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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00189-00

Procedimiento disciplinario

Fecha
27 de mayo de 2019
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00189-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA DENEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Julio César Ariza Olarte en contra de la Nación, Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2013-00189-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

27 de mayo de 2019

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO / FALTA GRAVE / PERJUICIOS MORALES / PERJUICIOS PATRIMONIALES

Frente a la culpa grave, la doctrina ha sostenido, que «este tipo de imprudencia, cuyo nivel de cuidado también se encuentra estandarizado, teniendo como modelo a un hombre prudente, se presenta cuando se ha prescindido, de manera no elemental, de la moderación y el buen juicio que normalmente suelen conducir al bien y evitar el mal. Pero, como se trata de la diligencia en el cumplimiento de funciones públicas o en el ejercicio profesional, el homúnculo “persona del común” tiene que ser entendido como la persona sujeta a la especial relación de sujeción de que se trate, no especificada ni por funciones ni por jerarquías, en términos generales al hombre medio de la administración pública – servidor o particular – o de la profesión intervenida, pues la modalidad de culpa “existe cuando el agente ha omitido la diligencia media acostumbrada en una esfera especial de actividad» […] [L]a sanción disciplinaria que se le imputa a un servidor público es el resultado de una decisión administrativa luego de haber dado trámite a un procedimiento dentro del cual el investigado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción. […] [S]i bien, en principio, impide el acceso a cargos públicos y a devengar un salario, también lo es, que no vulnera el derecho al trabajo, en tanto que dicha limitación se presenta solamente en la esfera del empleo público, razón por la cual no podría decirse que toda decisión disciplinaria conlleva a la materialización de perjuicios materiales y morales. […] [L]a Sala considera que los actos administrativos proferidos por la Procuraduría General de la Nación se encuentran conforme con las garantías constitucionales y legales y, en consecuencia, no causan perjuicio alguno al demandante, máxime cuando este no acredita con material probatorio alguno, haber sufrido algún tipo de dolor, congoja, angustia, la tristeza o la aflicción, así como tampoco que hubiera sido afectado patrimonialmente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C, veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-25-000-2013-00189-00(0448-13)

Actor: JULIO CÉSAR ARIZA OLARTE

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del CCA, el señor Julio César Ariza Olarte presenta demanda contra la Nación, Procuraduría General de la Nación.

Antecedentes

La demanda
Las pretensiones

El actor solicita que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución No. 021 de 29 de agosto de 2005, emitida, en primera instancia, por la Procuraduría Provincial de Vélez, Santander a través de la cual se declaró disciplinariamente responsable y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 12 años; y ii) Resolución No. 015 de 10 de noviembre de 2005, proferida por la Procuraduría Regional de Santander, que modificó la decisión inicial, en el sentido de sancionarlo con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 9 meses.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar su reintegro al cargo que estaba desempeñando al momento de la ejecución de la sanción, esto es, secretario de gobierno del Municipio de Vélez, Santander; condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de devengar desde cuando se produjo el retiro y hasta cuando efectivamente sea reintegrado, así como los perjuicios morales a los que se vio sometido; declarar que no existió solución de continuidad; ordenar la actualización de las sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo; y disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron sus pretensiones, son los siguientes:

Se vinculó a la Administración Municipal de Vélez, Santander, como secretario de gobierno.

El 21 de diciembre de 2004, el alcalde municipal de Vélez, Santander, Omar Leonel Ariza Hernández, suscribió el contrato de compraventa No. 011, con el señor Ricardo Arturo Guete Molina, para la adquisición de unos elementos para la biblioteca del ente territorial, por un valor de $8.431.759. En la cláusula décima de dicho acuerdo, se estableció «la supervisión estará a cargo del Municipio, por intermedio del Secretario de Gobierno Municipal. Para tal efecto, tendrá las atribuciones y funciones conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia».

El 30 de diciembre de 2004, en su condición de supervisor del contrato referido, suscribió con el contratista acta de entrega, con la siguiente observación: «el Municipio manifiesta que el contratista hizo entrega en forma oportuna de los artículos que trata el contrato de compraventa No. 011 del 21 de diciembre de 2004 a satisfacción».

El 11 de marzo de 2005, el procurador provincial de Vélez, Santander practicó una visita especial a la Biblioteca Municipal, encontrando que los artículos relacionados en el contrato de compraventa, estaban incompletos.

En atención a lo anterior, mediante Auto de 14 de marzo de 2005, la Procuraduría Provincial de Vélez, Santander, dio apertura de indagación preliminar en su contra, en su condición de supervisor del contrato, y del alcalde Municipal del ente territorial.

Por Auto de 23 de mayo de 2005, la Procuraduría Provincial de Vélez, Santander decidió tramitar el asunto a través del proceso verbal, lo citó a audiencia pública y le formuló pliego de cargos.

Mediante Resolución No. 021 de 28 de agosto de 2005, en primera instancia, la Procuraduría Provincial de Vélez, Santander, lo declaró responsable disciplinariamente, sancionándolo con destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 12 años. Con dicha decisión le fue vulnerado el principio de presunción de inocencia, en tanto que la duda debió resolverse a su favor y, en consecuencia, debió ser absuelto, por no encontrar elementos probatorios que acreditaran la falta gravísima imputada.

Posteriormente, a través de Resolución No. 015 de 10 de noviembre de 2005, la Procuraduría Regional de Santander modificó la decisión inicial, en el sentido de sancionarlo con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 9 meses.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 14, 90 y 125 de la Constitución Nacional.

Al desarrollar el concepto de violación, adujo que la Procuraduría Provincial de Vélez, en el fallo de primera instancia, incurrió en falsa motivación, toda vez que no se tuvo en cuenta, con las pruebas obrantes dentro del expediente, que los elementos señalados en el contrato de compraventa sí los recibió al momento de suscribir el acta de entrega a satisfacción, pero con posterioridad a ello, el contratista solicitó su devolución al haber constatado que estos no habían sido los efectivamente contratados, circunstancia que lo exonera de responsabilidad alguna y de la comisión del delito que le fue imputado.

Adicionalmente, sostuvo que la Procuraduría Regional de Santander pese a modificar la sanción que le había sido impuesta, no se percató que el acta de entrega que suscribió estaba conforme a derecho y que realizó la devolución de los materiales por solicitud del contratista.

1.2. Contestación de la demanda

Pese a que mediante Auto de 14 de noviembre de 2013, el proceso se fijó en lista por el término de 10 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 207 - 5 del CCA, modificado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998, la entidad demandada guardó silencio.

1.3. Alegatos de conclusión

1.3.1. De la parte demandante

Mediante Auto de 23 de noviembre de 2015, se corrió traslado para alegar de conclusión, sin embargo, la parte interesada guardó silencio.

1.3.2. De la parte demandada

La apoderada de la Nación, Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y expuso como argumentos de defensa los siguientes:

Alegó que en el acápite del concepto de violación del escrito introductorio, si bien se hizo referencia a las normas violadas, no se señaló el concepto de violación, es decir, no se hizo referencia a ningún cargo frente a los actos administrativos acusados.

Sostuvo que la Procuraduría General de la Nación actuó en cumplimiento de un deber legal y le garantizó al disciplinado el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

Afirmó que los actos administrativos demandados gozan de presunción de legalidad, dado que el material probatorio obrante dentro del expediente se analizó bajo las reglas de la sana crítica.

Señaló que si bien el fallo de primera instancia sancionó al actor, aduciendo haber cometido una conducta tipificada como delito, la segunda instancia, al resolver el recurso de apelación, concluyó que tal trasgresión no podía considerarse como una falsedad ideológica en documento público; no obstante, sostuvo que la conducta del disciplinado estuvo enmarcada por la ausencia de diligencia y cuidado en su calidad de supervisor del contrato No. 001 de 21 de diciembre de 2004, por cuanto al momento de suscribir el acta de entrega, este confirmó que los bienes muebles habían sido recibidos a satisfacción y sin embargo, debió realizar una devolución porque presuntamente el mobiliario que se allegó no era el contratado.

Consideró que la adecuación típica se encuentra ajustada a la Ley, porque de haber sido diligente y responsable con la función que le fue encomendada, se hubiera percatado que la mercancía entregada no correspondía a lo contratado y de haberlo hecho, no habría firmado su recepción a satisfacción.

1.4. Concepto del Ministerio Público.

La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto en el que solicitó que la Sala se inhibida de decidir de fondo el asunto, por indebida formulación de las pretensiones.

Manifestó que en el escrito de adición de la demanda, el actor solicitó el reconocimiento y pago de perjuicios morales a cargo del procurador provincial de Vélez, Linderman Flórez Hernández «sin tener en cuenta que (…) la representación legal está en cabeza del órgano central, por lo que es a éste a quien se le debe citar para la defensa de sus intereses; de otra parte, el ente territorial no fue el hacedor de los actos demandados, por lo que no debe responder con su patrimonio por manifestaciones administrativas ajenas a sus quehaceres, y por último, si se pudiera accionar en contra de la persona natural del procurador provincial, era indispensable la previa integración del Litis consorcio necesario con la PGN, siempre y cuando el acto administrativo contentivo de la primera instancia disciplinaria (…) hubiere causado firmeza, pero como se modificó la decisión del superior jerárquico funcional (…) resulta muy desatinada la proposición que hizo en ese específico sentido la apoderada de la parte actora, por cuanto, se insiste, pretende deducir responsabilidad por daños morales de un fallo inexistente en tanto que fue totalmente revocado por el operador ad quem (…) En este último evento, bien puede elucubrarse que surge, además, una indebida acumulación de pretensiones, en cuanto que esta súplica dineraria por daños morales a cargo del Procurador Provincial de la época de los hechos (2005) excluye la de reintegro y pago de los emolumentos y prestaciones sociales bajo responsabilidad de la PGN».

Consideraciones

2.1. De la excepción propuesta por el Ministerio Público

Previo a estudiar el fondo del asunto procede la Sala a resolver la excepción planteada por el Ministerio Público, denominada indebida acumulación de pretensiones, al considerar que las pretensiones de reintegro y reconocimiento de perjuicios morales, se excluyen entre sí.

De la acumulación de pretensiones

El artículo 82 del C.P.C., aplicable por remisión del artículo 267 del C.C.A. prevé en cuanto a la acumulación de pretensiones, que:

El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquélla y la sentencia de cada una de las instancias.
También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquéllas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.
En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado, con la limitación del numeral 1. del artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr005.html" \l "157" 157.
Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa.

En el asunto sometido a consideración, el señor Julio César Arriza Olarte en el escrito de la demanda solicitó como restablecimiento del derecho, ordenar su reintegro al cargo que estaba desempeñando al momento de la ejecución de la sanción, esto es, secretario de gobierno del Municipio de Vélez, Santander; condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de devengar desde cuando se produjo el retiro y hasta cuando efectivamente sea reintegrado; declarar que no existió solución de continuidad; ordenar la actualización de las sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo; y disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem. Posteriormente, al adicionar la demanda, solicitó el reconocimiento de perjuicios morales.

Al respecto, es oportuno resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del C.C.A., dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la persona que se crea lesionada podrá pedir: i) la nulidad del acto administrativo; ii) que se le restablezca su derecho, lo que implica el resarcimiento de un derecho subjetivo lesionado con un acto de la administración; y iii) la reparación del daño.

Así las cosas, el argumento expuesto por el Ministerio Público no tiene vocación de prosperidad, en la medida en que las pretensiones del actor se encuentran conformes a lo establecido en la normativa aplicable, pues la solicitud de reintegro se encuentra implícita dentro del restablecimiento del derecho, y el reconocimiento de los perjuicios morales, en la reparación del daño, no siendo procedente la excepción planteada.

En un asunto similar al ahora planteado, el Consejo de Estado precisó:

No desconoce la Sala que el restablecimiento del derecho se traduciría en la orden para que la actora fuera restituida al sitio de trabajo de que fue trasladada, sin embargo, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional la Fiscalía General de la Nación retornó a la actora a la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva y por tal razón no es necesario un pronunciamiento en tal sentido.
No obstante lo anterior, sí encuentra procedente el análisis sobre la configuración de perjuicios morales solicitados en la demanda, petición que es apoyada por el Procurador Delegado.
Lo anterior a pesar de que en procesos como el presente, se venía sosteniendo que la condena por daños morales no procede, pues dicho planteamiento fue objeto de un reestudio y fue así como en sentencia de julio 13 de 2000, expediente No. 529-00, se expresó que esta orientación no podía ser considerada como una regla fija o inmodificable, pues en el ordenamiento jurídico no existía una disposición que así lo estableciera, todo lo contrario, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo al consagrar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevé que quien se crea lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento en su derecho, y agrega la misma disposición: “también podrá solicitar que se le repare el daño.”
Conforme a lo anterior, si el acto administrativo de carácter particular se encuentra viciado por alguna de las causales de anulación, la ley contempla la posibilidad de que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, no sólo se restablezcan eventuales derechos económicos sino que, también se resarzan perjuicios morales.
No significa lo anterior que todo acto particular que sea declarado nulo, conlleve simultáneamente restablecimiento de derechos de carácter económico y moral. Lo que quiere decir la Sala es que corresponde al juez en cada caso en particular, analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y ordenar el restablecimiento de los derechos económicos a que haya lugar y previa determinación del grado de lesión moral que resulte probado en el plenario, disponer la condena en tal sentido.

El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos acusados, la entidad demandada incurrió en falsa motivación, toda vez que no se tuvo en cuenta que su conducta estuvo enmarcada bajo el principio de legalidad.

2.3. Marco normativo

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».

Por su parte, el artículo 83 de la Carta Política, señala respecto a uno de los principios, como es el de la buena fe, que «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

Finalmente, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas obrantes dentro del expediente, puede establecerse lo siguiente:

2.4.1. En relación con la actuación disciplinaria

El 21 de diciembre de 2004, el señor Omar Leonel Ariza Hernández, en su condición de alcalde Municipal de Vélez, Santander suscribió contrato de compraventa No. 011 con el señor Ricardo Arturo Guette Molina (contratista), cuyo objeto era el suministro de artículos con destino a la Biblioteca Pública Municipal (mesas, sillas y otros), con un valor de $8.431.759. Algunas de las cláusulas de dicho acuerdo, eran las siguientes: «Cláusula segunda. Forma de pago. El municipio cancelará el valor del presente contrato al contratista a la entrega de la totalidad de los artículos que trata la cláusula primera de este documento, a satisfacción del supervisor del contrato, de lo cual se levantará un acta donde conste la contra-entrega de común acuerdo entre las partes. (…) cláusula décima. Supervisión. La supervisión estará a cargo del municipio, por intermedio del Secretario de Gobierno Municipal. Para tal efecto tendrá las atribuciones y funciones conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia».

El 30 de diciembre de 2004, el señor Julio César Ariza Olarte suscribió acta de recibo de los artículos objeto del contrato.

En atención a lo anterior, mediante orden de pago No. 0000001408 de 30 de diciembre de 2004, el alcalde municipal de Vélez, Santander dispuso la cancelación de la orden de suministro de artículos con destino a la Biblioteca Pública Municipal.

El 11 de marzo de 2005, la procurador provincial de Vélez, Santander practicó visita especial a la Casa de Cultura de Vélez, Santander, con el fin de constatar la entrega de los artículos relacionados en el contrato de compraventa No. 011, verificándose que estos no estaban y según información del señor Wilson Guarnizo Franco «esos elementos sí llegaron, pero que se devolvieron en razón a que iban con destino a otro Municipio, pero aclaro que esos elementos debían llegar lo más pronto posible».

El 14 de marzo de 2005, el procurador provincial de Vélez, Santander practicó, nuevamente, visita especial a la Casa de la Cultura de Vélez, en ejercicio de la acción preventiva, en la que suscribió un acta que refiere: «hacen falta 11 sillas auxiliares sin brazo por valor individual de $98.000, se solicita que se aporte el acta de entrega elaborada con posterioridad al día 11 del presente mes, expresando Guarnizo Franco que no la tiene, el secretario de gobierno informa que ‘conjuntamente con el alcalde dejamos constancia de que no se recibían once sillas, por presentar defectos, las cuales en el transcurso de la semana serán enviadas, de esto no se dejó acta suscrita con el contratista porque el proveedor la remitió en un medio de transporte».

En consideración a lo anterior, mediante Auto de 14 de marzo de 2005, la Procuraduría Provincial de Vélez, Santander dio apertura de indagación preliminar en su contra, en su condición de secretario de gobierno del Municipio de Vélez Santander.

El 28 de abril de 2005, el señor Wilson Guarnizo Franco presentó declaración dentro de la investigación disciplinaria, en la que sostuvo:

Preguntado. De conformidad con las diligencias practicadas, se tiene que los elementos que se compraron para la casa de la cultura, cuyas fotografías obran dentro del expediente, debieron haber sido entregado a finales del mes de diciembre de 2004, tiene usted conocimiento cuáles fueron las circunstancias para que ello no se diera por parte del contratista. Contestó. Recuerdo que esos elementos llegaron a finales de diciembre, pero tal como le manifesté en la diligencia que le atendí en su oportunidad, debieron ser devueltos porque venían equivocados, nada más. Preguntado. Informe si usted fue testigo presencial del momento en que llegaron los elementos en cita, para el mes de diciembre de 2004, en caso afirmativo, si recuerda quien los transportaba, si de ello se dejó alguna acta en donde constara tal situación. Contestó. Si señor, llegó un camión con un poco de elementos y el Secretario de Gobierno se percató que no eran los objetos que se habían comprado y de inmediato dio la orden de que no se recibieran, no sé si el dejaría una constancia de dicha situación.

Mediante Auto de 23 de mayo de 2005, la Procuraduría Provincial de Vélez, Santander decidió tramitar la investigación disciplinaria a través del procedimiento verbal, citó a audiencia pública al señor Julio César Ariza Olarte, y le formuló pliego de cargos en su contra, en su condición de secretario de gobierno del Municipio de Vélez, Santander, así:

Del desarrollo de la indagación preliminar se tiene que usted en ejercicio de su cargo de secretario de gobierno del Municipio de Vélez, infringió la constitución y la Ley al realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, correspondiente a la falsedad ideológica. Artículo 286 de la Ley 599 de 2000 Código Penal, como quiera que ejerciendo como supervisor del contrato suscrito el día 21 de diciembre de 2004, entre el señor Omar Leonel Ariza Hernández, alcalde municipal y el señor Ricardo Arturo Guete Molina, contratista, según su cláusula décima procedió, desconociendo sus deberes y de manera consciente y voluntaria a suscribir, extender junto con el proveedor un acta de entrega calendada el día 30 de diciembre de 2004, con la cual daba fe de haber recibido de parte de este, en forma oportuna y a satisfacción los artículos objeto del contrato. Comportamiento irregular del cual usted tuvo pleno dominio, pues no era otro el funcionario que debía verificar a través del acta respectiva, el recibo oportuno y a satisfacción de los precitados artículos, actuación que se agrava aún más, pues debía ser sabedor de que con esta actuación se derivaba la principal obligación en cabeza del municipio, cual era reconocer y ordenar, tal como se hizo el pago de dicho contrato.
Analizado detenidamente el documento en cuestión, es fácilmente evidente que su contenido es totalmente contrario a la verdad, pues está debidamente probado que para esa fecha el proveedor no cumplió con la obligación de hacer entrega de lo pactado; actuación que se vino a surtir hasta el día 12 de marzo de 2005, como quiera que este despacho practicó el día anterior, esto es el 11 de marzo, diligencia de oficio y en atención a la función preventiva que compete a la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Provincial de Vélez, en la casa de la cultura, en donde se pudo conocer que no se encontraban almacenados dichos bienes muebles, no siendo de recibo de este despacho las afirmaciones hechas por el señor Wilson Guarnizo Franco, comentadas en la página séptima del presente proveído, pues de haber sucedido realmente así, lo más lógico es que se hubiera suscrito un documento en donde así constara y no haber procedido tal como lo hizo.
Se concluye así, que lo atestado por parte de usted, es decir lo que plasmó en ese documento, no correspondía a la realidad, conducta con la que se configura la materialización del punible de falsedad ideológica en documento público, siendo para el derecho disciplinario completamente irrelevante, si el proveedor trajo o no el día 30 de diciembre de 2004 elemento alguno que no correspondiera al objeto del contrato, pues aquí lo que certificó fue su recibo oportuno y a satisfacción, asunto que realmente no tuvo ocurrencia.

Dentro del término legal, el señor Julio César Ariza Olarte rindió sus descargos, dentro de los cuales manifestó:

(…) el día 30 de diciembre fue llamado al despacho por el señor Alcalde, quien le informa que se encontraba el señor Guete Molina y el Dr. Carlos Morantes, para que reciba la mercancía objeto del contrato, que efectivamente, revisó y le informó a los antes citados que pasaran a la Casa de la Cultura donde serían descargados los elementos (…) una vez contados los elementos procede a dejarlos en la casa de la cultura hasta el 2 de febrero, fecha en la cual el Dr. Carlos Morantes, mediante un escrito dirigido por el SR. Ricardo Guete Molina, solicita le sea devuelta la mercancía, por cuanto la que despachó con destino a este Municipio lo hizo equivocadamente, en el sentido de que esta se había remitido en tintilla y la que se había contratado con el Municipio era natural. Que dado que el Dr. Carlos Morantes es una persona de nuestra absoluta confianza y por ser él la persona que nos ayudó a conseguir la biblioteca pública municipal, al recibir el oficio mencionado, le informó al señor alcalde de dicha situación, por lo que procedí a entregarle dicha mercancía al Dr. Morantes, para que él mismo se encargara de cambiarla y traerla nuevamente al Municipio (…) la mercancía se devolvió, pero que fue enviada a la ciudad de Bucaramanga, llegando a la casa del Dr. Carlos Morantes, quien la mantuvo guardada, mientras la hacía llegar al Municipio de Vélez, la cual fue traída directamente por él el día 12 de marzo del presente año; señala que al revisar la mercancía observó que 11 sillas que venían deterioradas, por lo que procedí a informarle al mismo Dr. Morantes del estado de las mismas, quien se comprometió a llevarlas y cambiarlas, llegando las mismas, más o menos a los 3 o 4 días de haberlas devuelto (…) efectivamente el día 14 de marzo elaboró una constancia personal, no como acta, ni como acta de devolución de las sillas, sino para su archivo personal, la cual efectivamente la hizo con fecha de 12 de marzo, pero elaborada el día 14 del mismo mes, alegando no haberla hecho en forma fraudulenta, ni con el ánimo de engañar al SR. Procurador (…) en el momento en el que el Dr. Carlos Morantes se presentó con el oficio, yo le di el recibido, desafortunadamente él se llevó el original, a lo cual, posteriormente, le solicité me hiciera llegar copia del mismo, dada la situación que se nos venía presentando en la investigación que la Procuraduría realizó por estos hechos que por eso es que el original aún reposa en poder del mismo señor Morantes (…) reposa en el documento de recibido en donde consta que el Dr. Carlos Morantes fue designado para la entrega de los mismos y por ser esta persona de entera confianza y de un alto grado de honradez, se le entregaron los mismos, los cuales, posteriormente, fueron entregados el día 12 de marzo en el Municipio por el Dr. Morantes, quien se hizo cargo de su devolución, de acuerdo con la autorización dada por el Sr. Ricardo Guete (…).

El señor Carlos Alfonso Morantes, quien estuvo presente el día de la entrega de los muebles en la Casa de la Cultura de Vélez, Santander, dentro de su declaración, sostuvo:

(…) los muebles llegaron el día 30 de diciembre a Vélez, y se descargaron en la Casa de la Cultura, así mismo que a finales del mes de enero el contratista Guete Molina le solicitó retirar los muebles de Vélez porque no correspondían al objeto del contrato, eran en tintilla y los adquiridos eran en pintura natural, se retiraron los muebles en febrero y luego de trajeron en marzo.

El 21 de julio de 2005, el señor Wilson Guarnizo Franco amplió su declaración, dentro de la cual mencionó:

Preguntado. Informe a este despacho si los elementos que según lo comentado por usted en la primera diligencia, llegaron el día 30 de diciembre, fueron devueltos en la misma fecha o en fecha posterior. Contestó. Sí llegaron, el día 30 de diciembre llegaron los muebles, estaba el supervisor que es el Dr. Julio César Ariza, estaba el Dr. Carlos Morantes y otro señor que no me acuerdo, no sé quién era. Posteriormente en enero a finales de enero, no recuerdo la fecha, manifestó el supervisor y el señor Carlos Morantes que esos muebles no venían para Vélez, sino para otro municipio. A finales de enero se los llevó el señor Carlos Morantes, vino y se los llevó. Preguntado. Estuvo presente en las instalaciones de la Casa de la Cultura el día 30 de diciembre, fecha en la cual según los documentos llegaron los elementos objeto del contrato de investigación. Contestó. Si claro, yo estuve presente porque soy funcionario y estaba ese día en la dependencia como director de la Casa de la Cultura (…) se recibió el día 30 de diciembre de 2004.

Mediante Resolución No. 021 de 29 de agosto de 2005, en primera instancia, la Procuraduría Provincial de Vélez, Santander, declaró responsable disciplinariamente al señor Julio César Ariza Olarte, en su condición de secretario de gobierno del Municipio de Vélez, Santander, sancionándolo con destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 12 años, por considerar que con su conducta había incurrido en la falta gravísima consagrada en el artículo 48 numeral 1.º de la Ley 734 de 2002, por el delito de falsedad ideológica en documento público, a título de dolo.

Contra dicha decisión el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de Resolución No. 015 de 10 de noviembre de 2005, por la Procuraduría Regional de Santander, modificando la decisión inicial, en el sentido de sancionar al señor Julio César Ariza Olarte con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 9 meses. Lo anterior, bajo los siguientes argumentos:

Para esta instancia sí existe contradicción entre los dos testimonios rendidos por Guarnizo Franco, pues en el primero de ellos (abril 28 de 2005) afirma que la mercancía se recibió el día 30 de diciembre de 2004 y el supervisor del contrato Ariza Olarte, se dio cuenta que no era la mercancía y la devolvió inmediatamente, y en el segundo testimonio (julio de 2005) afirma que la mercancía se devolvió a finales de enero del año 2005, porque se dieron cuenta que no era la mercancía comprada. Al existir contradicción este despacho deshecha el testimonio y no lo tiene en cuenta dentro de la valoración que se realiza.
(…)
Pues bien, al folio 6 del informativo obra el contrato compra venta No. 011 del 2004 suscrito por el Municipio de Vélez en calidad de contratante y el señor Ricardo Arturo Guete Molina, en calidad de contratista. Analizado por el despacho el contenido del mismo y la descripción de los bienes objeto de negociación no se encuentra ninguna parte mención alguna sobre el terminado del mobiliario en lo que respecta a pintura – tintilla o natural. Igual situación acontece con los demás documentos generados en virtud del trámite contractual. Ninguno de ellos señala el acabado en pintura del mobiliario.
Entonces, no se encuentra la justificación que genera a la devolución de los bienes muebles, según lo informado por el declarante y los investigados, pues no se halla contenida dentro del pacto suscrito. De otra parte es necesario advertir que una vez ocurrida la entrega de los bienes al municipio, éstos ingresan al patrimonio del ente territorial y mal podría entonces el servidor público entregarlos a un particular, como si se tratara de bienes privados, disponiendo así libremente de ellos.
Del anterior análisis se desprende que no se estructura el tipo penal de falsedad ideológica (…) imputado a Ariza Olarte, porque de acuerdo a las probanzas, éste no consignó una falsedad en la constancia que firmó el día 30 de diciembre de 2004 (…) pues la mercancía sí se recibió pero no a satisfacción, porque debió ser devuelta posteriormente, habida cuenta que al entender del señor Guete Molina y Ariza Olarte, no era la contratada, luego entonces lo que incumplió fue el deber de actuar con diligencia y eficiencia en el ejercicio de la tarea de supervisión que se le asignó por parte de su jefe, el alcalde de Vélez, es decir incurrió en una culpa grave, porque inobservó el cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
(…)
En el caso de estudio no hubo mala fe de parte del encartado, hubo sí falta de diligencia de cuidado, y por esta razón debe responder disciplinariamente, pues como lo afirma el operador disciplinario de primera instancia, fue él quien advirtió el día 11 de marzo de 2005 cuando practicó la visita que la mercancía no se encontraba en la casa de la cultura y solo llega hasta el día siguiente.

2.4.2. Pruebas allegadas durante la actuación judicial
El 27 de julio de 2010, el señor Elibardo Suárez Patiño presentó declaración, en la que adujo:

Preguntado. Que produjo en la comunidad del Municipio de Vélez, el hecho de ser sancionado el señor Julio César Ariza Olarte, secretario de Gobierno Municipal. Contestó. Pues Julio César Ariza Olarte era un señor de vasta trayectoria, correcto, de buena fama, influyente en el Municipio, respetado por la comunidad, nunca escuche un comentario que él fuera una persona deshonesta, ni me consta, aspiraba a ser alcalde del Municipio, pero con la sanción que le dieron todo se le vino al suelo, la gente que lo seguía y respetaba perdió credibilidad en él, ya no lo respetaban y con esa sanción no podía trabajar ni aspirar a un cargo político. Preguntado. Infórmele al despacho si la investigación disciplinaria e imposición de sanción al señor Julio César Ariza Olarte lo afectó en su esfera emocional, tanto personal como familiar y social. Contestó. De él dependía la familia, sus hijas que estaban en Bucaramanga y tenía que colaborarles a ellas, es alfo muy difícil para una persona, pues ser sancionado sin saber por qué es muy traumático, el señor Julio César Ariza Olarte, se encontraba muy triste, decaído, pues sus aspiraciones se vieron truncadas hasta el punto que no siguió trabajando como secretario de gobierno del Municipio, no estoy seguro si renunció o lo despidieron, lo cierto es que no siguió trabajando, lo cual lo afectó enormemente a él pues no recibía ingresos y los gastos familiares continuaban y no tenía con que afrontarlos, él no pudo volver a trabajar la sanción se lo impedía lo cual afectó su forma de vivir y la de su familia (…) Preguntado. Precísele al despacho si en la actualidad el señor Julio César Ariza Olarte se encuentra empleado en el sector público o privado. Contestó. No se encuentra vinculado, él vive de la administración de una finca que tiene la esposa, además reitero que la investigación y sanción disciplinaria truncaron sus aspiraciones a la Alcaldía del Municipio de Vélez, perdió toda credibilidad de la comunidad que antes lo seguía y respetaba (…).

En la misma fecha, el señor Gonzalo Camacho Galeano rindió su declaración, en la que señaló:

Preguntado. Que produjo en la comunidad del Municipio de Vélez, el hecho de ser sancionado el señor Julio César Ariza Olarte, Secretario de Gobierno Municipal. Contestó. Lo que se ventilaba en la alcaldía y diferentes sitios del Municipio fue que se produjo un robo ya que los elementos no se encontraban en su totalidad situación que conllevaría a una destitución o suspensión del secretario de gobierno. Preguntado. Infórmele al despacho si la investigación disciplinaria e imposición de sanción del señor Julio César Ariza Olarte lo afectó en su esfera emocional, tanto personal como familiar y social. Contestó. Si claro, pues la verdad a la fecha no ha podido conseguir trabajo (…) dentro del tiempo de la sanción que fue en el mes de abril del año 2007 entró un alcalde encargado con su secretario de gobierno, cuando regresó el alcalde elegido popularmente ingresé yo como secretario de gobierno, como tenía la sanción no podía ejercer cargos públicos (…).

El 27 de julio de 2010, el señor Julio César Ariza Olarte presentó interrogatorio de parte dentro del proceso judicial, en el que aseveró:

La mercancía que se recibió en su descripción correspondía a los elementos solicitados en el contrato posteriormente en el mes de febrero del año 2005 el proveedor solicitó mediante oficio que se encuentra dentro del expediente de la procuraduría que requería cambiar esos elementos ya que los mismos por error correspondían a otro municipio por ser en tintilla los cuales tenían un mayor costo a lo contratado con el Municipio de Vélez y que los que correspondían al Municipio de Vélez eran elaborados de color madera por lo cual se autorizó la devolución de los mismos para que fuesen cambiados llegando os mismos a los dos días, tiempo en el cual la Procuraduría efectuó la inspección de los mueves cosa que no lo hizo cuando estos llegaron haciéndolo solo hasta dos o tres meses después. Al llegar los elementos se observó que venían unas sillas dañadas por lo cual se procedió a devolver las mismas, las cuales fueron devueltas por el proveedor ya cambiadas a los dos días y no como lo dijo el procurador señor Linderman Flórez de que él mismo se había dado cuenta de que faltaban unas sillas (…) efectivamente como lo dije en el punto anterior por venir cambiada y por solicitud del proveedor ésta si se cambió pero igual como lo manifestó el señor Wilson Guarnizo en ese entonces director de la casa de la cultura que fue el sitio en donde se guardó la mercancía que ésta si llegó en su totalidad y que ningún elemento hacía falta (…) dado el fallo de suspensión del cargo y por la imputación que la misma procuraduría se encargó de promover en la comunidad veleña y con el fin de poder defender mi honor y mi honestidad ante la misma comunidad veleña opte por renunciar con el fin de poder defenderme desde fuera a través de las vías jurídicas y así demostrar que en ningún momento allí ocurrió un hecho de corrupción que como siempre por la persecución de la procuraduría se quiso ver ante la comunidad veleña. Deseo agregar que no solamente fue este proceso el que inició la procuraduría a través del señor Linderman Flórez Hernández sino que tres procesos más de los cuales hay dos en demanda (…) igualmente quiero dejar constancia que por los antecedentes disciplinarios objeto de las investigaciones del señor Linderman no he podido obtener un trabajo con el estado lo cual implicó botar por la borda 21 años de trabajo honesto y transparente con entidades públicas y privadas (…).

3. Caso concreto

3.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso contencioso administrativo

En primer término la Sala considera indispensable precisar que el control de legalidad de los actos de carácter sancionatorio y de los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del trámite correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales que le asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Así lo sostuvo recientemente la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación:

b) El control judicial integral de la decisión disciplinaria - criterios de unificación-. El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente trascrita.

3.2. Falsa motivación

La doctrina ha definido la falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos, en los siguientes términos:

Después de señalar que el vicio en el contenido es un caso de violación de la Ley, agrega que esto puede ocurrir en los siguientes supuestos: a) porque el acto fue dictado contra un precepto de la Ley, o porque al dictarlo la administración consideraba como existente una norma que no existía o viceversa, consideraba como no existente una norma que, en realidad, existía, o porque en la interpretación de la norma jurídica se le da un contenido distinto del que realmente tenía; b) porque si bien la norma jurídica fue correctamente interpretada, se la aplica a un caso que no había contemplado; c) porque la aplicación de una norma jurídica se hace en forma de alcanzar consecuencias jurídicas contrarias a las que ésta quería, se trataría en este supuesto de una falsa aplicación de la Ley.

En tal sentido, quien acude a la jurisdicción para alegar falsa motivación, debe señalar que el funcionario tuvo en cuenta para tomar la decisión un hecho o hechos que en realidad no existieron, o en qué consiste su errada interpretación.

Frente a este cargo sostiene el demandante que la Procuraduría General de la Nación no tuvo en cuenta que su conducta estuvo amparada bajo el marco de la legalidad y que, en consecuencia, no incurrió en una falta de diligencia, debido a que hizo entrega de los elementos dispuestos en el contrato por solicitud del contratista.

En este sentido, debe resaltarse que el reproche disciplinario por el cual fue, finalmente, sancionado el actor, en su condición de secretario de gobierno del Municipio de Vélez, Santander y supervisor del contrato de compraventa referido, fue su falta de diligencia al haber entregado al contratista unos bienes de carácter público cuando el contrato ya se había ejecutado; situación bajo la cual se enmarcará esta decisión, teniendo en cuenta el cargo dispuesto por la parte actora en el escrito introductorio.

3.2.1. Del bien de uso público

Los bienes de uso público son aquéllos cuya titularidad corresponde al Estado y que están destinados al uso, goce y disfrute de todos los habitantes del territorio.

Respecto a esta definición, la Sección Primera del Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:

(…) están sometidos al régimen de derecho público y sobre ellos el Estado ejerce derechos de administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés general.

Con el fin de proteger los bienes de uso público y asegurar el destino asignado a ellos -su uso por parte de la comunidad- se les ha revestido constitucionalmente de las siguientes características: la inalienabilidad, que implica que los mismos se encuentren fuera del comercio y por ende no se pueden negociar (vender, donar, permutar, etc.); la inembargabilidad, condición que impide que pueden ser objeto material de medidas cautelares en procesos judiciales; y la imprescriptibilidad, característica que apunta a que no sean susceptibles de adquirir por usucapión. A estas tres garantías jurídicas se agrega otra, de estirpe legal, consagrada en el artículo 6 de la Ley 9ª de 1989, por virtud de la cual el destino de los bienes de uso público sólo puede ser variado por los concejos municipales y distritales, a iniciativa de los respectivos alcaldes, bajo la condición de que sean canjeados por otros bienes de características similares. Sobre esta última la Sala se referirá con más detalle más adelante.

Así mismo, la Constitución Política impone al Estado el deber de velar por la protección de la integridad del espacio público -dentro del cual el derecho positivo nacional ha tenido a bien incluir a los bienes de uso público- y porque se garantice su destinación al uso común, el cual está llamado a prevalecer sobre el interés particular por mandato constitucional.

Por su parte, la Corte Constitucional señala como características de los bienes de uso público, que: «Pueden ser por naturaleza o por el destino jurídico, se caracterizan por pertenecer al Estado o a otros entes estatales, estar destinados al uso común de todos los habitantes, y por encontrarse fuera del comercio, ser imprescriptibles e inembargables. Están definidos en la ley como aquellos que ‘su uso pertenece a todos los habitantes de un Territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión o de uso público o bienes públicos del Territorio’».

Ahora bien, los servidores públicos tienen el imperativo deber de salvaguardar y custodiar los recursos y bienes públicos que les han sido confiados en el ejercicio de sus funciones, por lo que la apropiación de estos, la destinación diferente o el uso indebido, implica un comportamiento reprochable.

Aunado a ello, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, la utilización de los recursos y bienes públicos debe ser razonable, por lo que de manera alguna puede ser producto de intereses, oportunidad y provecho personal, pues, constitucional y legalmente, está prohibido.

En este sentido, la Ley 734 de 2002 en su artículo 34 describe como deberes de los servidores públicos, entre otros, los siguientes:

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.
22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.
(…)
25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.

Así las cosas, los servidores públicos que tengan a su cargo el cuidado y custodia de bienes públicos, en relación con el desempeño de sus funciones, son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, frente al uso de aquéllos.

3.2.1.1. Del caso concreto

En el sub examine, de conformidad con los documentos obrantes dentro del expediente, los supuestos fácticos que acreditaron la responsabilidad disciplinaria del actor, fueron los siguientes:

i) El 21 de diciembre de 2004, el señor Omar Leonel Ariza Hernández, en su condición de alcalde Municipal de Vélez, Santander suscribió contrato de compraventa No. 011 con el señor Ricardo Arturo Guette Molina (contratista), cuyo objeto era el suministro de artículos con destino a la Biblioteca Pública Municipal (mesas, sillas y otros), con un valor de $8.431.759. Algunas de las cláusulas de dicho acuerdo, fueron las siguientes: «Cláusula segunda. Forma de pago. El municipio cancelará el valor del presente contrato al contratista a la entrega de la totalidad de los artículos que trata la cláusula primera de este documento, a satisfacción del supervisor del contrato, de lo cual se levantará un acta donde conste la contra-entrega de común acuerdo entre las partes. (…) cláusula décima. Supervisión. La supervisión estará a cargo del municipio, por intermedio del Secretario de Gobierno Municipal. Para tal efecto tendrás las atribuciones y funciones conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia».

ii) El 30 de diciembre de 2004, el señor Julio César Ariza Olarte suscribió acta de recibo a satisfacción de los artículos objeto del contrato.

iii) Mediante orden de pago No. 0000001408 de 30 de diciembre de 2004, el alcalde municipal de Vélez, Santander dispuso la cancelación de la orden de suministro de artículos con destino a la Biblioteca Pública Municipal.

iv) El 2 de febrero de 2005, el señor Ricardo Arturo Guette Molina (contratista) solicitó, sin formalidad alguna, la devolución de la mercancía, frente a lo cual, Julio César Ariza Olarte, en su condición de supervisor y secretario de gobierno del Municipio de Vélez, Santander, decidió entregársela, sin mediar ningún documento.

v) El 11 de marzo de 2005, el procurador provincial de Vélez, Santander practicó visita especial a la Casa de Cultura de Vélez, Santander, con el fin de constatar la entrega de los artículos relacionados en el contrato de compraventa No. 011, verificándose que estos no estaban y según información del señor Wilson Guarnizo Franco «esos elementos sí llegaron, pero que se devolvieron en razón a que iban con destino a otro Municipio, pero aclaro que esos elementos debían llegar lo más pronto posible».

vi) El 14 de marzo de 2005, el procurador provincial de Vélez, Santander practicó, nuevamente, visita especial a la Casa de la Cultura de Vélez, en ejercicio de la acción preventiva, en la que suscribió un acta que refiere: «hacen falta 11 sillas auxiliares sin brazo por valor individual de $98.000, se solicita que se aporte el acta de entrega elaborada con posterioridad al día 11 del presente ,es, expresando Guarnizo Franco que no la tiene, el secretario de gobierno informa que ‘conjuntamente con el alcalde dejamos constancia de que no se recibían once sillas, por presentar defectos, las cuales en el transcurso de la semana serán enviadas, de esto no se dejó acta suscrita con el contratista porque el proveedor la remitió en un medio de transporte».

En el asunto sometido a consideración el reproche efectuado al actor fue, primero, haber suscrito un acta de entrega a satisfacción de unos elementos que, finalmente, fueron devueltos al contratista, como lo afirmó el disciplinado al momento de rendir los descargos, «al revisar la mercancía observo 11 sillas que venían deterioradas, por lo que procedí a informarle al mismo Dr. Morantes del estado de las mismas, quien se comprometió a llevarlas y cambiarlas, llegando las mismas, más o menos a los 3 o 4 días de haberlas devuelto (…) efectivamente el día 14 de marzo elaboró una constancia personal, no como acta, ni como acta de devolución de las sillas, sino para su archivo personal, la cual efectivamente la hizo con fecha de 12 de marzo, pero elaborada el día 14 del mismo mes, alegando no haberla hecho en forma fraudulenta, ni con el ánimo de engañar al SR. Procurador »; y segundo, su falta de diligencia, en condición de supervisor del contrato, al entregar unos bienes, al contratista, que eran de uso público (en febrero de 2005), cuando, en principio, el contrato se había ejecutado el 30 de diciembre de 2004. Cabe advertir, además, que dicha entrega la efectuó el actor sin que mediara documento o autorización legal o contractual al respecto, situación que hizo que estuviera fehacientemente acreditado el incumplimiento de su deber como servidor público de custodiar y cuidar los bienes que estaban a su cargo.

Al respecto, la doctrina sostiene que «Es hora ya de poner en marcha la aplicación de las normas que determinan la responsabilidad de quienes manejan el patrimonio público, exigiendo, como primera medida, lo que es usual y de elemental justicia en todo proceso que busque individualizar la imputación subjetiva a título de culpa. Nos referimos a la exigencia del cuidado interno de todo aquel que aspire a administrar bienes del Estado debe tener, esto es, la realización del juicio individual y particular que debe hacer el servidor público en torno a sus conocimientos, capacidades y aptitudes y competencia para la administración de bienes ajenos, el cual, de no ser adecuado, implica la abstención de asumir una responsabilidad imposible de cumplir (…)».

Así las cosas, es dable resaltar que la imputación de una falta grave efectuada por la Procuraduría Regional de Santander en el fallo de segunda instancia, se hizo conforme a los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, en atención a que: i) no existió justificación constitucional ni legal que admitiera que el actor devolviera al contratista los bienes muebles que le pertenecían al Municipio de Vélez, Santander, con ocasión del contrato No. 011 de 2004, cuando con anterioridad a ello había suscrito un acta de entrega a satisfacción; y ii) dicha falta la cometió a título de culpa grave, porque no actuó con el cuidado necesario al disponer de los bienes que le pertenecían al ente territorial en virtud del contrato.

Frente a la culpa grave, la doctrina ha sostenido, que «este tipo de imprudencia, cuyo nivel de cuidado también se encuentra estandarizado, teniendo como modelo a un hombre prudente, se presenta cuando se ha prescindido, de manera no elemental, de la moderación y el buen juicio que normalmente suelen conducir al bien y evitar el mal. Pero, como se trata de la diligencia en el cumplimiento de funciones públicas o en el ejercicio profesional, el homúnculo ‘persona del común’ tiene que ser entendido como la persona sujeta a la especial relación de sujeción de que se trate, no especificada ni por funciones ni por jerarquías, en términos generales al hombre medio de la administración pública –servidor o particular – o de la profesión intervenida, pues la modalidad de culpa ‘existe cuando el agente ha omitido la diligencia media acostumbrada en una esfera especial de actividad».

Aunado a ello, no es de recibo el argumento del actor relacionado con que efectuó dicha devolución por solicitud del contratista, en la medida en que, como sostuvo el operador disciplinario «analizado por el despacho el contenido del mismo y la descripción de los bienes objeto de negociación no se encuentra en ninguna parte mención alguna sobre el terminado del mobiliario en lo que respecta a pintura – tintilla o natural. Igual situación acontece con los demás documentos generados en virtud del trámite contractual. Ninguno de ellos señala el acabado en pintura del mobiliario».

En ese orden de ideas, el cargo planteado por el actor no está llamado a prosperar, toda vez que si bien suscribió, en principio, el acta de entrega a satisfacción cuando recibió los elementos (30 de diciembre de 2004), también lo es, que una vez ejecutado dicho acuerdo, los devolvió al contratista (febrero de 2005), sin que mediara obligación legal al respecto, y posteriormente, los recibió parcialmente (12 de marzo de 2005), existiendo con ello un incumplimiento del contrato y, en consecuencia, un detrimento al patrimonio público, porque la Biblioteca Municipal no contaba con los elementos necesarios para su funcionamiento.

Finalmente, cabe resaltar que los argumentos expuestos por el actor relacionados con las irregularidades frente al fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Vélez, Santander, no se desarrollaran, en la medida en que, en segunda instancia, la Procuraduría Regional de Santander, encontró no probada la comisión del delito de falsedad ideológica en documento público, siendo esta la razón para la variación de la sanción, de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término de 12 años, a suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 9 meses.

3.3. De los perjuicios económicos y morales causados con la expedición del acto administrativo sancionatorio.

A juicio del actor el fallo disciplinario acusado le causó un daño moral y económico, en tanto que durante el tiempo de la suspensión no devengó salarios ni prestaciones sociales; y la noticia se difundió en medios de comunicación, causándole un detrimento en su condición de vida y honra, así como una afectación moral, pues solo contaba con dichos ingresos para su subsistencia y el de su grupo familiar.

Respecto a la potestad disciplinaria, esta Subsección ha manifestado que «constituye una de las modalidades de los poderes sancionatorios del Estado; en la misma medida, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya concepción misma, a más de su ejercicio, deben estar orientados a garantizar la materialización de los principios propios del Estado Social de Derecho, el respeto por los derechos y garantías fundamentales, y el logro de los fines esenciales del Estado que establece la Carta Política y justifica la existencia misma de las autoridades».

Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado en cuanto a la potestad disciplinaria, que «permite asegurar la realización de los fines del Estado, al otorgarle a las autoridades administrativas la facultad de imponer una sanción o castigo ante el incumplimiento de las normas jurídicas que exige un determinado comportamiento a los particulares o a los servidores públicos, a fin de preservar el mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la organización estatal».

Ahora bien, el legislador consagró un régimen disciplinario el cual se encuentra dispuesto en la Ley 734 de 2002, que es aplicable a los servidores públicos, que en caso de ser incumplido, el Estado, en virtud de la potestad disciplinaria, tiene la facultad de iniciar las actuaciones administrativas que considere pertinentes tendientes a establecer las faltas cometidas en ejercicio de sus funciones, así como su responsabilidad.

Así las cosas, la sanción disciplinaria que se le imputa a un servidor público es el resultado de una decisión administrativa luego de haber dado trámite a un procedimiento dentro del cual el investigado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Dicha sanción, si bien, en principio, impide el acceso a cargos públicos y a devengar un salario, también lo es, que no vulnera el derecho al trabajo, en tanto que dicha limitación se presenta solamente en la esfera del empleo público, razón por la cual no podría decirse que toda decisión disciplinaria conlleva a la materialización de perjuicios materiales y morales.

En el sub examine la Sala considera que los actos administrativos proferidos por la Procuraduría General de la Nación se encuentran conforme con las garantías constitucionales y legales y, en consecuencia no causan perjuicio alguno al demandante, máxime cuando este no acredita con material probatorio alguno, haber sufrido algún tipo de dolor, congoja, angustia, la tristeza o la aflicción, así como tampoco que hubiera sido afectado patrimonialmente.

4. Conclusión

Con base en los anteriores planteamientos se concluye que el actor no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados, por lo que, en consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA
DENEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Julio César Ariza Olarte en contra de la Nación, Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, Notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GMSM
Pretensión solicitada en el escrito de adición de demanda obrante a folios 88 y 89, la cual fue admitida por el Despacho, a través de Auto de 14 de noviembre de 2013 (folios 560 y 561). Folios 560 y 561. Folio 591. Folios 592 a 598. Folios 600 a 604. ARTICULO 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, expediente No. 6538-05, consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón. Folio 13 del cuaderno principal. Folio 10 del cuaderno principal. Folio 15 del cuaderno principal. Folio 11 del cuaderno principal. Folio 11 del cuaderno principal. Folio 67 del cuaderno principal. Folio 10 del cuaderno principal. Folios 9 y 10 del cuaderno principal. Folios 28 a 31 del cuaderno principal. Folio 12 del cuaderno principal. Folio 12 del cuaderno principal. Folios 20 a 65 del cuaderno principal. Folios 2 a 19 del cuaderno principal. Folios 458 y 459 del cuaderno principal. Folios 460 y 461 del cuaderno principal. Folios 463 a 465 del cuaderno principal. Sentencia del 9 de agosto de 2016, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, consejero ponente: William Hernández Gómez, referencia: 11001032500020110031600, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz. Teoría degli Atti. Ranelletti. Página 330. Sentencia de 15 de marzo de 2018, expediente No. 05001233100020060367301, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López. Constitución Política, Artículo 63: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”
Dispone el inciso primero del artículo 82 constitucional que: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. Ley 9ª de 1989, artículo 5º; y Decreto 1504 de 1998, artículo 3. C-183 de 2003, magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. Folio 13 del cuaderno principal. Folio 10 del cuaderno principal. Folio 15 del cuaderno principal. Folio 11 del cuaderno principal. Folio 11 del cuaderno principal. Folios 28 a 31 del cuaderno principal. Dogmática del Derecho Disciplinario. Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Sexta edición. Página 567. ARTÍCULO 43. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: 1. El grado de culpabilidad. 2. La naturaleza esencial del servicio. 3. El grado de perturbación del servicio. 4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. 5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. 6.

Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas. 7. Los motivos determinantes del comportamiento. 8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos. 9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave. Dogmática del Derecho Disciplinario. Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Sexta edición. Página 598. Folio 17 del cuaderno principal. Folio 17 del cuaderno principal «Del anterior análisis se desprende que no se estructura el tipo penal de falsedad ideológica definido por el artículo 286 del Código Penal, imputado a Ariza Olarte, porque de acuerdo a las probanzas, ésta no consignó una falsedad en la constancia que firmó el día 30 de diciembre de 2004, pues la mercancía, sí se recibió pero no a satisfacción, porque debió ser devuelta posteriormente, habida cuenta que al entender del señor Guete Molina y Ariza Olarte, no era la contratada, luego entonces lo que incumplió fue el deber de actuar con diligencia y eficiencia en el ejercicio de la tarea de supervisión que se le asignó por parte de su jefe, el alcalde de Vélez, es decir incurrió en una culpa grave, porque inobservó el cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones». Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de 21 de noviembre de 2013, No. Interno. 0649-2011, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia C-818 de 2005, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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