Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00429-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00429-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00429-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
16 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 110010325000201200429 00
Número interno: 1682-2012
Actor: Javier Vicente Hernández Acosta
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del CCA, el señor
Javier Vicente Hernández Acosta presenta demanda contra la Nación,
Procuraduría General de la Nación.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
La parte actora formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos: i) decisión disciplinaria de 13 de marzo de
2006, emitida, en única instancia, por el Despacho del procurador general de
la Nación, mediante la cual se declaró responsable disciplinariamente y se le
impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 90
días; y ii) fallo de 30 de mayo de 2006, proferido por el Despacho del
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Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
procurador general de la Nación, a través del cual, al resolver el recurso de
reposición interpuesto, se confirmó la decisión inicial.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los salarios,
los perjuicios materiales y morales a los que fue sometido; ii) declarar que no
existió solución de continuidad; iii) ordenar a la Procuraduría General de la
Nación cancelar el registro de sus antecedentes disciplinarios; iv) ordenar la
actualización de las sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo
previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo; y, v) disponer
el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177
ibidem.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz puso en conocimiento de
la Procuraduría General de la Nación, un cuadro sistemático y continuo de
violaciones a los derechos humanos por parte de grupos de guerrillas y de las
autodefensas legales, en detrimento de la comunidad de Paz de San José de
Apartadó (Antioquia).
ii) Estos hechos de violencia se concretaron, según los quejosos, en
asesinatos, ataques contra la integridad personal, desapariciones forzadas,
desplazamientos forzosos, hurtos de sus productos agrícolas, incendio de sus
viviendas y amenazas, entre otros.
iii) Frente a lo anterior, en el año de 1998, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos impuso medidas cautelares a favor de la comunidad de paz,
exhortando al Estado Colombiano a garantizar la efectividad de los derechos
de éstas personas. No obstante, teniendo en cuenta que la situación no mejoró,
en el 2000 a 2002, se reafirmaron dichas medidas.
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Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
iv) Ante los requerimientos de los órganos internacionales de protección de
derechos humanos, el Estado Colombiano manifestó que la seguridad de los
miembros de la Comunidad de Paz se haría a través de la Fuerza Pública,
mediante la disposición de Fuerzas Militares que desarrollarían un esquema de
seguridad periférica en la zona.
v) Así, por Auto de 19 de abril de 2001, se conformó una comisión de asesores
en derechos humanos para que conocieran de todos los procesos disciplinarios
adelantados en la Procuraduría General de la Nación.
vi) El 20 de septiembre de 2002, la Procuraduría General de la Nación dio
apertura de investigación disciplinaria en contra de, entre otros, el señor Javier
Vicente Hernández Acosta, en su condición de teniente coronel y el 19 de mayo
de 2005, formuló pliego de cargos en su contra.
vii) El 13 de marzo de 2006, el Despacho del procurador general de la Nación,
en única instancia, declaró responsable disciplinariamente al señor Javier
Vicente Hernández Acosta, en su calidad de teniente coronel del Ejército
Nacional, por haber incurrido en la falta gravísima establecida en el artículo 56
del Decreto 1797 de 2000, a título de culpa; sancionándolo con suspensión en
el ejercicio del cargo por el término de 90 días.
viii) Contra lo anterior, el investigado interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto el 30 de mayo de 2006, por el Despacho del Procurador General
de la Nación, confirmando la decisión inicial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 15 y 29 de la Constitución Política; y, 3
del Código Contencioso Administrativo.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso
los siguientes argumentos:
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Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
i) Los actos demandados vulneraron el derecho al debido proceso, en la medida
en que se dio aplicación al régimen especial consagrado en el Decreto 1797 de
2000, pese a que el aplicable en el asunto sometido a consideración, era el
contenido en el Código General Disciplinario establecido en la Ley 200 de 1995.
ii) Ello, teniendo en cuenta que no se surtieron todas las etapas procesales
establecidas en el régimen general.
iii) En atención a lo anterior, señaló, que: «Y es que en su momento la defensa
de los funcionarios implicados no solicitó que por esta razón o yerro del
funcionario investigador se absolviera de los cargos a los funcionarios
implicados, no por el contrario lo que la defensa quería en su momento era
que el proceso disciplinario por violación a derechos humanos seguido contra
los militares implicados se retrotrajera al auto de cargos y se adelantara con el
lleno de los requisitos legales y procedimentales para no estar en el estado
que se está actualmente y ante este estrado judicial. Igual solicitud se impetra
a esta autoridad administrativa es que se dé razón a los pedidos de esta
demanda y se declare la nulidad de lo actuado a partir del auto de cargos y se
devuelve a la investigación al ente competente y que la investigación se
adecué y adelante con base en los principios de legalidad dentro de la
competencia del ministerio público».
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderado,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones expuestas que
se expresan a continuación:1
i) La falta disciplinaria que le fue endilgada al actor se hizo bajo el principio de
legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue
adecuada y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente
1 Folios 338 a 351.
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valoradas, lo que permitió concluir que el disciplinado incurrió en la falta
gravísima por la que fue sancionado.
ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que al demandante se
le brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su
derecho a la defensa.
iii) Para la jurisprudencia constitucional, el significado del régimen especial de
carácter disciplinario para las Fuerzas Militares, estriba en la existencia de un
conjunto singular normativo aplicable a éstos, dentro del cual se establecen
faltas, sanciones, los funcionarios competentes a imponerlas y el trámite que
debe seguir el respectivo proceso, incluido el señalamiento de los términos, las
actuaciones, medios de impugnación, etc; siendo ésta la razón para aplicar en
este asunto las faltas consagradas en el Decreto 1797 de 2000.
iv) Finalmente, propuso la excepción de legalidad de los actos administrativos.
1.3. Alegatos de conclusión
1.3.1. El demandante
Pese a que el Despacho dio traslado para alegar de conclusión, la parte
interesada guardó silencio.
1.3.2. La parte demandada2
Insistió en los argumentos señalados en la contestación de la demanda.
1.4. El ministerio público
La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto en
el que solicitó negar las pretensiones de la demanda 3 , pues, dentro de la
investigación disciplinaria no se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto
2 Folios 390 a 395.
3 Folios 397 a 405.
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Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
que ésta fue adelantada por los funcionarios competentes, se garantizó la doble
instancia, y la parte actora hizo uso de las garantías procesales pertinentes, al
rendir su versión libre, presentar sus descargos e interponer los recursos
procedentes.
2. Consideraciones
2.1. De las excepciones propuestas
Previo a estudiar el fondo del asunto procede la Sala a resolver la excepción
planteada por la Nación, Procuraduría General de la Nación, de legalidad de
los actos administrativos acusados.
2.1.1. De la legalidad de los actos administrativos
Frente a dicha excepción sostiene la entidad demandada, que los actos
administrativos demandados se encuentran revestidos de legalidad al haber
sido expedidos bajo los supuestos fácticos acreditados, la normativa y
jurisprudencia aplicable.
Al respecto, considera la Sala que los argumentos antes expuestos se
resolverán al momento de estudiar el fondo del asunto, con el fin de determinar
si los operadores disciplinarios incurrieron en alguna de las causales de
nulidad frente a un acto administrativo contempladas en el Código Contencioso
Administrativo4 o, si por el contrario, los fallos disciplinarios se encuentran bajo
los parámetros legales, razón por la cual esta excepción no está llamada a
prosperar.
Por consiguiente, la excepción no prospera.
4 «ARTÍCULO 84. Acción de nulidad. (…)
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían
fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos
incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que los profirió.»
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Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
2.2. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos acusados, la
entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido proceso,
por cuanto fue investigado y sancionado con base en el Decreto 1797 de 2000,
cuando su régimen aplicable era el general, contenido en la Ley 200 de 1995.
2.3. Marco normativo
De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines
esenciales del Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares».
En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables
ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en
el artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
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contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho».
Debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios de la
función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
Por otra parte, en relación con el Ejército Nacional, el artículo 217 ibidem
dispone que «La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las
Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía,
la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional».
En atención a lo anterior, el 14 de septiembre de 2000, se expidió el Decreto
Ley 1797 de 2000,5 el cual, en materia sustancial, resultaba aplicable para el
momento de la ocurrencia de los hechos, esto es, año 2000, 2001 y 2002.
2.4. Hechos probados
2.4.1. En relación con la actuación disciplinaria
El 5 de abril de 1999, el director de la Oficina en Colombia de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puso en
conocimiento del presidente de la República, lo siguiente:6
La oficina ha tomado conocimiento de los trágicos acontecimientos sucedidos
la noche del domingo 4 de abril en el corregimiento de San José de Apartadó,
municipio de Apartadó, Antioquía, en los cuál es la violenta incursión de un
grupo de atacantes armados-cuya identidad las autoridades pertinentes aún
tratan de establecer-ocasionó la muerte de los señores… Resultando además
heridas varias otras personas.
La oficina ha venido siguiendo de cerca el proceso por el cual los pobladores
de San José de apartado han forjado la identidad de una propuesta de respeto
a la normativa internacional humanitario en su localidad, que ellos mismos han
5 «Por el cual se expide el Reglamento Disciplinario para las Fuerzas Militares»
6 Folio 50 del cuaderno N.º 2.
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denominado comunidad de paz.(…) los hechos que ahora condena la oficina se
suman a una lamentable larga serie de masacres y muertes violentas ocurridas
en diversos lugares del país en el breve curso de lo que va corrido del año.
Al transmitir al gobierno colombiano y al pueblo de San José de Apartadó, el
sentimiento de su más viva consternación y sincero pésame, la oficina desea
subrayar su preocupación acerca del riesgo que estos hechos dolorosos
pueden acarrear para la continuación y consolidación de iniciativas ciudadanas
autónomas que proponen la búsqueda de la paz para el país desde un
compromiso con la defensa y respeto de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.
El 21 de noviembre de 1999, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
allegó a la Procuraduría General de la Nación y otras entidades, el siguiente
informe:7
El conjunto de acontecimientos que vienen sucediendo de tiempo atrás nos
expresa que persiste aumenta el riesgo de atentados contra los integrantes de
la comunidad de paz de San José Apartadó. La estrategia desinformación sobre
los supuestos combates en un lugar muy cerca del casco urbano del
corregimiento, quiere mostrar ante todos, que la guerrilla está en San José y
que población civil neutral no existe, manifestaciones que coinciden con las que
los grupos paramilitares han expresado en los últimos 15 días, para
desprestigiar, deslegitimar y estigmatizar la experiencia de la comunidad de
paz.
(…)
Queremos dejar constancia por quinta vez acerca de la ambientación para el
crimen perfecto que se está realizando contra la comunidad de paz de San José
de Apartadó. Queremos dejar constancia del inicio del uso de los testimonios
como arma de guerra para ocultar la verdad y como un socio mecanismo de
actuación del para Estado que hace ver y castigar como criminales a quienes
se han comprometido a la neutralidad y en la defensa de los derechos de la
población.
El 24 de enero de 2000, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
remitió un documento a la Procuraduría General de la Nación, en el que pone
de presente la situación que atraviesan las comunidades de Urabá Antioqueño
y Bajo Atrato Chocoano.8
7 Folios 87 a 89 del cuaderno N.º 1.
8 Folios 1 a 14 del cuaderno N.º 1.
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El 10 de abril de 2000, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
presentó un documento a la Procuraduría General de la Nación y otras
entidades, dentro del cual señaló:9
En la comunidad de paz de San José de Apartadó, los atentados irreparables,
anunciados y nunca editados, se produjeron el 19 de febrero de este año. Meses
atrás todas las máximas autoridades nacionales, conocieron nuestros escritos
en los que se indicaba con nombres, en lugares y fechas, el desarrollo de
operativos militares con grupos de paramilitares y con antiguos guerrilleros, que
desertaron de las FARC y con los cuales siguieron operativos contra la vida y
la integridad personal de pobladores civiles de la región o contra personas de
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
(…)
Horas después de la masacre y por espacio de tres semanas, se iniciaron
acciones psicológicas de intimidación y terror con la intención de desviar la
verdad sobre los responsables de los hechos por parte de la brigada 17. Días
antes de la conmemoración de los tres años de la declaratoria de comunidad
de paz, niños, adultos y jóvenes de la comunidad de paz fueron abordados por
unidades de la brigada 17 para auscultarlos sobre la comunidad de paz,
manifestar la terminación de la experiencia y anunciar el ingreso a la comunidad,
luego de la conmemoración.
Un mes después de la masacre, el 20 de marzo, ante las solicitudes de la
comunidad de establecer un diálogo con la oficina de la vicepresidencia,
encargada de la política de derechos humanos y derecho internacional
humanitario, luego de muchos intermediaciones de la comunidad internacional,
se logró la presencia de un funcionario de esta dependencia en el casco urbano
de San José Apartadó. A partir de la propuesta de la comunidad se definieron
los compromisos mínimos de prevención, que se encuentran consignados en
un acta que no ha sido revisada por los funcionarios responsables del gobierno;
compromisos de los que fueron testigos observadores internacionales de
Estados Unidos y Europa. Con posterioridad a la reunión, la oficina de la
vicepresidencia se denegó algunos de sus compromisos y expresó que uno de
las necesidades de infraestructura sería posiblemente respondida por la brigada
17, desconociendo lo propuesto por la comunidad y el principio de neutralidad
de la misma.
El 16 de mayo de 2000, el Despacho del procurador general de la Nación,
Asesores de Derechos Humanos dio apertura de indagación preliminar en
búsqueda de responsables.10
El 28 de agosto de 2000, el señor Héctor Gómez Gómez presentó su
declaración, dentro de la cual sostuvo:11
9 Folios 102 a 105 del cuaderno N.º 1.
10 Folios 175 a 179 del cuaderno N.º 1.
11 Folios 51 y 52 del cuaderno N.º 2.
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Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
(…) preguntado. Se menciona que durante la masacre, se corrige, que dentro
de las personas que conformaban el grupo de agresores, se vio y reconoció
personas que eran de la guerrilla y que posteriormente se entregaron al ejército,
que conoce usted de esto. Contestó. No, lo conozco por versiones de otras
personas que en los reconocieron y que si pueden aclarar. (…) Preguntado.
Conoce usted si alguno o algunos de los qué murieron esa noche, habían sido
amenazados y cuáles podrían ser las causas de qué los hayan matado.
Contestó. No, amenazados de manera personal no. Las amenazas son contra
la comunidad. Me imagino que la causa es querer terminar con la comunidad,
aunque el ataque fue contra el comercio pero también argumentando que eran
auxiliadores de la guerrilla. Preguntado. Estuvo usted presente cuando llegó la
policía, el ejército y demás autoridades, si es afirmativo, recuerda a qué horas
llegó cada uno de estas autoridades. Contestó. Yo no hablé con ellos, pero si vi
cuando llegó la policía, aproximadamente a las 11 de la noche. En el caso del
ejército creo que no vino sino hasta el amanecer. Cuando llamaron dijeron que
se demoraban en llegar porque la tropa no se encontraba en la zona y ellos
realmente se encontraban a 15 minutos de aquí, porque ese día estuvieron
trayéndole remesa al ejército y hacía las cinco de la tarde estaban en la
carretera. Todos los que subieron ese día en los carritos que vienen hacia acá,
los vieron descargando.
En la misma fecha, el señor Fabio Usuga Cifuentes rindió su declaración,
dentro de la cual indicó:12
Preguntado. Por qué menciona usted que las personas que participaron de
estos hechos, son miembros del ejército. Contestó. Porque el ejército que
mantiene presencia aquí cerquita, aquí como un minuto de San José, yo digo
que son ellos porque ellos son los que hacen presencia, y cuando llegan allá a
la casa, entonces ellos mantienen con sus amenazas. Ellos dicen que para
entrar a San José se va a matar a esa comunidad, porque no se les vende
comida, porque no se les vende nada. Preguntado. Usted ha sido amenazado,
en alguna oportunidad, o maltratado por los miembros del ejército. Contestó.
No, pero yo cultivo unos peces ahí en la finca de la cooperativa, que son de la
comunidad y entonces ellos me dicen que les venda, el ejército dice que les
venda y cuando yo digo que hay que conversar con la comunidad para que se
los vendan porque eso no es mío y entonces es ahí donde ellos me responden
diciéndome, vamos a ir allá y si no nos venden les damos candela a todos. Ellos
hacen presencia casi diaria en la cooperativa, ellos tener un retén ahí donde le
piden papeles y requisan a la gente. Preguntado. En su respuesta anterior,
usted dice que ellos hacen presencia, puede recordar desde cuando. Contestó.
Desde casi cuando nos desplazamos hace tres años, ellos han estado diario y
hacen presencia constantemente ya a los alrededores, no en el propio casco.
Preguntado. Para la fecha en que sucedieron los hechos del señor Albeiro usted
recuerda si el ejército y su presencia ese día en la cooperativa. Contestó. No
directamente en la cooperativa no estaba, y estaban allá más arriba en el mismo
Filito como dos minutos más arriba. Preguntado. Cuánto tiempo hay de acá de
San José a la cooperativa. Contestó. Eso está cerquitita como unos cinco
minutos o a veces tres, eso depende (…).
12 Folios 53 y 54 del cuaderno N.º 2.
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Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
El 28 de agosto de 2000, el señor Carlos Arturo David Tuberquia presentó su
declaración, dentro de la cual afirmó:13
Preguntado. Sírvase informar si el día anterior o por esos días se hicieron
presentes personas armadas a los que estuvieron ese sábado a las siete o 7:20
de la noche, diferentes o que pertenecieron al ejército nacional. Qué nos puede
decir al respecto. Contestó. Vea, en esos días se encontraban tropas del ejército
alrededor de San José y entre las tropas que andaban se vieron unas personas
en el ejército con la cara cubierta. Y es que Mario Urrego, uno de los muertos
ese día alcanzó a identificarlos, cómo que eran del ejército, los que llegaron esa
noche. Ellos tenían prendas del ejército, o sea no era que estuvieran solamente
uniformados, sino que tenían o traían los letreros de ejército en el uniforme
camuflado (…) Preguntado. Sírvase informarnos hasta cuando observó
militares en San José de Apartadó. Contestó. Esta zona casi permanece ejército
permanentemente alrededor del pueblo. Preguntado. La fuerza pública se hizo
presente luego de la muerte de esas personas. Contestó. La policía se hizo
presente inmediatamente y alrededor del pueblo estaba el ejército. Preguntado.
Desde qué fecha estaba el ejército aquí cerca alrededor del pueblo. Contestó.
Ellos hacía mucho tiempo, porque ellos siempre nunca han abandonado este
casco de San José, cuando por mucho 8 días (…) preguntado. Sírvase
manifestar qué comentarios se han escuchado sobre esos hechos y si alguien
concreto menciona que entre los victimarios hubiera reconocido a servidores
públicos, concretamente integrantes del ejército nacional, que nos puede decir
sobre este asunto. Contestó. Es que cada vez que nos encontramos con el
ejército nos dicen que como nosotros no le queremos decir nada sobre la
guerrilla, entonces nos dicen que aquí es una partida de achapaos (sic) Y en
cualquier rato nos levantan a plomo por estar mariquiando (sic) Y los dueños de
negocios se niegan a venderles algo (…).
El 25 de septiembre de 2000, el Despacho del procurador general, Asesores
Derechos Humanos prorrogó, por 6 meses más, la etapa de indagación
preliminar.14
El 6 de marzo de 2001, el Despacho del procurador general de la Nación,
Asesores de Derechos Humanos presentó un informe de los hechos ocurridos
en la Comunidad de Paz en San José de Apartadó y gestiones realizadas por
los Asesores en Derechos Humanos de Apartadó (Antioquia), así:15
Siendo el 5 de marzo de 2001, hacia las 7:45 P.M., más de 15 hombres dotados
con armas de largo alcance, vestidos con prendas de uso privativo de las
fuerzas militares, la mayoría encapuchados, incursionaron al caserío de la
comunidad de paz de San José de Apartadó, intimidando y amenazando a los
habitantes del caserío encendiendo diversas casas y tiendas, sin que hasta
13 Folios 67 a 70 del cuaderno N.º 2.
14 Folios 136 a 140 del cuaderno N.º 2.
15 Folios 3 a 7 del cuaderno N.º 4.
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dicho momento se conociera de víctimas del atentado. Ya a esa hora las nueve
P.M., se encontraban miembros del ejército en San José de Apartadó Y los
hombres que habían hecho el atentado había ruido.
(…)
El 6 de marzo de 2001 a las nueve A.M. en la sede de la brigada XVII en Carepa,
realizamos una reunión con el general Rodríguez Laverde comandante de la
XVII brigada del ejército, el Coronel Hernández comandante del batallón
Bejarano Muñoz, el coronel pinto comandante del departamento de policía de
Urabá y otro miembro de las fuerzas militares (…) los miembros del ejército a
las 8:10 P.M. se encontraban en el sitio del puente de caracolí desde el cual
observaron las llamas y que algo estaba sucediendo en San José de Apartadó
y al oír pedir ayuda dieron la orden de ingresar al pueblo al cual llegaron 15 o
20 minutos después. La operación militar según el informe del coronel
Hernández, estaba a cargo de una compañía del batallón Bejarano Muñoz
comandada por el capitán Gómez.
(…)
Miembros de la comunidad señalan algunos hechos que a su juicio los hacen
sospechar que la acción fue realizada por miembros del mismo ejército: señala
que el día 25 de febrero de 2001 en vereda de mulatos fueron detenidos varios
campesinos y alguno de ellos el capitán Ibarra del batallón 35 de contraguerrilla
le anunció que iban a acabar con la comunidad de paz de San José de apartado.
Que esto mismo le ha sido dicho a varios pobladores por soldados que han
hecho parte de los operativos realizados por el ejército en la zona. Plantean que
desde hace ocho días, los soldados del batallón Bejarano Muñoz del ejército a
estado muy cerca de los alrededores del pueblo. Que el día 5 de marzo de 2001,
estuvieron durante todo el día cerca del pueblo y así a las 5 y 6 pm, miembros
de este batallón del ejército se encontraban en el filo del cementerio desde
donde se observa la localidad, bajaron muy cerca del caserío. Dicen que el
ejército entró por el mismo sitio por el cual entraron y salieron los encapuchados
con una diferencia de unos 20 minutos, que los encapuchados salieron por la
vida de la cristalina hacia las 8:10 P.M. y así a las 8:30 P.M. por esa misma vía
ingreso del ejército.
(…)
Señalan que las diferentes masacres que se han presentado en su comunidad
como la del 19 de febrero de 2000 en San José de Apartadó y la del 8 de julio
de 2000 en la unión, se vieron precedidas por la presencia cercana en los días
anteriores del ejército. Dicen los pobladores que los encapuchados les dijeron
que eran militares incumplimiento de un operativo militar, que usaban botas
militares, camuflado, fusiles de galil.
Evaluación
Teniendo en cuenta los relatos anteriores, los hechos verificados, las posibles
contradicciones en las versiones de los hechos y las medidas de seguridad y
protección realizadas, así como la situación particular de la comunidad de paz
de San José de Apartadó quien ha sido víctima de más de 85 asesinatos y de
las masacres ocurridas el 4 de abril de 1999 y el 19 de febrero de 2000 en el
caserío de San José de Apartadó, además que el 8 de julio de 2000 en la vereda
de la unión ocurrió otra masacre y que esta comunidad se encuentran amparada
por medidas provisionales dictadas por la corte interamericana de derechos
humanos para ser cumplidas por el Estado colombiano, evaluamos que es
pertinente hacer apertura de indagación preliminar (…).
14
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
El 20 de abril de 2002, el comandante del Batallón de Ingenieros No. 17
«Carlos Bejarano Muñoz», señor Javier Vicente Hernández Acosta allegó a la
Procuraduría General de la Nación, los siguientes documentos:
• Cuadros de resultados contra narcotráfico y cuadros de personal capturados
(sección de operaciones), expedido por el comandante Bating No. 17 «General
Carlos Bejarano Muñoz»16:
fecha Orden de Resultados Lugar y A
operacion coordenad disposició
es a n
01-08-01 En el presente
Al mes no hubo
31-08-01 resultados
tangibles
contra el
narcotráfico.
01-junio-01 Durante el
A presente mes
30-junio-01 no se obtuvo
contra el
narcotráfico.
01-mayo- Durante el
01 presente mes
A no se obtuvo
31-mayo- contra el
01 narcotráfico.
01-abril-01 Durante el
A presente mes
30-abril-01 no se obtuvo
contra el
narcotráfico.
01-mar-01 Durante el
A presente mes
31-mar-01 no se obtuvo
contra el
narcotráfico.
fecha actividad Personal Document Motivo A
capturado o captura dispo
sición
01-08-01 En el presente
31-08-01 mes no hubo
personal
capturado por
esta Unidad.
2721:00 jul- Plan Orley José 71.994.303 Porte Ilegal Ponal
2001 fantasma Pérez Hoster Apartadó de Armas Aparta
dó
01-junio-01 Durante el
A presente mes
16
Folios 110-125 del cuaderno N.º 7 de la investigación disciplinaria.
15
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
30-junio-01 no se obtuvo
capturados en
desarrollo de
operaciones
ofensivas.
01-mayo- Durante el
01 presente mes
A no se obtuvo
31-mayo- capturados en
01 desarrollo de
operaciones
ofensivas.
01-abril-01 Durante el
A presente mes
30-abril-01 no se obtuvo
capturados en
desarrollo de
operaciones
ofensivas.
Apellidos Doc. Fecha Unidad Autor a Sit Gpo. Al
y nombres Identidad disposició jurídic que
n a pert.
NN. Alias Indocument 2415:00 BIBEM Juzgado de Presun Y
Yeison ado. enero/2001 menores to cuadrilla
Largancha Apartadó delito OAML
Mosquera de FARC
rebelió
n
• Anexo «A» INTELIGENCIA a la ORDOP No. 29 «BALA»/2002, expedido por
el Oficial de Inteligencia Batallón de Ingenieros No. 17 «General Carlos
Bejarano Muñoz»17:
03-MAR-02 PRESENCIA TERRORISTAS ONT FARC: Se tuvo conocimiento de
la presencia de un grupo de 15 terroristas pertenecientes a la
compañía Wilson Palacios, de la 5ta cuadrilla de las Ont Farc. Al
mando de Luis Alberto Graciano Pérez NN (a.Pelusa), en la vereda
Zungo Arriba, corregimiento de el reposo municipio de Apartadó, los
cuales realizan actividades logísticas y de extorsión en el sector.
EVAL C-3 PROC RED BIBEM.
01-MAR-02 Se tuvo conocimiento sobre el desplazamiento los días 17 y 18 de
febrero del presente año, de dos grupos de aproximadamente 07
terroristas cada uno pertenecientes a la CP. Wilson Palacios de la
5ta cuadrilla de la Ont Farc desde la finca el Diamante, ubicada en
la vereda La Pedrosa, donde hablaron con el administrador NN.
Horacio Muñoz, tomando por la horilla de la quebrada la Pedrosa,
hasta el rio Zungo, para asentarse posteriormente en las
proximidades del barrio la invasión LOMA VERDE, ubicada detrás
del parque Comfamiliar Camacol y la Pista Calima de Uniban,
vereda Zungo Carretera, del corregimiento del Reposo municipio de
Apartadó.
01-MAR-02 PRESENCIA TERRORISTAS ONT FARC: Se tuvo conocimiento de
la presencia de 15 terroristas pertenecientes a la compañía Wilson
Palacios, 5ta cuadrilla de las Ont Farc, los cuales están bajo el
17
Folios 110-125 del cuaderno N.º 7 de la investigación disciplinaria.
16
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
mando de Luis Alberto Graciano Pérez NN (a. Pelusa), en la escuela
el Zanguito, vereda Zungo Arriba, corregimiento el Reposo,
municipio de Apartadó, dichos terroristas portan armas largas y
visten uniformes de uso privado de la fuerza pública. EVAL C-3
PROC RED BIBEM.
28-FEB-02 PRESENCIA TERRORISTAS ONT FARC: Se tuvo conocimiento de
la presencia de un grupo de 05 terroristas pertenecientes a la
compañía Wilson Palacios de la 5ta cuadrilla de las Ont Farc en la
vereda el guineo alto, corregimiento San José de Apartadó,
municipio Apartadó los cuales efectuaban un desplazamiento hacia
la vereda La Unión del mismo municipio, dichos terroristas portan
armas largas y visten prendas de uso privativo de la fuerza pública.
EVAL C-3 PROC RED BIBEM.
28-FEB-01 PRESENCIA TERRORISTAS ONT FARC: Se tuvo conocimiento de
la presencia de 04 terroristas pertenecientes a una comisión de la
5ta cuadrilla de las ONT FARC, en la vereda comunal la suerte,
corregimiento Currulao, municipio de Turbo, los cuales se
desplazaron por el sector de la quebrada Arcua al parecer pretenden
incursionar en una de las fincas bananeras del sector como también
a la infraestructura del puente Arcua. EVAL C-3 PROC RED BIBEM.
28-FEB-01 PRESENCIA TERRORISTA ONT FARC: Se conoció que en la
invasión de Loma Verde jurisdicción del municipio de Apartadó,
entrando por la trocha de la pista de Calima, más exactamente
detrás del parque Camacol, se encuentran ubicados tres elementos
integrantes de las milicias de la 5ta de la cuadrilla de las Farc, estos
terroristas portan armas cortas y son los encargados de suministrar
los abastecimientos a terroristas de la misma cuadrilla en este
sector, así mismos son los que realizan las actividades de
inteligencia a las tropas que realizan operaciones en esta área.
EVAL C-3PROC RED BIBEM.
27-FEB-02 PRESENCIA TERRORISTAS ONT FARC: Se tuvo conocimiento de
la presencia de NN. (a. Pelusa) en la finca del señor Marcos Vidal
en la vereda San Martín, corregimiento El Reposo, municipio
Apartadó y en la finca que perteneció al abuelo de este terrorista,
donde les dijo a los desplazados provenientes de Nueva Antioquia,
municipio de Turbo y del Urabá Chocoano que se encuentran
ubicados en este sector para que desalojaran esa vereda. EVAL-C-
3 PROC RED BIBEM.
26-FEB-02 PRESENCIA TERRORISTAS ONT FARC: Informaciones, indica
concentración indeterminada de terroristas de la 5ta cuadrilla de la
Ont Farc, en el caserío vereda Mulato Medio, jurisdicción del
corregimiento de San José de Apartadó, cuentan con plantas
eléctricas, planean acciones en contra de la fuerza pública, ubicaron
un a repetidora para comunicaciones, custodiada por
aproximadamente 15 terroristas. EVAL C-3 PROC RED BIBEM.
26-FEB-02 PRESENCIA TERRORISTAS ONT FARC: Se tuvo conocimiento de
la presencia de 08 terroristas pertenecientes a la compañía Wilson
Palacios, 5ta cuadrilla de las Ont Farc, al mando de Luis Alberto
Graciano Pérez NN (a Pelusa) en la finca de Darío puerta en la
vereda Zungo Arriba, corregimiento El Reposo, municipio de
Apartadó, también se supo que el terrorista NN a. Pelusa se
encuentra enfermo de hepatitis, dichos terroristas luego tomaron
rumbo hacia las cabeceras de la quebrada La Pedrosa. EVAL C-3
PROC RED BIBEM.
26-FEB-02 Se conoció que terroristas de la 5ta cuadrilla de las Farc, bajo la
dirección del terrorista Román Ruíz (a. El Cucho), se encuentran
realizando actividades de coordinación con el fin de realizar un
atentado terrorista contra el comando de Policía de Urbana Ubicado
en el corregimiento El Reposo jurisdicción del municipio de Carepa.
EVAL C-3 PROC S-2 BIBEM.
17
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
25-FEB-02 PRESENCIA TERRORISTA ONT FARC: Se tuvo conocimiento de
la presencia de 08 terroristas pertenecientes a la compañía Wilson
Palacios de la 5ta cuadrilla de las Ont Farc, entre los cuales Luis
Alberto Graciano Pérez NN (a. Pelusa) en la vereda Zungo Arriba,
corregimiento El Reposo, municipio de Apartadó, tres de los cuales
entraron a la finca del señor Rubén Zapata, pidieron agua y
posteriormente tomaron rumbo hacía la vereda la Danta del mismo
municipio. EVAL C-3 PROC. RED BIBEM.
El 20 de septiembre de 2002, el Despacho del procurador general de la Nación,
decidió acumular las diferentes indagaciones preliminares adelantadas por
hechos similares y dio apertura de investigación disciplinaria en contra de,
entre otros, el señor Javier Vicente Hernández Acosta, en su condición de
comandante del Batallón de Ingenieros Bejarano Muñoz. Lo anterior, con base
en lo siguiente:18
La Comisión interamericana de derechos humanos, observando que desde el
momento en que la comunidad de San José de Apartadó declaró su neutralidad
frente a los distintos actores del conflicto armado en marzo de 1997, han sido
objeto de hostigamiento y violencia, afectando el derecho a la vida e integridad
personal, particularmente, con el homicidio de 43 de sus miembros, la
desaparición de otros dos, sucedidos entre la fecha de la declaración el 17 de
diciembre de 1997, considero que se encontraban en una situación urgente que
la adopción de medidas cautelares se hace necesario para evitar daños
irreparables a las personas y decide el 17 de diciembre de 1997, para preservar
la vida e integridad personal los miembros de la comunidad de paz de San José
de Apartadó, la adopción de medidas cautelares a favor de esta por parte del
gobierno Colombiano.
No obstante la imposición de las medidas cautelares por parte de la Comisión
interamericana de derechos humanos, éstas no habrían producido los efectos
de seguridad y protección esperados, es así que mediante escrito de octubre
tres de 2000, la Comisión sometió a la corte interamericana de derechos
humanos… Una solicitud de bebidas provisionales a favor de los habitantes de
la comunidad de paz de San José de Apartadó.
(…)
Ante este triste panorama de violación de derechos humanos la corte
interamericana mediante acto de ratificación de la resolución de su presidente,
del 9 de octubre de 2000, al considerar el informe presentado por el Estado
colombiano y sus alegatos en audiencia pública, imponen medidas
provisionales solicitadas por la Comisión interamericana de derechos humanos
respecto al Estado colombiano, con relación a la situación de la comunidad de
paz de San José de Apartadó.
Resolvió entonces la corte, requerir al Estado colombiano para… Que
mantengan las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad
personal de los señores…, Para que amplíe sin dilaciones, las medidas que
sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los demás
miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó. y finalmente, para
que adopte sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para asegurar que
las personas beneficiadas con las presentes medidas pueden seguir viviendo
18 Folios 28 del cuaderno N.º 10.
18
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
en su residencia habitual. En esta decisión, la corte le recuerda además, que a
la luz de la convención americana, es responsabilidad del Estado adoptar
medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén sujetas a
su jurisdicción.
No obstante dos años después, la situación de derechos humanos no logró
avances significativos provocando que mediante resolución del 18 de junio de
2002, la corte interamericana de derechos humanos, nuevamente reiterara y
ampliaron las medidas provisionales solicitadas por la Comisión interamericana
respecto a Colombia por el caso de la comunidad de paz de San José de
Apartadó.. En esta última decisión, observa la corte que la Comisión informó
sobre varios hechos acaecidos en la comunidad de paz con posterioridad a la
adopción de las medidas provisionales del 24 de noviembre de 2000, los cuales,
según la condición, afectan a los miembros de la comunidad de paz como
beneficiarios de las medidas, así como diversas personas que prestan servicios
a la comunidad.
(…)
Vemos entonces, que es fácil concluir que la reciente historia de la comunidad
de paz de San José de Apartadó. y más concretamente desde el año 1997 hasta
estos días, ha tenido como constante el ataque a sus derechos ante la mirada
inerme del Estado que los ha dejado abandonados a su suerte. No de otra
manera se explica que pese a la preocupación de órganos de tan alto aprecio
como la Comisión interamericana de derechos humanos y a los requerimientos
de la corte interamericana de derechos humanos, se continué con la violación
sistemática de sus derechos sin que se logre la materialización de acciones
efectivas y concretas de protección y seguridad para estas personas.
Del trámite bajo una actuación procesal
(…)
Así, aún cuando los múltiples hechos descritos se investigan en procesos
disciplinarios independientes, vistos todos como un conjunto, ponen de relieve
que estos han sido cometidos de manera reiterada, continua, planificada y
sistemática, en un mismo contexto del conflicto armado, con imputación
principal a grupos armados de las llamadas autodefensas campesinas de
Colombia, sin observar acciones efectivas emprendidas por las autoridades
para prevenir los sucesos y perseguir a los responsables.
No se puede perder de vista, que las masacres, los homicidios selectivos, la
persecución, amenazas y hostigamiento, han estado enfocados directamente
contra los integrantes de la comunidad y demás campesinos que conviven con
ellos, distantes 11 escasos kilómetros de Apartadó, haciéndoles aún más
compleja y difícil su condición de existencia, hecho que se suma la pobreza,
aislamiento y abandono del Estado.
Tenemos además, que el mismo Estado colombiano en respuesta que diera a
los ya mencionados órganos internacionales de protección de los derechos
humanos frente a la imposición de las medidas cautelares y provisionales en
favor de la comunidad de paz, expresó que la seguridad de protección de sus
integrantes, se haría mediante la disposición de fuerzas militares que
desarrollarían un esquema de seguridad periférica en la zona.
En esta zona geográfica existe unidad de mando en la jurisdicción de la fuerza
pública del Estado colombiano, encabeza de la brigada XVII del ejército
nacional y del comando del departamento de policía de Urabá. A estas unidades
militares y policiales, se hayan adscritos, el batallón de ingenieros número 17
general Carlos Bejarano Muñoz, el batallón de infantería Francisco de Paula
Vélez y el distrito policial de Apartadó.
19
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
Pero pese a la disposición de suficiente fuerza pública en la región, no se
observa que se haya realizado un planeamiento O estrategia concertada,
coordinada, continua y eficaz para brindar protección y seguridad a la vida e
integridad de los pobladores de San José de Apartadó, según las exigencias de
la Constitución y los reiterados requerimientos de los organismos
internacionales de protección de los derechos humanos.
Más bien parece que la mencionada estrategia de seguridad periférica ha
servido únicamente para presentar a los órganos de derechos humanos, la
voluntad de brindar protección a la comunidad sin que en la práctica está allá
representado avances en seguridad. Pero tampoco aparece claridad en la
actuación de las autoridades civiles que tienen a su cargo la responsabilidad del
orden público en la municipalidad.
Es una, tenemos que las autoridades que tienen el deber de brindar seguridad
a la comunidad, podrían estar en cursos en falta disciplinaria como quiera que
el cuadro de violencia deja al descubierto la desprotección a la que se han visto
sometidos los campesinos y por consiguiente, la omisión en el cumplimiento de
sus funciones de garante.
El 19 de mayo de 2005, el Despacho del procurador general de la Nación
formuló pliego de cargos en contra de, entre otros, el señor Javier Vicente
Hernández Acosta, en su condición de comandante del Batallón de Ingenieros
N.º 17 Bejarano Muñoz, así:19
Durante los años 2001 y 2002, siendo comandante del batallón de ingenieros
número 17 Bejarano Muñoz el teniente coronel Hernández Acosta, los grupos
armados ilegales continuaron con el asedio a la comunidad de paz de San José
de Apartadó, se presentaban masivamente en el área rural, atacaron el casco
urbano quemando sus bienes y amedrentando a sus habitantes, asesinaron
sobre la vía a varias personas, por ende, la situación de riesgo y amenaza no
varió con respecto a los años que precedieron, tampoco la forma de ejecutar
los reprochables hechos en contra de la población civil, escenario que dio lugar
a que la corte interamericana de derechos humanos reafirmara que en el año
2002, las medidas provisionales que había impuesto en el año 2000 a la
comunidad por los gravísimos hechos sucedidos en estos años, los cuales no
habían sido atendidos en debida forma por el ejército nacional, encabeza el
batallón Bejarano Muñoz, quien tenía jurisdicción en esta zona del país.
Después de transcurridos cuatro años, desde diciembre de 1998, de haber sido
llamada la atención del Estado colombiano por organizaciones internacionales
gubernamentales en relación con la difícil situación que atravesaba la
comunidad de paz de San José apartado, no es concebible para la Procuraduría
que la unidad táctica menor no hubiera logrado implementar una estrategia
eficaz que hubiera dado resultados positivos en la confrontación y
desarticulación de los grupos delincuenciales que amenazaban a los
pobladores de ese sector, ni siquiera en el casco urbano del corregimiento. No
existen antecedentes en esta investigación que muestran realmente las
acciones preventivas planeadas y los resultados de las mismas, llevadas a cabo
por el coronel Hernández Acosta.
19 Folios 1 a 88 del cuaderno N.º 16.
20
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
Prueba de esta afirmación son los insitops del batallón de ingenieros número
17 Bejarano Muñoz que indican que para el año 2001, la compañía A asignada
para prestar la seguridad y la protección de la comunidad de paz de San José
de Apartadó permanece siempre los mismos sitios: la sombra, en la balsa y la
silla, demostrándonos que el planeamiento sobre la ubicación de la tropa se
hacía muy obvio, facilitando el actuar de las autodefensas pues estas sabían
perfectamente los lugares donde se encontraba el ejército y su rutina diaria, lo
que les permitía el ingreso y salida del casco urbano del corregimiento de San
José de Apartadó para realizar los innumerables ilícitos contra la población a su
arbitrio, sin tener el más mínimo impedimento de control, por lo tanto, cuando
llegaba la tropa militar, largo tiempo después, ya se había ido de lugar el grupo
armado.
Esto es corroborado por los cuadros de resultados realizados por la sección de
operaciones del batallón de ingenieros número 17 Bejarano Muñoz, los cuales
fueron allegados a la investigación que dan un muestreo sobre las personas
capturadas para el año 2001, encontrándose qué no hubo resultados positivos
de captura de miembros de las autodefensas y sólo un capturado de la guerrilla
de las FARC.
Se mencionó anteriormente, la orden de operaciones número 29 BALA de fecha
19 de marzo de 2002, emitida por el teniente coronel Javier Vicente Hernández
Acosta, comandante del batallón número 17 Bejarano Muñoz, con el fin de
desarrollar operaciones en el área general de (...), específicamente en
jurisdicción del municipio de Turbo y Apartadó Y se señala que en el lapso del
año al cual se hace referencia, que se tiene conocimiento sobre la presencia y
movimientos de grupos indeterminados de bandoleros pertenecientes a la
compañía Wilson palacios de la quinta cuadrilla de las FARC y autodefensas
unidades y legales los cuales se encuentran creando sus obras e intimidación
a la población civil; dentro de sus capacidades de más probable adopción, esta
realizará atentados terroristas contra unidades militares, puestos instalaciones
de policía, incursiones a las poblaciones de Apartadó y Turbo, cabeceras
municipales o atentar la infraestructura energética-dial de la jurisdicción.
Haciendo parte de este documento está el anexo A de inteligencia, el cual hace
un resumen detallado sobre las actividades de las FARC sin mencionar la
presencia de los grupos paramilitares que también delinquían en la zona. En
igual sentido, están las órdenes de operaciones número 38 baluarte llevar a
cabo en marzo de 2002 y la número 45 balsa, de fecha abril de 2002. Por ende,
extraña al despacho como se iba a perseguir un grupo delincuencial sin tener
información de inteligencia sobre las acciones ubicación de mencionado Y
además, se señala a este grupo como uno de los propósitos de estas órdenes
de operaciones y no se relaciona actividad alguna, ni resultados obtenidos en
contra de ellos.
(…)
El teniente Coronel Hernández Acosta presenta el informe de marzo seis de
2001, dirigido a su superior el comandante de la 10º séptima brigada, respecto
a los hechos sucedidos el día anterior, en donde hace énfasis en el sitio donde
se ubican las tropas y tiempo aproximado para llegar al casco urbano,
acompañado de fotos donde se registra el auxilio que se prestó a la población
durante los incendios y el acta sobre el impedimento que se presentaba para
recoger pruebas en el sitio. Éste es un claro ejemplo de la inactividad por esta
unidad militar para perseguir al enemigo, pues como excusa aduce que no
recibieron información por parte de la población y por tanto, no pudieron actuar.
No obran el expediente resultado militar alguno sobre la persecución que dice
el coronel Hernández Acosta se realizó con dos pelotones, ni adonde se
dirigieron, ni que personas capturaron, ni a qué grupo iban a perseguir y en
general, qué actividades realizaron en esta supuesta persecución.
21
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
(…)
Ahora bien, las acciones violentas muestran que no hubo eficacia a la hora de
asegurar el libre tránsito por la vía que conduce de Apartadó a San José
Apartadó y no fueron contrarrestadas las fuerzas armadas ilegales que siempre
tienes en esa carretera, pues durante los años 2001 y 2002, fueron vulnerados
varias vidas, amenazados y golpeados, ya sean relacionados hechos precisos
que muestran el continuo accionar de sus grupos en un espacio al que se debía
controlar para llevar esa sensación de seguridad que permitiera la vigencia
plena de los derechos, los ataques no se Sharon durante el ejercicio de su
función como comandante del batallón a cargo del área.
(…)
Las órdenes de operaciones mencionadas anteriormente, en general, no
difieren sustancialmente, ya que llevaban una misión de registro y control del
área general del municipio de Apartadó y algunas mencionan el corregimiento
de San José Apartadó, pero estas órdenes no tenían una directriz clara y
específica para la compañía asignada esa zona, para asegurar la vía queda
apartado conduce hacia la balsa y caracolí y, donde tiempo tras atacaban a la
población a través de los retenes a los vehículos de servicio público o una orden
clara que se refiera a las medidas que se tomarían allí, cuando las medidas
cautelares de la corte y Comisión interamericana de derechos humanos, habían
advertido esta situación y llamado a que se desarticularan esos retenes y la
presencia de quienes afectaban a la comunidad de paz y habitantes de San
José de Apartadó.
(…) no obra en el expediente prueba que demuestre que existió una
coordinación de acciones y movimientos con la policía nacional con jurisdicción
en el lugar, dirigida a atemperar las pretensiones de los actores al margen de la
ley o en aras a perseguir a dicho grupo y permitir el libre tránsito de los
campesinos; es más, se dejan ver las observaciones y dificultades del
momento, mas no se precisan las reacciones conjuntas de militares y policiales.
No existe ninguna diligencia que determine el momento en que el oficial
coordinó este compromiso, ni cuando la policía debía reemplazarlos o cubrir
espacios. Estima el despacho que el ejército tenía la iniciativa, pues debía
anunciar el momento en que se produce movimiento de la tropa para que la
policía cubriera ese espacio.
(…)
En consecuencia, el oficial Hernández Acosta tenía conocimiento del riesgo y
amenaza inminente de la población de San José de apartado y de la comunidad
de paz; de los antecedentes sobre las incursiones a ese mismo sitio, que
costaron la vida a casi una docena de personas; de las medidas cautelares y
provisionales de la Comisión y la corte interamericana de derechos humanos
que le exigiera el comandante del batallón Bejarano Muñoz asegurar la
convivencia y tranquilidad de los pobladores, sin embargo, no cumplió con su
deber constitucional y legal de protección a esta población civil ajeno al conflicto
armado y mantener el control del área asignada, por lo tanto, se formularon
cargos en su contra.
(…)
Formular el siguiente cargo al señor teniente coronel… Haber omitido diseñar y
ejecutar actividades preventivas y órdenes de operaciones eficaces y
oportunas, orientadas a lograr la seguridad y defensa del corregimiento de San
José de Apartadó, dadas las especiales condiciones de vulnerabilidad de la
comunidad de paz, durante el ejercicio de sus funciones como comandante de
esta unidad táctica en el año 2001 y primer semestre 2002, acorde con las
medidas cautelares y provisionales impuestas por la comisión Y la corte
interamericana de derechos humanos, respectivamente, en aras a prevenir,
proteger y salvaguardar los derechos humanos de los miembros de la
22
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
comunidad de paz y campesinos de San José de Apartadó y ante esta omisión
los grupos armados ilegales actuaron libremente afectando permanentemente
la vida, honra y bienes de los pobladores.
Con esta conducta en la oficial infringió la siguiente normatividad: decreto 1797
de 2000. Artículo 56. Faltas gravísimas: numeral 17… Dejar de perseguir al
enemigo, estando en capacidad de hacerlo con las fuerzas a sumando… Y
artículo 58. Faltas leves: numeral 15. Eludir la responsabilidad inherente a las
funciones de comando. Ahora, Ley 836 de 2003 (…) artículo 58 numeral 14 y
artículo 59 numeral 39.
(…)
De la culpabilidad
La conducta del teniente Coronel Hernández Acosta, es culposa pues no está
determinada por el querer voluntario de transgredir el ordenamiento al que está
obligado a cumplir, las pocas órdenes de operaciones emitidas para esta época
no fueron eficaces frente a la prevención y protección de los derechos humanos,
lo que dio lugar a qué grupos armados ilegales hicieron presencia permanente
en esta región y atentar en contra miembros de la comunidad de paz de San
José de Apartadó.
Dentro del término legal, el disciplinado, a través de apoderado judicial,
presentó sus descargos.20
El 13 de marzo de 2006, el despacho del procurador general de la Nación, en
única instancia, declaró responsable disciplinariamente al señor Javier
Hernández Acosta, en su condición de comandante del Batallón de Ingenieros
N.º 17 «Carlos Bejarano Muñoz», por haber incurrido en una falta gravísima y
leve consagradas en el artículo 56 numeral 17 y 58 numeral 15, del Decreto
1797 de 2000, respectivamente, a título de culpa; sancionándolo con
suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 90 días.21
Frente a lo anterior, el investigado interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto el 30 de mayo de 2006, por el Despacho del procurador general de la
Nación, confirmando la decisión inicial.22
2.5. Caso Concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo
20 Folios 8 a 12 del cuaderno N.º 17.
21 Folios 1 a 77 del cuaderno principal.
22 Folios 80 a 150 del cuaderno principal.
23
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como
finalidad restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la
expedición de un acto administrativo que quebranta las normas legales o
constitucionales con la consecuente decisión de restablecer el derecho
vulnerado. Esta competencia ha de estar en consonancia con la previsión
contenida en el artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo que señala como objeto de esta jurisdicción la
efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley y la
preservación del orden jurídico e impone la observancia de los principios
constituciones y del derecho procesal.
La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4,
29, 228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su
acatamiento como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los
actos jurídicos que sus representantes profieren. De modo que toda
manifestación de voluntad estatal conecta indiscutiblemente con la nueva
realidad del Estado que no sólo ha de ser percibido en su papel de represor y
vigilante, sino en su sentido más significativo de garante y constructor de
aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar del individuo como
fin en sí mismo.
Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple
verificador, condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito
de razonamiento a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente
a los cuales no es dable simplemente declarar su conformidad o disonancia
con el ordenamiento jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la
controversia jurídica resulte insuficiente para los fines mismos de la justicia. El
salto cualitativo que imprimió al juzgador la Constitución de 1991, permite
anteponer el análisis pleno, integral del caso.
Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:
24
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.
El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se
efectúa a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y
de la ley en la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido
ni por aquello que se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán
de recibo las interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a
simplemente garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de
legitimidad de estas potestades públicas.
La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo
de derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho
sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.)
y de primacía normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de
normas (art. 4, C.P.), implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la
dinámica y el enfoque del ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la
que ejercen los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa
(incluyendo al Consejo de Estado). En efecto, según lo han precisado tanto
el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, la plena vigencia de los
derechos y garantías fundamentales establecidos por el constituyente exige,
en tanto obligación, que los jueces sustituyan un enfoque limitado y
restrictivo sobre el alcance de sus propias atribuciones de control sobre los
actos de la administración pública, por un enfoque garantista de control
integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos si se ha dado
pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.
Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición
doctrinal y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las
atribuciones del juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas
y se restringen a la protección de aquellos derechos y normas expresamente
invocados por quienes recurren a la justicia, que otorgaba un alcance
excesivamente estricto al principio de jurisdicción rogada en lo contencioso-
administrativo. Este cambio, constitucionalmente impuesto y de gran calado,
se refleja nítidamente en un pronunciamiento reciente del Consejo de
Estado, en el cual la Sección Segunda - Subsección B de esta Corporación,
y dando aplicación directa a los mandatos de la Carta, rechazó
expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades garantistas
del juez contencioso-administrativo en materia de control de las decisiones
disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por
materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.23
Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B. Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-
01(1146-05). Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
25
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
tiene un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte
Constitucional, por lo cual este control judicial contencioso-administrativo no
puede ser objeto de interpretaciones que restrinjan su alcance.
El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia
de la Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en
la cual se ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción
contenciosa -en nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales
idóneos para proteger los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a
un proceso disciplinario. En efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia
repetitiva ha explicado que los actos de la procuraduría son actos
administrativos sujetos a control judicial por la jurisdicción contenciosa, regla
que ha sido aplicada en incontables oportunidades para examinar la
procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que se ha
concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla
general no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-
. Se puede consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual
la Corte afirmó que el juez de tutela no puede vaciar de competencias la
jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de verificar la legalidad de
los actos administrativos proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus
potestades disciplinarias. La lógica jurídica aplicada por la Corte Constitucional
al declarar improcedentes acciones de tutela por ser idóneos los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho para ventilar las pretensiones de
anulación de decisiones disciplinarias por violación de la Constitución, es la
misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más que
meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)
Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia
de unificación, dejó sentado que el control de legalidad de actos de carácter
sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria,
conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del
trámite correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales
que le asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial
integral. Dijo la Sala:
«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación.
El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los
actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del
juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de
legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo
sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal,
orientado por el prisma de los derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual
se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez
administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones
adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de
26
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente
regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5)
Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad
que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de
control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.»24
En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados
en esta controversia se hará dentro del marco planteado en la sentencia
previamente trascrita.
2.5.2. Violación del derecho al debido proceso
Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen
que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las
de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez
competente, y con observancia de las formas propias de cada juicio.
La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que
en materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en
garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales
del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria25.
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al
debido proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las
24 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E),
referencia: 110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad
Esneda Córdoba Ruíz.
25 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
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Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez
conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el
fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el
derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos
y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho
hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad
de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a
un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige
que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al
ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas»26.
Frente a este cargo, el demandante sostiene que le fue vulnerado su derecho
al debido proceso, en la medida en que fue investigado y sancionado, con base
en el régimen disciplinario especial contenido en el Decreto 1797 de 2000,
pese a que le era aplicable el régimen general establecido en la Ley 200 de
1995, en cuanto a las etapas procedimentales y la sanción a imponer.
2.5.2.1. De la aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Militares
26 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
28
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
El régimen disciplinario en Colombia ha tenido una evolución tanto
constitucional como legal, toda vez que su origen se fundamentó en los
deberes que tenía un empleado público y cómo su incumplimiento generaba
un reproche por parte de la Administración, para luego llegar a establecer los
principios rectores de toda actuación disciplinaria, faltas y sanciones
específicas, los procedimientos a través de los cuales se surte la investigación
disciplinaria, contenido de cada una de las actuaciones que se surten, entre
otros.
Ahora bien, el artículo 217 de la Constitución Política establece que las
Fuerzas Militares tienen como finalidad primordial, «la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional», razón por la cual para el mantenimiento del orden y las
condiciones propicias o adecuadas que garanticen el pleno goce de los
derechos y libertades públicas, las Fuerzas Militares deben mantener una
actitud expectante y ofensiva frente a los acontecimientos de violencia, con el
fin de prevenir sucesos que afecten o pongan en peligro bienes jurídicos
importantes como la vida, la libertad, integrada de las personas, etc.
Aunado a ello, la norma ibidem, consagró que la Ley deberá determinar el
sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos,
derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, que les es propio.
Por su parte, el régimen general disciplinario contemplado en la Ley 200 de
1995, «Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único», previó en su
artículo 20, como destinatarios de la Ley Disciplinario, «los miembros de las
corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos
efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que
ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitorias, los
funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la
Comisión de Lucha Ciudadana Contra la Corrupción y las personas que
29
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución
Nacional».
Ahora, en sus artículos 175 y 177, estableció respecto de los regímenes
disciplinarios especiales aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, que:
Artículo 175º.- De los Regímenes disciplinarios especiales aplicables a los
miembros de la fuerza pública: En los procesos disciplinarios que se adelanten
contra los miembros de la Fuerza Pública se aplicarán las normas sustantivas
contenidas en sus respectivos estatutos disciplinarios especiales con
observancia de los principios rectores y por el procedimiento señalado en este
Código, cualquiera sea la autoridad que adelante la investigación.
(…)
Artículo 177º.- Vigencia. Esta Ley regirá cuarenta y cinco (45) días después
de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los
Personeros, por las Administraciones Central y Descentralizada territorialmente
y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia
disciplinaria se aplicará a todos los servidores públicos "sin excepción alguna"
y deroga las disposiciones generales "o especiales" que regulen materias
disciplinarias a nivel Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, o que le
sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este Código.
En consideración a lo anterior, la Corte Constitucional dispuso que la condición
de un régimen disciplinario especial para los miembros de la Fuerza Pública,
hace referencia a la consagración de unas faltas y sanciones que atienden la
especificidad de las funciones de aquellos, es decir, en lo que respecta a la
parte sustancial del derecho disciplinario y ya, frente a la parte procedimental,
se debe acudir al régimen general que se impone a todos los servidores del
Estado. En tal sentido, dicha Corporación al analizar la exequibilidad del
artículo 175 de la Ley 200 de 1995, señaló:27
¿Pero qué significa tener un régimen especial de carácter disciplinario?.
Simplemente que existe un conjunto de normas singulares o particulares en las
que se consagran las faltas, las sanciones, los funcionarios competentes para
imponerlas y el procedimiento o trámite que debe seguir el proceso respectivo,
incluyendo términos, recursos, etc., aplicables a un determinado grupo de
personas, en este caso a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, que se distinguen de las que rigen para los demás servidores del
Estado, debido a la específica función o actividad que les corresponde cumplir.
Dicho régimen por ser especial prevalece sobre el general u ordinario, en
este caso, sobre el Código Disciplinario Único.
27 C-310 de 1997.
30
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Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
Sin embargo, la norma demandada parcialmente, deja vigentes las
disposiciones disciplinarias de carácter sustantivo que rigen a la Fuerza Pública
y que están contenidas en tales estatutos especiales, disponiendo que éstas
deberán aplicarse con observancia de los principios rectores contenidos en el
Código Disciplinario Único y siguiendo el procedimiento señalado en el mismo,
lo cual no vulnera la Constitución, pues la remisión en estos aspectos no
significa desconocimiento del régimen especial.
Es que lo que en verdad diferencia los estatutos disciplinarios de las fuerzas
militares y de la policía nacional frente a los demás regímenes de esta clase, es
la descripción de las faltas en que pueden incurrir sus miembros y las sanciones
que se les pueden imponer, precisamente por la índole de las funciones que
están llamados a ejecutar, las que no se identifican con las de ningún otro
organismo estatal.
No sucede lo mismo con el procedimiento que se debe seguir para la aplicación
de tales sanciones, pues éste sí puede ser igual o similar al que rige para los
demás servidores públicos, de ahí que el legislador haya decidido establecer
uno sólo, el consagrado en el Código Disciplinario Único.
En relación con este tema expresó la Corte en reciente sentencia (C-088/97), al
referirse a la misma norma que es hoy objeto de acusación, "La salvedad que
hizo el legislador obedeció, presumiblemente, a la idea de mantener un régimen
especial disciplinario para la fuerza pública, en lo que concierne a los aspectos
sustanciales, en atención a las especiales características de las funciones y
actividades que cumplen sus miembros, que pueden ofrecer diferencias
sustanciales con las que desarrollan el resto de los servidores del Estado. No
obstante la conservación de dicho régimen excepcional para la fuerza pública,
en los aspectos de orden sustancial propios de su estatuto disciplinario, el
legislador consideró que debía establecer una unidad en los procedimientos
para la determinación de la responsabilidad disciplinaria, por considerar que los
aspectos procesales pueden ser materia de regulaciones comunes que, por
tanto, pueden ser aplicables por igual para investigar y sancionar la conducta
de cualquier servidor público que incurra en falta disciplinaria." (M. P. Antonio
Barrera Carbonell)
La existencia de estatutos especiales no impide al legislador incluir en ellos
normas que se identifican con las de estatutos de carácter general o remitirse a
normas que regulen materias semejantes, por el contrario, si ellas sustentan su
contenido la reiteración es pertinente. Los principios rectores del proceso
disciplinario -debido proceso, principio de legalidad, principio de favorabilidad,
presunción de inocencia, igualdad ante la ley, reconocimiento de la dignidad
humana, resolución de la duda en favor del disciplinado, etc.- deben
necesariamente identificarse, cualquiera que sea el régimen al que se
pertenezca, pues se han instituido para garantizar al servidor público, objeto de
investigación, el respeto de sus derechos constitucionales en el adelantamiento
del proceso respectivo. (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, la consagración de un régimen especial aplicable para los
miembros de la Fuerza Pública se explica por razón de las funciones
especiales que a ellos les son encomendadas, siendo esta la razón para que
las diferencias entre los estatutos disciplinarios de la Fuerza Pública y los
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Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
demás funcionarios públicos, radiquen, exclusivamente, en los aspectos de
orden sustancial, las faltas en que pueden incurrir y las sanciones que les son
aplicables y no en el procedimiento que debe surtirse para imponer la sanción,
pues, en este aspecto el legislador tiene la posibilidad de fijar una regulación
común, sin que con ello se vulneren derechos fundamentales.
Con base en lo antes expuesto, en ejercicio de las facultades extraordinarias
que se otorgaron al presidente de la República mediante la Ley 578 de 2000,
el 14 de septiembre de 2000, se expidió el Decreto 1797 de 2000, «Por el cual
se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares»,
dentro del cual se realiza una clasificación de las faltas disciplinarias leves,
graves y gravísimas, así como las sanciones a imponer, su graduación y los
criterios de atenuación y agravación, entre otras cosas; norma, en lo que
respecta a la parte sustancial, fue declarada exequible por la Corte
Constitucional, así:28
Ahora bien, al revisar el contenido normativo del Decreto 1797 de 2000, advierte
esta Corte que algunas de sus preceptivas no vulneran la prohibición
constitucional de enmendar Códigos mediante facultades extraordinarias, toda
vez que se trata de regulaciones que consagran normas sustantivas que
prescriben las faltas disciplinarias y las sanciones aplicables a los miembros de
las Fuerzas Militares, asuntos que según se señaló en acápite precedente, bien
pueden estar contemplados en un ordenamiento jurídico singular como lo es el
decreto impugnado.
En efecto, el Libro Primero del Decreto 1797 de 2000 (artículos 1° a 86),
contiene la parte sustantiva del reglamento de régimen disciplinario para las
fuerzas militares, donde se especifican los principios rectores, su ámbito de
aplicación, las normas militares de conducta, las órdenes, los estímulos, las
faltas, las sanciones, los correctivos, la exclusión de responsabilidad, la
extinción de la acción, las atribuciones disciplinarias y la competencia, aspectos
éstos que por su particularidad podían ser regulados por el Ejecutivo haciendo
uso de facultades excepcionales para legislar, como en efecto lo hizo al dictar
la normatividad que se demanda.
Ahora, cabe resaltar que en tratándose de faltas cometidas por parte de
miembros de la Fuerza Pública con ocasión del servicio, la norma aplicable es
la especial y cuando se trata de la comisión de faltas que desbordan la función
28 C-713 de 2001.
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Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
encomendada a estos funcionarios, la ley aplicable es el Código Disciplinario
Único. Así, en tal sentido, la Corte constitucional ha señalado lo siguiente:29
Ahora bien, aparte de la anterior consideración general debe recordarse que en
diversos fallos esta corporación ha señalado en qué consiste esencialmente
este régimen disciplinario especial y cuáles son los límites que tiene el legislador
a la hora de diseñarlo. De manera general ha estimado que lo que constituye la
diferencia específica de ese régimen frente al general aplicable a los demás
servidores públicos es el señalamiento de una serie de faltas disciplinarias y de
sus correspondientes sanciones, que son diferentes de las que pueden ser
impuestas a la generalidad de los mencionados servidores públicos, y cuya
previsión se justifica por la especial actividad que corresponde cumplir a las
fuerzas militares. No obstante, esta especialidad del régimen disciplinario de los
militares no impide que también estén sujetos a las normas del régimen
disciplinario general de los servidores del Estado.
En ese orden de ideas, no es dable, como lo pretende el demandante, anular
las decisiones disciplinarias cuestionadas por aplicarse el régimen especial en
cuanto a las faltas endilgadas y la sanción impuesta, previsto en el Decreto
1797 de 2000 y que, en consecuencia, el reproche disciplinario sea analizado,
en su totalidad, bajo las normas previstas en el Código Disciplinario Único, en
tanto, por un lado, es la misma Constitución Política la que autoriza al
legislador para expedir el régimen especial disciplinario aplicable a los
miembros de la Fuerza Pública y, por el otro, el legislador goza de autonomía
y cierta discrecionalidad para describir las conductas que constituyen falta
disciplinaria, así como las sanciones a imponer, siempre y cuando con ello no
se vulneren normas superiores.
Es de resaltar, además, que en el asunto sometido a consideración se
investigó y sancionó al señor Javier Vicente Hernández Acosta por omitir
cumplir con su obligación constitucional y legal de diseñar y recomendar una
estrategia militar eficaz y oportuna de seguridad y defensa en el corregimiento
de San José de Apartadó, en atención a las condiciones de vulnerabilidad de
la comunidad residente en esta localidad, teniendo como finalidad la
protección de los derechos humanos de los pobladores, es decir, el reproche
disciplinario se enmarcó en el incumplimiento de sus funciones como miembro
29 C-431 de 2004.
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Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
de la Fuerza Pública, siendo aplicable, por ello, las faltas dispuestas en el
régimen especial disciplinario.
Ahora, si bien los hechos investigados ocurrieron en el 2000, 2001 y 2002, la
norma especial aplicable, en materia sustancial, en principio, era el Decreto
1797 de 2000. No obstante, con posterioridad a ello, fue expedida la Ley 836
de 2003, «Por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para
las fuerzas militares», en la que se estableció un catálogo de faltas gravísimas,
graves y leves, dentro de las cuales se encuentran las mismas que le fueron
tipificadas al actor en su momento y que le serían aplicables, teniendo en
cuenta la vigencia de esta norma,30 así:
Artículo 58. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:
(…)
14. No entrar en combate, pudiendo y debiendo hacerlo; ocultarse o simular
enfermedad para rehuirlo, retirarse indebidamente o incitar a la huida
injustificada, dejar de perseguir al enemigo, estando en capacidad de hacerlo
con las fuerzas a su mando, o no prestar el auxilio, apoyo o abastecimiento
requerido, cuando tenga posibilidad de hacerlo.
(…)
Artículo 59. Faltas graves. Son faltas graves:
(…)
39. Eludir la responsabilidad inherente a las funciones de comando.
Al respecto, teniendo en cuenta que el artículo 198 de la Ley 836 de 2003,
dispuso que los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la norma, si
se encontraban con Auto de cargos, continuarían su trámite hasta el fallo
definitivo con base en el procedimiento anterior, y que en este caso, el pliego
de cargos fue emitido el 19 de mayo de 2015, la norma a aplicar era la ley
referida, como en efecto lo hizo la Procuraduría General de la Nación.
30 «Artículo 198. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su publicación y
deroga todas las normas que le sean contrarias. Para lo no previsto en el presente
ordenamiento deberá remitirse a la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Unico. Los procesos
disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren con auto de cargos
continuarán su trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento anterior».
34
Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
Por otra parte, en lo que respecta a la parte procedimental, pese a que el
actor insiste en que se aplique en su totalidad la Ley 200 de 1995 y que ello
no sería procedente por los argumentos antes expuestos, debe señalarse que
la norma vigente para el momento en que se emitió el pliego de cargos, esto
es, el 19 de mayo de 2005,31 era la Ley 734 de 2002,32 siendo ésta la razón
para que la Procuraduría General de la Nación imputara las faltas y sanciones
establecidas en el régimen especial para las Fuerzas Militares contenido en el
Decreto 1797 de 2000 y la Ley 836 de 2003, y, a su vez, se ciñera al
procedimiento disciplinario consagrado en la Ley 734 de 2002, que, finalmente
no trajo mayores modificaciones al establecido en la Ley 200 de 1995, en
cuanto a la etapa de versión libre, descargos, recursos a interponer, etc.
Finalmente, en el escrito de la demanda, el actor refiere que la Procuraduría
General de la Nación no surtió todas las etapas procesales establecidas en el
régimen general, lo cual no es cierto, toda vez que una vez se dio apertura de
investigación disciplinaria en contra del señor Javier Vicente Acosta, el
Despacho del procurador general de la Nación respetó y garantizó los
derechos del disciplinado, contenidos en el artículo 92 del Código Único
Disciplinario, que prevé «Como sujeto procesal, el investigado tiene los
siguientes derechos: 1. Acceder a la investigación; 2. Designar defensor; 3.
Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del
fallo de primera instancia; 4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e
intervenir en su práctica; 5. Rendir descargos; 6. Impugnar y sustentar las
decisiones cuando hubiere lugar a ello; 7. Obtener copias de la actuación; y 8.
Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera o única
instancia».33
31 Folios 1 a 88 del cuaderno N.º 16.
32 «ARTÍCULO 223. Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la
presente ley se encuentren con auto de cargos continuaran su trámite hasta el fallo definitivo,
de conformidad con el procedimiento anterior. ARTÍCULO 224. Vigencia. La presente ley
regira tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias,
salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el
régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública»
33 Folios 110 a 115 del cuaderno N.º 1.
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Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
En tal sentido, la Corte Constitucional ha considerado que «una de las
principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la
defensa, entendido éste como la oportunidad reconocida a toda persona, en
el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser
oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir,
contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y
evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos
que la ley otorga»34. Dicha corporación también ha concluido que el ejercicio
de esa garantía procesal busca «impedir la arbitrariedad de los agentes
estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con
la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las
decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado»35.
Así las cosas, contrario a lo afirmado por el demandante, cabe aclarar que en
el proceso disciplinario en el que resultó sancionado, se respetaron las
garantías fundamentales al debido proceso y defensa, en tanto: i) el trámite
administrativo se adelantó de cara a lo dispuesto en el Decreto 1797 de 2000
y la Ley 836 de 2003, aplicable a los miembros de las Fuerza Pública, en
cuanto a disposiciones disciplinarias de carácter sustantivo, y en la Ley 734 de
2002, respecto al procedimiento; ii) se le permitió al disciplinado ejercer su
derecho de contradicción formulando descargos, solicitando la práctica de
pruebas, alegando de conclusión, reponiendo el fallo de única instancia, es
decir, permitiendo su participación activa ante el operador disciplinario; iii) se
efectuó una adecuada individualización de la conducta objeto de reproche; y,
iv) la sanción impuesta al accionante atendió a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.
3. Conclusión
Con base en los anteriores planteamientos se concluye que la parte actora no
logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados, por lo que, en
consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.
34 Sentencia C-025 de 2009, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
35 Sentencia C-617 de 1996, magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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Radicado. 11001 03 25 000 2012 00429 00 (1682-2012)
Demandante: Javier Vicente Hernández Acosta
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero.- Declarar no probada la excepción propuesta por la Procuraduría
General de la Nación.
Segundo.- Denegar las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor
Javier Vicente Hernández Acosta en contra de la Procuraduría General de la
Nación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA.
GMSM
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