RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2013-00621-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00621-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00621-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probada la excepción de inepta demanda propuesta por la parte demandada, de acuerdo con las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de esta providencia. ARTÍCULO SEGUNDO.- Declárase probada de oficio la excepción de fondo del indebido agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedibilidad de la acción contenciosa administrativa, según lo analizado en precedencia. ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, INHÍBESE la Sala para resolver el fondo del asunto. ARTÍCULO CUARTO: No condenar en costas a la parte demandante, según se advirtió en precedencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2013-00621-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

17 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-25-000-2013-00621-00
Actor: JHON FREDY SEGURA PARRA
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho – Decreto 01
de 1984
Temas: Sanción de destitución de diez años a Patrullero de
la Policía Nacional; declaración de oficio de la
excepción de fondo de falta de agotamiento de la
vía gubernativa que impide emitir pronunciamiento
de fondo

La Sala decide en única instancia sobre las pretensiones de la demanda
interpuesta por el apoderado judicial del señor Jhon Fredy Segura Parra en contra
de la sanción disciplinaria proferida por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor Jhon Fredy Segura
Parra por conducto de apoderado judicial, solicitó fuera declarada la nulidad de los
siguientes actos administrativos1:

1
Folios 1-6 C.P.

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

1.1. Acta de Audiencia Disciplinaria N° 017-06 del 13 de enero de 2006, expedida
por el Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno y por el Comandante del
Departamento de Policía de Bolívar, mediante la cual le impuso al demandante y a
otro disciplinado, el correctivo de destitución e inhabilidad funcional por el término
de diez años.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la Dirección General
de la Policía Nacional, reintegrar al demandante como patrullero de la institución
con retroactividad a la fecha de su retiro o a otro grado de superior categoría
dentro del escalafón de la entidad; que se condene al pago de los salarios y
demás emolumentos dejados de percibir desde que fue retirado del servicio hasta
el día de su reintegro; solicitó que los anteriores pagos fueran indexados, que se
declare que no ha existido solución de continuidad y que se le reconozca al
demandante, el equivalente a 100 s.m.l.m.v. por concepto de daños morales por la
angustia y depresión psicológica a que fue sometido, así mismo pidió que se
cumpla la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 CCA.

Los hechos que fundamentan las anteriores pretensiones y condenas son los
siguientes:

El día 12 de enero de 2006 el mayor Jimmy Puentes Mendez bajo la gravedad del
juramento, presentó queja contra los patrulleros Jhon Fredy Segura Parra y Wilson
Andrés Rodríguez Guillen, por presuntos hechos sucedidos el 10 del mismo mes y
año, hechos que constituían presunta violación a la disciplina institucional.

Con fundamento en dicha queja, el 12 de enero de 2006 el Grupo de Control
Disciplinario Interno profirió auto de apertura de investigación disciplinaria en el
que se dijo que se había infringido en lo sustancial el Decreto 1798 de 2000 pero
que el procedimiento se adelantaría por los lineamientos del trámite ordinario de la
Ley 734 de 2002, decisión que fue notificada el mismo día.

En el auto de apertura de investigación disciplinaria se dispuso la práctica de las
siguientes pruebas: escuchar en versión libre y espontánea a los patrulleros

2

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

investigados; escuchar en diligencia de declaración jurada a los ST Gil Rojas
Bernardo Rafael, Nieves Gustavo Antonio y Montes Castañeda Jorge, “sin
embargo primero se recepcionaron los testimonios, sin previa notificación a los
testigos y como para darles visos de legalidad (…) a fin de que contrainterrogara a
los intervinientes. Situación ésta ilegal y anómala que vulnera el DEBIDO
PROCESO, en virtud de que el patrullero RODRÍGUEZ GUILLEN todavía no
estaba vinculado al proceso…después que se recepcionaron los testimonios en su
contra”.

Señala que el día 12 de enero de 2006 se recibieron los testimonios y las
versiones libres de los disciplinados, sin que se les notificara previamente, hecho
que contraría el artículo 156 (sic) de la Ley 734 de 2002 que consagra un término
de seis meses para adelantar la investigación disciplinaria, por lo que al no
haberse agotado este término se les vulneró el derecho de defensa tanto al
demandante como al otro patrullero investigado.

Indicó que el Coordinador del Grupo de Control Disciplinario Interno del Comando
de Policía de Bolívar, notificó al profesional del derecho para que asistiera al otro
uniformado investigado Rodríguez Guillen en la diligencia de audiencia verbal, por
lo que “le dio un viraje de 180 grados al proceso y de la noche a la mañana
convirtió un proceso disciplinario ordinario en un procedimiento especial, violando
ostensiblemente el DEBIDO PROCESO de los disciplinados WILSON ANDRÉS
RODRÍGUEZ GUILLEN y JHON FREDY SEGURA PARRA”.

El 13 de enero de 2006 a pesar de que en el acta de la audiencia disciplinaria N°
017-06, se anuncia que se agota bajo la ritualidad del procedimiento verbal del
artículo 175 y siguientes del CDU, “no establece la oficina de Control Disciplinario
Interno, qué circunstancias los llevaron a cambiar el procedimiento ordinario por el
procedimiento especial con el cual culminó la investigación disciplinaria 017-06,
todo lo cual constituye una flagrante violación al debido proceso.”

Afirmó el apoderado de la parte activa que “con la audiencia verbal se contraría el
auto de apertura de investigación, incurriéndose en un claro prevaricato. Así

3

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

mismo el artículo 175 de la Ley 734 de 2000 (sic) señala que el procedimiento
verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto
disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta, o con
elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta,
cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve, es decir, cuando
exista flagrancia, cuasiflagrancia, confesión o falta leve, y en el caso que se
investigaba no existe ninguna de las circunstancias anteriores, aún peor se llevó a
cabo para sancionar por una supuesta falta gravísima.”

Indicó que en la relación de pruebas de la audiencia verbal se tuvo presente la
declaración del señor Arnold León Puerta, la cual no se recepcionó en dicha
audiencia y tampoco se encuentra ordenada en el auto de apertura de
investigación ni en ninguna otra actuación del proceso, hecho que evidencia la
vulneración al derecho de defensa y debido proceso, máxime cuando dicha
prueba fue considerada como la prueba reina para destituir al demandante.

El operador disciplinario le endilgó a los disciplinados una falta considerada como
GRAVÍSIMA, la cual está consignada en el numeral 14 del artículo 37 del Decreto
1798 de 2000, sin que hubieran sido cuestionados los investigados por estos
hechos en las versiones libres y, sin pruebas que acrediten dicha falta, en razón
de que los patrulleros investigados para el día 10 de enero de 2006, no ejercían
vigilancia de custodia de persona capturada, retenida, detenida o condenada, que
de manera intencional, por negligencia o imprevisión se les hubiera fugado.

El día 17 de enero de 2006 presentó recurso de apelación contra la decisión
adoptada en la audiencia disciplinaria del 13 de enero, escrito en el que solicitó la
nulidad de lo actuado, sin que a la fecha –sin especificar alguna- se hayan
pronunciado.

Con fundamento en el proceso verbal adelantado en contra del patrullero Jhon
Fredy Segura Parra la Dirección General de la Policía Nacional, profirió la
Resolución N° 00718 del 9 de septiembre de 2006 mediante la cual lo retiró de la
institución.

4

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Normas y concepto de violación

El apoderado de la parte actora citó como normas violadas las siguientes: los
artículos 2°, 6°, 25, 29, 48, 218 y 222 de la Constitución Política; el artículo 62 del
Decreto 1791 de 2000 y el artículo 4° parágrafo 1° de la Resolución N° 0053 del
19 de mayo de 2005 modificada por la Resolución N° 00956 del 16 de febrero de
2006.

El apoderado judicial no desarrolló como tal el concepto de la violación, como
quiera que en la relación de los hechos al tiempo que los relacionó, pretendió
sustentar la supuesta violación del acto acusado por transgresión del debido
proceso en que dice, incurrió el operador disciplinario en contra del demandante

Afirmó “ya que el acto administrativo complejo demandado transgredió los
anteriores preceptos de orden supralegales y legales, ya que se le coartó al actor
su derecho al debido proceso y al trabajo, bajo la protección del Estado. Siempre
se ha dicho que la actividad y el desarrollo de las potestades públicas deben
ejercerse dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y en la Ley y
en uno de tales términos es justamente la protección que el Estado debe brindar al
trabajo al debido proceso y el derecho de toda persona a permanecer en su cargo
siempre que se (sic) competente y lleve a cabo un servicio eficaz a la
administración”.

2.Trámite procesal

La demanda se radicó ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cartagena de Indias, el 19 de diciembre de 20062; el Tribunal Administrativo de
Bolívar mediante providencia del 8 de marzo de 2007, admitió la demanda3; con
ocasión de la entrada en operación de los juzgados administrativos, el Tribunal
Administrativo de Bolívar mediante auto del 16 de abril de 2007, declaró la falta de
competencia para conocer del asunto y dispuso la remisión del expediente a la

2
Folio 6
3
Folio 44

5

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Oficina de Apoyo y Servicios para los Juzgados Administrativos4, siendo asignado
el asunto al Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena, despacho que mediante Auto del 4 de junio de 2008 aprehendió el
conocimiento del proceso5, pero mediante auto del 3 de noviembre de 2010, este
despacho judicial declaró la nulidad de lo actuado desde la notificación personal
del auto admisorio de la demanda, por indebida notificación a la parte
demandada6, siendo contestada la demanda dentro de esta oportunidad legal7.

Mediante providencia del 22 de agosto de 2011, el Juzgado Décimo Tercero
Administrativo de Cartagena en virtud de un acuerdo del Consejo Superior d ela
Judicatura, entregó al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Cartagena, el presente proceso para su impulso procesal y respectivo fallo8,
despacho este último que avocó conocimiento el 1° de septiembre de 2011 9;
reconoció personería a la apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa –Policía
Nacional10; mediante auto del 18 de mayo de 2012, el Juzgado Segundo negó el
interrogatorio de parte solicitado por la parte actora al Comandante de la Policía
de Bolívar, en cambio solicitó que rindiera un informe bajo juramento de los
hechos que dieron lugar a la destitución del demandante; igualmente negó el
interrogatorio del Coordinador del Grupo de Control Disciplinario DEBOL, pero en
su lugar decretó la recepción de su testimonio11.

Encontrándose el proceso en la etapa probatoria, el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Cartagena, mediante auto del 22 de octubre
de 2012 declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la
demanda inclusive, y ordenó remitir el expediente por competencia a esta
Corporación, al resolver el incidente de nulidad promovido por la apoderada de la
entidad demandada. En todo caso, declaró que las pruebas practicadas y

4
Folio 46
5
Folios 52-53
6
Folio 74
7
Folios 79-85
8
Folio 89
9
Folio 91
10
Folio 103
11
Folios 104-105

6

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

controvertidas, conservarían su validez y eficacia según el artículo 146 C.P.C.12

Mediante providencia del 30 de julio de 2014 en su momento este Despacho,
avocó el conocimiento en única instancia del presente asunto13; posteriormente
mediante auto del 5 de mayo de 2016, dejó sin efectos la providencia por el mismo
ponente proferida el 30 de julio de 2014, para nuevamente avocar conocimiento
del proceso “en el estado en que se encontraba antes de la emisión de la
providencia del 22 de octubre de 2012 del Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Cartagena, esto es, en desarrollo de la etapa probatoria”
igualmente declaró la validez de las actuaciones surtidas con anterioridad al 22 de
octubre de 201214; el 17 de septiembre de 2020 se dispuso la apertura de la etapa
de pruebas analizando respecto de las pruebas documentales y testimoniales
obrantes en el expediente, que se recocía validez a las allegadas con la demanda,
al tiempo que rechazó la práctica de las declaraciones pedidas por la parte
demandante, por cuanto no sustentó las razones que ameritaban dichos
testimonios. El expediente subió al Despacho para fallo el 24 de noviembre de
202115.

3. Contestación de la demanda

Mediante escrito del 25 de julio de 2011 reiterado en idénticos términos el 26 de
septiembre de dicha anualidad, la apoderada del Ministerio de Defensa –Policía
Nacional, solicitó en su oportunidad al Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Cartagena negara las súplicas de nulidad deprecadas por el
actor, con fundamento en los siguientes argumentos16.

Indicó que el proceso disciplinario se inició, con fundamento en la queja instaurada
en contra del uniformado sancionado según el artículo 69 de la Ley 734 de 2002,
que si bien es cierto en un comienzo se inició la actuación en virtud del artículo
152 ídem, no existía impedimento legal para que se pudiera tramitar por el

12
Folios 123-125
13
Folios 129-132
14
Folios 140-145
15
Folios 147-148
16
Folios 79-85 y 93-99

7

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

procedimiento especial del artículo 175 íbidem, por cuanto al momento de valorar
la apertura de la investigación disciplinaria se reunieron los requisitos para proferir
pliego de cargos razón por la cual citó a audiencia verbal.

Señaló que, al investigado al finalizar la audiencia verbal, se le dio la oportunidad
para que interpusiera recurso de apelación, sin embargo, la parte demandante no
lo ejercitó durante la audiencia verbal según lo prescribe el artículo 180 del CDU y
apenas radicó el escrito el día 17 de enero de 2006, es decir, por fuera del término
procesal legal.

Según la apoderada de la entidad demandada, el acto acusado fue el fallo
disciplinario consignado en la audiencia 017 del 13 de enero de 2006 proferido por
el Jefe del Grupo de Control Interno DEBOL y, que si el actor pretendía la nulidad
de la actuación disciplinaria, también debió demandar la Resolución N° 00718 del
9 de septiembre de 2006 proferida por el Director General de la Policía Nacional
por tratarse de un acto administrativo “compuesto”, mediante la cual retiró del
servicio al patrullero Jhon Fredy Segura Parra, por lo que propuso la excepción de
inepta demanda por falta de individualización de las pretensiones de la demanda.

Solicitó no se accediera a las súplicas de la acción, por cuanto la actuación
disciplinaria se inició con ocasión de la conducta desplegada por el actor que
defraudó la misión institucional, al haberse acreditado la comisión de las faltas
disciplinarias endilgadas17; que en todo caso durante la investigación se le otorgó
la posibilidad del acompañamiento de un abogado, sin embargo renunció a tal
derecho; igualmente se le concedió la oportunidad para que interpusiera recurso
de apelación, no obstante manifestó no hacer uso de este derecho, aunado a que
se cumplían las exigencias para que se adelantara el procedimiento verbal.

4. Alegatos de conclusión

17
Artículo 37 numeral 14 permitir o dar lugar intencionalmente a la fuga de persona capturada y la del
artículo 38 numeral 2. Apropiarse de pertenencias de particulares; numeral 4. Dar lugar a justificadas quejas
por parte de los superiores por su comportamiento arbitrario dentro del servicio y, numeral 27. No informar
los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por razón del servicio.

8

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Según certificación secretarial del 24 de noviembre de 2021, no obstante haberse
envidado mensajes de datos a la parte demandante y demandada, así como a la
Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, visible a índice 24 de la plataforma SAMAI, con el
fin de que presentaran alegatos de conclusión y rindiera el respectivo concepto,
ninguno de los representantes de las mencionadas entidades se pronunció18.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde conocer en única instancia al Consejo de Estado19 del presente
proceso que se tramitó por el Decreto 01 de 1984, por controvertirse una sanción
disciplinaria consistente en destitución del servicio e inhabilidad funcional por el
término de diez años , expedida por una autoridad nacional como lo es la Policía
Nacional.

2. Problema jurídico

De acuerdo con las pretensiones de la demanda interpuesta por la parte
demandante en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
del artículo 85 CCA, se observa que se circunscribió a solicitar la declaratoria de
nulidad del acto administrativo consignado en la Audiencia Disciplinaria verbal N°
017 del 13 de enero de 2006, en la cual le impuso el correctivo de destitución e
inhabilidad en el ejercicio de sus funciones como patrullero de la Policía Nacional
por el término de diez años, decisión que fue adoptada según dice, con violación
al debido proceso disciplinario y al derecho al trabajo. Ningún otro acto
administrativo fue objeto de nulidad.

18
Folio 151
19
Por auto de 18 de mayo de 2011, N.I. 0145-2010. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, consolidó la línea jurisprudencial sobre competencia en materia disciplinaria, determinando que acorde con las
providencias del 12 de octubre de 2006, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, número interno 799-2006; 27 de marzo de
2009, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1985-2006; y 4 de agosto de 2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve,
número interno 1203-2010, esta Corporación en única instancia no solo conocía de las sanciones disciplinarias
administrativas de destitución, sino también las de suspensión en el ejercicio del cargo, siempre y cuando las sanciones
provengan de autoridades del orden nacional.

9

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Así las cosas, la Sala considera que el problema jurídico a resolver es determinar
si previa la interposición de la presente acción de nulidad y restablecimiento del
derecho se agotó el requisito de procedibilidad, o de lo contrario, si hay lugar a
declarar de oficio probada la excepción de fondo de falta de agotamiento de la vía
gubernativa, en cuyo caso estaría inhibida la Sala para emitir pronunciamiento de
fondo.

La Sala con el fin de resolver el anterior problema jurídico seguirá el siguiente
esquema: 2.1. Resolución de la excepción propuesta por la parte demandada; 2.2.
Marco normativo del requisito de procedibilidad de la acción contenciosa en el
CCA; 2.3. Caso concreto a la luz de los hechos probados y de la normatividad
vigente para la fecha de expedición del acto administrativo demandado.

2.1. Resolución de la excepción propuesta por la parte demandada

La apoderada del Ministerio de Defensa – Policía Nacional al contestar la demanda,
propuso la excepción que denominó inepta demanda por falta de individualización de
las pretensiones, al considerar que en vista de que se estaba ante un acto
“compuesto”, se requería obligatoriamente que el actor hubiera solicitado la nulidad
de los dos actos administrativos, esto es, del Acta N° 017-06 del 13 de enero de
2006 de la Audiencia Disciplinaria dentro del proceso verbal disciplinario adelantado
en contra de Jhon Fredy Segura Parra y, de la Resolución N° 00718 del 9 de octubre
de 2006 “Por la cual se ejecuta una sanción disciplinaria impuesta a dos patrulleros
de la Policía Nacional”, expedida por el Director General de la Policía Nacional.

Estima la Sala que no le asiste la razón a la proponente, como quiera que no
obstante haber mencionado que se estaba ante un acto compuesto que se ha de
interpretar como un acto administrativo complejo20, en el presente caso se observa
que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho recae en contra de un fallo
disciplinario de primera instancia, determinación ésta que al margen de haber sido o

20
Los actos administrativos complejos son aquellos que se forman por la concurrencia de una serie de actos
que no tienen existencia jurídica separada e independiente y que provienen de diversas voluntades y
autoridades, generándose así una unidad de contenido y de fin, de tal suerte que las diversas voluntades
concurren para formar un acto único. Sentencia 14 de febrero de 2012 Radicación número: 11001-03-26-000-
2010-0036-01(IJ) M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

10

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

no apelada -asunto del cual se ocupará la Sala en el siguiente acápite-, es una
determinación autónoma e independiente respecto de la resolución que ejecutó tal
providencia.

Es así como, la Resolución N° 00718 del 10 de febrero de 2006 “Por la cual se
ejecuta una sanción disciplinaria impuesta a dos Patrulleros de la Policía Nacional”,
expedida por el entonces Director General de la Policía Nacional, en su parte
resolutiva consignó:

“Artículo 2°. Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por destitución al
señor Patrullero JHON FREDY SEGURA PARRA, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 80.148.226, de conformidad con lo resuelto en la parte
considerativa de la presente resolución”.

No cabe duda que la naturaleza jurídica de la Resolución N°00718 de 2006, es la
de un acto administrativo de ejecución que según postura unánime de la
jurisprudencia, se limita a dar cumplimiento a una providencia judicial o a una
decisión administrativa, por lo que no se puede predicar que de ellos surjan
situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado, motivo por
el cual está exonerado de control de legalidad. Al respecto resulta ilustrativo el
siguiente aparte jurisprudencial21:

“La Sala precisa que los actos administrativos definitivos son susceptibles de
ser controvertidos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en
cuenta que estos deciden directa o indirectamente el fondo de un asunto,
modificando o creando situaciones jurídicas particulares; mientras que los
actos administrativos de mera ejecución, se constituyen como actuaciones a
través de la cual la Administración da cumplimiento a una orden o fallo
judicial.

Esta Corporación ha concluido que no serán susceptibles de control
jurisdiccional los actos administrativos de ejecución, pues el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho fue concebido para impugnar
aquellas decisiones que definen el fondo de una situación jurídica particular y
concreta. (subrayas fuera de texto)

21
Consejo de Estado, Sección Segunda. Auto de 6 de diciembre de 2018. Consejero Ponente: César Palomino Cortés.
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto de 16 de noviembre de 2016, Exp., 19673, Consejero Ponente: Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.

11

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

En vista de que el Director General de la Policía, fungía como nominador del
Patrullero Jhon Fredy Segura Parra, en virtud del fallo disciplinario expedido por el
Grupo de Control Disciplinario Interno y por el Comandante de la Policía del
Departamento de Bolívar DEBOL, tenía la obligación de hacer efectiva dicha
sanción disciplinaria de acuerdo con el mandato legal previsto en el numeral 3°
del artículo 172 de la Ley 734 de 200222, por lo cual no tenía opción distinta que la
de expedir la Resolución N° 00718 del 10 de febrero de 2006, que como se dijo
no es pasible del presente control de legalidad, por tanto, este acto no debía
haber sido demandado.

Por su parte, se debe tener presente el inciso final del artículo 50 CCA, vigente
para la época de interposición de la presente acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, según el cual los actos definitivos son los que ponen fin a una
actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, presupuesto que no se predica de los actos de ejecución.

De acuerdo con lo anterior, no se declarará probada la excepción de inepta
demanda propuesta en su momento, por la apoderada de la Policía Nacional.

2.2. Marco normativo del requisito de procedibilidad de la acción
contenciosa en el CCA Decreto 01 de 1984

Sea lo primero señalar que la legislación vigente para el momento de la
interposición de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho 23, es
la consignada en el Decreto 01 de 1984, que establece:

“ARTÍCULO 135. La demanda para que se declare la nulidad de un acto
particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el
derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante
acto expreso o presunto por silencio negativo.

22
Artículo 172. Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se
hará efectiva por:
(…)
3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.
23
El 19 de diciembre de 2006 según sello de recibido folio 6

12

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía
gubernativa.

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad
de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar
directamente los correspondientes actos.” (subrayas y negritas fuera de texto)

Como se observa del tenor literal transcrito, el agotamiento de la vía gubernativa
es un requisito previo y obligatorio para demandar ante la jurisdicción contencioso
administrativa. El agotamiento de la vía gubernativa supone la finalización de toda
actuación frente a la entidad, evento en el que se abre camino para recurrir a la
jurisdicción contencioso administrativa, a fin de que ésta ejerza el control de
legalidad frente a una cuestionada decisión administrativa. En otras palabras, el
agotamiento de la vía gubernativa es un presupuesto procesal insaneable para
demandar ante esta jurisdicción, los actos administrativos definitivos.

Por su parte, el artículo 138 CCA prescribe:

“ARTÍCULO 138. Modificado por el art. 24, Decreto Nacional 2304 de 1989.
Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda
precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración
de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la
demanda.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también
deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero sí
fue revocado, sólo procede demandar la última decisión.

Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las
pruebas que lo demuestren.”

De acuerdo con el inciso normativo subrayado, el legislador previó que si el acto
definitivo que se pretende demandar fue objeto de recursos en la vía gubernativa,
también deberán haber sido demandadas las decisiones que lo modificaron o
confirmaron.

Por su parte, respecto de los recursos que proceden en la vía gubernativa, el
artículo 50 de la legislación en estudio dispone:

13

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

“Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones
administrativas procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que
la aclare, modifique o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el
mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento
administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan
personería jurídica.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el
superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá
acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a
la notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del
expediente, y decidirá lo que sea del caso.

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”. (subrayas
nuestras)

Según la preceptiva transcrita, el recurso de apelación es procedente contra las
decisiones proferidas por el operador administrativo, para ante el inmediato
superior de dicho funcionario, con el propósito de que aclare, modifique o revoque
tal decisión por encontrarla contraria a sus intereses. Así mismo define que los
actos definitivos con los que ponen fin a una actuación administrativa, o los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.

A renglón seguido el artículo 51 CCA, regula lo relativo al término y oportunidad
para la interposición de los recursos en sede gubernativa, en los siguientes
términos:

“ARTÍCULO 51. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 2304 de 1989 De
los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en
la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes
a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación, según el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.

14

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal,
para que ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones
correspondientes.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario
del de reposición.

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos
procedentes, la decisión quedará en firme.

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios.” (subrayas y
negritas fuera de texto)

De acuerdo con los apartes transcritos, los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito, bien al momento de la diligencia de notificación
personal o dentro de los cinco días siguientes a la misma, o a la desfijación del
edicto o la publicación, pero en todo caso, luego de transcurrido este término sin
que se hubieran interpuesto, la decisión quedará en firme.

Igualmente, la Sala llama la atención en el sentido de que tal y como fue
redactado el supuesto fáctico del último inciso del artículo 51 CCA, la interposición
del recurso de apelación es obligatoria para el agotamiento de la vía gubernativa,
mientras que la de los recursos de reposición y de queja no lo es.

Respecto de la manera como concluye la actuación administrativa supuesto que
da lugar a la firmeza de los actos administrativos, el Decreto 01 de 1984 prescribe:

“ARTÍCULO 62. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a
ellos.

4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.

AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA

ARTÍCULO 63. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 2304 de 1989 El
agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los

15

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

numerales 1º y 2º del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede
en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de
queja.”

De las normas transcritas se puede concluir sin mayores disquisiciones, que un
acto administrativo adquiere firmeza, entre otros, cuando no procede ningún
recurso, cuando se hubieren decidido los interpuestos o se hubiere renunciado
expresamente a ellos y, es entonces cuando se está en presencia de un acto
administrativo definitivo que será susceptible de ser demandado a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 85 del
CCA, por haberse agotado la vía gubernativa.

A su vez, un acto administrativo que adquirió firmeza porque contra el mismo, tal y
como aconteció en el presente caso se renunció expresamente a la interposición
del recurso de apelación por voluntad del administrado, siendo procedente su
interposición, es un acto administrativo que estando en firme, es un acto
ejecutoriado y por ende ejecutable de inmediato, en los términos del artículo 64
CCA24.

2.3. Caso concreto a la luz de los hechos probados y de la normatividad
vigente

Observa la Sala, que en el presente caso el apoderado del demandante se limitó a
demandar la decisión contenida en el Acta N° 017-06 del 13 de enero de 2006,
proferida por el Comandante del Departamento de Policía Bolívar DEBOL, la cual
viene a constituir el fallo disciplinario de primera instancia en contra del señor Jhon
Fredy Segura Parra, mediante el cual le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad funcional por el término de diez (10) años.

De acuerdo con los antecedentes administrativos de la actuación disciplinaria
adelantada contra el ex patrullero Segura Parra y otro investigado dentro de la
misma cuerda procesal, la Sala encontró acreditado que el demandante renunció

24
ARTÍCULO 64. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el
procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de
inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la
ejecución contra la voluntad de los interesados. (subrayas y negritas nuestras)

16

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

expresamente a la interposición del recurso de apelación contra el fallo
disciplinario proferido el 13 de enero de 2006 por el Grupo de Control Disciplinario
Interno y el Comandante del Departamento de Policía de Bolívar, requisito de
procedibilidad para la interposición de la acción contenciosa, omisión que no fue
verificada por el despacho judicial que admitió la demanda25.

Por tanto, deberá verificarse en el sub judice, si la decisión adoptada por el
operador disciplinario consignada en el Acta 017-16 del 13 de enero de 2006,
constituye o no un acto administrativo definitivo y, si este acto tenía o no que
haber sido apelado por el disciplinado en su oportunidad procesal, como
presupuesto necesario previo para el ejercicio de la presente acción contenciosa,
por tratarse de un requisito que no es saneable.

Así las cosas, lo primero que se debe destacar es que la sanción disciplinaria
objeto de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la profirió
la Administración - Policía Nacional en contra del ahora demandante, en aplicación
de los lineamientos trazados a nivel sustancial por el Decreto 1798 de 2000 26 y en
lo procesal por la Ley 734 de 200227, que de acuerdo con el artículo 21 en el
adelantamiento de la actuación disciplinaria se deberá dar aplicación a los
principios y a la integración normativa, por lo que se dará aplicación también a las
normas del Código Contencioso Administrativo, siendo ellas las referidas en el
acápite anterior28.

Según la prueba documental arrimada al expediente, la investigación disciplinaria
se adelantó por el procedimiento verbal regulado en los artículos 175 y siguientes
de la Ley 734 de 2002, que estableció que este proceso se desarrollará en

25
Folio 4 Auto del 8 de marzo de 2007 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar
26
Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional
27
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
28
ARTÍCULO 21. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INTEGRACIÓN NORMATIVA. <Artículo derogado
a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> En la aplicación del régimen
disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no
previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios
internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso
Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la
naturaleza del derecho disciplinario.

17

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

audiencia, la cual estará orientada por los principios de celeridad, oralidad y
publicidad.

El artículo 175 previó los supuestos fácticos en los que se aplicará el
procedimiento verbal, al disponer:

“ARTÍCULO 175. Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento
verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el
sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta
o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la
conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas
contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32,
33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.
En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia,
en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de
valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los
requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.”
(subrayas fuera de texto)

Según se lee del tenor literal normativo transcrito, el legislador previó la posibilidad
de que la actuación disciplinaria así se hubiera iniciado por el procedimiento
ordinario, cuando estén dados los requisitos para proferir pliego de cargos, se
podrá citar a audiencia es decir que se continuará por el procedimiento verbal,
disposición legal que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-242-10 del 7 de abril de 2010, Magistrado Ponente Dr. Mauricio
González Cuervo.

El artículo 177 del Código Disciplinario Único dispone:

“Procedimiento verbal. Calificado el procedimiento a seguir conforme a las
normas anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe
notificarse personalmente, ordenará adelantar proceso verbal y citará a
audiencia al posible responsable.

En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse la
identificación del funcionario cuestionado, el cargo o empleo desempeñado,
una relación sucinta de los hechos reputados irregulares y de las normas que
los tipifican, la relación de las pruebas tomadas en cuenta y de las que se van
a ordenar, lo mismo que la responsabilidad que se estima puede caber al
funcionario cuestionado.

18

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

La audiencia debe iniciar no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días
de la fecha del auto que la ordena. Contra esta decisión no procede recurso
alguno.

Al inicio de la audiencia, a la que el investigado puede asistir solo o asistido
de abogado, podrá dar su propia versión de los hechos y aportar y solicitar
pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del
término improrrogable de tres (3) días. Si no fuere posible hacerlo se
suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco (5) días y se
señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes.

Las pruebas se practicarán conforme se regulan para el proceso ordinario,
haciéndolas compatibles con las formas propias del proceso verbal.

Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea
necesario y procedente. La negativa a decretar y practicar pruebas, por
inconducentes, impertinentes o superfluas, debe ser motivada.

El director del proceso podrá ordenar un receso, por el tiempo que estime
indispensable, para que las partes presenten los alegatos de conclusión, el
cual será de mínimo tres (3) días y máximo de diez (10) días. De la misma
manera podrá proceder en aquellos eventos que no estén previstos y que
hagan necesaria tal medida. Contra esta decisión no cabe ningún recurso.

De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo
ocurrido en ella. Todas las decisiones se notifican en estrados.” (subrayas
fuera de texto)

Según los apartes transcritos, a la audiencia verbal podrán asistir tanto el
disciplinado como su abogado y las decisiones que en el diligenciamiento de dicha
audiencia se adopten, deberán ser notificadas por estrado, tal y como así lo
consigna el inciso final del artículo 177 y en forma general por el procedimiento
ordinario disciplinario, en los términos del artículo 106 del Código Disciplinario
Único al disponer: “Las decisiones que se profieran en audiencia pública o en el
curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos
los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren
o no presentes”.

La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1193 del 3 de diciembre de 2008
M.P. Jaime Araujo Rentería, analizó el tema de la notificación por estrados en el
proceso disciplinario al tiempo que se pronunció sobre las consecuencias
adversas para los sujetos procesales que no asisten a la audiencia, en todo caso
advirtió que dicha normativa no vulnera el debido proceso.

19

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Los artículos 178, 179 y 180 de la Ley 734 de 2002 prevén:

“Artículo 178. Adopción de la decisión. Concluidas las intervenciones se
procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo. La diligencia se podrá
suspender, para proferir la decisión dentro de los dos días siguientes. Los
términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia,
en el verbal, se reducirán a la mitad.

Artículo 179. Ejecutoria de la decisión. La decisión final se entenderá
notificada en estrados y quedará ejecutoriada a la terminación de la misma, si
no fuere recurrida.

Artículo 180. Recursos. El recurso de reposición procede contra las
decisiones que niegan la práctica de pruebas, las nulidades y la recusación, el
cual debe interponerse y sustentarse verbalmente en el momento en que se
profiera la decisión. El director del proceso, a continuación, decidirá oral y
motivadamente sobre lo planteado en el recurso.

El recurso de apelación cabe contra el auto que niega pruebas, contra el
que rechaza la recusación y contra el fallo de primera instancia, debe
sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido y
notificado el fallo en estrados. Inmediatamente se decidirá sobre su
otorgamiento. (…).” (subrayas nuestras)

Es taxativo el artículo 180 transcrito de la Ley 734 de 2002 en señalar, que contra
el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación que deberá
sustentarse verbalmente en la misma audiencia, conocida como notificación por
estrados, disposición normativa que resulta armónica con el artículo 115 ídem que
dispone la apelación en el procedimiento disciplinario: “ARTÍCULO 115.
RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación procede únicamente contra
las siguientes decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas en los
descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia. […] (Subrayado
nuestro)

Revisado el acervo probatorio que obra en el expediente, según los antecedentes
administrativos allegados por la entidad demandada mediante oficio 005349 del 14
de agosto de 201229 remitido en su oportunidad al Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Cartagena, el acontecer fáctico da cuenta de
los siguientes hechos:

29
Obran en un cuaderno de Pruebas folios 1-306

20

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

En contra del demandante y otro investigado, en virtud de la queja interpuesta 30
según la cual habrían infringido el Decreto 1798 de 200031 en lo sustantivo y en lo
procedimental la Ley 734 de 200232; se abrió la investigación disciplinaria N° 017-
06 el 12 de enero de 2006 en los términos del artículo 152 ídem33, decisión que
fue notificada de manera personal al investigado señor Jhon Fredy Segura Parra34
en la que se le informó los derechos que le asistían entre ellos, el de impugnar y
sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello; el mismo día 12 de enero el
patrullero investigado rindió diligencia de versión libre y espontánea y fue
designado un profesional del derecho para que los asistiera 35, igualmente en esa
misma fecha se tomaron declaraciones juramentadas de tres testigos36.

El mismo día 12 de enero de 2006 luego de valorar el operador disciplinario la
prueba testimonial, profirió Auto mediante el cual37 decidió tramitar la presente
actuación disciplinaria por el procedimiento verbal artículos 175 y siguientes de la
Ley 734 de 2002, citó a audiencia pública a llevarse a cabo al día siguiente 13 de
enero de 2006 con el fin de que el investigado respondiera por las conductas que
le fueron atribuidas en dicho auto y ordenó la práctica de pruebas. De la anterior
determinación obra prueba de la notificación al abogado defensor y al propio
investigado38, a quien se le advirtió nuevamente que podía asistir a dicha
Audiencia, designar un abogado, solicitar pruebas y controvertir las que existían,
rendir descargos e impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a
ellas.

El día 13 de enero de 2006 se llevó a cabo Audiencia Disciplinaria dentro del
radicado N° 017-16, en la que se le impuso al patrullero Jhon Fredy Segura Parra
el correctivo de destitución e inhabilidad funcional por el término de diez años, por
encontrarlo responsable de las siguientes las faltas disciplinarias consignadas en

30
El 12 de enero de 2006 por el Mayor señor Jimmy Puentes Mendez folios 5-7
31
“Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”
32
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
33
Folios 1-123
34
Folio 8
35
Folios 10-16
36
Folios 23-41
37
Folios 42-72
38
Folios 74-75

21

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

el artículo 37 numeral 1439 y 38 numerales 240, 441 y 2742 del Decreto 1798 de
200043.

En la parte resolutiva del Acta de la Audiencia Verbal dispuso:

“ARTÍCULO TERCERO: La decisión se notifica en estrado y se hace saber a
los disciplinados Patrullero WILSON ANDRÉS RODRÍGUEZ GULLEN y
Patrullero JHON FREDY SEGURA PARRA, que contra esta decisión procede
el Recurso de Apelación en la misma diligencia y se sustentará verbalmente o
por escrito dentro de los (2) días siguientes ante el señor Director General
Policía Nacional, conforme lo dispone el artículo 180 de la Ley 734 de 2002,
siendo su manifestación de no hacer uso del derecho que les asiste para
controvertirla.

ARTÍCULO CUARTO: Si en la presente decisión no se interpuso recurso
alguno, se declara ejecutoriada. En consecuencia se da por concluida la
audiencia y se dispone el envío de los antecedentes a la Hoja de Vida de los
encartados para que obre como antecedente”. (subrayas nuestras negritas
originales del texto)

Según la anterior transcripción, la Administración – Policía Nacional al otorgarle al
disciplinado la posibilidad de que activara la revisión de la decisión adoptada en la
audiencia verbal, al advertirle y concederle la oportunidad para que interpusiera el
recurso de apelación contra dicha decisión, evidenció la obligatoriedad de
interponer la alzada por disposición del artículo 51 del CCA aplicable al
procedimiento verbal disciplinario y, al no proceder así el disciplinado por su propia
decisión y cuenta, lo que hizo fue cerrar la posibilidad para acudir a la vía judicial
en vista de que al ser obligatoria la apelación y no interponerla, el acto quedó en
firme por lo que era ejecutable por la Administración, al tiempo que no se concluyó
la vía gubernativa.

De acuerdo con el acontecer fáctico relatado, en el presente asunto la decisión
sancionatoria se dictó oralmente en la audiencia llevada a cabo el día 13 de enero
de 2006, que en las voces del artículo 180 de la Ley 734 de 2002, las decisiones
que se profieran en audiencia pública o en el curso de cualquier diligencia de

39
Permitir o dar lugar intencionalmente a la fuga de persona capturada
40
Apropiarse de pertenencias de particulares
41
Dar lugar a justificadas quejas por parte de los superiores por su comportamiento arbitrario dentro del
servicio
42
No informar los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por razón del servicio
43
Folios 76-112

22

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos procesales
inmediatamente se haga el pronunciamiento, incluso estando o no presentes, por
lo que era en ese momento procesal en el que debería haber interpuesto el
recurso de apelación el señor Jhon Fredy Segura Parra o su defensor.

En vista de que según se lee del contenido del Acta de la Audiencia Verbal, no
obstante habérsele dado la oportunidad a los investigados para que interpusieran
recurso de apelación en contra de la decisión que se les estaba poniendo de
presente, en forma expresa y voluntaria consignaron enfáticamente -tanto el
directo sancionado señor Jhon Fredy Segura Parra como su abogado de
confianza- que no interponían recurso de apelación contra el fallo disciplinario de
primera instancia44, el cual era obligatorio para que se entendiera concluido el
procedimiento disciplinario sancionatorio.

Obra constancia fechada 17 de enero de 2006 expedida por el Coordinador del
Grupo de Control Disciplinario Interno, en la que dice que los sancionados Segura
Parra y Rodríguez Guillén, al momento de suscribir en estrado el acta de
audiencia, renunciaron expresamente a interponer recurso de apelación contra el
fallo proferido, por lo que dicha decisión se encuentra debidamente ejecutoriada y
por ende en firme45.

También figura escrito radicado el 17 de enero de 2006 por el abogado del señor
Segura Parra, mediante el cual interpuso recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia46, el cual fue rechazado por extemporáneo por el Grupo de
Control Disciplinario mediante auto del 2 de marzo de 2006, decisión contra la
cual se interpuso recurso de queja que fue resuelto por el Director General de la
Policía Nacional mediante decisión del 18 de agosto de 2006, que declaró la no
prosperidad de dicho recurso47.

De acuerdo con el anterior acontecer fáctico observa la Sala que al no haber sido
objeto de apelación el fallo de primera instancia, dentro de la oportunidad procesal
44
Folio 112
45
Folio 113 C. de pruebas
46
Folios 122-127 C.P.
47
Folios 297-300 C. de pruebas

23

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

en la audiencia verbal por voluntad del propio interesado, mal puede pretender
que dicha decisión administrativa sea cuestionada por la judicatura, cuando lo
cierto es que la omisión en apelar evidencia la pérdida de la oportunidad para que
dicha decisión fuera rectificada y corregida por la propia Administración, actitud
que evidencia incoherencia por parte del demandante.

Y es que no puede perderse de presente, la naturaleza del procedimiento
disciplinario en el que se impone una sanción al servidor público al haber
infringido sus deberes funcionales, por lo que el legislador en el inciso 2° del
artículo 180 CDU, previó la posibilidad de que el fallo disciplinario de primera
instancia fuera objeto de apelación por la segunda instancia, presupuesto que es
expresión de la garantía constitucional de la doble instancia48, cuya finalidad es la
de permitir que la decisión adoptada, sea revisada por la propia Administración
pero por otro funcionario de la misma naturaleza y de superior jerarquía, con el fin
de enmendar algún tipo de error que se hubiera podido presentar.

Siendo ello así, al pretenderse la nulidad de un acto administrativo particular entre
ellos el proferido en el marco de una actuación disciplinaria, se encuentra
consagrado como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la respectiva
acción de nulidad y restablecimiento del derecho según el artículo 135 CCA, que
se hayan ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley son
obligatorios, es decir, se debió interponer el recurso de apelación contra la
decisión disciplinaria de primera instancia.

En este sentido, el agotamiento de la vía gubernativa consiste en términos
generales, en la utilización de los recursos previstos en la ley para impugnar los
actos administrativos. Con dicha exigencia se persigue que la Administración
tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones a fin de que pueda
revocarlas, modificarlas o aclararlas, esto es, que las autoridades administrativas
puedan rectificar sus propios errores, antes de que sean objeto de proceso
judicial.

48
El artículo 31 de la Constitución Política señala: Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada,
salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado
sea apelante único.

24

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

La filosofía de la interposición de los recursos en sede administrativa, se
constituye en una prerrogativa de la Administración cuando el cumplimiento de tal
ejercicio, es una exigencia para poder acudir en sede judicial, de tal manera que
ante dicho incumplimiento por parte del directo interesado como en el presente
caso ocurrió con el propio disciplinado, quien optó por no impugnar el fallo
disciplinario de primera instancia igual que omitió haberlo su apoderado judicial, lo
que en últimas estaban haciendo era cerrando las puertas para la interposición de
la acción vía judicial ante el contencioso administrativo. Súmese a lo anterior, que
el fallo disciplinario adquirió firmeza y era ejecutable por la Policía Nacional.

Lo anterior, por cuanto si bien es cierto el administrado goza de derechos frente al
poder de la Administración, igualmente lo es que a la Administración también se le
debe reconocer una especie de “debido proceso”, el cual se evidencia porque al
demandante se le impone preservar en caso de acudir a la jurisdicción
contenciosa, la misma línea de crítica que orientó la revisión del acto
administrativo al interponer la apelación en sede gubernativa, razón de más para
considerar que dicho agotamiento gubernativo esté concebido como requisito de
procedibilidad de la acción contenciosa.

De igual manera se podría decir que en el presente caso, el fallo de primera
instancia si bien es cierto es un acto administrativo, al no haber sido apelado por el
demandante se está ante un acto no definitivo por estar pendiente de la decisión
de la segunda instancia.

Incluso, se debe tener presente que, para el agotamiento de la vía gubernativa el
legislador no exigió de la intervención de un profesional del derecho que
represente al investigado, pero en todo caso se le obliga al interesado a que
interponga la respectiva impugnación que será determinante para la futura
estrategia contenciosa ante el juez administrativo, en caso de no prosperar la
rectificación de su inconformidad.

En suma, para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho incoado por el señor Jhon Fredy Segura Parra no se cumplió el

25

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

agotamiento del requisito de procedibilidad, al acreditarse que, contra el acto
administrativo fallo disciplinario de primera instancia, no se ejercitó el recurso de
apelación que de acuerdo con la ley era obligatorio.

Así las cosas, la Sala encontró acreditado que el señor Jhon Fredy Segura Parra
no cumplió el requisito de procedibilidad, al no agotar la vía gubernativa como lo
exigen los artículos 63 y 135 del Código Contencioso Administrativo, motivo por el
cual esta Sala declarará probada de oficio la excepción de fondo del indebido
agotamiento de la vía gubernativa, al no haberse cumplido el requisito de
interposición del recurso administrativo de apelación procedente contra el fallo
sancionatorio de primera instancia, como consecuencia de la anterior declaración,
se inhibirá la Sala para resolver el fondo del asunto.

Se insiste al no haber sido agotada la vía gubernativa, está impedida esta
jurisdicción para proferir pronunciamiento de fondo sobre el asunto, toda vez que
no se dio la oportunidad a la Administración- Policía Nacional, para que
reconsiderara la decisión adoptada en la Audiencia Verbal disciplinaria N° 017 del
13 de enero de 2006, fallo disciplinario mediante el cual sancionó al ahora
demandante con destitución e inhabilidad por el término de diez años.

Sobre la condena en costas

En relación con la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del
Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”.
Por ello, al observar que en el trámite del proceso no se causaron, esta Sala no
condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

26

Número interno:1214-2013
Demandante: Jhon Fredy Segura Parra
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

FALLA

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probada la excepción de inepta demanda
propuesta por la parte demandada, de acuerdo con las consideraciones
esgrimidas en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declárase probada de oficio la excepción de fondo del
indebido agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedibilidad de la
acción contenciosa administrativa, según lo analizado en precedencia.

ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración,
INHÍBESE la Sala para resolver el fondo del asunto.

ARTÍCULO CUARTO: No condenar en costas a la parte demandante, según se
advirtió en precedencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

27

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.