Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00351-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2014-00351-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00351-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2014-00351-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa
Temas: Concurso de méritos
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Celso Jaime Erasso Ortega contra la Nación,
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el señor Celso Jaime Erasso Ortega, actuando en nombre propio, solicitó
declarar la nulidad del Acuerdo PSAA13-10037 del 7 de noviembre de 2013,
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, «[p]or medio del cual se
reglamenta la convocatoria a concurso de méritos para la conformación de
1
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
Registros de Elegibles para la provisión de cargos de carrera de empleados de las
Oficinas y Unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
El demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 29 y 125 de la
Constitución Política.
Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:2
i) El Acuerdo PSAA13-10037 del 7 de noviembre de 2013 omitió referirse a los
servidores que trabajaban en el Consejo Superior de la Judicatura para el
momento en que se convocaron a concurso algunos empleos de su planta de
personal.
ii) El proceso de selección demandado no respetó los perfiles de los cargos
establecidos en normas anteriores y que fueron el fundamento para vincular a los
empleados de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en adelante EJRLB, quienes
se encontraban laborando en la época en que el Acuerdo PSAA13-10037 de 2013
instituyó nuevos requisitos para desempeñar los empleos que venían ocupando.
iii) La anterior irregularidad vulneró los derechos al debido proceso y trabajo de los
aludidos servidores, pues no se les tuvieron en cuenta los conocimientos y
experiencia acumulados; por el contrario, sus cargos fueron ofertados a concurso
con el ánimo de renovar la planta de personal en detrimento de la formación
judicial que compete al mencionado organismo y cuyo objetivo es mejorar la
calidad del servicio público de administración de justicia.
2
En este acápite se resumirán algunos argumentos que el actor expuso en los hechos de la demanda.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
iv) El proceso de selección acusado desconoció la planta de personal vigente en la
EJRLB, pese a que no existía una norma previa que la modificara.
v) La decisión cuestionada les impidió a los mencionados empleados participar en
la convocatoria y les vulneró sus derechos adquiridos, ya que se les debían
respetar las «reglas de juego», es decir, los requisitos con base en los cuales
ingresaron al servicio y que cumplían a cabalidad.
1.2. Contestación de la demanda
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por intermedio de apoderada,
contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en los siguientes razonamientos: 3
i) El Acuerdo PSAA13-10036 de 2013 modificó los requisitos de los cargos de las
Unidades de la Sala Administrativa y de la Unidad de Infraestructura Física de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Esta disposición se presume legal y
no ha sido suspendida o anulada en sede judicial.
ii) El mencionado acto varió los perfiles de los cargos con el fin de profesionalizar
el personal, atender las necesidades del servicio, mejorar la calidad y
competitividad del sector justicia.
iii) La jurisprudencia ha expresado que el Consejo Superior de la Judicatura tiene
la facultad de adecuar y modificar los requisitos de los cargos adscritos a la Rama
Judicial cuando aquellos no hubieran sido regulados por la ley, así como
distribuirlos y fijar sus funciones. En el sub lite, dicha potestad se ejerció en
atención a las nuevas condiciones del mercado laboral y la falta de congruencia
entre los requisitos mínimos y las tareas asignadas a las distintas dependencias.4
3
Folios 76 a 86.
4
La demandada invocó las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 15 de mayo de 2008, radicado:
11001-03-25-000-2006-00135-00; ii) del 7 de diciembre de 2011, radicado: 11001-03-25-000-2006-00103-
00; y iii) del 19 de abril de 2012, radicado: 11001-03-25-000-2006-00130-00.
3
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
iv) La convocatoria enjuiciada se encaminó a reclutar los servidores más
capacitados para ocupar los cargos ofertados y se ajustó a los perfiles de empleo
previstos en el Acuerdo PSAA13-10036 de 2013, que los actualizó por cuanto no se
habían revisado desde el año 1998.
v) El concurso se diseñó con respeto al debido proceso, publicidad, transparencia,
igualdad de oportunidades y bajo parámetros objetivos que permitieran evaluar la
idoneidad y el mérito de los aspirantes.
vi) La adecuación de los perfiles no afectó la situación de las personas que venían
vinculadas en carrera, ya que el Acuerdo PSAA13-10036 de 2013 previó que los
nuevos requisitos para desempeñar los cargos solamente se exigirían a quienes
ingresaran con posterioridad a su expedición. Por su parte, los provisionales
podían aspirar a los empleos que se ajustaran a su experiencia y nivel de
estudios.
vii) Se propone la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, porque no se
explicó el concepto de violación.
1.3. Audiencia inicial
El 26 de noviembre de 2018, se celebró la audiencia inicial, en la cual se declaró
saneado el proceso y se adoptaron las siguientes decisiones relevantes:5
i) Negar la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que las
decisiones sobre el contenido del concepto de violación y su cotejo con las normas
citadas como infringidas es una labor propia del fallo que defina la controversia. La
parte accionada manifestó su conformidad con esta decisión.
ii) Fijar el litigio en el sentido de reiterar las pretensiones elevadas por el
demandante y los argumentos que las sustentan.
5
Folios 110 a 114.
4
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
iii) Tener como pruebas los documentos aportados por las partes y correrles
traslado para que presenten sus alegaciones por escrito.
1.4. Alegatos de conclusión
La entidad demandada guardó silencio.6 El actor reiteró los argumentos expuestos
en las respectivas etapas del proceso.7
1.5. El Ministerio Público
La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes razonamientos:8
i) El Consejo Superior de la Judicatura tiene la potestad reglamentaria para
determinar los requisitos de los empleos de la Rama Judicial en aras de promover
la eficiencia, calidad, profesionalismo y competitividad en la prestación del
servicio.
ii) La decisión acusada no modificó los perfiles de los empleos ofertados a
concurso; por el contrario, se limitó a replicar los establecidos en el Acuerdo
PSAA13-10036 de 2013, acto que es anterior al certamen enjuiciado y no fue
demandado en el presente asunto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
6
Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 125.
7
Folios 118 a 119.
8
Folios 120 a 124.
5
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
Consiste en determinar si el Acuerdo PSAA13-10037 del 7 de noviembre de 2013
vulneró los artículos 29 y 125 de la Constitución Política por incurrir en las
irregularidades alegadas por el demandante y que, en síntesis, atañen al presunto
desconocimiento de la planta de personal y los perfiles de los cargos establecidos
en normas anteriores; además, se endilgó la afectación de los empleados
vinculados a la EJRLB, por cuanto ingresaron con fundamento en otros requisitos,
es decir, que la convocatoria conducía a desaprovechar sus conocimientos y
experiencia, impedirles la inscripción al certamen y atentar contra la formación
judicial a cargo de dicho organismo.
2.2. Contenido de la norma acusada
Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón
a su extensión y a que el actor no demandó aspectos específicos de su contenido.
Por lo anterior, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub lite, cuyo tenor
literal es el siguiente:
ACUERDO NO. PSAA13-10037
(Noviembre 7 de 2013)
“Por medio del cual se reglamenta la convocatoria a concurso de méritos para la
conformación de Registros de Elegibles para la provisión de cargos de carrera de
empleados de las Oficinas y Unidades de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura y de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial”
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por
los artículos 162, 163, 164 y 168 de la Ley 270 de 1996 y, de conformidad con lo
dispuesto en la sesión de Sala Administrativa del 6 de Noviembre de 2013,
ACUERDA
ARTÍCULO 1°.- Convocar a todos los interesados para que se inscriban en el
concurso de méritos destinado a la conformación del Registro de Elegibles para los
cargos de Empleados de Carrera de las Oficinas y Unidades de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad de
Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con base
en el cual esta Sala elaborará las correspondientes Listas de Elegibles para la
6
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
provisión de los mismos.
ARTÍCULO 2.- El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria
y reguladora de este proceso de selección, y por consiguiente es de forzoso
cumplimiento tanto para los participantes como para la administración, quienes
estarán sujetos a las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo.
[…]
2.3. Marco normativo
El artículo 256 de la Constitución Política, derogado parcialmente por el artículo
17 del Acto Legislativo 2 de 2015, dispuso que al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde administrar la carrera judicial.
A su vez, el artículo 257 ibidem precisó que dicha corporación debía dictar los
reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de
justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los
distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se
adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el
legislador.
En desarrollo de los anteriores mandatos, el artículo 85 de la Ley 270 de 1996
asignó múltiples competencias a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, de las cuales se destacan las siguientes:
✓ Determinar la estructura y las plantas de personal de las corporaciones y
juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos
en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para
su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.
✓ Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones
internas asignadas a los distintos cargos.
✓ Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y
la Ley 270 de 1996.
7
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
✓ Reglamentar la carrera judicial.
✓ Elaborar y desarrollar el plan de formación, capacitación, y adiestramiento
de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
A partir del citado marco normativo, la Corte Constitucional ha indicado que la
facultad del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar la carrera judicial,
atañe a la denominada «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales» y
se concreta en la expedición de las normas de carácter general que sean
necesarias para desarrollar el sentido de la Ley 270 de 1996 y hacerla ejecutable.9
Al respecto, se ha sostenido lo siguiente:10
Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad
reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la
facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla
ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la
potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales
asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las
atribuciones propias del legislador”11.
7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden
ser otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y
humanos de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de
reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial,
siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador,
en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su
actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama
judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones
laborales más propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo.
De acuerdo con lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura tiene una función
de alta relevancia para el cumplimiento de los fines estatales, pues debe dictar los
reglamentos necesarios para disponer de los recursos humanos y físicos
9
Sentencias C-917 de 2002 y SU-553 de 2015.
10
Sentencia SU-539 de 2012.
11
Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de ley
número 58 de 1994 (Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración
de Justicia.
8
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
necesarios para que el servicio de la administración de justicia se preste bajo altos
estándares de eficiencia, moralidad, corrección e idoneidad en aras de cumplir la
misión institucional que se ha asignado a la Rama Judicial, esto es, «hacer
efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas,
con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia
nacional».12
En similar sentido, esta corporación ha expresado que el Consejo Superior de la
Judicatura tiene la potestad de «regular13, reglamentar y administrar la carrera
judicial, en virtud de lo cual, tiene competencia para dictar autónomamente, y de
manera excepcional y exclusiva, las regulaciones y los reglamentos necesarios
para el eficaz funcionamiento de la Administración Judicial, en los aspectos no
previstos por el legislador».14
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
El demandante afirmó que el Acuerdo PSAA13-10037 de 2013 desconoció la planta
de personal y los perfiles de los cargos establecidos en normas anteriores,
situación que afectó la situación de los empleados vinculados a la EJRLB y la
prestación del servicio a cargo de ese organismo.
En orden a desatar los motivos de inconformidad del interesado, es preciso
resaltar que esta Subsección, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2021,15
estudió el acto ahora enjuiciado, así como los Acuerdos PSAA13-10035 y PSAA13-
10036, que le precedieron.
12
Artículo 1 de la Ley 270 de 1996.
13
Esta competencia, facultad o potestad reguladora de carácter administrativo, que para el caso del Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, se encuentra establecida tanto en la Constitución como en la
Ley 270 de 1996, ha sido descrita por el profesor y tratadista Jorge Enrique Ibáñez Najar, como expresión del
fenómeno que el denomina “deslegalización”, según el cual, en nuestro ordenamiento jurídico es
constitucional y legalmente posible, que además del legislador que detenta la cláusula general de
competencia de regulación normativa, una autoridad administrativa ejerza funciones de regulación respecto
de una materia determinada.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de marzo de 2016, radicado:
110010325000201500010600 (0238-2015).
15
Radicado: 11001032500020170008900 (0410-2017) Principal [11001032500020170027400 (1320-2017)
Acumulado, 11001032500020170015200 (0931-2017) Acumulado].
9
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
Dicho pronunciamiento evidencia semejanzas entre los cargos que el actor
enrostra al acto demandado con los analizados frente al Acuerdo PSAA13-10035.
Al respecto, se aclara que en el sub lite no sería procedente declarar de oficio la
excepción de cosa juzgada, pues, a pesar de la anotada similitud, los vicios de
nulidad se dirigieron a atacar actos distintos.
En efecto, en esa ocasión los demandantes sostuvieron que el Acuerdo PSAA13-
10035 modificó irregularmente la planta de personal y los perfiles de los cargos en
detrimento de los servidores vinculados a la entidad demandada, mientras que en
el presente se afirma que ello se produjo con el Acuerdo PSAA13-10037.
Ahora bien, el antecedente judicial antes referido contiene importantes elementos
de juicio para efectos de abordar la presente controversia y, de manera especial,
ilustra el contexto en que se profirió la disposición cuestionada en este proceso.
En tal sentido, se observa que el Acuerdo PSAA13-10035 de 2013 adecuó algunos
cargos de las oficinas y unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura y determinó lo siguiente frente al personal que venía vinculado:
i) La provisión de los cargos de profesional y técnico de las oficinas y
unidades de la Sala Administrativa se realizará con los actuales ocupantes de
los cargos, sin solución de continuidad y manteniendo los derechos de carrera.
ii) Las personas que se encontraban laborando en los diferentes cargos de
empleados a los cuales se les cambió la denominación en las unidades y
oficinas de las Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no se
les exigirían los requisitos establecidos en el Acuerdo PSAA13-10035 de 2013, ni
sería necesaria una nueva posesión.
Los demandantes dentro del proceso mencionado anteriormente indicaron que el
Acuerdo PSAA13-10035 de 2013 implicó que los empleados nombrados en
propiedad en los cargos a los que se les cambiaron los perfiles quedaran
10
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
inhabilitados para inscribirse en la convocatoria a concurso público efectuada en el
Acuerdo PSAA13-10037 de 2013, en consideración a que ya no cumplían con los
requisitos exigidos para el desempeño de esos empleos; sin embargo, esta
corporación desestimó dichos argumentos por las siguientes razones:16
89. El argumento no tiene vocación de prosperidad pues la adecuación en la
denominación de cargos que ordenó el referido acuerdo no afectó en modo alguno
la titularidad de los derechos de carrera respecto de quienes, a la fecha de su
expedición, venían ocupando aquellas plazas en propiedad ni supuso la exigencia
de requisitos adicionales. Por ese motivo, no es posible afirmar, como parece
sugerir el demandante, que, a raíz de aquel acto, esos cargos quedaron vacantes
para ser ofertados en el concurso que convocó el Acuerdo PSAA13-1037 de 2013.
[…].
91. Visto lo anterior, queda claro que, a quienes tenían nombramientos en
propiedad se les respetó por completo el derecho al cargo, de manera que su
empleo no quedó sometido a provisión mediante el concurso público de méritos ni a
la acreditación de requisito alguno.
92. Ahora, es posible que la acusación del demandante se dirija a cuestionar
que, en la práctica, los cambios que introdujo el Acuerdo impidieron que algunos
empleados concursaran por un cargo distinto al que ya ocupaban respecto del cual,
antes de la expedición del acto, llenaban los requisitos. En tal caso, no habría nada
que reprochar porque la confianza que puedan tener los administrados para que se
mantengan los requisitos de acceso a un empleo sobre el que no tienen derechos
de carrera no será más que una expectativa sin la entidad suficiente para restarle
relevancia a las razones del buen servicio por las que se presume que se adoptan
los cambios en la estructura o en la planta de personal de una entidad pública. En
tales condiciones, no sería factible hablar de una expectativa legítima merecedora
de algún tipo de protección.
De acuerdo con el anterior lineamiento, se observa que en realidad fue el Acuerdo
PSAA13-10035 de 2013 el que modificó la planta de personal al interior de las
oficinas y unidades del Consejo Superior de la Judicatura y, por lo tanto, no le
asiste razón al actor dentro del sub lite en tanto sugirió que ello ocurrió con la
expedición del Acuerdo PSAA13-10037 de 2013; por el contrario, esta disposición
se ajustó a la estructura organizacional fijada en la Acuerdo PSAA13-10035, así
como a los requisitos de estudio y experiencia que estableció el Acuerdo PSAA13-
10036 de 2013 para desempeñar dichas plazas.
16
Radicado: 11001032500020170008900 (0410-2017) Principal [11001032500020170027400 (1320-2017)
Acumulado, 11001032500020170015200 (0931-2017) Acumulado].
11
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
En efecto, el Acuerdo PSAA13-10036 de 2013 modificó los Acuerdos 22 y 97 de
1994, 025 de 1997, 250 y 346 de 1998, respecto de los requisitos mínimos y
niveles ocupacionales de los cargos de las unidades y oficinas de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera, se
definieron los presupuestos de estudio y experiencia que debían acreditarse en los
diferentes empleos para los niveles profesional, técnico, auxiliar y operativo.
Además, se dispuso que estos nuevos requerimientos se exigirán a quienes
ingresaran al servicio con posterioridad a la expedición del aludido acuerdo.
En relación con el Acuerdo PSAA13-10036 de 2013, en la sentencia del 9 de
septiembre de 2021, se efectuaron las siguientes precisiones:
i) La norma no tenía por objeto incluir ni modificar otro tipo de requisitos
especiales como lo serían el área de conocimiento a acreditar, pues «la
definición de los requisitos especiales desbordaba el objeto para el que se
expidió el acuerdo en cuestión».
ii) El Acuerdo PSAA13-10037 de 2013 determinó los requisitos académicos
específicos según el área de conocimiento, la denominación, el grado del cargo
y la unidad a la que se encuentra adscrito.
A partir de lo anterior, la Sala concluye que el acto demandado no se encuentra
viciado de nulidad en los términos alegados por el accionante, con fundamento en
los razonamientos que a continuación se enlistan:
i) El Acuerdo PSAA13-10037 de 2013 estuvo precedido de los Acuerdos PSAA13-
10035 y PSAA13-10036 de 2013, que adecuaron los cargos de las oficinas y
unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y
redefinieron sus perfiles; por lo tanto, estas normas impactaban necesariamente
el diseño del concurso de méritos convocado en el acto acusado.
ii) El Acuerdo PSAA13-10037 de 2013 respetó la planta de personal vigente y los
requisitos mínimos establecidos para el desempeño de los cargos, cosa distinta
12
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
es que se hubieran concretado las áreas del conocimiento que debían acreditar
los aspirantes en atención a las dependencias a las que serían asignados, pero
este aspecto en particular no fue objetado por el demandante y en la sentencia
del 9 de septiembre de 2021 tampoco se reprochó dicha situación e inclusive se
explicó que los requisitos especiales no podían establecerse en el Acuerdo
PSAA13-10036 de 2013, es decir, que en ese aspecto tampoco existiría
contradicción entre la convocatoria y la normativa expedida con anterioridad.
iii) Conforme se explicó en la providencia en comento, el criterio de especialidad
para acceder a los empleos de la Rama Judicial goza de protección legal, en los
siguientes términos:17
68. Otra característica relevante para lo que es objeto de esta litis se encuentra
consignada en el artículo 163 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de
acuerdo con el cual los procesos de selección para ejercer cargos de carrera en la
Rama Judicial tienen carácter permanente, abierto y público. Esta norma consagra
el denominado criterio de especialidad, al señalar que la permanencia del concurso
tiene como propósito «[…] garantizar en todo momento disponibilidad para la
provisión de las vacantes que se presenten en cualquier especialidad y nivel dentro
de la Rama Judicial […]»18. El artículo 165 de la misma norma también hace
referencia a dicho principio al señalar que el registro de elegibles debe realizarse
teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos.
69. Sobre las particularidades del concurso público de méritos para ejercer
cargos de carrera judicial y la forma en que se manifiesta el principio de
especialidad en tales procesos de selección, en sentencia C-532 de 2013, la Corte
Constitucional sostuvo que:
[…] el legislador puede consagrar reglas especiales y particulares que rijan la
elección de los funcionarios judiciales, como ya se dijo, siempre que las mismas se
expidan en el marco del concurso público de méritos y, además, respondan a las
particularidades propias que identifican a cada instancia judicial, básicamente en
desenvolvimiento del criterio de especialidad que distingue las diferentes categorías
de empleos y las habilidades que se exigen para cada uno de ellos […]
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado:
11001032500020170008900 (0410-2017) Principal [11001032500020170027400 (1320-2017) Acumulado,
11001032500020170015200 (0931-2017) Acumulado].
18
La Corte Constitucional, en sentencia C-037 de 1996, estudió la constitucionalidad del proyecto que dio
origen a la Ley 270 de 1996 y concluyó que su artículo 163 era exequible pues «[…] Al señalar la norma que
dichos procesos serán permanentes, públicos y abiertos, está garantizando una constante e igual
oportunidad a todos los interesados y avalando también la imparcialidad que la misma Carta Política
condiciona para escoger al mejor candidato (Art. 125 C.P.) […]». No obstante lo anterior, es importante
anotar que el texto original hacía referencia a la disponibilidad de «recursos humanos», expresión que fue
declarada inexequible al entender la Corte que el uso de esta para referirse a los quienes prestan sus
servicios al Estado no se aviene con el principio de dignidad humana.
13
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
iv) En la medida en que el acto enjuiciado no desconoció la planta de personal
ni los requisitos de acceso a los empleos ofertados, se concluye que tampoco le
asiste razón al señor Celso Jaime Erasso Ortega en tanto sostiene que se
vulneraron los derechos adquiridos de los empleados que venían vinculados
antes de darse apertura al proceso de selección, pues cualquier inconformidad
en ese sentido debía reprocharse frente a los Acuerdos PSAA13-10035 y
PSAA13-10036 de 2013 en los que se fundó la convocatoria cuestionada.
A su vez, tales irregularidades fueron analizadas por esta corporación en la
sentencia del 9 de septiembre de 2021 y se explicó que las referidas
disposiciones no quebrantaron los derechos laborales de quienes estaban
prestando sus servicios en el Consejo Superior de la Judicatura para el
momento en que se redefinió la planta de personal y los perfiles sus cargos, ya
que se salvaguardó la estabilidad y las garantías del sistema de carrera
administrativa para quienes pertenecían a ella.
Y frente al personal nombrado en provisionalidad, se encontró válido que las
plazas que ocupaban se convocaran a concurso bajo los nuevos requisitos de
ingreso con el fin de atender a las necesidades del servicio.19
También es pertinente agregar que esta corporación ha precisado que la
definición de los perfiles de los empleos hace parte de la facultad reglamentaria
que tiene atribuida constitucional y legalmente el Consejo Superior de la
Judicatura. De esta manera, se ha explicado:20
Nótese que las normas constitucionales y legales antes transcritas, le otorgan a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura facultades de
reglamentación, lo que demuestra una autorización constitucional y legal para que
pueda dictar los reglamentos necesarios para hacer eficaz el funcionamiento
de la Administración de Justicia, la organización y funciones internas asignadas a
19
En similar sentido puede consultarse la sentencia del 15 de mayo de 2008, suscrita por esta Subsección,
radicado: 11001-03-25-000-2006-00135-00 (2088-06).
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2012, radicado: 11001-03-
25-000-2006-00130-00 (2018-06).
14
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se
surtan en los despachos judiciales.
Lo anterior la habilita para determinar la estructura de las plantas de personal de las
Corporaciones y de los Juzgados, pudiendo en consecuencia crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos al interior de la Rama Judicial, con el consecuente
señalamiento de requisitos y funciones para su desempeño, siempre que no
hayan sido fijados por la ley.
[…]
Por ello es que al Consejo Superior de la Judicatura le asiste la potestad para
señalar los requisitos de los cargos de empleados de las Corporaciones y
Juzgados que no hayan sido fijados por la Ley; facultad que deriva del numeral 9°
del artículo 85 y el artículo 161 de la Ley 270 de 1996, normas que precisamente se
constituyen en el fundamento para la expedición del acto acusado. [Resalta la Sala].
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que el acto acusado respetó la planta de
personal y perfil de empleos en los términos fijados en los Acuerdos PSAA13-10035
y PSAA13-10036 de 2013, cuya legalidad fue estudiada por el Consejo de Estado
en la sentencia del 9 de septiembre de 2021 y encontró que se ajustaban al
ordenamiento superior, pues se expidieron en ejercicio de la potestad
reglamentaria atribuida a dicho organismo y que cobra especial relevancia en
torno a la administración del personal.
En efecto, la correcta distribución de los empleos y cargas de trabajo, así como la
determinación de los requisitos de formación, especialidad y experiencia para
ocuparlos constituyen presupuestos fundamentales para la adecuada prestación
del servicio de impartir justicia, bajo criterios de oportunidad, excelencia y
optimización de los recursos humanos, físicos y económicos, con lo cual se
materializan los fines esenciales del Estado y se satisface el bienestar general.
De esta manera, carece de fundamento el cargo que enrostró el actor al Acuerdo
PSAA13-10037 de 2013 en el entendido de que modificó la planta de personal de la
EJRLB y sus perfiles de empleo, pues tales determinaciones fueron adoptadas en
normas anteriores que esta jurisdicción tuvo oportunidad de analizar y encontró
una relación de correspondencia entre aquellas y la normativa en que debían
fundarse, por lo que se ratificó su firmeza y vinculatoriedad. En consecuencia, se
deben negar las pretensiones de la demanda.
15
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
2.5. La condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18821 del CPACA.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que el señor Celso Jaime Erasso Ortega no logró desvirtuar la legalidad
de la disposición enjuiciada y, en consecuencia, se deberán negar las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor
Celso Jaime Erasso Ortega contra el Acuerdo PSAA13-10037 del 7 de noviembre
de 2013, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, «[p]or medio del cual
se reglamenta la convocatoria a concurso de méritos para la conformación de
Registros de Elegibles para la provisión de cargos de carrera de empleados de las
Oficinas y Unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial», de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
21
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
16
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00351-00 (1113-2014)
Demandante: Celso Jaime Erasso Ortega
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Reconocer personería a los abogados Jenny Paola García Cortés, José
Javier Buitrago Melo y Manuela Fernanda Gómez Guavita como apoderados de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en los
términos y para los efectos de los poderes que fueron concedidos durante el
transcurso del proceso y que obran en los folios 93, 128 y 130 del expediente.
Cuarto. Aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada Manuela
Fernanda Gómez Guavita como representante de la entidad accionada, conforme
al memorial obrante en el folio 134 del expediente.
Quinto. Reconocer personería jurídica al abogado Cesar Augusto Mejía Ramírez
como apoderado de la parte accionada, conforme al último poder visible en el folio
141 del expediente, quien en la actualidad ejerce la representación de la entidad.
Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.