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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00431-00

Indagación preliminar: finalidad

Fecha
30 de mayo de 2019
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00431-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: Declarar la nulidad de la expresión “e inhabilidad permanente” contenida en el artículo segundo de la resolución sin número de 22 de diciembre de 2005, con la que la jefa de la Oficina de Control Disciplinario de la Universidad Pedagógica Nacional declaró responsable disciplinariamente a la demandante, el cual quedará así: SEGUNDO. Declarar disciplinariamente responsable a la servidora del estado NANCY YADIRA ARAUJO BAJONERO, con cédula de ciudadanía 35.479.647, en su calidad de aseadora vinculada a término indefinido, e imponerle la sanción principal de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda presentada por la señora Nancy Yadira Araujo Bajonero contra la Universidad Pedagógica Nacional, de conformidad con las consideraciones contenidas en esta providencia. TERCERO: Sin costas, por lo expuesto. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2012-00431-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

30 de mayo de 2019

INDAGACIÓN PRELIMINAR – Finalidad / NO VINVULACIÓN DE TODOS LOS INVESTIGADOS EN LA ETAPA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR – Efecto

La indagación preliminar no es ni necesaria, ni obligatoria, ni constituye presupuesto de la investigación disciplinaria y que, inclusive, esta puede abrirse sin tramitar previamente la primera, pues por razón de su objeto, la indagación preliminar es una opción que tiene la autoridad disciplinaria para la posterior iniciación de la investigación pero no necesariamente la única, ya que esta última puede ser abierta en forma directa como resultado de una queja recibida o de la información recaudada con antelación. Y la circunstancia de que no se inicie dicha fase preliminar, o que a la iniciada no se vinculen todas las personas que a la postre resulten partícipes de los hechos investigados, no significa que si más adelante se les formula pliego de cargos para formalizar su participación en el proceso, se les haya violado algún derecho, pues a partir de la etapa de presentación de descargos cuentan con todas las garantías procesales para ejercer sus derechos de audiencia, defensa, contradicción y demás componentes del derecho fundamental al debido proceso, así como a designar un defensor que las represente, como lo consagra el numeral 2 del artículo 92 del CDU.

FUENTE FORMAL : LEY 734 DE 2002- ARTÍCULO 150

CONTROL JUDICIAL INTEGRAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS - Alcance

El control de legalidad integral de los actos disciplinarios, así propuesto, conlleva implicaciones para el juez de lo contencioso administrativo que lo habilitan para lo siguiente: Aunque en principio el análisis de la legalidad del acto demandado está enmarcado en las causales de nulidad invocadas en la demanda, el juez puede y debe examinar otras conexas con derechos fundamentales, con el fin de garantizar la primacía del derecho sustancial y optimizar la tutela judicial efectiva. Estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que sustentan la sanción, así como verificar la valoración de la prueba, lo cual comprende: (i) el análisis acerca del acatamiento al derecho de audiencia y defensa; (ii) el respeto de los principios y reglas fijadas por la Constitución y la ley disciplinaria para el recaudo del material probatorio, y; (iii) comprobar si el acto fue debidamente motivado. Examinar que en la actuación disciplinaria se haya dado estricto cumplimiento a todos los principios rectores de la ley que rige la materia. Verificar que la sanción disciplinaria corresponda a la gravedad de la falta y a la graduación que se prevé en la ley. Realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la ilicitud sustancial y, de ser necesario, valorar los argumentos que sustentan la afectación sustancial del deber funcional, así como las justificaciones expuestas por el disciplinado.

COSA JUZGADA - Requisitos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 332 del C. de P.C., una sentencia tiene fuerza de cosa juzgada frente a un nuevo proceso siempre que este verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa y exista identidad jurídica entre las partes a las que se refiere aquella, impidiendo, en consecuencia, que en el nuevo proceso se produzca un fallo sobre un asunto ya resuelto en ejercicio del poder de la juris dictio, fundado en la inmutabilidad y definitividad de la declaración de certeza contenida en la sentencia previamente proferida, que la hace imposible de ser examinada en una nueva relación procesal, imponiendo límites objetivos para no juzgar sobre lo ya juzgado entre las mismas partes, y que se puede proponer por ellas o contra ellas en la misma calidad procesal (…) No asiste razón a la demandada sobre la configuración de la cosa juzgada, toda vez que el presente proceso tiene un objeto distinto de aquel que determinó la iniciación y trámite del proceso ya resuelto en la justicia ordinaria laboral pues, evidentemente, la controversia relativa a la valoración de la legalidad de la terminación de un contrato de trabajo, por su justa o injusta causa, que fue el objeto del primer proceso, es sustancialmente distinta del actual, que se refiere a la legalidad o ilegalidad de una sanción disciplinaria de destitución que, por razonamiento jurisprudencial antes citado, corresponde resolver a la jurisdicción contencioso administrativa.

FUENTE FORMAL : CÓDIGO DE PROCCEDIMIENTO CIVIL- ARTÍCULO 332

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA SOBRE CONDUCTAS TIPIFICABLES COMO DELITOS – Procedencia / PROCESO DISIPCLINARIO – Es independiente de la acción penal

La Sala considera que la solicitud de nulidad fue debidamente atendida por la abogada instructora dentro de la audiencia, que fue debida y libremente sustentada por el apoderado de la señora Araujo Bajonero, y que fue negada en dos ocasiones con argumentos razonables y sólidamente sustentados en la ley 734 de 2002 que fuera varias veces invocada en desarrollo de la argumentación, para hacerle ver al solicitante que una cosa es la descripción típica de una conducta como delito, cuyo juzgamiento corresponde a la justicia penal, y otra, muy distinta, la realización de dicha conducta que por ser delictiva constituye simultáneamente falta disciplinaria investigable y sancionable por la autoridad disciplinaria; dicho conocimiento lo ejerce en forma autónoma e independiente, ya que una sola conducta puede agredir distintos bienes jurídicos protegidos por distintos estatutos jurídicos de distinta naturaleza y alcance, razón por la cual la abogada instructora estimó con acierto que el solicitante de la nulidad se equivocó al afirmar que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Universidad estuviere adelantando una investigación con fines penales.

RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA
Dispone el artículo 44 numeral 1 del CDU que a la falta gravísima corresponde la sanción de destitución con inhabilidad general, que fue impuesta a la demandante con los actos acusados. Y el artículo 46 del mismo código, al establecer el límite de las sanciones, estableció que tal inhabilidad general será de diez a veinte años.
Aplicados tales conceptos al presente caso, la Sala encuentra que, si bien la defraudación al patrimonio público es desde todo punto de vista censurable por las implicaciones éticas, sociales e incluso penales que conlleva, y el equivocado mensaje que puede irradiar frente al deber general de cuidado por lo público en la sociedad, dada la entidad del detrimento patrimonial, por 38.88 libras a razón de $3.975 cada una, equivalente a ciento cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho ($154.548) pesos; así mismo, que la demandante no registra antecedentes ni fiscales ni disciplinarios, que no causó grave daño social, ni violó derechos fundamentales ni pertenecía a los niveles directivo o ejecutivo de la entidad, como lo contempla el artículo 47 del código mencionado, resulta razonable y proporcionado limitar la inhabilidad impuesta al término de diez años, como se establecerá en la parte resolutiva de esta providencia, declarando la nulidad de la expresión “inhabilidad permanente” contenida en los actos acusados. Establecerla de manera permanente e indefinida como lo hicieron los actos acusados, e incluso por el máximo permitido en la ley, resulta a todas luces excesiva por desproporcionada y extraña a lo razonablemente exigible.

FUENTE FORMAL : LEY 734 DE 2002-ARTÍCULO 47

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00431-00(1684-12)

Actor: NANCY YADIRA ARAUJO BAJONERO

Demandado: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Asunto: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Sanción disciplinaria – CCA.
Temas: Cosa juzgada, nulidad procedimental, necesidad de la prueba sobre los elementos de la responsabilidad.

A S U N T O
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 numeral 2 del CCA, la Sala de Subsección dicta sentencia dentro del proceso de la referencia, en única instancia.

LA DEMANDA

Pretensiones:

La demanda solicitó que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

La resolución sin número de 22 de diciembre de 2005, que falló el proceso disciplinario 65-2004 seguido en su contra, proferida por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Universidad Pedagógica Nacional, con la que la declaró disciplinariamente responsable y le impuso la sanción de destitución con inhabilidad permanente.

La resolución sin número de 17 de marzo de 2006, proferida por el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, con la que confirmó la anterior respecto de la aquí demandante, en grado de apelación, la declaró disciplinariamente responsable y le impuso la sanción de destitución con inhabilidad permanente.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se disponga lo siguiente:

Que sea borrada la anotación de la sanción en el registro de antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación.
Que se ordene a la demandada a reintegrar a la demandante al cargo de aseadora, con el pago de la totalidad de los salarios, primas, bonificaciones, cesantías, vacaciones, intereses der cesantías y demás conceptos salariales y prestacionales dejados de percibir desde la separación del cargo hasta el reintegro efectivo.
Que las condenas anteriores se liquiden con los intereses corrientes y moratorios, debidamente indexadas con los reajustes que corresponden al IPC, como lo ordena el artículo 179 del CCA.
Que la sentencia se cumpla como lo ordenan los artículos 176 y 177 del CCA, y
Que se condene en costas a la demandada.

Fundamentos fácticos:

Como hechos relevantes y pertinentes se destacan los siguientes:

La demandante fue vinculada a la universidad el 24 de marzo de 2004; a la fecha de los hechos investigados y de los actos demandados, cumplía funciones en la cocina.

El 21 de octubre de 2004, la Jefe de la División de Bienestar Universitario formuló queja contra la señora Araujo Bajonero y otras personas por la supuesta sustracción de carne del área de la cocina de la Institución.

Con auto del 22 de diciembre de 2004, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la universidad le formuló cargos a la demandante por infracción de lo previsto en el numeral 1 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, como falta gravísima cometida a título de dolo, y dispuso adelantar el trámite por el procedimiento verbal previsto en el artículo 175 del mismo código.
Manifestó que los hechos que motivaron la formulación de cargos consistieron en que la demandante participó, con otros compañeros, en apoderarse y sacar del restaurante de la sede de la universidad, una carne cuya cantidad no precisó.

Afirmó que el día de los hechos su bolso fue revisado por los porteros de la Universidad al salir de sus instalaciones, sin novedad, y que la investigación es un montaje de la supervisora para perjudicar a uno de sus compañeros en la realización de los hechos ya mencionados.

El auto 22 de diciembre de 2005 falló el proceso disciplinario 65-2004, proferido por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Universidad Pedagógica Nacional, declarando responsable disciplinariamente a la demandante, por lo que le impuso la sanción de destitución con inhabilidad permanente.

La decisión anterior fue apelada y en segunda instancia, con la resolución sin número de 17 de marzo de 2006, proferida por el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, se confirmó en todas sus partes respecto de la demandante, a quien declaró disciplinariamente responsable y le impuso la sanción de destitución con inhabilidad permanente.

Concluyó manifestando que los actos demandados carecen de pruebas de respaldo pues los testimonios recibidos son amañados, por lo que no hay prueba de la responsabilidad de la señora Araujo Bajonero.

Normas violadas y concepto de la violación:

En la demanda se citaron como violadas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes, algunos de los cuales reprodujo textualmente:

2, 6, 13, 25, 29, 125 y 209 de la Constitución Política;
77, 78, 84, 85, y 206 a 214 del CCA, y
6, 8, 9, 13, 14, 15,17, 19, 20, 21, 28.6, 29, 30, 128, 129, 132, 141, 142, 150, 152, 153 156 y 162 de la Ley 734 de 2002 o CDU.

Así mismo, invocó las siguientes causales de nulidad de los actos acusados:

Violación de normas superiores.

Por cuanto que en el auto que dispuso la apertura de la indagación preliminar no se incluyó a la demandante ni le fue comunicada la existencia de dicho trámite, lo que le impidió intervenir y designar un defensor, pues tampoco se le designó uno de oficio. Con ello se infringieron los artículos 29 de la Constitución Política y 6, 7 y 155 del CDU.

Igualmente, porque la demandada resolvió en audiencia tramitar la investigación por el procedimiento verbal, sin pruebas que lo ameritaran, y porque le fue resuelto desfavorablemente un incidente de nulidad propuesto y se le negaron unas pruebas. Afirma que la nulidad negada tenía vocación de prosperidad porque a la señora Araujo Bajonero se le vinculó a la investigación sin pruebas de la comisión de los hechos investigados.

Añadió que en el presente caso no medió una investigación integral puesto que en los actos acusados no se hizo un análisis tanto de lo desfavorable como de lo favorable a su conducta, al no probarse la desaparición de la carne de la cocina, ni si la demandante se apropió o no de ella. Con ello se violaron los artículos mencionados de la Ley 734 de 2002, que reprodujo íntegra y textualmente, concluyendo con una reproducción jurisprudencial sin cita de la fuente, sobre la presunción de inocencia que protege a toda persona que sea investigada disciplinariamente.

Falsa motivación.

Para sustentar esta causal, retoma el argumento anterior e insiste en que la demandada da por probado el hecho de la pérdida de la carne y la participación de la demandante con los testimonios de unas personas que jamás afirmaron que hubieran ocurrido realmente. Además, afirma, dentro de sus funciones no se encontraba la de custodiar los alimentos del restaurante de la Universidad. Para tal efecto, hace varias alusiones a los dichos de los testigos que rindieron sus versiones en el proceso disciplinario. Finaliza diciendo, respecto del cargo formulado, que tampoco hay indicios en su contra porque los hechos sobre los que se pretenden edificar, no reúnen los requisitos para que constituyan prueba en su contra.

Desviación de poder.

Al respecto manifiesta que desde el comienzo de la vinculación de la demandante con la Universidad, se conoció la intención de sancionarla de manera grave e injusta, por el hecho de haber ingresado al servicio como resultado de un acuerdo entre el sindicato de trabajadores y las directivas de la Universidad sin mediar un proceso selectivo. Por eso, desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos, los directivos tenían la intención de sancionarla en la forma como lo hicieron.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por medio de apoderado, la Universidad Pedagógica Nacional contestó la demanda en los siguientes términos:

Solicitó que se desestimaran las pretensiones porque en el proceso disciplinario quedó suficientemente demostrada la autoría en flagrancia de los hechos investigados por parte de la demandante, y su responsabilidad disciplinaria, soportadas con las pruebas recaudadas, a las que hizo referencia; propuso las excepciones que llamó: i) Juicio ordinario en curso ante el juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá, entre las mismas partes y con el mismo objeto; ii) Cosa juzgada, puesto que el proceso 11001310500120070124200 ya se falló en las dos instancias en la justicia laboral, entre las mismas partes con el mismo objeto; iii) Prescripción, puesto que pasaron 3 años desde la exigibilidad de los derechos reclamados hasta la presentación de la demanda, y iv) Incongruencia entre las pretensiones de la demanda y las formuladas en la «reclamación administrativa presentada por la actora en su momento.».

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante presentó su alegato por escrito, con el que solicitó a la Corporación declarar la prosperidad de sus pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Para impartir una sanción disciplinaria no es suficiente que se presente la violación objetiva de la ley, por acción u omisión, sino que debe demostrarse la responsabilidad en su aspecto intencional, como lo exigen las normas vigentes y la jurisprudencia constitucional, lo que impide que una persona sea sancionada exclusivamente por la afectación de un bien jurídico protegido, debiendo mediar para el efecto un claro juicio de exigibilidad subjetiva. Así, el análisis de la culpabilidad debe realizarse respecto de cada sujeto disciplinable.
La fase de indagación preliminar tiene por objeto la identificación plena de todos los servidores que pudieron intervenir en la realización de los hechos a investigar, recaudando «todas las pruebas documentales, y si se puede testimoniales, sobre el objeto que persigue (…e…) identificar a los servidores públicos que tenían como funciones determinadas en su manual que debía observar y ejecutar…», lo que no ocurrió en el proceso disciplinario, en que no se vinculó a la demandante en dicha etapa.
La autoridad disciplinaria no tuvo en cuenta tanto lo desfavorable como lo favorable respecto de la conducta de la demandante. Para sustentar este cargo, insiste en que el proceso se adelantó sin la etapa de indagación preliminar, por el procedimiento verbal sin motivación, practicó pruebas sin haberlas decretado, no informó al disciplinado sobre estas decisiones, como tampoco le dio la oportunidad de designar apoderado ni se lo nombró de oficio.
Se denegó la solicitud de nulidad de lo actuado incluso al desatarse el recurso de reposición interpuesto contra la decisión respectiva, frente a la negativa de algunas pruebas negadas en audiencia, y por no tener en cuenta que la investigación se inició sin la identificación de todos los posibles servidores que participaron en los hechos, y sin el recaudo de todas las pruebas sobre la preexistencia de la carne y su supuesta sustracción por el demandante, por lo que no medió una investigación integral para la formulación del pliego de cargos.
Ante la ausencia de plena prueba sobre la ocurrencia de los hechos con la participación del demandante, señora Nancy Yadira Araujo Bajonero, los actos demandados violaron el principio de in dubio pro reo y, con él, su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Por las consideraciones anteriores, sostuvo que los actos demandados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación y desviación de poder.

En escrito que obra en el expediente, presentado el 6 de abril de 2018, la apoderada de la Universidad Pedagógica Nacional descorrió el traslado, en su condición de demandada, con el que solicitó a esta Corporación que nieguen las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:

En la investigación se respetaron todos los derechos de la actora, inherentes al debido proceso; se observaron todas las etapas establecidas en la ley, y la investigada tuvo todas las garantías para presentar descargos, pedir y controvertir pruebas, presentar recursos en incidentes y alegar de conclusión.

No es cierto que la demandada haya dejado de valorar tanto lo favorable como o desfavorable para la disciplinada en los actos demandados; en ellos aparecen los argumentos relativos a la valoración de todos los 5 testimonios recibidos, de manera objetiva e imparcial, algunos de los cuales provienen de testigos presenciales de los hechos pues observaron a la actora en el momento en que envolvía la carne en unos paquetes que luego intentó sacar de las instalaciones de la universidad.

No hay irregularidad alguna en la orden de apertura de la indagación preliminar, pues solo incluyó el nombre de uno de los disciplinados porque era el único que se encontraba plenamente identificado; precisamente la indagación preliminar tiene como uno de sus objetos identificar a los posibles responsables, por lo que la falta de mención de la demandante no implica violación legal alguna. Fuera de lo anterior, no es forzoso que en el proceso disciplinario deba abrirse la etapa de indagación preliminar.

Los actos demandados no se encuentran viciados por falsa motivación, pues sí existe relación directa entre la decisión tomada y los motivos sobre los cuales se sustenta, suficientemente argumentada en forma coherente.

Los actos demandados no se profirieron con exceso de las atribuciones de la autoridad que los expidió. La investigación se adelantó conforme con las normas vigentes y para la salvaguarda de los intereses de la Universidad y de la moralidad y el patrimonio públicos.

Por su parte, la procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado, emitió su concepto frente a cada uno de los argumentos de la demanda, así:

Negó la existencia de un juicio ordinario laboral entre las mismas partes con el mismo objeto, pues el conflicto negativo entre esta jurisdicción y la ordinaria laboral fue resuelto en favor de la primera por el Consejo Superior de la Judicatura con fallo de 22 de marzo de 2012, que dio lugar a que esta Corporación avocara el conocimiento del proceso con auto de 13 de diciembre de 2012.

Negó la existencia de la cosa juzgada, arguyendo que la pretensión resuelta por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá versó sobre unos conceptos salariales y prestacionales insolutos como resultado de un despido calificado como injusto, en tanto que el proceso contencioso administrativo versa sobre la supuesta ilegalidad de los actos disciplinarios sancionatorios proferidos con posterioridad a la desvinculación del servicio a la demandante, razón por la cual las pretensiones son distintas.

Se opuso igualmente a la excepción de prescripción, estimando que al presente caso le es aplicable la regla de los 5 años a que se refiere el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, y no la de 3 años a que se refiere el Código Sustantivo del Trabajo.

Finalmente, pidió que se niegue la incongruencia planteada, porque resulta claro que la demandante, tanto en el escrito de descargos como en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo disciplinario de primera instancia, invocó los mismos supuestos de hecho y de derecho, razón por la cual deberá desestimarse

Estimó que en el proceso disciplinario no existe prueba sobre la participación de la demandante en la conducta endilgada ni sobre su responsabilidad, por lo que concluyó solicitando que se acceda a las pretensiones de la demanda anulando los actos demandados e impartiendo las condenas consecuenciales.

CONSIDERACIONES

Tomando en cuenta que las razones de defensa y las excepciones propuestas se oponen a la pretensión, la Sala las resolverá con el examen de fondo en el presente asunto.

Análisis integral de la sanción disciplinaria

Como esta Sección lo ha venido destacando, la Sala Plena de esta Corporación definió que el control que ejerce el juez de lo contencioso administrativo frente a la potestad disciplinaria es integral, lo cual debe entenderse bajo los siguientes parámetros:

«[…] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del demandante procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […]». (Destacado propio del texto).

Por consiguiente, el control de legalidad integral de los actos disciplinarios, así propuesto, conlleva implicaciones para el juez de lo contencioso administrativo que lo habilitan para lo siguiente:

Aunque en principio el análisis de la legalidad del acto demandado está enmarcado en las causales de nulidad invocadas en la demanda, el juez puede y debe examinar otras conexas con derechos fundamentales, con el fin de garantizar la primacía del derecho sustancial y optimizar la tutela judicial efectiva.

Estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que sustentan la sanción, así como verificar la valoración de la prueba, lo cual comprende: (i) el análisis acerca del acatamiento al derecho de audiencia y defensa; (ii) el respeto de los principios y reglas fijadas por la Constitución y la ley disciplinaria para el recaudo del material probatorio, y; (iii) comprobar si el acto fue debidamente motivado.

Examinar que en la actuación disciplinaria se haya dado estricto cumplimiento a todos los principios rectores de la ley que rige la materia.

Verificar que la sanción disciplinaria corresponda a la gravedad de la falta y a la graduación que se prevé en la ley.

Realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la ilicitud sustancial y, de ser necesario, valorar los argumentos que sustentan la afectación sustancial del deber funcional, así como las justificaciones expuestas por el disciplinado.

Como ha sido planteada la excepción de cosa juzgada, de cuya prosperidad dependería si se hace necesario o no realizar el estudio jurídico de fondo de la pretensión, la excepción y las razones de defensa expuestas por las partes, la Sala abordará el análisis temático en la siguiente forma: i) La excepción de cosa juzgada; ii) La solicitud de nulidad del procedimiento disciplinario; iii) Los elementos subjetivos y objetivos estructurales de la responsabilidad disciplinaria con sujeción a lo alegado y probado en el proceso y, iv) La falsa motivación y la desviación de poder.

La excepción de cosa juzgada.

Procede la Sala a examinar la excepción de cosa juzgada formulada por la existencia de una sentencia ejecutoriada que falló un proceso ordinario laboral tramitado en la justicia ordinaria laboral entre las mismas partes, que por encontrarse resuelto hace improcedente su tratamiento como si se encontrara en curso, como fue planteado por la demandada.

Los extremos de los litigios, el fallado por la justicia ordinaria laboral y el presente, son los siguientes:

PROCESO
PARTES
OBJETO
RELACIÓN LABORAL
SENTENCIA
ORDINARIO LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO DE BOGOTÁ
NANCY YADIRA ARAUJO BAJONERO
Contra
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO Y RECONOCIMIENTO DE CONCEPTOS SALARIALES Y PRESTACIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
CONTRATO DE TRABAJO DE 26 DE JULIO DE 2004, CON EFECTOS A PARTIR DE 24 DE MARZO DE 2004 A TÉRMINO INDEFINIDO
13 DE MAYO DE 2011
SEGUNDA INSTANCIA.
ACCEDE A LA INDEMNIZACIÓN Y NIEGA LAS DEMÁS PRETENSIONES
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
NANCY YADIRA ARAUJO BAJONERO
Contra
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
NULIDAD CON RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR SANCIÓN DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN
CONTRATO DE TRABAJO DE 26 DE JULIO DE 2004, CON EFECTOS A PARTIR DE 24 DE MARZO DE 2004 A TÉRMINO INDEFINIDO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 332 del C. de P.C., una sentencia tiene fuerza de cosa juzgada frente a un nuevo proceso siempre que este verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa y exista identidad jurídica entre las partes a las que se refiere aquella, impidiendo, en consecuencia, que en el nuevo proceso se produzca un fallo sobre un asunto ya resuelto en ejercicio del poder de la juris dictio, fundado en la inmutabilidad y definitividad de la declaración de certeza contenida en la sentencia previamente proferida, que la hace imposible de ser examinada en una nueva relación procesal, imponiendo límites objetivos para no juzgar sobre lo ya juzgado entre las mismas partes, y que se puede proponer por ellas o contra ellas en la misma calidad procesal.

Para abordar el tema, la Sala hace ver que, según lo probado en el proceso, entre las partes se presentaron dos relaciones laborales distintas y sucesivas, a saber:
Por contrato de trabajo suscrito el 24 de marzo de 2004;
Por contrato de trabajo suscrito el 26 de julio de 2004, a término indefinido, con efectos a partir de marzo de 2004, pues sustituyó al anterior por acuerdo entre las partes, y
Por contrato de trabajo suscrito el 21 de febrero de 2005, a término indefinido.

Según se acreditó en el expediente, como lo afirma la demanda, la Universidad Pedagógica Nacional dio por terminado el contrato con la demandante el 16 de diciembre de 2004, por incumplimiento del mismo atribuido a la sustracción de carne de sus instalaciones, es decir, por los mismos hechos por los que fue posteriormente sancionada. Sin embargo, ante la reclamación que aquella formuló el 20 de diciembre de 2004, con la que le hizo ver que se estaba violando el procedimiento establecido en el artículo 10 de la convención colectiva de trabajo, la Universidad la vinculó nuevamente al cargo que venía desempeñando con la celebración del contrato de 21 de febrero de 2005. (Folios 79 a 85).

Con ocasión de la terminación del contrato de trabajo de julio 26 de 2004, que se produjo el 16 de diciembre de 2004, la señora Araujo Bajonero demandó ante la justicia ordinaria laboral por su terminación injusta, que dio lugar a la expedición de la sentencia de 13 de mayo de 2011, con la que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la de primera instancia de 10 de diciembre de 2010, emanada del Juzgado 14 adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, que consideró injusto el despido por violación del derecho al debido proceso, por falta de pruebas sobre el incumplimiento contractual basado en la comisión de los hechos relativos a la sustracción de la carne dado que, agregó, a la fecha de la terminación del proceso ordinario laboral no se había iniciado el proceso disciplinario que concluyó con su destitución, todo lo cual constituía despido sin justa causa. Dicha sentencia condenó a la Universidad al pago de la indemnización por despido injusto, y negó las demás pretensiones de la demanda, relativas al pago de salarios y prestaciones sociales por el tiempo en que estuvo temporalmente separada del cargo pues, se recuerda, con fecha 21 de febrero de 2005 fue vinculada nuevamente al servicio.

Lo anterior permite concluir que no asiste razón a la demandada sobre la configuración de la cosa juzgada, toda vez que el presente proceso tiene un objeto distinto de aquel que determinó la iniciación y trámite del proceso ya resuelto en la justicia ordinaria laboral pues, evidentemente, la controversia relativa a la valoración de la legalidad de la terminación de un contrato de trabajo, por su justa o injusta causa, que fue el objeto del primer proceso, es sustancialmente distinta del actual, que se refiere a la legalidad o ilegalidad de una sanción disciplinaria de destitución que, por razonamiento jurisprudencial antes citado, corresponde resolver a la jurisdicción contencioso administrativa.

Como se observa en el expediente, a pesar de la identidad jurídica de la causa –el retiro del servicio- y de las partes en ambos procesos, el objeto en el primero fue la indemnización por ilegalidad de la terminación de relación laboral por su incumplimiento, como una de las causales previstas en la ley, en tanto que en el presente el litigio versa sobre la posible ilegalidad de los actos administrativos de sanción disciplinaria como resultado de la comisión de una falta de igual naturaleza, proferidos dentro de un procedimiento disciplinario seguido en contra de la demandante, que también dieron por finalizada dicha relación laboral. Por otra parte, el efecto jurídico en el primer caso solamente fue la finalización de la relación laboral, como efecto interno, inter partes, en tanto que en el segundo se sancionó la conducta como falta que generó un antecedente disciplinario, y se inhabilitó hacia el futuro a la demandante para ejercer cargos o funciones públicas.

Además de lo considerado, debe tenerse en cuenta que la configuración de la falta disciplinaria y con ella de la responsabilidad disciplinaria, exigen que la conducta realizada implique una ilicitud sustancial, es decir, que con ella se afecte el deber funcional sin ninguna justificación, pues el solo incumplimiento formal de un deber no genera falta disciplinaria, sino que es indispensable que con ella «se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la(s) conducta(s) (. . .) contrarias al cumplimiento recto del servicio público y leal de la función pública, lesivas de los bienes jurídicos protegidos con ellas…», como lo exige el artículo 5 de la Ley 734 de 2002.

En la terminación unilateral de un contrato de trabajo sin justa causa, en cambio, dicha ilicitud sustancial no constituye elemento estructural de la decisión, pues la “sanción”, en el primer caso, es la indemnización por finalización de la relación, por incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales, en tanto que en el segundo es la “pena” por la comisión de la falta mencionada.

Siendo entonces que entre los dos procesos hubo identidad jurídica de partes y de causa, pero diferencia en el objeto y en la valoración del elemento ilicitud sustancial de su conducta, así como en los efectos jurídicos de la terminación del vínculo laboral, se concluye que la presente controversia no se encuentra afectada por la cosa juzgada de que trata el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil.

Por las anteriores consideraciones, la Sala desestimará la excepción de cosa juzgada.

Los motivos de nulidad de los actos demandados.

Como han sido planteados otros motivos de oposición por la Universidad Pedagógica Nacional, que constituyen razones de defensa de los actos acusados frente a las causales de nulidad que ha invocado la demanda, se analizarán integradas de acuerdo con su relación temática, como aparece a continuación.

La demanda enunció como sustento de la causal de nulidad planteada como «violación de normas superiores», i) Que la demandada no incluyó a la demandante en el auto que dispuso la apertura de la indagación preliminar ni le comunicó la existencia de dicho trámite, con lo que infringieron los artículos 29 de la Constitución Política y 6, 7 y 155 del CDU, así como ii) Por tramitarse el procedimiento bajo la modalidad verbal, sin pruebas que lo ameritaran, y porque le fue resuelto desfavorablemente un incidente de nulidad que propuso, teniendo vocación de prosperidad, y se le negaron unas pruebas. Con ello, afirmó, iii) los actos sancionatorios no fueron precedidos de una investigación integral, con análisis tanto de lo desfavorable como de lo favorable, al no probarse la desaparición y apoderamiento de la carne de la cocina, como hechos constitutivos de la conducta endilgada. Finalmente, al atribuir predisposición o animadversión hacia la demandante por directivos de la Institución, iv) Los actos demandados están afectados por falsa motivación y desviación de poder.

En consecuencia, se procederá de conformidad con los temas específicos a analizar, dentro del contexto de la evaluación integral de la legalidad del procedimiento disciplinario adelantado y fallado por la demandada.

La indagación preliminar.

Está previsto en la Ley 734 de 2002, o CDU, cuál es el objeto y la duración de la fase de indagación preliminar en un procedimiento disciplinario, como se establece por el artículo 150:

«Artículo 150. Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar (Se subraya).

En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses.».

La jurisprudencia constitucional ha sido persistente en considerar que, particularmente, el término de seis (6) meses para la duración de la indagación preliminar es necesario para que la autoridad disciplinaria practique todas las pruebas que estime necesarias para disipar la duda acerca de la identidad del sujeto disciplinable y/o de la realización de la conducta eventualmente sancionable. Ha advertido que tales actos deben realizarse sin dilaciones injustificadas que resulten violatorias de los derechos de los sujetos cuyo comportamiento dio lugar a su apertura, de tal manera que, como se desprende de las previsiones legales transcritas, dicha fase tiene un doble objeto que consiste en hacer lo posible para obtener la individualización de los sujetos posiblemente comprometidos con la supuesta falta a ser investigada, y/o bien, para la verificación igualmente posible de los hechos constitutivos de la conducta eventualmente sancionable. Para ello, la autoridad disciplinaria cuenta con plenas facultades probatorias y valorativas pues, de los hechos probados en esta fase, depende que se resuelva la apertura de la investigación o el archivo de las diligencias respectivas.

En el presente caso, obra a folios 312 y 313 del expediente disciplinario, que el 21 de octubre de 2004 la señora Luz Marina Rodríguez Rodríguez, en su condición de supervisora encargada del turno de la tarde en la sede de la universidad en Bogotá, dirigió un escrito a la jefe de la División de Bienestar Universitario, Patricia Quesada de la Cruz, dando cuenta de que el viernes 15 de octubre anterior se encontró a las señoras Nancy Yadira Araujo Bajonero y María Eugenia Urrego sacando carne de una ponchera situada en la cocina y guardándola en unas bolsas negras que pusieron encima de un mesón. Una vez que aquellas salieron de la cocina, observó que las bolsas negras habían sido puestas en la canasta plástica en que se acomoda el mercado, por lo cual, al salir, puso candado en la puerta.

Agregó que al momento llegó el señor Juan Carlos Vargas, jefe de cocina, a quien preguntó por lo que estaba ocurriendo, por lo que obtuvo una respuesta evasiva y grosera que no explicó lo que se le preguntó y, delante de ella, empacó las bolsas negras en una maleta y salió de la cocina. De estos hechos fue informada Janneth Cañaveral, de la oficina de bienestar universitario, con quien averiguaron en las porterías de la sede si habían visto personas saliendo de la universidad con las bolsas, y en ese momento solo supieron que a las señoras Nancy y María Eugenia las habían visto escondidas tras una matera luego de salir de la cocina. Y agregó que no supo nada más, pues se fue a su oficina a trabajar.

Dicho informe fue remitido por la jefa de la División de Bienestar Universitario, Patricia Quesada de la Cruz a Mario Ballesteros Mejía, vicerrector administrativo y financiero de la universidad quien, a su vez, lo puso en conocimiento de Luz Marina Tovar, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la institución (Folios 314 a 316).

La jefa de la Oficina de Control Interno Disciplinario, dictó auto de apertura de la indagación preliminar dentro del radicado 65/04, con fecha 9 de noviembre de 2004. Con él ordenó practicar como pruebas la ampliación de la queja, oír en versión libre a Juan Carlos Vargas y comunicarle que debía comparecer a notificarse de la decisión tomada con el derecho a designar un defensor y obtener copias de la actuación, así como comisionó a la abogada Norma Constanza Olmos Leguizamón, para adelantar la investigación por el término de un mes con la práctica de tales pruebas y de las demás que estimare necesarias para esclarecer los hechos. La comunicación a Juan Carlos Vargas fue enviada el 10 de noviembre de 2004, con las anotaciones ordenadas en el auto anterior (Folios 319 y 320).

Con el oficio OCD 260-1212 de noviembre 11 de 2004, se le informó al señor Juan Carlos Vargas que el día 12 de noviembre de 2004 a las 10:00 a.m., sería escuchada en ampliación de la queja la señora Luz Marina Rodríguez Rodríguez, para que asistiera a la diligencia si era su deseo, ejerciendo los derechos que la ley le concede. Dicho oficio fue recibido personalmente y firmado en constancia por el señor Vargas. En idéntico sentido, fue librado el oficio OCD 260-1211 de la misma fecha a Luz Marina Rodríguez, citándola a la diligencia de ampliación de la queja, que fue recibido personalmente y firmado en constancia por ella como destinataria (Folios 324 y 325).

Dicha diligencia fue practicada sin la presencia del señor Juan Carlos Vargas, quien no asistió, a pesar de encontrarse notificado personalmente de la citación para la diligencia, como ya se dijo (Folios 326 a 329).

La demandante reprocha a la investigación disciplinaria que la etapa de indagación preliminar se inició y tramitó sin la notificación personal del auto que la ordenó, sin su participación o intervención, y sin la representación de un abogado o la designación de uno de oficio que defendiera sus derechos.

Sea lo primero advertir que dicho auto no tenía por qué serle notificado a la señora Nancy Yadira Araujo Bajonero, puesto que con él no fue vinculada a la actuación bajo ningún título o condición, razón por la cual la notificación solo se dispuso frente a Juan Carlos Vargas, como único indiciado por la posible comisión de los hechos que la Universidad se proponía investigar, con el exclusivo fin de obtener la identidad de las personas que pudieran estar comprometidas con una conducta disciplinable, y conseguir por lo menos un principio de prueba sobre la objetividad de la conducta, es decir, la sustracción de unos alimentos de propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional en su sede de Bogotá.

Además de lo anterior, si la señora Araujo Bajonero no estaba siendo vinculada a la etapa de la indagación preliminar, tampoco tenía el deber legal de comparecer a ella, ni personalmente ni representada por abogado, y mucho menos tenía un supuesto derecho a ser representada por un abogado de oficio. La indagación preliminar bien pudo ser legalmente iniciada, tramitada y concluida sin la vinculación de la demandante, como en efecto ocurrió.

En tales condiciones, no hay ningún derecho de la señora Araujo Bajonero que pudiera verse afectado en esta etapa en la que, fuera del decreto y práctica de pruebas que podrán ser controvertidas en la etapa siguiente de vinculación formal de personas a la investigación disciplinaria, no incluye la toma de decisiones de mérito que sí los pueden afectar.

Esta naturaleza especial de la fase de indagación preliminar ha sido objeto de estudio doctrinario y jurisprudencial, respecto de la cual, al estudiar la constitucionalidad de la figura, la Corte Constitucional, con la sentencia C-036 de 2003, consideró:

«5.4 De acuerdo con lo anterior, La Corte considera que en efecto, como lo recuerda el Ministerio Público, la etapa de indagación preliminar no es obligatoria ni imprescindible. La Corte ha señalado que: “La indagación disciplinaria es de carácter eventual y previa a la etapa de investigación, pues sólo tiene lugar cuando no se cuenta con suficientes elementos de juicio y, por lo tanto, existe duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria; por consiguiente dicha indagación tiende a verificar, o por lo menos establecer con cierta aproximación, la ocurrencia de la conducta, si ella es constitutiva o no de falta disciplinaria y la individualización o la identidad de su autor.” (Sentencia C-430 de 1997). En las sentencias C-728 de 2000 y C-175 de 2001, se reiteró este concepto de la eventualidad.

No se trata de un requisito de procedibilidad, en el sentido de que sólo habrá investigación disciplinaria si ha habido previamente indagación preliminar.

5.5 Bastaría, entonces, ésta sola explicación, de que no es requisito de procedibilidad la existencia de la indagación preliminar para que pueda iniciarse la etapa de investigación disciplinaria, para desechar el argumento de la confusión de fines planteada por la acusación, pues si la investigación disciplinaria procede sin que necesariamente se agote, o siquiera se inicie, la etapa de la indagación preliminar, los fines de cada una de estas etapas pueden ser semejantes o coincidir en algunos aspectos.

5.6 Sin embargo, hay otras razones que el actor no toma en cuenta. El artículo 152 de la misma Ley, señala que procede la investigación disciplinaria en los siguientes casos: con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagatoria preliminar. Es decir, que la indagación preliminar es una de las tres causas para abrir la investigación disciplinaria, y no la única.

5.7 En conclusión: la etapa de la indagación preliminar no siempre debe surtirse, ni siquiera iniciarse, sólo se presenta “en caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria”; el hecho de que no se inicie o se agote esta etapa no implica que el principio de la presunción de inocencia se desconozca, pues, como es sabido, la presunción de inocencia se mantiene incólume hasta tanto no se destruya en forma debidamente fundada y cuando la providencia respectiva que así lo declara cobre ejecutoria. Mientras tanto, a lo largo de todo el proceso disciplinario, los principios del debido proceso deben garantizarse a plenitud. Y la circunstancia de que determinados fines en la etapa de indagación preliminar coincidan con los de la etapa de investigación disciplinaria no acarrea ninguna inseguridad jurídica para el sujeto disciplinable, porque, como se dijo, la existencia de la investigación disciplinaria no depende de que se inicie o agote la de indagación preliminar.

En consecuencia, se declarará exequible lo acusado del artículo 153 de la Ley 734 de 2002.».

De lo previsto por los artículos 150 a 153 de la Ley 734 de 2002, con la interpretación autorizada de la Corte Constitucional que precede, además de lo dicho, se tiene que la indagación preliminar no es ni necesaria, ni obligatoria, ni constituye presupuesto de la investigación disciplinaria y que, inclusive, esta puede abrirse sin tramitar previamente la primera, pues por razón de su objeto, la indagación preliminar es una opción que tiene la autoridad disciplinaria para la posterior iniciación de la investigación pero no necesariamente la única, ya que esta última puede ser abierta en forma directa como resultado de una queja recibida o de la información recaudada con antelación.

Y la circunstancia de que no se inicie dicha fase preliminar, o que a la iniciada no se vinculen todas las personas que a la postre resulten partícipes de los hechos investigados, no significa que si más adelante se les formula pliego de cargos para formalizar su participación en el proceso, se les haya violado algún derecho, pues a partir de la etapa de presentación de descargos cuentan con todas las garantías procesales para ejercer sus derechos de audiencia, defensa, contradicción y demás componentes del derecho fundamental al debido proceso, así como a designar un defensor que las represente, como lo consagra el numeral 2 del artículo 92 del CDU.

Con ello la Sala estima que, si bien a la fase de indagación preliminar solo fue vinculado el señor Juan Carlos Vargas con la citación a rendir versión libre y no la demandante Nancy Yadira Araujo Bajonero y los demás partícipes en la realización de los hechos que se proponía investigar, no se incurrió en violación alguna de sus derechos ni se desconoció la presunción de inocencia que la amparaba en su momento, lo que descarta la violación de los artículos 29 constitucional y 6, 7 y 155 del CDU, como lo afirma la demandante.

Por esta razón, el cargo será desestimado.

El trámite verbal de la investigación.

Afirma la demandante que la Universidad adelantó el procedimiento disciplinario bajo la modalidad verbal, sin pruebas que lo ameritaran, a propósito de lo cual solicitó la nulidad de la actuación, que le fue resuelta desfavorablemente.

Como lo dispuso el auto de apertura de la indagación preliminar, en la diligencia de ampliación de la queja (Folios 326 a 329) de noviembre 12 de 2004, día y hora señalados para el efecto, la señora Luz Marina Rodríguez Rodríguez, en su condición de supervisora del área de restaurante y cafetería, relató los mismos hechos anteriormente aludidos, agregando a su relato que esa tarde del 15 de octubre de 2004, la señora Esperanza Romo, secretaria de la cafetería, se presentó en su oficina y le dijo que María Eugenia y Nancy estaban en la cocina metiendo algo en unas bolsas, afirmando textualmente –la señora Rodríguez- lo siguiente:

«Mire que Mireya Robayo me dijo que se encontraba María Eugenia Urrego (…) con Nancy Bajonero (…) en el cuarto: sitio ubicado en el área de la cocina, que algo estaban metiendo en unas bolsas, entonces ya me iba a parar de la oficina para irme a cerciorar al cuarto, cuando bajó Mireya Robayo y me dijo: Sí, Luz Marina, ellas están metiendo carne en bolsas, entonces ella me dijo por favor no vaya a decir nada porque ellas son de planta y yo soy de contrato. Sin embargo yo respondí: Tranquila, yo no voy a decir nada, me paré y me fui al cuarto, y encontré dentro del cuarto a María Eugenia y a Nancy, estaban ahí paradas, y yo les pregunté: dónde estaba la ponchera de carne que yo había visto ahí? Ellas me contestaron: ya la sacaron. Yo fui y me cercioré, efectivamente la ponchera estaba afuera, yo solo le di una vista al cuarto y a la carne donde estaba y me volví a bajar a la oficina, y le dije a Esperanza: No me voy a mover de aquí porque ellas deben bajar eso que empacaron por aquí. Transcurrió unos 10 minutos, y nada que ellas bajaban. Cuando un momento a otro las vi que bajaban las dos, Nancy llevaba el peto puesto que es un delantal en cuero largo, bajaron para dirigirse al vestier, yo las miré pero no les vi nada, en el momento yo me paré rápido a la oficina y me fui para el cuarto, cogí las llaves y cerré el cuarto con llave, y me quité de ahí, ellas nunca salieron del vestier, dos veces salió María a mirar al cuarto, pero este ya estaba con llave, yo ya dije: ahí está eso, nadie lo puede sacar».

Luego de relatar que el señor Juan Carlos Vargas llegó instantes después como de mal genio a pedirle las llaves del cuarto y que ella fue con él, le abrió y lo vio sacar algunas prendas que puso en su maletín, manifestó que lo notó incómodo con su presencia al punto que le reclamó el por qué ella no se iba de ahí. A continuación de lo anterior, la quejosa agregó:

«Cuando mi sorpresa fue que yo lo vi que se agachó y corrió unos guacales plásticos en que traen la fruta y sacó unas bolsas negras delante de mí y las metió en el morral de él, entonces yo por supuesto le dije: Juan Carlos, eso era lo que yo le iba a contar, yo no sabía que usted estaba enterado de eso, entonces yo le dije déjeme ver lo que lleva ahí, y él me contestó: no, no le voy a mostrar y haga lo que quiera, se regó, lo único que le faltó era que me pegara. Y alegando y alegando, se hechó (Sic) el morral a la espalda y salió del sitio donde estábamos…».

Con el auto de 22 de septiembre de 2005, la Jefa de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Universidad Pedagógica Nacional, dispuso la apertura formal de la investigación disciplinaria contra Juan Carlos Vargas Wilches, María Eugenia Urrego Castillo y Nancy Yadira Araujo Bajonero, en el que consignó las consideraciones probatorias que la determinaron a dar el trámite verbal a la misma, para lo cual examinó la información suministrada por la señora Luz Marina Rodríguez Rodríguez, supervisora del área de restaurante y cafetería, quien relató los hechos anteriormente aludidos, que presenció a raíz del aviso que le dio esa tarde la señora Esperanza Romo, secretaria de la cafetería, consistentes en que María Eugenia y Nancy estaban en la cocina metiendo algo en unas bolsas.

En ese mismo auto plasmó la información que le permitía identificar plenamente a las personas supuestamente implicadas en tales conductas, y verificó el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 162 del CDU, respecto de la procedencia de la formulación del pliego de cargos, al considerar objetivamente demostrada la falta con unas pruebas que comprometían la responsabilidad de las implicadas en su realización. Así mismo, estimó que el trámite que correspondía dar a la investigación era el verbal, pues según lo previsto por el artículo 175 del mismo código, es el que se puede adelantar contra los servidores públicos que sean sorprendidos en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provienen de su ejecución.

De la misma manera, verificó que se trataba de una servidora pública de la universidad que ejercía funciones de ayudante de cocina en la División de Bienestar Universitario, con el examen de los documentos que lo acreditaron, obrantes a folios 37 a 40 del expediente disciplinario.

Igualmente, el pliego de cargos calificó la conducta como gravísima y dolosa, por lo evidenciado en las pruebas obrantes en el expediente. Así lo expresó:

«De haberse realizado, las conductas quebrantaron los principios exigibles a los servidores públicos de moral pública, honradez y lealtad que garantizan la función pública. Además, favorecieron únicamente sus personales intereses, en perjuicio de los usuarios del restaurante y de la Universidad.

Los hechos de que se trata la anterior imputación son constitutivos de falta disciplinaria gravísima, según determina el artículo 48 numeral 1 del C.D.U., pues las conductas presuntamente realizadas están descritas en la ley penal como delito. se estima que obraron con dolo, es decir con conciencia de la antijuridicidad de su conducta, pues sabían de antemano que la UPN era la legítima propietaria de la carne que se compra para el restaurante, que no tenían derecho a disponer ni a apropiarse de los insumos sin infringir la ley y, aun así dirigieron su voluntad y su actividad al desarrollo y consumación de la conducta, para lo cual intentaron infructuosamente eludir la mirada vigilante de la supervisora y de otros funcionarios que, al parecer, se dieron cuenta de los hechos…».

Con fundamento en tales consideraciones y bases probatorias, estimó reunidos los requisitos legales para abrir y adelantar la investigación con el trámite verbal, razón por la cual no asiste razón a la demanda al sostener que tales decisiones se tomaron sin pruebas que les sirvieran de sustento. La Sala observa que el proceder de la abogada comisionada se ajusta a las previsiones contenidas en los artículos 162 y 175 del CDU, por lo que no asiste razón en este aspecto a la demandante.

Este cargo, en consecuencia, deberá desecharse.

El incidente de nulidad propuesto y fallado.

La demandante afirma que los actos acusados son ilegales porque en el trámite disciplinario le fue resuelto desfavorablemente un incidente de nulidad que propuso, teniendo vocación de prosperidad.

Con el fin de que fuera tenido en cuenta en audiencia del 25 de octubre de 2005, el apoderado de la demandante presentó una solicitud de nulidad procesal del trámite disciplinario por falta de jurisdicción y competencia, con fundamento en que el auto de apertura de la investigación no podía afirmar, como lo afirmó, que «…la investigación y el juzgamiento del delito, sea función que pueda asumir la jurisdicción disciplinaria, o que se haya producido un desplazamiento de “facultades” de la jurisdicción penal a la disciplinaria», aseverando que, en tal virtud, la Universidad no podía adelantar investigaciones por la comisión de delitos, siendo una facultad reservada por la Constitución Política y la ley a la justicia penal. Y concluyó afirmando que «En este sentido, la OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO carece de competencia para asumir la investigación y el juzgamiento de un delito. Este propósito está reservado para la jurisdicción penal y en es (Sic) por este hecho que carece de jurisdicción para el objeto que se propone con la investigación, lo que lo hace incompetente y en forma absoluta. Es aquí donde se configura la causa (Sic) de falta de competencia.».

Esta solicitud de nulidad de lo actuado fue resuelta dentro del trámite de la audiencia llevada a cabo el 25 de octubre de 2005, con asistencia de la señora Araujo Bajonero, en que se rechazó de plano su formulación, al estimar que de conformidad con lo previsto por el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, constituye falta disciplinaria el hecho de realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito, lo cual no significa que si la autoridad disciplinaria investiga los hechos que constituyen falta disciplinaria y delito, esté ejerciendo jurisdicción penal pues, como es sabido, el artículo 2 en su inciso 3 de la misma ley, establece que la sanción disciplinaria es independiente de cualquier otra que pueda surgir de la comisión de la falta.

Respecto de la incompetencia, recordó al solicitante que los artículos 75 y 76 de la Ley 734 de 2002 se la confieren, para conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos, razón por la cual la solicitud debía ser igualmente rechazada de plano por improcedente.

Interpuesto y sustentado en audiencia el recurso de reposición contra lo resuelto, que fue ampliado por el solicitante con razones relativas a la incompetencia absoluta de la autoridad disciplinaria para investigar y fallar sobre la comisión de delitos, fue resuelto confirmando el auto recurrido, con razones ampliadas que explicaron que el proceso disciplinario no tiene ni naturaleza ni alcance judicial en lo penal, pero que sí puede tener por objeto la investigación de unos hechos constitutivos de falta disciplinaria y, simultáneamente, de una infracción a la ley penal, como se había sustentado la decisión recurrida y como lo prevé el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. (Folios 416 y 417).

En los anteriores términos quedó resuelto el incidente de nulidad planteado.

La Sala considera que la solicitud de nulidad fue debidamente atendida por la abogada instructora dentro de la audiencia, que fue debida y libremente sustentada por el apoderado de la señora Araujo Bajonero, y que fue negada en dos ocasiones con argumentos razonables y sólidamente sustentados en la ley 734 de 2002 que fuera varias veces invocada en desarrollo de la argumentación, para hacerle ver al solicitante que una cosa es la descripción típica de una conducta como delito, cuyo juzgamiento corresponde a la justicia penal, y otra, muy distinta, la realización de dicha conducta que por ser delictiva constituye simultáneamente falta disciplinaria investigable y sancionable por la autoridad disciplinaria; dicho conocimiento lo ejerce en forma autónoma e independiente, ya que una sola conducta puede agredir distintos bienes jurídicos protegidos por distintos estatutos jurídicos de distinta naturaleza y alcance, razón por la cual la abogada instructora estimó con acierto que el solicitante de la nulidad se equivocó al afirmar que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Universidad estuviere adelantando una investigación con fines penales.

Finalmente, no es de recibo la afirmación de la demandante relativa a la “vocación de prosperidad” que atribuyó a la solicitud de nulidad pues, ya resuelta por la administración, no es dable a la jurisdicción contencioso administrativa en sede de control judicial de legalidad ocuparse de tal hipótesis. Por lo demás, la Sala estima que le asistió plena razón a la autoridad disciplinaria al rechazar de plano el incidente de nulidad así propuesto, con los argumentos expuestos que comparte plenamente, pues el reproche formulado evidencia la confusión de la solicitante respecto de la naturaleza jurídica de la falta disciplinaria en que incurre, simultáneamente, un servidor público al realizar objetivamente una conducta que esté igualmente contemplada como delito por la ley penal.

Y mucha más inconsistencia se evidencia en la solicitud y en el recurso, el afirmar que, si se estaba investigando la comisión de un delito, entonces la autoridad disciplinaria estaba ejerciendo funciones judiciales penales para las cuales carecía de jurisdicción, puesto que resulta inaceptable hacerle tal reproche al auto cuestionado que pertenece a un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio no penal, que lo erige como acto administrativo para todos los efectos legales.

Por estas razones, será desestimado el cargo formulado.

La negación de pruebas.

En audiencia celebrada el 18 de octubre de 2005, el defensor solicitó como pruebas el testimonio de la señora Luz Marina Rodríguez Rodríguez y las planillas de control de ingreso y salida de carne del restaurante, correspondientes al mes de octubre de 2004. El instructor negó su decreto, con fundamento en que el solicitante no sustentó la conducencia y pertinencia de las mismas. Contra dicha decisión interpuso y sustentó el recurso de reposición, sobre la base de considerar necesario el testimonio de la señora Rodríguez para “profundizar en todos los hechos que ella vio o pudo haber visto de acuerdo al relato que ella efectuó en la queja y en la ampliación”, a continuación de lo cual agregó:

«También se hace necesario para lograr una leve controversia sobre sus afirmaciones con el ánimo de aclarar los hechos informados, con relación a las planillas y controles de ingreso y salida de carne que se efectúan o se hayan efectuado para la fecha de los hechos en el área del restaurante.»

Al resolver la reposición, la funcionaria instructora accedió al decreto de la ampliación de la declaración de la señora Luz Marina Rodríguez Rodríguez y negó el decreto del recaudo de las planillas mencionadas, estimando que ya se encontraba en el expediente el informe solicitado a la oficina de bienestar universitario en ese sentido, por lo cual no era necesario su nuevo decreto.

A continuación, se concedió el uso de la palabra al defensor de la disciplinada para presentar descargos, quien procedió de conformidad sin objeción alguna, quedando en firme lo decidido.

Lo anterior evidencia que en el curso de la audiencia sí se concedió y se utilizó la oportunidad para solicitar pruebas y para controvertir su decreto, así como que las decisiones tomadas al respecto fueron notificadas por estrados, y resuelto el recurso interpuesto contra el auto inicial que las negó, accediendo parcialmente a la solicitud del defensor de la demandante. No encuentra la Sala ilegalidad alguna en tal proceder ni violación de los derechos inherentes al debido proceso alegados por la demandante.

En consecuencia, no asiste razón a la demanda en este aspecto, por lo que este reproche de nulidad de los actos acusados será igualmente descartado.

Tomando en cuenta que en el acápite del concepto de violación la demanda de nulidad expresa que, con las irregularidades anteriores, quedó demostrado que los actos sancionatorios no fueron precedidos de una investigación integral, con análisis tanto de lo desfavorable como de lo favorable, al no probarse la desaparición y apoderamiento de la carne de la cocina, como hechos constitutivos de la conducta endilgada, y que la sanción disciplinaria fue producto de la predisposición de los directivos de la universidad contra la demandante y sus compañeros, que las vicia de falsa motivación y desviación de poder, la Sala emprenderá el análisis que sigue bajo dos perspectivas: i) El examen de la legalidad de los actos sancionatorios, y ii) El análisis integral de la investigación disciplinaria.

Los requisitos de los actos sancionatorios.

Dispone el artículo 170 de la Ley 734 de 2002, CDU, sobre los requisitos que debe reunir el fallo disciplinario:

«ARTÍCULO 170. CONTENIDO DEL FALLO. El fallo debe ser motivado y contener:

1. La identidad del investigado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de culpabilidad.
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.».

Confrontados los requisitos legales así previstos, con el acto administrativo que falló el procedimiento administrativo disciplinario seguido a Nancy Yadira Araujo Bajonero, proferido el 22 de diciembre de 2005 por la jefa de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Universidad Pedagógica Nacional, se constató lo siguiente:

Fue expedido exactamente a los tres meses de haberse dictado el auto de apertura formal de la investigación disciplinaria, que lo fue el 22 de septiembre de 2005, por lo que se falló dentro de los seis meses contados a partir de la decisión de apertura, como lo ordena el artículo 156 de la Ley 734 de 2002.

Contiene la información completa sobre la identidad de la señora Nancy Yadira Araujo Bajonero, su identificación, cargo, vinculación, asignación mensual, que constan en las certificaciones obrantes a folios 75 a 77 del expediente disciplinario.

Expuso el resumen de los hechos que dieron lugar a la apertura de la investigación, que presenta con todo detalle en los folios 477 a 480 del expediente, en tres folios.

Contiene el análisis de las pruebas en que se basa, tanto de cargos como de descargos, así como los argumentos de unos y otros, planteados en sus intervenciones en audiencia, que aparecen expuestos a lo largo de la decisión, a partir del estudio de los cargos que le fueron formulados, visible desde el folio 480.

Al analizar las razones y las pruebas tanto de cargo como de descargo, valoró los hechos y circunstancias referentes a lo favorable y desfavorable en la conducta sancionada a la demandante, visible también a partir del folio 480.

Incluyó el análisis sobre la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, en los folios 484 a 487. Allí hace las referencias a la ilicitud sustancial de la conducta, en relación con la afectación del servicio.

Para establecer cuál era la sanción a imponer en el caso, analizó la naturaleza de la falta y las circunstancias de su comisión, que le permitieron concluir que se trataba de una gravísima, por lo que la sanción a imponer era la de destitución, como se aprecia a folio 493.

Finalmente, plasmó la decisión en la parte resolutiva, visible a folio 494.

Verificado lo anterior, la Sala concluye que el acto sancionatorio cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos por el CDU para la emisión del fallo sancionatorio.

Las pruebas de los hechos constitutivos de la falta.

Como ha quedado expuesto en esta providencia, una de las razones de inconformidad de la señora Rodríguez Rodríguez con la sanción impuesta radica en que en el procedimiento disciplinario no se probó la desaparición y apoderamiento de la carne de la cocina, como hechos constitutivos de la conducta que se le endilgó.

La Sala estima que no asiste razón a la actora pues, examinado el caudal probatorio con fundamento en el cual se tomó la decisión sancionatoria, se llega a la conclusión de que sí se encuentran probados plenamente los hechos que tipifican la conducta realizada.

Ya se expresó que para decidir la apertura de la indagación preliminar, la abogada instructora contó con la queja y su ampliación por parte de la señora Luz Marina Rodríguez Rodríguez (Folios 312, 313 y 326 a 329), supervisora de turno la tarde de los hechos, en la que afirma que el viernes 15 de octubre de 2004 se encontró a las señoras Nancy Yadira Araujo Bajonero y María Eugenia Urrego sacando carne de una ponchera situada en la cocina y guardándola en unas bolsas negras que pusieron encima de un mesón. Una vez que aquellas salieron de la cocina, observó que las bolsas negras habían sido puestas en la canasta plástica en que se acomoda el mercado, por lo cual, al salir, puso candado en la puerta del cuarto; que al momento llegó el señor Juan Carlos Vargas, jefe de cocina, a quien preguntó por lo que estaba ocurriendo, por lo que obtuvo una respuesta evasiva y grosera que no explicó lo que se le preguntó y, delante de ella, empacó las bolsas negras en una maleta y salió de la cocina.

De estos hechos fue informada Janneth Cañaveral, de la oficina de bienestar universitario, con quien averiguaron en las porterías de la sede si habían visto personas saliendo de la universidad con las bolsas, y en ese momento solo supieron que a las señoras Nancy y María Eugenia las habían visto escondidas tras una matera luego de salir de la cocina. Y agregó la quejosa que no supo nada más, pues se fue a su oficina a trabajar. En la ampliación había relatado lo siguiente:

«Cuando mi sorpresa fue que yo lo vi que se agachó y corrió unos guacales plásticos en que traen la fruta y sacó unas bolsas negras delante de mí y las metió en el morral de él, entonces yo por supuesto le dije: Juan Carlos, eso era lo que yo le iba a contar, yo no sabía que usted estaba enterado de eso, entonces yo le dije déjeme ver lo que lleva ahí, y él me contestó: no, no le voy a mostrar y haga lo que quiera, se regó, lo único que le faltó era que me pegara. Y alegando y alegando, se hechó (Sic) el morral a la espalda y salió del sitio donde estábamos.».

Citada a rendir testimonio dentro de la investigación, con la presencia de los tres investigados y su abogado defensor, quien interrogó, Luz Marina Rodríguez Rodríguez hizo el relato de los mismos hechos y agregó que ese día la señora Janeth Cañaveral fue la que mandó contar la carne que quedó en la ponchera y tomó nota de la cantidad encontrada.

La señora Mireya Robayo Flores compareció a declarar afirmando que su labor es de supernumeraria en oficios varios y dijo que el día de los hechos estaba lavando unas ollas frente al cuarto donde se guardan las cosas de la cocina, cuando vio a Nancy y a María Eugenia que estaban dentro del cuarto donde se guardan alimentos, la primera empacando carne de las poncheras en unas bolsas negras, mientras la compañera estaba al pie de la puerta como mirando quién venía. Que al momento llegó la señora Esperanza, la secretaria del restaurante, a quien le dijo que cuando fuera a pasar para su oficina, mirara lo que las compañeras estaban haciendo ahí, luego de lo cual le contaron a la señora Luz Marina. Igualmente relata el altercado que se presentó entre Luz Marina y Juan Carlos, a propósito de las averiguaciones que aquella estaba haciendo, como quedó consignado en la queja presentada.

Nelva Esperanza Romo Guevara, por su parte, declaró que era la secretaria del área de la cafetería de la universidad, que el día de los hechos pasaba por la cocina cuando la señora Mireya Robayo estaba lavando y la llamó a contarle que María Eugenia y Nancy estaban metiendo carne entre unas bolsas negras, y que al dirigirse al cuarto donde se guarda, estaba María Eugenia parada en la puerta mirando hacia la cocina y Nancy estaba dentro cerca del mesón, que no vio las bolsas pero que ante la situación que le pareció rara, fue a donde la señora Luz Marina y le contó lo que estaba ocurriendo. Concluyó narrando que a continuación escuchó el alegato entre Juan Carlos y luz Marina, con los detalles que coinciden con los que esta última contó en su versión sobre los hechos, y que estuvo al tanto de localizar a Patricia Quesada y a Jorge García, jefes suyos, pero que no los localizó en ese instante, por lo que les dejó mensaje con Juan Carlos Ortega.

Janneth Cañaveral Murcia, quien dijo ser contratista de control de calidad de la universidad, manifestó que el día de los hechos estaba en la oficina de bienestar universitario con la jefa, cuando fue llamada por teléfono para que fuera con urgencia al restaurante, bajando las dos inmediatamente; al llegar a la cocina encontraron a Luz Marina y Juan Carlos discutiendo, a lo que Luz Marina les contó que Juan Carlos había sacado unas bolsas con la carne que quedaba para la comida de un cuarto de almacenamiento, pero este decía que había salido antes pero que se había devuelto para recoger su uniforme de dotación, abriendo el maletín y mostrándolo a las dos. Agregó que en ese momento una operaria la llevó a donde María Eugenia y Nancy se encontraban escondidas detrás de unas materas en la parte exterior del restaurante. Inmediatamente pidió las llaves para abrir el restaurante para entrar con ellas, pero ya se habían ido. Relata que fue a la portería de la calle 72 y allí le dijeron que las señoras María Eugenia y Nancy ya habían salido.

Añadió que luego regresó a la cocina y tuvo una conversación con Juan Carlos, quien no había salido de trabajar a pesar de que ya eran las cinco de la tarde, siendo que termina la jornada a las cuatro, y luego de solicitarle y recibir explicaciones sobre el por qué guardaba ropa en el cuarto de comida y no en el vestier, contó que cuando María Eugenia y Nancy estaban saliendo de la universidad, Juan Carlos salió con ellas y que al cabo de un rato lo vieron regresar a la cocina.

Informó igualmente que esa misma tarde hizo contar las porciones de carne que había en la ponchera y las confrontó con las aproximadamente 260 libras que había dejado esa mañana el señor encargado, Jaime Miranda, con quien se comunicó por teléfono, dejando registrado el resultado en el informe escrito que rindió al cierre mensual, una vez descontadas las porciones consumidas en el almuerzo del día, para finalizar diciendo que una de las personas que vio salir a María Eugenia y Nancy la tarde de los hechos fue Sandra Torres.

Declaró asimismo Patricia Quesada de la Cruz, Jefa de la División de Bienestar Universitario de la universidad, quien relata que el día de los hechos fue llamada por Luz Marina Rodríguez para que se presentara urgentemente en el restaurante, por lo que acudió a la cocina y encontró Juan Carlos Vargas discutiendo con aquella, porque lo había descubierto sacando una carne de la cocina. Estando los tres, Luz Marina le dijo que había encontrado tres bolsas negras en las que se envuelve la carne en el cuarto, escondidas donde se guardan las ollas, agregando los detalles sobre la discusión entre ellos porque Luz Marina no se retiraba del lugar, y añadió que la misma Luz Marina le dijo en ese momento que Juan Carlos había metido las bolsas en su maletín y que al solicitarle que mostrara que llevaba guardado en él, se negó a dejarle ver, diciendo que ella no tenía derecho a examinar sus elementos, procediendo a salir del lugar. A continuación, afirmó que al cabo de diez minutos de ausencia, el señor Juan Carlos volvió a la cocina y en ese momento decidió mostrarle el maletín a Luz Marina, en el cual solamente estaban sus delantales, diciéndole que lo hacía como prueba de que él no había sacado nada.

La señora Sandra Patricia Torres, quien se desempeñaba como operaria del restaurante, afirmó que el día de los hechos se encontraba en compañía de otras compañeras limpiando las mesas del restaurante, cuando llegó la doctora Janneth y les preguntó que si la tarde del viernes 15 de octubre de 2004 había visto salir a María Eugenia Urrego y Nancy Araujo, respondiendo que sí salieron con un talego pero que no lo vio abierto, que era como de cremallera con muñequitos y manija, más o menos grande.

El 26 de septiembre de 2005, la abogada comisionada solicitó a la jefa de la división de Bienestar Universitario la entrega de la información acerca del manejo de los inventarios de comida el 15 de octubre de 2004 y los servidores de turno, que fue respondido con el oficio DBU-440 de 30 de septiembre de 2005, en el que reportó lo siguiente:

«La cantidad de carne sustraída y su valor económico han sido calculados teniendo como base el informe de la supervisora de turno de la tarde y la orden de suministro No. 54 (14-septiembre 2004) de la siguiente manera:

1.950 porciones cortadas menos 1.095 suministradas = 855 porciones
855 porciones menos 200 porciones servicio de cafetería = 655 porciones
655 porciones sobrantes menos 412 cortadas para la comida = 243 porciones
243 porciones multiplicadas por 80 gramos = 19.440 gramos de carne
19.440 gramos / 500 gramos = 38.88 libras de carne
38.88 libras por $3.975 (valor libra de carne) = Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho ($154.548) pesos.
En el área de la cocina durante el segundo semestre de 2004 el horario de trabajo de lunes a viernes, de los siguientes funcionarios fue distribuido como aparece a continuación:

MARÍA EUGENIA URREGO de 7:00 AM a 3:00 PM
NANCY ARAUJO BAJONERO de 8:00 AM a 4:00 PM
JUAN CARLOS VARGAS de 7:00 AM a 3:00 PM

Para el señor arriba citado se autorizó trabajo extra de dos horas diarias como consta en la planilla adjunta.». (Negrilla del texto).

En el mismo oficio se informa que se tuvo en cuenta la factura de compra de productos cárnicos al establecimiento La Suiza, de 14 de octubre de 2004, con el número 036364, visible a folio 440, por $1.422.500. En ella aparece una nota final que advierte que la factura tiene fecha 14 de octubre de 2004 porque toda la carne se recibe un día antes de su consumo en restaurante. Igualmente, que existe la orden de suministro de 14 de septiembre de 2004, para entrega diaria de productos al establecimiento La Suiza, que se adjuntó al expediente como se observa a folio 455.

El escrito de descargos.

A folio 400 se aprecia el escrito con el que la señora Nancy Yadira Araujo Bajonero ofreció descargos, en un folio, con el que se limitó a afirmar que se declaraba inocente de la comisión de un delito y de una falta disciplinaria, y que se oponía a “los cargos y a los hechos planteados en las acusaciones de la señora Luz Marina”, luego de lo cual afirmó que no es cierto que hubiera hurtado carne o sustraído alimentos de la Universidad, “ya que jamás se me ha encontrado en tal situación o me han encontrado alimentos o cualquier cosa propiedad de la universidad en mis manos, fuera de la labor diaria que realizaba en la cocina, de preparar los alimentos para los trabajadores y estudiantes”, siendo estas afirmaciones las únicas que contiene el documento mencionado.

Análisis de la Sala.

Se estima que con lo anterior está probado que María Eugenia Urrego, Nancy Araujo Bajonero y Juan Carlos Vargas, eran servidores de la Universidad pedagógica Nacional, en su sede de la Calle 72 en la ciudad de Bogotá para el día 14 de octubre de 2004; así mismo, que ese día tenían asignado el turno correspondiente y que prestaron el servicio estando presentes en las instalaciones de la misma en las horas de la tarde, alrededor de las 4:00 p.m. en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la investigación, como lo reconocieron ellos mismos y lo afirmaron Luz Marina Ramírez Tovar, Esperanza Romo, Janneth Cañaveral y Mireya Robayo, entre otras personas, según las declaraciones rendidas dentro del plenario, como se acaba de registrar.

Igualmente, se acreditó la propiedad de la carne en cabeza de la Universidad Pedagógica Nacional, y su existencia en la cocina y el cuarto contiguo en que se guardaba, en calidades y cantidades resultantes del movimiento aplicado al suministro y conservación de la misma, bajo la custodia y manejo de las personas encargadas, es decir, María Eugenia, Nancy Yadira y Juan Carlos, quienes tenían acceso autorizado al lugar de conservación y disponibilidad de uso para la preparación de alimentos con destino a la cafetería de la Universidad por razón de sus funciones.

Aparece vertido en el expediente que el 15 de octubre de 2004, la señora Luz Marina Rodríguez Rodríguez, en su condición de supervisora encargada del turno de la tarde en la sede de la universidad en Bogotá, informó que había encontrado a las señoras Nancy Yadira Araujo Bajonero y María Eugenia Urrego sacando carne de una ponchera situada en la cocina y guardándola en unas bolsas negras que pusieron encima de un mesón y que, una vez que aquellas salieron de la cocina, observó que las bolsas negras habían sido puestas en la canasta plástica en que se acomoda el mercado, por lo cual, al salir, puso candado en la puerta pues le pareció extraña dicha situación. Al inquirir por lo que estaba ocurriendo al señor Juan Carlos Vargas, jefe de cocina, recibió una respuesta evasiva, altiva y grosera, desconociéndole toda autoridad para hacerlo diciendo que ella no era quién para controlarlo sino su que era jefe inmediato, la señora Janeth Cañaveral, y le agregó que hiciera lo que quisiera; en conclusión, no explicó lo que se le preguntó y, delante de ella, empacó las bolsas negras en una maleta y salió de la cocina. Estos hechos fueron corroborados por Patricia Quesada de la Cruz, quien los presenció, ya que acudió al sitio de la cocina por solicitud de Luz Marina, como se lee en las declaraciones de las dos.

Reafirma lo anterior la declarante Mireya Robayo Flores, de servicios varios, al decir que el día de los hechos se encontraba lavando unas ollas frente al cuarto de víveres, cuando vio a Nancy y María Eugenia empacando carne de las poncheras en unas bolsas negras, la primera dentro del cuarto en que se guardan los alimentos y la segunda en la puerta, como vigilante mirando a ver quién venía.

En igual sentido, por la declaración de Nelva Esperanza Romo Guevara, secretaria del área de la cafetería, se da cuenta que el día de los hechos pasaba por la cocina y fue llamada por Mireya Robayo, quien le informó que Nancy y María Eugenia ese encontraban en la cocina sacando carne de las poncheras y empacándola en unas bolsas negras, y que al mirar al sitio, María Eugenia estaba parada en la puerta del cuarto de víveres mirando hacia la cocina y Nancy Yadira estaba dentro, parada frente al mesón. Y dijo que al ver lo que estaba ocurriendo, inmediatamente se dirigió a donde Luz Marina a contarle lo sucedido.

Por su parte, Patricia Quesada de la Cruz, jefa de la División de Bienestar Universitario, afirmó que bajó al lugar de la cocina aquel 15 de octubre de 2004, al ser llamada con urgencia por Luz Marina, quien requirió su presencia en forma urgente. Y contó que al llegar al sitio en compañía de Janneth Cañaveral, encontraron a Luz Marina y a Juan Carlos discutiendo en la forma antes detallada en el presente acápite y, ya estando los tres, Luz Marina le contó lo relacionado con el empaque de la carne en las bolsas negras.

Janneth Cañaveral Murcia, contratista de control de calidad de la universidad, el día de los hechos bajó de la oficina con Patricia Quesada de la Cruz hacia la cocina, en vista de que aquella fue llamada con urgencia, y al llegar observaron a Juan Carlos reclamando a Luz Marina por averiguarle qué hacía empacando carne de las poncheras, en forma muy fuerte, por lo que ya estando ahí, Luz Marina les contó que Juan Carlos había sacado unas bolsas con la carne que quedaba para la comida del cuarto de almacenamiento.

A los acontecimientos anteriores se añade que se halla probado que luego de cerrar el candado del cuarto de acopio de la carne, Luz Marina esperó en la cocina y observó que María Eugenia y Nancy se hicieron una seña y salieron hacia el vestier; igualmente, que en ese mismo momento, al acercarse Juan Carlos a la puerta y observar que tenía candado, le pidió las llaves que ella no le entregó sino que lo abrió y esperó a mirar qué hacía él, que guardó unos petos en el maletín gritándole que por qué no se iba y lo dejaba de vigilar, guardando simultáneamente las bolsas negras en su maleta. Ese mismo momento fue el del altercado ya mencionado entre los dos, a continuación de lo cual le dijo que hiciera lo que quisiera y salió de la cocina.

Estos relatos resultan coincidentes en cuanto prueban el hecho del empaque de la carne en unas bolsas dentro del cuarto de existencias con la participación de Nancy Yadira Araujo Bajonero, María Eugenia Urrego Castillo y Juan Carlos Vargas Wilches, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que actuaron, cada uno ejerciendo una actividad dirigida al apoderamiento de la carne sustraída del cuarto de alimentos para consumo de la cafetería de la Universidad; de la misma manera, la forma subrepticia en que actuaron los tres, y el hecho de que Juan Carlos Vargas Wilches tomó la carne del cuarto, la empacó, la guardó en su maletín en compañía de Nancy Yadira Araujo Bajonero que se encontraba dentro con él, y salió de la zona de la cocina de la Institución cubierto por la actitud vigilante de María Eugenia Urrego Castillo.

En cuanto a lo ocurrido con las bolsas negras luego de que Juan Carlos Vargas Wilches salió de la cocina, se tiene que las versiones testimoniales recaudadas también coinciden en afirmar que, como lo dijo Luz Marina Rodríguez Rodríguez en su ampliación, luego del altercado se fue alegando, se echó el morral a la espalda y salió.

Sandra Patricia Torres afirmó que la tarde de los hechos estaba con otras compañeras limpiando las mesas de la cafetería, vio salir del lugar a Nancy y a María Eugenia con un talego más o menos grande, como de muñequitos, con cremallera y manija, pero que no lo vio abierto.

Por su parte, Janneth Cañaveral Murcia, coincide con esta versión, al afirmar que en la discusión sostenida entre Luz Marina y Juan Carlos, éste dijo que había salido antes pero que se había devuelto a recoger el uniforme de dotación, y que abrió el maletín y se lo mostró a las dos, como muestra de que no tenía las bolsas negras en su poder. Pero reiteró que había salido con Nancy Yadira y maría Eugenia, porque salieron los tres, y que al cabo de un rato vieron a Juan Carlos regresar a la cocina.

En el mismo sentido, Patricia Quesada de la Cruz relata que luego del altercado con Luz Marina, Juan Carlos se negó a mostrarle el maletín diciendo que ella no tenía derecho a revisarlo, procediendo a salir del lugar, pero que como al cabo de diez minutos regresó a la cocina, le mostró el maletín a Luz Marina, en el cual solo tenía los delantales, y le insistió en que lo hacía como prueba de que él no había sacado nada.

También hay evidencia de que luego de que Luz Marina Rodríguez Rodríguez relató lo sucedido a Janneth Cañaveral, empleada de la Oficina de Bienestar Universitario, las dos fueron a las porterías de la Universidad a averiguar con el personal de vigilancia de la sede si habían visto personas saliendo de la universidad con las bolsas, y en ese momento solo supieron que a las señoras Nancy y María Eugenia las habían visto escondidas tras una matera luego de salir de la cocina, tal como se afirma tanto en la versión de la queja como en su declaración, así como en la que fue rendida por Janneth Cañaveral, la supervisora de calidad.

Estos dichos hacen ver que estas personas vieron salir de la zona de la cocina a Juan Carlos en compañía de Nancy y María Eugenia, y que éstas últimas salieron de las instalaciones de la Universidad con un maletín que no permitieron revisar, y que regresaron al cabo de un lapso de aproximadamente diez minutos a su lugar de trabajo, después de que lo había hecho Juan Carlos, quien regresó primero.

Lo anterior no ofrece duda en cuanto a que las bolsas negras en que Juan Carlos empacó la carne en compañía de Nancy Yadira y María Eugenia, fueron sacadas por ellos del área de ubicación de la cocina y la cafetería en un maletín o morral que portaba la última de las nombradas y que, si bien la carne no fue vista físicamente al momento de la salida de aquellas, sí se puede concluir que eran las mismas bolsas negras en que la había empacado Juan Carlos según los hechos antecedentes.

De lo anterior la Sala tiene por demostrado que la cantidad de carne faltante, según el informe ya consignado en esta providencia, salió a la calle en poder de Nancy Yadira y María Eugenia en las bolsas negras que les entregó Juan Carlos entre el maletín que él mismo empacó y alistó, a pesar de que ningún testigo afirma haber visto físicamente la carne en el momento de la salida, situación bien difícil de presentarse en la vida real, pues no es normal que los víveres, bienes, útiles, mercancías o implementos sean literalmente “desnudados” para exhibirlos en la portería de una institución, sea legal o ilegal el procedimiento de salida, luego no era de esperarse, como no lo es en la vida habitual, que las bolsas hubieran sido destapadas para que no quedara duda de que en su interior había carne en canal, debidamente porcionada y empacada como lo estaba en el cuarto de conservación.

Ahora bien; lo cierto y probado es que la carne que empacó y entrego Juan Carlos se extravió, pues no apareció, habiéndose perdido para la Universidad, su propietaria, por lo que la falta de prueba sobre la salida física de la carne no impide que se llegue a la conclusión aquí consignada, pues la pérdida consiste en que salió de su esfera de control y dominio, configurando una pérdida material o económica para ella. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la carne faltante fue empacada en el sitio de la sustracción en el maletín que portaba Juan Carlos y que, según lo indican las pruebas, salió en el maletín que portaban María Eugenia y Nancy Yadira, al parecer cubierta por la ropa que asomaba del mismo porque la exhibía, haciéndola visible a los empleados de la vigilancia en la portería de la Universidad, si se tiene en cuenta que el faltante certificado fue de 38.88 libras.

Teniendo en cuenta lo probado en el expediente disciplinario y de conformidad con las anteriores consideraciones, esta Corporación estima que se encuentra frente de la plena prueba de la prexistencia, propiedad y sustracción de bienes de la Universidad Pedagógica Nacional, cuya ejecución constituye falta disciplinaria objetivamente demostrada, por lo que los actos acusados se ajustan a la normatividad vigente, por lo que no acoge el motivo de nulidad invocado por la demandante, para quien, según la demanda, la demostración de su falta es producto de unos testimonios “amañados”.

A este propósito, la Sala destaca que los testigos que depusieron en el proceso disciplinario no le ofrecen motivo de sospecha, ni se aprecian parcializados o predispuestos, que sus versiones son objetivas, coincidentes y verosímiles, y que no se encuentran en contradicción con lo probado con otros medios, así como que contienen la razón de la ciencia de sus dichos, pues cada declarante expuso en su declaración lo que sabía, por qué lo sabía y cómo lo sabía o se había enterado de lo relatado.

El procedimiento surtido.

En esta providencia ya se consignó el examen y la conclusión referidas a la apertura, trámite y definición de la fase de indagación preliminar, que se desarrolló con sujeción a los mandatos legales y jurisprudenciales pertinentes; así mismo, a la competencia y la legalidad de la resolución de adelantar el trámite verbal del procedimiento, y la sujeción del auto de apertura de la investigación a las normas legales que imponen los requisitos necesarios para su validez. Se procederá entonces al examen del trámite dado a la actuación subsiguiente.

La señora Nancy Yadira Araujo Bajonero fue vinculada a la investigación disciplinaria con el auto de evaluación de la indagación preliminar, citándola a audiencia dentro del trámite verbal adoptado por el mismo, para el 18 de octubre de 2005 a las 9:00 A.M., que le fue notificado personalmente según aparece su firma en el texto, el 23 de septiembre de 2005. La Sala recuerda que la demandante ya había presentado su escrito de descargos, como se dijo en esta providencia, el 18 de octubre de 2005.

La demandante asistió a la audiencia mencionada en compañía del abogado que constituyó como su apoderado, a quien se le reconoció la personería; se incorporó el acta contentiva de su versión libre y se decretaron pruebas, previa interposición y resolución del recurso de reposición que interpuso el abogado defensor. La audiencia se suspendió, y por auto notificado en estrados, se citó a las partes para su continuación el 25 de octubre siguiente a las 10:00 A.M. El acta aparece firmada por todos los intervinientes.

La señora Araujo Bajonero, por medio de su defensor, solicitó una nulidad de lo actuado, como ha quedado explicado en esta providencia, que fue resuelto con auto del 25 de octubre de 2005 en audiencia; como fue recurrido en reposición, el recurso fue desatado dentro de la misma, confirmando la decisión que negó la nulidad pedida. A continuación, se recibieron las declaraciones faltantes, de Luz Marina Rodríguez Rodríguez y Mireya Robayo, vertidas en las actas ya citadas en esta providencia. A la diligencia asistió la señora Araujo Bajonero.

Los días 26 de octubre y 10 de noviembre de 2005, declararon los testigos restantes, como quedó registrado, con la presencia y actuación del abogado defensor, quedando las actas respectivas incorporadas al expediente. Igualmente, al expediente se incorporó la prueba documental decretada, relacionada con los inventarios y movimientos de carne para el día 15 de octubre de 2004, como ya se anotó en esta providencia.

Con la decisión que obra a folios 475 a 494 y dentro de la audiencia practicada con tal fin y con la asistencia del abogado defensor, se sancionó disciplinariamente a la señora Nancy Yadira Araujo Bajonero con destitución e inhabilidad permanente. Como puede verse a folios 24 a 26 de la presente providencia, la Sala ya analizó el cumplimiento de los requisitos del acto de sanción disciplinaria, conforme los establece el artículo 170 del CDU.

El defensor de la demandante interpuso en tiempo recurso de apelación contra el acto de sanción antes mencionado; en él sostuvo que según los testimonios recibidos y la prueba documental recaudada no se acreditó la existencia de la carne ni la sustracción por parte de Nancy Araujo, por lo que las conclusiones son solo una conjetura de la entidad. Hizo una presentación teórica sobre la prueba de indicios, y concluyó que los que tuvo en cuenta el acto demandado no permiten dar por demostrada la realización de la falta atribuida a su poderdante.

El recurso de apelación fue resuelto por el rector de la Universidad Pedagógica Nacional con providencia de 17 de marzo de 2006. En ella consignó la información relativa a la identidad de la disciplinada, su condición de servidora en la Universidad, todos los antecedentes fácticos que dieron lugar a la investigación, la presentación de los cargos, los descargos, el fallo de primera instancia y el recurso de apelación.

Pasó luego a las consideraciones, y en dicho aparte se ocupó de valorar los aspectos y razones planteadas como objeto del recurso a resolver, por lo que concluyó que se circunscribían a la prueba de los hechos constitutivos de la conducta establecida como falta disciplinaria por la ley.

Examinó toda la prueba obrante en el expediente, haciendo énfasis en la crítica de los testimonios recaudados y en la acreditación de los hechos narrados por los deponentes que coincidieron no solo en los básicos sino en las circunstancias que rodearon su ocurrencia. Igualmente estimó probada con documentos la existencia de la carne, la disposición de parte de ella para uso de la Universidad, el faltante establecido y las circunstancias relativas a la hora en que ocurrieron los hechos aquel 15 de octubre de 2004.

Del acto anterior se libró oficio al abogado defensor para surtir con él la notificación personal; como no acudió a recibirla, se hizo la notificación por estado del 30 de marzo de 2006.

En conclusión, la Sala considera que la investigación disciplinaria –en sus dos fases- se adelantó por las autoridades efectivamente competentes según lo dispuesto por los artículos 2 y 3 del CDU, con intervención del disciplinado, decreto y práctica de pruebas, auto de cierre, previo a la decisión de apertura formal de la investigación, en la que se formuló el pliego de cargos con los requisitos legales establecidos por el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, debidamente notificado y utilizado por la señora Araujo Bajonero. Se decretaron las pruebas pedidas, se decretaron otras oficiosamente y se practicaron las que lo requerían, así como fueron valoradas por el fallo sancionatorio en primera instancia, previa concesión del traslado para alegar que utilizó el disciplinado presentando el escrito respectivo.

El fallo fue apelado en tiempo; avocado el conocimiento en segunda instancia, se profirió el fallo confirmatorio del apelado, concluyendo así el trámite de las etapas correspondientes al previsto en la misma ley.

Por otra parte, la Sala ha verificado que todas las providencias interlocutorias fueron debidamente notificadas, y que el disciplinado lo fue en forma personal. Así mismo, que este intervino en todo el trámite del proceso en las dos instancias, directamente o representado por su defensor, formulando peticiones, solicitando y obteniendo copias, asistiendo a las diligencias, presentando alegatos e interponiendo recursos, sin que, además, se haya configurado una de las causales de nulidad a que se refiere el artículo 143 de la Ley 734 de 2002. Los fallos de primera y segunda instancias cumplen los requisitos establecidos en el artículo 170 de la misma ley, y se encuentran debidamente sustentados legal, doctrinaria y jurisprudencialmente.

En cuanto al deber de evaluar la tipicidad, la culpabilidad, la punibilidad y la ilicitud sustancial exigidas en materia disciplinaria, se tiene lo siguiente:

En cuanto a la tipicidad, quedó demostrado en el proceso, como se consignó en el registro probatorio de los considerandos en esta providencia, que tanto los actos administrativos sancionatorios demandados como la sentencia de primera instancia, realizaron la adecuación típica de la conducta endilgada al disciplinado, consistente en realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito, como lo establece el artículo 48 numeral 1 del CDU, con la plena descripción de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se realizaron los hechos constitutivos de la falta y su respectiva prueba, y realizaron el análisis jurídico fáctico que explicó y justificó dicha adecuación.

En el acto sancionatorio de primera instancia se sostuvo:

«También se determinó que, los actos por los cuales se formuló la imputación disciplinaria a los tres procesados son constitutivos de falta discip0linaria gravísima, según determina el artículo 48 numeral 1 del C.DS.U., pues esas conductas están descritas en la ley penal como delito. También se dijo que obraron con dolo, es decir con conciencia de la antijuridicidad de su conducta, porque todos sabían de antemano que la UPN era legítima propietaria de la carne, que la compró para el restaurante universitario, que no tenían derecho a disponer ni a apropiarse del producto sin infringir la ley y, aun así dirigieron su voluntad y su actividad al desarrollo y consumación de la conducta, para lo cual intentaron infructuosamente eludir la mirada vigilante de la supervisora y de otros funcionarios que se dieron cuenta de los hechos.».

Ahora bien: Según la jurisprudencia, la falta disciplinaria será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, por la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas, pues siempre supone la existencia de un deber cuyo incumplimiento o desconocimiento desencadena la potestad sancionadora del Estado y, teniendo en cuenta que el régimen disciplinario propende por la protección de la correcta marcha de la administración pública, es necesario garantizar de manera efectiva la observancia rigurosa de los deberes de servicio asignados a los funcionarios mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento, por lo que la intención, la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas, para el caso, los deberes de correcta prestación del servicio para el cual estaba vinculada la señora Araujo Bajonero como auxiliar en la cocina de la cafetería de la sede de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá.

Respecto del análisis de la culpabilidad, a folios 483 a 485 y 511 y 512 del expediente disciplinario, se constata que tanto la Oficina de Control Disciplinario Interno como la Rectoría de la Universidad, en sus decisiones sancionatorias de 22 de diciembre de 2005 y de 17 de marzo de 2006, respectivamente, efectuaron la valoración de la conducta sancionada en la categoría de culposa gravísima, con la exposición de los razonamientos necesarios para obtener la conclusión que se aprecia en las mismas. La Sala considera que efectivamente la conducta sancionada se ejecutó con un alto grado de intencionalidad, pues la disciplinada tenía el deber de conocer que los bienes objeto del apoderamiento pertenecían a la Universidad como su empleadora y, no obstante, en su defensa solo alegó que era inocente y que a ella no le habían encontrado la carne en su poder, como ha quedado expuesto en la presente providencia.

Igualmente, respecto de la punibilidad, en los actos sancionatorios se consignaron las consideraciones relativas a la sanción que corresponde a la falta gravísima, como se calificó la de Nancy Yaneth Araujo Bajonero, dosificando la sanción correspondiente, como se observa a folios 493 y 494. La Sala encuentra cumplido el deber de motivación en este aspecto frente a los actos demandados, pues allí se expresaron las razones por las cuales la sanción a imponer debía ser la de destitución con inhabilidad permanente, al consignar que:

«Para tasar la sanción hay que tener en cuenta que los tres funcionarios juzgados cometieron la ilicitud bajo la vigencia de la Ley 734/02.

En este momento para los efectos de tasar la sanción habrá de tenerse en cuenta que resultó probado que cometieron falta gravísima con dolo por apropiarse ilegalmente de bienes de la Universidad, que son de origen público.

El actual CDU, en el art. 44 determina sanción de destitución para las faltas gravísimas dolosas y el 46 inciso 1°, ordena que cuando se ha afectado el patrimonio del estado, como en el presente caso, la sanción accesoria es inhabilidad permanente.».

Sobre la ilicitud sustancial, la Sala agrega a todo lo anterior, que es entendida como el incumplimiento de los deberes que imponen las funciones asignadas por el ordenamiento al servidor, como lo ha reiterado la jurisprudencia:

«Si bien la ilicitud sustancial (art. 4º) entendida como exigencia de potencialidad lesiva de la conducta respecto del deber funcional, no puede ser restringida al estrecho marco de las específicas funciones derivadas de la misión concreta o del servicio específico, que se desempeñe en un momento determinado, sí requiere ser establecida en cada situación concreta para la determinación del injusto disciplinario.” (Negrillas de la Sala).

Estima la Sala, que el principio de ilicitud sustancial debe estar encaminado a la valoración de antijuridicidad de la conducta disciplinaria, con el propósito de establecer si el comportamiento del servidor público corresponde a los deberes que la constitución y la ley le han impuesto en razón a la naturaleza de su cargo, y así determinar si su desempeño es consonante con el deber funcional y con los fines del Estado.». (Cursiva del texto).

Al cargo de empleada de aplicada a la ejecución de servicios generales en la cocina de la cafetería de la Universidad, como los prestaba la demandante, le era inherente la actividad dirigida a la recepción, custodia, manejo o manipulación y disposición para el consumo interno de la carne guardada en el cuarto contiguo a la cocina de la cafetería; por consiguiente, los actos propios del apoderamiento subrepticio con fines de sustracción de la misma constituyen un grave incumplimiento de sus deberes funcionales y un agravio al patrimonio público que, a propósito, por alto o bajo que sea, ni la justifica ni la exime de la sujeción debida a tales deberes impuestos por las necesidades del buen servicio y por la ley. Y así como la Sala lo aprecia en el expediente, lo tuvo en cuenta la entidad demandada al consignar en sus decisiones de sanción la evaluación sobre la afectación del servicio producida con las conductas investigadas y sancionadas.

Dicho análisis de la conducta investigada se aprecia a folio 487 y 488, dentro del contexto del conjunto de deberes que impone el ejercicio de la función pública. En el de primera instancia, por ejemplo, se concluyó que no cabía duda de la ilicitud de la conducta, “pues la ley determina que el servidor que por acción u omisión *afecte o ponga en peligro* el correcto ejercicio de la función pública, con culpa o con dolo merece ser procesado y sancionado disciplinariamente…”.

Como se dijo en acápite anterior, la falta disciplinaria será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, por la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas por lo que la intención con que actuó la demandante en el apoderamiento de bienes de la Institución debe ser sancionado en cuanto implican la vulneración de los deberes funcionales impuestos a quienes cumplen funciones públicas, como en el presente caso en la actividad de manejo de tales bienes, como se evidenció con el comportamiento censurado a Nancy Yadira Araujo Bajonero.

Conclusión: La Sala concluye que, efectuado el examen integral del trámite del proceso disciplinario seguido contra la demandante, en sus dos instancias, teniendo en cuenta su motivación, como quedó dicho, no existe violación de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y presunción de inocencia de la señora Nancy Yadira Araujo Bajonero; en consecuencia, se respetó su derecho fundamental al debido proceso.

Por lo anterior, se desestima el cargo en estudio.

La falsa motivación y la desviación de poder.

Contra los actos demandados, la actora invocó el vicio de falsa motivación, que sustentó con los mismos argumentos que presentó contra la legalidad de la sanción, es decir, en la falta e indebida apreciación de las pruebas recaudadas en la investigación disciplinaria sobre la realización de la conducta, por lo que, fuera de que tal relación es impertinente, su situación probatoria ha quedado examinada en esta providencia al valorar los otros cargos formulados, razón por la cual para la Sala resulta inoficioso reiterarlos.

En cuanto a la supuesta desviación de poder, en la demanda se afirmó que desde el comienzo de la vinculación de la demandante con la Universidad, se conoció la intención de sancionarla de manera grave e injusta, por el hecho de haber ingresado al servicio como resultado de un acuerdo entre el sindicato de trabajadores y las directivas de la Universidad sin mediar un proceso selectivo, por lo que desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos, los directivos tenían la intención de sancionarla en la forma como lo hicieron.

A propósito, basta con decir que de tales hechos no hay ninguna prueba, ni siquiera indiciaria, de la realización de actos de supuesta persecución, predisposición, animadversión o antipatía hacia la demandante por parte de servidores o directivos de la Universidad, por lo que resultan irrazonables y contraevidentes tales afirmaciones, dado que en el proceso disciplinario se probaron fehacientemente los hechos constitutivos de una falta disciplinaria como se encuentra prevista en el CDU, así como los elementos estructurales de la responsabilidad disciplinaria.

Por tanto, este cargo será desestimado.

Análisis de la antijuridicidad de la conducta.

Tiene establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado que, en materia disciplinaria, el juicio de antijuridicidad o lesividad de una determinada falta disciplinaria es realizado en forma principal por el legislador al momento de su tipificación. La Corte Constitucional ha explicado en el mismo sentido que la valoración de la lesividad de las conductas que se han consagrado como faltas disciplinarias frente al servicio público es una tarea que compete al legislador, quien ha de realizar tal apreciación al momento de establecer los tipos disciplinarios en la ley; en tal medida, no compete a la autoridad disciplinaria que aplica la ley efectuar un juicio de antijuridicidad material o lesividad de las conductas reprochadas –juicio que ya ha sido realizado por el Legislador-, sino efectuar un juicio de antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la cual –se presume- genera de por sí un desmedro, legislativamente apreciado, sobre la función pública encomendada al servidor disciplinado. A este respecto dispone la sentencia C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil):

“Finalmente, sobre el principio de lesividad, habrá de señalarse que el mismo constituye junto con el principio de proporcionalidad, también una garantía del debido proceso en beneficio de los destinatarios de la ley disciplinaria, “en cuanto prevé que el quebrantamiento de la norma solo es reprochable cuando ésta ha sido concebida en función de preservar la eficacia y efectividad del servicio público”. Siguiendo la jurisprudencia constitucional, el citado principio hace las veces de regulador de la actividad legislativa, pues, sin consideración al régimen disciplinario de que se trate, el legislador solo se encuentra habilitado para elevar a la categoría de falta, aquellas conductas reprochables que guardan consonancia con las funciones asignadas a los servidores públicos o con las tareas encomendadas a ciertos particulares, y que afectan el cumplimiento de sus deberes o labores, siendo el desconocimiento de esos cometidos el único criterio de imputación o de formulación de responsabilidad que se debe tener en cuenta”.

Por lo tanto, en este punto concluye la Sala que se entiende, por mandato del Legislador, que el incumplimiento de uno de los deberes que pesan sobre los funcionarios públicos es en sí mismo, valga la redundancia, una violación del deber funcional, que configura por lo tanto el elemento de antijuridicidad o lesividad material de esta falta disciplinaria que se le achaca.

Razonabilidad y proporcionalidad de la sanción.

Dispone el artículo 44 numeral 1 del CDU que a la falta gravísima corresponde la sanción de destitución con inhabilidad general, que fue impuesta a la demandante con los actos acusados. Y el artículo 46 del mismo código, al establecer el límite de las sanciones, estableció que tal inhabilidad general será de diez a veinte años.

Aplicados tales conceptos al presente caso, la Sala encuentra que, si bien la defraudación al patrimonio público es desde todo punto de vista censurable por las implicaciones éticas, sociales e incluso penales que conlleva, y el equivocado mensaje que puede irradiar frente al deber general de cuidado por lo público en la sociedad, dada la entidad del detrimento patrimonial, por 38.88 libras a razón de $3.975 cada una, equivalente a ciento cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho ($154.548) pesos; así mismo, que la demandante no registra antecedentes ni fiscales ni disciplinarios, que no causó grave daño social, ni violó derechos fundamentales ni pertenecía a los niveles directivo o ejecutivo de la entidad, como lo contempla el artículo 47 del código mencionado, resulta razonable y proporcionado limitar la inhabilidad impuesta al término de diez años, como se establecerá en la parte resolutiva de esta providencia, declarando la nulidad de la expresión “inhabilidad permanente” contenida en los actos acusados. Establecerla de manera permanente e indefinida como lo hicieron los actos acusados, e incluso por el máximo permitido en la ley, resulta a todas luces excesiva por desproporcionada y extraña a lo razonablemente exigible.

Por las anteriores consideraciones, la Sala negará las pretensiones de la demanda, al no prosperar los cargos de nulidad invocados contra los actos administrativos demandados.

De la condena en costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código contencioso Administrativo, en procesos como el presente se podrá condenar en costas a la parte vencida, teniendo en cuenta la conducta asumida durante su trámite. Como la Sala no observa que la parte demandante o su apoderado hayan tenido un comportamiento evasivo, dilatorio o dirigido a entrabar el proceso, o hayan mostrado desinterés en el deber de colaboración con la administración de justicia, se abstendrá de imponer condena en costas en este proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: Declarar la nulidad de la expresión “e inhabilidad permanente” contenida en el artículo segundo de la resolución sin número de 22 de diciembre de 2005, con la que la jefa de la Oficina de Control Disciplinario de la Universidad Pedagógica Nacional declaró responsable disciplinariamente a la demandante, el cual quedará así:

SEGUNDO. Declarar disciplinariamente responsable a la servidora del estado NANCY YADIRA ARAUJO BAJONERO, con cédula de ciudadanía 35.479.647, en su calidad de aseadora vinculada a término indefinido, e imponerle la sanción principal de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda presentada por la señora Nancy Yadira Araujo Bajonero contra la Universidad Pedagógica Nacional, de conformidad con las consideraciones contenidas en esta providencia.

TERCERO: Sin costas, por lo expuesto.

Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
C. de E., Sección Segunda, auto de 4 de agosto de 2010. Expediente 2010-00163-00 (1203-10). En él se dijo: “…los actos administrativos del orden nacional relacionados con sanciones disciplinarias administrativas que impliquen retiro temporal o definitivo del servicio, esto es, destituciones y suspensiones en el ejercicio del cargo, con o sin cuantía serán de competencia del Consejo de Estado en única instancia”.
Folios 2 y 3.
Folios 4 a 7.
Folios 415 a 436.
Folios 734 a 749.
Folios 897 a 927.
Folio 901.
La sustentación aparece en folios 903 a 906.
A partir del folio 915.
Folio 692 y siguientes.
Folio 714 y siguientes.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de agosto de 2016, Actor: Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Radicación: 11001-03-25-000-2011-00316-00(SU).

Folios 7 y 182.
Folios 2 y 182.
Folios 79 a 82.
Folio 789 y siguientes.
DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Ed Temis, Bogotá, D. C., segunda reimpresión, 2017. Pp. 444.
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Vol. I. Cárdenas Editor y Distribuidor. México, D.F., 1989. Pp 468.
Folios 9 y 79 y siguientes en que obran los contratos.
Folio 789.
Corte Constitucional, sentencia C-948 de 2002.
Código Civil. Artículo 6. La sanción legal no es solo la pena sino también la recompensa: es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones.
Corte Constitucional, sentencias C-728 de 2001, C-175 de 2001 y C-036 de 2003.

Folio 319.
Folio 352 y siguientes.
Folios 405 a 407.
Folio 406.
Folios 414 a 416.
Folios 397 y 398.
Folio 62 expediente disciplinario.
Folios 475 a 494.
Folios 420 a 423. 25 de octubre de 2005.
Folios 422 y 423. 25 de octubre de 2005.
Folios 427 y 428. 26 de octubre de 2005.
Folios 429 a 432. 26 de octubre de 2005.
Folios 453 y 4564. 10 de noviembre de 2005.
Folios 457 y 458. 10 de noviembre de 2005.
Folios 356 y 373.
Folio 360.
Folio 400.
Folios 397 y 398.
Folios 405 a 416.
Folio 419.
Folios 421 a 432 y 453 y 454.
Folios 439 y 440, y 455.
Folios 496 a 500.
Folios 503 a 514.
Folios 515 a 517.
Folios 480 y 481.
Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002.
Corte Constitucional. Sentencia C-373 de 2002.
Procuraduría Delegada Para la Economía y la Hacienda Pública. Fallo disciplinario de 15 de febrero de 2005. Expediente 083-01792-200.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de agosto 23 de 2012. Demandante: Yesid Ballén Cárdenas contra la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Folio 403.
Folios 79 a 83.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 26 de marzo de 2014. Expediente 11001 03 25 000 2013 00117 00 (0263-13)). M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Sentencia ibídem.
Cfr. las Sentencias C-205 de 2003, C-252 de 2003, C-431 de 2004 y C-796 de 2004.

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