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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00863-00

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00863-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva formulada por Corpocaldas, según lo expuesto en la presente providencia. Segundo: Declarar probado el medio exceptivo de «observancia de los preceptos de carácter constitucional y legal, frente a los actos proferidos por la CNSC en la Convocatoria 001 de 2005», propuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Tercero: Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora Victoria Eugenia Puerta González, en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y vinculadas la Corporación Autónoma Regional de Caldas y la señora Martha Patricia García Gómez. Cuarto: Sin condena en costas. Quinto: Reconocer personería adjetiva al abogado John Edward López Garzón identificado con cédula de ciudadanía 79.765.476 y portador de la tarjeta profesional 214.983 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, según poder a él conferido enviado como mensaje de datos visible en índice 85 de la plataforma SAMAI. Sexto: Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2012-00863-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

4 de agosto de 2022

Radicado: 110010325000201200863 00 (2657-2012)
Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 110010325000201200863 00 (2657-2012)
Demandante: VICTORIA EUGENIA PUERTA GONZÁLEZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL1
Vinculadas: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS2 y
MARTHA PATRICIA GARCÍA GÓMEZ

Temas: Equivalencias del requisito mínimo de educación formal en
posgrado y experiencia. Convocatoria 001 de 2005. El acto de
convocatoria como norma que regula el concurso de méritos.
Oferta pública de empleos.

Decisión: Se deniegan las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, dicta la sentencia que en derecho corresponda, en la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de
1984 o Código Contencioso Administrativo (CCA)3, que se tramitó por la demanda
interpuesta por la señora Victoria Eugenia Puerta González en contra de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

LA DEMANDA

Pretensiones4

1. Declarar la nulidad de la Lista de No Admitidos Grupo II del 22 de junio de 2011,
proferida por la entidad demandada, en tanto incluyó en dicha situación a la
geóloga Victoria Eugenia Puerta González, en el cargo de profesional

1 En adelante CNSC.
2 En adelante Corpocaldas.
3 Vigente para la época de la demanda, dado que fue invocada el 9 de noviembre de 2011, según acta individual

de reparto visible a folio 1 del cuaderno principal. Sobre el punto se destaca que la demanda fue presentada ante
los juzgados administrativos del Circuito Judicial de Manizales, empero, por medio de providencia del 29 de
agosto de 2012, el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Manizales, se remitió por competencia al
Consejo de Estado conforme lo establece el numeral 2.° del artículo 128 del CCA (folios 561 a 563).
4 Folios 3 a 4 -demanda- y 619 a 622 -reforma-.

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Radicado: 110010325000201200863 00 (2657-2012)
Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

especializado, código 2028, grado 14, dentro de la OPEC 41554 de la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, en la Convocatoria 001 de 2005,
adelantado por el referido organismo autónomo.

2. Declarar la nulidad de la comunicación fechada del 9 de julio de 2011, mediante
la cual se dio respuesta negativa a la reclamación de requisitos mínimos
formulada por la parte interesada frente a lo decidido en el listado de no
admitidos.

3. Declarar el decaimiento de los siguientes actos administrativos:

• Resolución 661 del 23 de marzo de 2012, mediante la cual la CNSC conformó
la lista de elegibles para proveer los empleos de carrera en Corpocaldas.
• Resolución 376 del 6 de agosto de 2012, a través de la cual la Corporación
Autónoma Regional de Caldas nombró en período de prueba a la señora
Martha Patricia García Gómez en el cargo de profesional especializado,
código 2028, grado 14.
• Resolución 653 del 20 de noviembre de 2013, por medio de la cual
Corpocaldas dio por terminado el nombramiento en provisionalidad a la
demandante en el empleo de profesional especializado, código 2028, grado
14.

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil emitir un nuevo acto administrativo en el que disponga la
admisión de la libelista en la Convocatoria 001 de 2005, para el empleo de
profesional especializado, código 2028, grado 14, dentro de la OPEC 41554 de la
Corporación Autónoma Regional de Caldas.

5. Conminar a la CNSC a la expedición de una nueva lista de elegibles para proveer
el cargo de profesional especializado, código 2028, grado 14, en la cual se
incluya a la demandante por reunir los requisitos necesarios para ocuparlo e
igualmente ordenar el reintegro y nombramiento en período de prueba de la
interesada en el mencionado empleo.

6. Ordenar la «indemnización» a la señora Victoria Eugenia Puerta González, en
cuantía equivalente al valor de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el momento en que se ordenó la desvinculación de aquella en el
cargo de profesional especializado, código 2028, grado 14, sin solución de
continuidad.

7. Ordenar a la entidad que dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 176, 177 y 178 del CCA y condenarla en costas.

Fundamentos fácticos relevantes esbozados en el escrito de la demanda5

1. La señora Victoria Eugenia Puerta González ejerce el cargo de profesional
especializada, código 2028, grado 14, desde el 6 de enero de 2004 en
provisionalidad, en la Corporación Autónoma Regional de Caldas, empleo que, a la
fecha de radicación de la presente demanda, actualmente desempeña.

5 Folios 4 a 8 -demanda- y 622 a 628 -reforma.

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Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

2. La libelista recibió el título de geóloga desde el 29 de mayo de 1998 e igualmente
terminó y aprobó las asignaturas correspondientes a la maestría de medio ambiente
y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, pues para el
día 17 de diciembre de 2005 -fecha de apertura de Convocatoria 001 de 2005-,
únicamente tenía pendiente la presentación y aprobación de la tesis. Aunado a ello,
tiene 13 meses de experiencia profesional relacionada, por tanto, cumplía a
cabalidad con los requisitos exigidos para el empleo.

3. En la Corporación Autónoma Regional de Caldas todos los cargos de profesional
especializado, código 2028, grado 14, tienen establecidas las equivalencias, de
acuerdo con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
diseñado para la mentada entidad.

4. La Comisión Nacional del Servicio Civil publicó la Convocatoria 001 de 2005, con el
fin de proveer mediante concurso de méritos los empleos de carrera administrativa
que se encontraban surtidos en condiciones de provisionalidad, encargo o vacancia
definitiva, de acuerdo con los reportes efectuados por varias entidades.

5. En virtud de lo anterior, la señora Victoria Eugenia Puerta González se inscribió en
dicha convocatoria con el fin de postularse en el empleo que ocupaba en
provisionalidad desde el 6 de enero de 2004, identificado dentro del concurso así:
grupo II; número de empleo: 41554; entidad: Corporación Autónoma Regional de
Caldas; denominación: profesional especializado, código 2028, grado 14, nivel
jerárquico: profesional.

6. La interesada superó de manera exitosa las pruebas funcionales y
comportamentales, sin embargo, el 22 de junio de 2011 la entidad demandada,
publicó en su página web el listado de los no admitidos dentro del mentado
proceso de selección, en la cual incluyó a la señora Puerta González por el
siguiente motivo: «no presentó títulos de educación formal de postgrado en la
modalidad de especialización exigido por el requisito del empleo».

7. En vista de que la CNSC no tuvo en cuenta las equivalencias del cargo previstas
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, la interesada
formuló la respectiva reclamación el 23 de junio de 2011, bajo el argumento de
que cumplía con los requisitos mínimos de experiencia y estudios, toda vez que el
título de posgrado en la modalidad de especialización se le aplicaba la
equivalencia de más de 2 años de experiencia profesional, según lo regulado en
el Acuerdo 162 del 5 de octubre de 2011, que reglamentó el procedimiento para
la aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011 en las convocatorias en curso de la
entidad demandada al 7 de julio de 2011.

8. La parte pasiva en la presente litis dio respuesta negativa a la anterior petición el
9 de julio de 2011, al considerar que no había lugar a la aplicación de
equivalencias y, por tanto, se mantenía la decisión inicial, esto es, la inadmisión
de la demandante dentro de la convocatoria mencionada, acto ante el cual no
procedía recurso alguno.

9. La anterior información, se dio pese a que, con anterioridad a la expedición de
aquella, el director de Corpocaldas envío Comunicación DIR 353040 del 30 de

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Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

marzo de 2011, en la cual solicitó la inclusión de equivalencias en el cargo OPEC
41554, de profesional especializado, código 2028, grado 14.

10. La demandante interpuso acción de tutela que le fue resuelta de manera
desfavorable, por improcedencia del mecanismo constitucional incoado, conforme
las sentencias del 13 de julio de 2011 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales y del 19 de agosto de la mentada anualidad signada
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.

11. Posteriormente, la entidad demandada profirió Resolución 661 del 23 de marzo
de 2012, que conformó la lista de elegibles para proveer unos cargos de carrera
para la Corporación Autónoma Regional de Caldas, cuya firmeza fue declarada el
23 de julio de 2012, según aviso publicado en la web.

12. Frente a dicho acto administrativo, el director de Corpocaldas presentó
reclamación, por cuanto la aspirante Martha Patricia García Gómez no cumplía la
experiencia exigida para el empleo, frente a la cual la CNSC dio respuesta
mediante Oficio 2012EE 27401 del 27 de junio de 2012, en el cual se indicó se
ratificaba en el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por parte de la
señora García Gómez y por tal motivo se dio firmeza a la lista de elegibles.

13. En virtud de ello Corpocaldas procedió a nombrar en período de prueba a la
señora Martha Patricia García Gómez en el cargo de profesional especializado,
código 2028, grado 14, ante lo cual aquella peticionó una prórroga de 80 días
para tomar posesión.

14. Frente a ello, la Corporación Autónoma Regional de Caldas emitió la Resolución
401 del 16 de agosto de 2012, a través de la cual se prorrogó la posesión del
empleo. En este sentido, la demandante fue retirada del cargo que venía
desempeñando por medio de Resolución 653 del 20 de noviembre de 2012 que
dio por terminado un nombramiento en provisionalidad.

Normas violadas y concepto de violación

Para la parte demandante, los actos administrativos acusados desconocieron, entre
otras, las siguientes normas: artículos 1.°, 2.°, 13, 23, 25, 29, 53, 122 y 125 de la
Constitución Política; 1.°, 2.° 3.°, 11, 12, 17, 27, 28, 29, 31 y 32 de la Ley 909 de
2004; 12, 12, 22 y 26 del Decreto 1277 de 2005; 1.° del Decreto 1746 de 2006; 15
del Decreto 760 de 2005; Resolución 472 del 16 de noviembre de 2007.

En síntesis, el concepto de violación lo formuló así:

La accionante afirmó que los requisitos para el empleo de profesional especializado,
código 2028, grado 14, se encuentran regulados en el Manual de Funciones y
Competencias Laborales de Corpocaldas, el cual claramente prevé unas
equivalencias al título de postgrado en la modalidad de especialización por dos años
de experiencia profesional, circunstancia que no fue tenida en cuenta por la CNSC,
motivo por el cual los actos administrativos demandados se encuentran viciados de
nulidad por falsa motivación y expedición irregular, al haberse negado dar aplicación
a la normativa en comento.

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Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

Sobre el particular citó apartes jurisprudenciales del fallo del 31 de agosto de 2010,
proferido por el Consejo de Estado6, con el fin de concluir que la demandante viene
ocupando y ejerciendo las competencias del cargo del cual fue declarada como no
admitida en la Convocatoria 001 de 2005, surtida por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, pese a haber superado satisfactoriamente todas las etapas
determinadas y haber puesto de presente dicha situación en la reclamación por ella
formulada, la existencia de equivalencias para suplir el título de especialización
exigido para el empleo, conforme a lo previsto en el artículo 15 del Decreto Ley 760
de 2005, que permite la corrección de errores como es la falta de observancia de
equivalencias según el Manual de Funciones y Competencias de Corpocaldas para
poder acceder al cargo público al cual se presentó.

Puntualizó que en el sub lite resulta evidente que su inadmisión en la lista de
admitidos dentro del concurso de méritos llevado a cabo por la CNSC, fue ajena a los
requisitos establecidos por el manual de funciones, sin embargo, a pesar de haber
efectuado la respectiva reclamación y la solicitud de corrección del notorio error, la
CNSC, aislada del ordenamiento jurídico superior, de manera ilegal, mantuvo su
decisión de excluir del concurso de méritos a la aquí interesada, quien claramente
demostró en las pruebas aplicadas, las mejores condiciones para la prestación del
servicio público, que es el objetivo que en todo caso debe perseguir dicho
instrumento, conforme al mandato constitucional 125 desarrollado por la Ley 909 de
2004 y el Decreto 760 de 2005.

Sostuvo que, como consecuencia de la voluntad administrativa enjuiciada se le
vulneraron sus derechos constitucionales, entre ellos, algunos que tienen relevancia
de fundamentales, circunstancia que la tiene ad portas de quedar cesante del empleo
el cual ocupa desde el año 2004, conforme se acredita con la prueba documental
allegada al plenario. Las situaciones descritas, implican además el decaimiento de
los actos administrativos proferidos en el proceso de selección, inclusive el que
designó en período de prueba a la señora Martha Patricia García Gómez, acorde con
lo preceptuado en el artículo 66 del CCA.

Solicitud de suspensión provisional

La parte demandante solicitó la suspensión provisional7 de los efectos derivados de
la Lista de No Admitidos Grupo II del 22 de junio de 2011 y de la Comunicación
fechada 9 de julio de la mencionada anualidad, proferidas por CNSC, en tanto
incluyó en dicha situación a la geóloga Victoria Eugenia Puerta González, en el cargo
de profesional especializada, código 2028, grado 14, dentro de la OPEC 41554 de la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, en la Convocatoria 001 de 2005,
adelantado por el referido organismo autónomo.

La Sección Segunda del Consejo de Estado mediante providencia del 28 de julio de
20148 denegó lo peticionado, al considerar que los argumentos esbozados por la
libelista no conducían a establecer de manera manifiesta y evidente la infracción de
las normas que se alegaron como vulneradas. Para ello, era necesario efectuar un
análisis de fondo de los actos acusados acorde con el material probatorio aportado y
el ordenamiento jurídico aplicable.

6 Radicado: 25000-23-15-000-2010-01441-01 (AC).
7 Folios 24 a 35.
8 Folios 566 a 571.

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Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL9

Pronunciamiento frente a las pretensiones

La CNSC se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas, al considerar que
carecen de fundamento legal y respaldo probatorio.

Manifestación frente a los hechos de la demanda

En síntesis, expuso que los fundamentos fácticos descritos en el acápite de la
demanda en su mayoría no le constan, aunado a ello, que los hechos 6, 8 a 10, 12 y
14 son ciertos.

Excepciones

• Observancia de los preceptos de carácter constitucional y legal, frente a
los actos proferidos por la CNSC en la Convocatoria 001 de 2005

Para tal fin esgrimió que, durante el desarrollo de la mentada convocatoria se
presentaron varios cambios en virtud del Acto Legislativo 001 de 2008 que otorgó a
los empleados de carácter provisional la prerrogativa de ser inscritos de forma
extraordinaria en carrera administrativa, normativa que fue declarada inexequible por
parte de la Corte Constitucional mediante sentencia C-588 de 2009, por tal motivo, la
Comisión Nacional del Servicio Civil debió adoptar las decisiones pertinentes y
reiniciar el concurso de los cargos desempeñados por el personal en provisionalidad.

En consecuencia, sobrevino la necesidad de expedir una serie de normas que
permitieran adecuarse a la nueva realidad constitucional, entre las cuales se observa
la Circular 48 de 2009, que indicó que antes del 25 de setiembre de la mencionada
anualidad, las entidades debían reportar los empleos sobre los cuales los servidores
se encontraban concursando en la Convocatoria 001 de 2005 y que estando
habilitados no continuaron en la segunda fase de aquella, al considerar que contaban
con la opción de inscripción de forma extraordinaria.

Asimismo, se emitieron las Circulares 053, 054 y 074 de 2009, que modificaron la
oferta de los tres grupos (técnico, asistencial y profesional), y se impartió la orden a
las entidades públicas del orden nacional y territorial, de reportar y actualizar la
información relativa a la oferta pública de empleos de carrera administrativa, a más
tardar el 7 de diciembre de 2009, por lo cual la OPEC correspondió a una
elaboración propia autónoma de dichas entidades, en la cual la CNSC, en ejercicio
de sus funciones, procedió a publicarlas y los aspirantes inscritos seleccionaron los
respectivos empleos.

De otro lado, sustentó que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004
en concordancia con el artículo 1227 de 2005, el Manual Especifico de Funciones y
Competencias Laborales de Corpocaldas es uno de los insumos básicos de la

.9 Folios 707 a 714. Se destaca que de folios 715 a 719, la entidad llamó en garantía a la Corporación Autónoma
Regional de Caldas.

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planificación de las convocatorias, que, para el caso bajo estudio, se determinaron no
solo las funciones a desempeñar por parte de los servidores públicos sino también
los requisitos (educación y experiencia) o competencias (saber, hacer, ser)
necesarias para el ejercicio de los empleos.

En esta línea de intelección, arguyó que en la etapa preparatoria del proceso de
selección, la entidad destinataria del concurso, en este caso Corpocaldas, entregó a
la Comisión la OPEC correspondiente que contenía: empleos a proveer
(denominación, código, grado, asignación salarial, ubicación) y los requisitos exigidos
que el posible aspirante debía cumplir para participar en la convocatoria en los
términos de educación y experiencia, incluidas las equivalencias previstas en el
manual de funciones.

Bajo esa óptica, advirtió que es claro que la información contenida en el perfil del
cargo ofertado dentro de la OPEC 41554, esto es, profesional especializado, código
2028, grado 14 dentro de la Convocatoria 001 de 2005, en la cual participó la
demandante, se ciñó a la información proporcionada por Corpocaldas y, en dicho
sentido, la Comisión Nacional del Servicio Civil asumió como cierta, concordante y
completa a la establecida en el manual de funciones del organismo autónomo.

Sobre el particular, señaló que teniendo en cuenta el reporte remitido por
Corpocaldas, específicamente las exigencias indicadas para el empleo 41554, se
tiene que con la documentación aportada por la señora Victoria Eugenia Puerta
González, en curso de la Convocatoria 001 de 2005, no acreditó los requisitos
mínimos establecidos para el empleo, por cuanto:

i) en el ítem educación, si bien cumplió el requisito de programa académico
pregrado, no aportó documento alguno que demostrara la exigencia del
requerimiento de posgrado que exigía el cargo;
ii) en cuanto a la experiencia, se acreditó con la certificación expedida por
Corpocaldas;
iii) de acuerdo con la información reportada en la OPEC, y acorde con la
obligación legal contenida en el artículo 25 del Decreto 2772 de 2005,
Corpocaldas no previó la posibilidad de aplicar equivalencias, por lo que de
acogerse estas, la Comisión estaría trasgrediendo la normativa que regía la
Convocatoria 001 de 2005.

Acorde con lo expuesto, la entidad demandada consideró que debe despacharse de
manera negativa las pretensiones de la presente acción, en la medida en que los
actos administrativos demandados no infringieron el ordenamiento jurídico vigente y
aplicable a la carrera administrativa, y mucho menos encuadran en alguna de las
causales de nulidad consagradas en el artículo «137 del CPACA».

Lo anterior, en tanto las reglas de la convocatoria una vez iniciada, son
inmodificables y por ende de obligatorio cumplimiento, tanto para la administración, la
CNSC y los aspirantes, conforme se desprende de lo preceptuado en los artículos 31
de la Ley 909 de 2004 y 14 del Decreto 1227 de 2005, en consecuencia, la actuación
llevada a cabo por la Comisión en el concurso de méritos estuvo ajustada a derecho
ya que obedece en estricto sentido a la aplicación de la normativa vigente, en tanto
determina que las modificaciones sustanciales en la convocatoria, solo pueden
efectuarse hasta antes de la fecha de inscripciones, lo cual no ocurrió en el sub lite.

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Conforme a dichos parámetros y en atención a la OPEC reportada por Corpocaldas
dentro del plazo previsto por la ley, fue que la entidad demandada procedió a
verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de la señora Puerta González, y,
habida cuenta de que no acreditó la exigencia de la formación académica en la
modalidad de especialización, se incluyó en el listado de no admitidos, pues si bien
terminó la maestría en medio ambiente y desarrollo, le faltaba la aprobación de su
tesis de grado, y el perfil del cargo requería título de posgrado.

Finalmente, reiteró que no es procedente la aplicación de equivalencias deprecada,
toda vez que no se encuentran contempladas en la respectiva OPEC 41554, razón
por la cual, ante la ausencia de cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por
parte de la libelista respecto de la formación académica, se hace imposible admitirla
nuevamente en la Convocatoria 001 de 2005.

• Innominada

Solicitó se declare probado cualquier medio exceptivo que se llegare a probar dentro
del curso de proceso.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 10

Pronunciamiento frente a las pretensiones

Corpocaldas se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que la expedición
de los actos administrativos a través de los cuales se decidió la no admisión de la
señora Victoria Eugenia Puerta González en el marco del proceso de selección de la
Convocatoria 001 de 2005, fueron emitidos de manera exclusiva por la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

De igual forma, consideró que las solicitudes de declaración y condena carecían de
respaldo fáctico y probatorio sin que sea posible dar prosperidad al decaimiento del
acto administrativo por el cual se conformó la lista de elegibles, ni los surgidos con
posterioridad.

Manifestación frente a los hechos de la demanda

En síntesis, expuso que los hechos descritos en el acápite del libelo introductor son
ciertos, empero, efectuó dos precisiones:

i) que la señora Puerta González fue vinculada a otros cargos en la Corporación de
manera prioritaria y continua, de tal manera que solo fue removida definitivamente
después de la Convocatoria 435 de 2016, por tanto, estuvo vinculada hasta el 30 de

10 Índice 63 SAMAI.

Sobre el particular se destaca que, si bien Corpocaldas solicitó intervención adhesiva o litisconsorcial en virtud de
lo regulado en el artículo 146 del CCA, dado el interés directo que le asistía en las resultas del presente asunto
litigioso, al considerar que los actos demandados adolecen de nulidad, en el sentido de que infringían las normas
en la cuales debía fundarse, toda vez que no atendió el Manual de Funciones y Competencias de la entidad que
dispone la aplicación de equivalencias para el cargo a proveer (folios 448 a 455). Lo cierto es que, el despacho
ponente mediante providencia del 23 de julio de 2018 vinculó a Corpocaldas en calidad de litisconsorte
cuasinecesario de la entidad demandada, al advertiste una participación mancomunada en un eventual
restablecimiento del derecho, pues le correspondería reintegrar a la demandante al cargo o nombrarla en período
de prueba (folios 739 a 743), por lo que dio contestación al libelo introductor.

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Radicado: 110010325000201200863 00 (2657-2012)
Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

septiembre de 2018, dado que el cargo en el cual se encontraba en provisionalidad
fue ocupado por otra concursante;
ii) es cierto que solicitó la inclusión de equivalencias para el cargo de marras «como
un acto de solidaridad con la demandante», sin embargo, en ello no es posible fundar
una presunta omisión de su parte, habida cuenta de que la verdadera intención
expresada por Corpocaldas fue clara en el sentido de haber hecho uso de su
discrecionalidad para prever o no, las equivalencias en este caso.

Excepciones

• Falta de legitimación en la casusa por pasiva

Al respecto, señaló que Corpocaldas carece de competencia alguna en la presente
controversia, toda vez que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad que
expidió los actos administrativos de los cuales se pretende la nulidad en el presente
asunto, siendo la única responsable de la administración y vigilancia de la carrera
administrativa, como órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el
empleo público, a la luz de lo regulado en el artículo 7.° de la Ley 909 de 2004.

De este modo, que se escapa de la órbita de competencia del organismo autónomo
vinculado lo pretendido por la libelista, toda vez que no participó, ni tuvo injerencia
alguna en el proceso de evaluación y selección de las personas que se presentaron
al concurso, mucho menos en la elaboración de la lista de elegibles de los
participantes, ni de las decisiones que por parte de la CNSC se han adoptado para la
provisión de la vacante del empleo con el OPEC 41554 que ahora reclama la aquí
interesada.

• Inexistencia de responsabilidad de Corpocaldas frente a los cargos de
falsa motivación y expedición irregular de los actos administrativos
emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil

Manifestó que en relación con el procedimiento de reclamación es igualmente claro
que quien ostenta la facultad para conocer de aquellas, recibir las quejas, realizar las
investigaciones correspondientes y/o dejar sin efectos total o parcialmente los
procesos de selección realizados, es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Así, por
virtud de lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 760 de 2005, dicha
entidad es la única facultada para hacer uso de todos los mecanismos legales que se
le permitían, esto es, suspender preventivamente el proceso de selección, iniciar las
actuaciones administrativas pertinentes, modificar o adicionar la lista de elegibles
correspondientes, y de ser el caso, dejar sin efecto total o parcialmente los procesos
de selección cuando se compruebe la ocurrencia de irregularidades.

En este orden de ideas indicó que, la entidad responsable de ejecutar el proceso de
selección de las convocatorias para la provisión de empleos públicos es la CNSC,
por lo que, reiteró, es quien tiene el deber de emitir la lista de elegibles en estricto
orden de méritos, e igualmente, hacer uso de sus amplias facultades para la
vigilancia de la aplicación de las normas sobre carrera administrativa y por ende,
analizar la solicitud de la demandante y determinar, si acorde con los elementos
facticos y jurídicos le asistía o no razón, para adoptar las medidas o acciones para
garantizar la correcta aplicación de los principios de mérito e igualdad. No obstante,
como dicha irregularidad nunca existió, las medidas señaladas no fueron adoptadas.

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Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

Argumentos de defensa

En primer término, arguyó que el procedimiento surtido a través de la Convocatoria
001 de 2005, fue respetuoso de los principios de publicidad, transparencia, libre
concurrencia, e igualdad de ingreso, toda vez que las condiciones del concurso se
encontraban claras desde el inicio de la convocatoria, siendo del conocimiento de la
libelista, al igual que los demás participantes, las condiciones y requisitos que debía
cumplir al participar en la oferta de cargos.

Sobre el punto sostuvo que, si lo que pretendía la interesada era la aplicación de las
equivalencias, la etapa primigenia del concurso era el momento para invocar su
inconformidad frente a los requisitos del cargo, pero en todo caso, realizar su
inscripción a sabiendas que no reunía la totalidad de los requisitos exigidos; significa
entonces que al haber guardado silencio frente al asunto que hoy reclama, la señora
Puerta González aceptó y se sometió a las condiciones del concurso de méritos,
realizando así su inscripción en el empleo identificado con la OPEC 41554, sin que
para dicho momento se hubiere presentado oposición alguna.

Pretender entonces subsanar el yerro de postularse a un cargo a sabiendas de la
carencia de requisitos que hacía inadmisible su participación, sería tanto como
desconocer los derechos adquiridos de la señora Martha Patricia García Gómez,
quien en su momento ocupó el primer lugar en la lista de elegibles y a quien le asistía
mejor derecho a ser designada para el empleo ofertado en la convocatoria, habida
cuenta de que acreditó no solo el título profesional de ingeniería forestal, sino
igualmente, título de maestría en hidrosistemas, tarjeta profesional, y demostró una
experiencia relacionada con el empleo de más de trece meses.

En segundo lugar, advirtió que cumplió con todas las obligaciones que tenía a su
cargo, pues informó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, de los empleos de
carrera administrativa en estado de provisionalidad, encargo o vacancia definitiva en
la Corporación Autónoma Regional de Caldas, y realizó, dentro del término previsto
para ello, el reporte de los requisitos mínimos de elegibilidad para la vacante del
cargo denominado profesional especializado, código 2028, grado 14, ofertado con
número de OPEC 41554, y publicado en la página web de la CNSC, esto último, de
conformidad con lo señalado en el artículo 26 del Decreto 2772 de 2005.

Bajo esa óptica, explicó que para Corpocaldas es claro que las equivalencias son
una figura legal que en el año 2005 se encontraban consideradas en los manuales
de funciones de la entidad, sin embargo, al existir el deber de reportar las OPEC´s y
bajo el entendido de que era potestativo optar o no a la aplicación de las
equivalencias, la Corporación decidió al momento del reporte de la información a la
CNSC no dar aplicación a las mismas; en este sentido, los acuerdos expedidos por la
Comisión son claros al expresar que, en la OPEC se deberán reportar por parte de
las entidades «si aplican no equivalencias», de tal manera que si la entidad no lo dijo,
la CNSC habría de entender que las mismas no son aplicables.

Ahora, si bien es cierto, en un momento del proceso la administración de
Corpocaldas de la época trató de apoyar a la funcionaria en un acto de solidaridad
por temas de aprecio y gratitud, en vista de los varios años que la funcionaria llevaba
laborando allí, lo cierto, es que en el presente caso no existió omisión alguna, toda
vez que su verdadera intención fue clara al momento de informar a la CNSC los

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requisitos del empleo público, haciendo en este sentido uso de su discrecionalidad
para prever o no, las equivalencias para este empleo.

Finalmente aclaró que, con posterioridad a la desvinculación del cargo de profesional
especializado, código 2028, grado 14, la señora Victoria Eugenia Puerta González,
continuó laborando para la Corporación Autónoma Regional de Caldas, lo cual se
demuestra con los documentos aportados al plenario, en los que se evidencia que se
le pagó en su integridad, los salarios y prestaciones sociales a la demandante desde
el 3 de diciembre de 2012, hasta el 30 de septiembre de 2018, fecha en la cual se
dispuso la terminación del nombramiento efectuado a aquella a través de Resolución
2283/18.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La señora Victoria Eugenia Puerta González11 reiteró los argumentos expuestos en
la demanda y agregó que se demostró dentro del presente proceso, que se presentó
a la Convocatoria 001 de 2005 realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
para concursar por el cargo de profesional especializado, código: 2028, grado: 14,
nivel jerárquico: profesional, cargo que a esa fecha ocupaba en provisionalidad
desde el 6 de enero de 2004 en Corpocaldas, con el cumplimiento pleno de los
requisitos exigidos en la convocatoria.

Lo anterior, por cuanto según las equivalencias del cargo establecidas en el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de Corpocaldas, informadas
por dicha entidad a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el caso específico de
los estudios, que fue el requisito echado de menos por la demandada y que la llevó a
incluirla en la lista de no admitidos, en tanto acreditó el cumplimento de la
equivalencia en experiencia profesional, el cual tuvo soporte en los años de
experiencia que relacionó, pues probó tener más de 8 años en el cargo y la
equivalencia para el título de posgrado en la modalidad de especialización, se suple
con más de dos (2) años.

Corpocaldas12 reprodujo los argumentos esbozados en la contestación de la
demanda e insistió en que no era posible la aplicación de las equivalencias que
depreca la libelista, primero porque las mismas no se encontraban previstas para el
cargo ofertado, y segundo, en razón a que ellas solo son factibles por estudios
adicionales. Aunado a ello, también se probó dentro del proceso, que la Convocatoria
001 de 2005 cumplió con la difusión de las condiciones y requerimientos exigidos
para cada uno de los cargos ofertados, situación que no fue discutida en su momento
por la interesada, al encontrarse claras las condiciones del concurso para todos los
participantes.

La Comisión Nacional del Servicio Civil13 replicó los razonamientos expuestos en
la contestación del libelo introductor y adujo que en el caso bajo estudio no es
posible dar aplicación al test de igualdad propuesto, en tanto que: i) la parte
demandante no establece los criterios de comparación, pues no define ni grupos ni
situaciones a sopesar; (ii) no precisa si se encuentra en una situación de igualdad o
desigualdad desde del punto fáctico y jurídico ya sea como aspirante, provisional o

11 Índice 83 SAMAI.
12 Índice 84 ibidem.
13 Índice 85 ejusdem.

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funcionaria con derechos de carrera; y (iii) más allá de considerar vulnerado su
derecho no advierte cuál es el trato constitucionalmente injustificado que alega.

Adicionalmente, expuso que es notoria la ausencia de daños y perjuicios alegados
con ocasión de la expedición de actuación realizada por la Comisión Nacional del
Servicio Civil - CNSC, la cual se fundamentó en los preceptos normativos vigentes
aplicables y al concurso de méritos, sin que se haya aportado prueba alguna que
acredite los supuestos fácticos y jurídicos que sirven de sustento a las pretensiones.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público no rindió concepto en el sub lite, según se advierte
de la constancia secretarial visible a folio 840 del cuaderno principal.

CONSIDERACIONES

De conformidad con el numeral 2.° del artículo 128 del Decreto 01 de 1984, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda de la referencia en
única instancia.

Cuestión previa

 De los actos administrativos susceptibles de control judicial en el
presente asunto

Los actos administrativos objeto de control de legalidad por la vía jurisdiccional son
aquellos que ponen término a un procedimiento administrativo. En ese sentido, el
artículo 50 del Código Contencioso Administrativo señala que son actos definitivos
los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible
continuar la actuación, es decir, aquellos que producen efectos jurídicos al crear,
reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas.

Por su parte, los actos de trámite o preparatorios son aquellos que dicta la
administración para decidir posteriormente el fondo del asunto, los cuales en
principio no son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible la continuación
del procedimiento administrativo.

Finalmente, los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a una decisión
judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones
jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado. Empero, sobre este punto
es importante señalar que la jurisprudencia ha dicho que es procedente el estudio de
los actos de ejecución de sentencias de forma excepcional cuando: i) la decisión de
la administración va más allá de lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o
extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue
objeto de debate judicial.

De lo anterior se colige que son objeto de control judicial: 1) los actos administrativos
definitivos, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica
determinada, 2) aquellos actos administrativos que sin ser definitivos hacen
imposible continuar con la actuación y 3) los actos administrativos de ejecución
cuando se cumpla con los requisitos señalados anteriormente.

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En este sentido, los actos preparatorios pueden ser enjuiciados ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, puesto que el mismo artículo 50 del CCA citado en
precedencia, dispone que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
también procede contra los actos administrativos de trámite cuando estos impidan
continuar la actuación administrativa, en razón a que al presentarse esta situación se
convierte en un acto administrativo definitivo que le pone fin a este14.

Sobre el particular, esta Corporación15 h sostenido que: «[…] únicamente las decisiones
de la Administración, producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los
actos que hacen imposible la continuación de esa actuación, siempre que afecten derechos
o intereses, impongan cargas, obligaciones o sanciones o incidan en situaciones jurídicas,
son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, […]». (Resaltado fuera del texto original).

Luego entonces, las decisiones de la administración producto de la conclusión de un
procedimiento administrativo, o los actos de trámite que hacen imposible la
continuación de esa actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En el cabo bajo análisis, se observa que la parte interesada pretende la nulidad de
Lista de No Admitidos Grupo II del 22 de junio de 2011, proferida por la entidad
demandada, en tanto incluyó en dicha situación a la geóloga Victoria Eugenia Puerta
González, en el cargo de profesional especializado, código 2028, grado 14, dentro de
la OPEC 41554 de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en la Convocatoria
001 de 2005, así como de la Comunicación fechada 9 de julio de 2011, mediante la
cual se dio respuesta negativa a la reclamación formulada en contra del acto
primigenio.

En este sentido, aunque en primer término podría concluirse que ambos representan
actos de trámite no susceptibles de ser demandados ante esta jurisdicción, esta
Subsección advierte que resuelven definitivamente la continuación de la señora
Victoria Eugenia Puerta González dentro del proceso de selección, en tanto la
excluyen de aquel y por ende, puso fin a la actuación administrativa de su interés,
por lo que, bajo tal perspectiva, para la Sala es claro que los actos se tornaron en
demandables, de acuerdo con el último inciso del artículo 50 ibidem.

Problemas jurídicos

A partir de lo sostenido por las partes, y en el marco de las causales de nulidad de
los actos administrativos previstas en el inciso segundo del artículo 84 del CCA16, los
problemas jurídicos a resolver en esta sentencia son los siguientes:

1. ¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se excluyó de la
Convocatoria 001 de 2005 a la señora Victoria Eugenia Puerta González, en el

14 En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencias del 9 de octubre de 2017, radicado: 25000-23-25-

000-2011-00343-01(4959-15); del 21 de junio de 2018, radicado: 52001-23-31-000-2011-00203-01(3820-15) y del
12 de julio de 2018, radicado: 76001-23-31-000-2005-05190-01(3625-15); entre otras.
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 24 de octubre de 2013, radicado: 25000-23-37-000-2013-

00264-01 (20247).
16 CCA, artículo 84, inciso 2.°: «[La nulidad] [procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las

normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos
incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. […]».

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empleo de profesional especializado, código 2028, grado 14 de Corpocaldas,
adolecen de nulidad por expedición irregular y falsa motivación, al no haberse
tenido en cuenta las equivalencias previstas en el manual de funciones de
dicho organismo autónomo?

En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea positiva, se deberá analizar:

2. ¿Es dable ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil que emita un
nuevo acto administrativo en el que disponga la admisión de la libelista en la
Convocatoria 001 de 2005, y que profiera una nueva lista de elegibles para
proveer el cargo de profesional especializado, código 2028, grado 14, en la
cual se incluya a aquella?

3. ¿Es procedente ordenar a favor de la demandante el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se ordenó
su desvinculación de Corpocaldas hasta la fecha de que se le nombre
nuevamente?

Antes de resolver los problemas jurídicos planteados la Sala procederá a analizar las
excepciones previas planteadas en el presente asunto:

 Sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva de Corpocaldas

Corpocaldas afirmó que carece de competencia alguna en la presente controversia,
toda vez que la Comisión Nacional del Servicio Civil, es la entidad que expidió los
actos administrativos de los cuales se pretende la nulidad en el presente asunto,
siendo la única entidad responsable de la administración y vigilancia de la carrera
administrativa, como órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el
empleo público, a la luz de lo regulado en el artículo 7.° de la Ley 909 de 2004.

Al respecto, la Subsección precisa que la legitimación en la causa hace referencia a
la posibilidad que tienen las partes de proponer o controvertir las pretensiones
planteadas en la demanda, al ser sujetos procesales con interés, por activa o pasiva,
en la relación jurídico sustancial que se ventila en el proceso. En efecto, a la parte
pasiva de la litis le asiste una legitimación en la causa cuando se encuentra en una
relación directa con las pretensiones de la demanda.

A quien se le vincula en la calidad de demandado, le asiste la legitimación procesal
para intervenir en el trámite judicial con el objetivo de ejercer sus derechos de
contradicción y defensa, lo que hace parte de la denominada legitimación de hecho o
procesal. Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha identificado otra
clase de legitimación denominada «material», que alude a la participación en los
hechos que originan la demanda, circunstancia que ha llevado a afirmar que esta es
una excepción «mixta» que debe abordarse necesariamente en el momento de
proferirse la sentencia, toda vez que es allí donde debe dilucidarse si existe esa
relación entre la parte demandante y demandada con respecto a la pretensión
formulada17.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 5 de julio

de 2018, rad. 05001-23-33-000-2016-01082-01(0900-18).

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De conformidad con lo expuesto, debe estudiarse cada asunto en particular para
determinar si la parte pasiva convocada al proceso, tiene participación en la
actuación administrativa y así mismo restablecer el derecho presuntamente
desconocido, y en caso de concluirse que no es la llamada a responder por las
pretensiones planteadas, puede declararse probada la excepción de falta de
legitimación en la causa que se propuso por alguna de las partes o incluso hacerlo
de oficio.

De acuerdo con lo anterior y para resolver el caso en concreto, se advierte que la
Corporación Autónoma Regional de Caldas fue vinculada formalmente al presente
asunto por medio de providencia del 23 de julio de 2018 18, por lo que la legitimación
en la causa por pasiva que se discute frente a esa entidad es de carácter material.

En esta medida y para dilucidar el caso en concreto, se advierte que como lo
pretendido por la señora Victoria Eugenia Puerta González es la nulidad de los actos
por medio de los cuales se le excluyó del proceso de selección dentro de la
Convocatoria 001 de 2005, en el empleo de profesional especializado, código 2028,
grado 14 en Corpocaldas, es claro que ante la eventualidad de accederse a las
pretensiones de la demanda y ordenarse el restablecimiento del derecho, como lo es
el nombramiento en período de prueba en el cargo en comento, el correspondiente
reintegro o la inclusión de aquella en la lista de elegibles, dependería de la actuación
mancomunada entre el organismo autónomo y la CNSC.

En atención a lo expuesto, no se acoge el argumento propuesto por la vinculada,
referente a que, al no haber expedido los actos administrativos demandados, carece
de legitimidad en el presente asunto, pues se hace necesaria su comparecencia en
el evento de que se ordene el nombramiento de la libelista en período de prueba.

En conclusión: como las pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener la
nulidad de los actos administrativos emitidos por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, que excluyeron de un proceso méritos a la demandante, para desempeñar un
empleo en Corpocaldas, a ésta última entidad le asiste interés en las resultas del
proceso, en caso de que acceda al restablecimiento del derecho, motivo por el cual
no prospera la excepción propuesta.

Primer problema jurídico

¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se excluyó de la
Convocatoria 001 de 2005 a la señora Victoria Eugenia Puerta González, en el
empleo de profesional especializado, código 2028, grado 14 de Corpocaldas,
adolecen de nulidad por expedición irregular y falsa motivación, al no haberse tenido
en cuenta las equivalencias previstas en el manual de funciones de dicho organismo
autónomo?

Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: al advertirse una proposición jurídica
incompleta respecto de los actos demandados, no es procedente su anulación, en la
medida en que el vicio alegado nació en la Convocatoria 001 de 2005, la cual no fue
enjuiciada en el caso bajo estudio.

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Folios 739 743 del cuaderno principal.

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 Marco normativo de la carrera administrativa y el concurso de
méritos

A la luz del artículo 125 Superior19, la carrera administrativa se erige como la regla
general del empleo público dado que todo tipo de cargo cuyo nombramiento no se
encuentre regulado en la Constitución o en la ley debe efectuarse mediante concurso
público.

La Ley 909 de 200420, en su artículo 27, definió la carrera administrativa como un
sistema técnico de administración de personal en el que el ingreso, la permanencia y
el ascenso deben obedecer íntegramente al mérito, lo que se logra a través de
procesos de selección plenamente transparentes y objetivos. Ello redunda no solo en
beneficio del interés general y de los fines del Estado, quien tendrá a su servicio a los
más calificados, sino también en el de los trabajadores, a quienes de esta forma se
les garantiza estabilidad laboral e igualdad de oportunidades de cara al empleo.

Este amparo se instituye debido a la forma de provisión de los empleos de dicha
naturaleza: Como su nombramiento responde a un concurso público pensado para
garantizar un proceso de selección estricto, se busca privilegiar a quienes, en virtud
de sus méritos, competencias y calidades profesionales e intelectuales, se han
ganado el derecho al cargo.

La ya mencionada Ley 909 de 200421, también se encargó de desarrollar el mérito
como uno de los principios que rigen la función pública y señaló al respecto que:

«[…] 2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional,
son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la
función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre
nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. […]».

De lo anterior se desprende que, por disposición del constituyente y del legislador, el
principio de mérito se encuentra inserto en la esencia misma de los empleos de
carrera, constituyéndose como una de las formas en las que se proyecta la
satisfacción de las necesidades del servicio y de los intereses de la comunidad. Lo
anterior puesto que el hecho de que las calidades intelectuales, académicas y
laborales aparezcan como criterios inherentes en su provisión, juega tanto a favor de
los empleados como en beneficio del Estado.

Entendido así, el criterio de mérito concreta los principios de la función administrativa
de transparencia, moralidad, imparcialidad e igualdad toda vez que permite asegurar

19 «ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de

elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán
nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de
carrera, su ascenso o remoción […]».
20 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones».
21 Artículo 2, numeral 2, de la Ley 909 de 2004.

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que la función pública sea desarrollada por los mejores y más capacitados
funcionarios.

Conforme a lo anterior, una de las manifestaciones esenciales del principio de mérito
es la celebración de concursos públicos, los cuales permiten la participación de todos
aquellos que, reuniendo los requisitos que demanda el respectivo empleo público,
buscan ingresar o ascender en el sistema de carrera administrativa.

 De la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil para
adelantar concursos de méritos para proveer los cargos de la carrera
administrativa

Sea lo primero precisar, que la Comisión Nacional del Servicio Civil, es un órgano de
creación constitucional expresa. En efecto, previó el artículo 130 de la Constitución
Política, que: «[…] Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las
que tengan carácter especial».

Sobre la naturaleza de dicho órgano el artículo 7.º de la Ley 909 de 2004, estatuyó lo
siguiente:

«[…] La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución
Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las
carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el
empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente
de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de
carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los
principios de objetividad, independencia e imparcialidad».

Y respecto de las funciones del mencionado organismo, el artículo 11 ibidem, señaló:

«Artículo 11. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la
responsabilidad de la administración de la carrera administrativa. En ejercicio de las
atribuciones relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera
administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil ejercerá las siguientes funciones:

a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales
con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los
empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la
presente ley;

b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de conformidad
con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los concursos, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley;

c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos
de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente
ley y el reglamento;

d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;

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e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco de
Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos y
que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de carrera
desplazados por razones de violencia;

f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las listas
de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que
se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la información que repose en
los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;

g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en carrera
administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;

h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la
carrera administrativa; […]». (Negrita fuera del texto original).

De conformidad con la norma trascrita, la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene
la facultad permanente de elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño
de empleos públicos de carrera, así como la de determinar los lineamientos
generales con base en los cuales se desarrollarán tales procesos de selección para
la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se
aplica la presente ley.

Tales facultades de la Comisión Nacional de Servicio Civil tienen la característica de
ser permanentes y no estar sujetas a plazo o término perentorio alguno o tener
naturaleza transitoria. Así mismo, dichas competencias cobijan todos los cargos
vacantes en vacancia definitiva de carrera administrativa de las entidades a las
cuales se aplica la Ley 909 de 2004, independientemente de si está provisto de
manera provisional o en encargo.

Ahora bien, la competencia para adelantar dichos concursos fue conferida a la
Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que para tales efectos debe suscribir
contratos o convenios interadministrativos con universidades públicas o privadas o
instituciones de educación superior acreditadas por ella22, salvo que decida delegar
la facultad para celebrar tales acuerdos en la entidad pública interesada en proveer
la vacante.

Bajo esa óptica, para el legislador es imperativo asignar las funciones de
administración y vigilancia de las carreras especiales de origen legal y las generales
regidas por la Ley 909 de 2004, a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

 El acto de convocatoria como norma que regula el concurso de méritos

Conforme se analizó en párrafos anteriores el concurso público es el mecanismo
previsto por la Constitución para que, en el marco de una actuación imparcial y
objetiva, se haga prevalecer al mérito como el criterio determinante para proveer los
distintos cargos en el sector público. Su finalidad es pues que se evalúen las
capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos
aspirantes a un cargo, para que de esta forma se escoja a quien mejor pueda
desempeñarlo.

22 Ley 909 de 2004, artículo 30.

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Para llegar a lo anterior, se deben llevar a cabo una serie de actuaciones, esto es
que se convoque formalmente mediante un acto que contenga tanto los requisitos
exigidos para todos los cargos ofertados, como de las reglas específicas de las
diversas etapas del concurso (la evaluación y la conformación de la lista de elegibles)
a las que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal.

Al respecto se tiene, que si bien la Constitución no señaló las etapas o fases que
deben comprender los concursos públicos de méritos para el ingreso a la carrera
administrativa, se entiende que el constituyente delegó esa tarea en el legislador,
órgano que, en vigencia de la Constitución de 1991, en ejercicio de la llamada
«cláusula general de competencia» o, su «libertad de configuración legislativa»
reguló la materia.

En efecto, en un primer momento se promulgó la Ley 27 de 1992 23, cuyo artículo 29
le confirió facultades extraordinarias al presidente de la República, entre otras, para
expedir las normas que definieran los requisitos pertinentes para el ingreso a la
carrera administrativa (numeral 3.°) y los procedimientos para llevar a cabo los
concursos y las evaluaciones respectivas (numeral 4.°).

En tal virtud, se profirió el Decreto 1222 de 199324, que posteriormente sería
derogado por la Ley 443 de 199825. Para reglamentar dicha norma y el Decreto Ley
1567 de 199826, se dictó el Decreto 1572 de 1998, que reguló el ingreso, la
permanencia y el retiro del servicio público en los empleos de carrera de las
entidades y organismos a los cuales se aplicaba la referida Ley 443.

El 23 de septiembre de 2004, se expidió la Ley 909, la cual tuvo por objeto regular el
sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben
regir el ejercicio de la gerencia pública. El Título V de dicha norma se encargó de
regular el ingreso y el ascenso a los empleos de carrera, indicando al respecto en su
artículo 29 que la provisión definitiva de los cargos que tuvieran esta naturaleza se
haría a través de (i) procesos de selección o concursos abiertos de ingreso en los
que puede participar cualquier persona que acredite reunir los requisitos para el
desempeño del respectivo empleo y (ii) concursos de ascenso que le permiten el
acceso a un cargo superior al personal de la misma entidad, de un mismo sector
administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos.

Respecto de las etapas de los procesos de selección, el artículo 31 ibidem señaló
que son (i) la convocatoria, (ii) el reclutamiento, (iii) la aplicación de pruebas o
instrumentos de selección, (iv) la conformación de lista de elegibles y (v) el período
de prueba. La Corte Constitucional27, se ha encargado de definirlas en los siguientes
términos:

«[…] las etapas que, en general, se deben surtir para el acceso a cualquier cargo de
carrera son: (i) La convocatoria: Fase en la cual se consagran las bases del

23 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre administración de

personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras disposiciones.».
24 «Por el cual se desarrollan los numerales 3 y 4 del artículo 29 de la Ley 27 de 1992.».
25
«Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
26 «Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del

Estado.».
27 Sentencia SU 913 del 11 de diciembre de 2009, expediente acumulados T-2210489, T2223133, T2257329, T-

2292644, T-2386105, T-2384537, T-2368681, T-2398211, T-397604.

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concurso, es decir, todos aquellos factores que habrán de evaluarse, así como los
criterios de ponderación, aspectos que aseguran el acceso en igualdad de
oportunidades al aspirante; (ii) Reclutamiento: En esta etapa se determina quiénes de
las personas inscritas en el concurso cumplen con las condiciones objetivas mínimas
señaladas en la convocatoria para acceder a las pruebas de aptitud y conocimiento. Por
ejemplo, edad, nacionalidad, títulos, profesión, antecedentes penales y disciplinarios,
experiencia, etc.; (iii) Aplicación de pruebas e instrumentos de selección: a través de estas
pruebas se establece la capacidad profesional o técnica del aspirante, así como su
idoneidad respecto de las calidades exigidas para desempeñar con eficiencia la función
pública. No sólo comprende la evaluación intelectual, sino de aptitud e idoneidad moral,
social y física. y (iv) elaboración de lista de elegibles: En esta etapa se incluye en lista a
los participantes que aprobaron el concurso y que fueron seleccionados en estricto orden
de mérito de acuerdo con el puntaje obtenido. […]». (Resaltado fuera del texto
original).

Para lo que es objeto de estudio, el artículo 31 de la mencionada Ley 909 de
2004 preceptuó:

«[…] Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección comprende:

1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y
obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del
concurso y a los participantes.
[…]».

Así, la convocatoria se convierte en el primer paso del procedimiento de selección y
consiste en un llamado que hace la Administración a quienes reúnan determinadas
calidades o condiciones para incorporarse a un empleo público de carrera
administrativa. En ella se consagran las bases o reglas del concurso, las cuales
dependen, entre otras, del tipo de concurso, de las necesidades del servicio, y de la
naturaleza de los cargos por proveer.

En términos generales, las convocatorias deben contener: (a) el tiempo límite de
inscripciones, (b) los documentos que debe presentar el candidato para su
inscripción, (c) el lugar en donde se reciben éstas, (d) la identificación de los cargos
ofertados al público, (e) las funciones asignadas a dichos empleos, (f) la
remuneración de los mismos, (g) los requisitos de estudios y experiencia para el
desempeño de los empleos ofertados, así como la forma como se compensan
esas exigencias, (g) la clase de exámenes, pruebas o instrumentos de selección
que se van a realizar a los concursantes, con la indicación del sitio, fecha y hora en
que se llevarán a cabo tales pruebas, (h) la fecha en que se publicarán los
resultados, y los recursos que proceden contra los mismos, (i) en fin, todos aquellos
factores que habrá de evaluarse dentro del concurso28.

La convocatoria es entonces la norma reguladora de todo concurso público de
méritos y obliga tanto a la administración como a los participantes, es decir, es ley
para las partes, por tanto, esta etapa garantiza a los aspirantes, en el evento de que
cumplan las exigencias estatuidas, igualdad de oportunidades para acceder a ocupar
cargos públicos, y el derecho a concursar en igualdad de condiciones, convirtiéndose

28 Al respecto, se puede consultar Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de abril

de 2019, radicado: 11001-03-25-000-2015-01053-00 (4603-15).

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en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos,
de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los
derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda
actuación pública.

En suma, el acto administrativo contentivo de la convocatoria funge como norma del
concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben
someterse, habida cuenta de que allí se imponen las reglas que son obligatorias para
todos los participantes en el proceso de selección.

 La Oferta Pública de Empleos de Carrera

La OPEC es el acto por medio del cual la administración le comunica al ente
responsable de la elaboración del concurso de méritos las plazas que se encuentran
vacantes definitivamente, con la finalidad de que sean provistas a través del
respectivo proceso de selección. Ahora, si bien se ha admitido que tal carácter
implica que se clasifique como de trámite, y por ello no es enjuiciable ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo29, lo cierto es que si presenta falencias
en su contenido o formación, estas pueden conllevar la vulneración de los derechos
fundamentales para los aspirantes dentro del proceso de selección 30, lo cual hace
necesario su estudio cuando la convocatoria se enjuicia por este componente.

Dentro de los aspectos a resaltar de la Oferta Pública de Empleos de Carrera es
necesario tener presente que se instituye en parámetro para la elaboración de las
pruebas e instrumentos de selección, pues ellos a su vez, deben ser proporcionales
a las condiciones que se exigen para el desempeño de cada cargo.

Adicionalmente, es de anotar que una vez elaborada la lista de elegibles deben
cubrirse las vacantes para las cuales se efectuó el concurso31, aspecto que depende
de la oferta de empleos remitida por la entidad previamente a la iniciación del
concurso, sin perjuicio de lo previsto para la utilización del Banco Nacional de Listas
de Elegibles.

En lo relacionado con los parámetros de su reporte, el parágrafo del artículo 29 de la
Ley 909 de 2004 señala que la Comisión Nacional del Servicio Civil es el ente
responsable de dictar el procedimiento y los lineamientos para que las diferentes
entidades informen, con la finalidad de hacer viables los concursos.

Más adelante, el Decreto 4500 del 5 de diciembre de 2005 32 precisó que los
aspectos de la convocatoria, que incluyen la OPEC, se pueden modificar hasta antes
de la fecha de iniciación de las inscripciones o de la escogencia del empleo en la
segunda fase o específica, lo cual lleva a inferir que la oferta tampoco puede
modificarse luego de esa oportunidad.

29 Ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de noviembre de 2018, radicación: 25000-23-15-

000-2008-00875-01(AC), demandante: Diana Yamile Ternera Urbina.
30 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de septiembre de

2011, radicación: 54001-23-31-000-2011-00256-01(AC) y Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2020,
radicado: 11001-03-25-000-2015-00997-00 (4252-2015).
31 Ley 909 de 2004, artículo 31, numeral 4.°, el cual más adelante fue modificado por el artículo 6 de la Ley 1960

de 2019.
32 «Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004»

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Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación expidió la Circular Conjunta 074
del 21 de octubre de 2009, en la cual solicitó a los representantes legales de las
entidades públicas del orden nacional y territorial y sus entes descentralizados a
quienes aplica la Ley 909 de 2004 enviar o actualizar la información relativa a este
particular, a través del aplicativo dispuesto en la página de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

En línea con lo expuesto, es dable señalar que los retiros o modificaciones de los
empleos ofertados en la OPEC se pueden efectuar hasta un día antes de la fecha
prevista para la inscripción de los aspirantes al empleo específico, tal como lo prevé
el parágrafo 2.° del artículo 3.° del Decreto 4500 de 2005.

 Del concurso abierto de méritos en el que participó la demandante

De conformidad con el libelo introductor, la inconformidad de la libelista respecto de
los actos administrativos demandados, recae sobre la negativa de la CNSC de
aplicar las equivalencias respecto del título de educación formal en posgrado en la
modalidad de especialización.

En razón de lo anterior, se debe remitir la Sala al contenido de la Convocatoria 01 de
200533, en lo referente a los requisitos exigidos para el cargo de profesional
especializado, código 2028, grado 14 y los parámetros para su eventual
equivalencia; pues como lo ha señalado la jurisprudencia34, la convocatoria es la
norma reguladora de todo concurso, y lo dispuesto en ella es obligatorio
cumplimiento para la administración, las entidades contratadas para la realización del
concurso y los participantes.

En efecto, dicha convocatoria fue citada por medio de Resolución 171 de diciembre 5
de 200535 «por la cual se convoca al proceso de Selección para proveer por concurso
abierto de méritos los empleos de carrera administrativa de las entidades y organismos de
los órdenes nacional y territorial», señaló en su capítulo 2.3. «Agrupación por Rangos
de Requisitos», que para las entidades del Grupo I36, es decir, entidades del orden
nacional de la Rama Ejecutiva y entidades descentralizadas, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Instituciones de Educación Superior que no estén
organizadas como entes universitarios autónomos, Corporaciones Autónomas
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión, la Comisión Nacional del Servicio
Civil; los requisitos para el nivel jerárquico profesional, rango de requisitos A), son los
siguientes: «Título profesional y título de postgrado en la modalidad 2. PROFESIONAL
experiencia profesional relacionada igual o superior a siete (7) meses».

33 Folios 390 a 394 del cuaderno principal.
34
Sobre el tema ver las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 4 de mayo
de 2016, radicado: 11001-03-25-000-2009-00068-00(1061-09), del 14 de mayo de 2020, radicado: 11001-03-25-
000-2015-00997-00 (4252-2015); del 25 de marzo de 2021, radicado: 52001-23-33-000-2015-00393-01 (3210-
2017); y Corte Constitucional sentencia SU-446 de 2011.
35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81974.
36
Al respecto, se destaca que acorde con Oficio DJ9724del 26 de mayo de 2011, la CNSC certificó que la
publicación de los empleos se efectuó mediante Circular 054 de 2009 y Resoluciones 1600 y 1601, así: «[…]
Segundo Grupo: Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC-, reportados a través del aplicativo “Reporte de
empleos y servidores públicos que estuvieron cobijados por el acto legislativo”, desempeñados por empleados
provisionales habilitados para continuar en la Fase II de la Convocatoria 001 de 2005 […]». Grupo en el cual
quedó inscrita la aquí demandante.

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A su turno, en el ítem 3.2. correspondiente a «Consideraciones Previas al Registro»,
se señaló lo siguiente:

«1. El aspirante debe determinar el grupo de Entidades, Nivel Jerárquico y Rango de
Requisitos del empleo al cual desea inscribirse.

2. Identificar ciudad o municipio de aplicación de la prueba, de acuerdo con las
alternativas ofrecidas en el formulario de inscripción.

3. El aspirante debe verificar que cumple con los requisitos exigidos en el rango del nivel
seleccionado. Una vez supere la Prueba Básica General de Preselección, podrá
registrarse al empleo o grupo de empleos para los cuales acredite los requisitos, dentro
del mismo rango o rango inferior sin cambiar de nivel jerárquico.

NOTA: Si opta por la aplicación de las equivalencias para el cumplimiento de los
requisitos mínimos por rango y nivel jerárquico en los términos establecidos en los
Decretos 2772 y 785 de 2005 para los órdenes nacional y territorial respectivamente,
debe tener en cuenta que su aplicación está supeditada a que las equivalencias estén
contempladas en el Manual de Funciones y Competencias de las Entidades donde se
ubique el empleo, situación que deberá prever el aspirante para escoger el empleo o
grupo de empleos en la segunda fase del presente proceso. Si opta por la equivalencia, lo
hace bajo el pleno conocimiento de este hecho.
[…].».

Sobre el punto, más adelante en el acápite 6.° de la mencionada convocatoria, se
indicó expresamente que:

«La Comisión Nacional del Servicio Civil publicará en la página www.cnsc.gov.co la Oferta
Pública de Empleos de Carrera, OPEC, a proveer.

La Oferta Pública de Empleos de Carrera contendrá la identificación de los empleos a ser
provistos en este proceso de selección. Incluirá la denominación, código y grado de los
empleos, funciones y asignación básica, requisitos y competencias requeridas, número de
empleos a proveer, ubicación y si admite o no, equivalencias según el rango
preseleccionado por nivel jerárquico, así: […]». (Resaltado intencional).

En esta línea argumentativa, del contenido de la Convocatoria 01 de 200537 se colige
que tanto los requisitos como la posible aplicación de equivalencias de aquellos, se

37
Se destaca que la CNSC expidió el Acuerdo 162 de 2011 mediante el cual adoptó el procedimiento para la
aplicación del Acto Legislativo 04 de la citada anualidad a la metada convocatoria, el cual previo:

«ARTÍCULO TRANSITORIO: Con el fin de determinar las calidades de los aspirantes a ingresar y actualizar a
los cargos de carrera, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, de quienes en
la actualidad los están ocupando en calidad de provisionales o en encargo, la Comisión Nacional del Servicio
Civil, homologara las pruebas de conocimiento establecidas en el concurso público, preservando el principio del
mérito, por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo, para lo cual se
calificara de /a siguiente manera:

5 o más años de servicio 70 puntos

La experiencia homologada, no se tendrá en cuenta para la prueba de análisis de antecedentes.

Los estudios adicionales a los requeridos para el ejercicio del cargo otorgaran un puntaje así:
1. Título de Especializa cian 3 puntos
2. Título de Maestría 6 puntos
3. Título de doctorado 10 puntos
[…]».

23
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encuentran supeditados a lo establecido en la respectiva Oferta Pública de Empleos
de Carrera y en el Manual de Funciones y Competencias de la entidad donde se
encuentre el empleo al cual se aplica, en el caso particular, la Corporación Autónoma
Regional de Caldas38.

En lo correspondiente al cargo de profesional especializado, código 2028, grado 14,
para el cual se presentó la demandante, el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales de Corpocaldas39 -vigente para la época en que se surtió el
proceso de selección-, previó los siguientes requisitos:

«

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Central
Identificación del empleo: Profesional Especializado
Código: 2028
Grado: 14
Número de cargos: 11
Dependencia: Donde se asigne
Cargo jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II. PROPÓSITO PIRNCIPAL
Orientar y asesorar la formulación y evaluación de planes, programas y proyectos
relacionados con la planificación ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio y la
ordenación de cuencas hidrográficas.
[…]

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

 Título Universitario en  13 meses de experiencia profesional
Administración Pública, Agronomía, relacionada.
Geología, Ecología, Ingenierías
Geográfica, Agronómica, Ambiental,
Forestal, Catastral y Geodesia, y
 Título de Postgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo y
 Tarjeta o matrícula profesional en
los casos reglamentados por la ley.

Los puntajes reconocidos por calidades académicas, no serán acumulables entre sí.».
38
En igual sentido se pronunció esta Corporación, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1.° de junio de
2017 radicado: 110010325000201300629 00 (1240-2013).
39 Resolución 472 del 16 de noviembre de 2007, modificado por las Resoluciones 016 del 25 de enero de 2008,

067 del 4 de abril de 2008, 290 del 16 de octubre de 2008, 035 del 9 de febrero de 2009, 106 del 1.° de abril de
2009, (folios 43 a 389 y cd visible a folio 461, ídem).

24
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VI. EQUIVALENCIAS40

Título de postgrado en la modalidad de especialización por:

 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que acredite el título
profesional.
 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Título de postgrado en la modalidad de maestría por:

 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional.

Título de postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado por:

 Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional.

Cuando se trate de aplicar equivalencias de la formación en postgrado, se tendrá en
cuenta que la maestría es equivalente a la especialización más un (1) año de experiencia.
».

Se resalta que mediante Resolución 470 del 30 de diciembre de 2009 se modificó lo
concerniente a algunas de las funciones del empleo denominado profesional
especializado, código 2028, grado 14, no obstante, se conservaron iguales requisitos
de estudios y experiencia y las equivalencias citadas en precedencia 41.

En razón a la información proporcionada por Corpocaldas, la CNSC procedió a
someter dicho cargo, a concurso de méritos por medio de la Convocatoria 001 de
2005, exigiendo el cumplimiento de los mencionados requisitos de estudios y
experiencia, sin las respectivas equivalencias previstas en el Manual de Funciones.

De ello, da cuenta la certificación del 10 de noviembre de 201442, signada por la
asesora de informática de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la cual se hizo
constar que la información reportada por la Corporación Autónoma Regional de
Caldas, para el empleo OPEC 41554, en la Convocatoria 001 de 2005, fue la
siguiente:

40
Específicamente se encuentran visibles en folio 104, ídem.
41
Cd visible a folio 461, ídem.
42
Folios 703 anverso y reverso ídem. En igual sentido, se advierte constancia del 11 de noviembre de 2014,
expedida por la entidad demandada obrante de folios 701 a 702 vuelto ídem.

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En la misma línea se encuentra certificación del 11 de noviembre de 201443,
expedida por el coordinador de empleo público de la CNSC en la cual se señala que
en la denominada OPEC 41554, obrante dentro de la Convocatoria 001 de 2005, no
se reportaron equivalencias por parte de Corpocaldas.

43
Folio 700, ídem.

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Bajo esa óptica, si bien tanto en el Manual de Funciones de la entidad como lo
previsto en el artículo 26 del Decreto 2772 de 200544 que prevé las equivalencias de
la siguiente forma: «26.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y
Profesional. 26.1.1 Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 26.1.1.1 Dos
(2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional,
o […]», resulta diáfano concluir que en el mencionado concurso de méritos en
relación con el empleo identificado con la OPEC 41554, esto es, profesional
especializado, código 2028, grado 14 de la Corporación Autónoma Regional de
Caldas, no se previeron las equivalencias, ello en concordancia con lo señalado en el
acápite 6 de la Convocatoria 001 de 2005, en la cual se dejó por sentado que en la
Oferta de Empleos Públicos de Carrera se determinaría si se admitían o no aquellas.

En efecto, se vislumbra que por medio de Oficio DIR 51317 del 1.° de abril de 201145,
signado por el director de Corpocaldas y dirigido a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, en el cual, entre otras, anexó copia de la consulta del empleo OPEC 41554
publicado en la Convocatoria 001 de 2005, conforme se inserta a continuación:

44
«Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los
organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones».
45
Folios 583 y 584, ídem.

27
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Radicado: 110010325000201200863 00 (2657-2012)
Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

Se tiene entonces que la demandante se inscribió en el concurso para el cargo
41554, conociendo de antemano los requisitos exigidos para éste de la siguiente
manera: i) título profesional en administración pública, agronomía, geología,
ecología, ingenierías geográfica, agronómica, ambiental, forestal, catastral y
geodesia; ii) título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo; iii) tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por la ley; y iv) 13 meses de experiencia relacionada.

En este orden de ideas, se encuentra que la señora Victoria Eugenia Puerta
González aportó la siguiente documentación46 a la CNSC, con el fin de participar en
la OPEC 41554 dentro de la Convocatoria 001 de 2005:

 Certificación Académica expedida por la Universidad de Caldas, mediante la
cual dicha institución acredita a la señora Puerta González como geóloga.
 Certificación signada por la Universidad Nacional, Sede Manizales, en la cual
hace constar que la demandante cursó y aprobó las materias pertenecientes
al pensum de la maestría en medio ambiente y desarrollo, teniendo pendiente
la realización de la tesis.
 Certificación laboral expedida por Corpocaldas, en la cual se observa que se
encontraba vinculada en provisionalidad, al organismo autónomo en mención
desde enero de 2004, en el cargo de profesional especializado, código 2028,
grado 14, esto es, al empleo al cual se inscribió.

Eh virtud de lo anterior, el 22 de junio de 2011, la Comisión Nacional del Servicio
Civil publicó la Lista de No admitidos47 de los aspirantes, entre ellos, la demandante
de la siguiente manera:

«
PIN NOMBRE DE LA EMPLEO MOTIVO
ENTIDAD
[…]
006855667967 CORPORACIÓN 41554 NO PRESENTÓ TÍTULO DE
AUTÓNOMA REGIONAL EDUCACIÓN FORMAL DE
DE CALDAS – POSTGRADO EN LA
CORPOCALDAS- MODALIDAD DE
ESPECIALIZACIÓN
EXIGIDO POR EL
REQUISITO DEL EMPLEO
».
Dicha decisión fue recurrida por la demandante el 23 de junio de 2011 48 ante la
CNSC, bajo el argumento de que debían ser aplicadas las equivalencias reguladas
en el artículo 26 del Decreto 2772 de 2005, en lo relacionado con el título de
posgrado por dos años de experiencia profesional -la cual acreditaba-, sin embargo,
el empleo al que se inscribió (OPEC 41554) no preveía dicha posibilidad,
circunstancia que contravenía en el manual de funciones de Corpocaldas.

46
Información relacionada en el Oficio del 9 de julio de 2011, expedido por la CNSC (folios 602 a 604, ídem), la
cual es aceptada por la demandante en el libelo introductor y en su reforma (folios 3 a 23 y 618 a 652, ídem).
47
Folios 588 a 590, ídem.
48
Folios 399 a 401 y 592 a 593, ídem.

28
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Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

La anterior reclamación fue resuelta de forma negativa por la Comisión Nacional del
Servicio Civil mediante comunicación del 9 de julio de 201149, en la cual se esgrimió
que en los requisitos mínimos del empleo bajo el radicado 41554 de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas, ofertado dentro de la Convocatoria 001 de 2005, no
se previó la aplicación de equivalencias, por tal motivo, aquella no acreditaba las
exigencias mínimas para continuar dentro del proceso de selección.

Acorde con los medios de pruebas referenciados, ha de señalarse que se encuentran
demostrados los siguientes fundamentos fácticos:

• Que la Comisión Nacional del Servicio Civil citó a Convocatoria 001 de 2005,
por medio de Resolución 171 de diciembre 5 de 2005, para proveer por
concurso abierto de méritos los empleos de carrera administrativa de las
entidades y organismos de los órdenes nacional y territorial;
• En el acápite 6 de la mentada Convocatoria, se indicó que en la Oferta de
Empleos Públicos de Carrera se determinaría si se admitían o no las
equivalencias;
• Dentro de las entidades que participaron, se encuentra la Corporación
Autónoma Regional de Caldas quien remitió las OPEC de los cargos a ofertar,
uno de los cuales fue el de profesional especializado, código 2028, grado 14,
con la respectiva denominación, número, código, grado, dependencia,
asignación básica, funciones, requisitos mínimos de estudios y experiencia.
Dicho empleo ofertado no tuvo en cuenta las equivalencias previstas en el
manual de funciones de la entidad;
• La señora Victoria Eugenia Puerta González participó en dicho proceso de
selección y se inscribió en el cargo en comento -el cual desempeñaba en
provisionalidad-, para lo cual allegó su título de pregrado, el certificado de
terminación de materias de la maestría, faltándole la tesis y la experiencia
profesional;
• La CNSC la inadmitió y excluyó de la convocatoria, al considerar que no
acreditó el requisito mínimo del cargo respecto de la especialización.

Ahora, los cargos formulados por la demandante en contra de la lista de no admitidos
y la respuesta negativa en contra de acto primigenio, se centra en que la Comisión
Nacional del Servicio Civil no tuvo en cuenta las equivalencias del posgrado por
experiencia reguladas en la Resolución 472 de 2007 contentivo del Manual de
Funciones y Competencias de Corpocaldas.

Sobre el particular, esta Subsección advierte que el vicio u omisión de tener en
cuenta las equivalencias endilgado por la libelista se originó inicialmente en la
convocatoria citada por medio de Resolución 171 de 2005, en la cual se expuso que
en los cargos ofertados de carrera se indicaría si aquellos admitían o no
equivalencias, lo cual en efecto ocurrió con la OPEC 41554 en la cual se inscribió la
señora Victoria Eugenia Puerta González, en la que, sin lugar a dudas, quedó
establecido que no era posible aplicar aquellas.

En esta línea de intelección, no es posible anular los actos administrativos
demandados en la presente acción, en la medida en que las causales de nulidad
deprecadas recaen sobre la convocatoria que fijó las reglas del concurso, que no fue
enjuiciada en el caso bajo estudio.

49
Folios 402 a 404 y 602 a 604.

29
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Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

Luego, dicha circunstancia hace improcedente el pronunciamiento por parte de esta
Corporación de la legalidad del acto de convocatoria el cual no fue demandado, por
lo que nos encontramos ante una proposición jurídica incompleta, para lo que atañe
a la demandante, en tanto, se reitera, el vicio endilgado nació en la Convocatoria 001
de 2005 citada mediante Resolución 171 de la citada anualidad, que no fue
demandada en el sub lite, en este sentido, si la participante consideraba que el acto
general se encontraba viciado de nulidad, debió proceder a demandarlo en lo que a
ella afectaba, dentro del término legal pertinente.

Bajo las anteriores consideraciones, resulta diáfano concluir que la libelista no
cumplió con las reglas de la convocatoria, en la medida en que se inscribió en un
empleo que no contaba con equivalencias, con el pleno conocimiento de que solo
tenía el título de pregrado y que, bajo dicho entendido no le era posible acceder a la
homologación que mediante el presente proceso pretende, pues tal omisión quedó
señalada claramente en el acto general que no fue enjuiciado.

Ello, porque al revisar la lista de no admitidos, se observa que se ajusta al de
convocatoria, por ende, se reitera, si bien la ley y el manual de funciones de la
entidad preveían las equivalencias, se probó dentro del plenario la ausencia en su
aplicación para la OPEC 41554 que fue publicada y en la cual participó la
demandante, con pleno conocimiento de que en dicho empleo no se indicaban, por
tal motivo, se hace improcedente el estudio del acto general en que nació el vicio
deprecado, pues no fue demandado.

En igual sentido, se pronunció el alto tribunal constitucional en sentencia C-588 de
200950, cuando afirmó de forma categórica que en el desarrollo de un concurso
público de méritos «cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones
que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con
arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para
desconocerlos». En ese sentido, es claro que las reglas del concurso son invariables,
ello como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben
acompañar estos procesos.

En este sentido, la conducta llevada a cabo por la entidad demandada que dirigió el
proceso de selección se encuentra ajustada a derecho, habida cuenta de que al
confrontar los requisitos informados por Corpocaldas y publicados por la Comisión
respecto del cargo profesional especializado, código 2028, grado 14, se hallaba
imposibilitada para modificar los requisitos que quedaron plasmados en el acto
general.

Sobre el punto, se hace necesario indicar que, si bien Corpocaldas trató de incluir tal
homologación al empleo en comento, mediante Oficio DIR 51317 del 1.° de abril de
201151, lo cierto es que la OPEC 41554 ya había sido publicada y ya tenía
participantes inscritos52, situación que le imposibilitaba a la CNSC modificarla, en
virtud de lo regulado en el parágrafo 2.° del Decreto 4500 de 2005 (solo era

50
Referencia: expediente D-7616.
51
Folio 583, ídem.
52
Tal como lo señaló la CNSC en el Oficio 211EE41581 del 25 de octubre de 2011, mediante el cual dio
respuesta a la petición de modificación de Corpocaldas, en la cual fue clara en señalar que el cambio en los
empleos pertenecientes al grupo II debió informarse con anterioridad al 7 de diciembre de 2009 (folios 594 a 598,
ídem).

30
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procedente hasta antes de la fecha de iniciación de inscripciones), conforme se
analizó en acápites anteriores, ello con el fin de evitar la vulneración de los demás
inscritos que se acogieron a las reglas inicialmente establecidas.

En gracia de discusión, tampoco sería posible inaplicar por excepción de ilegalidad el
acto general de la convocatoria, conforme lo prevé el artículo 4.° de la Constitución
Política, toda vez que ello implicaría verificar todo el procedimiento administrativo
surtido con ocasión de la OPEC 41554 y proceder a cambiar las reglas del proceso
de selección de quienes participaron conforme a los lineamientos establecidos
primigeniamente, en lo referente a los requisitos exigidos para el empleo de
profesional especializado, código 2028, grado 14, situación que afectaría los
principios de publicidad, trasparencia, moralidad, buena fe e imparcialidad que debe
regir toda actuación administrativa.

En efecto la Corte Constitucional en sentencia SU-446 de 201153, al pronunciarse en
relación con la obligatoriedad de las condiciones y reglas indicadas en la
convocatoria, sostuvo:

«34. Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de todo
concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la
realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas que son
obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes.
Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiarán el proceso, los
participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima,
esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado,
entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y
condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se
convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento
constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el
respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas
de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la administración debe
“respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen
para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente
regulada”.». (Resaltado intencional).

Acorde con lo expuesto, si esta Sala de Decisión procediera a inaplicar el acto
general sin haber sido demandado, y reiniciar todo el proceso de selección respecto
de la OPEC 41554, se vulnerarían principios que rigen la actuación administrativa,
así como derechos fundamentales de los demás participantes que se acogieron y
cumplieron con todos los requisitos inicialmente señalados, como es el caso de la
señora Martha Patricia García Gómez -vinculada en el sub examine-, y quien de
acuerdo a la prueba documental allegada54, aprobó todas las etapas del proceso de
selección y se posesionó en carrera en el empleo de profesional especializado,
código 2028, grado 14, en Corpocaldas a partir del 30 de noviembre de 201255.

Aunado a lo anterior, de accederse a las pretensiones y concluir que la libelista
cumplía con los requisitos para continuar en el concurso de méritos surtido en la
Convocatoria 001 de 2005, lo cierto es que no se puede retrotraer la actuación
administrativa en menoscabo y con desconocimiento de situaciones jurídicas

53
Referencia: expedientes T-2.643.464 (Acumulados).
54
Cuaderno 2.
55
Folio 37 ibidem.

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particulares consolidadas sin justificación alguna, específicamente de la señora
García Gómez, la cual, se reitera, ocupa actualmente el empleo en carrera
administrativa.

Finalmente se advierte que, si bien en esta Sección en sentencia de tutela del 31 de
agosto de 201056, se pronunció en un asunto similar dentro de un proceso por la
exclusión de la Convocatoria 001 de 2005 al no tener en cuenta las equivalencias, es
del caso señalar que aquella tiene efectos inter partes y, además, se trata de
supuestos fácticos y jurídicos disímiles al aquí analizado, en tanto en dicho fallo sí se
demostró que la OPEC previó la homologación de estudios por experiencia, de tal
modo que no es posible aplicarla en el presente proceso.

En conclusión: no es posible anular los actos administrativos demandados, en la
medida en que aquellos aplicaron las reglas de la Convocatoria 001 de 2005, acto
general que no fue enjuiciado en el sub examine y, en consecuencia, no incurrieron
en la vulneración de las normas legales y reglamentarias invocadas en la
demanda, razón por la cual mantiene su presunción de legalidad.

La Sala se relevará del estudio de los demás problemas jurídicos planteados por
sustracción de materia.

DECISIÓN DE ÚNICA INSTANCIA

Al no encontrarse probada ninguna de las causales de nulidad endilgadas en contra
de los actos acusados, la Subsección denegará las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora Victoria Eugenia
Puerta González, contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y vinculadas la
Corporación Autónoma Regional de Caldas y la señora Martha Patricia García
Gómez.

En esta línea, se declarará probada la excepción denominada «observancia de los
preceptos de carácter constitucional y legal, frente a los actos proferidos por la CNSC
en la Convocatoria 001 de 2005», formulada por la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

CONDENA EN COSTAS

No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de
las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA57 vigente para este
proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

56
Sección Segunda, Subsección A, radicado: 25000-23-15-000-2010-01441-01(AC).
57 CCA, artículo 171: «Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el

juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».

32
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Demandante: Victoria Eugenia Puerta González

FALLA

Primero: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva
formulada por Corpocaldas, según lo expuesto en la presente providencia.

Segundo: Declarar probado el medio exceptivo de «observancia de los preceptos de
carácter constitucional y legal, frente a los actos proferidos por la CNSC en la
Convocatoria 001 de 2005», propuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Tercero: Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la señora Victoria Eugenia Puerta González, en contra de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, y vinculadas la Corporación Autónoma Regional
de Caldas y la señora Martha Patricia García Gómez.

Cuarto: Sin condena en costas.

Quinto: Reconocer personería adjetiva al abogado John Edward López Garzón
identificado con cédula de ciudadanía 79.765.476 y portador de la tarjeta profesional
214.983 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, según poder a él conferido enviado como mensaje de datos
visible en índice 85 de la plataforma SAMAI.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en la
plataforma SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

33
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