Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00979-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00979-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2014-00979-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-25-000-2014-00979-00
Nº interno: 3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 4
de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Causal regulada en el numeral 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011- CPACA.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor
Alejandro Rodríguez Bohórquez contra la sentencia del 4 de abril de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó el fallo de
11 de septiembre de 2013 dictado por el Juzgado Dieciséis Administrativo de
Oralidad de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el
señor Alejandro Rodríguez Bohórquez1
El señor Alejandro Rodríguez Bohórquez, a través de apoderado, presentó
demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para que se declare
que existió “omisión legislativa relativa y/u omisión reglamentaria” en los artículos
2 y 4 del Decreto 2863 de 2007, por no incluir al personal de Agentes de la
Policía Nacional.
En virtud de lo anterior, solicitó que se declare la nulidad del Oficio 2374 de 16 de
julio de 2012, expedido por el Director General (E) de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, mediante el cual se negó el reajuste de la
asignación de retiro incluyendo el porcentaje que legalmente le corresponde en
virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007.
1
Folios 12-32 del cuaderno correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2013-00120.
2
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
demandada reliquidar y pagar la pensión, en el porcentaje del 45% por concepto
de variación en el cómputo del factor salarial y/o pensional denominado “prima de
actividad” con fundamento en lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 1213
de 1990 y los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2008 desde el 1 de julio de
2007.
Como fundamentos de hecho narró que el señor Alejandro Rodríguez Bohórquez
prestó sus servicios a la Policía Nacional como Agente.
Que le fue reconocida una asignación de retiro a partir del 12 de mayo de 1999,
la cual se ha venido cancelando por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.
Que el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 1989, expidió el Decreto 1213 de 1990 “Por el cual se
reforma el estatuto de personal de agentes de la Policía Nacional”, que en su artículo
30 estableció que “Los Agentes de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán
derecho a una prima mensual de actividad, que será equivalente al treinta por ciento
(30%) del sueldo básico y se aumentará en un cinco por ciento (5%) por cada cinco (5)
años de servicio cumplido”.
Que posteriormente, el Presidente de la República expidió el Decreto 1515 de
2007, mediante el cual se fijan los sueldos básicos para los Agentes de la Policía
Nacional, entre otros.
Que, en desarrollo de las normas generales, señaladas en las Leyes 4 de 1992 y
923 de 2004, el Presidente de la República expidió el Decreto 2863 de 2007, por
el cual se modifica parcialmente el Decreto 1515 de 2007. Afirmó que “respecto al
factor salarial y/o pensional denominado “Prima de Actividad” se le debe aplicar en su
asignación de retiro y/o pensión lo ordenado en el artículo 30 del Decreto 1213 de 1990,
es decir, el 30% del sueldo básico y un 5% adicional por cada 5 años cumplidos en la
Institución en concordancia con los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007 en un 50%
del porcentaje que hoy viene devengando el activo correspondiente en su grado y años
de servicio”.
Afirmó que “[…] venía devengando en el momento de su retiro por sus 21 años de
servicio el 50% del factor salarial denominado “Prima de Actividad”, porcentaje del cual
3
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
sólo le aplicaron el 20% al liquidarle su asignación de retiro –era lo que disponía la Ley -,
pero con la nueva norma (Decreto 2863 de 2007) donde se dispuso un incremento
del 50% del activo correspondiente, quien con su misma antigüedad devenga el
50%, cuya mitad o 50% es el 25%, que sumado al 20% reconocido en su asignación
y/o pensión, nos arroja la cantidad de 45% como factor pensional de la
mencionada “Prima de Actividad”. […]”.
2. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se opuso a las pretensiones
de la demanda al considerar que los derechos pensionales del demandante se
adquirieron en vigencia del Decreto 1213 de 1990, por lo que no es posible
aplicar una norma posterior. Propuso como excepciones: (i) irretroactividad de la
ley; (ii) inexistencia del derecho; e (iii) inepta demanda, por improcedencia de la
acción incoada.
3. La sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho3
El Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad de Bogotá, en sentencia dictada
en audiencia el 11 de septiembre de 2011, negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que no hay lugar a ordenar el reajuste de la asignación de retiro o
pensión de los Agentes de la Policía Nacional, por cuanto el ajuste de la
asignación de los Agentes en actividad no fue extendido por el Decreto 2863 de
2007, el cual sí mejoró al resto de miembros de la Fuerza Pública.
Agregó que, no se presenta una violación al derecho a la igualdad, ya que en no
se puede predicar igualdad entre el grupo de los Agentes de la Policía Nacional
(activos y retirados) con el grupo de Oficiales y Suboficiales de la Policía y de las
Fuerzas Militares, pues no están en el mismo rango, jerarquía, grados,
responsabilidades, ni están gobernados por la misma normativa.
4. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho4
El apoderado del señor Alejandro Rodríguez Bohórquez presentó recurso de
apelación al considerar que se debe revocar la sentencia de primera instancia
2
Folios 43-45 reverso del cuaderno correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento.
3
Folios 67-79 del cuaderno correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento.
4
Presentado y sustentado en audiencia.
4
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
teniendo en cuenta que si bien el Decreto 2863 de 2007 no hizo referencia
expresa al personal de agentes, no se hizo un verdadero juicio de
proporcionalidad en el estudio de la inconstitucionalidad, pues no se analizó el
contenido del Decreto 1515 de 2007.
Agregó que, si bien existen diferencias en cuanto a ascenso, reconocimiento y
remuneración, no puede decirse lo mismo de las pensiones, pues existe un
régimen único para los miembros retirados de la Fuerza Pública.
Asimismo, señaló que en dicha decisión se desconoció lo resuelto en casos
similares por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.
5. Sentencia objeto de revisión5
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 4 de abril de 2014, confirmó el fallo de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.
Indicó que, no es procedente la solicitud presentada por la parte demandante de
suspensión del proceso por prejudicialidad hasta que se resuelva el proceso de
nulidad simple tramitado en el Consejo de Estado con radicado 11001-03-25-000-
2010-00136-00, pues no se configura una dependencia frente a dicho proceso,
pues al hacer el estudio del caso, si el juez encuentra demostrado que los
artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007 violan alguna disposición constitucional,
deberá dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, sin que sea
necesario dejar la decisión suspendida en el tiempo a la espera de lo decidido por
el Consejo de Estado.
Señaló que, el Decreto 2863 de 2007 estableció un incremento en el porcentaje
de la prima de actividad a favor de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y de Policía Nacional o sus beneficiarios, con asignación de retiro o
pensión, reconocidas antes del 1 de julio de 2007, sin embargo, en dicha norma
se excluyó al personal activo como retirado de Agentes de la Policía Nacional
como beneficiarios de ese incremento.
Sostuvo que no se configuró la violación al derecho a la igualdad, por no inclusión
5
Folios 113-121 del cuaderno correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento.
5
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
de los Agentes de la Policía Nacional, como beneficiarios del incremento de la
prima de actividad, ya que no es posible situar en un plano de igualdad al grupo
de Agentes y al grupo de Oficiales y Suboficiales, pues se trata de categorías de
servicios claramente diferenciables, en cuanto a los grados, niveles,
responsabilidades asignadas, en donde el régimen de ingreso, ascenso, retiro,
remuneración y prestaciones se encuentra en estatutos diferentes.
Por lo anterior, concluyó que al demandante no se le aplica el incremento
consagrado en el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 sobre la prima de actividad,
por estar dirigido a los Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Pública.
6. El recurso extraordinario de revisión6
El señor Alejandro Rodríguez Bohórquez, a través de apoderado judicial,
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada el 4 de
abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que establece: “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Solicitó que se decrete la suspensión del proceso por prejudicialidad, por el
término máximo ordenado y/o hasta el momento en que el Consejo de Estado se
pronuncie sobre la simple nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 y,
como consecuencia de lo anterior, el Tribunal se pronuncie nuevamente
acogiendo el precedente jurisprudencial resultante del fallo de simple nulidad.
Advirtió que, previo a que se dictara la sentencia de segunda instancia, solicitó
que se declarara la suspensión del proceso por prejudicialidad hasta que se
resolviera el proceso de simple nulidad en el que se estudiaba el artículo 2 del
Decreto 2863 de 2007. Sin embargo, el Tribunal no resolvió dicha solicitud en la
sentencia, sino que lo hizo en el mismo fallo, con lo que se violentó el derecho al
debido proceso y de defensa.
Agregó que es procedente el recurso extraordinario de revisión “[…] como quiera
que SE DECIDIÓ LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR
PREJUDICIALIDAD DENTRO DE LA MISMA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, SE
6
Folios 1-9 del cuaderno principal.
6
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
VIOLENTÓ EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO, LA
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, EL IMPERIO DE LA LEY, ES DECIR,
EL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES,
LO QUE GENERA VÍA DE HECHO Y POR ENDE NULIDAD DE ORDEN
CONSTITUCIONAL. […]”.
7. Trámite del recurso extraordinario de revisión
En providencia del 18 de abril de 2016 se admitió el recurso extraordinario de
revisión por reunir los requisitos legales7. Posteriormente, mediante auto del 29
de octubre de 2019 se dio apertura a la etapa probatoria8.
8. Oposición al recurso extraordinario de revisión9
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contestó el recurso
extraordinario de revisión y se opuso a lo pretendido por el señor Alejandro
Rodríguez Bohórquez, al considerar que si bien el Decreto 2863 de 2007 en
ningún aparte hace alusión a la aplicación del beneficio a los Agentes de la
Policía Nacional, en servicio o retirados.
Agregó que el demandante adquirió su derecho a la asignación de retiro en
vigencia del Decreto 1213 de 1990, norma con la cual se reconoció el derecho y
para lo cual se tuvo en cuenta el tiempo de servicio prestado y las partidas
computables que fueron certificada en la hoja de servicios expedida por la Policía
Nacional.
9. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no conceptuó de fondo en el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 4 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
7
Folios 41-43.
8
Folios 63-64.
9
Folios 55-60.
7
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
Cundinamarca de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249
ídem.
Respecto de la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión,
la Sala advierte que el inciso primero del artículo 251 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que
podrá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo respectivo.
En el sub lite la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se profirió
el 4 de abril de 2014, esta decisión quedó ejecutoriada el 22 de abril de 201410 y
el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 5 de mayo de 201411. Por
consiguiente, el recurso se interpuso en el término previsto.
2. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 4 de abril de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó el fallo dictado en
audiencia el 11 de septiembre de 2013 dictada por el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Oralidad de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda.
Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 4 de abril
de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se incurrió en la causal
de revisión alegada por el recurrente, contenida en el numeral quinto del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta que, en criterio del recurrente, el Tribunal violó
los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa del demandante, al
no resolver antes de dictar la sentencia de segunda instancia la solicitud de
suspensión del proceso por prejudicialidad.
Con el propósito de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión; 2.2
Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 2.3 Caso
concreto.
2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión
10
Folio 128 del cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
11
Folio 9 del cuaderno principal.
8
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Con ese objetivo el artículo 250 del CPACA regula los eventos, de manera
taxativa, que, al configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa
juzgada y permita restablecer materialmente el derecho quebrantado por la
decisión recurrida, en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia
material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia
ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que
constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que
afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia.12 Más que un recurso, es un
verdadero proceso13 sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de
proferir la sentencia cuestionada14”15.
Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección
de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
pese a que el trámite judicial haya finalizado16, y salvo la causal 4ª del artículo
25017, “ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo
se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la
labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos
que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°”18.
12
C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
13
C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez.
14
C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
15
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16
Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
9
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está
obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden
el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de
errores ‘in judicando’19. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso
extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro
del proceso ordinario.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios20.
2.2. Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
La censura frente al fallo proferido por la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto del presente recurso
extraordinario, consiste en considerar que en dicha sentencia se incurrió en una
nulidad procesal, por no resolver antes de dictar el fallo de segunda instancia la
solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, hasta tanto se resolviera
el caso en el que se discutía la nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007.
Pues bien, bajo el mismo criterio restrictivo que demanda el recurso
extraordinario de revisión, como se vio en la jurisprudencia transcrita, es
necesario examinar la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente
en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
Las nulidades procesales son irregularidades que se presentan durante el trámite
de una actuación, y que, por su connotación, tienen la entidad de vulnerar el
derecho fundamental al debido proceso. En razón a su gravedad, el legislador
estableció la posibilidad, a modo de sanción, de que todas aquellas actuaciones
que se adelantaron viciadas sean invalidadas, con el fin de salvaguardar los
19
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
10
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
intereses superiores de las partes.
Dada su importancia en el marco de la normativa procesal, especialmente por su
función protectora, el legislador permitió que las nulidades fueran incluidas como
motivo válido para acudir ante las autoridades jurisdiccionales en revisión, pues,
inclusive en la sentencia que pone fin a los procedimientos, es posible que se
presente una irregularidad que no es subsanable.
En este contexto, es importante señalar que la nulidad debe darse en la
sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan pudieron
ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos, o adoptar las medidas
necesarias para llevar a cabo un debido proceso. Así, y como lo señaló la Sala 8
Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado, en
pronunciamiento que se reitera, “para que esta causal de revisión prospere, entre
otras, debe tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o
bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y que deben tener una
influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de causales
que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y
no con posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades
procesales generadas en la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al
cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas dan lugar a que se configure
aquella; que se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso
terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece
firmada con menor o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos
no previsto en la ley o expedida completamente sin motivación, con violación al principio
de la non reformatio in pejus”21.
Para ello, es necesario que el recurrente aduzca una anomalía que se haya
configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de algún hecho
o circunstancia de carácter procesal que implique el desconocimiento de alguna
ritualidad propia de la actuación con el fin de estudiar con claridad el vicio que se
presenta, con la consecuencia que el mismo acarrearía.
Sobre esta causal, la Sala Plena en la sentencia que se citó en párrafos
anteriores, del 2 de marzo de 2010, señaló:
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de
2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.
11
Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
“Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden
considerarse nulidad originada en la sentencia, es pertinente la siguiente
ilustración de esta Sala Plena:
“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de
acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso
terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se
condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere
estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un
número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre
aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de
jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece
completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional
ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada´. […]
En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse
motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso
extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso
taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo en
aquella oportunidad:
“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el
proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición
referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez
jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación,
se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en
firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por
el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se
pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos. […]
Y, en otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte jurisprudencial,
esta Sala anotó:
Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente
Rev-93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que afectan
la sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son los
establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. […]
En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente
manera:
[…]
En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para resolver
el recurso propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción o
competencia tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el
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Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
vicio se habría originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la
contrademanda y en esta hipótesis no sería causal de revisión […]”22.
De acuerdo con lo anterior, la causal de revisión por nulidad originada en la
sentencia que ponga fin al proceso contra la cual no proceda recurso de
apelación, debe corresponder a un vicio que se debe presentar al momento de
dictar la providencia recurrida, porque de lo contrario se estaría ante una
situación que pudo haber sido alegada y estudiada en el curso del proceso.
Así mismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay otros
motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del Código General del
Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que no procede
ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso, derecho
fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
Así lo ha señalado, por ejemplo, la Sala Especial de Decisión Veintidós de la Sala
Plena del Consejo de Estado, al considerar que: “la violación al debido proceso
constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento,
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede
configurar la causal de revisión en comento. Así también lo entendió esta Sala Especial
de Decisión en reciente fallo de 7 de febrero de 201723: ‘En este caso, el juez no está
creando una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del
desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la
nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la
potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso’”24.
La violación al debido proceso se configura cuando la sentencia impugnada
desconoce alguna de las siguientes premisas fundamentales: i) la garantía de ser
juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante autoridad
judicial competente y según las formas propias de cada juicio; ii) la aplicación de
la ley más permisiva o favorable, antes que la restrictiva o desfavorable, aunque
aquella sea posterior, en los casos que ello sea procedente; iii) la presunción de
inocencia; iv) el derecho de defensa y de ser asistido por un abogado en aquellos
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-
000-2001-00091-01(REV).
23
Expediente 11001-03-15-000-2016-02260-00 C.P (E). Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 4 de abril
de 2017. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
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Fallo
casos que la ley lo indique; v) un proceso sin dilaciones injustificadas; vi) el
principio del non bis in ídem; vii) la posibilidad de presentar, conocer y controvertir
las pruebas dentro del trámite procesal; viii) la posibilidad de impugnar aquellas
providencias condenatorias; y ix) la nulidad de pleno derecho de la prueba que
haya sido obtenida ilícitamente25.
En todo caso, aun, bajo el amparo de invocar una nulidad constitucional, al igual
que cualquier causal que implique la nulidad originada en la sentencia, se
requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma providencia; que se trate
de una irregularidad procesal y que sea de tal envergadura que, de no haberse
presentado, la decisión a adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para este
evento, que, so pretexto de aducir la violación al debido proceso constitucional,
se utilice el recurso extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico o
probatorio que se dio en la instancia correspondiente.
Sobre el parámetro temporal de la causal de nulidad, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, en sentencia del
23 de julio de 2019, señaló que este debe ocurrir en “la expedición del fallo mismo,
y no en instancias o etapas anteriores, salvo “… que el afectado no haya tenido la
oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando se dictó la
sentencia recurrida” 26 , comoquiera que lo contrario desnaturalizaría la esencia de la
causal, pues la norma que la consagra es suficientemente explícita en la oportunidad de
configuración. Esta concepción impide el acaecimiento de la inexorable confusión entre
el instrumento de corrección y saneamiento del proceso con el de realización de la
justicia material que subyace al recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la
decisión judicial que puso fin a la litis”27.
Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo también comprende la violación
del principio de congruencia, que puede presentarse, verbi gratia cuando el
accionado es condenado por una cantidad superior a la pretendida en la
demanda, o por objeto y causa diferentes a los invocados en ésta; igualmente se
configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013,
Exp. 11001-03-15-000-2008-01027-00.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M. P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, sentencia de 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-00888-00(REV).
27
Expediente No. 11001-03-15-000-2018-04345-00(REV) M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Fallo
litigiosos objeto del debate28.
De todo lo anterior se concluye que para que sea procedente infirmar la sentencia
cuestionada en sede de revisión, con base en esta causal de nulidad originada
en la sentencia, es necesario: (i) que la nulidad se origine en la sentencia o por
hechos posteriores a ella, ya que no puede darse en un momento previo, pues en
tal caso las partes deben poner el hecho en conocimiento del juez conductor del
proceso, salvo que no se pudieron invocar antes porque solo se tuvo
conocimiento de ellos cuando se dictó la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada
sea de tal entidad, que influya en la decisión a adoptar, ello en razón a que no
cualquier irregularidad tiene la fuerza suficiente de romper esa cosa juzgada de la
que la sentencia está investida.
2.3. Caso concreto
El señor Alejandro Rodríguez considera que en la sentencia recurrida se incurrió
en violación de los derechos de defensa y al debido proceso, pues estando el
proceso para dictar sentencia de segunda instancia, el interesado presentó
solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, hasta tanto la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolviera la solicitud de nulidad del artículo 2
del Decreto 2863 de 2007, toda vez que se trata de la norma cuya inaplicación
por inconstitucionalidad sirve de fundamento para las pretensiones de la
demanda. Sin embargo, dicha solicitud no fue resuelta sino en la misma
sentencia, vulnerando los derechos invocados.
Pues bien, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe revisar la
norma que regula la suspensión del proceso. Al respecto, el numeral 1 del
artículo 161 del Código General del Proceso establece:
“ARTÍCULO 161. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte,
formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los
siguientes casos:
1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se
decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de
ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El
proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado
antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título
ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.
[…]”.
28
Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa
Palacio, proceso con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01
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Número interno:3006-2014
Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
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Fallo
A su vez, el artículo 162 del Código General del Proceso, consagra lo siguiente:
“ARTÍCULO 162. DECRETO DE LA SUSPENSIÓN Y SUS
EFECTOS. Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la
procedencia de la suspensión.
La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente solo se
decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una
vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar
sentencia de segunda o de única instancia.
La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir
de la ejecutoria del auto que la decrete.
El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae únicamente sobre
el trámite principal.
En relación con la decisión que resuelve sobre la suspensión del proceso, la Sala
advierte que, en virtud de lo establecido en el artículo 243 del Código
Contencioso Administrativo 29 , dicha providencia no resulta apelable y, por lo
mismo, no es susceptible tampoco del recurso de súplica30.
En el caso bajo estudio, se evidencia que el apoderado del señor Alejandro
Rodríguez Bohórquez presentó la solicitud de suspensión del proceso por
prejudicialidad en los alegatos de conclusión de segunda instancia31, por lo que,
a juicio de la Sala, dicha petición pudo ser resuelta a través de un auto o incluso
29
Este artículo fue modificado por la Ley 2080 de 2001, sin embargo, dicha modificación no resulta aplicable, por lo que se
tiene en cuenta su texto original, que establecía:
“ARTÍCULO 243. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán
apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
1. El que rechace la demanda.
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo
trámite.
3. El que ponga fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio
Público.
5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.
6. El que decreta las nulidades procesales.
7. El que niega la intervención de terceros.
8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.
9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.
Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos
por los tribunales administrativos en primera instancia.
El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y
9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.
PARÁGRAFO. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos
trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil”.
30
Este artículo fue modificado por la Ley 2080 de 2001, sin embargo, dicha modificación no resulta aplicable, por lo que se
tiene en cuenta su texto original, que establecía:
ARTÍCULO 246. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el
Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También
procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.
Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la
Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda.
El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria;
vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la
providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá
recurso alguno.
31
Folios 92-95 del cuaderno del proceso ordinario.
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Fallo
en la misma sentencia, como en efecto ocurrió, pues según lo indicado en
párrafos anteriores, la decisión no era susceptible de recurso de apelación.
Ahora bien, la Sala observa que el apoderado del recurrente solicitó que se
suspendiera el proceso por prejudicialidad hasta tanto se resolviera el proceso de
simple nulidad con radicado 11001-03-25-000-2010-00136-00, en el cual no se
había dictado medida de suspensión provisional y no había sido resuelto para el
momento en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en segunda
instancia. Sin embargo, como la mera existencia de la demanda de nulidad no
implicaba la ilegalidad del acto, no puede pretenderse la suspensión del proceso
de forma automática.
Asimismo, se evidencia que, mediante sentencia del 21 de junio de 2018 32, se
resolvió el proceso de nulidad indicado, en el cual se decidió: “Estese a lo resuelto
en la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 27 de marzo
de 2014, en la acción de nulidad promovida por Carlos Arturo Arzuaga Guerrero contra el
Gobierno Nacional, con radicación 11001-03-25-000-2009-00029-00 (0656-2009), por los
aspectos que fueron objeto de pronunciamiento en aquella oportunidad, respecto de los
cuales denegó la nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 «Por el cual se
modifica parcialmente el Decreto 1515 de 2007 y se dictan otras disposiciones»”.
Al respecto, la Sala encuentra que en la sentencia de nulidad correspondiente al
proceso con número interno 0656-2009, se estudió también la nulidad del artículo
2 del Decreto 2863 de 2007. En aquella oportunidad se consideró lo siguiente:
“[…] En primer lugar, el estudio de la vulneración del derecho a la igualdad en
materia laboral que propone el actor, presenta una dificultad, en tanto no se realizó
un ejercicio de argumentación que permita establecer cómo los agentes, soldados
profesionales y personal del nivel ejecutivo, en razón de sus funciones, tienen en
aplicación del derecho a la igualdad, derecho al incremento de la prima de
actividad.
En efecto, el accionante afirma que los agentes, soldados profesionales y personal
del nivel ejecutivo son la parte más débil de la jerarquía en la fuerza pública y
quienes corren más riesgos, sin embargo esta afirmación no es suficiente para que
se pruebe la vulneración al derecho a la igualdad alegada por el actor. Así, la Sala
insiste en que el demandante no demuestra cómo en aplicación del principio a
trabajo igual salario igual, tendrían derecho a un aumento de la prima en comento.
En segunda medida, no obstante lo explicado anteriormente, la Sala precisa que la
regulación del régimen prestacional de la fuerza pública se realiza de manera
concurrente entre el legislador quien fija las pautas generales, a través de leyes
cuadro y el Gobierno Nacional mediante decretos reglamentarios lo desarrolla. En
32
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018. MP. William Hernández
Gómez.
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Fallo
efecto la Ley 4 de 1992 señaló en el artículo 2 los lineamientos que debe acatar el
Gobierno:
"i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;"
De la lectura de estos literales se observa que la remuneración de los miembros de
la fuerza pública debe obedecer al nivel de los cargos, las funciones,
responsabilidades y calidades, por lo que es claro que todos no pueden tener la
misma remuneración y prestaciones.
En efecto el actor estima que la Constitución Política al establecer en el artículo
216 que la fuerza pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, establece un criterio de paridad entre quienes las integran, esto es, que
todos los integrantes de la fuerza pública deben tener la misma remuneración por
su trabajo. Esta interpretación a la que acude el accionante desconoce justamente
el artículo 53 de la Constitución, según el cual "laremuneración mínima es vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo"; así al tratarse de un cuerpo
jerarquizado, donde hay diferentes funciones y responsabilidades, el mandato
constitucional impone que la retribución por el trabajo sea proporcional a las
funciones.
Así, en el presente caso no se está frente a sujetos que se encuentren en las
mismas condiciones y que desempeñen las mismas funciones, supuestos
necesarios para que se predique la violación del derecho a la igualdad.
Insiste la Sala que el Gobierno Nacional al incrementar la prima de actividad debe
seguir el mandato constitucional por el cual se señala que al mismo trabajo
corresponde el mismo salario; e igualmente debe sujetarse a la racionalización y
disponibilidad de los recursos públicos, y la naturaleza de los cargos y las
funciones, como lo señala la Ley 4 de 1992.
En suma, se destaca que para demostrar la violación del derecho a la igualdad a
partir de la comparación entre supuestos de hechos diferentes y entre personas
cobijadas por regímenes distintos, como lo plantea el actor en este proceso,
se "exige un análisis constitucional encaminado a justificar que los que son
diferentes deben ser tratados igual, lo cual sólo esta constitucionalmente ordenado
en circunstancias extraordinarias de manifiesta desproporcionalidad no
compensada por otros beneficios”. […]”.
Igualmente, la Sala encuentra que, en un asunto similar al presente, esta
Subsección estudió un recurso extraordinario de revisión en el que se estudió la
misma causal de revisión, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no
resolvió la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad. En aquella
oportunidad se concluyó lo siguiente33:
“[…] De conformidad con lo anteriormente citado, de todas maneras, resultaba
improcedente la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad del
accionante, puesto que la presunción de legalidad del artículo 2 del Decreto 2863
de 2007, demandado en acción de simple nulidad ante el Consejo de Estado
33
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 5 de agosto de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2015-00903-00 (3387-2015). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
(expediente 11001-03-25-000-2010-00136-00), no se encontraba desvirtuada para
esa fecha, toda vez que la presentación de la demanda contra dicho acto no
implicaba su ilegalidad, asimismo, no había sido objeto de suspensión provisional.
[…]”.
En virtud de lo anterior, no se evidencia que existió una violación del debido
proceso del recurrente, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí se
pronunció sobre la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, la cual
en todo caso no era procedente, teniendo en cuenta que: (i) ya había sido
resuelto otro proceso de simple nulidad en el que se estudió la solicitud de
nulidad del artículo 2 del Decreto 2867 de 2003 por supuesta violación del
derecho a la igualdad; (ii) porque dentro del proceso de simple y nulidad que se
encontraba vigente contra la misma norma, no se dispuso la suspensión
provisional; y (iii) el juez de conocimiento tenía otras herramientas a su
disposición, como es la inaplicación de la norma por inconstitucionalidad.
Así las cosas, la Sala considera que no se encuentra configurada la causal de
nulidad invocada contra la sentencia proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que no hay lugar a estudiar los
argumentos propuestos por el recurrente en cuanto al fondo del asunto y de las
pretensiones reclamadas en el proceso ordinario.
Finalmente, no hay lugar a condenar en costas debido a que en virtud de lo
establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa
remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”,
lo cual no ocurre en el sub lite.
III. DECISIÓN
Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor Alejandro Rodríguez Bohórquez; y no condenará en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
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Demandante: Alejandro Rodríguez Bohórquez
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Fallo
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Alejandro Rodríguez Bohórquez contra la sentencia del
4 de abril de 2014, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-016-2013-00120-01, por la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.
TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente, allegado en
calidad de préstamo, al Despacho de origen.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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