Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00034-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00034-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2014-00034-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-25000-2014-00034-00 (0086-2014)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-25000-2014-00034-00 (0086-2014)
Demandante: Jorge Eliécer Iglesias Viloria
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema. Sanción disciplinaria. Destitución e inhabilidad. Defecto fáctico
por indebida obtención de la prueba (dimensión positiva). Prueba
trasladada del proceso penal al disciplinario. Independencia del
proceso disciplinario con el proceso penal. Análisis de la
aplicación de la sentencia de convencionalidad Petro Urrego vs
Colombia. CONCEDE PARCIALMENTE LAS PRETENSIONES.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor Jorge Eliécer Iglesias Viloria
contra la Procuraduría General de la Nación.
ANTECEDENTES
El señor Jorge Eliécer Iglesias Viloria instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad parcial del fallo de única instancia del 23 de agosto de
2012, por medio del cual el procurador general de la Nación sancionó al
demandante con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por
el término de doce (12) años, en su condición de contralor del distrito de Barranquilla
para la época de los hechos; la nulidad parcial del fallo del 6 de junio de 2013, por
medio del cual se confirmó la anterior decisión; y el acto de ejecución de la sanción
administrativa.
Como segunda petición principal, solicitó que se ordene a la Procuraduría General
de la Nación que proceda con el archivo definitivo del proceso disciplinario No. IUS -
2009-42969 adelantado contra el actor.
Subsidiaria a esta, solicitó que, en caso de no haber operado la prescripción de la
acción disciplinaria, se ordene la suspensión del proceso disciplinario adelantado
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contra el demandante, así como la cancelación de los antecedentes disciplinarios
en su contra, hasta que la Fiscalía General de la Nación descubra los elementos
materiales probatorios que fundamentan los cargos disciplinarios, los cuales
deberán ser objeto de valoración en el proceso administrativo que adelanta la
demandada.
Que se ordene a la demandada que modifique, en lo pertinente, todas sus bases de
datos, cancelando los antecedentes disciplinarios que actualmente registra el
demandante, con ocasión de la sanción anulada.
Que se condene al pago de los perjuicios morales padecidos por el demandante,
con ocasión de los efectos de los actos acusados, en el monto que objetivamente
se determine, el cual sería hasta el equivalente de uno a mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el demandante fue elegido para desempeñar el cargo de contralor general del
distrito de Barranquilla, para el período 2008-2011.
Que, a principios de 2009, se difundió una información por parte de los medios de
comunicación local, en la que se puso de manifiesto que la Dirección Seccional de
la Fiscalía había interceptado varias conversaciones telefónicas entre funcionarios
de la E.S.E. Redehospital de Barranquilla y la Contraloría Distrital.
Que, frente al demandante, se indicó que se presentaron llamadas telefónicas en
las que se constataban presuntos actos de corrupción por parte de este,
relacionadas con la solicitud al gerente de la entidad hospitalaria, de archivar una
actuación sancionatoria.
Que el 6 de febrero de 2009, la procuraduría regional del Atlántico ordenó abrir
investigación preliminar contra el demandante, con fundamento en las publicaciones
de prensa del periódico El Heraldo.
Que, por auto del 5 de febrero de 2010, el procurador general de la Nación asignó
a su despacho las diligencias adelantadas por la procuraduría regional del Atlántico,
determinando la práctica de una visita especial a la Fiscalía 29 Seccional de la
Unidad de Delitos contra la Administración Pública a fin de obtener, como prueba
trasladada, los elementos materiales probatorios necesarios para la indagación
disciplinaria.
Que el 9 de marzo de 2010, un funcionario de la procuraduría regional del Atlántico
se dirigió a dicha entidad y practicó visita especial en la que se fotocopiaron
documentos relacionados con el proceso radicado No. 08001-60-01055-2008-
01628, el cual se adelantó contra miembros del Concejo Distrital de Barranquilla y
de la E.S.E. Redehospital.
Que la investigación penal que se adelantó contra funcionarios de la Contraloría
Distrital estaba cursando en la Fiscalía 60 Seccional de la misma Unidad bajo el
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radicado No. 08001-60-01055-2008-03977, en virtud de la compulsa de copias que
había ordenado la Fiscalía 29.
Que con base en ello y sin acto que decretara la prueba o la comisionara, el asesor
de la procuraduría regional del Atlántico, 3 días después, decidió practicar una visita
especial en la Fiscalía 60.
Que la visita a la Fiscalía 60 se había ordenado por la procuraduría regional del
Atlántico en el auto de apertura de indagación preliminar y que los documentos allí
fotocopiados se allegaron al proceso disciplinario como prueba trasladada.
Que el 23 de abril de 2010, la asesora del despacho del procurador general de la
Nación realizó visita especial a la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Delitos contra
la Administración Pública, a la que se reasignaron las indagaciones penales con
radicados No. 2008-01628 y 2008-03977, con el fin de obtener los CD contentivos
de las conversaciones interceptadas, pero que ello no fue posible porque el fiscal
se opuso.
Que el 9 de junio de 2010, se formularon cargos contra el demandante porque, al
parecer, había ejercido influencia para vincular contractualmente a las señoras
Maribel Caguana Donado, como instrumentadora quirúrgica, y a Lina Patricia
Charris Ariza, como auditora médica de cuentas; así como para privilegiar el pago
de honorarios de las anteriores profesionales y obtener una cita del subgerente
administrativo de la E.S.E. Redehospital de Barranquilla, con el fin de que atendiera
al señor Jorge de La Hoz, allegado del demandante, quien solicitaba su vinculación
como administrador de empresas a dicha entidad.
Que la investigación disciplinaria concluyó con la sanción que hoy se demanda.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indican como normas violadas las siguientes:
El preámbulo y los artículos 1°, 2°, 6°, 29, 40, 121, 124, 125 y 209 de la Constitución
Política.
Los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13, 14, 20, 21, 23, 28-6, 29-2, 30, 34-2, 35-3, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 50, 51, 66, 4, 107, 113, 128-2, 129, 130, 132, 135, 138, 140, 142,
143, 163, 170-4 y afines de la Ley 734 de 2002.
Los artículos 1°, 3°, 9°-11, 68, 77, 79, 87-2, 86, |03, 104, 138, 162, 164-2.d, 166,
179 y demás de la Ley 1437 de 2011. Así como el artículo 51 de la Ley 1474 de
2011.
Los artículos 114-4, 138-4, 146-2, 155-2, 204, 205, 207, 209, 210, 212, 213, 215,
216, 221, 235, 237, 238, 249-2, 251, 275, 287, 288, 337-5, 344, 345, 359, 399 y 406
de la Ley 906 de 2004. Y los artículos 316 y 319 de la Ley 600 del 2000.
Que los actos acusados deben declararse nulos parcialmente porque violaron los
derechos de audiencia, defensa y contradicción del demandante; y porque fueron
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expedidos con falsa motivación y desviación de poder.
Que hay ilegalidad sustancial en los fundamentos probatorios del auto de cargos y
del fallo sancionatorio, toda vez que se partió de la premisa errada de considerar
que los informes de investigador de campo y ejecutivo eran elementos materiales
probatorios, trasladados legalmente del proceso penal.
Que mal podría dársele mérito de prueba trasladada a los informes de investigador
de campo y ejecutivo que sustentaron los cargos disciplinarios contra el
demandante, porque los mismos están desprovistos de cualquier valor, al tratarse
de actos de investigación y no de pruebas propiamente.
Que, para los fines del proceso disciplinario, solo podían trasladarse y someterse a
contradicción de las partes, las copias de los audios donde la policía judicial del DAS
recolectó las grabaciones de las presuntas conversaciones telefónicas y la
transcripción realizada por el investigador de laboratorio, más no los informes de
investigación rendidos, porque hacen parte del trabajo preparatorio e investigativo
de la Fiscalía y, por ende, no constituyen pruebas.
Que los actos acusados deben declararse nulos al haberse obtenido las pruebas
sin el cumplimiento del debido proceso consagrado en el artículo 51 de la Ley 1474
de 2011.
ACTUACIONES PROCESALES
La demanda fue admitida el 21 de abril de 2014, se notificó a la entidad demandada
quien se opuso a las pretensiones y se limitó a indicar que los actos acusados fueron
proferidos salvaguardando la obligación que, como órgano de control de la función
pública, le asistía en la protección y guarda de los derechos fundamentales.
Propuso como excepciones las de inepta demanda por indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad, en relación con la pretensión de reconocimiento de los
perjuicios morales; e indebido agotamiento de la vía gubernativa, respecto al
segundo cargo subsidiario de la demanda.
El 5 de diciembre de 2014, el demandante presentó solicitud de suspensión
provisional de los actos acusados, la cual se negó por improcedente en auto del 27
de junio de 2016 1.
En febrero de 2019, el demandante solicitó medida cautelar de suspensión
provisional con fundamento en un hecho sobreviniente 2, y esta fue negada
nuevamente mediante auto del 16 de diciembre de 2020 3.
Por auto del 20 de agosto de 2021 4, se decidió impartirle al caso el trámite de
sentencia anticipada, por lo que se fijó el litigio y se incorporaron las pruebas
1
Folios 296-302.
2
El hecho sobreviniente se sustentó en el archivo de la investigación que realizó la Fiscalía General
de la Nación en contra del acá demandante.
3
Índice 58 de SAMAI.
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Índice 64 de SAMAI.
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documentales que se allegaron con la demanda y su contestación.
Además, se determinó que los medios exceptivos de indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad, y la de indebido agotamiento de la vía gubernativa no
son excepciones previas de las expresamente consagradas en el artículo 100 del
Código General del Proceso, por lo que se resolverían en el fallo que se emitiera en
el asunto de la referencia.
Por auto del 25 de noviembre de 2021 5, se dio traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para presentar concepto.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante 6 alegó de conclusión ratificando los argumentos expuestos
en el acápite de concepto de violación que presentó en la demanda.
La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.
El Ministerio Público 7 rindió concepto extemporáneamente.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
Comenzará la Sala por resolver las excepciones propuestas y la solicitud realizada
por el actor en torno a la aplicación por favorabilidad del artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Resolución de los medios exceptivos
La Procuraduría General de la Nación propuso como excepciones las de inepta
demanda por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad en relación con
la pretensión de reconocimiento de los perjuicios morales; e indebido agotamiento
de la vía gubernativa, respecto de la suspensión del proceso disciplinario y la
cancelación de los antecedentes disciplinarios hasta que la Fiscalía General de la
Nación descubra los elementos materiales probatorios que fundamentan los cargos.
Sobre la primera excepción, la entidad demandada expuso que, al presentarse la
demanda, el actor manifestó no haber agotado la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad dado que no había pretensiones de carácter económico;
sin embargo, que la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales que se
incluyó en la demanda sí tiene ese carácter.
Al respecto, se destaca que el artículo 2° del Decreto 1716 de 2009, compilado en
el artículo 2.2.4.3.1.1.2. del Decreto 1069 de 2015, dispone que en materia
5
Índice 71 de SAMAI.
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Índice 77 de SAMAI.
7
Índice 80 de SAMAI.
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contencioso administrativa son susceptibles de conciliación “[…] los conflictos de
carácter particular y contenido económico […]”.
Nótese que la norma alude a que son conciliables los asuntos económicos, es decir,
que si bien el requisito de procedibilidad deberá agotarse cuando haya de por medio
una serie de pretensiones a las que pueda calculársele o determinársele el valor,
debe tenerse en cuenta que toda pretensión de contenido económico, per se, tiene
contenido patrimonial, puesto que el patrimonio se trata del “[…] Conjunto de bienes
pertenecientes a una persona natural o jurídica, o a efectos a un fin, susceptibles
de estimación económica” 8.
Así, esta Corporación ha señalado que la categoría de perjuicio moral ─entendido
como aquel que violenta a la persona directa e indirectamente, reflejado en dolor,
aflicción y en general sentimientos de desesperación y congoja─ es una especie
dentro del género de perjuicios extrapatrimoniales 9, reconociéndose, entonces, a
título de indemnización y no de reparación. Así lo ha expresado la Sección Tercera
de esta Corporación:
“[…] Sea lo primero señalar que en relación con el perjuicio moral, ha
reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización que se
reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función
básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado y que los
medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden
demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al
dolor […].
[…]
Sobre el particular, resulta claro que la tasación de este perjuicio de carácter
extrapatrimonial, dada su especialidad, no puede ser sino de naturaleza
compensatoria, razón por la cual, corresponde al juzgador, con fundamento
en su prudente juicio, […], establecer el valor que corresponda, para cuyo
propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y
sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el
proceso”10.
En consecuencia, esta Sala de subsección considera que la excepción no está
llamada a prosperar porque aun cuando el ejercicio de reconocimiento de los
perjuicios morales implique su determinación en un monto monetario, jurídicamente,
su causa u origen no proviene de un bien económico que haya salido ─daño
emergente─ o de un bien económico que no haya ingresado ─lucro cesante─, al
patrimonio de la víctima; por lo que no prospera la excepción propuesta.
Respecto a la segunda excepción ─indebido agotamiento de la vía gubernativa,
respecto al segundo cargo subsidiario de la demanda─, la Procuraduría General de
la Nación expuso que en la demanda se manifestó que se había configurado la
prescripción de la acción disciplinaria y que dicha inconformidad no fue planteada
por el actor dentro del recurso de reposición impetrado contra el fallo de única
instancia.
8
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. https://dle.rae.es/patrimonio?m=form
9
Actualmente, la jurisdicción contencioso administrativa, a partir de las sentencias de unificación del
28 de agosto de 2014, reconoce como perjuicios extrapatrimoniales: el daño moral, el daño a la salud
y el daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos.
10
CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 10 de agosto de 2016.
Exp. 37.040. C.P. Hernán Andrade Rincón.
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Radicado: 11001-03-25000-2014-00034-00 (0086-2014)
A juicio de esta Sala de subsección, esta excepción tampoco está llamada a
prosperar porque el demandante no afirmó que el fenómeno de la prescripción
hubiese operado, sino que solicitó que en caso de que este no hubiese operado, se
ordene la suspensión del proceso disciplinario No. IUS-2009-42969.
Pronunciamiento sobre la solicitud de aplicación directa, por favorabilidad,
del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Estando el proceso para fallo, el 18 de septiembre de 2023 11, el actor radicó una
solicitud en la que indicó que el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos no solo se aplica a los servidores públicos de elección popular,
sino que de forma integral y en condiciones de igualdad cobija a todos los servidores
(empleados públicos o trabajadores oficiales) que hubieren accedido a la función
pública.
A juicio de esta Sala de subsección, deben diferenciarse las interpretaciones del
artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ha realizado
la Corte Interamericana, a saber:
i) La interpretación tendiente a regular los derechos de la persona como titular del
proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos a través del voto o como
servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o
nombramiento para ocupar un cargo público.
Y ii) la interpretación tendiente a regular el acceso a las funciones públicas, la cual
se refiere a una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución
de las políticas estatales a través de funciones públicas 12.
Bajo esta interpretación, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo”) vs Venezuela, la Corte Interamericana determinó que
el artículo 23.1.c de la Convención:
“[…] no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino a hacerlo en
´condiciones generales de igualdad´. Esto quiere decir que el respeto y
garantía de este derecho se cumplen cuando ´los criterios y procedimientos
para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] razonables
y objetivos´ y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el
ejercicio de este derecho”13.
Por ende, teniendo en cuenta que el actor no era un servidor público elegido por
voto popular y que el artículo 23.1.c de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos se refiere a una garantía de protección en el acceso y permanencia a las
funciones públicas, no puede accederse a la solicitud de aplicación directa del
artículo 23.
11
Índice 99 de SAMAI.
12
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Reverón Trujillo vs Venezuela.
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf
13
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs Venezuela. Disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf
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Entonces, dilucidados los puntos anteriores, entrará la Sala de subsección a
estudiar el fondo del asunto, para lo cual deberá determinar si los actos
administrativos demandados incurrieron en vulneración al debido proceso, al
haberse incorporado como pruebas unos documentos que no lo eran, a partir de un
entendimiento erróneo del procedimiento de traslado de pruebas desde un proceso
judicial penal hacia un proceso disciplinario, o lo hizo de forma adecuada.
Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto del alcance del control
jurisdiccional de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez
de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como “intangibilidad relativa” de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias 14.
Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
se denominó como “intangibilidad relativa explícita y deferencia especial” 15.
Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
“control judicial integral” por cuanto “[…] la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales” 16, y se indicó además que:
14
CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P.
Diego Younes Moreno.
15
Véanse: CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo
de 2011. Exp. 2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y CONSEJO DE ESTADO. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia
Ramírez de Páez.
16
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto
de 2016. Exp. 1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-25000-2014-00034-00 (0086-2014)
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado
por la ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
Entonces, teniendo en cuenta que el examen de legalidad de la actividad
administrativa disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio
integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro
del marco planteado en la sentencia previamente comentada.
Resolución del caso concreto
Del cargo de nulidad por violación al debido proceso
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.
En lo que concierne a la resolución del caso que nos ocupa, se pone de presente
que la Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 2018 M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez determinó que, tanto de las providencias judiciales, como de los
actos administrativos, puede predicarse la vulneración sustancial del derecho al
debido proceso, la cual se materializa en los distintos defectos identificados por la
jurisprudencia constitucional, interesándonos, particularmente, la posible
materialización del defecto fáctico.
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Radicado: 11001-03-25000-2014-00034-00 (0086-2014)
Por defecto fáctico se ha entendido aquel que se estructura “[…] siempre que
existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias
probatorias del proceso” 17, las cuales pueden generarse como consecuencia:
i) De una omisión, que ocurre cuando se niega o valora la prueba de
manera arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de
práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido,
presentándose una insuficiencia probatoria;
ii) De una acción positiva, que se presenta cuando se aprecian pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución, o
por la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son
totalmente inconducentes al caso concreto.
iii) Del desconocimiento de las reglas de la sana crítica 18.
A continuación, se reseña la subcategoría que es de interés al caso que nos ocupa.
Defecto fáctico por indebida obtención de la prueba (dimensión positiva)
Esta dimensión se presenta cuando el operador jurídico aprecia como pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto aquellas que no debió admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce
la Constitución; o porque decidió conforme a elementos probatorios que, por
disposición de la ley, no conducen a demostrar el hecho sobre el cual se fundamenta
la decisión 19.
Para resolver si los actos demandados deben declararse nulos porque
presuntamente incurrieron en la dimensión positiva del defecto fáctico, la Sala de
subsección, metodológicamente, abordará primero el procedimiento del sistema
penal acusatorio desde la perspectiva del alcance, naturaleza y eventual validez de
los informes de investigador de campo y ejecutivo tomados por fuera del juicio; y
segundo, el régimen probatorio disciplinario establecido en la Ley 734 de 2002.
Para la época en la que ocurrieron los hechos objeto de investigación 20 por parte de
la Procuraduría General de la Nación, la Ley 906 de 2004 ya se encontraba vigente
y, dicha norma, acogió como esquema del proceso penal las etapas de indagación,
investigación, imputación, acusación, preparación del juicio y juzgamiento.
La etapa de indagación comienza cuando por razón del conocimiento de la probable
comisión de una conducta delictiva, la policía judicial inicia los llamados “actos de
17
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-419 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
19
Véanse: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-274 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez;
Sentencia T-535 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos; Sentencia SU-062 de 2018. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
20
Los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria se conocieron en enero de 2009, a
partir de una nota periodística que realizó el periódico El Heraldo.
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indagación e investigación”, que de acuerdo con el artículo 205 de la legislación
procesal penal corresponden al desarrollo de actos urgentes, tales como:
inspección en el lugar de los hechos; inspección del cadáver; entrevistas;
interrogatorios; e identificación, recolección y embalaje de los elementos materiales
probatorios y evidencia física.
El artículo 205 indica, además, que sobre “[…] esos actos urgentes y sus resultados
la policía judicial deberá presentar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes,
un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección,
coordinación y control de la investigación” [negrillas de la Sala].
Cuando el fiscal tiene conocimiento del resultado de esas labores de policía judicial,
asume las riendas de la indagación y, de acuerdo con el artículo 207, dispondrá, si
fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y elaborará un programa
metodológico con los requisitos que la misma norma le señala, indicando,
adicionalmente, que los “[…] actos de investigación de campo y de estudio y
análisis de laboratorio serán ejercidos directamente por la policía judicial” [negrillas
de la Sala].
Una vez recolectada la información y los elementos materiales de prueba de los
cuales se pueda inferir razonablemente que una persona es la autora o partícipe del
delito por el que se indaga, viene la formulación de la imputación, entendida como
el “[…] acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una
persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de
control de garantías”.
Es, a partir de este momento, que se da inicio en estricto sentido a la etapa de la
investigación, la cual se desarrolla en el espacio de tiempo comprendido entre la
audiencia de formulación de la imputación y la audiencia de formulación de la
acusación. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia indicó:
“[…] Se advierte que durante estas etapas de indagación e investigación,
la Fiscalía con la ayuda de la Policía Judicial y el imputado con la ayuda de
su defensor, simplemente recogen elementos materiales probatorios cuya
potencialidad probatoria para una sentencia (condenatoria o absolutoria)
dependerá de su debida presentación y debate ante el juez de conocimiento,
por medio de un órgano de prueba que puede ser el testigo o perito” 21.
Luego viene la presentación de la acusación, la cual deberá realizarse ante el juez
competente para adelantar el juicio, cuando de los elementos materiales
probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar,
con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es
su autor o partícipe.
Entre los requisitos formales de este acto, el artículo 337 de la legislación procesal
penal señala que el escrito de acusación debe contener el descubrimiento de las
pruebas, para lo cual la Fiscalía debe presentar un documento anexo en el que:
especifique los hechos que no requieren prueba; transcriba las pruebas anticipadas
que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en
21
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 de noviembre de
2006. Exp. 25.738. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.
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el mismo; indique los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse,
junto con los respectivos testigos de acreditación; entre otros.
Concluida la audiencia de formulación de acusación, el juez fijará fecha para la
celebración de la audiencia preparatoria en la que la defensa descubre sus
elementos probatorios, se enuncian las pruebas a hacer valer en el juicio, las partes
se manifiestan sobre las estipulaciones probatorias a que haya lugar, se exhiben los
elementos probatorios, se solicitan las pruebas y el juez decide sobre su admisión
y el orden de presentación de estas.
Finalmente, es en la etapa de juicio donde se practican las pruebas con sujeción a
los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración,
pues:
“[…] aunque el legislador ha contemplado múltiples etapas en la averiguación
de la verdad, éstas, en toda su dimensión, se concentran en el juicio. Ello
porque los resultados de la actividad investigativa de la Fiscalía y la
defensa en las fases anteriores al mismo no tienen el carácter de
“prueba” en sentido estricto, naturaleza que sólo se adquiere cuando
los elementos de conocimiento son aducidos en el debate público, con
total respeto de los principios arriba enunciados.
Por lo tanto, a diferencia del sistema procesal preexistente, la etapa del juicio
en el nuevo procedimiento se constituye en el centro de gravedad del
proceso penal. […]. En el nuevo régimen, la construcción probatoria cambia
de escenario, se abandona el principio de permanencia y en su lugar se
activan con rigor los de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y
concentración. En este contexto, prueba es la que se practica en el juicio
oral ante el juez de conocimiento, y sólo ella puede suministrar el
fundamento de la sentencia sea absolutoria o condenatoria.
De tal forma que los elementos materiales probatorios y las evidencias
físicas recaudadas en las anteriores etapas del proceso -indagación e
investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas de
aseguramiento o medidas cautelares, o para restringir otros derechos
fundamentales, no tienen efecto por sí mismos en el juzgamiento, es
decir, no sirven para fundamentar una sentencia, pues ésta, se reitera,
ha de estar soportada en las pruebas aducidas durante el juicio oral, de
acuerdo con el principio de inmediación inserto en el artículo 379 del
Código de Procedimiento Penal de 2004”22 [cursivas originales, negrillas
de la Sala].
Ahora bien, originariamente, el artículo 135 de la Ley 734 de 2002 disponía que “[…]
las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa,
dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante
copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las
reglas previstas en este código” [negrillas de la Sala]. Luego, con la reforma que
introdujo la Ley 1474 de 2011, se estableció que:
“[…] También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o
evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto
con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun
cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la
audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas.
Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser
22
Ibid.
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sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario” [negrillas de la
Sala].
Para mayor comprensión de lo que la Sala pretende ilustrar, se tiene que:
• La investigación disciplinaria del demandante comenzó por hechos
conocidos en enero de 2009 23.
• Para dicha época, estaban vigentes las Leyes 734 de 2002 en materia
disciplinaria y 906 de 2004 en materia penal.
• El fallo disciplinario de única instancia se profirió el 23 de agosto de 2012 y
el fallo que resolvió el recurso de reposición contra este, se profirió el 6 de
junio de 2013.
Así las cosas, recuérdese que los documentos que hacen parte de todo el debate
que hoy nos ocupa se conforman del Informe Ejecutivo -FPJ-3- No. 414054-22 del
30 de diciembre de 2008 y el Informe de Investigador de Campo -FPJ-11- No.
414054-8 del 2 de octubre de 2008, los cuales se “trasladaron” de la investigación
penal a la disciplinaria en marzo de 2009 y que hacían parte de la etapa de
indagación del proceso penal; que esta fue recaudada cuando se practicó visita
especial a las Fiscalías 29 y 60 de la Unidad de Delitos contra la Administración
Pública y fue lo único que sirvió de sustento a la entidad para encontrar probada la
conducta.
El argumento de la entidad para valorar estos informes a pesar de que la actora
había solicitado la exclusión de los mismos fue que, pese a que no habían sido
controvertidos dentro de la actuación penal, los mismos habían estado a disposición
de los sujetos procesales desde la etapa de indagación preliminar 24.
Téngase presente que aun cuando en el devenir del caso concurrieron dos
legislaciones probatorias en materia disciplinaria ─la Ley 734 de 2002 y la
modificación introducida a esta por la Ley 1474 de 2011─, teniendo presente que la
Ley 906 de 2004 ya estaba vigente, para la resolución de este caso se exigía que
la prueba trasladada se hubiera practicado válidamente en actuación judicial o que
se hubiese descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso
penal.
Para la Sala, de conformidad con la normativa analizada con anterioridad, estos
informes no constituían prueba en sí mismos porque, como ya se vio, se practicaron
fuera del juicio al haberse recolectado en la etapa de indagación, por lo que no
podían introducirse al proceso disciplinario como “prueba trasladada”, en la medida
que no fueron decretados, practicados ni controvertidos en sede penal, ya que
ambas investigaciones ni siquiera llegaron a la etapa de juicio toda vez que, en
virtud del artículo 79 de la Ley 906 de 2004, el caso con noticia criminal No. 08001-
60-01055-2008-01628 fue archivado por conducta atípica y el caso con noticia
criminal No. 08001-60-01055-2008-03977 fue archivado por inexistencia del hecho.
23
Véase el folio 1, del Cuaderno Principal 1, del expediente disciplinario.
24
Véase la página 37 del fallo disciplinario de única instancia.
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Pese a que es clara la independencia del proceso disciplinario con el penal, no debe
obviarse que comparten, entre otros aspectos, la garantía del principio de legalidad
en integración con el del debido proceso, por lo que no debe perderse de vista que
hubo una aplicación indebida del régimen probatorio consagrado en la Ley 734 de
2002, el cual debe interpretarse, armónicamente, con lo dispuesto en la legislación
procesal penal pues, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, ello
otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; constituye
una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; protege la libertad
individual; controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y asegura la igualdad de
todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado 25.
Entonces, los actos administrativos demandados sí incurrieron en vulneración al
debido proceso al configurarse la dimensión positiva del defecto fáctico dado
que, indebidamente, incorporaron como pruebas y única fuente de motivación,
documentos que no revestían dicha calidad y, con base en ellos, el operador
disciplinario dio por probada la comisión de la falta disciplinaria sin contar con otro
soporte probatorio dentro del proceso.
Entonces, estando claro que el operador disciplinario incorporó y valoró como
prueba un documento que no lo era, la Sala de subsección declarará la nulidad del
artículo primero del fallo de única instancia del 23 de agosto de 2012, y del artículo
segundo del fallo del 6 de junio de 2013, por medio del cual se confirmó la anterior
decisión, al encontrar probado el cargo de nulidad, porque se presentó una indebida
recaudación de elementos que tan solo tenían vocación probatoria.
Del restablecimiento del derecho
El actor solicitó que se ordene a la Procuraduría General de la Nación que proceda
con el archivo definitivo del proceso disciplinario No. IUS-2009-42969 y, subsidiario
a ello, solicitó que, en caso de no haber operado la prescripción de la acción
disciplinaria, se ordene la suspensión del proceso, así como la cancelación de los
antecedentes disciplinarios en su contra, hasta que la Fiscalía General de la Nación
descubra los elementos materiales probatorios que fundamentan los cargos
disciplinarios, los cuales deberán ser objeto de valoración en el proceso
administrativo que adelanta la demandada.
Teniendo en cuenta que el proceso disciplinario terminó con el fallo de única
instancia, las pretensiones de archivo o suspensión de este no son procedentes
porque la actuación administrativa ya culminó, tal como se dijo con anterioridad, y
los procesos penales fueron archivados.
Respecto a la pretensión de reconocimiento de los perjuicios morales padecidos por
el actor, se evidencia que de las pruebas allegadas al plenario no se logró acreditar
objetivamente la aflicción, el dolor o padecimiento sufrido por este con motivo de la
destitución e inhabilidad general por el término de 12 años para el ejercicio de
funciones públicas.
25
Véanse: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-653 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; y CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-124 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería.
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El esfuerzo probatorio del demandante se orientó a demostrar asuntos relativos al
proceso disciplinario y las faltas que en este se endilgaron, pero, en momento
alguno, aportó pruebas o requirió su práctica en torno a los presuntos perjuicios
cuyo reconocimiento pretendía. En ese sentido, la Sala concluye que, si bien es
cierto que la destitución e inhabilidad general constituyeron una restricción de sus
derechos, no podría decirse que toda decisión disciplinaria conlleva la
materialización de perjuicios morales.
Para que procediera el reconocimiento de estos, era indispensable que el actor los
demostrara, pues se trata de una carga probatoria al tenor de lo establecido en el
artículo 167 del Código General del Proceso.
En todo caso, como restablecimiento automático del derecho, se le ordenará a la
Procuraduría General de la Nación que elimine el registro de la sanción impuesta al
demandante de sus bases de datos, al quedar desvirtuada su presunción de
legalidad.
Finalmente, se reconocerá personería al abogado Kevin José Torrenegra
Hernández con T.P No. 271.299 del Consejo Superior de la Judicatura, para que
represente los intereses del demandante en este asunto; así como al abogado Jorge
Humberto Serna Botero con tarjeta profesional No. 72.555 del Consejo Superior de
la Judicatura, para que represente los intereses de la demandada.
De la condena en costas
Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe; no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberán analizar las
conductas realizadas por la parte vencida en el proceso, entre ellas, si se presentó
o no carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que en el plenario
no se presenta una carencia de fundamentación que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, en sus escritos, la parte vencida manifestó argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses y, en consecuencia, no se impondrá
condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de inepta demanda por
indebido agotamiento del requisito de procedibilidad e indebido agotamiento de la
vía gubernativa.
Segundo. DECLARAR la nulidad del artículo primero del fallo del 23 de agosto de
2012, y del artículo segundo del fallo del 6 de junio de 2013, por medio del cual se
confirmó la anterior decisión.
Tercero. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación la eliminación en las
bases de datos del registro de la sanción impuesta al demandante, al quedar
desvirtuada su presunción de legalidad.
Cuarto. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Quinto. Sin condena en costas.
Sexto. Reconocer personería al abogado Kevin José Torrenegra Hernández con
tarjeta profesional No. 271.299 del Consejo Superior de la Judicatura, para que
represente los intereses del demandante en este asunto; así como al abogado Jorge
Humberto Serna Botero con tarjeta profesional No. 72.555 del Consejo Superior de
la Judicatura, para que represente los intereses de la demandada.
Séptimo. Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso
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