (sic) varios días buscando mi paz y salvo, hasta que finalmente una doctora gentilmente me atendió […]

En la misma audiencia, la ex representante a la Cámara María Violeta Niño precisó lo siguiente al ser preguntada por la demora que según la señora Mónica Patricia Vanegas Montoya se habría generado para la expedición de su paz y salvo:

[…] Si es cierto mucha demora esperándolo en la oficina, me senté a esperarlo a la entrega del paz y salvo, reconoció que si era el señor Javier, quien le había hecho esperar para entregar su paz y salvo […]

Acta de diligencia de declaración juramentada rendida el 16 de diciembre de 2010 por la señora Olga Alexandra Nova González, quien era compañera del señor Javier Alonso Díaz Cogollo en la Sección de Suministros. De ella es importante destacar los siguientes apartes :

[…] PREGUNTADO. Sírvase informar al Despacho, si ha notado cambios de la actual jefe con el anterior, en cuanto a la organización del trabajo, delegación de funciones hacia su personal a cargo. Explique? CONTESTO: si ha sido muy diferente, con el doctor Santiago las personas eran diferentes, en cambio cuando la doctora llegó se incrementó el trabajo, tocó entregar oficinas, recibir oficinas, en todo caso como hay bastante trabajo el cambio fue muy diferente […] PREGUNTADO: Diga al despacho si la doctora Mónica llama la atención sobre posibles faltas de los funcionarios en voz alta y delante de los compañeros. CONTESTO. Depronto ese es un problema de la doctora Mónica, ella lo hace delante de todos, depronto es una falla. No es maltrato sino hace reclamo delante de todos PREGUNTADO. Si observo usted llamados de atención, al señor Javier Díaz por parte de la doctora Mónica CONTESTÓ: Si ví, porque en el otro edificio, no se si el tenía permisos, a veces se ausentaba, me di cuenta que ella le llamaba la atención, en ese momento yo no estaba en recepción, donde llegan las excusas y cartas de permisos, le llamaba la atención por ausencias […] PREGUNTADO. Si en las fechas de recibo y entrega de oficinas de nuevos parlamentarios hice o no hice levantamiento de inventarios. CONTESTO: Si hizo, incluso en varias oportunidad (sic) hizo levantamiento de inventarios conmigo […]

Acta de diligencia de declaración juramentada rendida el 16 de diciembre de 2010 por la señora Maria del Carmen Triana, quien era compañera del señor Javier Alonso Díaz Cogollo en la Sección de Suministros. De ella es importante destacar los siguientes apartes :

[…] PREGUNTADO. Sabe Usted si el señor JAVIER ALONSO DÍAZ COGOLLO permanecía en la oficina o por el contrario presentaba permanentes ausencias durante un día laboral? CONTESTO: bueno pues, el llegaba en la mañana depronto salía, para mi estaba cumpliendo porque hay que estar en las funciones, para mi era normal que el llegar (sic) y luego saliera […] PREGUNTADO. Sírvase informar al Despacho, si en algún momento se sintió usted acosada por mucho trabajo que le impusiera la doctora Mónica al igual que otros funcionarios. CONTESTO: No personalmente, cuando ella llegó seguí con mi trabajo normal, cuando ella llegó se incrementó el trabajo empezaron a llegar muchas solicitudes que tiene que ver con la sección de informes, a mi se me incrementó en el sentido de tener que hacer más oficios, por lo demás es igual […]

Tras el análisis de dichas pruebas, la autoridad disciplinaria concluyó que «[…] se deduce que la conducta objeto de la presente investigación si se cometió, toda vez que se estableció que efectivamente se configuraron las ausencias por los días 21 de mayo de 2010, 9 de julio de 2010, 29 de julio de 2010, 12 y 13 de octubre de 2010 […] Ausentismo del puesto de trabajo y la afectación al desarrollo de las labores de la oficina para los días, 2 y 3 de agosto de 2010, igualmente para los días 1, 2, 6, 7, 8, 9, del mes de julio de 2010 […] donde se confirma que las ausencias si fueron continuas».

Establecido lo anterior, la Sala advierte que las ausencias a laborar del hoy demandante se encontraron justificadas en incapacidades médicas los días 20, 21 y 22 de enero; 22 y 23 de febrero; 26 de marzo; 22 y 23 de abril; 13 y 14 de mayo; 30 de junio; 7, 8 y 9 de septiembre; 15 y 16 de octubre; 3, 4 y 5 de noviembre; 29 y 1 de diciembre de 2010. Siendo estas incapacidades una justificación válida para no laborar, los días por los que se generaron no podían ser tenidos en consideración por el titular de la acción disciplinaria para lanzar algún reproche en contra del hoy demandante, lo que en efecto se respetó en las decisiones de primera y segunda instancia.

No obstante lo anterior, el estudio de las pruebas hasta ahora anotadas no permiten establecer que la autoridad disciplinaria haya errado en la valoración probatoria pues efectivamente se logró acreditar de la forma en que se señala a continuación que en varias oportunidades el señor Javier Alonso Dïaz Cogollo faltó total o parcialmente a trabajar sin ofrecer una justificación o no siendo válida la argumentación presentada para efectos de excusar su ausencia en el ámbito laboral. Ello, inexorablemente, impactó el cumplimiento de las funciones a su cargo.

AUSENCIA TOTAL
Dia
Justificación
21 de mayo de 2010
Sin justificación
9 de julio de 2010
Sin justificación

La tarde del 8 de abril de 2010 y los días 9 y 12 del mismo mes y año
El día 26 de abril de 2010, explicó que la tarde del 8 de abril de 2010 viajó a Villavicencio para atender a primera hora del 9 de abril una diligencia de notificación por un embargo judicial en su contra; y el día 12 del mismo mes y año asistió en esta ciudad a una audiencia de conciliación celebrada en el trámite de dicho proceso.
13 de octubre de 2010
Manifestó no haber ido a trabajar por motivos de salud, sin embargo no allegó la respectiva incapacidad médica.

AUSENCIA PARCIAL SIN JUSTIFICACIÓN
Dia
Horas trabajadas
1 de julio de 2010
1 hora
2 de julio de 2010
1 hora
6 de julio de 2010
1 hora
7 de julio de 2010
4 horas
8 de julio de 2010
5 horas
3 de agosto de 2010
Con permiso para cita médica, luego de la cual llegó a la 1:30 p.m. y se volvió a ausentar por el resto de la jornada laboral.
2 de septiembre de 2010
Llegó a trabajar a las 10:23 a.m.

La única fecha en la que se le reprochó la ausencia a laborar en forma indebida fue el 29 de julio de 2010, ya que según informó la jefe directa del hoy demandante, este día «[…] me llamó y me solicitó permiso para atender una reunión de asuntos laborales ajenos a la Corporación en CAFAM, llegando a las 11:30 a.m., a la hora del almuerzo se fue a almorzar y luego pidió permiso para atender otro asunto personal […]». Si bien el horario laboral no está dispuesto para la atención de asuntos personales, es entendible que en forma extraordinaria el personal encargado con la autoridad para hacerlo, pueda conceder permisos en forma extraordinaria para la atención de aquellos; dado que en este caso la misma jefe de la Sección de Suministros reconoció haberle otorgado el permiso al actor, no debió tenerse esta fecha para enrostrar la ausencia laboral del señor Javier Alonso Díaz Cogollo.

Sin embargo, ello no es motivo suficiente para predicar que la valoración probatoria no era concluyente del ausentismo laboral que se le endilgó a aquel, por el contrario, las ausencias totales y parciales al lugar de trabajo anotadas eran contundentes para permitir que en ente sancionador considerase probada la falta disciplinaria que se le imputó al hoy actor.

Ahora bien, al proferir la decisión del 14 de febrero de 2011, la Procuraduría General de la Nación se basó en el testimonio de la señora Jennifer Lizeth Betancourt para desvirtuar el argumento del demandante según el cual él sí habría realizado las actividades que le correspondían en relación con el aplicativo Seven 17.

Según se explicó en párrafos precedentes, para que puedan afectar la validez de todo lo actuado en el procedimiento disciplinario, las irregularidades procesales tienen que ser determinantes, de manera que aquellas que no sean concluyentes o no afecten en forma sustancial el derecho al debido proceso de la parte procesal, deben excluirse como fundamento de una decisión anulatoria.

En lo que tiene que ver con el hecho de que la segunda instancia hubiere tenido en consideración una prueba que había sido declarada nula en el numeral 4 de la decisión adoptada en primera, esto es la declaración juramentada de la señora Jennifer Lizeth Betancourt, la Sala estima que si bien la Procuraduria General de la Nación incurrió en un yerro, esta irregularidad no basta para anular la decisión sancionatoria como quiera que la prueba en cuestión no es determinante de la responsabilidad disciplinaria que se le atribuyó al hoy demandante, la cual se sustenta en esencia en las varias faltas totales y parciales al sitio de trabajo, las que indudablemente conllevaron, además del incumplimiento de la jornada laboral, la alteración del desarrollo normal de las funciones que le correspondía desempeñar al empleado público.

En conclusión, revisadas las pruebas debida y oportunamente practicadas dentro del proceso administrativo disciplinario seguido en contra del señor Javier Alonso Díaz Cogollo, no es viable concluir que el ejercicio de valoración que de ellas efectuó la autoridad disciplinaria debió conducir a una decisión absolutoria de responsabilidad.

Tercer problema jurídico

¿Estaban dados los supuestos para que la autoridad disciplinaria concluyera que la falta en que incurrió el hoy demandante (i) fue cometida con dolo y (ii) debe calificarse como grave?

Criterios para la clasificación y graduación de las faltas.

La Ley 734 de 2002 en su artículo 42 prevé que las faltas pueden ser gravísimas, graves y leves. Las primeras se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 48 ibidem, y las demás, conforme al artículo 43 de dicha normativa están sujetas al análisis de ciertas pautas, a efectos de determinar cuándo es grave o leve, así:

[…] 1. El grado de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio.
3. El grado de perturbación del servicio.
4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.
7. Los motivos determinantes del comportamiento.
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.
9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave […]

Nótese que una cosa es la clasificación de las faltas y otra distinta, las diferentes manifestaciones de la culpabilidad, última que ha de tener incidencia en la graduación de las primeras. Para que un servidor sea declarado disciplinariamente responsable de una falta descrita previamente por la ley, se requiere necesariamente la existencia de un elemento subjetivo de la conducta, es decir, que haya sido cometida a título de dolo o culpa, lo cual se deriva del contenido mismo del artículo 29 de la Constitución Política al establecer «[…] toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable […]».

De esta forma, está excluida toda forma de responsabilidad objetiva, como un simple juicio de reproche por la coincidencia del comportamiento desplegado con el tipo disciplinario, la infracción del deber impuesto o de la prohibición decretada.

Este principio de culpabilidad fue definido por la Corte Constitucional como «[…] la misma responsabilidad plena, la cual comporta un juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa al servidor estatal la realización de un comportamiento disciplinario contrario a las normas jurídicas que lo rigen, dentro de un proceso que se ha de adelantar con la observancia de las reglas constitucionales y legales que lo regulan, garantizando siempre un debido proceso y el ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste al imputado […]», y tiene aplicación dentro del derecho disciplinario, al igual que en el derecho penal, en el cual se consagran garantías sustanciales y procesales en favor del investigado en aras del respeto de sus derechos fundamentales y, además, para controlar la potestad sancionadora del Estado.

Ahora bien es importante resaltar que si la conducta reprochable (falta gravísima, grave o leve) es cometida con culpa leve o levísima, la misma no será punible. De esta manera, las autoridades deben verificar si la conducta que se atribuye al encartado fue cometida con dolo o culpa grave o gravísima, es decir de forma intencional o por descuido. La Ley 734 de 2002, en el parágrafo del artículo 44, definió los conceptos de culpa grave y culpa gravísima así:

[…] Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones […]».

Por otro lado se ha definido que el dolo está integrado: i) Por el conocimiento del empleado público de que los hechos son constitutivos de infracción disciplinaria y, ii) por la voluntad en la realización de la conducta. Por tanto, cuando estas dos circunstancias concurren es dable afirmar que la conducta fue realizada a título de dolo. Sobre el particular la jurisprudencia ha indicado:

[…] Por otra parte por la vía de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina se ha aceptado que el dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinado conoce la tipicidad de su conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales, con lo cual el conocer involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a ello se realiza la conducta es porque efectivamente quiere el resultado […]

• Caso concreto.

El señor Javier Alonso Díaz Cogollo estimó que la falta que se le endilgó no puede considerarse cometida a título de dolo, apreciación que no es compartida por la Sala pues la mínima claridad que debe tener un trabajador es el deber que le asiste en cuanto al cumplimiento de la jornada laboral, de manera que cualquier falta en tal sentido que no se encuentre legalmente justificada conlleva de suyo el conocimiento y la voluntad por parte del empleado de estar infringiendo el horario de trabajo que le corresponde. En ese orden de ideas, ante la ausencia de una razón válida que explique el ausentismo laboral que se precisó en el anterior acápite, es perfectamente razonable que, al analizar la culpabilidad, la autoridad disciplinaria hubiere concluido que el hoy demandante incurrió dolosamente en las faltas reprochadas.

Ahora bien, la definición de la culpabilidad en tales términos permite que este sea un criterio a tener en cuenta para la calificación de la falta como grave, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002.

También lo es el hecho de que se haya afectado la buena marcha del servicio ya que, como quedó establecido en el análisis probatorio, se presentaron inconvenientes en cuanto al cumplimiento de las funciones asignadas al cargo desempeñado por el hoy demandante, relativas a la alimentación del aplicativo Seven 17, la impresión de inventarios y paz y salvo a los congresistas, teniendo que ser redistribuidas a otros funcionarios de la Sección de Suministros para garantizar así la correcta prestación del servicio.

En conclusión, estaban dados los supuestos para que la autoridad disciplinaria concluyera que la falta en que incurrió el señor Javier Alonso Díaz Cogollo fue cometida con dolo y debía calificarse como grave.

Decisión
De esta manera, al no encontrarse probado ninguno de los cargos endilgados en contra de los actos acusados, la Subsección denegará las pretensiones de la demanda.

Reconocimiento de personería y renuncia a poder

Se reconocerá personería al abogado Navik Said Lamk Espinosa, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 79.671.702 y es portador de la T.P. 134.001 del C. S. de la J., como apoderado de la Nación, Congreso de la República, Cámara de Representantes en los términos y para los efectos del poder conferido, el cual obra en el folio 821 del expediente.

De otro lado, se rechazará la renuncia al poder presentada por la abogada Yaddy Milena Villamizar Delgado por no reunir el requisito de que trata el artículo 76, inciso 4, del Código General del Proceso. Sin embargo, se entenderá que este fue revocado en virtud del anterior reconocimiento de personería.

No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA, vigente para este proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Deniéguense las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Reconózcase personería al abogado Navik Said Lamk Espinosa, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 79.671.702 y es portador de la T.P. 134.001 del C. S. de la J., como apoderado de la Nación, Congreso de la República, Cámara de Representantes en los términos y para los efectos del poder conferido, el cual obra en el folio 821 del expediente.
Cuarto: Recházase la renuncia al poder presentada por la abogada Yaddy Milena Villamizar Delgado por no reunir el requisito de que trata el artículo 76, inciso 4, del Código General del Proceso. Sin embargo, entiéndase que este fue revocado en virtud del reconocimiento de personería efectuado en el numeral anterior.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Relatoria JORM/DCSG

Vigente para la época de la demanda. Ff. 527-540
Ff. 423-440. Ff. 453-468. Ff. 475-476. Ff. 608-620. En el folio 582 vuelto se observa que el proceso se fijó en lista de conformidad con el numeral 5 del artículo 207 del CCA el día 30 de abril de 2013, por lo que el término para contestar la demanda, en atención al artículo 144 ibidem, corrió hasta el 16 de mayo de la misma anualidad. No obstante lo anterior, el memorial en el que la Nación, Congreso de la República manifestó contestar la demanda fue presentado el 19 de julio de 2013 (ff. 643-650). Ff. 772-784. Ff. 83-96, cuaderno 2. Ff. 423-440, cuaderno principal. Ff. 453-468, cuaderno principal. Ff. 1975 y 1976, cuaderno 11. Sentencia del 9 de agosto de 2016; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; Radicado 110010325000201100316 00; expediente 1210-11. Artículo 6. Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público. Sentencia T-267 del 7 de marzo de 2000. Corte Constitucional. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En la sentencia C-1076 de 2002 se citan apartes de los antecedentes legislativos de la norma de la siguiente forma «En la época actual, en que la celeridad es elemento esencial de la eficacia, es preciso que los órganos de control cuenten con herramientas legales ágiles y dinámicas que permitan dar respuestas oportunas, cuando todavía la sociedad resiente la conducta irregular del funcionario o el daño acusado, y no cinco años después cuando la sanción ha perdido tanto la pertinencia como sus efectos reparadores. Este es el criterio que orienta e inspira el procedimiento disciplinario previsto en el último libro del proyecto. Por esta razón, se creó un procedimiento verbal simplificado a la realización de una audiencia dentro de los dos días siguientes a la verificación de la situación de flagrancia o al conocimiento del hecho; es aplicable por el jefe inmediato cuando la falta sea leve o cuando el servidor público sea sorprendido en flagrancia o confiese la autoría de una falta grave o gravísima.» (Gaceta del Congreso núm. 291 del 27 de julio de 2000, Senado de la República, Proyecto de Ley Número 19 de 2000, p. 24.). Este inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2010. Artículo 163. Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener: 1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. 2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta. 3. La identificación del autor o autores de la falta. 4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta. 5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados. 6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código. 7. La forma de culpabilidad. 8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. El artículo 1.º de la Ley 1285 del 22 de enero de 2009, por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, prevé: La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria. Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos. […]
En efecto, en la sentencia T-060 de 2009, la Corte Constitucional conoció en sede de revisión, una acción de tutela que formuló la Superintendencia de Sociedades contra la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de un proceso disciplinario, en la cual la Corte avaló la interpretación efectuada por dicha corporación en el sentido de que la aplicación del inciso 3 del artículo 175 del CDU estaba subordinada a la ocurrencia de los eventos de que tratan los apartados 1 y 2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2014, radicación: 110010325000201100119-00 (0411-11), actor: José Esteban Duarte. Artículo 162 de la Ley 734 de 2002. «El funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.»
La norma en comento adicionó el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 para señalar que «En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.». F. 3, cuaderno 2. F. 4, cuaderno 2. Ff. 5-7, cuaderno 2. F. 26, cuaderno 2. F. 11, cuaderno 2. F. 18, cuaderno 2. F. 16, cuaderno 2. F. 34, cuaderno 2. F. 35, cuaderno 2. F. 40, cuaderno 2. Ff. 43-44, cuaderno 2. Ff. 49-56, cuaderno 2. Ff. 57-67, cuaderno 2. F. 69, cuaderno 2. Ff. 70-73, cuaderno 2. Ff. 70-73, cuaderno 2. Ff. 83-96, cuaderno 2. Artículo 163. Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener: 1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. 2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta. 3. La identificación del autor o autores de la falta. 4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta. 5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados. 6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código. 7. La forma de culpabilidad. 8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Ff. 411-416. Ff. 442-447. F. 460. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. 15 de mayo de 2013. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00571-00(2196-11). Actor: Jorge Eduardo Serna Sánchez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
. En sentencia del 8 de abril de 1999, expediente 15258, el Consejo de Estado sostuvo que la valoración probatoria corresponde a las operaciones mentales que hace el juzgador al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba. Por su parte la sana crítica, es la comprobación hecha por el operador jurídico que de acuerdo con la ciencia, la experiencia y la costumbre sugieren un grado determinado de certeza de lo indicado por la prueba. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. 13 de febrero de dos mil catorce (2014). Radicación: 11001-03-25-000-2011-00207-00(0722-11). Actor: Plinio Mauricio Rueda Guerrero. Demandado: Fiscalía General de La Nación.

Al respecto en sentencia T-161 de 2009, ha precisado la Corte: «[…] En cuanto a la autoridad pública encargada de adelantar el proceso penal es evidente que se trata de funcionarios investidos de poder jurisdiccional cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por regla general, el proceso disciplinario está a cargo de autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa; además, en materia de tipicidad la descripción de la conducta señalada en la legislación penal no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la legislación disciplinaria, pues en ésta última el operador jurídico cuenta con un margen mayor de apreciación, por cuanto se trata de proteger un bien jurídico que, como la buena marcha, la buena imagen y el prestigio de la administración pública, permite al “juez disciplinario” apreciar una conducta y valorar las pruebas con criterio jurídico distinto al empleado por el funcionario judicial, teniendo en cuenta, además, que en el proceso disciplinario se interpreta y aplica una norma administrativa de carácter ético […]». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. 9 de julio 2015. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00189-00(0777-12). Actor: José Libardo Moreno Rodríguez. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Corte Constitucional, sentencia T-969 de 2009. La ortografía y gramática corresponden al texto original. F. 309, cuaderno 2. F. 314, cuaderno 2. F. 100, cuaderno 2. F. 312, cuaderno 2. F. 319, cuaderno 2. F. 101, cuaderno 2. F. 102, cuaderno 2. F. 103, cuaderno 2. F. 104, cuaderno 2. F. 105, cuaderno 2. F. 192, cuaderno 2. F. 175, cuaderno 2. F. 125, cuaderno 2. F. 112, cuaderno 2. Ff. 134-136, cuaderno 2. Ff. 146-151, cuaderno 2. El documento no es completamente legible por razones de fotocopiado. Ff. 152-154, cuaderno 2. F. 205, cuaderno 2. F. 202, cuaderno 2. F 204, cuaderno 2. F. 225, cuaderno 2. F. 226, cuaderno 2. F. 286, cuaderno 2. Ff. 227 y 229, cuaderno 2. F. 232, cuaderno 2. F. 235, cuaderno 2. F. 285, cuaderno 2. Ff. 375-380. Ff. 381-382. Ff. 384-385. Ff. 386-387. Ff. 397-399. Ff. 400-402. Ff. 403-405. F. 428. F. 314, cuaderno 2. Artículo 13 de la Ley 734 de 2002. Sentencia C-310 de 199
En este sentido ver las sentencias C-195 de 1993, C-280 de 1996, C-306 de 1996, C-310 de 1997, entre otras. Sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 11001-03-25-000-2013-00190-00(0449-13), del 29 de enero de 2015. Ver también sentencia T- 319 a de 2012 proferida por la Corte Constitucional.

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