Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00834-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00834-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2014-00834-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
Demandados: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la Nación, y
Departamento Administrativo de la Función Pública
Temas: Nulidad de decretos expedidos por el gobierno nacional. Prima
especial de servicios prevista en los artículos 14 y 15 de la Ley
4ª de 1992. Principio de oscilación para el ajuste de las
asignaciones de retiro del personal uniformado de las fuerzas
militares. Mesada 14 para el personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional
Sentencia de única instancia
Asunto
La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo1.
1. Antecedentes
1.1. Demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. William Cañón Velandia presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad, en orden a que se declarara la nulidad parcial de los decretos que
establecieron el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, así:
1.1. Los artículos 1, 7 y 9 del Decreto 657 de 2008; 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; 2
y 4 de los decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034
de 2013, 204 de 2014 y 1105 de 2015; 8 y 9 del Decreto 723 de 2009; y 8 de los
1 En lo sucesivo CPACA.
2 Expediente digital, documento 84, páginas 13 a 37.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
decretos 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014,
en cuanto incluyeron la expresión «sin carácter salarial».
1.2. Los artículos 1, 4 y 10 del Decreto 657 de 2008; 2 y 3 del Decreto 205 de 2014
y 1087 de 2015; y 2 de los decretos 1100 y 1105 de 2015 en cuanto introdujeron la
expresión «solo».
1.3. El artículo 2 de los decretos 1100 y 1105 de 2015, en cuanto incorporaron la
expresión «no».
1.4. Los artículos 1 de los decretos 383 de 2013; 1269 y 1270 de 2015; 5 del Decreto
205 de 2014; y 6 del Decreto 1087 de 2015, en cuanto añadieron la expresión
«únicamente».
1.5. El
artículo 6 del Decreto 1105 de 2015, en cuanto incluyó la expresión
«únicamente para efectos fiscales».
1.6. Los artículos 7 del Decreto 205 de 2014; y 8 del Decreto 1087 de 2015, en cuanto
introdujeron la expresión «no constituirá […] para ningún efecto».
1.7. El artículo 10 del Decreto 657 de 2008, en cuanto incorporó la expresión «no
constituye factor salarial». (prima técnica)
1.8. Los artículos 5 del Decreto 658 de 2008; 7 de los decretos 723 de 2009, 1388
del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013, y 194 del 2014, en cuanto
añadieron la expresión «excluyendo las primas».
1.9. El artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 en relación con la no inclusión del
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional en el reajuste de las pensiones
mediante el principio de oscilación.
1.10. El Acta del 22 de abril de 2014, en relación con la no inclusión del personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional en el reconocimiento de la mesada 14, de que
trata el Decreto 4433 de 2004.
1.1.2. Fundamentos fácticos
2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
2.1. En relación con la prima especial de servicios prevista en los artículos 14 y 15
de la Ley 4ª de 1992, reconocida a los servidores de la rama judicial y de la justicia
penal militar3.
2.1.1. En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 4ª de 1992, el gobierno
nacional expidió los decretos destinados a fijar el régimen salarial y prestacional de
los servidores de la rama judicial. En desarrollo de los artículos 14 y 15 de dicha ley,
estableció desde el año 1993 una prima especial equivalente al 30% del salario
básico mensual «sin carácter salarial».
3 Que corresponde a aquellos señalados en la demanda inicial. Expediente digital, documento 53.
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Demandante: William Cañón Velandia
2.1.2. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 9 de
marzo de 20064, al estudiar la legalidad de los decretos expedidos desde el año
1993 hasta el 2000 señaló que el gobierno nacional no desbordó la Ley 4ª de 1992
al establecer el porcentaje de la prima especial dentro del margen fijado por el
legislador.
2.1.3. Mediante sentencia del 2 de abril de 20095 precisó que el control de los
decretos expedidos en desarrollo de una ley marco debía comprender no solo su
contenido literal, sino también su correspondencia con los valores y principios de la
ley marco, razón por la cual declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 618 de
2007, que estableció la prima especial «sin carácter salarial».
2.1.4. Pese a la declaratoria de nulidad del referido artículo, el gobierno nacional
reprodujo la expresión anulada en los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; 7,
8 y 9 del Decreto 723 de 2009; y 7 y 8 de los decretos 1388 de 2010, 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, en cuanto contienen los apartes
«excluyendo las primas» y «sin carácter salarial».
2.1.5. Posteriormente, mediante sentencia del 29 de abril de 20146, el Consejo de
Estado declaró la nulidad de las disposiciones de los decretos expedidos entre los
años 1993 y 2007 que habían privado de carácter salarial al 30% de la prima
especial prevista en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992. La decisión quedó
ejecutoriada el 15 de mayo de 2014.
2.2. En relación con la prima de actividad y la mesada 147
2.2.1. El gobierno nacional, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4ª de 1992, expidió el
Decreto 2863 del 27 de julio de 2007, mediante el cual modificó el régimen salarial
y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública y del personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional sometido a los decretos ley 1211, 1212 y 1214 de 1990. En
particular, incrementó en un 50% el porcentaje de la prima de actividad que pasó
del 33% al 49,5% del sueldo básico para el personal activo y dispuso el reajuste
correspondiente en las asignaciones de retiro y pensiones de los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
2.2.2. El artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 limitó el referido reajuste de la prima de
actividad al personal militar y policial que, para el 1 de julio de 2007, ya se
encontraba disfrutando de asignación de retiro o pensión de invalidez.
2.2.3. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional expidió el Acta del 22 de abril
de 2014, mediante el cual reconoció el pago de la mesada 14 al personal militar y
policial que adquiriera el estatus de pensionado a partir de la vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005, incluso cuando la pensión superara 3 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
4 Con radicado 11001032500020030005701.
5 Con radicado 11001032500020070009800 (1831-07).
6 Con radicado 11001-03-25-000 2007-00087-00 (1686-07).
7 Incluida en la reforma de la demanda. Expediente digital documentos 81 y 84.
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
2.2.4. Tanto el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 como el Acta del 22 de abril de
2014 excluyeron al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional que se
encontraba sometido al Decreto Ley 1214 de 1990.
2.2.5. Por lo tanto, dicho personal que, para el 1 de julio de 2007, ya disfrutaba de
pensión de jubilación o de invalidez, continuó percibiendo la prima de actividad en
el porcentaje anterior, mientras que al personal militar y policial se le aplicó el
incremento previsto en el Decreto 2863 de 2007.
2.2.6. El
Decreto Ley 1214 de 1990 constituía el régimen especial aplicable al
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y dicho régimen continúa vigente
en sus aspectos salarial, prestacional y pensional.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. En relación con la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 y 15 de
la Ley 4ª de 1992 para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal
Militar8:
3.1. Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 43, 48, 53,
56, 95, 113, 188, 189, 201, 228 y 237 de la Constitución Política; 4 de la Ley 4ª de
1992; 5, 12 y 36 de la Ley 270 de 1996; y 9, 103, 189 y 237 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Elconcepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los
siguientes argumentos:
3.2.1. Los apartes «sin carácter salarial» y «excluyendo las primas», contenidos en los
decretos demandados entre los años 2008 y 2014, desconocieron el precedente
fijado por el Consejo de Estado en las sentencias del 2 de abril de 2009 y 29 de abril
de 2014, que declararon la nulidad de disposiciones con idéntico contenido por
contrariar la Ley 4ª de 1992.
3.2.2. Por lo tanto, al reproducir una norma anulada «con desviación de poder» afectó
la independencia y autonomía de la función jurisdiccional y la fuerza de cosa
juzgada erga omnes de las sentencias de nulidad, vulneró los principios y derechos
constitucionales relacionados con el Estado social de derecho, la dignidad humana,
el trabajo, la igualdad, la seguridad social, la irrenunciabilidad de los beneficios
mínimos laborales y el cumplimiento de las decisiones judiciales, así como los
deberes de las autoridades de respetar y acatar los fallos de la jurisdicción
contencioso-administrativa. En consecuencia, se desconoció el carácter salarial de
la prima especial del 30% y, con ello, afectó la liquidación de las prestaciones
sociales y pensionales de los servidores beneficiarios.
3.2.3. De otra parte, vulneraron el artículo 4 de la Ley 4ª de 1992, porque los decretos
salariales anuales fueron expedidos por fuera del término previsto por el legislador
para el ejercicio de la facultad correspondiente, esto es, dentro de los 10 días del
mes de enero de cada año.
8 Que corresponde a aquellos señalados en la demanda inicial. Expediente digital, documento 53.
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
4. En relación con la prima de actividad y la mesada 14 para personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional
4.1. Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 43, 48, 53,
94, 150, 188, 189 y 217 de la Constitución Política; 2, 4 y 13 de la Ley 4ª de 1992;
142 y 279 de la Ley 100 de 1993; 2 del Decreto 1790 de 2000; 84, 158 y 159 del
Decreto 1211 de 1990; 68, 140 y 141 del Decreto 1212 de 1990; y 38 y 102 del
Decreto 1214 de 1990; las leyes 171 de 1994 y 923 de 2004; el Acto Legislativo 01
de 2005; el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo de San Salvador; y los
Convenios 95, 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo.
4.2. Elconcepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los
siguientes argumentos:
4.2.1. El artículo 4 del Decreto 2863 de 2007, que reguló el reajuste de la prima de
actividad en las asignaciones de retiro y pensiones del personal militar y policial, y
el Acta del 22 de abril de 2014, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, que
reguló el reconocimiento de la mesada 14 al personal militar y policial que adquiriera
el estatus de pensionado después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01
de 2005, incluso cuando la pensión superara 3 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, incurrieron en omisión relativa al excluir de sus efectos al personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional sometido al Decreto Ley 1214 de 1990, pese a
encontrarse en una situación análoga, sin que existiera una razón constitucional o
legal que justificara dicha exclusión.
4.2.2. En particular, el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 excluyó al personal civil
que, para el 1 de julio de 2007, se encontraba disfrutando de asignación de retiro o
pensión, pese a que el artículo 2 ejusdem incrementó la prima de actividad para el
personal activo regulado por los decretos ley 1211, 1212 y 1214 de 1990. Dicha
exclusión incidió en el monto de las prestaciones del personal civil, toda vez que la
prima de actividad constituía factor para su liquidación.
4.2.3.El Acta del 22 de abril de 2014, desconoció el artículo 142 de la Ley 100 de
1993 y la sentencia C-409 de 1994, al impedir que el personal civil accediera a la
mesada adicional en idénticas condiciones reconocidas al personal militar y policial.
4.2.4.La exclusión referida carecía de justificación porque el personal civil sometido
al Decreto Ley 1214 de 1990 hacía parte de la Fuerza Pública y se encontraba
sometido a un régimen especial salarial, prestacional y pensional, sin que existiera
una circunstancia constitucionalmente relevante que justificara un tratamiento
menos favorable frente al personal militar y policial.
4.2.5. Por lo tanto, las exclusiones señaladas vulneraron los principios de igualdad,
dignidad humana, protección del trabajo, seguridad social, favorabilidad, condición
más beneficiosa e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, al
establecer un trato diferente entre personas que se encontraban en situaciones
comparables, sin una justificación objetiva y razonable.
4.2.6. Asimismo, desconocieron los instrumentos internacionales, relacionados con
la igualdad de remuneración, la prohibición de discriminación en el empleo y la
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
ocupación, en cuanto imponían obligaciones de protección e igualdad frente al
personal civil que integra la Fuerza Pública.
4.2.7. En consecuencia, las normas y los actos demandados resultaban
inconstitucionales no por su contenido expreso, sino por la omisión de incluir al
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional sometido al Decreto Ley 1214 de
1990 dentro de sus efectos. Por ello, era procedente la extensión a dicho personal
los efectos del reajuste de la prima de actividad y del reconocimiento de la mesada
14, mediante una decisión integradora.
1.2. Contestación de la demanda
5. La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la demanda con
fundamento en lo siguiente9:
5.1. La sentencia del 2 de abril de 2009 no constituía precedente aplicable al caso,
porque allí se analizó la prima especial reconocida a empleados y funcionarios
subalternos de la Rama Judicial, cuya fuente eran las normas generales de la Ley
4ª de 1992, mientras que las disposiciones demandadas desarrollaban la prima
prevista expresamente en el artículo 14 ejusdem para magistrados de tribunal,
agentes del Ministerio Público y jueces. En consecuencia, aunque ambas primas
tuvieran una denominación y porcentaje similares, se trataba de conceptos con
fundamento legal y destinatarios diferentes.
5.2. Tampoco la sentencia del 29 de abril de 2014 por medio de la cual, se declaró
la nulidad de las disposiciones de los decretos expedidos entre los años 1993 y
2007 sobre la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 porque [para ese
momento] estaba en discusión en sede constitucional.
5.3. La prima especial constituía una adición a la remuneración y no una disminución
del salario básico, pues su reconocimiento desde el año 1993 representó para sus
destinatarios un incremento equivalente al 30% de su salario. Por ello, los decretos
salariales no habían reducido ni afectado el salario básico de los servidores ni
desconocido el principio de progresividad. Ordenar nuevamente su pago supondría
una doble percepción del concepto y afectaría injustificadamente los recursos
públicos.
5.4. Las sentencias del 9 de marzo 200610 y del 24 de agosto de 201111 declararon
la legalidad material de los decretos que desarrollaron el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 y recocieron la existencia de cosa juzgada absoluta sobre la materia. Por ello,
no era jurídicamente admisible que la sentencia del 29 de abril de 2014
desconociera esos precedentes y retomara la interpretación de la sentencia del 2
de abril de 2009, referida a una regulación y unos destinatarios diferentes.
5.5. No se configuró la desviación de poder, porque la mayoría de los decretos
demandados fueron expedidos entre el 4 de marzo de 2008 y el 7 de febrero de
2014, es decir, antes de la sentencia del 29 de abril de 2014. Por tanto, no podía
9 Expediente digital, documento 94.
10 De radicado 11001-03-25-000-2003-00057-01 (121-03).
11 De radicado 11001-03-25-000-2003-00421-01 (5572-2003)
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
afirmarse que hubieran sido expedidos con desconocimiento de una decisión
judicial posterior. En cuanto a los decretos correspondientes al año 2015, tampoco
resultaba aplicable dicho precedente por las razones ya expuestas.
6. El Departamento Administrativo de la Función Pública contestó la demanda
con fundamento en lo siguiente12:
6.1. Elcarácter no salarial de la prima especial de servicios fue establecido
directamente por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y avalada por la Corte
Constitucional en las sentencias C-279 de 1996 y C-444 de 1997. Por tanto, los
decretos reglamentarios se limitaron a desarrollar el mandato legal y no podían
modificar su naturaleza jurídica.
6.2. Asimismo, las primas previstas en los artículos 14 y 15 ejusdem tenían
destinatarios y finalidades diferentes, de tal manera que no podían trasladarse
automáticamente las decisiones judiciales referidas a otros conceptos o servidores.
En particular, las sentencias del Consejo de Estado del 2 de abril de 2009 y del 29
de abril de 2014 no resultaban aplicables, pues se referían a regulaciones distintas
y a destinatarios diferentes de los comprendidos en los artículos referidos.
6.3. La expresión «sin carácter salarial» no implicó que la prima careciera de todo
efecto jurídico. Aunque no constituyó factor para la liquidación general de las
prestaciones sociales, la Ley 332 de 1996 dispuso que debía tenerse en cuenta
para la liquidación de la pensión de jubilación. Por ello, los decretos demandados
no crearon una exclusión prestacional contraria a la ley, sino que desarrollaron el
tratamiento jurídico previsto por el legislador.
6.4. Tampoco se acreditó que el reconocimiento de la prima hubiera implicado una
disminución del salario básico, pues su incorporación estuvo acompañada de los
incrementos salariales correspondientes. En consecuencia, no había lugar a
reconocer nuevamente el 30% de la prima, pues ello supondría duplicar un concepto
que ya había sido pagado y otorgarle efectos prestacionales generales que la ley
expresamente excluyó.
6.5. Propuso la excepción de cosa juzgada con fundamento en lo siguiente:
6.5.1. Sobre la naturaleza no salarial de la prima especial, existía cosa juzgada
constitucional, porque la Corte Constitucional ya había examinado esa
característica en las sentencias C-279 del 20 de junio de 1996 y C-444 del 25 de
septiembre de 1997. Por lo tanto, no podía reabrirse el debate sobre si la prima
podía tener o no dicho carácter, pues esa cuestión había sido definida por la Corte
y debía ser respetada por el juez al examinar los decretos reglamentarios.
6.5.2. También hubo cosa juzgada respecto del desarrollo reglamentario de la
prima especial porque en la sentencia del 9 de marzo de 200613, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado se examinó la legalidad de los artículos 6
y 7 de los decretos 57 de 1993 y 673 de 2002 y se concluyó que el gobierno nacional
no había desbordado las facultades conferidas por la Ley 4ª de 1992; conclusión
12 Expediente digital, documento 92.
13 De radicado 11001-03-25-000-2003-00057-01 (121-03).
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
ratificada por dicha sección, en la sentencia del 24 de agosto de 201114, en la cual
se declaró probada la excepción de cosa juzgada y se ordenó estarse a lo resuelto
en la providencia del 9 de marzo de 2006 en la medida en que los decretos
demandados reproducían, en lo material, la fórmula normativa que ya había sido
examinada y considerada ajustada al ordenamiento jurídico, tal como sucedía en el
sub judice.
6.5.3. En consecuencia, las decisiones posteriores invocadas por el demandante
no podían desplazar los efectos de las decisiones anteriores que ya habían definido
la legalidad de la regulación. Particularmente, la sentencia del 2 de abril de 2009 15,
se refería a una regulación diferente y a otros destinatarios, mientras que las
sentencias del 9 de marzo de 2006 y 24 de agosto de 2011 habían examinado
específicamente el desarrollo normativo de la prima prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992.
7. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la
demanda con base en los siguientes argumentos16:
7.1. La extemporaneidad de la expedición de los decretos no tenía fundamento
porque, aunque el artículo 4 de la Ley 4ª de 1992 establecía inicialmente que el
gobierno nacional debía modificar el sistema salarial dentro de los primeros 10 días
de enero de cada año, dicha expresión fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-710 de 1999. En consecuencia, el gobierno
nacional no estaba sujeto al término señalado en la norma.
7.2. No existía identidad sustancial entre las disposiciones anuladas y las
demandadas porque las sentencias del 2 de abril de 2009 y del 29 de abril de 2014
declararon la nulidad parcial de los decretos salariales anuales toda vez que
deducían el 30% de la remuneración de los servidores para convertirlo en una prima
especial de servicios sin carácter salarial en lugar de constituir un incremento. Los
decretos demandados, por el contrario, reconocían expresamente la prima especial
y establecían de manera independiente la asignación básica y los demás
componentes de la remuneración, en ese sentido, no reproducían el vicio de
ilegalidad identificado en aquellas providencias.
7.3. Así que la expresión «sin carácter salarial», «excluyendo las primas»; «sin carácter
salarial»; «solo»; «no constituye factor salarial»; «únicamente»; «no constituirá...para
ningún efecto» y «únicamente para efectos fiscales»" no significaba que se hubiera
descontado el 30% del salario, sino que delimitaba los efectos prestacionales del
concepto, el cual constituía factor salarial para efectos del ingreso base de
cotización al Sistema General de Pensiones y, conforme con la Ley 797 de 2003,
para la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Asimismo, se
mantenía el reconocimiento de las demás prestaciones sociales de los servidores
conforme con el régimen aplicable.
7.4. No podía afirmarse que las disposiciones acusadas hubieran desconocido la
fuerza de cosa juzgada de las sentencias del Consejo de Estado citadas por el actor
14 De radicado 11001-03-25-000-2003-00421-01 (5572-2003)
15 Con radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).
16 Expediente digital, documento 90.
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
en la medida en que la regulación demandada no reproducía las normas anuladas
ni conservaba el defecto que dio lugar a su expulsión del ordenamiento jurídico.
7.5. En ese sentido, el gobierno nacionalejerció sus competencias de manera
ajustada a la ley, en consecuencia, no se configuraron los vicios de ilegalidad
alegados por el demandante.
8. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a las pretensiones
de la demanda con base en los siguientes argumentos17:
8.1. La expresión «sin carácter salarial» de la prima especial tenía origen en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 y había sido declarada exequible por la Corte Constitucional
en la sentencia C-279 de 1996. Por lo tanto, no constituía factor para la liquidación
de las prestaciones sociales, salvo para la cotización y liquidación de la pensión de
jubilación, conforme con la modificación introducida por la Ley 332 de 1996 y
avalada por la sentencia C-447 de 1997.
8.2. Los decretos salariales expedidos desde el año 1993 hasta el 2007
reglamentaron de manera uniforme la prima especial, los cuales fueron anulados
por la sentencia del 29 de abril de 2014, sin embargo, los decretos correspondientes
a los años 2008 y siguientes se encontraban vigentes y amparados por la
presunción de legalidad, a lo que dio plena aplicabilidad comoquiera que no tenía
competencia para modificar el régimen salarial establecido por el gobierno nacional.
8.3. Liquidó la remuneración y las prestaciones tomando como base el 100% del
sueldo básico, tal como lo disponían las normas vigentes, por lo tanto, no existía
fundamento para reliquidar las prestaciones sociales con inclusión del 30% de la
prima especial, en la medida en que constituía un ingreso mensual, pero no factor
salarial para la liquidación de las prestaciones sociales. Por lo tanto, dicho
emolumento fue pagado a los servidores conforme con las reglas establecidas en
los decretos salariales de cada vigencia.
1.3. Decisión sobre excepciones previas
9. Através del auto del 11 de julio de 202318 se estudiaron las excepciones
propuestas y se resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR que la excepción de cosa juzgada y los demás medios
defensivos propuestos como excepciones sustanciales serán estudiados al resolver el
fondo del asunto.
SEGUNDO: DECLARAR que no hay lugar a adoptar medidas de saneamiento procesal.
[…]» [sic].
1.4. Trámite de sentencia anticipada
10. La demanda de nulidad promovida por William Cañón Velandia fue radicada el 8
de julio de 2014, según puede corroborarse con el acta de reparto visible en el
17 Expediente digital, documento 89.
18 Expediente digital, documento 142.
9
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Demandante: William Cañón Velandia
documento 54 del expediente digitalizado. En el escrito primigenio de la demanda
se cuestionó la legalidad de apartes de 7 decretos salariales19. Por medio de una
serie de adiciones a la demanda que se llevaron a cabo el 17 de marzo y 5 de
noviembre de 2015, el actor incluyó en sus pretensiones el estudio de nuevas
previsiones normativas20.
11. La demanda y sus modificaciones fue admitida a través de auto del 10 de marzo
de 2017. Con posterioridad, el actor presentó dos nuevos memoriales denominados
«complementación» [21 de marzo de 2017] y «adición» [23 de marzo de 2017] de la
demanda, razón por la que se le requirió para que indicara cuál documento debía
ser tenido en cuenta, en atención a que su contenido era ostensiblemente distinto y
a que, de acuerdo con el artículo 173 del CPACA, la demanda solo podía ser
adicionada, aclarada o modificada una única vez.
12. El 7 de noviembre de 2017, el actor allegó memorial en el que explicó que se
tomara en consideración el segundo de los memoriales en el que solicitó que se
incluyera en las pretensiones de nulidad algunos apartes del Decreto 2863 de 2007
y el Acta del 22 de abril de 2014, relacionados con la prima de actividad para el
personal uniformado de las Fuerzas Militares y el pago de la mesada 14 para el
personal no uniformado del Ministerio de Educación Nacional.
13. De acuerdo con lo anterior, por medio de auto del 31 de mayo de 2019, el conjuez
ponente admitió la reforma a la demanda de conformidad con los citados actos
administrativos. Por su parte, con auto del 6 de agosto de 2024 se impartió el trámite
de sentencia anticipada. Con esa finalidad, se pronunció sobre el decreto de
pruebas, fijó el litigio y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar
de conclusión. Los problemas jurídicos que habría de resolverse en la sentencia de
fondo se delimitaron de la siguiente forma:
«Definir si los 21 Decretos expedidos por el Gobierno Nacional, vulneran el
ordenamiento jurídico por desviación de poder y contrarían los artículos 1, 2, 3, 4,
6, 13, 25, 43, 48, 53, 56, 95 numerales 3 y 7, 113, 188, 189 numerales 10 y 11, 201
numeral 1, 228, 237 numeral 2 y el preámbulo de la Constitución; la Ley 4ª de 1992
artículo 4, Ley 270 de 1996 artículos 5, 12 y 36 y artículos 6, 103, 189 y 237 del
CPACA, excluyendo el 30% de las primas y demás emolumentos contenidos en
dichos preceptos, debiéndose tenerlos como factor salarial para liquidar todo
derecho prestacional.
Por otro lado, si Decreto 2863 de 2007 y el Acta de fecha 22 de abril de 2014 “por
medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del
Ministerio de Defensa Nacional- Secretaría General- Dirección Administrativa-
Grupo Prestaciones Sociales”, mediante la cual se decidió reconocer la mesada 14
al personal militar y policial que adquieran el estatus de pensionados a partir de la
vigencia del acto legislativo 01 del año 2005, vulneraron las normas invocadas, ya
que excluyó al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional que devenga
pensión bajo los parámetros del Decreto 1214 de 1990».
14. Se aclara que los 21 decretos a los que hizo referencia corresponden a los
enlistados en el acápite denominado «la demanda» así:
19 Decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y
194 de 2014.
20 Decreto 657 de 2008 y los decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034
de 2013 y 204 de 2014.
10
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Demandante: William Cañón Velandia
1. «“solo...” del inciso 4 del artículo 1, del aparte “... sin carácter salarial...” del inciso 6
del artículo 1, del aparte "...solo..." del inciso 3 del artículo 4, del aparte"... sin carácter
salariar del artículo 7, del aparte "... sin carácter salariar del artículo 9, y del aparte “...
no constituye factor salarial...” del artículo 10 del Decreto 657 de 2008.
2. “...excluyendo las primas...”, del artículo 5 y “...sin carácter salarial...” de los artículos
6 y 7 de Decreto 658 de 2008.
3. “...sin carácter salarial...” contenido dentro del inciso 5 del artículo 4 del Decreto 722
del año 2009.
4. “...excluyendo las primas...”, del artículo 6 y “...sin carácter salarial..." de los artículos
8 y 9 del Decreto 723 del año 2009.
5. “...excluyendo las primas...”, del artículo 7 y “...sin carácter salarial...” del artículo 8
del Decreto 1388 del año 2010.
6. “...sin carácter salarial...” contenido dentro del inciso 5 del artículo 2 y 4 del Decreto
1405 del año 2010.
7. “... excluyendo las primas...”, del artículo 7 y “…sin carácter salarial..." del artículo 8
del Decreto 1039 del año 2011.
8. “...sin carácter salarial...” contenido dentro del inciso 5 del artículo 2 y 4 del Decreto
1041 del año 2011.
9. “...sin carácter salarial...” contenido dentro del inciso 5 del artículo 2 y 4 Decreto 848
del año 2012.
10. “...excluyendo las primas...”, del artículo 7 y “...sin carácter salarial..." del artículo 8
del Decreto 874 del año 2012.
11. "...únicamente..."del primer inciso del artículo 1 del Decreto 383 del año 2013.
12. “... excluyendo las primas...”, del artículo 7 y “...sin carácter salarial..." del artículo 8
del Decreto 1024 del año 2013.
13. “sin carácter salarial” ... contenido dentro del inciso 5 del artículo 2 y 4 del Decreto
1034 del año 2013.
14. “...excluyendo las primas...”, del artículo 75 y “...sin carácter salarial..." del artículo 8
del Decreto 194 del año 2014.
15. “...sin carácter salarial..." contenido dentro del inciso 5 del artículo 2 y 4 del Decreto
204 del año 2014.
16. “... solo ...” del inciso 3 del artículo 2, “...solo...” contenida en el inciso 4 del artículo
3, “...únicamente...” contenido en el inciso 2 del artículo 5, "... no constituirá... para ningún
efecto” del 1 y 2 inciso del artículo 7 del Decreto 205 del año 2014.
17. "... solo ...” del inciso 3 del artículo 2, “...solo...” contenida en el inciso 3 del artículo
3, “...únicamente...” contenido en el inciso 2 del artículo 6, "... no constituirá... para ningún
efecto” del 1 y 2 inciso del artículo 8 del Decreto 1087 del año 2014.
18. “... solo...” y “...no...” contenida en el 1 inciso del artículo 2 del Decreto 1100 del año
2015.
19. “... solo ...” del inciso 3 del artículo 2, “...sin carácter salarial...” y “...no...” contenida
en el inciso 5 del artículo 2, “...sin carácter salarial ..."contenido en el I artículo 4 y "...
únicamente para efectos fiscales... “de los literales a, b, c, d, e, del 2do inciso del artículo
6 del Decreto 1105 del año 2015.
11
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Demandante: William Cañón Velandia
20. “...únicamente...” contenido en el inciso primero del artículo 1 del Decreto 1269 del
año 2015.
21. “...únicamente...” contenido en el inciso 1 del artículo 1 de Decreto 1270 del año
2015.» [sic]
1.5. Alegatos de conclusión
15. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión, en el siguiente orden:
15.1. El demandante reiteró los alegatos expuestos en la demanda21.
15.2. El
Departamento Administrativo de la Función Pública insistió en los
argumentos de la contestación de la demanda22.
15.3. La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho reprodujo los razonamientos
expuestos en la contestación y, adicionalmente, señaló que respecto de las
disposiciones demandadas debía estarse a lo resuelto en las sentencias del 21 de
septiembre de 2022 con radicado 11001032500020180110100, y del 9 de abril de
2024 con radicado 11001032500020190060900. Asimismo, indicó que se
encontraba pendiente de decisión una solicitud de unificación jurisprudencial sobre
el carácter salarial de la bonificación judicial23.
15.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reiteró los argumentos de
la contestación de la demanda. Adicionalmente, planteó la configuración del
fenómeno de la cosa juzgada respecto de los actos demandados, con fundamento
en la sentencia del 9 de abril de 2024 con radicado 11001032500020190060900,
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por lo tanto, debía estarse a lo resuelto a lo allí decidido. Asimismo, se refirió a la
bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013 y sus posteriores reajustes,
para precisar que esta solo constituía factor salarial para efectos de las cotizaciones
a salud y pensión24.
16. La Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado no se pronunciaron en esta instancia procesal25.
17. El Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda,
al considerar que los decretos acusados no incurrieron en los vicios alegados, pues
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituía un
incremento del salario básico, aunque solo tenía carácter salarial para efectos de la
pensión de jubilación, conforme con las sentencias del Consejo de Estado del 2 de
septiembre de 201926 y del 15 de diciembre de 202027. Asimismo, consideró que las
sentencias del 2 de abril de 200928, y del 29 de abril de 201429, no resultaban
aplicables para declarar la nulidad de los decretos demandados y descartó la
21 Expediente digital, documentos 148 y 149. Índices 118 y 119 Samai.
22 Expediente digital, documento 153. Índice 122 Samai.
23 Expediente digital, documento 151. Índice 120 Samai.
24 Expediente digital, documento 157. Índice 124 Samai.
25 De conformidad con el informe secretarial del 26 de septiembre de 2024. Samai, índice 75.
26 Con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
27 Con radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-18) SUJ-023-CE-S2-2020.
28 Con radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).
29 Con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07).
12
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
desviación de poder porque la mayoría fueron expedidos antes de la última
providencia y correspondían al ejercicio de la competencia del gobierno nacional
para fijar anualmente el régimen salarial. En consecuencia, no se había desvirtuado
la presunción de legalidad de los actos demandados30.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
18. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia sobre las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el
criterio de especialidad, los artículos 1331, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201932
señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.
2.2. Problemas jurídicos
19. Sin desconocer la fijación del litigio efectuada mediante el auto del 6 de agosto
de 2024, por medio del cual se dispuso impartir el trámite de sentencia anticipada,
la Sala advierte la necesidad de efectuar algunas precisiones en su contenido, con
el fin de que corresponda con las pretensiones efectivamente formuladas por la
parte demandante y con las disposiciones que fueron objeto de cuestionamiento a
lo largo del proceso.
20. Lo anterior obedece a que, al momento de fijar el litigio, se presentaron algunas
imprecisiones en la identificación de las disposiciones sometidas a control,
derivadas tanto de la inclusión de normas que finalmente no hicieron parte de las
pretensiones como de errores en su identificación. En consecuencia, resulta
necesario corregir tales aspectos para delimitar adecuadamente el objeto de la
controversia y garantizar que el análisis de legalidad recaiga exclusivamente sobre
las disposiciones efectivamente demandadas.
21. Esta precisión no implica una modificación de las pretensiones ni de los cargos
formulados por la parte actora, sino la adecuación de la fijación del litigio al
contenido real de la demanda y de las actuaciones procesales que delimitaron la
controversia. Por lo tanto, a continuación, se precisarán los términos en los cuales
quedó fijado el litigio que corresponde resolver en esta providencia.
22. Asimismo, respecto del carácter salarial de la prima especial de servicios, sin
alterar sustancialmente los problemas jurídicos planteados en el auto del 6 de
agosto de 2024, la Sala considera necesario introducir algunas precisiones
conceptuales, con el propósito de delimitar con mayor claridad los aspectos que
serán objeto de análisis.
30 Expediente digital, documento 157-157. Índice 123 Samai.
31 Reglamento interno del Consejo de Estado.
32 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se
le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
13
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Demandante: William Cañón Velandia
23. En este sentido, el problema jurídico a resolver de forma preliminar consiste en
determinar:
23.1. ¿si las expresiones «sin carácter salarial» incluidas en los artículos 1, 7 y 9 del
Decreto 657 de 2008; 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; 2 y 4 de los decretos 722 de
2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de 2013, 204 de 2014 y
1105 de 2015; 8 y 9 del Decreto 723 de 2009; y 8 de los decretos 1388 del 2010,
1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014; la expresión «solo»,
prevista en los artículos 1, 4 y 10 del Decreto 657 de 2008; 2 y 3 del Decreto 205 de
2014 y 1087 de 2015; y 2 de los decretos 1105 de 2015 y 1100 de 2015; «no»
añadida en los 2 de los decretos 1100 y 1105 de 2015; «únicamente» incorporada
en los artículos 1 de los decretos 383 de 2013; 1269 de 2015 y 1270 de 2015; 5 del
Decreto 205 de 2014; y 6 del Decreto 1087 de 2015; «únicamente para efectos
fiscales» establecida en el artículo 6 del Decreto 1105 de 2015; «no constituirá […]
para ningún efecto» incluida en los artículos 7 del Decreto 205 de 2014; y 8 del
Decreto 1087 de 2015; «no constituye factor salarial» prevista en el artículo 10 del
Decreto 657 de 2008, desconocieron las sentencias del Consejo de Estado del 2 de
abril de 200933 y 29 de abril de 201434; y los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 43, 48,
53, 56, 95, 113, 188, 189, 201, 228 y 237 de la Constitución Política; 4 de la Ley 4ª
de 1992; 5, 12 y 36 de la Ley 270 de 1996; y 9, 103, 189 y 237 de la Ley 1437 de
2011?
23.2. ¿si la expresión «excluyendo las primas» de los artículos 5 del Decreto 658 de
2008; 7 de los decretos 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012,
1024 del 2013, y 194 del 2014, desconocieron las sentencias del Consejo de Estado
del 2 de abril de 200935 y 29 de abril de 201436; y los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25,
43, 48, 53, 56, 95, 113, 188, 189, 201, 228 y 237 de la Constitución Política; 4 de la
Ley 4ª de 1992; 5, 12 y 36 de la Ley 270 de 1996; y 9, 103, 189 y 237 de la Ley
1437 de 2011?
23.3. ¿si los decretos demandados desconocieron el plazo fijado en el artículo 4 de
la Ley 4ª de 1992, por haber sido expedidos por fuera de los 10 primeros días de
enero de cada año?
23.4. ¿si el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 incurrió en «omisión relativa» al no
incluir al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional en el incremento de la
mesada pensional de acuerdo con el principio de oscilación?
23.5. ¿si el Acta del 22 de abril de 2014 incurrió en «omisión relativa» al no incluir al
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional en el pago de la mesada 14 de que
trata el Decreto 4433 de 2004?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la prima especial de servicios
2.3.1.1. La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
33 Radicado 11001032500020070009800 (1831-07). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
34 Radicado 11001032500020070008700 (1686-07). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
35 Radicado 11001032500020070009800 (1831-07). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
36 Radicado 11001032500020070008700 (1686-07). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
14
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Demandante: William Cañón Velandia
24. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la fuerza pública.
25. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial37 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
26. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
27. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
28. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
37 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
15
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Demandante: William Cañón Velandia
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación ».
29. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200738, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar39».
30. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
31. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
32. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201940, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
38 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
39 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
16
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
1. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
3. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.
5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
33. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201941.
34. Asimismo, el Consejo de Estado42 declaró la nulidad de algunas normas que
reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada
Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
42 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
17
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución
y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].
35. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 43 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.
2.3.1.2. La prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992
36. El literal e), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la fuerza pública.
37. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 15, indicó lo siguiente:
«Artículo 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador
General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una
prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros
del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública».
38. Por su parte, mediante el Decreto 10 de 1993 el gobierno nacional reglamentó lo
relativo a la citada prima especial de servicios y estableció lo siguiente:
«ARTICULO 1°. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen derecho
a ella.
ARTICULO 2°. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad.
ARTICULO 3°. Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992 podrá tener una remuneración anual total superior a la de un miembro del
Congreso.
ARTICULO 4°. La prima a que se refiere este Decreto se pagará mensualmente, no tiene
carácter salarial y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración o
43 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
haberes de otros funcionarios o empleados de cualquiera de las ramas del Poder
Público, Fuerzas Militares, organismo o entidad del Estado.
ARTICULO 5°. La prima de que trata este Decreto reemplaza en su totalidad y deja sin
efecto cualquier otra prima a que tengan derecho los funcionarios de que trata el presente
Decreto, con excepción de la prima de Navidad.
[…]»
39. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-681 de 2003, declaró
inexequible la expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992. Para ello, consideró que, a partir de la expedición de la Ley 332 de 1996,
que reconoció carácter salarial para efectos pensionales a la prima especial prevista
en el artículo 14 ibidem, se produjo un tratamiento desigual entre los funcionarios
comprendidos en ambas disposiciones, pese a que inicialmente se encontraban
sometidos a la misma exclusión salarial. En consecuencia, concluyó que la prima
especial prevista en el artículo 15 también debía ser tenida en cuenta para efectos
pensionales.
40. Por otra parte, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia del 18 de mayo de 201644, precisó que la prima especial
prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 tiene como finalidad equiparar los
ingresos laborales totales anuales de los funcionarios allí señalados con los
percibidos por los miembros del Congreso de la República, sin que puedan
superarlos. Para determinar esa equivalencia, reiteró el criterio expuesto en la
sentencia del 4 de mayo de 200945, según el cual deben considerarse los ingresos
laborales permanentes percibidos por los congresistas, sin distinguir entre
conceptos salariales y prestacionales.
41. En ese sentido, la Sala sostuvo que la naturaleza prestacional de un determinado
emolumento no impide que sea considerado dentro de los ingresos laborales totales
anuales que sirven de parámetro para establecer la cuantía de la prima especial,
pues el propósito de esta consiste en garantizar la equiparación prevista por el
legislador entre los ingresos de sus beneficiarios y los percibidos por los miembros
del Congreso.
42. De acuerdo con lo anterior, la prima especial prevista en el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992 fue concebida como un mecanismo de equiparación de los ingresos de
sus beneficiarios con los de los miembros del Congreso. En cuanto a su carácter
salarial, aunque el texto original del artículo 15 y el artículo 4 del Decreto 10 de 1993
excluyeron expresamente esa naturaleza, la Corte Constitucional declaró
inexequible la expresión «sin carácter salarial» contenida en la norma legal y precisó
que la prima debía ser tenida en cuenta para efectos pensionales.
2.3.2. La prima de actividad y el principio de oscilación para el personal de
oficiales, suboficiales y personal civil del Ministerio de Defensa Nacional
43. La prima de actividad es una prestación reconocida al personal de las Fuerzas
Militares, de la Policía Nacional y a los empleados públicos del Ministerio de
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia de unificación del 18 de
mayo de 2016, radicado 25000232500020100024602 (0845-2015).
45 Con radicado 25000232500020040520902. (NI 0552-2007).
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
Defensa y de la Policía Nacional, regulada inicialmente por los decretos 121146,
121247 y 121448 de 1990, cuyos artículos 84, 68 y 38, respectivamente,
establecieron su reconocimiento y cuantía. Así, para los oficiales y suboficiales de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se fijó en el 33% del sueldo básico
mensual, mientras que para el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional se estableció en el 20%.
44. En desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 199249 y la Ley 923 de
200450, el gobierno nacional expidió el Decreto 2863 de 2007, por medio del cual,
modificó parcialmente el Decreto 1515 de ese año y adoptó otras disposiciones
relacionadas con el régimen salarial y prestacional del personal de la Fuerza
Pública. En particular, el artículo 2 incrementó, a partir del 1 de julio de 2007, en un
50%, el porcentaje de la prima de actividad prevista en los decretos referidos, en los
siguientes términos:
«Artículo 2. Modificar el artículo 32 del Decreto 1515 de 2007 el cual quedará así:
Incrementar en un cincuenta por ciento (50%) a partir del 1° de julio de 2007, el
porcentaje de la prima de actividad de que tratan los artículos 84 del Decreto-ley 1211
de 1990, 68 del Decreto-ley 1212 de 1990 y 38 del Decreto-ley 1214 de 1990. Para el
cómputo de esta prima en las prestaciones sociales, diferentes a la asignación de retiro
o pensión, de que tratan los artículos 159 del Decreto-ley 1211 de 1990 y 141 del
Decreto-ley 1212 de 1990, se ajustará el porcentaje a que se tenga derecho según el
tiempo de servicio en el cincuenta por ciento (50%)».
45. De esta manera, el artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 comprendió
expresamente las 3 regulaciones de la prima de actividad, la correspondiente a los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, la reconocida a los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional y la prevista para los empleados públicos del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Asimismo, precisó el porcentaje
aplicable para el cómputo de dicha prima en determinadas prestaciones sociales,
distintas de la asignación de retiro o pensión.
46. Ahora bien, para comprender el alcance del artículo 4 del Decreto 2863 de 2007
resulta necesario precisar el denominado principio de oscilación, en tanto constituye
el mecanismo mediante el cual el ordenamiento jurídico determina el reajuste de las
asignaciones de retiro y de determinadas pensiones reconocidas al personal de
oficiales y suboficiales de la fuerza pública. Este principio responde a la naturaleza
particular de las asignaciones de retiro y busca mantener una correspondencia entre
las prestaciones de quienes se encuentran retirados del servicio y las condiciones
económicas de quienes permanecen en actividad.
46«Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares».
47 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional».
48 «Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional».
49 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
50 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
47. En términos generales, el principio de oscilación implica que las asignaciones de
retiro y las pensiones de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la
Policía Nacional se reajustan en igual porcentaje en que se incrementan las
asignaciones de los miembros activos que se encuentren en el mismo grado. Esta
regla encuentra fundamento en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 y se trata,
por tanto, de un mecanismo propio del régimen de asignación de retiro de la fuerza
pública, vinculado a la estructura salarial y a las particularidades de la carrera militar
y policial.
48. Por su parte, el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 dispuso que, en virtud del
principio de oscilación previsto en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, las
asignaciones de retiro y pensiones de invalidez y de sobrevivientes reconocidas
antes del 1 de julio de 2007 a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, o a sus beneficiarios, debían ajustarse en el mismo
porcentaje en que se incrementara la correspondiente prestación del personal
activo, por razón del aumento de la prima de actividad previsto en el artículo 2 del
mismo decreto. La disposición estableció:
«Artículo 4. En virtud del principio de oscilación de la asignación de retiro y pensión
dispuesto en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con asignación de retiro o pensión de invalidez
o a sus beneficiarios y a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los Oficiales
y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional obtenida antes del 1.º de
julio de 2007, tendrán derecho a que se les ajuste en el mismo porcentaje en que se
haya ajustado el del activo correspondiente, por razón del incremento de que trata el
artículo 2.º del presente decreto que modifica el artículo 32 del Decreto 1515 de 2007».
49. En consecuencia, mientras el artículo 2 incrementó el porcentaje de la prima de
actividad y estableció la forma de computarla en determinadas prestaciones
sociales, el artículo 4 extendió los efectos de ese incremento a las asignaciones de
retiro y pensiones allí señaladas, mediante la aplicación del principio de oscilación.
50. A su vez, el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional sometido al Decreto
Ley 1214 de 1990 cuenta con una regla específica para el reajuste de sus
pensiones. En efecto, el artículo 118 de dicha normativa dispuso que estas serían
reajustadas de oficio «cada vez y en el mismo porcentaje en que el Gobierno
incrementara el salario mínimo legal mensual».
51. El artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 fue objeto de análisis por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 27 de marzo de 201451.
En esa oportunidad, el problema jurídico estuvo circunscrito a determinar si dicha
disposición, que incrementó en un 50% la prima de actividad prevista en el artículo
38 del Decreto 1214 de 1990 vulneraba el derecho a la igualdad de los agentes de
la Policía Nacional, del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y de los
soldados profesionales, al no incluirlos entre los destinatarios del incremento. La
Sección negó la nulidad, al considerar que los grupos comparados no se
encontraban en idénticas condiciones ni desempeñaban iguales funciones y que la
diferencia de trato atendía al nivel de los cargos, la naturaleza de las funciones, las
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.
51 Con radicado 11001-03-25-000-2009-00029-00 (0656-09).
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
52. Posteriormente, el artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 fue objeto de un nuevo
análisis por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 21 de junio de 201852. En esa oportunidad, el problema jurídico estuvo
circunscrito a determinar si el incremento de la prima de actividad previsto en dicha
disposición debía extenderse a los agentes de la Policía Nacional, cuya prestación
se encontraba regulada por el artículo 30 del Decreto Ley 1213 de 1990. La
Corporación consideró que la controversia ya había sido resuelta en la sentencia
del 27 de marzo de 2014 y, en consecuencia, estuvo a lo allí resuelto.
53. Finalmente, debe destacarse que el Decreto 673 de 2008 derogó el Decreto 2863
de 2007, con excepción del artículo 4. Esta circunstancia fue expresamente
advertida por el Consejo de Estado al estudiar la legalidad del artículo 2, oportunidad
en la que señaló que la derogatoria no impedía el control judicial de la disposición,
en razón de los efectos que pudo producir durante el tiempo que estuvo vigente.
2.3.3. Régimen de asignación de retiro del personal de la Fuerza Pública
54. Como antecedentes, conviene señalar que el régimen prestacional de la Fuerza
Pública estaba contenido en los decretos ley 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, que
fueron expedidos en virtud de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley
66 de 1989.
55. Luego, la Constitución Política de 1991 definió una competencia concurrente
entre el Congreso y el presidente de la República53 para fijar el régimen prestacional
de los empleados públicos y de los miembros de la Fuerza Pública. Así, el legislador
establece el marco general al cual se debe sujetar el ejecutivo para regular la
materia, tal y como lo prevé el artículo 150 Superior al señalar:
«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[...]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores
oficiales. [...]»
56. De acuerdo con lo anterior la Ley 4.ª de 1992 prescribió:
«Artículo 1.º El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
[…]
d. Los miembros de la Fuerza Pública.
Artículo 2.º Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:
52 Con radicado 11001-03-25-000-2010-00136-00 (1013-2010).
53 Sobre el fenómeno de la «deslegalización» en relación con la regulación del régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos con el orden constitucional impuesto por la Constitución
Política de 1991 se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 19 de febrero de 2018, radicación: 11001-03-25-000-2011-00167-00(0580-2011), demandante:
Zoila María Salazar Carrera y Luz Hermelinda Castrillón de Amaya.
22
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del
régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán
desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
[…]
Artículo 10.º Todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los
decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de
todo efecto y no creará derechos adquiridos.» [se destaca]
57. Ahora, el artículo 216 de la CP prevé que la Fuerza Pública está integrada
exclusivamente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En cuanto a las
primeras, conviene señalar que están constituidas por el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aeroespacial y su finalidad es «la defensa de la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y del orden constitucional» [artículo 217 de la CP].
Respecto de la segunda, el artículo 218 de la CP dispone que se trata de un cuerpo
armado permanente de naturaleza civil cuyo propósito « es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz».
58. Las mencionadas labores, que conllevan actividades de mayor riesgo para la vida
y la integridad de este personal, ameritaron que la Constitución Política admitiera
un tratamiento jurídico distinto del señalado en el régimen general de seguridad
social. En efecto, los artículos 217 y 218 de la Constitución previeron que la ley
determinaría, entre otros aspectos, el sistema prestacional de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional.
59. Para la Corte Constitucional, la existencia de normas especiales en materia del
régimen prestacional para la Fuerza Pública no vulnera el derecho a la igualdad,
sino que ofrece mejores garantías «en aras de equilibrar el desgaste físico y emocional
sufrido durante un largo período de tiempo, por la prestación ininterrumpida de una función
pública que envuelve un peligro inminente»54.
60. En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 17.3 de la
Ley 797 de 2003, el gobierno nacional expidió el Decreto 2070 de 2003, por medio
del cual reformó el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares. Sin embargo,
en la sentencia C-432 de 2004, la Corte Constitucional declaró inexequibles el
numeral 3 del artículo 17 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 2070 de 2003, al
considerar que la medida desconoció el artículo 150, numerales 10 y 19, literal e),
de la CP.
61. La sentencia en mención precisó que el régimen especial de prestaciones de los
miembros de la Fuerza Pública debía buscar un nivel de amparo superior, o por lo
menos igual, al contenido en el régimen general de seguridad social, de manera que
se vea compensado el desgaste al cual se sometió el servidor durante su labor.
62. Además, el pronunciamiento puso de presente que se debía expedir una ley en
la cual el Congreso fijara los elementos básicos de ese régimen pensional y de
asignación de retiro de la Fuerza Pública, como, los requisitos de edad, tiempo de
servicio, monto, ingreso base de liquidación, régimen de transición,
54 Corte Constitucional Sentencia C-941 de 2003, reiterado en la T-512 de 2009
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indemnizaciones sustitutivas y demás condiciones y exigencias que aseguraran el
reconocimiento de esa asignación y de otras prestaciones relacionadas. Con arreglo
a lo anterior el gobierno debía regular la materia.
63. Fue así como se expidió la Ley 923 de 2004 «[m]ediante la cual se señalan las
normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política». De acuerdo con los antecedentes legislativos de tal norma, se observa que
el legislador entendía que la ley que debía expedir tenía que fijar un « mínimo de
garantías»55, según lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-432
de 2004 y establecer un marco.
64. El artículo 2 de la Ley 923 de 2004 previó que para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el
gobierno nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia,
universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y
solidaridad, los siguientes objetivos y criterios:
«[…] 2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán
todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos
conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se
expidan en desarrollo de la misma.
2.2. La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal.
2.3. Los riesgos inherentes a la actividad especial de los miembros de la Fuerza
Pública aplicando el principio de redistribución de acuerdo con la antigüedad,
grados, cuerpo, arma y/o especialidad, la naturaleza de las funciones, y sus
responsabilidades.
2.4. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y de las
pensiones legalmente reconocidas.
2.5. Los recursos que se recauden por aportes que se hagan para la asignación
de retiro en la Fuerza Pública y sus rendimientos se destinarán en forma exclusiva
al pago de asignaciones de retiro y sustituciones pensionales. […]»
65. Por su parte, el artículo 3 ejusdem estableció los elementos mínimos que debe
tener en cuenta el gobierno nacional para la determinación de la asignación de
retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y
los reajustes de estas.
66. Con base en la Ley 923 de 2004, se expidió el Decreto 4433 de 2004, por medio
del cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública, el cual reguló, entre otros temas: la asignación de retiro; partidas
computables; sustitución de la asignación de retiro y pensiones; pensión de
sobrevivientes; pensión de invalidez; forma de pago de las asignaciones de retiro y
pensiones; mesadas adicionales; oscilación de la asignación de retiro y pensiones,
prescripción de mesadas y constitución de un fondo especial.
55 Ver Gaceta del Congreso 386 del 23 de julio de 2004, página 26. Exposición de motivos. También
se puede observar en la Gaceta del Congreso 578 del 28 de septiembre de 2004, página 3, Informe
para Ponencia para primer debate al proyecto de ley 024 de 2004, Cámara.
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2.3.4. Las mesadas adicionales como componentes del régimen pensional
67. El artículo 53 de la Constitución Política señala que el Estado garantiza el
reajuste de las pensiones, sin embargo, no precisa la forma en que debe hacerlo.
En consecuencia, esta materia debe ser regulada por el legislador. Sobre el punto,
la jurisprudencia constitucional56 se ha referido a la posibilidad de cumplir tal
cometido a través de diferentes medios legales, en atención a que los recursos
económicos para satisfacer el pago de las pensiones son limitados y, por ende, se
admitió la posibilidad de definir mecanismos que resulten más benéficos a quienes
reciben un ingreso menor por tal concepto.
68. Ahora bien, los mecanismos de compensación de la pérdida de la capacidad
adquisitiva de las pensiones como efecto de los fenómenos económicos tales como
la inflación, son los reajustes de pensiones (art. 14) y las mesadas adicionales de
junio y diciembre para los pensionados, como pasa a explicarse.
2.3.5. Mesada adicional de diciembre, mesada 13
69. El sustento normativo de la mesada adicional de diciembre tiene origen en el
artículo 5 de la Ley 4.ª del 21 de enero de 197657, que decretó en favor de los
pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores
público, oficial y semioficial, en todos sus órdenes, así como del privado, el derecho
a un reajuste anual [art. 1] y a una mensualidad adicional en el mes de diciembre,
en los siguientes términos:
«Los pensionados de que trata esta Ley o las personas a quienes de acuerdo con las
normas legales vigentes se trasmite el derecho, recibirán cada año, dentro de la primera
quincena del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad, en forma
adicional a su pensión. Esta suma será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación
de la pensión sin que exceda de quince veces el salario mínimo legal mensual más alto.»
70. Los antecedentes de este derecho se encuentran en la exposición de motivos del
Proyecto de Ley 29 de 1974 Cámara, inicialmente denominado «por la cual se adopta
el estatuto del pensionado». En dicha oportunidad, se anunció que la propuesta fue
«producto de una concienzuda recopilación de la legislación actual en lo esencial, para que
una vez declarada ley de la República sea el órgano legal, justo y claro que rija para todo
pensionado del sector privado»58.
71. Dentro de sus propósitos estaba el de propender por una « recompensa menos
mezquina y la erradicación del hambre en el hogar del pensionado», en atención a que,
en muchos casos, las empresas del sector privado encontraban maneras para burlar
las disposiciones legales dictadas en favor de los pensionados, mediante
interpretaciones acomodadas que permitían obtener provecho de su redacción
ambigua. En consecuencia, presentó, dentro de otros aspectos, una fórmula para la
compensación del ingreso pensional consistente en dos quincenas, una en junio y
otra en diciembre [art. 20].
56 En este sentido se pueden consultar: Corte Constitucional, sentencias C-387 de 1994, C-435 de
2017 y C-227 de 2023.
57 «Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial
y privado y se dictan otras disposiciones.»
58 Gaceta del Congreso, Cámara de Representantes, año XVII n.° 22, 22 de agosto de 1974. Página
7.
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72. Más adelante, se reconoció que el sector oficial también requería el ajuste
pensional59, para procurar el sostenimiento del pensionado y de su grupo familiar.
Por ello, en el informe para primer debate al Proyecto de Ley 120 de 1974 en
Senado se propuso el cambio de denominación, al advertir que también resultaba
aplicable al sector público. Igualmente, se modificó el texto para incluir en el artículo
6 que los pensionados del sector privado tendrían derecho a una mesada completa
en el mes de diciembre y ya no incluyó la de junio60.
73. En la ponencia del 27 de noviembre de 1975 61, el proyecto se denominó «por la
cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y
privado y se dictan otras disposiciones» y, en su artículo 5, se incluyó el texto que
finalmente dio lugar a la mesada adicional de diciembre como una forma de
revalorización de la prestación, con la aspiración de «mejorar sensiblemente la
situación actual de una gran masa de pensionados, tanto del sector público como del sector
privado, sin salirse de las posibilidades de que estas normas puedan ser cumplidas
íntegramente»62.
74. Por su parte, para el régimen general, la Ley 100 de 1993, en el artículo 50,
mantuvo la prestación y se aplica a todos los pensionados sin discriminación alguna,
en los siguientes términos: «[l]os pensionados por vejez o jubilación, invalidez y
sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes
de Noviembre, en la primera quincena del mes de Diciembre, el valor correspondiente a
una mensualidad adicional a su pensión».
75. En la exposición de motivos al Proyecto de Ley 155 de 1992 en Senado, dentro
de las prestaciones adicionales, solamente se indicó la voluntad de mantener la
prestación, que ya se había concebido anteriormente, así: «[l] os pensionados por
vejez, invalidez o sobrevivientes del régimen de prima media con prestación definida;
continuarán recibiendo la mesada adicional de que tratan las normas legales vigentes»63.
Es de anotar que esta prestación no suscitó discusión adicional y se mantuvo
durante todos los debates que antecedieron a la expedición de la Ley 100 de 1993.
76. Ahora, para el personal retirado de la Fuerza Pública, los artículos 177 del
Decreto 1211 de 1990, 158 del Decreto 1212 de 1990, 116 del Decreto 1213 de
1990 previeron el derecho a una mesada pensional de navidad para quienes
gozaban de una pensión o asignación de retiro, de la misma forma que lo previó el
artículo 119 del Decreto 1214 de 1990 para los sometidos al régimen del personal
civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
2.3.6. Mesada adicional de junio, mesada 14
77. El artículo 142 de la Ley 100 de 1993 estableció el derecho a una mesada
adicional para los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes tanto
del sector público como del privado, a partir del año 1994, en los siguientes
términos:
59 Gaceta del Congreso, Cámara de Representantes, año XVII, n.° 56, 12 de noviembre de 1974.
Página 15.
60 Gaceta del Congreso, Senado, año XXVII n.° 64, 15 de octubre de 1975. Página 3.
61 Gaceta del Congreso, Senado, año XXVIII n.° 90, 2 de diciembre de 1975. Página 4.
62 Ibidem.
63 Gaceta del Congreso, Senado de la República, año II n.° 130, 14 de mayo de 1993, Ponencia para
primer debate al Proyecto de Ley 155, Senado «Por el cual se crea el Sistema de Ahorro Pensional
y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad social». Página 9.
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«ARTÍCULO 142. MESADA ADICIONAL PARA ACTUALES PENSIONADOS. Los
pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de sectores públicos,
oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros
Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1o) de
enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la
pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se
cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.
Los pensionados por vejez del orden nacional, beneficiarios de los reajustes ordenados
en el decreto 2108 de 1992, recibirán el reconocimiento y pago de los treinta días de la
mesada adicional solo a partir de junio de 1996.64
PARÁGRAFO. Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la
cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal
mensual»65.
78. Este derecho fue reafirmado por el artículo 43 del Decreto 692 del 29 de marzo
de 199466.
«Artículo 43. Mesada adicional. Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez o
sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, el
sector privado y el ISS, así como los retirados y pensionados de las fuerzas militares y
de la policía nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del 1°
de enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la
pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se
cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.
Los pensionados de entidades del orden nacional, beneficiarios de los reajustes
ordenados en el Decreto 2108 de 1992, recibirán el reconocimiento y pago de los treinta
(30) días de la mesada adicional sólo a partir de junio de 1996.
Cuando alguna entidad territorial ya viniere cancelando esta mesada adicional, se
entenderá cumplida la obligación que establece este artículo. Cuando se estuviere
cancelando pero en menor cuantía, se deberá proceder al respectivo reajuste, para dar
cumplimiento a los dispuesto en este artículo.
[…]»67.
79. Tal prestación fue concebida como una de las expresiones del principio de
solidaridad del régimen de seguridad social68. La razón de dicho contenido
normativo se expuso en los siguientes términos:
«El artículo aprobado aumenta el monto de la mesada adicional a 30 días,
exclusivamente para aquellos pensionados cuyas pensiones se reconocieron con
anterioridad al 1.° de enero de 1988, toda vez que por efecto de los reajustes de las
pensiones ordenados por la Ley 4ª de 1976, a dicho grupo de pensionados se le deterioró
gradualmente el monto de sus pensiones. La disposición aprobada pretende de alguna
manera resarcir tal deterioro»69
64 Las expresiones tachadas fueron declaradas INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-409-94 del 15 de septiembre de 1994.
65 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la sentencia C-409 de 1994.
66 «Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993»
67 El inciso tachado fue declarado nulo en: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de
diciembre de 1995, radicado: 10223, demandante: Fernando Hoyos Navarro.
68 Gaceta del Congreso, Cámara de Representantes, año II N.° 281, 19 de agosto de 1993. Ponencia
para segundo debate al Proyecto de Ley número 155 Senado, 204 Cámara de 1992, «Por la cual de
crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se adoptan otras disposiciones». Página 5.
69 Gaceta del Congreso, Senado de la República, año II N.° 254, 30 de julio de 1993. Ponencia para
segundo debate al Proyecto de Ley número 155 Senado, 204 Cámara de 1992, «Por la cual de crea
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80. En línea con lo anterior, en un principio, la norma en comento dispuso que aquel
beneficio le asistiría a aquellas personas «cuyas pensiones se hubiesen causado y
reconocido antes del 1 de enero de 1988». Sin embargo, la Corte Constitucional, en la
sentencia C-409 de 199470, declaró la inexequibilidad de tal condicionamiento en
atención a que excluía del beneficio a los pensionados con posterioridad a la fecha
anotada, 1 de enero de 1988. En criterio de la Corte, tal limitante implicaba un trato
discriminatorio a quienes consolidaron el derecho con posterioridad, con sustento
únicamente en un razonamiento basado en la fecha de reconocimiento, con
desconocimiento del interés general de los pensionados. Esta decisión conllevó a
la ampliación del grupo de beneficiarios de la prestación a todos los pensionados.
81. Ahora, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de la aplicación del Sistema
General de Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, así como al personal civil regido por el Decreto 1214 de 1990 vinculado
con anterioridad a la vigencia de dicha ley. La Corte Constitucional juzgó que esta
disposición era constitucional, en la medida en que:
«[…] la exclusión de los miembros de la Fuerza Pública del régimen general de seguridad
social se encuentra doblemente justificada, tal y como esta Corte lo ha señalado en
anteriores oportunidades, y en especial en la referida sentencia C-665 de 1996. Así, de
un lado, se trata de proteger derechos adquiridos contemplados en los Decretos 1211,
1212 y 1214 de 1990 (Fuerzas Militares, Policía Nacional y personal civil,
respectivamente). Y, de otro lado, estos regímenes tienen además un sustento
constitucional expreso, ya que la Carta precisa que la ley señalará el régimen
prestacional específico de estos servidores públicos (CP arts 217 y 218). Por ello esta
Corporación había manifestado que "fue voluntad del Constituyente que la ley
determinara un régimen prestacional especial para los miembros de la Fuerza Pública,
que necesariamente debe responder a las situaciones de orden objetivo y material a que
da lugar el cumplimiento de sus funciones, en los términos de los arts. 217, inciso 1 y
218, inciso 1 de la Constitución"»71.
82. Luego, la Ley 238 del 26 de diciembre de 1995 72 adicionó el parágrafo 4 al
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 para señalar: «[l]as excepciones consagradas en el
presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los
artículos 1473 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados"».
Así pues, es plausible deducir que el personal de la Fuerza Pública y de la Policía
Nacional quedaron incluidos como destinatarios de dicho beneficio.
83. Seguidamente, en la sentencia C-529 de 1996, la Corte reiteró la finalidad
compensatoria frente a la pérdida del poder adquisitivo de las personas que reciben
pensiones devaluadas, según el mandato contenido en los artículos 48 y 53
el Sistema de Seguridad Social Integral y se adoptan otras disposiciones». En tal proyecto la norma
estaba contenida en el artículo 152 del proyecto de ley. Página 12.
70 En las sentencias C-512 de 1994, C-030 de 1995, C-054 de 1995 y C-126 de 1995 se estuvo a lo
resuelto en la sentencia C-409 de 1994.
71 Corte Constitucional, sentencia C-956 de 2001.
72 «Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993»
73 «Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o
sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su
poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año,
según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el
año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en
que se incremente dicho salario por el gobierno.»
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constitucionales. Empero, consideró que no vulnera el derecho a la igualdad el
hecho de limitarla a quienes devengan mesadas inferiores a 15 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, pues, en su criterio, ello persigue una finalidad legítima,
la cual es la de favorecer la igualdad real y efectiva, de quienes reciben una
mensualidad inferior.
84. Luego, el Decreto 4433 de 2004 en el artículo 41 regló las mesadas adicionales
de junio [14] y diciembre [13] como componentes del régimen especial aplicable a
la Fuerza Pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 41. Mesada adicional. Los Oficiales, Suboficiales, y Soldados de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la
Policía Nacional, en goce de asignación de retiro o pensión o sus beneficiarios, tendrán
derecho a percibir anualmente de la entidad que corresponda:
41.1 Una mesada adicional de mitad de año equivalente a la totalidad de la asignación
o pensión mensual, que se cancelará dentro de la primera quincena del mes de julio de
cada año.
41.2 Una mesada pensional de Navidad, equivalente a la totalidad de la asignación o
pensión mensual, que se cancelará dentro de la primera quincena del mes de diciembre
de cada año»
2.4. Caso concreto
85. En el presente proceso se cuestionaron las expresiones «sin carácter salarial»,
«solo», «no» «únicamente», «únicamente para efectos fiscales», «no constituirá para
ningún efecto», y «no constituye factor salarial» relacionados con el carácter salarial de
la prima especial de servicios, contenidos en los artículos 1, 4, 7, 9 y 10 del Decreto
657 de 2008; 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; 2, 4 del Decreto 722 de 2009; 8 y 9 del
Decreto 723 de 2009; 8 del Decreto 1388 de 2010; 2 y 4 del Decreto 1405 de 2010;
8 del Decreto 1039 de 2011; 2 y 4 del Decreto 1041 de 2011; 2 y 4 del Decreto 848
de 2012; 8 del Decreto 874 de 2012; 1 del Decreto 383 de 2013; 8 del Decreto 1024
de 2013; 2 y 4 del Decreto 1034 de 2013; 8 del Decreto 194 de 2014; 2 y 4 del
Decreto 204 de 2014; 2, 3, 5 y 7 del Decreto 205 de 2014; 2, 3, 6 y 8 del Decreto
1087 de 2015; 2 del Decreto 1100 de 2015; 2, 4 y 6 del Decreto 1105 de 2015; y 1
de los decretos 1269 y 1270 de 2015.
86. De otra parte, se cuestionaron las expresiones «excluyendo las primas» contenidas
en el artículo 5 del Decreto 658 de 2008; y 7 de los decretos 723 de 2009, 1388 de
2010; 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013; y 194 de 2014, relacionadas con
la inclusión de la prima especial de servicos en el cálculo de los gastos de
representación.
87. Finalmente, hacen parte de la controversia el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007
y el Acta del 22 de abril de 2014, respecto de los cuales se plantea la exclusión del
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional de los efectos de las medidas allí
previstas.
88. Precisado el alcance de las disposiciones que integran la controversia, la Sala
abordará su estudio de manera diferenciada, atendiendo a la naturaleza de los
cuestionamientos formulados.
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89. En primer lugar se analizará lo relativo al carácter salarial de la prima especial de
servicios de los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992. En segunda medida se
estudiará la expresión «excluyendo las primas», relacionadas con la inclusión de la
citada prima especial en el cálculo de los gastos de representación.
90. Por último, se analizará el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 y el Acta del 22
de abril de 2014 en relación con el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional
2.4.1. Sobre el carácter salarial de las primas especiales de servicios de los
artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992
91. Antes de abordar el análisis relativo al carácter salarial de la prima especial de
servicios, para la Sala es necesario realizar unas precisiones relacionadas con los
artículos 10 del Decreto 657 de 2008; 7 del Decreto 205 de 2014; y 1 de los decretos
383 de 2013, 1269 y 1270 de 2015.
92. Respecto de los citados artículos, el demandante cuestionó las expresiones «no
constituye factor salarial» y «únicamente» [constituye factor salarial para la base de
cotización del Sistema General de Pensiones]. El argumento de la ilegalidad
alegada por el actor se sustentó en el carácter salarial que se le debía asignar a la
prima especial de servicios de que tratan los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992
en atención a los derechos a la igualdad y al trabajo y el principio de no regresividad
laboral.
93. De acuerdo con lo anterior, es claro que los argumentos utilizados para
cuestionar la legalidad de los mencionados apartes normativos no guardan relación
con el objeto de estudio, esto es, el carácter salarial de la prima especial de servicios
prevista en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992. Aunque las disposiciones
demandadas hacen parte de decretos expedidos para regular aspectos del régimen
salarial y prestacional de determinados servidores de la Rama Judicial, su contenido
no regula la naturaleza jurídica de la prima especial de servicios ni establece que
esta carezca de carácter salarial.
94. En particular, frente a los artículos 10 del Decreto 657 de 2008 y 7 del Decreto
205 de 2014, los apartes cuestionados se refieren a la prima técnica reconocida a
determinados empleados de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales,
de manera que la argumentación relativa a la naturaleza salarial de la prima especial
de servicios no permite establecer una oposición entre dicha norma y los artículos
14 y 15 de la Ley 4ª de 1992. Se trata, por lo tanto, de una regulación referida a una
prestación distinta de aquella respecto de la cual el demandante desarrolló su
concepto de violación.
95. De igual manera, los artículos 1 de los decretos 383 de 2013, 1269 y 1270 de
2015 regulan la bonificación judicial y su reajuste anual, de tal manera que las
expresiones allí cuestionadas tienen como objeto determinar los efectos salariales
o prestacionales propios de dicha bonificación y no definir la naturaleza salarial de
la prima especial de servicios. En consecuencia, la argumentación desarrollada por
el demandante, dirigida a demostrar que la prima especial de servicios constituye
salario para efectos prestacionales, no comporta una confrontación concreta entre
las disposiciones acusadas y las normas superiores invocadas ni permite identificar
una razón específica de ilegalidad atribuible a aquellas.
30
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
96. Así las cosas, la carga argumentativa que corresponde al demandante en el
medio de control de nulidad exige que exponga, respecto de cada disposición
acusada, las razones concretas por las cuales considera que esta desconoce el
ordenamiento jurídico, de modo que no resulta suficiente trasladar a disposiciones
que regulan prestaciones diferentes los argumentos desarrollados frente a la prima
especial de servicios, pues ello impide identificar cuál es el reparo que se sostiene
específicamente de los apartes demandados.
97. En este caso, el demandante no explicó de qué manera las expresiones « no
constituye factor salarial» del artículo 10 del Decreto 657 de 2008, «no constituirá […]
para ningún efecto» del artículo 7 del Decreto 205 de 2014, ni «únicamente» de los
artículos 1 de los decretos 383 de 2013, y 1269 y 1270 de 2015, desconocen los
artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992 o las sentencias del Consejo de Estado del 2
de abril de 200974 y 29 de abril de 201475 ni por qué vulnerarían los derechos y
principios constitucionales invocados a partir de la naturaleza salarial que, en su
criterio, corresponde a la prima especial de servicios. En consecuencia, frente a
tales apartes no existe un concepto de violación que permita efectuar un juicio de
legalidad, pues las razones expuestas no se dirigen a cuestionar su contenido
normativo. Lo anterior permite tener por configurada la ineptitud sustantiva de la
demanda respecto de las súplicas, por ausencia de un concepto de violación apto
para sustentar el juicio de legalidad pretendido.
98. Decantado lo anterior, la Sala examinará las expresiones «sin carácter salarial»,
«solo», «no» «únicamente», «únicamente para efectos fiscales», y «no constituirá para
ningún efecto» demandadas, relativas al carácter salarial de la prima especial de
servicios prevista en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992.
99. En particular, serán objeto de estudio los artículos 1, 7 y 9 del Decreto 657 de
2008; 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; 2 y 4 de los decretos 722 de 2009, 1405 de
2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de 2013, 204 de 2014 y 1105 de 2015; 8 y
9 del Decreto 723 de 2009; y 8 de los decretos 1388 del 2010; 1039 del 2011; 874
del 2012; 1024 de 2013 y 194 de 2014, respecto de la expresión «sin carácter
salarial».
100. Los artículos 1 y 4 del Decreto 657 de 2008; 2 y 3 del Decreto 205 de 2014 y
1087 de 2015; y 2 de los decretos 1105 de 2015 y 1100 de 2015; por la expresión
«solo».
101. El artículo 2 de los decretos 1100 y 1105 de 2015 por la expresión «no».
102. Los artículos 5 del Decreto 205 de 2014; y 6 del Decreto 1087 de 2015, por la
expresión «únicamente».
103. El artículo 6 del Decreto 1105 de 2015, por la expresión «únicamente para
efectos fiscales».
104. El artículo 8 del Decreto 1087 de 2015, por la expresión «no constituirá […] para
ningún efecto».
74 Radicado 11001032500020070009800 (1831-07). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
75 Radicado 11001032500020070008700 (1686-07). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
31
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
105. Los cuales son del siguiente tenor:
Artículo 1 del Decreto 657 de 2008
«Artículo 1. Del régimen salarial ordinario de los magistrados del consejo superior de la judicatura,
de la corte constitucional, de la corte suprema de justicia y del consejo de estado.
Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado tendrán derecho a la remuneración establecida en
el presente artículo, así:
Asignación básica mensual un millón cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y cinco
pesos ($1.482.695) m/cte, gastos de representación mensual dos millones seiscientos treinta y
cinco mil novecientos un peso ($2.635.901) m/cte; y prima técnica de dos millones cuatrocientos
setenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos ($2.471.158) m/cte.
Adicionalmente tendrán derecho a percibir la Prima Especial de Servicios a que se refiere el
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale
a los percibidos en su totalidad por los Miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere.
Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y de conformidad con la Ley 797 de 2003 para la cotización al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
[…]»
Artículo 276 de los decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de
2013, 204 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015, 1100 de 2015 y 1105 de 2015
«Artículo 2. A partir del […] los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, tendrán derecho a una
remuneración mensual […] moneda corriente, distribuidos así: Por concepto de asignación básica
mensual, […], y por concepto de gastos de representación mensual, […]
[…]
Adicionalmente, tendrán derecho a percibir la Prima Especial de Servicios a que se refiere el
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale
a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere.
Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y de conformidad con la Ley 797 de 2003 para la cotización al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
[…]»
Artículo 3 de los decretos 205 de 2014 y 1087 de 2015
«Artículo 3. A partir del 1° de enero del 2015, el Vicefiscal (sic) General de la Nación tendrá
derecho a percibir mensualmente, por concepto de asignación básica y gastos de representación,
las señaladas para el Fiscal General de la Nación en el artículo anterior.
[…]
Igualmente, tendrá derecho a la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 15 de la
Ley 4ª de 1992, que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad
por los Miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere.
Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y de conformidad con la ley 797 de 2003 para la cotización al Sistema
General de Seguridad Social en Salud».
Artículo 477 de los decretos 657 de 2008, 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012,
76 Por efectos prácticos, el artículo correspondiente se transcribirá en un solo momento, por cuanto
la disposición demandada de cada uno de los decretos tiene, en su integridad, contenido idéntico.
Las únicas diferencias corresponden al período de vigencia de cada decreto y a los valores
establecidos en cada uno de ellos.
77 Se precisa que, por razones prácticas, se transcribe un solo artículo 4, toda vez que su contenido
es sustancialmente idéntico en cada uno de los decretos, y únicamente varía la fecha de entrada en
vigencia, correspondiente al 1 de enero de cada año.
32
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
1034 de 2013, 204 de 2014 y 1105 de 2015
«Artículo 4. Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con excepción
de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho […], una prima especial, sin
carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico».
Artículo 5 del decreto 205 de 2014
«Artículo 5. […] los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia que optaron por el
régimen salarial y prestacional establecido en el artículo 4° del Decreto 53 de 1993 y en el artículo
5° del Decreto 108 de 1994 tendrán una remuneración mensual de nueve millones novecientos
cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete pesos […] moneda corriente, distribuidos así: por
concepto de asignación básica tres millones quinientos ochenta y cuatro mil cuarenta y un pesos
[…] moneda corriente, y por concepto de gastos de representación seis millones trescientos
setenta y un mil seiscientos veintiséis pesos […] moneda corriente.
Igualmente tendrán derecho a una prima especial, la cual únicamente constituirá factor de salario
para la liquidación de los aportes a pensión y de conformidad con la Ley 797 de 2003 para la
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud, que sumada a los demás ingresos laborales
iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso sin que en ningún caso los
supere.
[…]».
Artículo 6 de los decretos 658 de 2008,1087 de 2015 y 1105 de 2015
Decreto 658 de 2008
«Artículo 6. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, se
considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico
mensual de los Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, de los Magistrados de todo orden de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Coordinadores de Juzgado Penal de Circuito Especializado, de los Magistrados
y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal
Militar».
Decreto 1087 de 2015
«Artículo 6. […] los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia que optaron por el
régimen salarial y prestacional establecido en el artículo 4° del Decreto 53 de 1993 y en el artículo
5° del Decreto 108 de 1994 tendrán una remuneración mensual de diez millones cuatrocientos
diecinueve mil seiscientos dos pesos […] moneda corriente, distribuidos así: por concepto de
asignación básica tres millones setecientos cincuenta y un mil cincuenta y ocho pesos […] moneda
corriente, y por concepto de gastos de representación seis millones seiscientos sesenta y ocho
mil quinientos cuarenta y cuatro pesos […] moneda corriente.
Igualmente tendrán derecho a una prima especial, la cual únicamente constituirá factor de salario
para la liquidación de los aportes a pensión y de conformidad con la ley 797 de 2003 para la
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud, que sumada a los demás ingresos laborales
iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso sin que en ningún caso los
supere.
[…]»
Decreto 1105 de 2015
«Artículo 6. La escala de remuneración de que trata el artículo 3° no se aplicará a los funcionarios
a que se refieren el artículo 206 numeral 7° del Decreto Extraordinario 624 de 1989, y al artículo
13 del Decreto 535 de 1987.
Las asignaciones básicas mensuales y los porcentajes del salario mensual que tienen el carácter
de gastos de representación de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, serán los
siguientes:
a. Para los Magistrados de Tribunal y sus Fiscales Grado 21, dos millones cuatrocientos sesenta
y un mil novecientos noventa y cuatro pesos ($2.461.994) m/cte., de asignación básica mensual.
El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación,
únicamente para efectos fiscales.
33
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
b. Para Jueces Penales del Circuito Especializado, dos millones doscientos treinta y ocho mil
setecientos veintiocho pesos ($2.238.728) m/cte., de asignación básica mensual. El veinticinco
por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente
para efectos fiscales.
c. Para Jueces de orden público cuya remuneración corresponde a la señalada para el Grado
21 de la escala salarial de la Rama Judicial será de dos millones quinientos ocho mil quinientos
veintinueve pesos ($2.508.529) m/cte., de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento
(50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para
efectos fiscales.
d. Para Jueces y Fiscales Grado 17, dos millones nueve mil doscientos veintiocho pesos
($2.009.228) m/cte., de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario
mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
e. Para Jueces Grado 15, un millón seiscientos treinta y tres mil noventa y dos pesos
($1.633.092) m/cte., de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario
mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
[…]»
Artículo 7 de los Decretos 657 de 2008, 658 de 2008
Decreto 657 de 2008
«Artículo 7. Los funcionarios a que se refieren los artículos 5° y 6° del presente decreto tendrán
derecho a una prima especial mensual, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%)
de la asignación básica y los gastos de representación y sustituye la prima de que trata el artículo
7° del Decreto 903 de 1992».
Decreto 658 de 2008
«Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores
públicos se considera como prima especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado: […]»
Artículo 8 de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013,
194 de 2014 y 1087 de 2015
«Artículo 8. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará
como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los
Coordinadores de Juzgado Penal de Circuito Especializado, de los Magistrados y Fiscales del
Tribunal Superior Militar. los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
Artículo 9 del Decreto 657 de 2008 y 723 de 2009
Decreto 657 de 2008
«Artículo 9. Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con excepción
de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir a partir del 1o de
enero de 2008, una prima especial, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del
salario básico. La prima a que se refiere el presente artículo es incompatible con la prima a que
hace referencia el artículo 7o del presente decreto».
Decreto 723 de 2009
«Artículo 9. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores
públicos se considera como prima especial, sin carácter salarial: […]»
106. En primer lugar, debe señalarse que las sentencias proferidas en los años 2009
y 2014, citadas por el demandante, analizaron la forma en que el gobierno nacional
había dispuesto el reconocimiento de la prima especial de servicios, particularmente
34
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
frente a la determinación de incluir el porcentaje correspondiente dentro de la
asignación básica del servidor. En esos pronunciamientos se cuestionó que la prima
fuera utilizada para disminuir el salario básico mensual, pues su reconocimiento
debía producirse como un emolumento adicional a la remuneración que este ya
percibía.
107. Si bien en tales providencias se hizo referencia al carácter no salarial de la prima
especial de servicios, dicha mención se encontraba vinculada al contenido de las
disposiciones que regulaban la prestación y al análisis de la forma en que esta había
sido incorporada en la remuneración de los servidores. En consecuencia, esas
decisiones no tuvieron como objeto específico determinar los efectos jurídicos de la
expresión «sin carácter salarial», o sus equivalentes, ni efectuar un estudio autónomo
sobre la naturaleza salarial de la prestación y su incidencia en la liquidación de los
demás derechos laborales.
108. Esta precisión resulta relevante, pues deben distinguirse 2 cuestiones
relacionadas con la prima especial de servicios. La primera consistió en establecer
si el porcentaje previsto en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992 se encontraba
comprendido dentro de la asignación básica o si, por el contrario, debía reconocerse
como un emolumento adicional. La segunda se refería a determinar si, una vez
reconocida como un concepto adicional al salario básico, dicha prestación tenía
carácter salarial y constituía factor para la liquidación de las demás prestaciones
sociales. Las decisiones de los años 2009 y 2014 se ocuparon fundamentalmente
de la primera situación.
109. En relación con la expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 fue objeto de control de constitucionalidad por medio de la
sentencia C-279 de 1996, en la que la Corte Constitucional la declaró exequible y
reconoció la competencia del legislador para establecer cuáles componentes de la
remuneración de los servidores públicos tienen naturaleza salarial y cuáles no. En
efecto, el legislador, a través de la Ley 332 de 1992 le otorgó carácter salarial, pero
solo para el cálculo del ingreso base de cotización a pensiones.
110. Posteriormente, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 2 de
septiembre de 201978, examinó de manera directa y concreta la naturaleza de la
prima especial de servicios y estableció los criterios que deben orientar su
reconocimiento. En esa oportunidad se reiteró la postura según la cual la prima
constituía un incremento del salario básico, de tal manera que no podía entenderse
incluida dentro de este ni utilizarse para disminuir la remuneración que corresponde
al servidor. Asimismo, se reconoció que, conforme con lo dispuesto por el legislador
en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, la prestación carecía de carácter
salarial para efectos de la liquidación de las demás prestaciones, con la excepción
que la norma y la jurisprudencia han establecido respecto de los aportes al sistema
de seguridad social.
111. En relación con este asunto, en la sentencia mencionada del 2 de septiembre
de 2019, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado estableció una serie de
lineamientos relacionados con la interpretación y aplicación de la prima especial de
78 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-
000-2016-00041-02 (2204-18) C.P. Carmen Anaya de Castellanos.
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
servicios que es del siguiente tenor: «1. La prima especial de servicios es un incremento
del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al
reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de
jubilación» [se resalta]
112. De este modo, el hecho de que la prima especial de servicios deba reconocerse
como un emolumento adicional a la asignación básica no implica que adquiera
carácter salarial para efectos de la liquidación de las demás prestaciones sociales.
Precisamente, la prohibición de fraccionar la asignación básica establecida en los
pronunciamientos anteriores no conduce a desconocer la naturaleza no salarial que
el legislador atribuyó expresamente a la prestación.
113. Bajo esta perspectiva, no resulta acertado el argumento del demandante según
el cual las expresiones «sin carácter salarial», «solo», «únicamente», «no constituirá para
ningún efecto», «únicamente para efectos fiscales» y «no» incorporadas en los decretos
cuestionados desconocieron los antecedentes jurisprudenciales de los años 2009 y
2014. Estas decisiones no establecieron que la prima especial de servicios tuviera
carácter salarial ni dispusieron que el porcentaje correspondiente debiera constituir
factor para la liquidación de las demás prestaciones. Lo que allí se determinó fue
que el gobierno nacional no podía reconocer la prima mediante la reducción de la
asignación básica, pues debía pagarse como un concepto adicional a esta.
114. Por el contrario, el criterio posteriormente desarrollado de manera directa por el
Consejo de Estado permite concluir que el reconocimiento de la prima como un
emolumento adicional al salario básico resulta compatible con su carácter no
salarial. En consecuencia, las expresiones acusadas que disponen que la prima
carece de carácter salarial no desconocen los pronunciamientos anteriores, sino
que corresponden al tratamiento jurídico que se deriva del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 y de los criterios jurisprudenciales establecidos sobre su alcance.
115. Ahora bien, en relación con la prima especial de servicios prevista en el artículo
15 de la Ley 4ª de 1992, debe precisarse que su tratamiento frente al carácter
salarial fue objeto de una modificación jurisprudencial expresa. En su redacción
original, se incluyó la expresión «sin carácter salarial» y estaría destinada a igualar,
junto con los demás ingresos laborales, la remuneración de los altos funcionarios
allí relacionados con la percibida por los miembros del Congreso de República. Sin
embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-681 de 2003, declaró
inexequible la expresión «sin carácter salarial», al considerar que, luego de que la
Ley 332 de 1996 atribuyera carácter salarial a la prima especial prevista en el
artículo 14 de dicha Ley 4ª, mantener el tratamiento no salarial de la prima del
artículo 15 generaba un desequilibrio contrario al principio de igualdad.
116. La decisión constitucional precisó, no obstante, el alcance de dicha declaración
de inexequibilidad, al señalar que la prima especial de servicios del artículo 15
constituiría factor salarial para la cotización y liquidación de la pensión de jubilación,
de acuerdo con las normas que regulan el régimen prestacional de los funcionarios
destinatarios de la disposición. De esta manera, la eliminación de la expresión « sin
carácter salarial» no significó que la prima adquiriera, de manera irrestricta, la
condición de factor para la liquidación de todas las prestaciones sociales, sino que
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
produjo efectos específicos en materia de cotización y liquidación pensional.
117. Esta interpretación ha sido recogida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado79 que ha explicado que el carácter salarial relativo de la prima especial de
servicios del artículo 15 no deriva actualmente de la expresión contenida
originalmente en la Ley 4ª de 1992 [la cual fue declarada inexequible], sino de la
decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 de 2003. Así lo
explicó la Sección Segunda en sentencia de 201880, al señalar que el carácter
salarial relativo de la prima correspondiente a los funcionarios del artículo 14 fue
atribuido por el legislador mediante la Ley 332 de 1996, mientras que, respecto de
los funcionarios comprendidos en el artículo 15, fue la Corte Constitucional la que,
al advertir la vulneración del principio de igualdad, reconoció dicho carácter.
118. La regla anterior fue posteriormente reiterada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-244 de 2013 en la que, al examinar nuevamente la regulación
relacionada con la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-681 de 2003. De esta manera,
se mantuvo la conclusión según la cual la expresión que excluía el carácter salarial
de dicha prima resultaba incompatible con la Constitución en cuanto desconocía el
trato que para efectos de la cotización de los aportes a pensión se le había dado a
la mencionada prestación.
119. En consecuencia, frente a los apartes de los decretos demandados que
reprodujeron o desarrollaron la regla relativa al carácter no salarial de la prima
especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, su análisis debe
efectuarse teniendo en cuenta la modificación introducida por la sentencia C-681 de
2003 y ratificada en el fallo C-244 de 2013. En consecuencia, no resulta
jurídicamente admisible sostener que esta prima tiene carácter salarial para el
cálculo de otras prestaciones sociales, más allá de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones.
120. En esas condiciones, la Sala considera que los apartes normativos demandados
que atribuyen a la prima especial de servicios el carácter de prestación « sin carácter
salarial» se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico. Por consiguiente, se
estará a los criterios establecidos por el Consejo de Estado en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, en cuanto definieron el tratamiento jurídico de la prima especial
de servicios y diferenciaron su reconocimiento como emolumento adicional de su
carácter no salarial para efectos prestacionales.
2.4.2. Sobre la expresión «excluyendo las primas»
121. Corresponde a la Sala examinar las expresiones « excluyendo las primas»
contenidas en los artículos 5 del Decreto 658 de 2008; 7 de los decretos 723 de
2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013, 194 del 2014; y
8 y 9 del Decreto 723 de 2009.
Decreto 658 de 2008
«Artículo 5. Los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar conservarán el
porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación, fijados
79 Sentencias del 11 de octubre de 2007, radicado 11001-03-25-000-2004-00080-00 (0803-2004); y
del 19 de febrero de 2026, radicado 25000-23-42-000-2014-01530-02 (1965-2021).
80 Sentencia del 19 de febrero de 2018, radicado 11001-03-25-000-2011-00167-00 (0580-2021).
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
en las normas vigentes que regulan la materia, únicamente para efectos fiscales. Dicho porcentaje
se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos
siguientes».
7 de los decretos 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194
del 2014
«Artículo 7. Los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar conservarán el
porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación, fijados
en las normas vigentes que regulan la materia, únicamente para efectos fiscales. Dicho porcentaje
se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos
siguientes».
122. De acuerdo con lo transcrito, el legislador dispuso que los empleados de la
Rama Judicial y la Justicia Penal Militar mantendrán el porcentaje de la
remuneración mensual históricamente denominado como gastos de representación,
pero limitó expresamente sus efectos al ámbito fiscal, es decir, para fines netamente
tributarios. De ese modo, la expresión «excluyendo las primas» limitó la base de
liquidación sobre la cual se calcula el citado emolumento, la cual corresponderá
únicamente a la remuneración básica mensual, sin incluir las primas previstas en
esa norma.
123. El actor sostuvo que las normas acusadas desconocían los pronunciamientos
del Consejo de Estado proferidos en los años 2009 y 2014 sobre la prima especial
de servicios. Sin embargo, como se explicó previamente, tales providencias se
ocuparon de examinar la forma en la que era liquidada y pagada la prima especial
de servicios, de modo que tampoco se ocuparon de examinar la legalidad de las
expresiones «excluyendo las primas», ni establecieron una regla relacionada con la
forma en que debían calcularse los gastos de representación a partir de la
remuneración mensual de los servidores de la Rama Judicial. De este modo, las
disposiciones citadas regulan la base del cálculo de los gastos de representación y
no la naturaleza salarial de la prima especial de servicios.
124. Por consiguiente, la controversia relativa al carácter salarial de la prima especial
de servicios y aquella relacionada con su exclusión de la base para calcular los
gastos de representación corresponden a asuntos jurídicos diferentes. Mientras la
primera exige determinar los efectos salariales de la prestación, la segunda supone
establecer si resulta jurídicamente admisible que las primas sean excluidas de la
remuneración sobre la cual se aplica el porcentaje correspondiente a los gastos de
representación.
125. En ese contexto, no era suficiente que el demandante afirmara que las
expresiones acusadas desconocían los antecedentes jurisprudenciales invocados.
Le correspondía explicar de qué manera las reglas relativas a la base de liquidación
de los gastos de representación contravenían las normas constitucionales y legales
señaladas como infringidas o por qué los criterios establecidos en aquellas
providencias resultaban aplicables a esa regulación específica. Tal explicación no
fue desarrollada en el concepto de violación.
126. En consecuencia, la Sala no encuentra una argumentación dirigida a confrontar
el contenido de las expresiones «excluyendo las primas» con las disposiciones
superiores invocadas por el demandante. La sola referencia a decisiones anteriores
sobre la prima especial de servicios no permite establecer la existencia de una
contradicción normativa, máxime cuando dichas providencias no examinaron la
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
legalidad de los apartes ahora cuestionados ni resolvieron la controversia relativa a
los gastos de representación.
127. Ahora bien, si en todo caso la solicitud de nulidad de la mencionada expresión
se sustentara en el presunto carácter salarial de la prima especial de servicios y, en
consecuencia, su aptitud para conformar la base de liquidación de otros
emolumentos como los gastos de representación, dicho argumento no tendría
vocación de prosperidad en atención a la reiterada postura del Consejo de Estado,
según la cual la prima especial de servicios no es factor de salario y solo puede
integrar la base de liquidación de los aportes al sistema pensional.
128. Tal como se explicó en el acápite precedente, la jurisprudencia ha precisado
que la prima especial de servicios prevista en los artículos 14 y 15 de la Ley 4.ª de
1992 no constituye, por regla general, factor para la liquidación de las demás
prestaciones y emolumentos laborales, sin perjuicio de los efectos que le han sido
reconocidos en materia de cotización y liquidación pensional. Por ello, su
reconocimiento como concepto adicional al salario básico no permite concluir que
deba integrar necesariamente la base sobre la cual se calcula cualquier otro
componente de la remuneración.
129. En consecuencia, tampoco podría derivarse de los pronunciamientos invocados
por el demandante una obligación de incluir la prima especial de servicios en la base
de cálculo de los gastos de representación. De este modo, la exclusión de las primas
prevista en las disposiciones acusadas no desconoce el tratamiento jurídico que la
jurisprudencia ha establecido para la prima especial de servicios, pues una cosa es
determinar la naturaleza y los efectos salariales de dicha prestación y otra distinta
es establecer la base sobre la cual se liquida un concepto específico como los
gastos de representación.
130. En ausencia de una argumentación concreta que explique por qué, a la luz del
régimen jurídico de los gastos de representación, las primas debían necesariamente
integrar su base de liquidación y teniendo en cuenta que la jurisprudencia no les ha
reconocido una aptitud general para constituir factor de liquidación de los demás
emolumentos se negará la pretensión de nulidad.
2.4.3. Sobre el plazo para expedir los decretos salariales anuales
131. Sobre el argumento planteado sostuvo que los decretos mediante los cuales se
fijó el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial entre 2008 y 2015
fueron expedidos con desconocimiento del artículo 4 de la Ley 4.ª de 1992, toda vez
que no fueron proferidos dentro de los 10 primeros días del mes de enero de cada
anualidad. A juicio del recurrente, el incumplimiento de dicho término determinaría
la ilegalidad de los actos administrativos demandados.
132. El reparo parte de la premisa de que el artículo 4 de la Ley 4.ª de 1992 contenía
una regla según la cual el gobierno nacional debía modificar el sistema salarial
«dentro de los primeros diez días del mes de enero» de cada año. Si bien esa expresión
hizo parte originalmente de la disposición, lo cierto es que fue declarada inexequible
por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-710 de 1999, por considerar
que el legislador había restringido indebidamente la competencia constitucional del
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gobierno nacional para desarrollar lo relativo a los salarios de los empleados
públicos de que tratan los literales a), b) y d) del artículo 1 de esa norma81.
133. En la referida providencia la Corte Constitucional precisó que la Constitución
Política no establecía un plazo dentro del cual el presidente de la República debiera
ejercer su competencia y que, por tanto, el legislador no podía establecer una
limitación temporal que implicara que, una vez transcurridos los primeros 10 días de
enero, el gobierno perdiera competencia para modificar el régimen salarial durante
el resto del año. En consecuencia, declaró inexequible la expresión «dentro de los
primeros diez días del mes de enero» contenidas en el inciso primero del artículo 4.º
de la Ley 4.ª de 1992.
134. La decisión constitucional, sin embargo, no significó que el gobierno nacional
quedara facultado para omitir indefinidamente la actualización anual de las
remuneraciones de los servidores públicos, pues la Corte explicó que la ley marco
sí puede establecer como directriz vinculante que el régimen salarial sea
modificado, como mínimo, cada año, con el propósito de evitar que los servidores
públicos soporten indefinidamente la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos.
Lo que resulta contrario a la Constitución es que el legislador determine que el
ejercicio de esa competencia solamente pueda producirse durante los primeros 10
días de enero.
135. Así, una vez retirada del ordenamiento jurídico la expresión que establecía aquel
término perentorio, la fecha concreta de expedición de los decretos que anualmente
fijan o modifican el régimen salarial no puede ser cuestionada por el solo hecho de
haber superado los 10 primeros días del mes de enero.
136. En ese orden, el hecho de que los decretos salariales objeto de controversia
hayan sido expedidos después del décimo día de enero no configura la infracción
normativa alegada por el demandante, pues el término que este invoca fue
expulsado del ordenamiento jurídico desde el año 1999. Por ello, no resulta
jurídicamente posible derivar la nulidad de los actos demandados a partir del
supuesto incumplimiento de una exigencia temporal que ya no hacía parte del
artículo 4 de la Ley 4.ª de 1992 para la época en que fueron expedidos. En
consecuencia, se negará la pretensión de nulidad relacionada con este cargo.
2.4.4. Sobre el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007
137. En esta oportunidad corresponde examinar la legalidad del artículo 4 del Decreto
2863 de 2007, cuestionado por la parte demandante bajo el argumento de que al
disponer un reajuste de las asignaciones de retiro y pensiones únicamente respecto
de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, habría
excluido injustificadamente al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional
sometido al régimen previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990.
81 ARTÍCULO 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos
en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
a. Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector,
denominación o régimen jurídico;
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General
de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República;
[…]
d. Los miembros de la Fuerza Pública.
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Demandante: William Cañón Velandia
138. En criterio del actor, dicho tratamiento diferenciado desconocería,
principalmente, el derecho a la igualdad y los principios de protección al trabajo,
favorabilidad y seguridad social, en tanto ambos grupos pertenecerían a la Fuerza
Pública y estarían sometidos a un régimen especial en materia salarial y
prestacional.
139. El artículo 4 del Decreto 2863 es del siguiente tenor:
«Artículo 4. En virtud del principio de oscilación de la asignación de retiro y pensión
dispuesto en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con asignación de retiro o pensión de invalidez
o a sus beneficiarios y a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los Oficiales
y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional obtenida antes del 1° de
julio de 2007, tendrán derecho a que se les ajuste en el mismo porcentaje en que se
haya ajustado el del activo correspondiente, por razón del incremento de que trata el
artículo 2° del presente decreto que modifica el artículo 32 del Decreto 1515 de 2007.
Parágrafo. No le será aplicable este artículo al personal que por decisión judicial se
hubiere acogido al Régimen General de Pensiones».
140. De acuerdo con lo anterior, esta disposición no incrementó la prima de actividad,
sino que reguló la forma en que el incremento previsto en el artículo 2 82 de esa
norma debía reflejarse en determinadas asignaciones de retiro y pensiones,
mediante el principio de oscilación. Para ello, la norma tomó como referencia la
variación que haya experimentado la asignación correspondiente del personal
activo y dispone que, en la misma proporción, se ajuste la prestación de quienes se
encontraban en retiro o gozaban de pensión en las condiciones temporales allí
previstas.
141. De conformidad con los pronunciamientos del Consejo de Estado83, el principio
de oscilación es un mecanismo propio del régimen prestacional de los miembros
uniformados de la Fuerza Pública, mediante el cual las asignaciones de retiro y
determinadas pensiones mantienen una relación de proporcionalidad con las
asignaciones del personal que permanece en servicio activo.
142. En el régimen de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, dicha figura
se encontraba prevista en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, mientras que
para los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional se previó en el artículo 151
del Decreto 1212 de 1990. Posteriormente, el principio fue recogido por el artículo
42 del Decreto 4433 de 2004, norma a la cual remite expresamente el artículo 4 del
Decreto 2863 de 2007.
143. Ahora bien, el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional sometido al
Decreto 1214 de 1990 se encuentra sujeto a un régimen jurídico diferente. Este
estatuto regula de manera específica las prestaciones de los empleados públicos
82 Artículo 2°. Modificar el artículo 32 del Decreto 1515 de 2007 el cual quedará así: Incrementar en
un cincuenta por ciento (50%) a partir del 1° de julio de 2007, el porcentaje de la prima de actividad
de que tratan los artículos 84 del Decreto-ley 1211 de 1990, 68 del Decreto-ley 1212 de 1990 y 38
del Decreto-ley 1214 de 1990. Para el cómputo de esta prima en las prestaciones sociales, diferentes
a la asignación de retiro o pensión, de que tratan los artículos 159 del Decreto-ley 1211 de 1990 y
141 del Decreto-ley 1212 de 1990, se ajustará el porcentaje a que se tenga derecho según el tiempo
de servicio en el cincuenta por ciento (50%).
83 Sentencia del 15 de noviembre de 2012, radicado 25000-23-25-000-2010-00511-01 (0907-11).
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Demandante: William Cañón Velandia
del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y, en materia de reajuste
pensional, establece una regla propia contenida en el artículo 118 que dispone que
las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y por aportes, así como las reconocidas
a sus beneficiarios, serán reajustadas de oficio «cada vez y con el mismo porcentaje
en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual».
144. Por consiguiente, existe una diferencia normativa relevante entre ambos
regímenes porque mientras que las asignaciones de retiro y pensiones
comprendidas en el régimen de oficiales y suboficiales se actualizan mediante el
principio de oscilación, esto es, tomando en consideración las variaciones de las
asignaciones correspondientes al personal activo, las pensiones del personal civil
sometido al Decreto 1214 de 1990 se reajustan conforme con el porcentaje en que
se incremente el salario mínimo legal mensual. No se trata, por tanto, de 2 grupos
sometidos a una misma regla de actualización frente a los cuales el artículo 4
hubiera introducido arbitrariamente una diferencia.
145. La citada distinción es importante porque uno de los presupuestos para efectuar
un juicio de igualdad consiste en determinar que los sujetos o situaciones que se
pretenden comparar sean jurídicamente comparables. La igualdad no exige otorgar
un tratamiento idéntico a personas sometidas a regímenes diferentes, pues el
legislador puede establecer regulaciones particulares cuando existen circunstancias
objetivas que justifican un tratamiento diferenciado.
146. En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, la existencia de regímenes
prestacionales especiales responde a las características particulares de las
funciones que desarrollan, a la estructura jerarquizada de las instituciones y a las
condiciones especiales de la prestación del servicio. La jurisprudencia
constitucional84 y de lo contencioso administrativo85 ha reconocido que las
especiales circunstancias en que se desarrolla el servicio de los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional justifican la existencia de un régimen
prestacional particular.
147. A su vez, dentro del propio sector defensa existen distintos regímenes jurídicos,
determinados por la naturaleza de los empleos, las funciones desempeñadas y las
condiciones particulares en que se presta el servicio. Así, el Decreto 1211 de 1990
regula el régimen del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,
mientras que el Decreto 1214 de 1990 establece el estatuto del personal civil del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Por ello, la sola circunstancia de que
unos y otros presten sus servicios en el sector defensa no permite concluir, sin un
análisis adicional, que se encuentren en idéntica situación jurídica para efectos
salariales y pensionales.
148. De acuerdo con lo anterior y con los argumentos propuestos por el demandante,
la Sala acudirá al juicio integrado de igualdad, a partir de las comparaciones
propuestas en la demanda. Este examen exige, en primer lugar, establecer el
criterio de comparación y determinar si los sujetos o situaciones confrontados son
jurídicamente comparables; en segundo lugar, verificar si existe un trato desigual
84 Por ejemplo, en sentencia C-789 de 2011
85 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de marzo de 2017, radicado
08001-23-33-000-2013-00622-01 (4705-2017).
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Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
entre ellos; y, finalmente, de ser así, establecer si la diferencia de trato se encuentra
constitucionalmente justificada.
149. La citada precisión adquiere gran relevancia frente al precedente de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2014, mediante el cual se negó
la nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 200786, como se indicó, dicho
pronunciamiento se circunscribió al juicio de igualdad planteado frente a los grupos
que no fueron incluidos como destinatarios del incremento de la prima de actividad
y, por lo tanto, no comprendió la situación del personal civil pensionado frente al
ajuste previsto en el artículo 4 del mismo decreto.
150. En similar sentido se pronunció esta Sección al examinar la legalidad del artículo
4 del Decreto 2863 de 2007. En sentencia del 23 de febrero de 2017, proferida
dentro del proceso de nulidad simple con radicado 11001-03-25-000-2010-00186-
00 (1316-2010) se estudió el cargo de violación del derecho a la igualdad formulado
frente a la exclusión de los agentes de la Policía Nacional del reajuste previsto en
la disposición y negó la nulidad de la norma.
151. En esa oportunidad, esta corporación explicó que en ese proceso se pretendía
extender a los agentes retirados de la Policía Nacional el ajuste de la prima de
actividad reconocido a los oficiales y suboficiales y concluyó que no existía un
tertium comparationis que permitiera establecer una vulneración del derecho a la
igualdad, precisamente porque no se trataba de sujetos que se encontraran en
idénticas condiciones ni desarrollaran iguales funciones. Se recordó, además, que
la remuneración dentro de la Fuerza Pública debe atender al nivel de los cargos, las
funciones, las responsabilidades y las calidades de quienes los desempeñan.
152. Si bien dicho pronunciamiento no resolvió el problema jurídico que ahora se
plantea respecto del personal civil del Ministerio de Defensa, sí constituye un
antecedente relevante en cuanto al alcance del artículo 4 y, particularmente, sobre
la necesidad de establecer un verdadero parámetro de comparación para
determinar si la diferenciación introducida por la norma desconoce el artículo 13 de
la Constitución, pues la sola pertenencia al sector defensa o a la fuerza pública no
resulta suficiente para establecer que dos grupos de servidores se encuentren en
una situación jurídicamente equiparable.
153. En el presente asunto, el término de comparación propuesto por el demandante
está constituido por los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, destinatarios del artículo 4 del Decreto 2863 de 2007, de una parte, y el
personal civil del Ministerio de Defensa sometido al Decreto Ley 1214 de 1990, de
otra. La comparación parte de que ambos grupos prestan sus servicios en el sector
defensa y de que unos y otros tuvieron reconocida la prima de actividad. Sin
embargo, para establecer si existe una situación jurídicamente comparable no basta
con identificar elementos comunes entre los grupos, sino que es necesario
determinar si tales elementos resultan relevantes frente a la medida concreta objeto
de examen, esto es, el mecanismo de reajuste de las asignaciones de retiro y
pensiones previsto en el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007.
86 Sentencia dictada dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25-000-2009-00029-00
(0626-2009).
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Demandante: William Cañón Velandia
154. Del análisis del marco normativo que rige esta materia se estableció que el
personal civil cuenta con una regla específica de reajuste en el artículo 118 del
Decreto 1214 de 1990. Esta disposición establece que sus pensiones se reajustan
de oficio cada vez y en el mismo porcentaje en que el gobierno nacional incremente
el salario mínimo legal mensual. Se trata, entonces, de una regla que permanece
vigente, cuya legalidad no fue cuestionada por el demandante en este proceso.
155. Ahora bien, el elemento común que invoca la parte demandante consiste en que
tanto el personal civil como los oficiales y suboficiales tenían reconocida una prima
de actividad y que el artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 incrementó su porcentaje.
Sin embargo, esa circunstancia corresponde a la medida regulada por el artículo 2
y no permite, por sí sola, establecer una situación equivalente frente al mecanismo
de ajuste pensional previsto en el artículo 4. Este último se refiere específicamente
al principio de oscilación de determinadas asignaciones de retiro y pensiones de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
156. Por ello, la comparación propuesta debe considerar la naturaleza y el alcance
de las prestaciones sobre las cuales opera el artículo 4, así como las características
de los respectivos regímenes. Desde esta perspectiva, el personal civil sometido al
Decreto Ley 1214 de 1990 y los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional no se encuentran en una situación jurídicamente equivalente
frente al mecanismo específico regulado por dicha disposición. La circunstancia de
que ambos grupos hubieran tenido derecho a la prima de actividad no permite
equiparar sus respectivos regímenes de retiro y pensión ni convierte el artículo 4 en
una regla general de reajuste aplicable a toda persona que hubiera percibido dicha
prestación.
157. Así las cosas, el cargo formulado contra el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007
parte de la premisa de que al personal civil debió aplicársele el mismo mecanismo
de reajuste previsto para los oficiales y suboficiales, pero no explica por qué la regla
contenida en el artículo 118 del Decreto 1214 de 1990 resulta contraria al
ordenamiento jurídico ni por qué, a pesar de la existencia de esa disposición
especial, el gobierno estaba obligado a aplicar el principio de oscilación al personal
civil pensionado.
158. De este modo, la inclusión del personal civil en el artículo 2 no permite concluir,
por sí sola, que este deba quedar comprendido en el artículo 4, pues el primero
reguló el incremento del porcentaje de la prima de actividad mientras que el segundo
estableció una consecuencia específica de ese incremento sobre determinadas
asignaciones de retiro y pensiones, mediante el principio de oscilación. Se trata,
entonces de disposiciones relacionadas, pero con objeto, destinatarios y efectos
jurídicos diferentes.
159. Además de lo anterior, no puede perderse de vista que el artículo 4 del Decreto
2863 de 2007 no creó el principio de oscilación, sino que lo aplicó para trasladar a
las asignaciones de retiro y pensiones allí determinadas el incremento derivado de
la modificación de la prima de actividad efectuada por el mismo decreto.
160. En otras palabras, el actor cuestiona el hecho de que el artículo 4 no haya
extendido al personal civil los efectos del principio de oscilación, pero no dirige su
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Demandante: William Cañón Velandia
argumentación contra la norma que regula específicamente el reajuste de las
pensiones de dicho personal. Tampoco demuestra que el mecanismo establecido
en el artículo 118 del Decreto 1214 de 1990 resulte insuficiente, regresivo,
discriminatorio o contrario a alguna disposición constitucional o legal, ni explica por
qué la diferencia entre ambos mecanismos de actualización carecería de una
justificación objetiva y razonable.
161. En consecuencia, la Sala considera que la comparación propuesta por el
demandante no resulta jurídicamente adecuada, pues enfrenta servidores
sometidos a regímenes salariales, prestacionales y pensionales diferentes, sin
demostrar que, para efectos del reajuste de sus respectivas prestaciones, se
encuentren en una situación sustancialmente igual y la existencia de una regulación
diferenciada no constituye, por sí misma, una vulneración del derecho a la igualdad;
pues para que esta se configure es necesario demostrar que los grupos comparados
son equiparables respecto de la materia específicamente regulada por la
disposición acusada, circunstancia que no fue acreditada. Por tanto, no se satisface
el primer estadio del juicio integrado de igualdad, relativo a la existencia de un
término de comparación jurídicamente relevante.
162. Así las cosas, el cargo no prospera, porque el demandante pretende comparar
al personal civil con los oficiales y suboficiales a partir de la existencia común de la
prima de actividad, cuando la medida cuestionada no regula esta prestación, sino el
reajuste de las pensiones mediante el principio de oscilación, propio del régimen
aplicable a los oficiales y suboficiales. El personal civil, por su parte, cuenta con una
regla específica de reajuste prevista en el artículo 118 del Decreto 1214 de 1990;
así que, no se advierte que el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 haya vulnerado
el derecho a la igualdad, por lo que se negarán las pretensiones de nulidad respecto
de esta disposición.
163. Establecida la falta de comparabilidad jurídicamente relevante entre los grupos
confrontados, no es necesario avanzar a los estadios posteriores del juicio integrado
de igualdad, pues estos parten de la existencia de sujetos que se encuentran en
una situación susceptible de comparación y respecto de los cuales se ha establecido
un trato diferente. En consecuencia, la diferencia entre los mecanismos de reajuste
aplicables al personal civil y a los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública no
configura, en este caso, un trato desigual entre iguales.
2.4.5. Sobre el Acta del 22 de abril de 2014
164. Finalmente se analizará la legalidad del Acta del 22 de abril de 2014, mediante
la cual el Ministerio de Defensa Nacional impartió directrices relacionadas con el
reconocimiento y pago de la denominada mesada 14 a los miembros de las Fuerzas
Militares pensionados o que llegaren a pensionarse por dicho ministerio. El
demandante cuestionó que el acto administrativo haya circunscrito sus efectos al
personal militar y policial y excluido al personal civil del Ministerio de Defensa
sometido al régimen previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990.
165. En su criterio, dicho tratamiento diferenciado vulneró el derecho y el principio
de igualdad, pues considera que ambos grupos se encuentran en una situación
jurídicamente comparable y que no existe una razón constitucionalmente válida que
justifique la exclusión del personal civil.
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166. El Acta del 22 de abril de 2014 tuvo como fundamento el análisis de la vigencia
de la mesada adicional de mitad de año prevista en el numeral 41.1 del artículo 41
del Decreto 4433 de 2004. Esta disposición estableció que los oficiales, suboficiales
y soldados de las Fuerzas Militares, así como los oficiales, suboficiales, miembros
del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional, en goce de asignación de retiro
o pensión, tenían derecho a percibir anualmente una mesada adicional de mitad de
año equivalente a la totalidad de la asignación o pensión mensual.
167. En ese contexto, el contenido del acta no tuvo por objeto crear una nueva
prestación ni extender por vía administrativa un beneficio a un grupo de servidores
distinto de aquellos contemplados en el régimen especial. Por el contrario, como lo
precisó posteriormente el Consejo de Estado al estudiar la legalidad del mismo acto,
la directriz impartida por el ministerio estuvo encaminada a reconocer la vigencia de
la prestación prevista en el artículo 41.1 del Decreto 4433 de 2004 para los
miembros de las Fuerzas Militares pensionados por esa entidad, a partir de la
consideración de que el régimen especial de la Fuerza Pública había quedado
expresamente exceptuado de los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005.
168. Ahora bien, el Consejo de Estado ya examinó la legalidad del Acta del 22 de
abril de 2014 en sentencia proferida el 26 de noviembre de 2025 en el proceso
identificado con radicación 11001-03-25-000-2018-01138-00 (4014-2018),
promovido por Leidy Johanna Erazo Cruz y en esa oportunidad negó las
pretensiones de nulidad. La Corporación concluyó que el acta se ajustaba al
ordenamiento jurídico, que el artículo 41.1 del Decreto 4433 de 2004 permanecía
vigente y que la directriz impartida por el Ministerio no desconocía el Acto Legislativo
01 de 2005. Asimismo, precisó expresamente que el acto se circunscribió al
reconocimiento de la mesada 14 dentro del régimen especial de la Fuerza Pública.
169. Esta decisión constituye, sin duda, un antecedente relevante para el análisis que
ahora corresponde efectuar; sin embargo, no determina la configuración de la cosa
juzgada frente al cargo formulado en este proceso porque, aunque en ambos
asuntos se controvierte el mismo acto administrativo, el objeto no es coincidente.
170. Así, en el proceso decidido el 26 de noviembre de 2025 el debate se dirigió
fundamentalmente a establecer si el acta de 2014 había desconocido el Acto
Legislativo 01 de 2005 al disponer el reconocimiento de la mesada 14 y si las
funcionarias que la suscribieron tenían competencia para impartir las directrices allí
contenidas. En el presente asunto, por el contrario, el cuestionamiento se
circunscribe a determinar si la exclusión del personal civil del Ministerio de Defensa
vulneró el derecho y el principio de igualdad. Este último cargo no fue objeto de
decisión en la sentencia del 26 de noviembre de 2025, por lo que, aunque existe
identidad respecto del acto administrativo demandado, no hay coincidencia entre
las controversias sometidas a decisión.
171. Ahora bien, la circunstancia de que el personal civil del Ministerio de Defensa
haya sido expresamente excluido del ámbito subjetivo del acta no significa, por sí
misma, que la disposición resulte contraria al ordenamiento jurídico, pues como ya
se ha indicado en esta decisión, el juicio de igualdad exige establecer, como
presupuesto indispensable, que los sujetos respecto de los cuales se predica el trato
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diferente se encuentren en situaciones jurídicamente comparables. La igualdad
constitucional no impone un tratamiento idéntico entre todas las personas que
desarrollan actividades vinculadas con una misma entidad o sector estatal, sino que
exige que las diferencias de trato respondan a criterios objetivos y razonables
cuando recaen sobre sujetos que se encuentran en condiciones comparables.
172. Sin embargo, como se explicó en el acápite previo, en este caso, esa condición
de comparabilidad no se encuentra acreditada, toda vez que los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares están sometidos a un régimen jurídico especial
propio de la Fuerza Pública, particularmente en materia salarial, prestacional y
pensional, mientras que el personal civil del Ministerio de Defensa se encuentra
sometido, en lo pertinente, al régimen previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990. Se
trata, por tanto, de servidores que, aunque prestan sus servicios al Ministerio de
Defensa Nacional, no se encuentran sometidos al mismo régimen jurídico ni
desarrollan las mismas funciones, responsabilidades y finalidades institucionales.
173. Esta diferenciación normativa encuentra fundamento en la propia Constitución
Política, que reconoce la existencia de un régimen especial para los miembros de
la Fuerza Pública. La naturaleza de las funciones que desempeñan los integrantes
de las Fuerzas Militares, las condiciones particulares en que desarrollan su
actividad, los riesgos inherentes al servicio y las especiales cargas que les son
impuestas justifican que el legislador establezca un régimen salarial, prestacional y
pensional diferenciado.
174. Sobre ese asunto el Consejo de Estado87 ha destacado que la existencia de
regímenes especiales no comporta, por sí misma, una vulneración del derecho a la
igualdad, en tanto las condiciones particulares de quienes están sometidos a ellos
pueden justificar un tratamiento jurídico diferente. En particular, las características
propias del servicio desarrollado por los miembros de la Fuerza Pública, los riesgos
inherentes a su prestación y las especiales cargas que les son impuestas
constituyen elementos jurídicamente relevantes para explicar la existencia de un
régimen salarial, prestacional y pensional diferenciado.
175. A ello se suma que la prestación cuya extensión pretende el demandante
encuentra su fundamento específico en el artículo 41.1 del Decreto 4433 de 2004,
norma que delimitó expresamente sus destinatarios al incluir a los oficiales,
suboficiales y soldados de las Fuerzas Militares y a determinados integrantes de la
Policía Nacional. El personal civil del Ministerio de Defensa no fue incorporado
dentro de ese ámbito subjetivo. Así, el Acta de 2014 no estableció autónomamente
una diferencia entre servidores civiles y militares, sino que aplicó una regulación
legal preexistente que había definido los sujetos beneficiarios de la mesada
adicional de mitad de año.
176. En estas condiciones, no resulta jurídicamente admisible utilizar el principio de
igualdad para imponer al personal civil el régimen prestacional previsto para los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares sin demostrar previamente que
ambos grupos se encuentran en una situación jurídicamente equivalente. El
legislador cuenta con un margen de configuración para establecer los regímenes
87 Sección Segunda, Subsección A, sentencia de unificación del 30 de mayo de 2019, radicado
25000-23-42-000-2013-02235-01(2602-16).
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salariales y prestacionales de los servidores públicos, dentro de los límites
impuestos por la Constitución y puede establecer tratamientos diferenciados cuando
estos responden a circunstancias objetivas relacionadas con la naturaleza de las
funciones, las responsabilidades, los riesgos y las condiciones particulares de los
destinatarios de la regulación.
177. En el presente asunto, el demandante parte de la existencia de una supuesta
equivalencia entre el personal civil del Ministerio de Defensa y los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares, pero no demuestra por qué, pese a
encontrarse sometidos a regímenes jurídicos diferentes, ambos grupos deberían
recibir necesariamente la misma prestación. Tampoco identifica una disposición
constitucional o legal que imponga que los beneficios establecidos específicamente
para los miembros de la Fuerza Pública deban extenderse automáticamente al
personal civil del Ministerio de Defensa. En consecuencia, al no acreditarse una
situación jurídicamente comparable frente a la prestación objeto de controversia, no
se configura un trato desigual entre sujetos iguales, por lo que no resulta necesario
avanzar en los restantes estadios del juicio integrado de igualdad.
178. En consecuencia, al no encontrarse acreditada una situación jurídicamente
comparable entre los grupos confrontados, la exclusión del personal civil del
Ministerio de Defensa del ámbito de aplicación del Acta del 22 de abril de 2014 no
configura, por sí misma, una vulneración del derecho y del principio de igualdad. La
diferencia de trato encuentra explicación en la existencia de regímenes jurídicos
distintos por tratarse de servidores con responsabilidades y riesgos diferentes y,
particularmente, en que la mesada adicional de mitad de año prevista en el artículo
41.1 del Decreto 4433 de 2004 fue establecida para los destinatarios del régimen
especial de uniformados la fuerza pública.
179. Por consiguiente, al no encontrarse acreditado el presupuesto de igualdad entre
los grupos respecto de los cuales el demandante plantea la supuesta discriminación,
no existe un parámetro que permita estructurar la alegada ilegalidad del Acta del 22
de abril de 2014. En consecuencia, se negarán las pretensiones de nulidad
formuladas contra dicho acto.
3. Conclusión
180. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no prosperan los cargos
formulados contra las disposiciones demandadas.
181. En primer lugar, la Sala concluyó que los cargos formulados contra la expresión
«no constituye factor salarial» del artículo 10 del Decreto 657 de 2008 y «no constituirá
[…] para ningún efecto» del artículo 7 del Decreto 205 de 2014, y contra la expresión
«únicamente» contenida en los artículos 1 de los decretos 383 de 2013, 1269 y 1270
de 2015 no guardan correspondencia con el contenido normativo de dichas
disposiciones, pues las 2 primeras regulan una prima técnica y las restantes la
bonificación judicial, mientras que el concepto de violación se estructuró a partir del
carácter salarial de la prima especial de servicios prevista en los artículos 14 y 15
de la Ley 4ª de 1992. En ese sentido, comoquiera que el demandante no desarrolló
razones específicas de ilegalidad respecto de aquellas prestaciones, se negarán las
pretensiones de nulidad formuladas contra dichos apartes.
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182. En segundo lugar, en relación con las demás disposiciones que regulan el
carácter salarial de la prima especial de servicios prevista en los artículos 14 y 15
de la Ley 4ª de 1992, la Sala estableció que las decisiones del Consejo de Estado
del 2 de abril de 2009 y del 29 de abril de 2014 determinaron que dicha prima debía
reconocerse como un emolumento adicional a la asignación básica, pero no le
atribuyeron carácter salarial para la liquidación general de las demás prestaciones
sociales. La jurisprudencia posterior precisó que aquella solo constituye factor
salarial para los efectos pensionales legalmente previstos. Así que se deberá
estarse a las consideraciones de las sentencias del Consejo de Estado del 2 de abril
de 2009, radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07), CP Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren; del 29 de abril de 2014, radicado 11001-03-25-000-
2007-00087-00 (1686-07), CP María Carolina Rodríguez Ruiz; y del 2 de septiembre
de 2019, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18), CP Carmen Anaya
de Castellanos y se negará la pretensión de nulidad.
183. En tercer lugar, tampoco prospera el cargo relacionado con la expedición de los
decretos salariales después de los primeros 10 días del mes de enero de cada
anualidad, pues la expresión del artículo 4 de la Ley 4ª de 1992 que establecía dicho
término fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia
C-710 de 1999. Por lo tanto, para la época en que fueron expedidos los actos
demandados, no existía la limitación temporal invocada por el actor y, en
consecuencia, su expedición con posterioridad al décimo día de enero no determina
su ilegalidad.
184. En cuarto lugar, respecto de la expresión «excluyendo las primas», se concluyó
que por un lado, esta reguló la base para calcular los gastos de representación y no
la naturaleza salarial de la prima especial de servicios; y, por otro lado, el
demandante no desarrolló una confrontación concreta que permitiera establecer de
qué manera dicha exclusión desconocía las normas superiores invocadas y, en todo
caso, del carácter salarial relativo de la prima especial no se deriva que esta deba
integrar la base de liquidación de los gastos de representación.
185. En quinto lugar, en cuanto al artículo 4 del Decreto 2863 de 2007, no se acreditó
la vulneración del derecho a la igualdad, pues el personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional sometido al Decreto Ley 1214 de 1990 y los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional están sujetos a
regímenes diferentes en materia de reajuste pensional. Mientras estos últimos se
rigen por el principio de oscilación, el personal civil cuenta con la regla específica
prevista en el artículo 118 del Decreto Ley 1214 de 1990. En consecuencia, la
existencia común de la prima de actividad no constituye un parámetro suficiente
para equiparar ambos grupos frente al mecanismo de reajuste previsto en la
disposición acusada.
186. Finalmente, tampoco prospera el cargo formulado contra el Acta del 22 de abril
de 2014, pues no se acreditó que el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional
se encontrara en una situación jurídicamente comparable con los destinatarios del
régimen especial de la Fuerza Pública respecto del reconocimiento de la mesada
adicional de mitad de año. Además, el acta no creó la diferencia cuestionada, sino
que aplicó la regulación prevista en el artículo 41.1 del Decreto 4433 de 2004, que
delimitó expresamente los beneficiarios de dicha prestación.
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Demandante: William Cañón Velandia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar la ineptitud sustantiva de la demanda respecto de las
pretensiones de nulidad formuladas contra la expresión «no constituye factor salarial»
contenida en el artículo 10 del Decreto 657 de 2008 y «no constituirá […] para ningún
efecto» del artículo 7 del Decreto 205 de 2014, relativas a la prima técnica, y contra
la expresión «únicamente» contenida en los artículos 1 de los decretos 383 de 2013,
1269 de 2015 y 1270 de 2015 y 7 del Decreto 205 de 2014, relativa a la bonificación
judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Negar las pretensiones de nulidad formuladas contra las expresiones
relacionadas con el carácter salarial de la prima especial de servicios «sin carácter
salarial», «solo», «no» «únicamente», «únicamente para efectos fiscales», «no constituirá
para ningún efecto», y «no constituye factor salarial» contenidos en los artículos 1, 4, 7
y 9 del Decreto 657 de 2008; 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; 2, 4 del Decreto 722
de 2009; 8 y 9 del Decreto 723 de 2009; 8 del Decreto 1388 de 2010; 2 y 4 del
Decreto 1405 de 2010; 8 del Decreto 1039 de 2011; 2 y 4 del Decreto 1041 de 2011;
2 y 4 del Decreto 848 de 2012; 8 del Decreto 874 de 2012; 8 del Decreto 1024 de
2013; 2 y 4 del Decreto 1034 de 2013; 8 del Decreto 194 de 2014; 2 y 4 del Decreto
204 de 2014; 2, 3 y 5 del Decreto 205 de 2014; 2, 3, 6 y 8 del Decreto 1087 de 2015;
2 del Decreto 1100 de 2015; y 2, 4 y 6 del Decreto 1105 de 2015, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Negar las pretensiones de nulidad formuladas contra los decretos
salariales expedidos entre los años 2008 y 2015, por el cargo relacionado con su
expedición después de los primeros 10 días del mes de enero de cada anualidad,
con fundamento en el artículo 4 de la Ley 4ª de 1992, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Negar las pretensiones de nulidad formuladas contra la expresión
«excluyendo las primas», contenida en el artículo 5 del Decreto 658 de 2008; y 7 de
los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010; 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013;
y 194 de 2014, relacionada con la base para el cálculo de los gastos de
representación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Quinto. Negar las pretensiones de nulidad formuladas contra el artículo 4 del
Decreto 2863 de 2007, relacionadas con la exclusión del personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional sometido al Decreto Ley 1214 de 1990 del reajuste de las
asignaciones de retiro y pensiones previsto mediante el principio de oscilación, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Sexto. Negar las pretensiones de nulidad formuladas contra el Acta del 22 de abril
de 2014, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, relacionadas con la
exclusión del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional sometido al Decreto
50
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00834-00 (2552-2014)
Demandante: William Cañón Velandia
Ley 1214 de 1990 del reconocimiento de la mesada adicional de mitad de año, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
(MLBC/FNM)
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