Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2014-00747-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2014-00747-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-25-000-2014-00747-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-25-000-2014-00747-00
Actor: JESÚS HERNANDO AMADO ABRIL
TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA DIVISIÓN DE
LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ POR
SECCIONES ES UN EJERCICIO LEGÍTIMO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. EL ARTÍCULO ACUSADO NO
CREA, MODIFICA NI EXTINGUE LAS COMPETENCIAS JUDICIALES O
FUNCIONALES FIJADAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LOS
JUECES DEL CIRCUITO, NI IMPIDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
PROCESAL ESTABLECIDO EN LA LEY 1437 DE 2011 Y/O LA
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 165
IBIDEM.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor
Jesús Hernando Amado Abril, quien actúa en nombre propio,
tendiente a que se declare la nulidad del artículo 2° del Acuerdo
PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2006, “Por el cual se implementan
los Juzgados Administrativos”, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura.
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Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00747-00
Actor: JESÚS HERNANDO AMADO ABRIL
I.- LA DEMANDA
I.1. El ciudadano JESÚS HERNANDO AMADO ABRIL, actuando en
nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), presentó demanda ante esta
corporación tendiente a obtener la nulidad del artículo 2° del Acuerdo
PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2006, mediante el cual el Consejo
Superior de la Judicatura dispuso que los Juzgados Administrativos del
Circuito Judicial Administrativo de Bogotá se distribuirían conforme a
la estructura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I.2. Hechos relevantes
La parte actora no expuso hechos relevantes, por cuanto el asunto
objeto de controversia es de puro derecho.
I.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostuvo que la disposición demandada transgredió los
artículos 228 de la Constitución Política; 5°, 34, 42 y 51 de la Ley 270
de 19961; 14 y 15 del Decreto 2288 de 1989; y 104, 122, 124, 135 a
148, 165 y 305 del CPACA.
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Estatutaria de la Administración de Justicia.
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Actor: JESÚS HERNANDO AMADO ABRIL
Afirmó que organizar a los Juzgados Administrativos del Circuito
Judicial de Bogotá "conforme a la estructura del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca" vulnera los principios constitucionales de
desconcentración y autonomía, porque convierte a los órganos de
primera instancia en parte de la estructura de dicho Tribunal, siendo
una adhesión ilegal que, además, interfiere en la autonomía de sus
decisiones judiciales.
Señaló que el Consejo Superior de la Judicatura se arrogó una
competencia que le corresponde al constituyente primario o al
legislador, pues si bien el artículo 42 de la Ley 270 de 1996 le permite
establecer las características, denominación y número de los juzgados
administrativos, ello debe ser de conformidad con lo establecido en
dicha ley, y en parte alguna de aquella aparece que los juzgados deban
organizarse en Salas, Secciones o Subsecciones.
Afirmó que la distribución de los juzgados administrativos ordenada en
el acto acusado vulnera los principios de celeridad y oralidad e impide
que se implemente el modelo procesal mixto con tendencia a la
oralidad.
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Agregó que el acto acusado desconoce que con la expedición de la Ley
1437 de 2011 ya no se habla de acciones judiciales, sino de la acción
de lo contencioso administrativo como único mecanismo por el cual se
deben reclamar diversas pretensiones que se denominan medios de
control y que pueden ser acumuladas, según lo señala el artículo 165
idem. Sin embargo, a su juicio, la organización de los juzgados que
propone el acuerdo demandado impide en la práctica que se dé la
mencionada acumulación.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1.- Admisión. Mediante proveído de 3 de noviembre de 2015 se
admitió la demanda de la referencia y se ordenó notificar a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
II.2- Medida cautelar. En un acápite de la demanda, el actor solicitó
la suspensión provisional de los efectos del artículo 2° del Acuerdo
PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2006, solicitud que fue denegada
mediante auto de 16 de enero de 20172.
II.3.- Contestación
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Visible en el índice núm. 48 del expediente digital, cuaderno medida cautelar.
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La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que la
disposición demandada busca organizar los Juzgados Administrativos
del Circuito de Bogotá, dotándolos de la misma estructura del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el único propósito de hacer más
eficiente la administración de justicia, por lo que no viola los principios
de desconcentración y autonomía.
Frente al cargo de falta de competencia, explicó, con base en los
artículos 81 y 91 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y
la sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 1996, que solo el
legislador, en uso de sus atribuciones constitucionales, goza de
competencia para crear las categorías de corporaciones u organismos
que harán parte de la administración de justicia, salvo que se
encuentren expresamente previstos en la Constitución. Así, el
legislador está facultado para crear los llamados juzgados
administrativos o para establecer una nueva categoría de tribunales; y
a partir de ahí, el Consejo Superior de la Judicatura puede adoptar las
decisiones dentro del ámbito de su competencia encaminadas a lograr
la eficiencia y el mejoramiento de la organización y funcionamiento de
la administración de justicia, como el número de despachos judiciales,
pero no crear o suprimir la categoría que ha sido definida por la ley.
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Aseveró que el cargo relativo a la vulneración del mandato legislativo
de implementar un nuevo sistema procesal se sustenta en
apreciaciones subjetivas, carentes de argumentación y fundamento
suficientes.
Se refirió al comportamiento de la gestión judicial de los juzgados
administrativos de Bogotá durante el período 2007-2015 y destacó que
la Sección Segunda es la que conoce el mayor número de procesos; y
que las demás secciones mantienen una cifra relativamente constante
de asuntos ingresados, aunque el número de acciones presentadas
ante la Sección Tercera resulta ligeramente superior.
Finalmente, resaltó que se adelantaron algunas medidas de
descongestión, como el Acuerdo 10442 de 29 de octubre de 2015, “Por
el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman
unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”, que
pretenden garantizar el acceso a la justicia a través de la
racionalización de la oferta judicial, de mano con la evaluación del
inventario de procesos, la productividad de los despachos, las
necesidades de las especialidades en sus diferentes niveles y los
recursos presupuestales disponibles.
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II.4. Audiencia inicial. El 10 de julio de 2017,3 el despacho
sustanciador llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 180 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 2011, fijó el litigio4, resolvió sobre las
pruebas aportadas, prescindió de las audiencias de pruebas y de
alegaciones y juzgamiento y corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran sus alegatos de conclusión.
II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en
que el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la facultad
prevista en el artículo 42 de la Ley 270 de 1996, creó los juzgados
administrativos conforme a lo dispuesto por el legislador y distribuyó
los asuntos de su conocimiento de acuerdo con las necesidades del
servicio de administración de justicia; y que el incremento de la
3
Ibidem, cuaderno principal.
4
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] determinar si el artículo 2° del Acuerdo PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2009, mediante el cual la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura implementó los Juzgados Administrativos, vulneran lo
dispuesto en los artículos 228 de la Constitución Política; 5°, 34, 42, 51 de la Ley 270 de 1996-Estatutaria de
la Administración de Justicia-; 14 y 15 del Decreto Ley 2288 de 1989; y 104, 122, 124, 135 a 148, 165 y 305
de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo-, por
cuanto la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para dividir en
Secciones a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, conforme a la estructura del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con lo cual se arrogó competencias reservadas al legislador y, en
consecuencia, vulneró los principios constitucionales de desconcentración y autonomía que rige la
Administración de Justicia, alteró de manera ostensible las cargas de trabajo de los 44 juzgados permanentes,
lo que atenta contra los principios de celeridad y oralidad de que trata el artículo 4° de la Ley 270 de 1996 y
hace imposible la aplicación del artículo 165 del CPACA, relacionado con la acumulación de pretensiones de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho al mantenerse el modelo anterior que se encuentra en la
actualidad modificado, […]”.
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demanda judicial dio lugar a la expedición del Acuerdo 10402 de 29 de
octubre de 2015.
En ese orden de ideas, señaló que en manera alguna puede
equipararse el contenido del acto demandado a una intromisión en la
autonomía judicial, ni sostenerse que este atente contra el principio de
desconcentración, por lo que la demanda no está llamada a prosperar
por carecer de fundamento jurídico.
II.5.2. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.
II.5.3. El Ministerio Público rindió concepto en el que estimó que
dentro de la estructura del Estado el Consejo Superior de la Judicatura
está llamado a crear las condiciones necesarias para garantizar el
acceso efectivo a la administración de justicia, para lo cual goza de
atribuciones legales para definir la estructura de los juzgados
administrativos, redistribuyéndolos en secciones y creando las
condiciones necesarias que garanticen una pronta y cumplida
administración de justicia. Por lo tanto, con el acuerdo acusado dicha
entidad materializó una función asignada constitucional y legalmente.
Agregó que las finalidades de la norma demandada son plausibles y
propenden por la redistribución de los juzgados administrativos en
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secciones, respetando la forma de organización y funcionamiento del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuatro secciones, lo que
permite mejorar el trabajo de la Rama Judicial y redunda en una
justicia más pronta y oportuna; y que la uniformidad en la organización
de los tribunales y juzgados permite que los jueces se especialicen en
ciertas temáticas, lo que dota de celeridad y eficacia a las decisiones y
permea en la coherencia que debe existir al interior de la
administración de justicia, por lo que no advierte que con el precepto
demandado se afecten los principios de independencia y autonomía.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo
1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto
de la referencia.
III.2. El acto acusado
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“[…] ACUERDO No. PSAA06-3345 DE 2006
(Marzo 13)
“Por el cual se implementan los Juzgados Administrativos.”
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
especialmente de lo dispuesto por el artículo 257 numeral 1° de
la Constitución Nacional y por los artículos 42, 85 numeral 5 y 91
de la Ley 270 de 1996, dando cumplimiento al artículo 63 de la
Ley 446 de 1998, una vez oído el concepto previo de la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial y de conformidad con lo
aprobado en la sesión de la Sala Administrativa del 22 de febrero
de 2006,
[…]
ACUERDA
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los Juzgados Administrativos del Circuito
Judicial Administrativo de Bogotá, conforme a la estructura del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se distribuyen de la
siguiente forma:
Para los asuntos de la Sección 1 6 Juzgados, del 1 al 6
Para los asuntos de la Sección 2 24 Juzgados, del 7 al 30
Para los asuntos de la Sección 3 8 Juzgados, del 31 al 38
Para los asuntos de la Sección 4 6 Juzgados, del 39 al 44
[…]”.
III.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar la legalidad del artículo 2º del
Acuerdo PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2006, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura.
La parte actora sostiene que la referida disposición vulnera los artículos
228 de la Constitución Política; 5°, 34, 42 y 51 de la Ley 270 de 1996;
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14 y 15 del Decreto 2288 de 1989; y 104, 122, 124, 135 a 148, 165 y
305 del CPACA, por cuanto, a su juicio, el Consejo Superior de la
Judicatura carece de competencia para dividir en secciones a los
Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, conforme a la
estructura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que se
arrogó facultades reservadas al legislador; viola los principios
constitucionales de desconcentración y autonomía que rigen la
administración de justicia, así como los principios de celeridad y
oralidad de que trata el artículo 4° de la Ley 270 de 1996; e impide la
implementación del sistema procesal establecido en la Ley 1437 de
2011 y hace imposible la aplicación del artículo 165 ibidem sobre
acumulación de pretensiones.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó
denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que el acto
acusado tuvo por objeto organizar los juzgados administrativos del
Circuito de Bogotá y distribuir los asuntos de su conocimiento con el
fin de hacer más eficiente la administración de justicia sin desconocer
los principios de desconcentración y autonomía judicial.
Agregó que, de conformidad con la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia
constitucional, corresponde al legislador crear las categorías de
órganos que integran la administración de justicia, mientras que al
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Consejo Superior de la Judicatura le compete adoptar medidas de
organización y funcionamiento dirigidas a garantizar la eficiencia del
servicio judicial.
Afirmó que los cargos relacionados con la presunta vulneración del
mandato legislativo de implementar un nuevo sistema procesal,
carecen de sustento suficiente; y que la organización adoptada
respondió al comportamiento de la carga procesal de los juzgados
administrativos de Bogotá y a las medidas de descongestión
implementadas para mejorar la prestación del servicio de justicia.
III.4. Normas superiores que se estiman infringidas
En el presente caso, la parte actora estima que el acto acusado vulnera
los artículos 228 de la Constitución Política; 5°, 34, 42 y 51 de la Ley
270 de 1996; 14 y 15 del Decreto Ley 2288 de 1989; y 104, 122, 124,
135 a 148, 165 y 305 del CPACA que establecen:
“Constitución Política
ARTÍCULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
[…]
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Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia
(…)
ARTÍCULO 5o. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL.
La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su
función constitucional y legal de administrar justicia.
Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional
podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial
para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus
providencias.”
(…)
ARTÍCULO 34. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. <Artículo modificado
por el artículo 14 de la Ley 2430 de 2024> El Consejo de Estado es el
máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo
Consultivo del Gobierno y estará integrado por elegidos por la misma
Corporación para los períodos individuales que determina la
Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviadas por el
Consejo Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente,
elaboradas previa convocatoria pública adelantada de conformidad con
lo previsto en esta Ley.
El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de cuatro (4)
Salas, integradas así: la Plena, por todos sus miembros; la de lo
Contencioso Administrativo, la de Consulta y Servicio Civil, por los
cuatro (4) consejeros restantes; y la sala de Gobierno, conformada por
el Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Estado y por los
Presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de las Secciones
de las Salas de lo Contencioso Administrativo y las demás que
determine la ley.
En forma adicional, el Consejo de Estado podrá ejercer sus funciones
mediante Salas Especiales de Decisión, las cuales estarán conformadas
y tendrán las competencias que determine la ley.
(…)
ARTÍCULO 42. RÉGIMEN. <Artículo modificado por el artículo 17 de la
Ley 2430 de 2024> Los Juzgados Administrativos y los Juzgados
Agrarios y Rurales Administrativos que de conformidad con las
necesidades de la administración de justicia que determine el Consejo
Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que
prevé a la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la
jurisdicción contencioso administrativa. Sus características,
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denominación y número serán establecidos por esa misma
Corporación, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
En lo que refiere a la gestión administrativa podrán compartir recursos
logísticos con las entidades de la Rama Ejecutiva de mayor presencia
en áreas rurales, que para ese propósito celebren un convenio
interadministrativo con el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo
Superior de la Judicatura reglamentará la suscripción de estos
convenios.
(…)
ARTÍCULO 51. ORGANIZACIÓN BÁSICA DE LOS DESPACHOS
JUDICIALES. La organización básica interna de cada despacho judicial
será establecida por el Consejo Superior de la Judicatura, con sujeción
a los siguientes parámetros:
1. Las competencias asignadas por la Ley, el volumen promedio de los
asuntos y el nivel estimado de rendimiento.
2. Las necesidades que existan en materia de asistencia y asesoría en
distintas disciplinas.
3. Los requerimientos reales de personal auxiliar calificado.
Para estos efectos se considerarán los informes y estudios presentados
por los respectivos Consejos Seccionales y Direcciones Seccionales de
Administración Judicial.
[…]
Decreto Ley 2288 de 1989
[…]
ARTÍCULO 14. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca estará integrado por veintiocho (28)
Magistrados.
El Tribunal ejercerá sus funciones por medio de Salas, Secciones y
Subsecciones, integradas así: Sala Plena, por todos sus miembros;
Sala de Gobierno, por el Presidente y Vicepresidente de la Corporación
y los Presidentes de las Secciones; Secciones Primera, Segunda,
Tercera y Cuarta Subsecciones A, B y C, de la Sección Segunda; y las
Salas Disciplinarias, por tres (3) Magistrados de diferentes Secciones.
PARÁGRAFO. Los veintiocho (28) Magistrados corresponden a los
dieciocho (18) existentes con anterioridad a la expedición de este
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Decreto, los ocho (8) que se crean en el artículo 21 y los dos (2) de
que trata el artículo 35 de la Ley 30 de 1988.
ARTÍCULO 15. INTEGRACIÓN DE LAS SECCIONES Y SUBSECCIONES.
La Sección Primera estará integrada por cinco (5) Magistrados; la
Sección Segunda por doce (12) Magistrados; la Sección Tercera por
cinco (5) Magistrados; y la Sección Cuarta por seis (6) Magistrados.
[…]
Ley 1437 de 2011
ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados
en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al
derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier
entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.
2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los
que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de
funciones propias del Estado.
3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad
prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan
o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.
4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores
públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho
régimen esté administrado por una persona de derecho público.
5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.
6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las
conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los
provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una
entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos
celebrados por esas entidades.
7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan
conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por
particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.
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PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por
entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con
independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las
que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su
capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior
al 50%.
(…)
ARTÍCULO 122. JURISDICCIÓN. Los Tribunales Administrativos son
creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley
procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen el número de
Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres (3).
Los Tribunales Administrativos ejercerán sus funciones por conducto
de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados; por la
Sala de Gobierno, por las salas especializadas y por las demás salas de
decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley.
(…)
ARTÍCULO 124. RÉGIMEN. Los juzgados administrativos que de
conformidad con las necesidades de la administración de justicia
establezca la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en
cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Sus características, denominación y número serán
fijados por esa misma Corporación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
(…)
ARTÍCULO 135. NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. Los
ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio
de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter
general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no
corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos
237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la
Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos
de carácter general que por expresa disposición constitucional sean
expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su
decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia,
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podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la
violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá
pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio,
conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que
declare nulas por inconstitucionales.
ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas
de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función
administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante
los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad,
ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar
donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo
de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las
reglas de competencia establecidas en este Código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos
administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el
envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su
conocimiento.
ARTÍCULO 136A. CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD DE FALLOS
CON RESPONSABILIDAD FISCAL. <Artículo INEXEQUIBLE>
ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por
medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas
en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o
con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de
servicio y de los actos de certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de
contenido particular en los siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad
que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un
derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en
materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.
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4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el
restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a
las reglas del artículo siguiente.
ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado
por este al particular demandante o la reparación del daño causado a
dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir
de la notificación de aquel.
ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir
la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las
entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá
pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en
las corporaciones públicas.
En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las
autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o
irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán
demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante
deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las
irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.
En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán
susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los
mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos
regulados en la Ley 472 de 1998.
ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90
de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar
directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción
u omisión de los agentes del Estado.
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De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una
operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma.
Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando
resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra
entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén
involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se
determinará la proporción por la cual debe responder cada una de
ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en
la ocurrencia del daño.
ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las
partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su
existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos
contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo,
el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando
esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo
haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes
al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o,
en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión
de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los
artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán
pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez
administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente
demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido
las partes contratantes o sus causahabientes.
ARTÍCULO 142. REPETICIÓN. Cuando el Estado haya debido hacer un
reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor
o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas,
la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.
La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el
llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del
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particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de
responsabilidad contra la entidad pública.
Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado
del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en
el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para
iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario
responsable del daño.
ARTÍCULO 143. PÉRDIDA DE INVESTIDURA. A solicitud de la Mesa
Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por
las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la
pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del
Concejo Municipal, o de la junta administradora local, así como
cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de
diputados, concejales y ediles.
ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS. Cualquier persona puede demandar la protección de los
derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten
las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos,
o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga
de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su
protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto
administrativo o un contrato, sin que, en uno u otro evento, pueda el
juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las
medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos.
Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e
intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al
particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las
medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo
amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación
dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la
solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez.
Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista
inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los
derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la
demanda.
ARTÍCULO 145. REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN
GRUPO. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un
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conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de
una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar
en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los
perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la
norma especial que regula la materia.
Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte
(20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse
su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre
que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso
administrativo obligatorio.
ARTÍCULO 146. CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL
DE LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Toda persona podrá acudir
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previa
constitución de renuencia, para hacer efectivo el cumplimiento de
cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos
administrativos.
ARTÍCULO 147. NULIDAD DE LAS CARTAS DE NATURALEZA Y DE LAS
RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN. Cualquier
persona podrá pedir que se declare la nulidad de cartas de naturaleza
y de resoluciones de autorización de inscripción dentro de la
oportunidad y por las causales prescritas en los artículos 20 y 21 de la
Ley 43 de 1993.
Proferida la sentencia en la que se declare la nulidad del respectivo
acto, se notificará legalmente y se remitirá al Ministerio de Relaciones
Exteriores dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria copia
certificada de la misma. Igualmente, si fuere del caso, en la sentencia
se ordenará tomar las copias pertinentes y remitirlas a las autoridades
competentes para que investiguen las posibles infracciones de carácter
penal.
ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos
que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos
interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución
Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo
producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.
ARTÍCULO 148A. CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS FALLOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL. <Artículo derogado por el artículo 87 de
la Ley 2080 de 2021>
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(…)
ARTÍCULO 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la demanda se
podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de
restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación
directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes
requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante,
cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras,
será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando
en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u
omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse
tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será
competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.
(…)
ARTÍCULO 305. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL. Con
el fin de conseguir la transición hacia la implantación del nuevo
régimen procesal y de competencias previstos en este Código, el
Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de
Estado, deberá realizar los análisis necesarios y tomar las decisiones
correspondientes, por lo menos, en los siguientes asuntos:
1. Implantación de los nuevos despachos y su distribución a nivel de
circuitos y distritos judiciales con base en las nuevas funciones y
competencias y demás aspectos del nuevo régimen que permitan
determinar la demanda de servicios por cada despacho, tribunal o
corporación de la jurisdicción.
2. Número actual de jueces, magistrado y demás servidores judiciales
para determinar, de acuerdo con las cargas esperadas de trabajo, los
ajustes necesarios con el fin de atender con eficacia y eficiencia el
nuevo sistema y, en consecuencia, asignar el personal requerido.
3. Previsión de la demanda y ejecución de planes de capacitación en el
nuevo sistema a los jueces, magistrados y demás servidores judiciales.
4. Definición y dotación de la infraestructura requerida para el normal
funcionamiento de la jurisdicción bajo el nuevo régimen y en particular
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en cuanto a las sedes, salas de audiencia, sistemas de grabación,
equipos de video, computación, entre otros recursos físicos y
tecnológicos.
5. Diseño y puesta en operación de sistemas de información ordenados
en este Código y los demás necesarios para su desarrollo y la adecuada
administración de justicia en lo contencioso administrativo.
[…]”
III.5. Análisis del caso concreto
A juicio del actor, por una parte, el acto acusado vulnera los principios
de desconcentración y autonomía que rigen la administración de
justicia, así como los principios de celeridad y oralidad de que trata el
artículo 4° de la Ley 270 de 1996, aunado a que el Consejo Superior
de la Judicatura no tiene competencia para organizar los Juzgados
Administrativos del Circuito Judicial Administrativo de Bogotá,
conforme a la estructura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que de conformidad con el
artículo 85 de la Ley 270 de 1996, al Consejo Superior de la Judicatura
le corresponde:
“[…] ARTÍCULO 85. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA. (Modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de
2024) Al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde el
ejercicio de las siguientes funciones:
(…)
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12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar,
transformar y suprimir Tribunales, las Salas de éstos y los
Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con
las necesidades de éstos. Para el efecto deberá establecer un
mecanismo de atención oportuna y eficaz de los requerimientos
formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto
funcionamiento.
13. Determinar la estructura y planta de personal de las
corporaciones judiciales y los Juzgados. Para tal efecto podrá crear,
suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial,
determinar sus funciones y señalar los requisitos para su
desempeño que no hayan sido fijados por la Ley, previo concepto
de la Comisión Interinstitucional.
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a
cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado
para el servicio de justicia en la ley de apropiaciones iniciales. […]
(Negrilla de la Sala)”.
A su vez, el artículo 42 idem señala que la jurisdicción contencioso-
administrativa está integrada, entre otras, por los juzgados
administrativos que de conformidad con las necesidades de la
administración de justicia determine el Consejo Superior de la
Judicatura. La norma en comento señala lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 42. Régimen. (Modificado por el artículo 17 de la
Ley 2430 de 2024) Los Juzgados Administrativos y los Juzgados
Agrarios y Rurales Administrativos que de conformidad con las
necesidades de la administración de justicia que determine el
Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las
funciones que prevé a la ley procesal en cada circuito o municipio,
integran la jurisdicción contencioso administrativa. Sus
características, denominación y número serán establecidos
por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido
en la presente Ley.
En lo que refiere a la gestión administrativa podrán compartir
recursos logísticos con las entidades de la Rama Ejecutiva de mayor
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presencia en áreas rurales, que para ese propósito celebren un
convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la
Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la
suscripción de estos convenios. […] (negrilla de la Sala).”5
Las normas en comento establecen la facultad organizativa del Consejo
Superior de la Judicatura, la cual constituye el eje central del
autogobierno de la Rama Judicial. Esta atribución le permite moldear
la estructura interna de los despachos judiciales para adaptarlos a las
necesidades reales de justicia de los ciudadanos, mediante la definición
de la oferta institucional requerida para atender la demanda de justicia,
la distribución de las cargas de trabajo y la adopción de medidas
orientadas a garantizar una prestación eficiente, pronta y cumplida del
servicio público de administración de justicia.
Sobre este asunto en particular, cabe mencionar lo señalado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-285 de 2016:
“[…] La autonomía de la Rama Judicial, como elemento de la
separación de poderes, trasciende este nivel operativo, relacionado
con asuntos de orden financiero, presupuestal y administrativo que
tienen que ver con la garantía de la independencia judicial, y se
proyecta también hacia la que podría denominarse como
dimensión de gobierno propiamente dicho de la administración
de justicia, y que tiene que ver con las gestiones necesarias
para materializar el mandato constitucional de una pronta y
cumplida justicia. Tales gestiones se orientan a la
realización y materialización de los fines de la justicia y
tienen que ver con asuntos como la caracterización y
5
Aunque las normas citadas fueron objeto de modificación a través de la Ley 2430 de 2024, luego de la
expedición del acto acusado, aclara la Sala que los aspectos resaltados a los que se hará alusión no
sufrieron modificaciones respecto del texto original.
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cuantificación de la demanda de justicia; la consiguiente
definición de la oferta institucional requerida, los procesos de
formación judicial en función de perfiles previamente
determinados, la participación en el diseño y la implementación de
nuevos esquemas procesales, la planeación estratégica, el diseño
del mapa judicial, la configuración de la política del Estado en
materia judicial, la proyección de la infraestructura física y de los
recursos informáticos, la configuración de la cúpula de la
jurisdicción, etc. De esta manera, las estructuras de gobierno
y administración de la Rama Judicial se encargan de la
definición e implementación de las grandes políticas
públicas en materia de justicia, desde esta perspectiva macro
y global del sistema.
(…)
En la Constitución de 1991 y en los desarrollos legislativos y
reglamentarios de la misma, en virtud del principio de
autogobierno, se creó una institucionalidad endógena a la Rama
Judicial: El Consejo Superior de la Judicatura y, especialmente, su
Sala Administrativa, encargada de la dirección de la Rama Judicial
(arts. 254, 256 y 257 de la C.P.), la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, encargada de la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama, según las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura (art. 98 L. 270/96), las unidades operativas de la Sala
Administrativa del Consejo Superior, para el cumplimiento de los
demás objetivos misionales, como la carrera judicial, la formación
de jueces y empleados, la planeación estratégica, la dotación de
recursos físicos, etc., y la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial, como órgano consultivo y comunicativo, encargado de
informar y asesorar a los órganos de gobierno y administración
sobre las necesidades del sector justicia (arts. 96 y 97 L. 270/96).
(…)
En este sentido, puede advertirse que la Rama judicial presenta
una particularidad, porque al paso que en la generalidad de los
órganos, con excepción del legislativo, que también tiene un
sistema característico de autonomía, la noción de autonomía se
puede circunscribir a los aspectos administrativos y
presupuestales, cuya gestión se encomienda al mismo órgano
titular de las competencias separadas, en la Rama Judicial se
impuso un criterio completamente distinto, porque, como
presupuesto de la independencia judicial, se previó una autonomía
interna de la función de auto-gobierno, de manera que, salvo las
responsabilidades administrativas propias de la gestión interna de
los propios despachos y la excepciones previstas directamente en
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la Constitución, los titulares de la función jurisdiccional no tuviesen
injerencia directa en el ámbito del autogobierno. De este modo,
en la Rama Judicial, el principio de separación de poderes
comporta no solo la previsión de la autonomía en asuntos
administrativos y financieros en la estructura de
autogobierno, sino en otros aspectos funcionales al objetivo
de pronta y cumplida justicia, y, además, como presupuesto de
la independencia, se consagró un separación funcional interna de
tal manera que el órgano de autogobierno, no obstante su carácter
endógeno, no coincide con las instancias jurisdiccionales, ni está
subordinado a ellas.6 […] (negrilla de la Sala).”
A la luz de lo expuesto, la facultad organizativa del Consejo Superior
de la Judicatura constituye una manifestación del principio de
autogobierno de la Rama Judicial y trasciende la simple administración
de recursos. En efecto, comprende la potestad constitucional y legal de
definir la oferta institucional de justicia y diseñar la estructura interna
de los despachos judiciales, mediante la adopción de medidas
orientadas a garantizar una prestación eficiente, pronta y cumplida del
servicio, tales como la especialización, redistribución o agrupación de
despachos en atención a las necesidades derivadas de la demanda de
justicia y de la adecuada gestión de la carga procesal.
Bajo esa perspectiva, las decisiones relacionadas con la organización
interna de los despachos judiciales, la distribución de los asuntos y la
definición de esquemas de especialización constituyen manifestaciones
propias de la función de gobierno de la Rama Judicial. En consecuencia,
6
Sentencia C-285 de 1º de junio de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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cuando el Consejo Superior de la Judicatura adopta medidas dirigidas
a racionalizar la oferta judicial y adecuarla a las necesidades derivadas
de la demanda de justicia y de la carga procesal existente, no
interviene en el ejercicio de la función jurisdiccional ni modifica las
competencias legalmente atribuidas a los jueces, sino que ejerce las
potestades de dirección y organización que el ordenamiento le confiere
para garantizar una administración de justicia eficiente y oportuna.
En ese orden, el artículo 2° del Acuerdo PSAA06-3345 de 2006
constituye una materialización legítima de las facultades de
autogobierno del Consejo Superior de la Judicatura para optimizar la
oferta judicial territorial, sin que con ello se aprecie que se vulnere la
autonomía funcional de los jueces o que al agrupar los juzgados en
secciones especializadas (secciones Primera, Segunda, Tercera y
Cuarta) se altere la competencia establecida en la ley para aquellos,
pues, por el contrario, se observa que dicha medida obedece a criterios
de reparto, especialización y celeridad procesal.
Así las cosas y bajo la consideración de que se trata de una distribución
puramente organizativa y administrativa de la carga de trabajo, resulta
dable afirmar que la división de los juzgados administrativos de Bogotá
por secciones es un ejercicio legítimo de la competencia administrativa,
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en tanto el artículo acusado no crea, modifica ni extingue las
competencias judiciales o funcionales fijadas por el Congreso de la
República a través de la ley, pues todos los despachos conservan
intacta su categoría de jueces de circuito y únicamente se especializa
el ingreso de los expedientes mediante el reparto administrativo
temático previsto para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Adicionalmente, la disposición acusada no vulnera el principio de
desconcentración, toda vez que la organización de los juzgados en
secciones especializadas no comporta una concentración de
competencias en un único órgano ni la supresión de los despachos
judiciales existentes. Por el contrario, constituye una medida de
distribución interna de asuntos encaminada a optimizar la prestación
del servicio de administración de justicia, mediante criterios de
especialización, eficiencia y adecuada gestión de la carga procesal.
Tampoco se desconoce el principio de autonomía judicial, pues el
modelo organizativo adoptado para el Circuito Judicial de Bogotá no
interfiere en la independencia funcional de los jueces ni condiciona el
ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, las cuales continúan
siendo ejercidas con plena sujeción a la Constitución y la ley.
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Ahora, frente al cargo elevado por el actor consistente en que el
artículo acusado impide que se implemente el sistema procesal de
oralidad previsto en el artículo 305 del CPACA, debido a que los
Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá seguirían
organizados de acuerdo con el sistema anterior (Decreto 01 de 1984),
observa la Sala que la implementación del nuevo sistema procesal no
pugna con la distribución de los juzgados prevista en el acuerdo
acusado, habida cuenta que, como lo señaló la parte demandada y el
Ministerio Público en su concepto, el Consejo Superior de la Judicatura
adoptó el Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, mediante el Acuerdo PSAA 12-9139 de 17
de enero de 2012, con el objetivo de llevar hasta su terminación todos
los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigor de la
Ley 1437 de 2011 y el nuevo sistema procesal. Igualmente, expidió
sendos acuerdos para la creación de cargos y despachos de juzgados
administrativos, tanto escriturales como orales,7 y estableció las metas
de producción para cada uno de ellos.
En ese orden, no es dable afirmar que los juzgados administrativos de
Bogotá no se sometieron a la implantación del nuevo régimen procesal
y de competencias previsto en el CPACA por el hecho de encontrarse
7
Como el Acuerdo PSAA 15-10402 de 29 de octubre de 2015.
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organizados conforme a las reglas de reparto y especialidad
establecidas para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
De otra parte, asegura el demandante que el acuerdo acusado impide
la acumulación de las pretensiones que se elevan a través de los
distintos medios de control de la jurisdicción contencioso-
administrativa, argumento que no es de recibo al tenor de lo previsto
en el artículo 165 del CPACA, que considera infringido, cuyo texto
dispone:
“[…] ARTÍCULO 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En
la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de
nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y
de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los
siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante,
cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera
otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad.
Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por
la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán
acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso
Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento. […]”
De la transcripción precedente se desprende que el requisito esencial
previsto en el artículo 165 del CPACA consiste en que el juez sea
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competente para conocer de todas las pretensiones cuya acumulación
se pretende. En ese sentido, dado que los juzgados administrativos de
Bogotá pertenecen a la misma categoría de jueces de circuito, todos
ellos cuentan con competencia legal y funcional para conocer de los
distintos medios de control previstos en el CPACA. Por consiguiente,
las reglas de reparto establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura tienen naturaleza eminentemente administrativa y
organizativa, sin incidencia en la competencia legalmente atribuida a
los jueces. Así, el juez que conoce del asunto, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 165 del CPACA, conserva la facultad de
tramitar, acumular y decidir las pretensiones cuando exista conexidad
y concurran los demás requisitos legales, aun cuando el despacho se
encuentre incorporado a una sección o esquema de especialización por
materias. Lo anterior, en garantía de los principios de economía
procesal, celeridad y eficacia en la administración de justicia.
Así las cosas, la Sala concluye que, en el asunto de la referencia, el
Consejo Superior de la Judicatura no transgredió los artículos 228 de
la Constitución Política; 5°, 34, 42 y 51 de la Ley 270 de 1996; 14 y
15 del Decreto 2288 de 1989; y 104, 122, 124, 135 a 148, 165 y 305
del CPACA, habida cuenta que de la lectura de la disposición
demandada no se advierte que esta contravenga los principios de
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desconcentración, autonomía, celeridad u oralidad, ni que para su
expedición se hubiere invadido la competencia asignada al legislador,
ni que impida la implementación del sistema procesal establecido en la
Ley 1437 de 2011 y/o la acumulación de pretensiones prevista en el
artículo 165 ibidem.
En consecuencia, toda vez que la norma acusada no desconoce las
disposiciones constitucionales y legales invocadas por la parte actora
como vulneradas, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.
Finalmente, en atención a la clase de acción que se promovió, la Sala
considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 1888 del
CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la
naturaleza de la acción exime de esta fijación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
8
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”.
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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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