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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00485-00

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00485-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Rafael Hernán Daza Castañeda contra la Nación – Procuraduría General de la Nación. SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas. TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2012-00485-00

Consejero ponente: César Palomino Cortés

8 de julio de 2021

PODER PREFERENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA – Alcance / COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE PROCESO DISCIPLINARIO POR VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – Procedencia

La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación. Lo que significa que podrá iniciar la investigación, caso en el cual excluye la que podría comenzar, en este evento otros funcionarios; o podrá asumir la investigación que ya haya iniciado e igualmente, remitir las mismas. Fue precisamente en ejercicio de la función preferente que despliega la Procuraduría General de la Nación que, mediante auto de 15 de marzo de 2010, avocó de manera directa el conocimiento de la investigación 2010-878-222148 y resolvió adicionar el auto de apertura, en el sentido de delimitar los contratos sobre los cuales se cuestionaba su ejecución y de las conductas que podían eventualmente constituir falta disciplinaria. El día 15 de marzo de 2010, en ejercicio de las facultades y competencias otorgadas por el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política, y por el numeral 17 del artículo 7 del decreto ley 262 de 2000 en atención a la trascendencia de los hechos, la magnitud de los recursos públicos invertidos en las obras de fase III de Transmilenio, y el impacto social del proyecto, se avocó conocimiento de las presentes diligencias por parte de la Procuraduría General de la Nación. (…). No comparte la Sala, lo afirmado por el disciplinado referente a que la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para definir las controversias contractuales, en razón a que lo estudiado pertenece al régimen disciplinario, donde se analizan los contratos adicionales si estos fueron celebrados en oposición a los principios de transparencia, selección objetiva y desconocimiento de la función administrativa, situación diferente al objetivo de la acción contractual. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el control judicial integral de los actos administrativos de contenido disciplinario, ver: C. de E., Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicación: 1210-11, C.P.: William Hernández Gómez.

PROCESO DISCIPLINARIO / DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE – Objeto / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Se predica entre el pliego de cargos y el fallo disciplinario / VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO POR FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE LA DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE Y EL PLIEGO DE CARGOS – Inexistencia / DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE – No constituye medio de prueba

Según el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, ser oído en versión libre es un derecho que tiene el investigado, la finalidad de esta consiste en que el empleado público manifieste su inconformidad frente a la apertura de una indagación preliminar o ante una eventual acusación, relate su visión de los acontecimientos por los cuales se le investiga o bien, admita su responsabilidad a través de la confesión. Por tal razón, la versión libre no es un medio probatorio, y en contraste, es un instrumento de defensa del servidor público a través del cual puede ejercer la contradicción frente a la actuación disciplinaria adelantada en su contra. Al tener este carácter, no es obligatorio rendir la misma y al decidir hacerlo el disciplinado lo debe hacer libremente de apremios de juramento u otra coacción. De acuerdo con lo manifestado, el disciplinado puede hacer referencia en la versión libre a la visión que tiene de los acontecimientos investigados y de esta manera ejercer su defensa, lógicamente con fundamento en los hechos examinados. El principio de congruencia se depreca entre el pliego de cargos y el fallo disciplinario pues debe existir correspondencia en lo que respecta a la denominación jurídica que se atribuye al disciplinado, en garantía de los derechos de acceso a la investigación, rendir descargos, de igual manera la garantía del derecho de impugnación de las decisiones respecto de los cargos que se hubieran formulado, en el marco del derecho de defensa. Del análisis realizado se desprende que en la versión libre rendida por el disciplinado se hizo referencia a que la conducta atribuida fue la participación en la elaboración de las consideraciones y componentes técnicos, que justificaron la celebración de los contratos adicionales a los contratos de obra Nos 135 a 138 de 2007, lo que no impide que se indague respecto a otras circunstancias relacionadas con las deficiencias en los estudios y diseños previstos en los contratos de consultoría de la fase III de Transmilenio, lo que es transversal a la materia investigada. Por otro lado, se reitera que la versión libre no es un medio probatorio sino un instrumento de defensa del disciplinado, dentro de la cual puede hacer relación el investigado a lo que considere necesario para ejercer la misma, e incluso guardar silencio si así lo considera, por consiguiente, no se evidencia desconocimiento de sus derechos fundamentales.

PROCESO DISCIPLINARIO / PRUEBAS DE OFICIO POR PARTE DEL OPERADOR DISCIPLINARIO – No vulnera el principio in dubio pro disciplinado / PRINCIPIO IN DUBIO PRO DISCIPLINADO – Configuración

El ejercicio del poder oficioso para decretar pruebas no implica el desconocimiento del principio de aplicar la duda a favor del investigado, simplemente constituye una facultad del investigador para llegar a la verdad real del asunto, este principio se desconocería siempre y cuando una vez arrimadas la totalidad de las pruebas, valoradas en forma integral no se tenga la certeza de la responsabilidad del encartado, situación que no es la que se evidencia en el caso concreto.

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA POR VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL AL SUSTENTARSE EN PRECARIA FORMA LA ADICIÓN DE CONTRATO ESTATAL – Configuración

Al actor se le sanciona por haber sustentado en forma técnica la viabilidad para suscribir contratos adicionales, con argumentos que fueron desvirtuados al ser contradictorios de la realidad. Los contratos adicionales deben estar soportados en estudios previos, que justifiquen jurídica y técnicamente las razones que fundamentan dicha modalidad contractual, y por esta razón se sancionó al demandante, pues se trataba de obras independientes, cuya construcción debió ser iniciada meses atrás, que no se relacionaban con el fin principal de los contratos a los cuales fueron añadidas (adecuación de la calle 26 y la carrera 10 al sistema Transmilenio), y antes bien involucraban un objeto distinto al de servir como desvío pues preveían la intervención profunda de las vías.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 3 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 13 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 28

PROCESO DISCIPLINARIO / ERROR INVENCIBLE – Configuración / EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA POR IGNORANCIA SUPINA – Improcedencia

Para estar dentro de la causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria el actor debía demostrar en el sub judice que las circunstancias en que estaba al momento de tomar la decisión objeto de cuestionamiento, le hacían físicamente imposible ilustrar su entendimiento, lo que no sucedió, pues debió conocer las razones técnicas para conceptuar la viabilidad de la adición de los contratos, las cuales no se prestan para interpretaciones o ambigüedades. Sin embargo, en la realidad probatoria, se establece que no se estaba ante un error de derecho invencible, toda vez que se limitó a emitir conceptos ajenos a la realidad, por lo que no estaba amparado por un error invencible que le impidiera comprender que estaba en presencia de la posibilidad de adicionar unos contratos. Vista, así las cosas, solo se puede eximir de responsabilidad cuando el ilícito disciplinario se comete de buena fe por ignorancia invencible, requisitos estos que no se cumplen en el sub-lite, por cuanto al momento de proferir las consideraciones técnicas en los memorandos citados sobre la posibilidad de adición de los contratos debió verificar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

PROCESO DISCIPLINARIO / FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – No tiene valor de confesión / CONFESIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – No tiene valor probatorio

Toda vez que la entidad accionada no contestó la demanda, solicitó la apoderada del demandante que se tuvieran por ciertos los hechos de la misma, petición que es improcedente a la luz del artículo 217 del C.P.A.C.A., que establece que no valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas, por lo que de manera lógica ante el silencio de la accionada no pueden presumirse por cierto los hechos susceptibles de confesión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00485-00(1967-12)

Actor: RAFAEL HERNÁN DAZA CASTAÑEDA

Demandado: NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La Sala decide en única instancia sobre las pretensiones de la demanda formulada por el señor Rafael Hernán Daza Castañeda contra la Nación- Procuraduría General de la Nación.

ANTECEDENTES

La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el señor Rafael Hernán Daza Castañeda, a través de apoderado, pide las siguientes declaraciones y condenas:

Que se declare la nulidad de los actos administrativos: Fallo de única instancia de fecha 22 de junio de 2011, proferido por el Procurador General de la Nación, que sancionó al actor con destitución e inhabilidad general de 14 años para ejercer cargos públicos; y la decisión de 6 diciembre de 2011, expedida por el Procurador General de la Nación que desató el recurso de reposición interpuesto contra el fallo de única instancia por medio del cual se confirmó la sanción impuesta al actor.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la Procuraduría General de la Nación: i) reintegre al demandante en el cargo que ocupaba o en otro de igual o superior categoría y al pago de los sueldos, primas, vacaciones dejadas de percibir, prestaciones sociales, aportes para afiliación a salud, pensiones, riesgos profesionales y todos los demás emolumentos que hubiere dejado de percibir desde la fecha en que fue desvinculado del servicio hasta aquella en que sea efectivamente reintegrado a éste; ii) que se declare que no hay solución de continuidad entre la fecha del retiro del servicio y la del reintegro, así como al pago de los incrementos salariales; iii) que se paguen los perjuicios morales equivalentes a cien salarios mínimos legales mensuales, ajustados a los parámetros del Consejo de Estado; iv) que se declare la indexación de los valores equivalentes a los sueldos y prestaciones sociales; v) que se ordene la cancelación de la anotación de antecedentes disciplinarios; y, vi) se de cumplimiento a la sentencia en el término señalado por el artículo 192 del CPACA y se reconozcan intereses moratorios a partir del momento de la ejecutoria.

Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:

Narró que, por auto de 15 de marzo de 2010, el despacho del Procurador General de la Nación avocó de manera directa la investigación 2010-878-222148 y resolvió adicionar el auto de apertura, en el sentido de delimitar los contratos sobre los cuales se cuestionaba su ejecución. Por auto del 11 de octubre de 2010, elevó pliego de cargos en contra del demandante. Por auto del 28 de abril de 2011, se ordenó dar traslado para alegar, los que fueron presentados el 18 de mayo de 2011. En decisión de junio 22 de 2011, se emite fallo de única instancia por la cual se impone al disciplinado la sanción de destitución con inhabilidad general por el término de 14 años. Con escrito de julio 14 de 2011 se interpone recuso de reposición, que fue resuelto con decisión de 6 de diciembre de 2011 confirmando la sanción impuesta.

Normas y concepto de violación

La parte actora citó como normas violadas las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 6, 15, 29, 122, 236, 237 (numeral 1) y 277 (numeral 6).
Del Decreto 262 de 2000.
De la Ley 734 de 2002, los artículos 5, 6, 13, 14, 18, numeral 31 del artículo 48, y 142.
Del C.C.A., los artículos 84 y 87.
De la Ley 1437 de 2011, los artículos 137 y 141.
De la Ley 1150 de 2007, el artículo 5 numeral 1.
Del Decreto 2474 de 2008, el artículo 15 numeral 5

La parte actora sostuvo que los actos administrativos demandados, fueron expedidos por:

1.- Funcionario u organismo incompetente. Toda vez que las controversias contractuales solo pueden ser definidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para definir dichas controversias.

2.- Desconocimiento del debido proceso – versión libre. Ya que mientras en la versión libre se indagaron los hechos originados en presuntas deficiencias en los estudios y diseños previos previstos en los contratos de consultoría en la fase III de Transmilenio; en el pliego de cargos se imputó un único cargo orientado a investigar la presunta participación en el proceso precontractual al elaborar las consideraciones y componentes técnicos, que justificaron la celebración de los contratos adicionales a los contratos de obra Nos 135 a 138 de 2007.

3.- Falta de motivación – No hay certeza de la responsabilidad del disciplinado. Era tal la duda sobre la conexidad desde el punto de vista técnico entre los contratos 135, 136, 137 y 138 de 2007 y los proyectos de valorización 123, 124, 122 A, 122, 112 y 154, que se decidió ordenar de oficio un informe técnico, el que finalmente fue desechado en el fallo definitivo, posiblemente porque solamente un dictamen pericial podía despejar las dudas sobre la procedencia o improcedencia de los contratos adicionales objeto de censura.

Considera que el asunto objeto de discusión es eminentemente técnico, ya que solo una decisión técnica puede habilitar la viabilidad jurídica de una adición a un contrato, hecho en el cual no participó el demandante. Suponer que los ingenieros deben conocer los procesos jurídicos de selección de contratistas es una reflexión subjetiva que rompe la especialidad de las profesiones, ya que el investigado es un ingeniero civil sin estudio en la disciplina jurídica, ni tampoco es especialista en contratación estatal. Por eso solicitó previamente los correspondientes conceptos jurídicos, lo que configura la causal de justificación disciplinaria sobre actuar con “convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

Afirma, que una vez emitido el concepto técnico y solicitado el concepto a la Dirección Técnico Legal, ninguna competencia se le puede asignar a la Dirección Técnico de Estudios y Diseños respecto a los procedimientos de selección de los contratistas que ejecutaran las correspondientes obras. En consecuencia, los componentes jurídicos no pueden ser responsabilidad de la referida dirección.

4.- Inexistencia de la falta disciplinaria. Ante la ausencia de norma que indique los deberes funcionales afectados con la conducta, no queda otra alternativa jurídica que descartar la presencia de falta disciplinaria. Pues la función de conceptuar jurídicamente el procedimiento de selección de contratistas de obra, no se encuentra contemplada dentro del Manual de Procedimientos del IDU para el cargo de director técnico de Diseños de Proyectos, que ostentaba el actor. En virtud del principio de desconcentración de funciones, el director técnico Legal es el competente para estudiar y encauzar el proceso de selección del contratista conforme a las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Agrega que se desconoció la sentencia C-818 de 2005, pues es obligación del funcionario investigador, cuando considere que se lesionó el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, concretar en que consistió la violación de los principios.

5.- Culpabilidad – Configuración de la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Analiza que el solo hecho de haber solicitado conceptos jurídicos previos, descalifica la presunta intención (dolo), el investigado nunca tuvo conciencia que, con su proceder, podría incurrir en falta disciplinaria. De otra parte, considera que en el presente asunto existe la causal de exclusión de responsabilidad conforme el numeral 6 del artículo 28 del Código Disciplinario Único.

6.- Falsa motivación en el análisis del cargo. Ya que no es cierto que el demandante haya elaborado las consideraciones y componentes técnicos, que justificaron la celebración de los contratos adicionales relacionados en el cargo imputado. Su actuación se limitó a solicitar concepto jurídico de viabilidad sobre la adición a los contratos.

7.- Falsa motivación y desviación de poder en la justificación técnica de la sanción disciplinaria. Tal como se puede apreciar en los diferentes memorandos de solicitud de concepto jurídico al área legal del IDU para efecto de establecer la viabilidad de la adición de obras de valorización a contratos específicos de la Fase III de Transmilenio, observa que el soporte técnico ofrecido por el actor, permitía a la Dirección Técnica Legal estudiar si era procedente acudir al procedimiento ordinario de la licitación pública o, si por el contrario, se podía acudir de manera directa a la suscripción de un contrato adicional. Si se hubiera querido lesionar el proceso de licitación pública, no se hubiera solicitado dicho concepto.

Refiere la conexidad entre las obras de valorización y las vías de desvío de los contratos de Fase III; Objeto de las vías de desvío distinto al objeto de los proyectos de valorización; El Hecho técnico que resaltaba la posibilidad de que dos contratistas intervinieran una sola vía; El Aval jurídico sobre viabilidad de los contratos adicionales; La participación en la actividad contractual del accionante; Calificación dolosa de la conducta imputada; Ausencia de ejecución de las obras de valorización adicionadas al contrato 137 de 2007.

Trámite procesal

Mediante auto del 31 de julio de 2013, el despacho sustanciador admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Rafael Hernán Daza Castañeda contra la Nación - Procuraduría General de la Nación.

El día 28 de abril de 2014 se celebró la audiencia inicial dejando constancia que no se contestó la demanda. Además, se dispuso la fijación del litigio y el análisis de las pruebas aportadas y pedidas por la parte demandante, por lo que se decretaron como tales requerir a la accionada a fin de que allegara los antecedentes administrativos, se ordenó tener como pruebas documentales los aportados con el escrito de demanda y se decretó la práctica de la prueba testimonial.

En audiencia de pruebas de 21 de julio de 2014 se recaudaron los testimonios de los señores Adriana Lucía Ortiz Torres, Eric Leonardo Elías Acosta, Martha Patricia Ibáñez Pérez, Jorge Enrique Cardona Garay y Ricardo Córdoba Rojas.

3. Contestación de la demanda

La Procuraduría General de la Nación guardó silencio durante esta etapa procesal, según consta en la audiencia inicial de fecha 28 de abril de 2014.

Alegatos de conclusión

En la audiencia pública de 27 de noviembre de 2014 se presentaron los alegatos de conclusión, así: la apoderada del demandante expuso sus argumentos en los cuales pidió se declare la nulidad de los actos acusados y se restablezca el derecho del actor. Argumentos grabados del minuto 4:23 hasta el minuto 25:26. La apoderada de la parte demandante hizo su exposición haciendo uso de video beam y solicitó que la presentación sea agregada al expediente a lo cual accedió el despacho.

Se otorgó el uso de la palabra al apoderado de la Procuraduría General de la Nación, quien solicitó se mantuviera la legalidad de los actos demandados y se nieguen las pretensiones de la demanda. Intervino del minuto 25:58 hasta el minuto 57:14 de la grabación. Antes de su intervención, solicitó al despacho que, frente a las pruebas presentadas por la parte actora a través de video beam, se constate que no se trate de pruebas nuevas.

En uso de la palabra, la Agente del Ministerio Público expuso su concepto y concluyó que la decisión se expidió con fundamento en la ley y se garantizó el debido proceso por lo que considera se deben negar las súplicas de la demanda. La intervención quedó consignada en la grabación anexa del minuto 58:59 hasta el minuto 77:11.

Aclara el despacho que el haber agregado la presentación de la parte actora no indica ninguna presentación probatoria adicional.

CONSIDERACIONES

Competencia

Corresponde conocer en única instancia del Consejo de Estado del presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2°, inciso 2° del art., 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se refiere a los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que el profiera como supremo director del ministerio público.

Cuestión previa

Control de legalidad

El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el control judicial que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 2016, consideró frente el alcance de aquél lo siguiente:

“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.

Conforme a esta línea jurisprudencial, la Sala indica que tiene plena competencia para realizar un examen integral de los cargos formulados en la demanda.

Problema jurídico

Teniendo en cuenta lo expuesto en la demanda, la Sala determinará si los actos administrativos de única instancia y el que resolvió el recurso de reposición proferidos por el Procurador General de la Nación, mediante los cuales se sancionó disciplinariamente al señor Rafael Hernán Daza Castañeda con destitución e inhabilidad general de 14 años, por agregar proyectos de valorización mediante la celebración de contratos adicionales dentro de los contratos 135 a 138 de 2007, son nulos por infracción de las normas en que debían fundarse los actos acusados, por falsa motivación y desviación de poder, o si por lo contrario como lo afirma la accionada fueron proferidos atendiendo las normas constitucionales y legales que gobiernan el proceso disciplinario y en uso de la facultad sancionatoria.

El demandante estima que concurren las causales de nulidad de los actos administrativos acusados, en atención a que se evidenció, i) Incompetencia; ii) Desconocimiento del debido proceso – versión libre; iii) Falta de motivación – No hay certeza de la responsabilidad del disciplinado; iv) Inexistencia de la falta disciplinaria; v) Culpabilidad – Configuración de la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria; vi) Falsa motivación en el análisis del cargo; y vii) Falsa motivación y desviación de poder en la justificación técnica de la sanción disciplinaria.

La Sala con el fin de resolver el problema jurídico planteado seguirá el siguiente esquema: 3.1 Actuación disciplinaria y 3.2 Caso concreto.

Actuación disciplinaria

La Procuraduría General de la Nación por auto del 15 de marzo de 2010, avocó de manera directa el conocimiento de la investigación 2010-878-222148 y resolvió adicionar el auto de apertura, en el sentido de delimitar los contratos sobre los cuales se cuestionaba su ejecución y de las conductas que podían eventualmente constituir falta disciplinaria.

Mediante el auto de 11 de octubre de 2010, el despacho del Procurador General de la Nación profirió pliego de cargos en contra del señor Rafael Hernán Daza Castañeda, imputándole un único cargo por la siguiente conducta:

“El señor RAFAEL HERNAN DAZA CASTAÑEDA en su condición de Subdirector Técnico de Estudios y Diseño, cargo ejercido a partir del 15 de junio de 2008, y en su calidad de Director Técnico de Diseño del Instituto de Desarrollo Urbano, cargo ejercido a partir del 27 de abril de 2009, fue el servidor público encargado de elaborar las consideraciones de carácter técnico, que sirvieron de justificación para agregar mediante la celebración de contratos adicionales dentro de los CTOS 135 a 138 de 2007, algunos proyectos de valorización contemplados en el acuerdo 180 de 2005, expedido por el Concejo de Bogotá de la siguiente manera:

1. Contrato adicional Nº 1 del 29 de diciembre 2008, por medio del cual se añaden al contrato 135-07 las obras correspondientes a los proyectos de valorización 123 y 124
2. Contrato adicional Nº 2 del 11 de noviembre de 2009, por medio del cual se agregan al contrato 136-07 las obras correspondientes al proyecto de valorización 122 A
3. Contrato adicional Nº 1 del 11 de noviembre de 2009, por medio del cual se añade al contrato 137-07 las obras correspondientes al proyecto de valorización 122
4. Contrato adicional Nº 1 del 25 de junio de 2009, por medio del cual se agregan al contrato 138-07, las obras correspondientes al proyecto de valorización 112 y 154

Se considera que presuntamente el señor DAZA CASTAÑEDA, en su Calidad de Subdirector Técnico de Estudios y Diseño, y posteriormente como Director Técnico de Diseño del Instituto de Desarrollo Urbano, responsable del área técnica de Diseño de la entidad, al elaborar los soportes y consideraciones de carácter técnico que sirvieron de fundamento para la suscripción de los contratos adicionales antes descritos, participó en actividades contractuales que se produjeron con desconocimiento del proceso licitatorio y de la selección objetiva que debía preceder la escogencia de los contratistas que ejecutarían los proyectos de valorización Nº 123, 124, 122, 112 y 154 (principio de transparencia, artículos 5 y 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 y Art 24 numeral 8 ley 80 de 1993), teniendo en cuenta que tales proyectos no eran indispensables para cumplir el objeto de los contratos a los cuales fueron añadidas, pues se trata de obras totalmente independientes, que estaban previstas para ser ejecutadas desde hacía más de un año, y que involucran un objeto y nivel de intervención distinto al de las vías de desvío aprobadas para los CTOS 135 a 138 de 2007, siendo utilizada en estos casos la figura del contrato adicional de una forma contraria a lo dispuesto por el manual de contratación del IDU”.

Por medio de providencia del 22 de junio de 2011, la Procuraduría General de la Nación sancionó al señor Rafael Hernán Daza Castañeda como Subdirector y Director Técnico de Diseño del IDU con destitución e inhabilidad general por el término de 14 años para ejercer funciones públicas por el cargo formulado.

A través de la decisión del 6 de diciembre de 2011, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte actora, confirmando la sanción impuesta al demandante de destitución e inhabilidad general por el lapso de 14 años.

Con el oficio GAA No 994 de 24 de junio de 2014, se remitió en calidad de préstamo el expediente disciplinario del actor, por parte del Grupo de Asesores Anticorrupción del despacho del Procurador General de la Nación, el cual consta de 31 cuadernos originales y 166 cuaderno anexos.

Caso concreto

En el asunto sub examine, el señor Rafael Hernán Daza Castañeda demanda la nulidad de los actos administrativos de única instancia y el que resuelve el recurso de reposición, expedidos por el Procurador General de la Nación, con los cuales fue sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por el término de 14 años, por incurrir en la falta gravísima prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, como responsable del área técnica de diseño del IDU, al elaborar los soportes y consideraciones de carácter técnico que sirvieron de fundamento para la suscripción de los contratos adicionales.

Determinado el marco fáctico y jurídico objeto de Litis, procede la Sala a estudiar los cargos de la demanda.

Funcionario u organismo incompetente.

Alega el demandante que las controversias contractuales solo pueden ser definidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para definir dichas controversias.

El señor RAFAEL HERNÁN DAZA CASTAÑEDA, fue nombrado en encargo como Subdirector Técnico, de la Subdirección Técnica de Diseños y Proyectos Integrales de la Subdirección General Técnica, mediante resolución 2121 del 23 de junio de 2008, y posesionado el 25 de junio de 2008. Posteriormente fue designado como Director Técnico, desempeñando sus funciones en la Dirección Técnica de Diseño de Proyectos de la subdirección General de Infraestructura, mediante resolución 1172 del 24 de abril de 2009, posesionado el 27 de abril del mismo año, por lo que quedó identificado el disciplinado.

Para efecto de estudiar el cargo endilgado de falta de competencia, aclara la Sala, que de conformidad con lo consagrado en el artículo 3 de la Ley 734 de 2002, la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas.

De lo transcrito se desprende que le asiste al Organismo de Control Disciplinario la facultad de avocar una investigación disciplinaria o abstenerse de hacerlo.

La Sala abordará el poder disciplinario preferente que se encuentra regulado en el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política, al prever como función general del Procurador General de la Nación “ejercer preferentemente el poder disciplinario”. A su turno, el legislador en el artículo 3 de la Ley 734 de 2002, lo desarrolló en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 3o. PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE. La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia.

En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o a petición de cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario. También se procederá en la misma forma cuando se desprenda del conocimiento de un proceso.
(…)”.

Igualmente, sobre el poder preferente se ha pronunciado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el concepto del 6 de diciembre de 2016 indicando que aquél autoriza a la Procuraduría para “adelantar actuaciones disciplinarias contra cualquier empleado estatal, sin consideración a su jerarquía, cuando lo considere conveniente o necesario para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que deben observarse en el ejercicio de la función pública” .

También, precisó la Sala de Consulta en el referido concepto que el ejercicio del poder preferente es facultativo, así:

“Como lo ha dicho en diversas oportunidades esta Sala, el carácter preferente del poder atribuido a la Procuraduría General de la Nación, aun cuando desplaza al funcionario que haya iniciado o se encuentre adelantando una investigación disciplinaria, no es obligatorio ni exclusivo, pues al incluir el legislador en la redacción de la norma el vocablo “podrá”, se advierte que se trata de una atribución facultativa, que bien puede ejercerse o no. De allí que se haya impuesto la carga de motivar la decisión mediante la que se avoque el conocimiento de los asuntos que se tramitan internamente en las entidades u órganos del Estado” .

Tal como se mencionó anteriormente, la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación.

Lo que significa que podrá iniciar la investigación, caso en el cual excluye la que podría comenzar, en este evento otros funcionarios; o podrá asumir la investigación que ya haya iniciado e igualmente, remitir las mismas.

Fue precisamente en ejercicio de la función preferente que despliega la Procuraduría General de la Nación que, mediante auto de 15 de marzo de 2010, avocó de manera directa el conocimiento de la investigación 2010-878-222148 y resolvió adicionar el auto de apertura, en el sentido de delimitar los contratos sobre los cuales se cuestionaba su ejecución y de las conductas que podían eventualmente constituir falta disciplinaria.

El día 15 de marzo de 2010, en ejercicio de las facultades y competencias otorgadas por el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política, y por el numeral 17 del artículo 7 del decreto ley 262 de 2000 en atención a la trascendencia de los hechos, la magnitud de los recursos públicos invertidos en las obras de fase III de Transmilenio, y el impacto social del proyecto, se avocó conocimiento de las presentes diligencias por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Debido a la citada importancia y de conformidad con los roles desempeñados dentro del proceso, se dispuso iniciar investigación disciplinaria en contra de los siguientes funcionarios y ex funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano IDU: LILIANA PARDO GAONA, Ex Directora General del IDU; LUÍS EDUARDO MONTENEGRO QUINTERO, Ex Subdirector General de Infraestructura; LUIS ESTEBAN PRADA BRETON, Ex Subdirector General Técnico; CARMEN ELENA LOPERA FIESCO, Directora Técnica de Construcciones; INOCENCIO MELENDEZ JULIO, Ex Subdirector General Jurídico; RAFAEL HERNÁN DAZA CASTAÑEDA, Director Técnico de Diseño de Proyectos; ALDEMAR CORTES SALINAS, Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte; CARMEN ROSARIO SILGADO RODRÍGUEZ, Subdirectora Técnica de Contratos y Convenios; MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, Directora Técnica de Gestión Contractual; MARTA MERCEDES CASTRILLON SIMONDS, Directora Técnica de Predios.

Según lo manifestado no comparte la Sala, lo afirmado por el disciplinado referente a que la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para definir las controversias contractuales, en razón a que lo estudiado pertenece al régimen disciplinario, donde se analizan los contratos adicionales si estos fueron celebrados en oposición a los principios de transparencia, selección objetiva y desconocimiento de la función administrativa, situación diferente al objetivo de la acción contractual.

Desconocimiento del debido proceso – versión libre.

Afirma el investigado que mientras en la versión libre se indagaron los hechos originados en presuntas deficiencias en los estudios y diseños previos previstos en los contratos de consultoría en la fase III de Transmilenio; en el pliego de cargos se imputó un único cargo orientado a investigar la presunta participación en el proceso precontractual al elaborar las consideraciones y componentes técnicos, que justificaron la celebración de los contratos adicionales a los contratos de obra Nos 135 a 138 de 2007.

En contra del actor se inició la investigación disciplinaria cuyo objeto de estudio fueron las irregularidades encontradas por la Procuraduría General de la Nación, debido a que, en desarrollo de las funciones correspondientes a los cargos de Subdirector Técnico de Estudios y Diseño, y posteriormente Director Técnico de Diseño de Proyectos, elaboró las consideraciones y componentes técnicos, que justificaron la celebración de los contratos adicionales, como consta en los memorandos de la Dirección Técnica de Diseño DTD 315-31811 del 24 de agosto de 2009, DTD-315-24230 del 18 de junio de 2009 y STED- 3200-51003 24 de noviembre de 2008 de la Subdirección Técnica de Estudios y Diseño, que a su vez fueron relacionados en los conceptos jurídicos que sirvieron de soporte para la suscripción de los adicionales (Memorando DTL – 6000 56078 del 22 de diciembre de 2008, concepto SGJ-405-36854 del 5 de octubre de 2009, y Memorandos SGJ-405-24385 y 24460 del 19 y 23 de junio de 2009, respectivamente, de la Subdirección General Jurídica.

Aclara la Sala, que el objetivo principal de la fase III de Transmilenio era la ejecución de la totalidad de las obras de construcción y de las actividades necesarias para la adecuación de la calle 26-avenida Jorge Eliecer Gaitán-, y la carrera 10 -Avenida Fernando Mazuera-, al sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Esta fase se desarrolló en la etapa inicial a través de los contratos de consultoría 129 y 133 de 2005 y con fundamento en ellos, el desarrollo de las obras se realizó en los siguientes cinco contratos a saber: 134-07, 135-07, 136-07, 137-07 y 138-07.

Los citados contratos desarrollaron las obras de la fase III de Transmilenio de la siguiente manera:

CONTRATO

GRUPO

FIRMA CONTRATISTA Y OBJETO

VALOR

134-07
1
(CONSTRUCTORA SAN DIEGO S.A.)
Carrera 10 – tramo 1 – entre calle 31 sur y calle 30ª sur y calle 31 sur entre carrera 10 y carrera 5, incluye patio, portal y vías perimetrales.
INTERVENTOR CONSORCIO INTERVENTORIAS
TRONCALES 2007 CTO 173-07.

146.228.548.034
135-07
2
CONSORCIO METROVIAS BOGOTA S.A.
Carrera 10 y calle 26: entre calle 30 A sur y calle 3.
Tramo 2: entre calle 3 y calle 7 – incluye ramal calle 6 entre carrera 10 y troncal caracas, Av. comuneros entre carrera 10 y carrera 9 con calle 4 y estación intermedia de la calle 6.
INTERVENTOR POYRY INFRA S.A. CTO 171-07
178.304.574.960
136-07
3
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A.
Carrera 10 – tramo 4 entre calle 7 y calle 26 tramo 5 entre calle 26 y calle 34.
Calle 26 – Tramo 5 entre carrera 19 y carrera 13 incluye conexión operacional con avenida caracas tramo 6 entre carrera 13 y carrera 3 y carrera 3 entre calle 26 y calle 19.
INTERVENTOR CONSORCIO IML CTO 172-07.
291.947.648.903
137-07
4
UNION TEMPORAL TRANSVIAL
Calle 26 – tramo 3- entre transversal 76 y carrera 42B tramo 4- entre carrera 42B y carrera 19.
INTERVENTOR CONSORCIO INTERCOL CTO 174-07.
315.580.224.330
138-07
5
SOCIEDAD INFRAESTRUCTURA URBANAS S.A.
Calle 26 – Tramo 2 – carrera 97 y transversal 76 Av. ciudad de Cali, calle 26 y Av. José Celestino Mutis.
INTERVENTOR INGETEC S.A. CTO 170-07.
218.798.733.837

La irregularidad analizada consiste concretamente, en que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, adicionó a los contratos de la fase III de Transmilenio, contratos de valorización que no guardan ninguna relación con las obras de Transmilenio, obviando con ello, realizar la licitación pública correspondiente.

Tal situación se puede verificar en el siguiente cuadro:

Contrato
Proyecto de
valorización
adicionado
Fecha del contrato
adicional
135 de 2007
123 y 124
29/12/08
136 de 2007
122 A
18/11/09
138 de 2007
122 A
122 B
122 B
18/11/09

Ahora bien, mediante el Acuerdo 180 de 2005 expedido por el Concejo Distrital de Bogotá, por medio del cual “autorizó el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obra”, las cuales estaban relacionadas con las que “integran los sistemas de movilidad y de espacio púbico, contempladas en el plan de Ordenamiento Territorial y sus operaciones estratégicas, en consonancia con el plan de desarrollo”, de tal manera, que no buscaban desarrollar las obras contempladas en la fase III de Transmilenio.

Adicionalmente, sostuvo la Procuraduría General de la Nación que la construcción de las obras del Acuerdo 180 de 2005, debían iniciarse a más tardar en noviembre de 2009, so pena de que el IDU, se viera en la obligación de devolver el dinero a los contribuyentes. Sin embargo, el proceso público para seleccionar al contratista que llevara a cabo estas obras no se realizó.

En el fallo de única instancia de fecha 22 de junio de 2011, al analizar los proyectos de valorización y los contratos en virtud de los cuales, dichos proyectos fueron adicionados a los contratos de la fase III de Transmilenio, se concluye que:

1.- En los contratos adicionales por medio de los cuales se añaden los proyectos de valorización Nº 123, 124, 122, 122 A, 112 y 154 a los contratos 135 a 138 de 2007, se maneja la misma argumentación, relativa a la presunta conexidad de los proyectos de valorización, con las vías de desvío aprobadas para los contratos originales. El argumento no es válido, si tenemos en cuenta que la mayoría de las vías de desvío para la fecha en que fueron celebrados los contratos adicionales, ya se encontraban habilitadas, pues dentro de los contratos 135 a 138 de 2007, se estableció que los desvíos debían adecuarse en los primeros meses de la etapa de construcción de las obras (meses de noviembre de 2008 a febrero de 2009).

2.- El objeto de las vías de desvío es distinto al objeto de los proyectos de valorización ya que el fin del desvío es la transitabilidad, y por ello se previó que las vías fueran adecuadas, mantenidas y señalizadas de manera rápida (iniciando la etapa de construcción de los contratos 135 a 138 de 2007), para que pudieran evacuar el tránsito represado por las obras de Transmilenio sobre la calle 26 y la carrera 10. Por el contrario, los proyectos de valorización involucraban una intervención profunda de las vías, es decir la implantación de redes húmedas, secas, espacio público, razón por la cual no se encuentra que exista coincidencia entre las actividades a realizar como desvíos, con las obras independientemente consideradas por concepto de valorización.

3.- Si el propósito de la celebración de los contratos adicionales hubiese sido evitar que dos contratistas intervinieran una misma vía, los proyectos de valorización debieron ser ejecutados de manera previa al inicio de la etapa de construcción de los contratos de 135 a 138 de 2007, lo cual era una obligación del IDU teniendo en cuenta que desde noviembre de 2007, surgió el deber para el instituto de seleccionar de manera objetiva al contratista, e iniciar la etapa de construcción de los proyectos, como lo establece el acuerdo 180 de 2005 del Concejo de Bogotá.

4.- Si bien, desde el área jurídica del IDU, se avaló la celebración de los contratos adicionales relacionados en el cargo, ello se produjo en virtud de las consideraciones e insumos suministrados por el área de Diseño a cargo del actor, como se menciona en los conceptos y memorandos elaborados por la Dirección Técnica Legal y la Subdirección General Jurídica.

5.- Es posible verificar que los contratos adicionales, tuvieron un procedimiento previo de revisión y aprobación de los directores de las diferentes áreas (legal, técnica, de diseño), como consta en las consideraciones de los adicionales y en los documentos que les sirvieron de soporte, luego si de ellos se desprende una vulneración al principio de transparencia que rige la contratación estatal desarrollado y concretado en el numeral 1 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y en el numeral 8 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, deben responder todos los servidores que, ejerciendo funciones públicas, participaron en su producción desde el ámbito de su competencia.

Insiste el demandante en el desconocimiento del debido proceso, toda vez que al cotejar los hechos por los cuales fue citado e indagado en la diligencia de versión libre y los consignados en el auto de pliegos son incongruentes.

Antes de realizar cualquier otro pronunciamiento advierte la Sala, que es imposible argumentar una supuesta incongruencia entre la diligencia de versión libre con lo suscrito en el pliego de cargos, en razón a que éste último fue proferido tiempo después de la versión libre, por ende, mal podría exigirse coincidencia entre estas dos piezas procesales.

Según el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, ser oído en versión libre es un derecho que tiene el investigado, la finalidad de esta consiste en que el empleado público manifieste su inconformidad frente a la apertura de una indagación preliminar o ante una eventual acusación, relate su visión de los acontecimientos por los cuales se le investiga o bien, admita su responsabilidad a través de la confesión. Por tal razón, la versión libre no es un medio probatorio, y en contraste, es un instrumento de defensa del servidor público a través del cual puede ejercer la contradicción frente a la actuación disciplinaria adelantada en su contra. Al tener este carácter, no es obligatorio rendir la misma y al decidir hacerlo el disciplinado lo debe hacer libremente de apremios de juramento u otra coacción.

De acuerdo con lo manifestado, el disciplinado puede hacer referencia en la versión libre a la visión que tiene de los acontecimientos investigados y de esta manera ejercer su defensa, lógicamente con fundamento en los hechos examinados.

El principio de congruencia se depreca entre el pliego de cargos y el fallo disciplinario pues debe existir correspondencia en lo que respecta a la denominación jurídica que se atribuye al disciplinado, en garantía de los derechos de acceso a la investigación, rendir descargos, de igual manera la garantía del derecho de impugnación de las decisiones respecto de los cargos que se hubieran formulado, en el marco del derecho de defensa.

Del análisis realizado se desprende que en la versión libre rendida por el disciplinado se hizo referencia a que la conducta atribuida fue la participación en la elaboración de las consideraciones y componentes técnicos, que justificaron la celebración de los contratos adicionales a los contratos de obra Nos 135 a 138 de 2007, lo que no impide que se indague respecto a otras circunstancias relacionadas con las deficiencias en los estudios y diseños previstos en los contratos de consultoría de la fase III de Transmilenio, lo que es transversal a la materia investigada.

Por otro lado, se reitera que la versión libre no es un medio probatorio sino un instrumento de defensa del disciplinado, dentro de la cual puede hacer relación el investigado a lo que considere necesario para ejercer la misma, e incluso guardar silencio si así lo considera, por consiguiente, no se evidencia desconocimiento de sus derechos fundamentales.

iii) Falta de motivación – No hay certeza de la responsabilidad del disciplinado.

Anota el actor, que era tal la duda sobre la conexidad desde el punto de vista técnico entre los contratos 135, 136, 137 y 138 de 2007 y los proyectos de valorización 123, 124, 122 A, 122, 112 y 154, que se decidió ordenar de oficio un informe técnico, el que finalmente fue desechado en el fallo definitivo, a lo mejor porque solamente un dictamen pericial podía despejar las dudas sobre la procedencia o improcedencia de los contratos adicionales objeto de censura.

Refiere el libelista respecto del informe técnico una serie de irregularidades destacando que este no se limita a pedir un informe, sino que se orienta a pedir una opinión o concepto.

El ejercicio del poder oficioso para decretar pruebas no implica el desconocimiento del principio de aplicar la duda a favor del investigado, simplemente constituye una facultad del investigador para llegar a la verdad real del asunto, este principio se desconocería siempre y cuando una vez arrimadas la totalidad de las pruebas, valoradas en forma integral no se tenga la certeza de la responsabilidad del encartado, situación que no es la que se evidencia en el caso concreto.

Precisa la Sala, que el ente sancionador consideró que el referido informe no era el fundamento probatorio de la falta, toda vez que el cargo se encuentra estructurado con fundamento en las visitas técnicas llevadas a cabo a cada una de las obras, así como los soportes documentales.

Respecto al informe técnico ordenado de oficio por la Procuraduría General de la Nación dentro de la etapa de descargos, se sostuvo por parte de la accionada, que no puede equipararse a un dictamen pericial, como lo pretendían varios de los sujetos procesales, pues la prueba de peritos está dirigida a orientar al juez en una valoración técnica que requiere la emisión de un concepto, y el caso que nos ocupa, como lo es la procedencia de agregar proyectos de valorización previstos por el acuerdo 180 desde el año 2005, a los contratos 135 a 138 de 2007 correspondientes a la fase III de Transmilenio, es un asunto primordialmente jurídico.

Debido a lo manifestado se hizo referencia a lo consagrado en el Manual de Contratación del Instituto de Desarrollo Urbano, esto es la resolución 7553 de 2006, numeral 6.1, cuando reguló lo relacionado con los contratos adicionales como sigue:

“CONTRATO ADICIONAL: Acuerdo de voluntades elevado a escrito cuando se requiere incrementar el valor del contrato y/o el plazo del mismo o cuando se establece la necesidad de incluir elementos o modificaciones no previstas expresamente en el pliego de la licitación o términos de referencia y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer”.

Con fundamento en lo señalado consideró el juez disciplinario que en el caso de los proyectos de valorización 112, 123, 124, 122 A, 122 y 154, se trata de obras completamente independientes que fueron adicionadas durante la ejecución de los contratos 135 a 138 de fase III de Transmilenio, lo que constituye una discusión eminentemente jurídico, encontrándose la parte técnica limitada a lo dispuesto por el manual de contratación, es decir que las obras adicionadas se encuentren ligadas al objeto del contrato principal y sean indispensables para cumplir con el fin que se pretende satisfacer, y dicha verificación es absolutamente objetiva, pues no se requiere ser ingeniero para determinar cuándo se inició una obra, ni en qué momento surge el deber legal de efectuar una licitación, y tampoco para comparar cual era el objeto de los contratos de fase III de Transmilenio con el objeto de los contratos adicionales mediante los cuales se agregaron los proyectos de valorización.

No existe contradicción cuando la Procuraduría General de la Nación afirma que el tema no es técnico sino jurídico, toda vez que la decisión de celebrar contratos adicionales como los amonestados, supone el estudio de la viabilidad jurídica, la cual se adopta a partir de los estudios técnicos previos dentro de los cuales participó el investigado en calidad de subdirector técnico de estudios y diseños de proyectos, y posteriormente como director.

Lo indicado releva a la Sala a realizar el estudio en lo relacionado con las fallas presentadas al momento de elaborar el informe técnico, como el hecho de no acudir al Código de Procedimiento Penal, además de no aparecer como prueba en el artículo 130 de la Ley 734 de 2002 e igualmente, el hecho de ser una prueba autónoma diferente a la pericial.

Si bien el demandante solicitó, mediara concepto jurídico ante la dirección técnico legal del IDU orientado a la viabilidad de la suscripción de adición a los contratos ya identificados, a través de los memorandos STED- 3200-51003 de 24 de noviembre de 2008 de la Subdirección Técnica de Estudios y Diseño, DTD 315-31811 del 24 de agosto de 2009 de la Dirección Técnica de Proyectos y DTD-315-24230 del 18 de junio de 2009 de la Subdirección General de Infraestructura, en ellos se conceptúo técnicamente respecto de la procedencia de las adiciones, insumos que a su vez fueron relacionados en los conceptos jurídicos que sirvieron de soporte para la suscripción de los adicionales, tales como el memorando DTL – 6000 56078 del 22 de diciembre de 2008, concepto SGJ-405-36854 del 5 de octubre de 2009, y memorandos SGJ-405-24385 y 24460 del 19 y 23 de junio de 2009, respectivamente, de la Subdirección General Jurídica.

A pesar de lo señalado sostiene el actor que los memorandos citados se expidieron por solicitud expresa de los directivos del IDU, y que en ellos solo se pretendió advertir a la administración de un posible riesgo, pero que la parte técnica de la adición de los contratos estaba a cargo de otra autoridad, dentro de las cuales no participó, por falta de competencia, argumentos que no comparte la Sala, toda vez que el proceso de contratación estatal está integrado por las etapas precontractual y contractual, a su vez para la suscripción de cualquier contrato se requiere de la participación de la parte técnica y la jurídica, es por lo anterior que las razones consagradas en los memorandos ya identificados, sirvieron de insumos técnicos para emitir el concepto jurídico de viabilidad de las adiciones a los contratos aquí cuestionados, sin que se expidieran otros conceptos de carácter técnico.

De conformidad con el Acuerdo No 002 de febrero 3 de 2009 “Por el cual se establece la estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano , las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 13, al actor en calidad de director Técnico de Estudios y Diseño, le incumbía: (…)“Elaborar los componentes técnicos de los pliegos de condiciones, guías de requisitos y presupuestos para la contratación de los Diseños, asesorías, construcción, interventorías y mantenimiento de las obras”.

Según el manual de funciones al demandante como Subdirector Técnico de Estudios y Diseño del IDU, le correspondía: “Elaborar los componentes técnicos de los pliegos de condiciones, guías de requisitos y presupuestos para la contratación de los Diseño, asesorías, construcción, interventorías y mantenimiento de obras.”

Es expreso dicho documento en asignar al Subdirector y Director de Estudios y Diseño del IDU, elaborar los componentes técnicos de los pliegos de condiciones, guías de requisitos y presupuestos para la contratación de la construcción, los que elaboró el demandante y son la base técnica de los contratos de adición.

Al actor se le sanciona por haber sustentado en forma técnica la viabilidad para suscribir contratos adicionales, con argumentos que fueron desvirtuados al ser contradictorios de la realidad. Los contratos adicionales deben estar soportados en estudios previos, que justifiquen jurídica y técnicamente las razones que fundamentan dicha modalidad contractual, y por esta razón se sancionó al demandante, pues se trataba de obras independientes, cuya construcción debió ser iniciada meses atrás, que no se relacionaban con el fin principal de los contratos a los cuales fueron añadidas (adecuación de la calle 26 y la carrera 10 al sistema Transmilenio), y antes bien involucraban un objeto distinto al de servir como desvío pues preveían la intervención profunda de las vías.

iv) Inexistencia de la falta disciplinaria.

Aduce el actor, que ante la ausencia de norma que indique los deberes funcionales afectados con la conducta, no queda otra alternativa jurídica que descartar la presencia de falta disciplinaria. Pues la función de conceptuar jurídicamente el procedimiento de selección de contratistas de obra, no se encuentra contemplada dentro del Manual de Procedimientos del IDU para el cargo de director técnico de Diseños de Proyectos, que ostentaba el actor. Advierte que, en virtud del principio de desconcentración de funciones, el director técnico Legal es el competente para estudiar y encauzar el proceso de selección del contratista conforme a las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Agrega que se desconoció la sentencia C-818 de 2005, pues es obligación del funcionario investigador, cuando considere que se lesionó el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, concretar en que consistió la violación de los principios.

El principio de ilicitud sustancial ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como sigue:

“...La ilicitud sustancial como condición constitucional de las faltas disciplinarias.

“El ejercicio de la función pública debe estar enfocada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, destacándose los previstos en el artículo 2º C.P. Para cumplir con esta (sic) objetivo, la actividad de los servidores públicos debe guiarse tanto por los deberes específicos que le imponen a cada empleo el orden jurídico aplicable como, de una forma más amplia, los principios generales del ejercicio de la función pública, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (Art. 209 C.P.)
...
Es el incumplimiento de estas reglas y principios los que activan la actividad sancionatoria propia del derecho disciplinario. Como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto para la existencia de una falta disciplinaria es la acreditación acerca del incumplimiento de un deber funcional del servidor público o, en otras palabras, la presencia de una conducta u omisión que interfiere en el ejercicio adecuado de la función estatal ejercida por dicho servidor del Estado.

... Como se observa, el concepto de ilicitud sustancial de la falta disciplinaria concuerda con el criterio de afectación del deber funcional, antes explicado. Esto quiere decir que, desde la perspectiva constitucional, solamente podrán ser clasificadas como faltas disciplinarias aquellas conductas u omisiones que interfieran en el adecuado ejercicio de la función asignada por el ordenamiento jurídico al servidor público respectivo. En términos de la sentencia en comento y a partir de la reiteración de decisiones sobre el mismo tópico “‘[l]as conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general, son aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público. En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha señalado que se encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas dimensiones. El incumplimiento al deber funcional, es lo que configura la ilicitud sustancial que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas disciplinarias.”
...
...Este concepto opera no solo como una limitación constitucional del derecho disciplinario, sino también como una exigencia prevista por el legislador como presupuesto para la justificación de la falta disciplinaria. En ese sentido, lo que se exige es que la conducta de la cual se predique ese juicio de desvalor deba estar necesariamente vinculada con la afectación del deber funcional. Así, en caso que esa relación no se acredite, se estará ante un exceso en el ejercicio del poder disciplinario y, por la misma razón, ante la inconstitucionalidad de la norma legal correspondiente, al mostrarse contraria con el principio de proporcionalidad aplicable a las diferentes manifestaciones del ius puniendi del Estado.”

La jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre el tópico ha señalado:

“La ilicitud sustancial consiste precisamente en la afectación de los deberes funcionales sin ninguna justificación. En consecuencia, dado que debe ser entendida como la capacidad de afectación de la función pública, para determinar si se estructuró la falta desde el punto de vista de la ilicitud sustancial, deben analizarse dos componentes dentro de los deberes funcionales del servidor público, esto es, el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones y, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses...”.

Así, el principio de ilicitud sustancial es presupuesto de antijuridicidad en materia disciplinaria, y consiste en la afectación de deberes funcionales sin justificación alguna.

En el proceso disciplinario adelantado se estableció la responsabilidad del disciplinado ya que no era indispensable adicionar a los contratos 135 a 138 de 2007 los proyectos de valorización referidos, pues se trataba de obras independientes, es así como se precisó que en el caso del adicional 1 al contrato 137-07, el cual, de acuerdo con el memorando DTD 315-31811 de agosto 24 de 2008, era prioritario y resultaba conexo con las obras de desvío, no solo no era conexo, sino que era incompatible con la ejecución de la fase III de Transmilenio, ya que se pudo detener la ejecución de la obra, en tanto podía afectar la movilidad de una de las vías que estaba sirviendo como desvío, verificándose a través de la visita técnica efectuada a la obra, que después de casi un año de celebrado el contrato no se había ejecutado.

Tampoco se aceptó la justificación técnica dada por el demandante al explicar la construcción de un puente vehicular que debió haber sido licitado desde el mes de marzo de 2008, como proyecto de valorización independiente, esto es el proyecto 154, considerándolo conexo con las obras de fase III de Transmilenio, advirtiendo que el objeto del contrato al cual fue adicionado es la implementación de la calle 26 al sistema Transmilenio, y no la construcción de nuevos puentes vehiculares en lugares distintos de la ciudad capital (avenida mutis por avenida ciudad de Cali), y nuevas vías (proyecto 112) que no estaban contemplados en las vías de desvíos aprobadas por la Secretaria de Movilidad para el contrato 138 de 2007.

Lo mismo sucedió con los proyectos de valorización agregados a los contratos 135 y 136 de 2007, fundamentados a partir de las consideraciones de conexidad suministradas por el señor Rafael Hernán Daza Castañeda, las cuales fueron encontradas contrarias a la realidad.

Es más, en el fallo de única instancia de 22 de junio de 2011 se sostuvo que el deber funcional violado por el actor, en su calidad de Subdirector Técnico de Estudios y posteriormente como Director Técnico de Diseño del Instituto de Desarrollo Urbano, está relacionado con la obligación de elaborar los componentes técnicos para la contratación de la construcción de las obras, por lo que se mencionó que: “En su condición de ingeniero civil, con amplia experiencia, y tratándose del funcionario responsable por suministrar los soportes técnicos que fundamentaran la celebración de los contratos adicionales, el señor Daza era plenamente consciente del objeto y las diferencias existentes entre las vías de desvío aprobadas por la SDM para cada uno de los contratos de fase III y los proyectos de valorización 112, 154, 122, 123 y 124, no obstante procedió a elaborar consideraciones de carácter supuestamente técnico, para justificar la celebración de los contratos adicionales, haciendo pasar las vías de desvío y los referidos proyectos como coincidentes, bajo el conocimiento de que dichas obras no eran indispensables para cumplir con el objeto principal de los contratos a los cuales eran añadidas, que era el de adecuar la calle 26 y la carrera 10 al sistema Transmilenio”.

Así mismo se debe tener en cuenta que el ente investigador en el pliego de cargos, citó como desconocido por la conducta del actor, el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que tipifica la conducta como gravísima consistente en participar en la actividad contractual de la fase III de Transmilenio con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa, en este caso elaborando las consideraciones y argumentación de carácter técnico y de diseño desde la Subdirección Técnica de Estudios y Diseños y luego desde la Dirección Técnica de Diseños y Proyectos Integrales, que sirvieron de fundamento para la celebración de los contratos adicionales, con vulneración del principio transparencia consagrado el artículo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2005 y en el numeral 8 del artículo 24 de la ley 80 de 1993.

Respecto de la adecuación de las conductas disciplinarias, si bien las disposiciones deben regular conductas en forma precisa y detallada, estas pueden ser complementadas mediante la integración jurídica de disposiciones constitucionales de aplicación directa o legales que regulan los comportamientos que se consideran reprochables de manera general bajo la figura de la remisión, que fue lo que hizo la demandada al citar las normas aludidas.

No se trata de establecer que el demandante sea responsable de identificar el proceso de selección jurídica conforme a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, se le sanciona debido a que en su calidad de Subdirector y después como Director Técnico de Diseños, el disciplinado fue el responsable de suministrar los insumos y consideraciones de carácter técnico que sirvieron de fundamento para la celebración de los adicionales a los contratos 135 a 138 de 2007, consideraciones que se determinaron contrarias a la realidad fáctica y probatoria.

En síntesis, al quedar determinado que la entidad accionada observó los principios de legalidad y tipicidad conforme lo ha precisado la Corte Constitucional en la sentencia C-818 de 2005, al establecer: “[p]ara la configuración de una falta disciplinaria, se deben describir en términos absolutos, precisos e incondicionales las conductas que impliquen la existencia de una obligación, deber, prohibición, incompatibilidad o inhabilidad que impidan que el juzgamiento de una persona quede sometido al arbitrio del funcionario investigador. Ahora bien, los principios como norma jurídica también pueden ser objeto de complementación mediante la integración jurídica de su contenido normativo, ya sea a través de disposiciones constitucionales de aplicación directa o de normas de rango legal (o en términos generales: reglas), que permitan concretar de manera clara e inequívoca, los conductas prohibidas en materia disciplinaria. Se trata de acudir al empleo de la técnica de remisión del tipo disciplinario en blanco o abierto que exige para la constitucionalidad de la descripción de una infracción disciplinaria, la definición de un contenido normativo específico mínimo que garantice a los destinatarios de la norma, protección contra la aplicación arbitraria de la misma”, la Sala establece que, se adecuó la norma a la conducta realizada.

v) Culpabilidad – Configuración de la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

Analiza el accionante que el solo hecho de haber solicitado conceptos jurídicos previos, descalifica la presunta intención (dolo), ya que el investigado nunca tuvo conciencia que, con su proceder, podría incurrir en falta disciplinaria. De otra parte, considera que en el presente asunto existe la causal de exclusión de responsabilidad conforme el numeral 6 del artículo 28 del Código Disciplinario Único.

Conforme se le definió la forma de culpabilidad en el pliego de cargos y fallo de única instancia al implicado por la autoridad disciplinaria, la Sala determina que se cumplió con el requisito previsto en el numeral 7 del artículo 163 de la Ley 734 de 2002, que establece: “[l]a forma de culpabilidad”, como se pasa a demostrar.

El elemento de culpabilidad lo previó el constituyente en el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, al establecer, “[t]oda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable” y en materia disciplinaria el legislador en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, dispuso que “queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”.

A su turno, la Corte Constitucional sobre la forma de culpabilidad en el régimen disciplinario, precisó:

“/PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN DERECHO DISCIPLINARIO-Aplicación

Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado”.” .

Así entonces, la forma de culpabilidad en materia disciplinaria es dolosa o culposa, y en el sub examine en el pliego de cargos endilgado y en las decisiones sancionatorias al señor Rafael Hernán Daza Castañeda el elemento subjetivo se le calificó a título de dolo, con lo que se dio cabal cumplimiento a la ley.

Insiste la parte demandante que debe existir prueba que ofrezca certeza sobre la deliberada intención respecto de la violación de los principios de la contratación estatal, sustento probatorio que esta ausente en el expediente de la referencia.

Al momento de analizarse el conocimiento de la ilicitud por parte del actor se determinó que este en primer lugar expidió los soportes técnicos que después sirvieron de base a la adición de los contratos, lo que hizo en forma voluntaria y con cabal conocimiento, es por ello que la sentencia de única instancia de 22 de junio de 2011, aseguró que en su condición de ingeniero civil, y tratándose de un funcionario con experiencia y amplio conocimiento de la ejecución de la fase III de Transmilenio, el señor Rafael Hernán Daza Castañeda era plenamente consciente de los hechos antes descritos, no obstante procedió a elaborar consideraciones de carácter técnico, para justificar la celebración de los contratos adicionales, algunas de ellas contrarias a la realidad.

En cuanto a que en el presente asunto se evidencia la causal de exclusión de responsabilidad conforme el numeral 6 del artículo 28 del Código Disciplinario Único, debe hacerse las siguientes manifestaciones.

Respecto a las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 prevé de manera taxativa la materia como sigue:

“Artículo 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

1.      Por fuerza mayor o caso fortuito.
2.      En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.
3.      En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
4.      Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
5.      Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.
6.      Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
7.      En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.

No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento”.

En lo concerniente a este cargo se establece que acorde con el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice el comportamiento «[c]on la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria».

Se puede entender entonces que incurre en error invencible la persona que actúa con el convencimiento de licitud de su conducta, sin poder determinar que la misma sea antijurídica. Se está frente a un error invencible o inevitable «en el caso de estudio se debe entender que para que el error sea invencible, se debieron ejercer todos los medios para salir de él».

Se debe considerar como un argumento inválido, la causal invocada, ya que no puede esgrimir la propia desatención de los deberes atinentes al cargo o función cuando la persona que emite los insumos técnicos de soporte de las adiciones a los contratos, se excusa en la existencia de un concepto jurídico de viabilidad emitido por la dependencia competente del IDU, el cual si bien es requisito para el citado proceso, es tal solo uno de los componentes, requiriéndose del concepto técnico del área sobre la prosperidad de la suscripción de los contratos adicionales, pues debido a su condición de jefe del área encargada de expedirlos y experto en diseño de proyectos, era consciente de las diferencias existentes entre las obras de desvío de los contratos de fase III y los proyectos de valorización y a pesar de ello en forma voluntaria suministró insumos acreditando una supuesta coincidencia que no se probó dentro de la investigación.

Por consiguiente, para estar dentro de la causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria el actor debía demostrar en el sub judice que las circunstancias en que estaba al momento de tomar la decisión objeto de cuestionamiento, le hacían físicamente imposible ilustrar su entendimiento, lo que no sucedió, pues debió conocer las razones técnicas para conceptuar la viabilidad de la adición de los contratos, las cuales no se prestan para interpretaciones o ambigüedades.

Sin embargo, en la realidad probatoria, se establece que no se estaba ante un error de derecho invencible, toda vez que se limitó a emitir conceptos ajenos a la realidad, por lo que no estaba amparado por un error invencible que le impidiera comprender que estaba en presencia de la posibilidad de adicionar unos contratos.

Vista, así las cosas, solo se puede eximir de responsabilidad cuando el ilícito disciplinario se comete de buena fe por ignorancia invencible, requisitos estos que no se cumplen en el sub-lite, por cuanto al momento de proferir las consideraciones técnicas en los memorandos citados sobre la posibilidad de adición de los contratos debió verificar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Precisamente, “(…) el cumplimiento de funciones públicas implica la asunción de cargas especiales (…), de allí que todo servidor público esté sometido no solo al imperio de la Ley sino a un catálogo de deberes y prohibiciones, a más como en este caso, del marco normativo referente a los principios de la contratación administrativa.

Bajo la anterior consideración vale la pena destacar, que la conducta reprochada era totalmente evitable, en la medida en que, al demandante le correspondía estar seguro de la conexidad existente entre los contratos 135 al 138 de 2007 y los proyectos de valorización.

Entonces, no es factible creer que el señor Rafael Hernán Daza Castañeda actuó bajo la convicción errada e invencible, puesto que, primero, el error era totalmente evitable y dominable, siempre y cuando hubiese conforme a las justificaciones técnicas; segundo, estaba obligado a conocer la ley, en razón a que no puede invocarse su ignorancia como excusa ni realizar interpretaciones ajenas, como quiera que los soportes técnicos debieron ajustarse a la realidad sin que pudiera concluirse que entre las obras de desvío de los contratos de fase III y los proyectos de valorización no había diferencia, la cual es clara y precisa, por lo que el error era vencible.

Como corolario, estima la Sala que el demandante no probó la existencia de la causal eximente de responsabilidad por error invencible.

vi) Falsa motivación en el análisis del cargo.

Afirma que no es cierto que el demandante haya elaborado las consideraciones y componentes técnicos, que justificaron la celebración de los contratos adicionales relacionados en el cargo imputado. Su actuación se limitó a solicitar concepto jurídico de viabilidad sobre la adición a los contratos.

Si bien es cierto que las adiciones se efectuaron directamente por la Dirección General del IDU las que fueron sustentadas por la Dirección Técnica de Construcciones, también lo es que el encartado en su condición de Subdirector Técnico de Estudios y Diseño y en el ejercicio del cargo de Director Técnico de Diseño de proyectos elaboró las consideraciones y soportes técnicos y de diseño que sirvieron de sustento para la celebración de los contratos adicionales indicados en el cargo imputado, tal como ya se refirió en esta misma providencia, por lo que debe estarse a lo atrás decidido.

vi) Falsa motivación y desviación de poder en la justificación técnica de la sanción disciplinaria.

Afirma el inculpado, que tal como se puede apreciar en los diferentes memorandos de solicitud de concepto jurídico al área legal del IDU para efecto de establecer la viabilidad de la adición de obras de valorización a contratos específicos de la Fase III de Transmilenio, observa que el soporte técnico ofrecido por el actor, permitía a la Dirección Técnica Legal estudiar si era procedente acudir al procedimiento ordinario de la licitación pública o, si por el contrario, se podía acudir de manera directa a la suscripción de un contrato adicional. Si se hubiera querido lesionar el proceso de licitación pública, no se hubiera solicitado dicho concepto.

Procede la parte actora a hacer la relación de los memorandos preparados por el área de diseño con el propósito de solicitar concepto jurídico, como sigue:

Contrato adicionado
Objeto
Acto Administrativo
Contrato IDU 135-2007
Solicitud concepto jurídico
Memorando STED-3200-51003 de nov 24-2008
Alcance a solicitud concepto jurídico
Memorando STED-3200-55912 de dic 19-2008
Concepto Jurídico
Memorando DTL-6000-56078 de dic 22-2008
Solicitud elaboración contrato adicional
Memorando STEO-3300-56664 de dic 24-2008
Adicionar proyectos 123 y 124 Avenida Mariscal Sucre
Contrato adicional No 1 y otro sí No 5 de dic 29-2008.
Contrato IDU 136-2007
Solicitud concepto jurídico
Memorando DTD-3135-31811 de agosto 24-2009
Concepto Jurídico
Memorando SGJ-405-36854 de oct 5-2009
Solicitud elaboración contrato adicional
Memorando STEST-346-39626 de oct 28-2009
Adicionar proyecto 122 A – Avda Mariscal Sucre
Contrato Adicional No 2 de nov 18-2009
Solicitud concepto jurídico
Memorando DTD-315-31811 de agosto 24-2009
Contrato IDU 137-2007
Concepto jurídico
Memorando SGJ-405-36854 de oct 5-2009
Solicitud elaboración contrato adicional
Memorando STEST-346-041412 de nov 12-2009
Adicionar proyectos 122 A y B
Contrato Adicional No 1 de nov 18-2009
Contrato IDU 138-2007
Solicitud concepto jurídico
Memorando DTD-315-24230 de jun 18-2009
Solicitud concepto jurídico
Memorando STEST-346-24382 de jun 19-2009
Concepto jurídico
Memorando SGJ-405-24385 de jun 19-2009
Alcance concepto jurídico
Memorando SGJ-405-24460 de jun 23-2009
Adicionar proyectos 112 y 154
Contrato Adicional No 1 de jun 25-2009

Concluye del anterior cuadro, que el Director Técnico de Diseño firmó solo la solicitud de concepto jurídico cursada con el memorando DTD-315-31811 de agosto 24 de 2009, aplicable a los contratos 136 y 137 de 2007. En el caso de los dos contratos restantes, la solicitud de concepto jurídico fue suscrita por su superior inmediato, el Subdirector General Técnico (memorando STED-3200-51003 de noviembre 24 de 2008 aplicable al contrato 135-2007) y por el Subdirector General de Infraestructura (memorando DTD-315-24230 de junio 18 de 2009 relacionada con el contrato 138-2007).

Efectivamente, del memorando DTD-315-31811 de agosto 24 de 2009, se desprende que fue firmado por el demandante en su condición de Director Técnico de Diseño, en el caso de los otros dos memorandos también fueron suscritos por el demandante en calidad de la persona que aprobó, lo que no le resta credibilidad a lo allí consignado ni mucho menos que en la elaboración de los mismos participó el interesado.

Es cierto que le compete al director técnico legal del IDU, el acompañamiento jurídico a los diferentes contratos y emitir conceptos jurídicos en aquellas decisiones que tengan incidencia en la ejecución de estos, por lo tanto, en la misma providencia de única instancia la Procuraduría General de la Nación, lo sancionó igualmente. No obstante no son aceptables las apreciaciones del disciplinado, considerando que en el cargo imputado se precisaron de manera clara los comportamientos en los que el implicado incurrió que dieron origen al reproche disciplinario, los cuales estaban sujetos a un deber funcional concreto, relacionado con la obligación del señor Rafael Hernán Daza Castañeda en su calidad de Subdirector Técnico de diseño de proyectos y posteriormente como director, de elaborar los componentes técnicos, lo que excluye el tema jurídico que es del resorte de la dirección técnico legal de la misma entidad.

En conclusión al examinar los conceptos técnicos emitidos por la Dirección Técnica de Diseño de Proyectos se encontró que lesionaron los principios de la contratación estatal y la función administrativa, al constituir el soporte para adoptar la decisión por parte de la Dirección Técnico Legal, los cuales se identifican con los memorandos DTD 315-31811 del 24 de agosto de 2009, DTD-315-24230 del 18 de junio de 2009 y STED- 3200-51003 de noviembre 24 de 2008 de la Subdirección Técnica de Estudios y Diseño y sus respectivos anexos, en los cuales se analizaron los argumentos como la conexidad entre las obras de valorización y las vías de desvío de los contratos de fase III; la necesidad de impedir la intervención de dos contratistas diferentes sobre las vías de desvío; las diferencias entre los niveles de intervención de las obras de valorización y desvíos de fase III; coordinación y coincidencia de ambos proyectos; vencimiento de los dos años contemplados en el acuerdo 180 de 2005 para el inicio de construcción de las obras.

Con fundamento en lo anterior se encontró que los argumentos esgrimidos eran contrarios a la realidad probatoria obrante dentro del proceso, y a partir de allí se estructura la responsabilidad del demandante.

Refiere el actor en la demanda a la conexidad entre las obras de valorización y las vías de desvío de los contratos de Fase III; Objeto de las vías de desvío distinto al objeto de los proyectos de valorización; El Hecho técnico que resaltaba la posibilidad de que dos contratistas intervinieran una sola vía; El Aval jurídico sobre viabilidad de los contratos adicionales; La participación en la actividad contractual del accionante; Calificación dolosa de la conducta imputada; Ausencia de ejecución de las obras de valorización adicionadas al contrato 137 de 2007, aspectos que fueron debidamente analizados en sede administrativa, consideraciones que son aceptadas por esta sede judicial.

Se probó dentro del expediente las diferencias entre el nivel de intervención de las obras de desvío y las de valorización, así como la falta de coincidencia de los referidos proyectos de valorización con las vías de desvío aprobadas, ya que, para la fecha de celebración de los contratos adicionales, las vías de desvío en su mayoría ya habían sido adecuadas por los constructores dentro de los contratos 135 y 138 de 2007.

Además de la existencia de la diferencia entre las fuentes de financiación y destinación específica entre los proyectos de valorización y los de la fase III de Transmilenio.

La decisión que resolvió el recurso de reposición de fecha 6 de diciembre de 2011, concluyó que los contratos adicionales tuvieron un procedimiento previo de revisión y aprobación de los directores de la diferentes áreas (legal, técnica, de diseño), conforme a la estructura orgánica del Instituto de Desarrollo Urbano, por ello las irregularidades disciplinarias que de ellos se desprenden y que se relacionan con la vulneración del principio de transparencia que rige la contratación estatal (numeral 1 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y en el numeral 8 del artículo 24 de la ley 80 de 1993), comprometen a todos los servidores que ejerciendo funciones públicas, participaron en la producción del contrato adicional, desde el ámbito de su competencia.

De conformidad con lo indicado no exime de responsabilidad al demandante la existencia del aval jurídico, ni la supuesta falta del deber funcional al no participar en la escogencia de los contratistas, toda vez que la responsabilidad que se le endilga se estudió desde el punto de vista de la competencia asignada en el trámite de los contratos adicionales.

Con el fin de establecer las razones técnicas que soportaron los contratos adicionales, se recepcionaron varios testimonios en sede judicial, los que serán objeto de análisis como sigue.

Adriana Lucia Ortiz Torres

Señala la declarante que como Coordinadora del Grupo de Valorización del IDU, una vez se le puso de presente las documentales de folios 63, 136 y 170, que participó en 2 de los memorandos esto es los identificados con los Nos 51003 y 31811, señala que estuvo vinculada al área técnica del IDU. Agrega que en esos memorandos se solicitó el concepto jurídico ya que encontraron que unos de los proyectos de valorización coincidían físicamente con una ruta de los contratos de Transmilenio, es decir que tenía una ejecución de otro tipo de contratos, basados en observaciones técnicas. Menciona que en esos memorandos se alertaban a la entidad en la coincidencia de dos proyectos en el mismo espacio y en el mismo tiempo, por lo que se solicitó, se conceptuara si era pertinente a nivel legal, al área competente, según la resolución 2391 de 2008, emitida por la Dirección Técnica Legal de la entidad. Concluye que, según el manual, el área ejecutora era quien debía promover el contrato de obra para efecto de cualquier modificación. En el caso concreto afirma que el área responsable de la adición contractual es la Dirección Técnica de Construcciones del IDU. Asegura que una vez revisó los memorandos en ellos no se dice que las obras sean necesarias ni conexas, solo se mencionó el inconveniente de desarrollar dos proyectos, donde se podía presentar dos contratistas en un mismo sitio. Aclara que su área de subdirección de diseño, no realizó los estudios de conveniencia para formalizar el contrato adicional, por no ser competentes. La participación del demandante la limita a que en calidad de subdirector y después director técnico de diseño era el encargado de la firma de los memorandos que salieron de allí. Narra que un desvío en un proyecto de infraestructura vial es una vía que temporalmente se utiliza para mejorar el tráfico, y un proyecto de valoración era para mejorar la movilidad de ciertos sectores y mejorar las redes, es permanente. En el caso concreto coincidían los desvíos con la obra de valorización no en su totalidad, solo en algunos tramos, y se iban a cruzar en el tiempo. Concluye que los contratos de valorización tenían un plazo de dos años por lo que había un riesgo alto que no se pudieran ejecutar.

Eric Leonardo Elías Acosta

Aduce que trabajó como contratista en la dirección técnica de estudios y diseño, siendo el demandante su jefe. Se le pone de presente al deponente los memorandos visibles a folios 63, 136 y 170, manifiesta que conoce únicamente los alcances del memorando DTD315-24230 del 28 de julio de 2009, porque participó en su elaboración. Afirma que este memorando se proyectó por instrucción de la dirección general y la subdirección general de infraestructura del IDU. Aclara que en el contenido del memorando no se dijo que las obras de valorización sean necesarias, conexas o indispensables para desarrollar el contrato principal que era la fase III de Transmilenio. Tampoco elaboró los estudios de conveniencia de los contratos adicionales por no ser competentes. En el memorando se hacen unas consideraciones sobre posibles riesgos que se podían presentar por desarrollar muchas obras en la zona. Para dar respuesta a cuál era el fin de los memorandos, menciona que era poner de manifiesto alguna situación que pudiera presentar las obras simultáneas. Explica que cuando se hace una modificación contractual hay que hacer un estudio de conveniencia, la cual le compete al área ejecutora, que respecto a los contratos de fase III de Transmilenio era la Dirección Técnica de Construcciones del IDU.

Martha Patricia Ibáñez Pérez

La declarante se desempeñó como contratista de la Dirección Técnica de Diseño del IDU, manifestó que de los tres memorandos que se le enseñaron participó del primero STED-3200-51003 del 24 de noviembre de 2008. Relata que el proceso fue motivado por unas inconsistencias técnicas por el riesgo de ejecución, pero no tenían competencia en el trámite de adición de los contratos de ejecución de obra objeto de la audiencia. Expone que era la coordinadora del contrato 30-2006 de valorización y allí se evidencia que el tramo objeto de estudio era también objeto de análisis de campo por otro constructor, por lo que se hicieron unas mesas de trabajo donde se vio la necesidad de mostrar las consecuencias de esta doble intervención de un mismo tramo e igual periodo de tiempo. Explica que en los contratos de valoración debían entregar unas obras y desde el contrato de Transmilenio esos mismos tramos habían sido escogidos como el plan de manejo de desvío, mientras se ejecutaban las obras de la carrera décima, por lo que había un doble objeto, lo que hacía imposible determinar cronogramas y responsabilidades. Se refiere a que son los PMT, indica que en cuanto al plan de manejo de tráfico cualquier contratista que intervenga la malla vial debe presentar un estudio de tráfico y señalización. Arguye que en el memorando aducido no se utilizan los términos que las obras fueran necesarias, indispensables o conexas. Añade, que los trámites contractuales de adición a contratos de obra eran elaborados por el ejecutor. Comenta que de las mesas de trabajo que se realizaron se concluyó que para evitar la intervención simultánea y como los contratos que iban a tener mayor permanencia era los de fase III, lo más recomendable sería que hubiera un solo ejecutor. Sobre la coincidencia de obras afirma que era muy alta para un tramo era del 70% y para otro del 30%. Menciona que el objeto de adecuación para obras de desvío era diferente de las obras de valorización, pero eran intervenciones simultáneas.

Jorge Enrique Cardona Garay

El testigo refiere que el memorando 31811 de 24 de agosto de 2009 fue realizado por él. Relata que allí se efectuó un análisis técnico con relación a las interferencias entre las obras de Transmilenio y las de valorización, específicamente con la avenida mariscal tramos 122 A y B. Adiciona que se estudia si era procedente que entraran dos contratistas en la misma zona donde se estaba realizando el plan de desvíos. Advierte que el área encargada de solicitar las adiciones era la subdirección técnica del subsistema de transporte, entidad ejecutora, además de la dirección técnica de ejecución contractual y la dirección técnica legal. Dice que en el memorando en ninguna parte se está expresando que sea una obra conexa e indispensable para alguna de las dos, pues cada obra era independiente.

Ricardo Córdoba Rojas

El declarante fue citado para demostrar el presunto perjuicio moral causado al demandante con la imposición de la sanción disciplinaria. Afirma que conoció al actor desde el año 1991 cuando laboraron juntos, y desde allí se desarrolló una amistad. Procede a relatar lo relacionado con el impacto que sufrió el demandante por los procesos, ya que lo vio deprimido y golpeado moralmente.

Con respecto a las apreciaciones de los declarantes es pertinente establecer que los mismos son coincidentes en que las razones de los memorandos que fueron la fuente para la procedencia de la adición de los contratos, los que tuvieron su razón de ser la concurrencia de algunos tramos de los diferentes contratos de valorización con lo de la fase III de Transmilenio, por lo que se estudió si era procedente que entraran dos contratistas en la misma zona donde se estaba realizando el plan de desvíos. Igualmente, que dentro de las funciones del demandante no se encontraban las de conceptuar técnicamente para efecto de la adición de los contratos.

Frente a las declaraciones recaudadas, disiente la Sala en cuanto a que lo consagrado en los memorandos eran simplemente para advertir de un peligro, que si bien lo denominan solicitud de viabilidad jurídica para adicionar un contrato, es cierto dado que se trata de uno de los componentes para suscribir los mismos, ya que si no existe el componente técnico pues no se da el componente jurídico. En cuanto a que ciertos tramos eran coincidentes no lo fueron, ya que la mayoría de las vías de desvío para la fecha en que fueron celebrados los contratos adicionales, ya se encontraban habilitadas, y si existieron no eran indispensables para cumplir los contratos de la fase III, aparte de que si presentaron fueron mínimas. Adicionalmente estos memorandos se expidieron por la autoridad competente para ello, y se relacionaron en los conceptos jurídicos que sirvieron de soporte para la suscripción de los adicionales, esto es el memorando DTL – 6000 56078 del 22 de diciembre de 2008, concepto SGJ-405-36854 del 5 de octubre de 2009, y memorandos SGJ-405-24385 y 24460 del 19 y 23 de junio de 2009, respectivamente, de la Subdirección General Jurídica.

No puede entenderse que la dirección técnica de diseños, emita soportes técnicos sin ninguna finalidad, tampoco que se pretenda exonerar de cualquier responsabilidad al adjudicar dicha función ya sea a la Dirección Legal o a la de Construcciones del IDU, pues se trató de un trámite conjunto donde debe responder cada uno de los inculpados en forma proporcional a lo actuado, es decir se presentó una corresponsabilidad.

No obstante lo referido por los testigos, en las decisiones de instancia disciplinarias y teniendo en cuenta las demás pruebas allegadas al expediente se consideró que el demandante si incurrió en la causal disciplinaria, ya que los fundamentos técnicos no consultaron la realidad, pues debido a la necesidad de ejecutar los proyectos de valorización, toda vez que el periodo otorgado se iba a terminar y se corría el peligro de tener que devolver esos recursos, se encontraron ante la premura específica de ejecutar los mismos.

Sumado a esto, se encuentra que la demandada en el marco del proceso disciplinario garantizó los derechos al debido proceso y a la defensa material del disciplinado, pues esta entidad recabó, practicó y valoró las pruebas con el fin de establecer la responsabilidad del señor Rafael Hernán Daza Castañeda. En tal sentido, se estima que los cargos son infundados pues carecen de elementos que prueben que desde la actividad sancionadora se vulneró el derecho invocado, razón por la que los vicios de nulidad no están llamados a prosperar.

Toda vez que la entidad accionada no contestó la demanda, solicitó la apoderada del demandante que se tuvieran por ciertos los hechos de la misma, petición que es improcedente a la luz del artículo 217 del C.P.A.C.A., que establece que no valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas, por lo que de manera lógica ante el silencio de la accionada no pueden presumirse por cierto los hechos susceptibles de confesión.

Como conclusión de lo expuesto, la Sala determina que, la Procuraduría General de la Nación no desconoció los derechos al debido proceso y a la defensa, ni tampoco incurrió en falsa motivación ni desviación de poder, ya que está demostrado que el actor desplegó el comportamiento imputado, con lo cual menoscabó la función pública asignada por la Constitución y la ley, encuadrando su actuación en las normas citadas como infringidas. En conclusión, los actos administrativos se fundamentaron en la realidad probatoria y el ordenamiento jurídico preexistente.

DECISIÓN

De conformidad con lo anterior, para la Sala está probado que el señor Rafael Hernán Daza Castañeda cometió la falta disciplinaria gravísima que le reprocharon en el auto de cargos, y los actos administrativos demandados no se encuentran viciados de nulidad por las causales alegadas por la parte actora, en consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Rafael Hernán Daza Castañeda contra la Nación – Procuraduría General de la Nación.

SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas.

TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Por auto de 18 de mayo de 2011, N.I. 0145-2010. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado, la Sección Segunda del Consejo de Estado, consolidó la línea jurisprudencial sobre competencia en materia disciplinaria, determinando que acorde con las providencias del 12 de octubre de 2006, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, número interno 799-2006; 27 de marzo de 2009, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1985-2006; y 4 de agosto de 2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1203-2010, esta Corporación en única instancia no solo conocía de las sanciones disciplinarias administrativas de destitución, sino también las de suspensión en el ejercicio del cargo, siempre y cuando las sanciones provengan de autoridades del orden nacional.
Folios 437 al 438 del cuaderno principal.
Folios 438 al 439 del cuaderno principal.
Folios 441 al 488 del cuaderno principal.
Folios 504 al 508 del cuaderno principal
Folios 542 al 548 del cuaderno principal.
Folios 607 al 615 del cuaderno principal
Folios 542 al 548 del cuaderno principal.
Folios 653 al 656 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), 20 de marzo de 2014, Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11.

Folio 311 correspondiente al cd
Folios 317 al 379 del cuaderno principal.
Folios 571 A BIS al 571 F del cuaderno principal
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, M.P. Germán Alberto Bula Escobar, radicado 11001-03-06-000-2016-00064-00.
Ídem
Folios 64 al 69 del cuaderno principal
Folios 136 al 145 del cuaderno principal
Folios 170 al 174 del cuaderno principal
Folios 27 al 61 del cuaderno principal
Corte Constitucional Sentencia C-452 de 24 de agosto de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Consejo de Estado. Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00368-00(1381-11) providencia del 27 de octubre de 2016. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Folios 136 al 145 del cuaderno principal
Sentencia del 5 de marzo de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Consejo de Estado, sentencia de 7 de febrero de 2008, Radicación número: 25000-23-25-000-2001-11811-01(2941-05), C. P. Dr. Alfonso Vargas Rincón
Corte Constitucional. Sentencia C-280 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero

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