Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00564-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00564-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2013-00564-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C, dos (02) de junio de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 110010325000201300564 00
Número interno: 1101-2013
Actor: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del CCA, el señor
Fabián Eduardo Guerrero Acosta presenta demanda contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
La parte actora solicita que se declare la nulidad de la Resolución N.º 04146
de 17 de diciembre de 2010, a través de la cual el director general de la Policía
Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) ordenar su reintegro a un cargo igual y/o superior al que se
encontraba desempeñando al momento de su retiro; ii) condenar a la entidad
demandada a reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
de devengar desde que se ejecutó la decisión disciplinaria y hasta cuando sea
reintegrado; iii) declarar que no existió solución de continuidad; iv) desanotar
de su hoja de vida los antecedentes disciplinarios; v) ordenar la actualización
de las sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo previsto en
el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo; vi) disponer el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem;
y vii) condenar en costas a las entidades demandadas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado judicial del demandante señaló los
siguientes:
i) El 1.º de noviembre de 2003, el señor Fabián Eduardo Guerrero Acosta se
vinculó laboralmente a la Policía Nacional, en el cargo de patrullero.
ii) El 20 de agosto de 2009, la Oficina de Control Disciplinario Interno dio
apertura de indagación preliminar en búsqueda de responsables, por la queja
interpuesta por el señor Juan Augusto Díaz Valderrama ante la Procuraduría
Provincial de Santander de Quilichao (Cauca).
iii) El 21 de febrero de 2010, dicha dependencia formuló pliego de cargos en
contra del señor Fabián Eduardo Guerrero Acosta, en su condición de
patrullero.
iv) El 13 de mayo de 2010, la Oficina de Control Disciplinario Interno, en
primera instancia, declaró responsable disciplinariamente al señor Fabián
Eduardo Guerrero Acosta, por haber incurrido en las faltas gravísimas
consagradas en el artículo 34 numerales 30 literal e) y 9.º de la Ley 1015 de
2006, a título de dolo; sancionándolo con destitución e inhabilidad general por
el término de 12 años.
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
v) Contra dicha decisión el disciplinado presentó recurso de apelación, el cual
fue resuelto el 15 de septiembre de 2010, por la Inspección Delegada Región
de Policía N.º 4, confirmando la decisión inicial.
vi) Por Resolución N.º 04146 de 17 de diciembre de 2010, el director general
de la Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 29 y 53 de la Constitución Política; 5,
6, y 12 de la Ley 1015 de 2006; y 152, 153 y 154 de la Ley 734 de 2002.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso
los siguientes argumentos:
i) Los actos administrativos cuestionados vulneraron su derecho al debido
proceso, en la medida en que se omitió valorar, de manera integral, el material
probatorio obrante dentro del expediente, que daba cuenta que el patrullero no
actuó solo en el proceso policial; y, no era su obligación informar el accidente
de tránsito ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que, en consecuencia,
no existió certeza en la comisión de las faltas endilgadas.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. De la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por intermedio de
apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por
las razones que se expresan a continuación:1
i) La falta disciplinaria que le fue endilgada al actor se hizo bajo el principio de
legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
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Folios 246 a 257.
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue
adecuada y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente
valoradas.
ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que al disciplinado se
le brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su
derecho a la defensa.
iii) La parte demandante pretende convertir el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en una tercera instancia, exponiendo argumentos
que ya fueron debatidos dentro del proceso disciplinario.
iv) Finalmente, propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda,
por cuanto en el escrito introductorio solo se solicitó la nulidad de la Resolución
N.º 04146 de 17 de diciembre de 2010, a través de la cual el director general
de la Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.
1.3. Alegatos de conclusión
1.3.1. De la parte demandante 2
Insistió en los argumentos expuestos en el escrito de demanda.
1.3.2. De la parte demandada 3
Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la entidad
demandada no presentó alegatos de conclusión.
1.4. Del Ministerio Público
Guardó silencio.
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Índice 69 de Samai.
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Folios 481
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Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. De la excepción propuesta por la entidad demandada
Previo a estudiar el fondo del asunto procede la Sala a resolver la excepción
planteada por el apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, denominada ineptitud sustantiva de la demanda, por haberse
demandado un acto de ejecución no sujeto a control judicial.
De conformidad con el numeral 5 del artículo 100 del Código General del
Proceso, la excepción previa de ineptitud de la demanda procede i) por falta
de los requisitos formales del libelo y ii) por indebida acumulación de
pretensiones.
Sobre el particular, esta Subsección ha precisado lo siguiente:
De igual forma, sobre la figura de «ineptitud sustantiva de la demanda» se han
hecho consideraciones puntuales respecto su aplicación y procedencia, las
cuales se citan a continuación:
«De tiempo atrás, en múltiples providencias judiciales al igual que en la que
es objeto de estudio, se ha hecho alusión a la figura de la “ineptitud sustantiva
o sustancial de la demanda” como una excepción previa y/o causal de rechazo
de demanda, incluso de fallos inhibitorios, lo cual -a criterio de esta Sala-
constituye actualmente una imprecisión que debe ser superada.
[…]
De lo anterior se advierte que la denominación “ineptitud sustancial o
sustantiva” ha tomado diferentes formas, sin embargo, técnicamente ha de
señalarse que en la actualidad sólo es viable declarar próspera la que
denomina la ley como “inepta demanda por falta de cualquiera de los requisitos
formales o por la indebida acumulación de pretensiones”, en las cuales
encuadran parte de los supuestos en que se basaba la denominada “ineptitud
sustancial o sustantiva”.
b.- Actual regulación procesal sobre la materia
Como se verá a continuación, en la actualidad existen diversos mecanismos
procesales a efectos de afrontar las diferentes falencias de orden procesal o
sustancial que pueden presentarse en la demanda, a saber.
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Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
Supuestos que configuran excepciones previas.
En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano 4 consagra de manera expresa
la excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, encaminada
fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que
permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del
proceso. Esta se configura por dos razones:
Por falta de los requisitos formales. En este caso prospera la excepción
cuando no se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de
la demanda regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA., en
cuanto indican qué debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan
las pretensiones y los anexos que se deben allegar con ella (salvo los previstos
en los ordinales 3.º y 4.º del artículo 166 ib.5 que tienen una excepción propia
prevista en el ordinal 6.º del artículo 100 del CGP6).
Pese a ello, hay que advertir que estos requisitos pueden ser subsanados al
momento de la reforma de la demanda (Art. 173 del CPACA en concordancia
con el ordinal 3.º del artículo 101 del CGP 7), o dentro del término de traslado
de la excepción respectiva, al tenor de lo previsto en el parágrafo segundo del
artículo 175 del CPACA8 y 101 ordinal 1.º del CGP9.
4 Ordinal 5º del artículo 100 del Código General del Proceso.
5 “{…}3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso,
cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene
de haberlo otro transmitido a cualquier título. 4. La prueba de la existencia y representación
en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. Cuando se trate de personas de
derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y represen tación,
salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades
creadas por la Constitución y la ley. {…}”
6 “{…}6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero
permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la
calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.
{…}”
7 Señala el ordinal, lo siguiente refiriéndose al trámite de las excepciones previas: “{…} 3. Si
se hubiere corregido, aclarado o reformado la demanda, solo se tramitarán una vez vencido
el traslado. Si con aquella se subsanan los defectos alegados en las excepciones, así se
declarará.
Dentro del traslado de la reforma el demandado podrá proponer nuevas excepci ones previas
siempre que se originen en dicha reforma. Estas y las anteriores que no hubieren quedado
subsanadas se tramitarán conjuntamente una vez vencido dicho traslado. {…}” negrillas
fuera de texto. Regulado en similar forma en el artículo 99 ordinal 2.º del CPC, que indicaba:
“{…} 2. Si se hubiere reformado la demanda, sólo se tramitarán una vez vencido el traslado
de la reforma. Si con ésta se subsanan los defectos alegados en las excepciones, así se
declarará.
A las aclaraciones y correcciones de que trata el ordinal 2. del artículo 89, se aplicará también
lo dispuesto en la parte final del inciso anterior. Dentro del traslado de la reforma, el
demandado podrá proponer nuevas excepciones previas que versen sobre el contenido de
aquella. Estas y las anteriores que no hubiere quedado subsanadas, se tramitarán
conjuntamente una vez vencido dicho traslado. {…}” negrillas fuera de texto.
8 “{…} PARÁGRAFO 2o. Cuando se formulen excepciones se correrá traslado de las mismas
por secretaría, sin necesidad de auto que lo ordene, por el término de tres (3) días. {…}”
9 Señala la norma: “{…}1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por
el término de tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y,
si fuere el caso, subsane los defectos anotados. .{…}” negrillas fuera de texto. Regulado
en similar forma en el artículo 99 ordinal 4.º ib. “{…}4. Cuando se trate de las excepciones
contempladas en los ordinales 4., 5., 6. y 7. del artículo 97, en el auto que dé trasla do de
ellas el juez ordenará al demandante, dentro del término de dicho traslado, subsanar
los defectos o presentar los documentos omitidos. {…}” negrillas fuera de texto. Es de
resaltar que pese a que este último ordinal del CGP no señale expresamente los ordinales 3,
4, 5 y 6, que corresponden en su orden a los ordinales 4, 5 7 y 6 del artículo 97 del CPC, ha
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
Por indebida acumulación de pretensiones. Esta modalidad surge por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 138
y 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.»10
En resumen, de conformidad con los parámetros normativos de la Ley 1564 de
2012 (CGP) y el CPACA, la excepción de «ineptitud sustantiva de la demanda»
se configura solamente por (i) la falta de requisitos formales de la demanda o (ii)
la indebida acumulación de pretensiones; en consecuencia, aquellas falencias
procesales diferentes de las antes enunciadas encontraran solución en otros
mecanismos jurídicos (sean estos: otros medios exceptivos o saneamientos en
otras etapas procesales).11
En esos términos, no puede proponerse como ineptitud de la demanda aquel
evento que no encaje en alguno de los dos supuestos señalados en el numeral
5 del artículo 100 del Código General del Proceso. Si no existe tal conformidad,
las falencias que puedan advertirse deberán ser planteadas como una
excepción diferente, de acuerdo con el catálogo que prevé el artículo 100
ibidem, o tendrán que ser examinadas a través de otro mecanismo jurídico
dentro del proceso judicial.
2.1.1. Los actos administrativos pasibles de ser enjuiciados a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El Consejo de Estado ha precisado que el acto administrativo es toda
manifestación de voluntad de una entidad pública, o de un particular en
ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos. En
consonancia con esta definición, se han identificado las siguientes
características del acto administrativo:
de entenderse que cuando la norma indica que el demandante podrá en el término de traslado
subsanar los defectos anotados, significa que esta parte podrá sanear estos defectos para
que continúe el curso normal del proceso, una de las finalidades principales de las
excepciones previas o denominadas también como dilatorias o de forma. Para este último
efecto puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Bogotá, D.
C., doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014), Radicación número: 15001 -23-33-000-
2013-00558-01(0191-14), Actor: Naida Yazmín Acuña Vega, Demandado: Municipio De
Santana - Boyacá.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto de 21 de abril de 2016. Rad.
47001233300020130017101 (1416-2016) Consejero ponente doctor WILLIAM HERNÁNDEZ
GÓMEZ.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, fallo del 15 de enero de 2018, expediente 11001 03 15 000 2017 03032 00, M.P., Gabriel
Valbuena Hernández.
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Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
i) Constituye una declaración unilateral de voluntad.12
ii) Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una
autoridad estatal o de particulares.
iii) Se encamina a producir efectos jurídicos, es decir, que incide de
manera directa y vinculante en las situaciones jurídicas. Al respecto,
resulta importante distinguir dos conceptos ligados con la eficacia, a
saber: ejecutividad y ejecutoriedad. El primero hace referencia a que el
acto, una vez perfeccionado, produce todos sus efectos y, por ende,
puede y debe ser ejecutado. El segundo alude a la posibilidad que tiene
la administración de ejecutar el acto por sí misma, incluso de manera
coercitiva, en caso de resistencia de los destinatarios. 13
iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación,
modificación o extinción de una situación jurídica general o particular,
que impacta los derechos u obligaciones de los asociados, «sean
subjetivos, personales, reales o de crédito».14
v) Presunción de legalidad.15
vi) Irretroactividad, en el entendido de que el acto administrativo no tiene
efectos hacia el pasado, esencialmente, aunque la doctrina ha
identificado algunas situaciones en las cuales podría tenerlos, como
cuando la ley lo autoriza. 16
vii) Impugnabilidad, a excepción de los actos de ejecución.
12 Aunque autores como Guido Zanobini (Curso de Derecho Administrativo) y Oreste
Ranelletti (Teoría del Acto Administrativo) consideran los actos bilaterales como actos
administrativos.
13 SAYAGUÉS LASO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Fundación de Cultura
Universitaria. Clásicos Jurídicos Uruguayos. 6ª E dición. Montevideo, 1988. Página 490.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia 16288 del 12
de junio de 2008, M.P., Ligia López Díaz.
15 Artículo 88 del CPACA .
16 GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio. Los Actos Administrativos. Editorial Civitas S.A.
Segunda Edición. Madrid. 1991. Páginas 343 a 352.
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Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
Igualmente, esta corporación ha precisado que los actos administrativos
pasibles de control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos,
esto es, «los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan
imposible continuar la actuación». 17
Bajo este marco conceptual, es válido sostener que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo únicamente se ocupa del estudio de los actos
definitivos, expresos o fictos, que culminen un proceso administrativo, en la
medida en que se presumen legales, gozan de los atributos de ejecutividad y
ejecutoriedad e impactan en las relaciones de las personas naturales y
jurídicas, sus derechos y obligaciones. En consecuencia, el control judicial de
las decisiones administrativas definitivas se torna obligatorio dentro de un
Estado Social de Derecho, en aras de garantizar su validez, así como los
valores constitucionales, el imperio del principio de legalidad y los derechos
subjetivos de los asociados.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, el Consejo de Estado ha precisado que,
excepcionalmente, los actos de ejecución pueden ser objeto de control judicial,
en los siguientes casos:
[…] cuando [e]stos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de dar
cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al acto
administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se
presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada
o condenada. Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse cualquiera de
los eventos atrás enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime la
voluntad real de la administración de justicia y se genera una nueva
situación jurídica para el administrado, susceptible de control de
legalidad. 18
[Negritas por fuera del original]
En este orden de ideas, los actos administrativos de ejecución solo serán
enjuiciables cuando creen, modifiquen o extingan una situación jurídica
17 Artículo 43 del CPACA.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
providencia del 6 de agosto de 2015, expediente 41001 23 33 000 2012 00137 01 (4594-13), M.P, Sandra
Lisset Ibarra Vélez (E).
10
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
particular, aspectos que lo convierten en un acto administrativo susceptible de
control ante esta jurisdicción. 19
En el sub examine se observa que el patrullero Fabián Eduardo Guerrero
Acosta fue sancionado con destitución e inhabilidad para desempeñar cargos
públicos por el término de 12 años, en primera y segunda instancia, a través
de las decisiones disciplinarias emitidas el 13 de mayo y 15 de septiembre de
2010, por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de
Policía del Cauca y la Inspección Delegada Región de Policía N.º 4,
respectivamente.
Posteriormente, mediante la Resolución N.º 04146 de 17 de diciembre de
2010, el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria
impuesta.
Ahora, si bien en el escrito de la demanda en el acápite de actos
administrativos demandados el apoderado judicial de la parte actora hace
referencia solamente a la declaración de nulidad de la Resolución antes
mencionada, es decir, la que ejecutó la sanción disciplinaria, situación que, en
principio, haría que la Sala se encontrara inhibida para decidir el fondo de la
controversia porque los actos mediante los cuales se ejecuta una sanción
disciplinaria por parte de la autoridad competente, a pesar de ser conexos, no
forman parte de aquella y por ende no son actos demandables ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, 20 de la lectura general de la
demanda se observa que la pretensión del actor no solamente es anular el
acto de trámite referido sino, además, los fallos disciplinarios. Al respecto, el
demandante manifestó:
Declaraciones y condenas
19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
providencia del 8 de marzo de 2018, expediente 05001-23-33-000-2014-01713-01 (2831-2015), M.P. Dr.
William Hernández Gómez.
20
Conforme lo ha mencionado la jurisprudencia del Consejo de Estado, los actos de ejecución
de una decisión administrativa, se encuentran excluidos del control de legalidad, en tanto que
a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, sino que son expedidos en orden
a materializar o hacer efectivas esas decisiones. (Sentencia de la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, de 11 de julio de 2013, radicación N.º 1052-09)
11
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
(…)
3. Ordénese la cancelación de los registros ordenados por medio de los cuales
las entidades demandadas cumplen la sanción impuesta en los fallos de primera
instancia del 13 de mayo de 2010 y el 15 de septiembre de 2010 (…)
Normas violadas y concepto de violación
La Resolución N.º 04146 de 17 de diciembre de 2010, por la cual se ejecuta una
sanción disciplinaria impuesta al señor Fabián Guerrero Acosta, fundamentada
en el fallo de primera instancia del 13 de mayo de 2010 proferido por el jefe de
control interno disciplinario (…) y el de segunda instancia del 15 de septiembre
de 2010 proferido por la Inspección Delegada Región de Policía N.º 4 que
confirma el proveído del 13 de mayo de 2010 dentro del proceso (…) cuya
nulidad se demanda, es violatorio de normas constitucionales y legales (…)
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que si bien deben
respetarse las formas en cada una de las actuaciones, también debe
analizarse cada asunto en particular para así definir la procedencia de una
decisión inhibitoria, al respecto, en una oportunidad, manifestó21:
Vale decir de igual modo, que a pesar de que la actora no incluyó dentro de los
actos cuestionados el Oficio del 15 de septiembre de 2004, lo cierto es que en
atención al principio Constitucional de prevalencia del derecho sustancial
(artículo 228 de la Constitución Política), la Sala debe interpretar la demanda y
establecer la intención del demandante con miras a no entorpecer su accionar;
máxime, cuando no sólo se tuvo en cuenta el Oficio tanto en las pruebas
aportadas como en las solicitadas, sino que también, el contexto mismo del
libelo estableció que por medio del citado acto, se había suprimido el cargo que
venía desempeñando.
(…)
En conclusión, se podría afirmar inicialmente que en la presente demanda no
se formuló la proposición jurídica completa, esto es, con la solicitud de nulidad
del citado Oficio, como consecuencia, sería viable un pronunciamiento
inhibitorio en relación con la totalidad de las pretensiones debido a que no se
reunieron los presupuestos procesales suficientes que exige la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante, es claro que además de la
demandante individualizó la pretensión, los cargos endilgados, se encuentran
dirigidos a cuestionar el Acuerdo No. 004 de 10 de septiembre de 2004, mas no
alegó encontrarse en alguna de las situaciones amparadas en la planta
transitoria que trajo consigo el mismo Acuerdo.
Por su parte, la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del numeral 4
del artículo 137 del CCA, dispuso que «en virtud del principio de la prevalencia
del derecho sustancial, no se debe extremar la aplicación de la norma
acusada, al punto tal que se aplique un rigorismo procesal que atente contra
dicho principio. En tal virtud, defectos tales como la cita errónea de una
21
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B de 15 de marzo de 2012,
radicación No. 2216-2011, consejero de estado: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
12
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
disposición legal que por su contenido es fácilmente identificable por el juez, o
el concepto de la violación insuficiente pero comprensible, no pueden conducir
a desestimar un cargo de nulidad. (…) Considera la Corte, que tratándose de
derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la
correspondiente norma constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la
haya invocado expresamente».22
En consideración a lo anterior, en garantía de la primacía de lo sustancial sobre
lo formal23, aunado al hecho de que el actor sí cumplió con la carga de señalar
lo que se demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del CCA,
concluye la Sala que la excepción de inepta demanda por los argumentos
expuestos no está llamada a prosperar, razón por la cual el asunto será
debatido de fondo.
2.2. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos acusados, la
entidad demandada incurrió en violación del derecho al debido proceso,
porque no se realizó una valoración integral del material probatorio obrante
dentro del expediente, con el cual era dable concluir la inexistencia de las faltas
imputadas.
2.3. Marco normativo
De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines
esenciales del Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
22
Sentencia de la Corte Constitucional C-197 de 7 de abril de 1999, magistrado ponente:
Antonio Barrera Carbonell.
23
Artículo 228 de la Constitución Política: «La Administración de Justicia es función pública.
Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.»
13
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decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares».
En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables
ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en
el artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho».
Por otra parte, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como
principios de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
En relación con la Policía Nacional, el artículo 218 ibidem dispone que esta
Institución es un «cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de
la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz», y respecto a sus
miembros, señala dicha disposición que la «Ley determinará su régimen de
carrera, prestacional y disciplinario».
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En atención a lo anterior, el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de
2006, por medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la
Policía Nacional, dentro de la cual se señalan como sus destinatarios, el
personal uniformado escalafonado y los auxiliares de Policía que estén
prestando servicio militar en la Institución Policial.
El artículo 3 ibidem dispone que el personal destinatario de esta ley, será
investigado y sancionado por conductas que se encuentren descritas como
faltas disciplinarias en la ley vigente al momento de su realización.
Ahora, respecto al derecho al debido proceso, el artículo 5 ibidem, dispone que
«El personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las
leyes preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario
con atribuciones disciplinarias previamente establecido y observando las
garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento
señalado en la ley. La finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la
efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el
cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él
intervienen».
Frente a la resolución de la duda y el principio de presunción de inocencia, los
artículos 6 y 7, respectivamente de dicha normativa, disponen:
Artículo 6°. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a
favor del investigado o disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.
Artículo 7°. El destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta
disciplinaria se presume inocente mientras no se declare legalmente su
responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Por su parte, la Ley 734 de 2002 en relación con el principio de presunción de
inocencia, consagra en su artículo 9 que «a quien se atribuya una falta
disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad
en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a
favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla».
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El artículo 20 ibidem en cuanto a la interpretación de la Ley disciplinaria, señala
que «En la interpretación y aplicación de la Ley disciplinaria el funcionario
competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia
de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo y la búsqueda de la verdad
material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas
que en él intervienen».
Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único señaló en su
artículo 128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria
debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por
petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole
la carga de la prueba al Estado.
Frente a la oponibilidad de los medios probatorios, el artículo 138 de dicha
normativa, dispone que los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas
a partir del momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas obrantes dentro del expediente, puede
establecerse lo siguiente:
2.4.1. En relación con la vinculación laboral del demandante
De acuerdo con el extracto de hoja de vida, el 1.º de noviembre de 2003, el
señor Fabián Eduardo Guerrero Acosta se vinculó laboralmente a la Policía
Nacional, en el cargo de patrullero.24
2.4.2. En relación con la actuación disciplinaria
24
Folios 89 y 90 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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El 19 de junio de 2009, el señor Juan Augusto Díaz Valderrama presentó una
queja ante la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, en la cual
manifestó:25
Preguntado. Sírvase hacer un relato claro y concreto indicando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, asimismo indicar contra quien va
dirigida su queja y por qué motivos. Contestó. Veníamos de trabajar del club de
los andes con Oscar Sterling el 8 de mayo de 2009 a las 07:00 P.M., en la
entrada al CIAT sufrimos un accidente, íbamos en una moto y fuimos arrollados
por otra moto que invadió nuestro carril, resultando heridos nosotros dos, Oscar
Sterling con fractura en la pierna izquierda y rodilla y yo con fractura en mano
izquierdo. A nosotros nos trasladaron inmediatamente al hospital por una
ambulancia de los bomberos. El señor que ocasionó el accidente de nombre
Francisco Homero Gómez se quedó en el sitio del accidente. Aproximadamente
a las 09:00 P.M. llegó la policía al hospital con las dos motos, nos dijeron que
lo mejor era que cada uno se llevara la moto para su casa y que cada uno
arreglara su moto porque el proceso se demoraba mucho en resolverse. Luego
le preguntaron a Sterling que era el dueño de la moto que qué hacía con la moto
y él no recuerda qué respuesta dio porque todavía traumatizado. En últimas les
entregaron la moto cada uno. Creo que este procedimiento está mal hecho
porque existieron heridos de por medio y las motos debieron ser conducidos a
los patios de los bomberos. Después una vez revisado el croquis que levantaron
del accidente de tránsito, nos dimos cuenta que en el solo aparece una moto
que es la de nosotros y los datos nuestros y por ningún lado está la moto que
ocasionó el accidente ni el nombre del señor que le iba conduciendo. Creo que
el señor Francisco Homero Gómez es retirado de la policía o pensionado de la
misma institución y por lo tanto el croquis no se adecuó a la realidad, es mas
nunca nos preguntaron las versiones nuestras, creo que sólo se basaron en lo
que les dijo el otro señor. Preguntado. Sírvase manifestar al despacho si conoce
el nombre o nombres de los miembros de la policía que atendieron el asunto
que comenta. Contestó. Según el croquis se trata del señor Fabián Eduardo
Guerrero. Preguntado. Según lo que usted comenta el croquis no corresponde
a la escena en la cual ocurrió el accidente de tránsito. Contestó. No corresponde
por qué la vía del CIAT la veo en el lado contrario, además no aparece la
motocicleta que ocasionó el accidente, no se recibieron nuestras versiones ni la
del señor que conducía la otra moto, ninguno fuimos sometidos a la prueba de
alicoramiento.
El 20 de agosto de 2009, la Oficina de Control Disciplinario DECAU dio
apertura de indagación preliminar en búsqueda de responsables y decretó la
práctica de pruebas. 26
El 4 de septiembre de 2009, el señor Sterling Romaña Guisseppe presentó su
declaración, dentro de la cual sostuvo:27
25
Folios 4 y 5 del cuaderno de antecedentes administrativos.
26
Folios 7 y 8 del cuaderno de antecedentes administrativos.
27
Folios 11 a 13 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Preguntado. Que conocimiento tiene usted de los hechos ocurridos el pasado 8
de mayo de 2009, cuando al parecer fueron objeto de un accidente de tránsito.
Contestó. Yo venía con él, yo iba manejando la moto, la moto mía, ese día
veníamos de trabajar y nos arrolló un man, ese día llegó la Policía e hizo el
croquis mal, no metió al otro man el que nos arrolló en e informe, están solo los
datos de Juan y de mí, y en la fiscalía pidieron el informe y hasta ahorita
septiembre no lo ha llevado. Preguntado. Igualmente concrétenos si el citado
policial lo agredió física o verbalmente en los hechos materia de investigación.
Contestó. No nos agredió sino que se puso a decir que cada uno arreglara la
moto por su cuenta que él mismo llevó las motos en la camioneta hasta el
hospital, eso me dijo mi mamá y vino el marido de mi prima y se la llevó, yo no
me di cuenta porque en ese momento estaba inconsciente. (…) Preguntado.
Manifieste al despacho cuáles fueron las causas determinantes del accidente
de tránsito en cuestión. Contestó. Que el man iba a cruzar y se pasó al otro lado
sin ver y ahí fue cuando nos arrolló, nos sacó de la carretera. (…) Preguntado.
Indique al despacho si es de su conocimiento, los policiales que atendieron el
caso rindieron el informe respectivo a la autoridad judicial competente dado que
según nos informa resultaron heridos en el accidente de tránsito en comento.
Contestó. No, porque hasta la fecha no lo han llevado.
Con dicha declaración se allegó el informe policial de accidente de tránsito de
8 de mayo de 2009, suscrito por el patrullero Fabián Eduardo Guerrero Acosta,
en el que se señaló: 28
«Conductores, vehículos, propietarios. Giusseppe Sterling Romana (…)
Hospital, clínica o sitio de atención. Nivel II Francisco de Paula Santander (…)
Víctimas. Díaz Valderrama Juan Augusto. (…) Hospital, clínica o sitio de
atención. Nivel II Francisco de Paula Santander».
El 4 de septiembre de 2009, el comandante de la Sección de Tránsito de
Santander le informó al funcionario de la Oficina de Control Disciplinario
Interno DECAU, que: 29
(…) me permito informar que en nuestros archivos no aparece ningún
antecedente relacionado para la fecha 8 de mayo del presente, donde ocurrió
un accidente a eso de las 19:00 horas y al parecer hubieron heridos, es posible
que el mencionado caso lo haya atendido el señor PT. Fabián Eduardo
Guerrero, adscrito a la Policía de Carreteras y se encuentra laborando en el
grupo UNIR de Mondomo.
28
Folio 14 del cuaderno de antecedentes administrativos.
29
Folio 16 del cuaderno de antecedentes administrativos.
18
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
El 24 de septiembre de 2009, el señor Francisco Homero Gómez rindió su
declaración, dentro de la cual señaló: 30
(…) pues yo como vivo para ese lado, para Chiribico, precisamente ahí en la
variante es la entrada para Chiribico, entonces yo vine a recoger a mi hijo a las
siete de la noche cogí la variante que hay que andar como unos 100 o 200
metros para entrar a Chiribico y entonces pues yo miré hacia atrás miré por los
espejos y no vi ningún vehículo, entonces prendí el direccional izquierdo y al ver
que no venía nada crucé la Panamericana en toda la entrada y cuando sentí fue
el impacto con la moto que venía del lado de Cali, entonces yo veo me fui al
piso con el hijo y la moto de ellos salió para afuera hacia el monte y quedamos
tirados ahí, entonces del susto y todo y lo primero que hice fue echarle mano al
hijo mío, cuando ya vi que el hijo mío prácticamente se pudo parar y pudo
caminar, entonces me fui a tratar de darle ayuda a los otros muchachos que
estaban tirados allá y de ahí a ver quién se cruzaba para que nos llamar a la
policía, el desespero fue tremendo de ver que los muchachos estaban mal, la
moto mía quedó en toda la mitad de la entrada, ellos venían bien, venían por la
derecha, yo también iba bien pero me tropecé, ellos venían sin luz, yo no les vi
luz, ellos dicen que si traje a luz, pero imposible que no la fuera ver, cuando
sentí fue el impacto. De ahí ya pasaron unos 10 o 15 minutos para llegar a la
policía y enseguida llegó la ambulancia y ya los alzaron ellos a la ambulancia y
nosotros nos quedamos ahí esperando que llegara el tránsito para que hiciera
el croquis, ya llegó el tránsito e hicieron todo lo que ellos hicieron ahí y alzamos
las motos a la camioneta de tránsito y nos venimos para el hospital porque yo
también quede lastimado de la mano izquierda y las motos se iban entrar a
bomberos pero la hora de la verdad pasamos derecho para el hospital porque
el señor de tránsito dijo que íbamos a ver primero los muchachos como estaban,
en el hospital nos atendieron a nosotros a mi hijo también, ya los estaban
atendiendo a ellos entonces pasado un rato el agente de tránsito nos dijo que
me andaba buscando yo estaba en ese momento sacando la historia, la mamá
de uno de los muchachos me dijo que el policía me está buscando para
entregarme la moto, entonces me dijo que afuera estaba y que iban a bajar las
motos, cuando salí las motos ya las habían bajado, había otro policía que me
dijo que el otro me estaba buscando adentro entonces ingresé de nuevo al
hospital y me lo encontré y me dijo que necesitaba que quedáramos en un
acuerdo, que él nos iba colaborar que si queríamos un proceso con la fiscalía o
si llegamos a un acuerdo por las buenas, yo le pregunté que decía de los
muchachos y me dijo que fuéramos a hablar con ellos y nos fuimos y hablamos
con uno de ellos, el agente le preguntó que qué hacemos, que si metemos esto
por la fiscalía o van a llegar a un acuerdo aquí, que si se iba por la fiscalía era
un proceso de seis meses o un año, que no se sabía y que si llegábamos a un
acuerdo nos entregamos en las motos de una vez a los dos, entonces el
muchacho contestó que de una nos entregaron las motos que no hiciera meter
eso a la fiscalía porque las motos se iban para los patios, entonces yo le dije a
los muchachos, eso es cosa de ustedes, que la moto mía está mucho más
acabada que la de ellos pero el muchacho dijo que cada uno arreglara su moto
y que los seguros respondían por las lesiones y entonces ya dijo el muchacho
me dijo, reciba a su moto, no lo deje llevar para allá porque allá se nos quedan
y que cada uno arregle su moto y entonces yo le dije listo, el agente me preguntó
yo que decía, entonces yo le dije, listo si ellos dicen eso hagámosle y de ahí
nos entregaron las motos, incluso la mía me la llevaron en la camioneta de
30
Folios 18 a 21 del cuaderno de antecedentes administrativos.
19
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tránsito bomberos donde le pedí el favor de qué me la guardara hasta el otro
día que fui a sacarla y de ahí los policías se fueron y nosotros quedamos en el
hospital para que nos atendieran, yo estuve ahí como hasta las tres de la
mañana y los muchachos los remitieron a Popayán porque siempre ha sido
complicada la vaina. Preguntado. Diga el Despacho si como consecuencia del
accidente en comento usted sufrió alguna lesión en su integridad física, en cuyo
caso en qué consistió la misma. Contestó. Sí, sufrió fractura de la mano, tuve
35 días de incapacidad. Preguntado. Igualmente díganos qué daños sufrió su
motocicleta producto del accidente en cuestión. Contestó. La parte delantera
tocó prácticamente cambiársela a todas, las barras quedaron torcidas, porque
yo a ellos les di por el lado izquierdo. Preguntado. Indique al despacho si usted
fue atendido en un centro de salud luego del accidente de tránsito. Contestó: sí,
aquí en el hospital… Preguntado. Dile al Despacho si recuerda qué Policía lo
atendió el caso y de ser posible suministrar su identidad de especialidad.
Contestó. Eso si no me acuerdo, pero era de policía de carreteras, yo tengo el
nombre en el croquis que él me dio, en ese creo que su informe de accidente
sólo está relacionada mi motocicleta, a ellos, y a los muchachos también les dió
un croquis o informe de accidente sólo está relacionada mi motocicleta, a ellos
a los muchachos también les dió un croquis de informe donde sólo se realizó la
motocicleta de ellos. Preguntado. Indique al despacho si a usted le fue
entregada fotocopia del croquis del accidente informe del mismo que debió
haber suscrito el policial que atendió el caso. Contestó. Sí, me dio una copia
pero en estas solo aparecía mi motocicleta. Preguntado. De acuerdo a la
declaración jurada que rindió el señor Sterling Romaña estando en el hospital
de esta localidad el policial que atendió el caso llevó las motos procediendo a
la entrega a sus dueños o familiares como en su caso, para que según él cada
uno responderá por los daños de sus respectivos Velocípedos. Diga el
despacho si a usted le fue entregada la motocicleta y de ser así por parte de
quien iba o qué instrucciones. Contestó. Si me fue entregada la motocicleta por
parte del agente de tránsito que conoció el caso diciéndome que cada uno debía
arreglar la motocicleta, los que dijeron eso fueron los muchachos… Preguntado.
Concretemos y el policial que atendió el caso le tomó los datos generales de
ley, al igual que los datos relacionados con la motocicleta en que usted se
movilizaba, su licencia de conducción y seguro obligatorio. Contestó. Sí, todos
los datos. Preguntado. Indique al despacho si su motocicleta fue inmovilizada y
dejada a disposición de la fiscalía, en cuyo caso si tiene copia del informe
correspondiente. Contestó. No, no fue inmovilizada… Preguntado. El despacho
le pone presente la fotocopia del informe de accidente mediante el cual se
relacionan los datos y el croquis del accidente sufrido por la motocicleta AOM-
88 el pasado 8 de mayo de 2009. Sabe usted el motivo por el cual no aparecen
relacionados sus datos ni los de su motocicleta en dicho informe. Contestó.
Desconozco, en el informe de tránsito que me dio a mí tampoco están
relacionados los datos de la otra motocicleta ni de ellos.
El 21 de octubre de 2009, la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía del Cauca vinculó a la indagación preliminar al señor
Fabián Eduardo Guerrero Acosta, en su condición de patrullero.31
31
Folio 22 del cuaderno de antecedentes administrativos.
20
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
El 24 de noviembre de 2009, el señor Guerrero Acosta rindió su versión libre,
en la que indicó: 32
Preguntado. Como ya es de su conocimiento por la notificación que el despacho
en la realizara, se adelanta la indagación preliminar con fundamento en la queja
formulada por el señor Juan Augusto Díaz Valderrama. Si es su deseo indique
al despacho que nos puede decir al respecto. Contestó. Que ese día se atendió
el accidente en el kilómetro 76 + 50 m, estando en el involucrado una
motocicleta la cual se había estrellado contra una alcantarilla, en el momento
en que llegó al lugar de los hechos se encuentra la motocicleta nada más y
según versiones de un transeúnte dijo que los muchachos habían sido llevados
para el hospital, se procedió a llevar la motocicleta hasta el hospital de
Santander, se procedió entrevistar a los muchachos implicados en el accidente,
se le hizo saber el respectivo croquis para que los atendieran en el hospital
firmado por la señora madre del conductor de la motocicleta, de igual forma se
le dio copia de la señora y se le dio copia del hospital.
El 1.º de diciembre de 2009, el funcionario comisionado de la Oficina de
Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Cauca dejó
constancia que recibió copia de la atención médica que se le prestó al señor
Francisco Homero Gómez en el Hospital Francisco de Paula Santander, con
ocasión del accidente de tránsito que sufrió el 8 de mayo del mismo año.33 De
dicho documento se extrae lo siguiente: «Motivo de la consulta: accidente.
Hace 4 horas, accidente de tránsito, colisión contra moto. Características.
Dolor, edema y deformidad de mano izquierda. (…) Relato. Perdí el control al
colisionar con otra moto».34
El 7 de enero de 2010, el señor Juan Augusto Díaz Valderrama presentó
diligencia de ratificación y ampliación de la queja, así: 35
Preguntado. Manifieste al despacho si la queja que se le pone presente es la
misma que formuló ante la Procuraduría Provincial de Santander. Si la firma que
en ella aparece es la misma que utiliza en todos sus actos públicos y privados
y si se ratifica en ella. Contestó. Si es de la misma queja, si es mi firma y me
ratifico en todo su contenido… Preguntado. Diga al Despacho que personas
fueron testigos presenciales del accidente de tránsito. Contestó. Testigos no,
fuera del que iba conmigo y el otro señor no había nadie… Preguntado. Diga al
Despacho si el señor Francisco Homero Gómez también resultó herido en el
mismo accidente en cuyo caso si fue atendido en el mismo centro asistencial
que usted. Contestó. Sí, él tenía un golpe en la mano, creo que era en la muñeca
32
Folio 27 del cuaderno de antecedentes administrativos.
33
Folio 27 del cuaderno de antecedentes administrativos.
34
Folios 29 y 30 del cuaderno de antecedentes administrativos.
35
Folios 35 y 36 del cuaderno de antecedentes administrativos.
21
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
y fue atendido en el mismo hospital. Preguntado. Indique al despacho si usted
se entrevistó con los policiales que conocieron el accidente de tránsito, en cuyo
caso que le argumentaron respecto a que presuntamente en el informe
respectivo sólo figurara la motocicleta en que usted se movilizaba. Contestó.
Me vine a ver con el policía apenas hoy, desde el día del accidente hasta hoy,
me dijo que ya el proceso estaba adelantado y como que lo que iban a sacar a
él de la policía. Preguntado. Manifieste al despacho cuáles fueron las causas
determinantes del accidente de tránsito en cuestión. Contestó. Por la
imprudencia del otro conductor, porque él nos invadió el carril, nosotros
llevábamos el carril derecho y él se pasó para la vía donde él iba sin prender
direccionales ni nada (…) Preguntado. Indique al despacho si es de su
conocimiento los policiales que atendieron el caso rindieron el informe
respectivo a la autoridad judicial competente dado que según nos informa
resultaron heridos en el accidente de tránsito en comento. Contestó. No, por lo
menos en la fiscalía no apareció el informe no sé hasta ahora, pero hasta que
yo me fui no habían pasado el informe a la fiscalía. En este estado de la
diligencia se deja constancia que el investigado señor patrullero Guerrero
Acosta Fabián Eduardo, no se hizo presente pese a la comunicación oportuna
que le diera el despacho, por lo cual continúa el despacho.
En consideración a lo anterior, el 31 de enero de 2010, la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Cauca dio apertura de
investigación disciplinaria en contra del señor Fabián Eduardo Guerrero
Acosta, en su condición de patrullero. 36
El 21 de febrero de 2010, la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía del Cauca formuló pliego de cargos en contra del
señor Guerrero Acosta, así:37
Génesis de la presente investigación es la indagación preliminar… Adelantada
con fundamento en la queja formulada ante la Procuraduría Provincial de
Santander, por el señor Juan Augusto Díaz Valderrama, en donde manifiesta
que el día 8 de mayo de 2009 a las 07:00 pm venía de trabajar del club los
andes con Oscar Sterling y en la entrada al CITA sufrieron un accidente ya que
fueron arrollados por una motocicleta que invadió su carril, que fueron
trasladados al hospital en la ambulancia de los bomberos y el señor que
ocasionó el accidente Francisco Homero Gómez se quedó en el sitio del
accidente. Que aproximadamente a las 09:00 pm llegó la policía al hospital con
las dos motos y les dijo que lo mejor era que cada uno arreglara su moto porque
el proceso se demoraba mucho en resolverse y en últimas les entregaron la
moto cada uno, que después de revisar el croquis del accidente se dieron
cuenta que en el solo parece una moto que es la de ellos y los datos de ellos,
pero por ningún lado aparece la moto que ocasionó la accidente ni el nombre
del señor que iba conduciendo. Dice creer que el señor Homero Gómez es
retirado de la policía o pensionado de la misma y por lo tanto el croquis no se
adecuó a la realidad.
36
Folios 41 a 44 del cuaderno de antecedentes administrativos.
37
Folios 48 a 61 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
Primer cargo.
Norma presuntamente infringida. Ley 1015 de 2006. Artículo 34 faltas
gravísimas: numeral 30. Respecto de los documentos: literal e. Abstenerse
intencionalmente de registrar los hechos y circunstancias que el deber le
impone por razón del servicio, cargo o función o registrarlos de manera
imprecisa o contraria.
(…)
Lo anterior teniendo en cuenta que el señor patrullero Guerrero Acosta Fabián
Eduardo, al parecer había registrado de manera imprecisa, en el informe de
accidente de tránsito ocurrido el pasado 8 de mayo de 2009 a las 20:00 horas
en la vía Popayán Cali, kilómetro 76 + 50 metros, pues se relaciona en el mismo
como único comprometido la motocicleta marca Yamaha de placas AOM-88,
conducida por el señor Giusseppe Sterling Romaña y herido el pasajero Díaz
Valderrama Juan Augusto, cuando al parecer el accidente de tránsito en
cuestión se presentara cuando colisionaron la motocicleta relacionada con la
motocicleta marca Kawasaki de placas LAD-79, conducida por el señor
Francisco Homero Gómez, quien se movilizaba junto con su hijo julio César
Gómez hurtado, de quienes no se hace mención en el citado informe de tránsito,
siendo su deber el incluirlos, dada su función de policía de carreteras en
conocimiento del caso por lo que se considera se adecúa tipificamente el cargo
endilgado.
(…)
Segundo cargo.
Norma presuntamente infringida. Ley 1015 de 2006. Artículo 34 faltas
gravísimas. Numeral 9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a
título de dolo, cuando se cometen razón, con ocasión o como consecuencia de
la función o cargo. En concordancia con el contenido del artículo 414 de la ley
599 de 2000. Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde,
reduce o reniegue un acto propio de sus funciones.
(…)
Lo anterior teniendo en cuenta que el señor patrullero Guerrero Acosta Fabián
Eduardo, al parecer habría omitido un acto propio de sus funciones como policía
de carreteras en conocimiento del accidente de tránsito ocurrido el pasado 8 de
mayo de 2009 a las 20:00 horas, en la vía Popayán Cali, kilómetro 76 + 50 m,
ya que presuntamente no habría procedido a la inmovilización de las
motocicletas marca Yamaha de placas AMM-88 y marca Kawasaki de placa
LAD-79 conducidas por los señores Giusseppe Sterling Romaña Y Francisco
Homero Gómez, respectivamente, pese a que en el accidente de tránsito en
cuestión, no sólo resultaron heridos ellos, sino además el señor Juan Augusto
Díaz Valderrama y el menor julio César Gómez hurtado; como tampoco se
habría rendido el informe respectivo ante la autoridad judicial conforme lo
establece (…).
Lo anterior teniendo en cuenta que al generarse las lesiones personales de qué
tratan los artículos 111 y 120 del código penal colombiano (…) De acuerdo con
la normatividad de tránsito enunciadas anteriormente, le asistía la obligación al
investigado de proceder a la inmovilización de las dos motocicletas
comprometidas y rendir informe correspondiente ante la Fiscalía General de la
nación, sin embargo, al parecer no se realizó dicho procedimiento por lo que se
pudo haber incurrido en el cargo endilgado.
El 21 de marzo de 2010, la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía del Cauca dejó la siguiente constancia: «(…)
23
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
transcurrido el término de ley, luego de notificado el Auto por medio del cual
se formuló pliego de cargos, el señor patrullero Guerrero Acosta Fabián
Eduardo no dio respuesta a los mismos, es decir que no presentó
descargos»38
El 13 de mayo de 2010, la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía del Cauca, en primera instancia, declaró responsable
disciplinariamente al señor Fabián Eduardo Guerrero Acosta, en su condición
de patrullero, por haber incurrido en las faltas gravísimas establecidas en el
artículo 34 numerales 9 y 30 literal e) de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo;
sancionándolo con destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos
públicos por el término de 12 años. 39
Contra dicha decisión el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto el 15 de septiembre de 2010, por la Inspección Delegada Región
de Policía N.º 4, confirmando la decisión inicial. 40
El 7 de diciembre de 2010, por Resolución N.º 04146, el director general de la
Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta. 41
3. Análisis de la Sala
3.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad
restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición
de un acto administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales
con la consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado. Esta
competencia ha de estar en consonancia con la previsión contenida en el
38
Folio 65 del cuaderno de antecedentes administrativos.
39
Folios 91 a 102 del cuaderno de antecedentes administrativos.
40
Folios 114 a 135 del cuaderno de antecedentes administrativos.
41
Folio 150 del cuaderno de antecedentes administrativos.
24
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que señala como objeto de esta jurisdicción la efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución y la ley y la preservación del orden
jurídico e impone la observancia de los principios constituciones y del derecho
procesal.
La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4,
29, 228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su
acatamiento como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los
actos jurídicos que sus representantes profieren. De modo que toda
manifestación de voluntad estatal conecta indiscutiblemente con la nueva
realidad del Estado que no sólo ha de ser percibido en su papel de represor y
vigilante, sino en su sentido más significativo de garante y constructor de
aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar del individuo como
fin en sí mismo.
Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple
verificador, condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito
de razonamiento a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente
a los cuales no es dable simplemente declarar su conformidad o disonancia
con el ordenamiento jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la
controversia jurídica resulte insuficiente para los fines mismos de la justicia. El
salto cualitativo que imprimió al juzgador la Constitución de 1991, permite
anteponer el análisis pleno, integral del caso.
Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:
3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.
El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se
efectúa a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y
de la ley en la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido
ni por aquello que se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán
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Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
de recibo las interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a
simplemente garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de
legitimidad de estas potestades públicas.
La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo
de derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho
sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.)
y de primacía normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de
normas (art. 4, C.P.), implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la
dinámica y el enfoque del ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la
que ejercen los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa
(incluyendo al Consejo de Estado). En efecto, según lo han precisado tanto
el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, la plena vigencia de los
derechos y garantías fundamentales establecidos por el constituyente exige,
en tanto obligación, que los jueces sustituyan un enfoque limitado y
restrictivo sobre el alcance de sus propias atribuciones de control sobre los
actos de la administración pública, por un enfoque garantista de control
integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos si se ha dado
pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.
Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición
doctrinal y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las
atribuciones del juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas
y se restringen a la protección de aquellos derechos y normas expresamente
invocados por quienes recurren a la justicia, que otorgaba un alcance
excesivamente estricto al principio de jurisdicción rogada en lo contencioso-
administrativo. Este cambio, constitucionalmente impuesto y de gran calado,
se refleja nítidamente en un pronunciamiento reciente del Consejo de
Estado, en el cual la Sección Segunda - Subsección B de esta Corporación,
y dando aplicación directa a los mandatos de la Carta, rechazó
expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades garantistas
del juez contencioso-administrativo en materia de control de las decisiones
disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por
materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.42
Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que
tiene un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte
Constitucional, por lo cual este control judicial contencioso-administrativo no
puede ser objeto de interpretaciones que restrinjan su alcance.
El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia
de la Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en
la cual se ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción
contenciosa -en nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales
idóneos para proteger los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B. Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-
01(1146-05). Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
26
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
un proceso disciplinario. En efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia
repetitiva ha explicado que los actos de la procuraduría son actos
administrativos sujetos a control judicial por la jurisdicción contenciosa, regla
que ha sido aplicada en incontables oportunidades para examinar la
procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que se ha
concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla
general no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-
. Se puede consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual
la Corte afirmó que el juez de tutela no puede vaciar de competencias la
jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de verificar la legalidad de
los actos administrativos proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus
potestades disciplinarias. La lógica jurídica aplicada por la Corte Constitucional
al declarar improcedentes acciones de tutela por ser idóneos los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho para ventilar las pretensiones de
anulación de decisiones disciplinarias por violación de la Constitución, es la
misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más que
meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)
Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia
de unificación, dejó sentado que el control de legalidad de actos de carácter
sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria,
conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del
trámite correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales
que le asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial
integral. Dijo la Sala:
«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación.
El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los
actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del
juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de
legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo
sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal,
orientado por el prisma de los derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual
se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez
administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones
adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de
legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente
regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5)
Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad
que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de
control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
27
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.»43
En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados
en esta controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia
previamente trascrita.
3.2. Violación del derecho al debido proceso
Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen
que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las
de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez
competente, y con observancia de las formas propias de cada juicio.
La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que
en materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en
garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales
del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria 44.
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al
debido proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las
garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez
conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el
fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
43
Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, referencia: 110010325000201 100316 00 Núm. interno:
1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
44
Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
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actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el
derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos
y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho
hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad
de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a
un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige
que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al
ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas»45.
Frente a este cargo, debe analizarse si, respecto a la primera falta, se
demostró una abstención intencional de registrar el procedimiento policivo en
el que estuvo presente el patrullero Fabián Eduardo Guerrero Acosta y, en
cuanto a la segunda falta, si no era su obligación reportar el accidente de
tránsito ante la Fiscalía General de la Nación.
2.5.2.1. De la tipicidad en materia disciplinaria
El artículo 4 de la Ley 734 de 2002, norma vigente para la fecha de la ocurrencia
de los hechos, dispone que «el servidor público y el particular en los casos
previstos en este código solo serán investigados y sancionados
disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la
ley vigente al momento de su realización», siendo esta la consagración legal
que impone la realización de un proceso de subsunción típica en cada proceso
45
Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
29
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
disciplinario, que implica que el operador determine expresamente en cada
caso si el comportamiento investigado, según como haya sido demostrado, se
adecua efectivamente a la descripción típica establecida en la Ley que se va a
aplicar.
Por su parte, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ha establecido en cuanto a este principio en materia disciplinaria,
que46:
En esa medida, el proceso de subsunción típica de la conducta de quien es
sometido a un proceso administrativo disciplinario constituye uno de los
componentes de la legalidad de las actuaciones de la autoridad disciplinante.
Sólo luego de haber surtido de manera expresa y detallada dicho proceso de
razonamiento lógico-jurídico en el texto mismo de la decisión disciplinaria, podrá
llegarse a la conclusión de que la conducta investigada es típica. La subsunción
típica se vincula así directamente, en tanto componente necesario, al principio
de tipicidad en el derecho disciplinario. Es, más aún, un proceso de naturaleza
técnica que los operadores disciplinarios han de desplegar con el mayor rigor
jurídico, ya que en ello se juega el ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales procesales y sustantivos del procesado; por lo mismo,
presupone que la legislación sancionadora que se invoca haya sido
debidamente interpretada en todos sus componentes de conformidad con los
distintos métodos hermenéuticos que operan en el sistema colombiano, y que
las pruebas que obran en el proceso demuestren en forma contundente la
ocurrencia de los hechos y la culpabilidad individual del procesado.
En materia disciplinaria, el proceso de subsunción típica de la conducta del
procesado tiene ciertas especificidades que le diferencian del proceso de
subsunción típica que realizan los jueces penales. Según ha explicado la Corte
Constitucional, en virtud de la admisibilidad del uso, en el ámbito disciplinario,
de tipos abiertos y conceptos jurídicos indeterminados, el fallador disciplinario
cuenta con un margen más amplio para realizar el proceso de subsunción típica
– margen que se activa, se infiere necesariamente, cuando se está ante un tipo
abierto o un concepto indeterminado, y que consiste esencialmente en que la
autoridad disciplinaria puede –y debe- acudir a una interpretación sistemática
de las normas invocadas para efectos de realizar la adecuación típica. En
palabras de la Corte Constitucional, esta diferencia entre el derecho penal y el
derecho disciplinario «se deriva de la admisión de los tipos en blanco o abiertos
y de los conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria, [y] hace
referencia a la amplitud hermenéutica con que cuenta el operador disciplinario
al momento de interpretar y aplicar la norma disciplinaria. // Así las cosas, la
jurisprudencia constitucional ha admitido que el investigador disciplinario
dispone de un campo más amplio para determinar si la conducta investigada se
subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes.
En este mismo sentido, esta Corte ha señalado en múltiples oportunidades que
en materia disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar
el proceso de adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo
46
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 26 de marzo de
2014, expediente No. 0263-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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general la descripción de las faltas disciplinarias debe ser objeto de
complementación o determinación a partir de la lectura sistemática de un
conjunto de normas jurídicas que desarrollan deberes, mandatos y
prohibiciones»47.
2.5.2.1.1. De la primera falta disciplinaria endilgada
Como se mencionó anteriormente, al señor Fabián Eduardo Guerrero Acosta
se le endilgó la falta gravísima contenida en el numeral 30 literal e) del artículo
34 de la Ley 1015 de 2006, que prevé, «Abstenerse intencionalmente de
registrar los hechos y circunstancias que el deber le impone por razón del
servicio, cargo o función o registrarlos de manera imprecisa o contraria».
En relación a la redacción del tipo y su contenido, esta Corporación ha
establecido, que «el derecho disciplinario colombiano acude a un sistema
genérico de incriminación denominado numerus apertus en virtud del cual no
se señalan específicamente cuales comportamientos requieren para su
tipificación ser cometidos con culpa –como sí lo hace la ley penal-, de modo
que en principio a toda modalidad dolosa de una falta disciplinaria le
corresponderá una de carácter culposo, salvo que sea imposible admitir que
el hecho se cometió culposamente como cuando en el tipo se utilizan
expresiones tales como “a sabiendas”, “de mala fe”, “con la intención de” etc.
Por tal razón, el sistema de numerus apertus supone igualmente que el fallador
es quien debe establecer cuales tipos disciplinarios admiten la modalidad
culposa partiendo de la estructura del tipo, del bien tutelado o del significado
de la prohibición48.»49
La doctrina, por su parte, frente al tema ha indicado lo siguiente: «la
adopción de un sistema de números abiertos o de incriminación genérica de
faltas culposas, implica la afirmación de que en principio toda modalidad
dolosa de una falta disciplinaria tiene su par culposo. Sin embargo, como se
47
Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2012, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas
Silva.
48
Sentencia C-155 de 2002.
49
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 26 de octubre de
2017, radicación No. 11001032500020100029000, consejero ponente: William Hernández
Gómez.
31
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anotó, ello es en principio, pues se excluirá la posibilidad de admitir la
modalidad culposa de la falta disciplinaria cuando “por la configuración
estructural” del tipo ello resulte imposible. En efecto, el uso de expresiones
como “a sabiendas”, “con el fin”, “de mala fe”, “con el propósito”, y la utilización
de ingredientes subjetivos del tipo excluyen de por si la posibilidad de admitir
faltas culposas, en la modalidad en que la estructura típica resulta incompatible
con tal modalidad de imputación.» 50
Ahora bien, los elementos básicos de la conducta típica descritos en la falta
imputada a la parte actora, son: 1) un verbo rector, consistente en abstenerse;
2) intencionalmente; 3) de registrar los hechos y circunstancias que el deber
le impone por razón del servicio, cargo o función; o 4) registrarlos de manera
imprecisa o contraria.
La conducta que se le endilgó al patrullero fue el haberse abstenido,
intencionalmente, de registrar los hechos y circunstancias que el deber le
imponía por razón del servicio, en el procedimiento policial llevado a cabo el 8
de mayo de 2009.
En el sub examine el material probatorio que se tuvo en cuenta para la
formulación del cargo y, finalmente, la imposición de la sanción disciplinaria,
fue el siguiente:
• Informe policial de accidente de tránsito de 8 de mayo de 2009, suscrito
por el patrullero Fabián Eduardo Guerrero Acosta, en el que se señaló:51
• «Conductores, vehículos, propietarios. Giusseppe Sterling Romana (…)
Hospital, clínica o sitio de atención. Nivel II Francisco de Paula Santander (…)
Víctimas. Díaz Valderrama Juan Augusto. (…) Hospital, clínica o sitio de
atención. Nivel II Francisco de Paula Santander».
• Queja interpuesta el 19 de junio de 2009, por el señor Juan Augusto
Díaz Valderrama en la que da a conocer los supuestos fácticos
50
Dogmática del derecho disciplinario. Gómez Pavajeau.
51
Folio 14 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
ocurridos el 8 de mayo del mismo año, en un accidente de tránsito entre
dos motocicletas, una, ocupada por el quejoso y el señor Sterling
Romaña y, la otra, por el señor Francisco Homero Gómez y su
acompañante, en el que el policía que atendió el procedimiento, esto
es, el patrullero Guerrero Acosta no realizó el informe pertinente, en
tanto que en el croquis solo señaló una de las motos involucradas y los
dos ocupantes de ésta «fuimos arrollados por otra moto que invadió
nuestro carril, resultando heridos nosotros dos, Oscar Sterling con
fractura en la pierna izquierda y rodilla y yo con fractura en mano
izquierdo. A nosotros nos trasladaron inmediatamente al hospital por
una ambulancia de los bomberos. El señor que ocasionó el accidente
de nombre Francisco Homero Gómez se quedó en el sitio del accidente.
Aproximadamente a las 09:00 P.M. llegó la policía al hospital con las
dos motos, nos dijeron que lo mejor era que cada uno se llevara la moto
para su casa y que cada uno arreglara su moto porque el proceso se
demoraba mucho en resolverse. Luego le preguntaron a Sterling que
era el dueño de la moto que qué hacía con la moto y él no recuerda qué
respuesta dio porque todavía traumatizado. En últimas les entregaron
la moto cada uno. Creo que este procedimiento está mal hecho porque
existieron heridos de por medio y las motos debieron ser conducidos a
los patios de los bomberos. Después una vez revisado el croquis que
levantaron de la accidente de tránsito, nos dimos cuenta que en el solo
aparece una moto que es la de nosotros y los datos nuestros y por
ningún lado está en la moto que ocasionó el accidente ni el nombre del
señor que le iba conduciendo».52
• Declaración del señor Sterling Romaña Guisseppe, que ratificó lo antes
mencionado.53
52
Folios 4 y 5 del cuaderno de antecedentes administrativos.
53
Folios 11 a 13 del cuaderno de antecedentes administrativos. «Yo venía con él, yo iba
manejando la moto, la moto mía, ese día veníamos de trabajar y nos arrolló un man, ese
día llegó la Policía e hizo el croquis mal, no metió al otro man el que nos arrolló en el
informe, están solo los datos de Juan y de mí, y en la fiscalía pidieron el informe y hasta
ahorita septiembre no lo ha llevado. (…) Preguntado. Manifieste al despacho cuáles fueron
las causas determinantes del accidente de transito en cuestión. Contestó. Que el man iba a
cruzar y se pasó al otro lado sin ver y ahí fue cuando nos arrolló, nos sacó de la carretera»
33
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
• Oficio de 4 de septiembre de 2009, en el que el comandante de la
Sección de Tránsito de Santander le informó al funcionario de la Oficina
de Control Disciplinario Interno DECAU, que no aparecía ningún
antecedente o anotación en relación con el accidente de tránsito que
ocurrió el 8 de mayo de 2009. 54
• Declaración del señor Francisco Homero Gómez, en la que narró cómo
sucedió el accidente y que: primero, efectivamente, estuvieron
involucradas dos motocicletas, la de él y la del señor Sterling Romaña;
segundo, éste y su acompañante fueron llevados al hospital por las
lesiones que presentaban; tercero, el señor Homero Gómez se quedó
en el sitio del accidente hasta cuando llegó la Policía de Tránsito y
realizó el informe; cuarto, los policías que realizaron el procedimiento
policivo llevaron las motos al hospital donde, finalmente, los 4
ocupantes de las motos fueron ingresados; quinto, el policía que realizó
el procedimiento, esto es, el patrullero, Fabián Eduardo Guerrero
Acosta les señaló que lo mejor era que cada uno se llevara sus
automotores y no presentar el informe ante la Fiscalía General de la
Nación porque era un trámite engorroso; y, sexto, que a él le fue
entregado un croquis en el que aparecía su nombre, sin embargo, en
ningún momento lo allegó dentro de la investigación.55
• Versión libre rendida por el señor Guerrero Acosta en la cual niega lo
señalado por las tres personas antes mencionadas y refiere que
encontró una moto que se estrelló contra una alcantarilla, que era de
propiedad del señor Sterling Romaña. 56
54
Folio 16 del cuaderno de antecedentes administrativos.
55
Folios 18 a 21 del cuaderno de antecedentes administrativos.
56
Folio 27 del cuaderno de antecedentes administrativos. « Que ese día se atendió el
accidente en el kilómetro 76 + 50 m, estando en el involucrado una motocicleta la cual se
había estrellado contra una alcantarilla, en el momento en que llegó al al lugar de los hechos
se encuentra la motocicleta nada más y según versiones de un transeúnte dijo que los
muchachos habían sido llevados para el hospital, se procedió a llevar la motocicleta hasta el
hospital de Santander, se procedió entrevistar a los muchachos implicados en el accidente, se
le hizo saber el respectivo croquis para que los atendieran en el hospital firmado por la señora
madre del conductor de la motocicleta, de igual forma se le dio copia de la señora y se le dio
copia del hospital».
34
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
Teniendo en cuenta lo anterior, se analizarán los dos elementos de la falta
gravísima endilgada, con el fin de determinar si efectivamente se configuró una
atipicidad de la conducta.
1) Respecto a registrar los hechos y circunstancias que el deber le
impone por razón del servicio.
El Código Nacional de Tránsito refiere en cuanto al informe policial, lo
siguiente:
ARTÍCULO 143. DAÑOS MATERIALES. En caso de daños materiales en los
que sólo resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se
produzcan lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y
presentar a la autoridad presente en el lugar de los hechos, el documento de
identificación, la licencia de conducción, la licencia de tránsito, la información
sobre su domicilio, residencia y números telefónicos y sobre los seguros a que
se refiere esta ley.
Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los
centros de conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías
aseguradoras, previa extensión de un acta que suscribirán las partes y la
autoridad de tránsito que presencie la conciliación, la cual tiene la calidad de
cosa juzgada, y prestará mérito ejecutivo.
En todo caso, se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y de todo
elemento que pueda interrumpir el tránsito.
ARTÍCULO 144. INFORME POLICIAL. En los casos en que no fuere posible la
conciliación entre los conductores, el agente de tránsito que conozca el hecho
levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los
conductores, quienes deberán suscribirlas, y si éstos se negaren a hacerlo
bastará la firma de un testigo mayor de edad.
El informe contendrá por lo menos:
Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.
Clase de vehículo, número de la placa y demás características.
Nombre del conductor o conductores, documento de identidad, número de la
licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de expedición, dirección,
teléfono, domicilio o residencia de los involucrados.
Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores
de los vehículos.
Nombre, documento de identidad y dirección de los testigos.
Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos,
de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.
Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los
vehículos y distancia, entre otros, la cual constará en el croquis levantado.
Descripción de los daños y lesiones.
Relación de los medios de prueba aportados por las partes.
Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los
seguros obligatorios exigidos por este código.
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Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
De las pruebas obrantes dentro del expediente se pudo determinar que el 8 de
mayo de 2009, ocurrió un accidente de tránsito entre dos motocicletas, una,
de placas AOM-88, conducida por el señor Giusseppe Sterling Romaña donde
resultó herido él y su pasajero, el señor Juan Augusto Díaz Valderrama y, la
otra, de placas LAD-79, conducida por el señor Francisco Homero Gómez,
quien se movilizaba junto con su hijo Julio César Gómez hurtado, resultando,
igualmente, herido el conductor, como se puede observar en la historia
clínica.57
El miembro de la Policía Nacional que atendió dicho procedimiento policial fue
el patrullero Fabián Eduardo Guerrero Acosta adscrito a la Policía de
Carreteras, en el Grupo UNIR de Mondomo, 58 quien en su condición de
miembro de la institución policial tenía el deber de suscribir, en debida forma,
el informe policial del accidente de tránsito, teniendo en cuenta que resultaron
afectados sus ocupantes.
Así las cosas, cuando un miembro de la institución policial efectúa un
procedimiento de tránsito, tiene el deber legal de realizar un informe policial,
atendiendo lo establecido en el artículo 144 del Código Nacional de Tránsito,
es decir, debe dar a conocer a los involucrados en un accidente y a su superior,
entre otras cosas, lo ocurrido, cómo sucedieron los hechos que dieron lugar al
procedimiento, dónde y porqué.
En el asunto sometido a consideración, se observa que pese a que el patrullero
Fabián Eduardo Guerrero Acosta hizo parte del procedimiento policial referido,
como lo sostuvieron los declarantes, el quejoso y él en su versión libre, omitió
realizar todas las anotaciones pertinentes, dado que solamente señaló que en
dicho accidente estuvo involucrada una motocicleta y sus dos ocupantes, sin
haber referido la identidad de la otra moto que también estuvo involucrada,
como lo sostiene el señor Homero Gómez en su declaración, es decir, que en
el croquis que levantó, omitió poner en conocimiento la totalidad de los
57
Folios 29 y 30 del cuaderno de antecedentes administrativos.
58
Folio 16 del cuaderno de antecedentes administrativos.
36
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
supuestos fácticos de las personas que pudieron haber sido las responsables
del accidente.
2) Abstenerse intencionalmente
En cuanto al primer elemento de la falta gravísima imputada al actor, debe
mencionarse que el verbo rector de la falta, abstenerse, de conformidad con
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es «privarse de
algo», intencionalmente, es «de modo intencional o deliberado» y, por su
parte, deliberado es «voluntario, intencionado, hecho a propósito».
En ese orden de ideas, la conducta de abstenerse de registrar los hechos y
circunstancias que el deber le impone por razón del servicio, en este caso, al
patrullero, debía ser realizada bajo la modalidad dolosa.
El dolo en materia disciplinaria debe estar conformado por los siguientes
elementos: el conocimiento de los hechos, el conocimiento de la ilicitud y la
voluntad. Respecto a ello, la doctrina ha establecido lo siguiente:
El dolo se considera como la intención deliberada que tiene el funcionario
investigado de desatender el ordenamiento o el ánimo que lo embarga de
quebrantar la norma, de causar un daño, o de actuar de manera contraria al
interés general o al buen servicio público, de lo cual tiene conocimiento dada su
formación su experiencia, las particulares funciones que le han sido asignadas
o por haber sido advertido de la incorrección de su proceder o de la falta de
cumplimiento de condiciones fijadas en la Ley, las que debía tener en cuenta y
aplicar especialmente59.
Elemento volitivo, el cual significa la actitud consciente del agente que desea,
que quiere, que anhela situarse al margen del derecho disciplinario. Es la actitud
que cristaliza un querer jurídicamente importante matizado en un
comportamiento contrario a la ley. El elemento volitivo implica que lo conocido
tiene que ser deseado, querido o voluntario.
Elemento subjetivo, el cual se representa en el juicio práctico de la razón que
surge como consecuencia del querer realizar la conducta típica y antijurídica
(antijuridicidad sustancial). Es la materialización de la acción u omisión típica a
la cual no se encuentra exclusión de responsabilidad 60.
59
Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruiz. Página 183.
60
La Culpabilidad en el derecho disciplinario. John Harvey Pinzón Navarrete. Página 102.
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado entiende el dolo como la
intención y el deseo de incurrir en una conducta jurídicamente reprochable,
para lo cual ha manifestado:61
De manera crítica debe decirse que, según se indica en el acto sancionatorio,
el señor Gustavo Francisco Pero Urrego “conocía los hechos”, y “quería que las
empresas del Distrito asumieran, a como diera lugar, la prestación del servicio
público de aseo en la ciudad de Bogotá”. La expresión transcrita implica que el
ente disciplinario no solamente valoró negativamente las motivaciones que el
señor Petro Urrego expuso a lo largo del trámite disciplinario, sino que, tal
expresión califica la conducta como un mero capricho del actuar. Para el
despacho se evidencia que dicha valoración no contiene la entidad suficiente
para convencer objetivamente de la intención que motivó la actuación del
agente y permita atribuir el dolo como título más gravoso de culpabilidad en
materia de responsabilidad disciplinaria.
Además, ese “querer” que se manifiesta en el acto como elemento que
determina la voluntad del sujeto disciplinado, obedece en el caso concreto, a
una interpretación y valoración de la conducta por parte de la autoridad
administrativa, en la que no se tuvieron en cuenta otros elementos que
permitieran razonablemente determinar el grado de culpabilidad del agente y la
gravedad de la falta imputada, como lo sería el haber analizado las causas que
motivaron dicho actuar, entre ellas, la adopción de una política pública por parte
del alcalde a través de la inclusión de la población recicladora en la prestación
del servicio público de aseo.
(…)
De manera similar, sobre la segunda falta que se imputó a título de dolo,
expresó que el análisis de culpabilidad se sustentó en el “querer”, lo que no
evidencia por sí solo la “voluntad para realizar u omitir el deber o la prohibición”.
Por tal motivo, no se encuentra plenamente acreditado que el Alcalde Mayor de
Bogotá, haya desplegado la conducta imputada de manera voluntaria, con la
unívoca e inequívoca intención de desconocer sus deberes funcionales y
transgredir el ordenamiento jurídico.
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido en relación con el dolo, que:
El dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable haya tenido
conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber
que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar
en contravía a éste; por tanto, el conocer ya involucra el querer, ya que si se
tiene conocimiento y pese a eso se realiza la conducta, es porque efectivamente
quiere el resultado.62
Así las cosas, atendiendo al hecho que uno de los elementos básicos de la
conducta típica descritos en la falta endilgada al actor, es, además de no
registrar los hechos y circunstancias que impone el deber policial, que esto
61
Auto de 13 de mayo de 2014, radicación No. 2014-03799, demandante: Gustavo Petro
Urrego, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
62
Corte Constitucional, sentencia T- 319 A de 2012.
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
haya sido cometido de manera intencional, es decir, a título de dolo, el
operador disciplinario tenía la obligación de acreditar fehacientemente que el
patrullero, primero, tuvo la intención y la voluntad de no realizar dicho registro
y, segundo, el conocimiento de que al ejecutar dicha acción se encontraba
incurso en una falta disciplinaria y que aun así, no hizo nada para evitarlo.
Al observar el material probatorio obrante dentro del expediente disciplinario,
se demostró que el señor Fabián Eduardo sí cometió una conducta contraria
a la ley, a título de dolo, presupuesto básico de tipicidad de la falta endilgada
al actor y por la cual fue sancionado.
Lo anterior, en tanto que, como se mencionó anteriormente, primero, era el
responsable de efectuar el informe policial exigido en esos casos, pues, fue
quien estuvo a cargo del procedimiento policial. Ahora, si bien el actor en su
escrito de demanda refiere que no estuvo solo en dicho procedimiento, no
allegó prueba alguna que permitiera acreditar su afirmación, máxime cuando
dentro de la investigación disciplinaria se demostró que fue él quien suscribió
con su firma el informe que le fue entregado al quejoso y al señor Sterling
Romaña; segundo, pese a que, efectivamente tenía a su cargo ese deber
como miembro de la Policía Nacional, al incumplirlo sin justificación o
explicación alguna, es dable concluir que su actuación estuvo bajo el marco
de la intención de no registrar todos los hechos del procedimiento que realizó;
y tercero, pese a que omitió lo antes mencionado, no puso a sus superiores
al tanto de lo sucedido y tampoco realizó anotación alguna en los libros
pertinentes, como lo refiere el comandante de la Sección de Tránsito de
Santander.63
En ese orden de ideas, el elemento volitivo de la falta endilgada está
debidamente acreditado, pues, el señor Guerrero Acosta actuó racional e
intencionalmente para omitir su deber, esto es, haber emitido de manera
incompleta el informe policial del que era competente por haber asistido un
63
Folio 16 del cuaderno de antecedentes administrativos.
39
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
accidente de tránsito en el que colisionaron dos motocicletas y que sus
ocupantes resultaron heridos y tuvieron que ser llevados al Hospital.
En conclusión, se encontró plenamente acreditado que el señor Fabián
Eduardo Guerrero Acosta, en su condición de patrullero, era quien tenía el
deber, por razón de su servicio, de registrar los hechos y circunstancias que
se llevaron a cabo el 8 de mayo de 2009 y, aun así, decidió voluntaria e
intencionalmente omitir parte de lo ocurrido y realizar un informe policial que
no señaló, efectivamente, como sucedieron los hechos y la totalidad de las
personas involucradas.
2.5.2.1.2. De la segunda falta disciplinaria endilgada
La segunda falta gravísima endilgada al señor Guerrero Acosta fue la
consagrada en artículo 34 numeral 9.º de la Ley 1015 de 2006, que prevé,
«realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando
se cometa en razón, con ocasión como consecuencia de la función o cargo»,
en concordancia con lo establecido en el artículo 414 del Código Penal, que
prevé en cuanto al delito de prevaricato por omisión, que: «El servidor público
que omita, retarde, rehusé o deniegue un acto propio de sus funciones,
incurrirá en prisión (…)».
Respecto a este delito, la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido: 64
Desde el punto de vista objetivo, es un tipo penal que protege el bien jurídico
de la administración pública, con sujeto activo calificado, de omisión propia, de
conducta alternativa y en blanco o de reenvío, pues para su íntegra
comprensión se requiere acudir a las disposiciones que consagran el deber o
acto soslayado. Desde el aspecto subjetivo, es esencialmente doloso porque su
configuración depende de que el agente obre con el propósito de no cumplir con
su deber.
El delito se concreta cuando el servidor público omite, retarda, rehúsa o deniega
un acto propio de sus funciones. Omitir es abstenerse de hacer, retardar es
diferir, detener, entorpecer o dilatar la ejecución de algo, rehusar es excusar, no
querer o no aceptar y denegar es no conceder lo que se pide o solicita.
64
Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de 27 de febrero de 2019,
radicación N.º 49875.
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Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
Ante esta falta, los operadores disciplinarios manifestaron que al generarse
lesiones personales, el disciplinado tenía la obligación de inmovilizar las dos
motocicletas y rendir un informe ante la Fiscalía General de la Nación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 148 y 149 del Código Nacional
de Tránsito, que señalaban:
ARTÍCULO 148. FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. En caso de hechos
que puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito tendrán
las atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al Código de
Procedimiento Penal.
ARTÍCULO 149. DESCRIPCIÓN. En los casos a que se refiere el artículo
anterior, el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un informe
descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes
deberán firmarlas y en su defecto, la firmará un testigo.
El informe contendrá por lo menos:
Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.
Clase de vehículo, número de la placa y demás características.
Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la
licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de
la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los
involucrados.
Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores
de los vehículos.
Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.
Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos,
de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.
Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los
vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.
Descripción de los daños y lesiones.
Relación de los medios de prueba aportados por las partes.
Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los
seguros obligatorios exigidos por este código.
En todo caso en que produzca lesiones personales u homicidio en
accidente de tránsito, la autoridad de tránsito deberá enviar a los
conductores implicados a la práctica de la prueba de embriaguez, so pena
de considerarse falta disciplinaria grave para el funcionario que no dé
cumplimiento a esta norma.
Jurisprudencia Vigencia
El informe o el croquis, o los dos, serán entregados inmediatamente a los
interesados y a la autoridad instructora competente en materia penal.
El funcionario de tránsito que no entregue copia de estos documentos a los
interesados o a las autoridades instructoras, incurrirá en causal de mala
conducta. (Negrilla fuera de texto).
En consideración a dicha norma, se observa que la obligación que tiene el
Policía de Tránsito de remitir el informe policial a la Fiscalía General de la
Nación, es cuando se presentan lesiones personales u homicidio. En cuanto a
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
las lesiones personales, que son a las que se hizo referencia en este caso, los
artículos 111 y 120 del Código Penal, prevén lo siguiente:
ARTÍCULO 111. LESIONES. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la
salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes.
(…)
ARTÍCULO 120. LESIONES CULPOSAS. El que por culpa cause a otro alguna
de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la
respectiva pena disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes. (…).
Por su parte, frente a esta conducta delictiva, la Corte Suprema de Justicia, ha
sostenido:65
En tratándose de los delitos enlistados en el artículo 74, como lo son las lesiones
personales culposas, la querella es condición indispensable para la activación
de la jurisdicción penal, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad.
Ese requisito no es más que la petición que formula al Estado el titular del bien
jurídico lesionado o amenazado con una conducta punible, o una de las
personas o autoridades que pueden actuar en su lugar, consistente en que se
ejerza la acción penal. Ahora bien, esa pretensión debe reunir unas formas
mínimas relativas a la oportunidad, a la legitimación y al contenido, como se
pasa a explicar. (i) Oportunidad (art. 73). Debe formularse dentro de los 6 meses
siguientes a la comisión del delito o al enteramiento del mismo por el legitimado
si es que antes no lo tuvo por fuerza mayor o caso fortuito. De lo contrario, se
producirá la extinción de la acción penal por caducidad de la querella (art. 77).
(ii) Legitimación (art. 71). Debe ser presentada por el sujeto pasivo del delito o,
en su lugar, por una de las siguientes personas: si falleció lo harán sus
herederos; si es incapaz o persona jurídica el representante legal; si carece de
éste, pueden presentarla el Defensor de Familia, el agente del Ministerio Público
o los perjudicados directos; si se afectó el interés público o colectivo, podrá
hacerlo el Procurador General de la Nación; y, por último, en un delito de
inasistencia alimentaria, también el Defensor de Familia. (iii) Contenido (art. 69).
La querella debe contener, indefectiblemente, una “relación detallada de los
hechos” que conozca el interesado, respecto de los cuales se verificará si
revisten o no las características objetivas de un delito. Esos supuestos fácticos
constituirán el límite de la imputación y, en general, del objeto del proceso que
se adelante. Para los delitos querellables, se exige el cumplimiento de un
requisito adicional para que proceda la acción penal: una diligencia de
conciliación en la que las partes no hayan llegado a un acuerdo o a la que no
haya asistido, sin justa causa, el querellado (art. 522). Ese intento de
autocomposición del conflicto puede realizarse ante el fiscal que corresponda,
un centro de conciliación o un conciliador autorizado. En cualquier evento, la
diligencia, al constituir un presupuesto de validez del inicio del proceso, debe
haberse realizado con anterioridad a la audiencia de formulación de imputación.
De acuerdo con las pruebas obrantes dentro del expediente, si bien los
ocupantes de las motocicletas involucradas en un accidente de tránsito
65
Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de 24 de mayo
de 2017. Radicación N.º 47046.
42
Radicado. 110010325000201300564 00 (1101-2013)
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resultaron heridas y, por consiguiente, tuvieron que ser llevadas a un Hospital
para que les prestaran atención médica, de ello no se puede predicar las
lesiones personales, por cuanto no existió una prueba determinante, como un
informe de Medicina Legal o del médico tratante y tampoco la denuncia penal
por parte de alguno de los ocupantes en contra de otra persona, para poderse
predicar dicha conducta delictiva y, adicionalmente, la Policía Nacional no
aportó prueba alguna que desvirtuara lo anterior, pese a tener la carga de la
prueba, como lo establece el artículo 128 de la Ley 734 de 2002, que prevé
«Necesidad y carga de la prueba. Toda decisión interlocutoria y el fallo
disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al
proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga
de la prueba corresponde al Estado».
Así, en atención a que no existió certeza de lo antes mencionado y que
tampoco se presentó un homicidio, como lo señala la norma, no podía
imponérsele al actor la obligación de presentar el respectivo informe policial
ante la Fiscalía General de la Nación para que adelantara lo pertinente,
máxime que, como lo mencionan los declarantes, ninguno de los implicados
en el accidente quiso poner una denuncia en tal sentido.
En ese orden de ideas, la Policía Nacional vulneró, frente a la segunda falta
endilgada, el principio de presunción de inocencia, el cual además de estar
regulado en el Código Único Disciplinario, encuentra pleno reconocimiento en
el artículo 29 de la Constitución Política, según el cual toda persona se
presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable.
«En consonancia con esta garantía constitucional y en atención a que el
debido proceso también se predica de las actuaciones adelantadas por
autoridades administrativas, el legislador dispuso su aplicación en materia
disciplinaria y así lo consagró en el artículo 9 del CDU 66, de manera que sólo
es posible declarar la responsabilidad del sujeto disciplinable cuando se tenga
certeza absoluta de que incurrió, a título de dolo o culpa, en una conducta
66
Artículo 9. Presunción de inocencia.- A quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya
modo de eliminarla.
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
tipificada como falta disciplinaria. Por esto el artículo 14267 del mismo estatuto
señala que no podrá dictarse fallo sancionatorio sin que exista la certeza sobre
la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.» 68
Lo anterior, en tanto que para sancionar a una persona en materia disciplinaria
no debe existir duda alguna, sino la certeza en su comisión, y la contundencia
de la prueba que se pretende hacer valer en la configuración de los elementos
típicos constitutivos de la falta, dadas las consecuencias que se desprenden
de la imputación de esta norma y lo que implica en la vida laboral de un
servidor.
La jurisprudencia del Consejo de Estado respecto a este principio ha sostenido
que «se trata de una presunción iuris tantum que ofrece la garantía al
disciplinado de no ser objeto de sanción alguna hasta tanto no se den los
presupuestos legales previstos para ello». Por su parte, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional 69 , ha considerado que la presunción sólo puede ser
desvirtuada cuando se establezca que la conducta que originó la investigación
es disciplinable, que la ocurrencia de esta se encuentre debidamente
acreditada y, finalmente, que el autor y responsable sea el investigado.
Así entonces, este principio, tanto constitucional como legal, se desconoce
cuando se impone una sanción y: i) la conducta no es considerada en la Ley
como una falta disciplinaria; ii) no se encuentra acreditada probatoriamente; o
iii) no fue cometida por el investigado.
En el asunto sometido a consideración, como se mencionó, no se acreditó por
el juzgador disciplinario, siendo esta su obligación en consideración a lo
consagrado en el artículo 128 de la Ley 734 de 2002 70, los elementos de la
67
Artículo 142. Prueba para sancionar.- No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre
en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado.
68
Sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado de 18 de febrero de 2014, radicación No.
25000234200020130687101, consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala.
69
Sentencia T-696 de 2009.
70
Necesidad y carga de la prueba: Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben
fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba le corresponde al Estado.
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
segunda falta gravísima endilgada, circunstancias que hace que se haya
incurrido en atipicidad de la conducta vulnerando con ello el principio de
presunción de inocencia.
2.5.2.1.3. De la proporcionalidad de la sanción disciplinaria
En cuanto a las clases de sanciones, la Ley 1015 de 2006, en los artículos 38
y 39, dispone:
ARTÍCULO 38. DEFINICIÓN DE SANCIONES. Son sanciones las siguientes:
1. Destitución e Inhabilidad General:
La Destitución consiste en la terminación de la relación del servidor público con
la Institución Policial; la Inhabilidad General implica la imposibilidad para ejercer
la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el
fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.
2. Suspensión e Inhabilidad Especial:
La Suspensión consiste en la cesación temporal en el ejercicio del cargo y
funciones sin derecho a remuneración; la Inhabilidad Especial implica la
imposibilidad de ejercer funciones públicas en cualquier cargo, por el término
señalado en el fallo.
(…)
ARTÍCULO 39. CLASES DE SANCIONES Y SUS LÍMITES. Para el personal
uniformado escalafonado, se aplicarán las siguientes sanciones:
1. Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima
Destitución e Inhabilidad General por un término entre diez (10) y veinte (20)
años.
2. Para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave o graves dolosas,
Suspensión e Inhabilidad Especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho
a remuneración.
3. Para las faltas graves realizadas con culpa gravísima, Suspensión e
Inhabilidad Especial entre un (1) mes y ciento setenta y nueve (179) días, sin
derecho a remuneración.
4. Para las faltas graves realizadas con culpa grave, o leves dolosas, multa entre
diez (10) y ciento ochenta (180) días.
5. Para las faltas leves culposas, Amonestación Escrita.
PARÁGRAFO. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria
por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas
de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del
común imprime a sus actuaciones.
En el asunto sometido a consideración, teniendo en cuenta que la comisión de
la primera falta gravísima fue a título de dolo por parte del señor Fabián
Eduardo Guerrero Acosta, 71 como se explicó anteriormente y que es dable
71
En relación con la contenida en el artículo 34 numeral 30 literal e) de la Ley 1015 de 2006.
45
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
absolverlo de la segunda falta imputada, 72 resulta oportuno señalar, en
ejercicio de la atribución que le es propia a la Corporación dentro del análisis
integral de las decisiones disciplinarias, que la sanción a imponer es la mínima
para estos casos, es decir, destitución e inhabilidad general para desempeñar
cargos públicos por el término de 10 años y no de 12 años como lo estableció
la Policía Nacional.
Así las cosas, se declarará la nulidad parcial de las decisiones disciplinarias
cuestionadas, por cuanto si bien se demostró la ocurrencia de la primera falta
endilgada, no fue así con la segunda falta, esto es, haber incurrido en el delito
de prevaricato por omisión, motivo por el cual la sanción de destitución se
mantendrá y se modificará el término de la inhabilidad general impuesta, a 10
años, dada la afectación al servicio policial.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, se concluye que la parte actora no logró desvirtuar,
en su totalidad, la legalidad de los actos administrativos cuestionados, por lo
que la Sala procede a anular parcialmente las decisiones disciplinarias
cuestionadas, por no haberse configurado la segunda falta endilgada; no
obstante, mantener la sanción de destitución impuesta por haberse acreditado
la ocurrencia de la primera falta imputada a título de dolo y modificar el término
de la inhabilidad general, a 10 años.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- Declarar no probada las excepción propuesta por la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
72
Establecida en el artículo 34 numeral 9.º de la misma norma,
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Demandante: Fabián Eduardo Guerrero Acosta
Segundo.- Anular parcialmente las decisiones disciplinarias emitidas el 13
de mayo y 15 de septiembre de 2010, por la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Departamento de Policía del Cauca y la Inspección Delegada
Región de Policía N.º 4, respectivamente.
Tercero.- Dejar incólume la sanción disciplinaria de destitución impuesta al
señor al señor Fabián Eduardo Guerrero Acosta y, modificar la inhabilidad
general, a 10 años, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Cuarto.- Negar las demás pretensiones expuestas en el escrito de demanda.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del
CPACA.
GMSM
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