Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-01041-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-01041-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2014-01041-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
26 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2014-01041-00 (3170-2014)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Leonor Figueroa de Ceballos en calidad de cónyuge supérstite
del señor Ecar Hugo Ceballos Robles (Q.E.P.D)
Tema: Causal 7ª del artículo 250 del CPACA
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la apoderada
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena, del 16 de octubre de 2013, a través de la cual
confirmó la providencia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa
Marta, el 31 de mayo de 2011, que había accedido parcialmente a las pretensiones
de la demanda, en el proceso radicado 47 001 3331 003 2009 00181 01.
1. Antecedentes
1.1. El recurso extraordinario de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante apoderada,
solicitó la revisión de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, del 16 de octubre de 2013, con el fin de obtener su infirmación y, en su
lugar, i) declarar que el señor Ecar Hugo Ceballos Robles no tenía derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación por no cumplir los requisitos exigidos
en el artículo 10 del Decreto 546 de 1971, específicamente por no haber prestado
servicio a la Rama Judicial o al Ministerio Público en el momento que cumplió la
edad de retiro forzoso; ii) declarar que la señora Leonor Figueroa de Ceballos no
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2014-01041-00 (3170-2014)
Demandante: UGPP
tiene derecho a disfrutar la pensión de sobrevivientes reconocida a su favor.
1.1.2. Hechos1
Los hechos que fundamentan el recurso son, en síntesis, los siguientes:
i) El señor Ecar Hugo Ceballos Robles solicitó a la extinta Caja Nacional de Previsión
Social (CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN) el reconocimiento de una pensión de jubilación,
para lo cual aportó certificados de prestación de servicios en los siguientes períodos
y entidades:
• Del 24 de julio de 19856 hasta el 1.° de diciembre de 1969, en el Grupo de
División de Contabilidad de Avianca.
• Desde el 12 de junio de 1972 hasta el 17 de abril de 1974, en la Dirección
del Departamento Judicial de Seguros de Vida S.A.
• Desde el 1.° de septiembre de 1977 hasta el 31 de agosto de 1979, como
Juez Segundo Civil Municipal de Santa Marta.
• Desde el 1.° de septiembre hasta el 29 de octubre de 1979, como Juez
Segundo Civil Municipal de Santa Marta, en propiedad.
• Desde el 1.° de septiembre de 1977 hasta el 31 de agosto de 1979, como
Juez Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, en encargo.
• Desde el 1.° de septiembre de 1979 hasta el 31 de agosto de 1981, como
Juez Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, en propiedad.
• Desde el 1.° de septiembre de 1981 hasta el 21 de agosto de 1983, como
Juez Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en propiedad.
• Desde el 1.° de septiembre de 1983 hasta el 31 de agosto de 1988, como
Juez Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en propiedad.
ii) El 5 de marzo de 1999, CAJANAL expidió la Resolución 002196 mediante la cual
negó al señor Ceballos Robles el reconocimiento de una pensión de jubilación por
«no cumplir con los requisitos legales».2 Aquel acto fue confirmado por la
Resolución 003993 del 18 de octubre de 2000.
1
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho
acápite.
2 Folio 454.
2
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Demandante: UGPP
iii) El 12 de junio de 2007, el señor Ecar Hugo Ceballos Robles solicitó el
reconocimiento de una indemnización sustitutiva de pensión de jubilación, la cual
fue negada por la Resolución 53322 del 6 de noviembre de 2007, con fundamento
en que su retiro del servicio fue antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993. Dicho acto fue confirmado por la Resolución 50364 del 3 de octubre de 2008.
iv) El señor Ceballos Robles radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la extinta CAJANAL, con el fin de solicitar el reconocimiento de una
pensión de jubilación, a partir del 23 de julio de 1998, fecha en que cumplió 65 años,
edad de retiro forzoso, de conformidad con los artículos 10 del Decreto 546 de 1971
y 136 del Decreto 1660 de 1978; y en subsidio, pretendió la devolución de las sumas
aportadas.
v) El 9 de febrero de 2011, el señor Ecar Hugo Ceballos Robles falleció.
vi) El 31 de mayo de 2011, el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:3
PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución N° 53322 de 6 de noviembre de 2007,
mediante la cual la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL hoy CAJANAL
EICE EN LIQUIDACION negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al señor
ECAR HUGO CEBALLOS ROBLES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución N° 50364 de 3 de octubre de 2008,
por medio de la cual se confirma en todas sus partes la Resolución N° 53322 de 6 de
noviembre de 2007, mediante al cual la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
CAJANAL hoy CAJANAL EICE EN LIQUIDACION negó el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez al señor ECAR HUGO CEBALLOS ROBLES, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, Ordénese a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL hoy
CAJANAL EICE EN LIQUIDACION a reconocer y pagar al actor los valores correspondientes
a la pensión de vejez, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 546 de 1971 y
136 del Decreto 1660 de 1978, a partir del 23 de julio de 1998, de acuerdo con lo expresado
en la parte motiva de esta providencia, conforme con los índices de inflación certificados por
el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el H. Consejo de
Estado. Sólo se pagarán las mesadas pensionales causadas a partir del 12 de junio de 2004,
tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la reclamación en sede gubernativa
(12 de junio de 2007), por cuanto las mesadas anteriores se encuentran afectadas por el
3
Folios 262 al 271.
3
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Demandante: UGPP
fenómeno de la prescripción de los derechos laborales consagrado en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
En cuanto al monto de la pensión de jubilación, será conforme a lo dispuesto en el artículo
10 del Decreto 546 de 1971, equivalente al 25 % del último sueldo devengado, más un 2 %
por cada año de servicio.
Ahora el ingreso base de liquidación será el último salario devengado, es decir del 30 de
octubre de 1987 al 30 de octubre de 1988, el cual tendrá que ser actualizado a l momento
de la liquidación pensional al tenor del artículo 53 numeral 3 de la C.N.
[…] OCTAVO: DENIEGUESE las restantes suplicas de la demanda. (Resaltado original del
texto)
vii) El 16 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió
sentencia de segunda instancia por medio de la cual confirmó la providencia
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta.4
viii) El 8 de noviembre de 2013, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
ix) El 3 de marzo de 2014, la UGPP a través de la Resolución RDP 007331, dio
cumplimiento a la sentencia referida.
x) El 30 de septiembre de 2014, la UGPP expidió la Resolución RDP 029955, a través
de la cual reconoció una pensión de sobreviviente a la señora Leonor Figueroa de
Ceballos, en calidad de cónyuge supérstite del causante, en un porcentaje del
100 % del valor reconocido, a partir del 10 de febrero de 2011.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 16 de octubre de
20135 confirmó la providencia del Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta
del 31 de mayo de 2011, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en atención a los siguientes fundamentos jurídicos:
i) El artículo 10 del Decreto 546 de 1971 prevé un régimen especial de pensiones
para los empleados de la Rama Judicial, a partir del cual el reconocimiento de una
4
Folios 285 al 297.
5 Folios 285 al 297.
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Demandante: UGPP
pensión de jubilación tendría en cuenta el 25 % del sueldo devengado más un 2 %
por cada año de servicio, siempre y cuando se hubiere prestado servicio en dicha
institución en un tiempo no menos de 5 años continuos.
ii) El sub lite se acreditó que el señor Eca Hugo Ceballos Robles a. nació el 23 de
julio de 1933, de manera que cumplió 65 años de edad el 22 de julio de 1998; b.
laboró por 11 años y 2 meses en la Rama Judicial; c. cuando cumplió la edad de
retiro forzoso se encontraba retirado del servicio; y d. es beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque para la fecha
de su entrada en vigencia tenía 61 años de edad.
iii) La situación fáctica del demandante se rige por el artículo 10 del Decreto 546 de
1971, de manera que se halla la razón al a quo al acceder al reconocimiento
pensional a la luz de la referida norma, con fundamento en que si bien es cierto
aquel no cumplía con el requisito de llegar a la edad de retiro forzoso al servicio de
la Rama Judicial, también lo era que negarle el derecho implicaría desconocer los
postulados de justicia, equidad y racionalidad y el espíritu del legislador de amparar
la contingencia de vez al ex empleado que ha perdido fuerza productiva y requiere
atender sus necesidades básicas.
En consecuencia, la prestación debe liquidarse en el equivalente al 25 % del último
salario devengado (1988), más el 2 % por cada año de servicio, sin que en ningún
caso sea inferior al salario mínimo legal vigente, con la inclusión de los factores
salariales devengados al momento de su retiro del servicio, en concordancia con el
Decreto 717 de 1978 y además, todas las sumas que habitual y periódicamente
recibe el trabajador como retribución de sus servicios,6 a saber: «asignación básica,
prima de servicio, prima de navidad, entre otros, de conformidad a las certificaciones
salariales que se arrimaron a la contención».
iv) Teniendo en cuenta que el a quo ordenó el reconocimiento de la pensión de
jubilación a favor del demandante, a partir del 23 de julio de 1998, con efectos
6 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de marzo
de 1992, C.P. Humberto Mora Osejo.
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fiscales desde el 12 de junio de 2004, por prescripción, con fundamento en el
artículo 10 del Decreto 546 de 1971,7 se impone confirmar la decisión apelada.
1.1.4. La causal de revisión invocada
La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal séptima del artículo 250 del
CPACA, que señala «[n]o tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa
aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida» y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:
i) En el expediente se acreditó que el causante laboró en la Rama Judicial hasta el
31 de octubre de 1988, de manera que cuando cumplió la edad de retiro forzoso,
esto es, en el año 1998, no se encontraba activo en el servicio oficial. Por lo tanto,
no tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación en los términos del
artículo 10 del Decreto 546 de 1971, conforme lo ordenó el tribunal.
ii) El tribunal no valoró adecuadamente el momento a partir del cual el señor
Ceballos Robles cesó en las funciones públicas, pues es requisito sine qua non
estar en servicio activo al llegar a la edad de retiro forzoso, para efectos de ser
beneficiario del artículo 10 del Decreto 546 de 1971.
1.2. Contestación al recurso extraordinario de revisión
La señora Leonor Figueroa de Ceballos, en calidad de cónyuge supérstite del señor
Ecar Hugo Ceballos Robles (Q.E.P.D.), por intermedio de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, en los siguientes términos:8
i) La verdadera intención de la entidad recurrente es utilizar el recurso extraordinario
de revisión como una tercera instancia, comoquiera que tanto en la contestación de
la demanda como en el recurso de apelación aquella expuso el argumento relativo
7 El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta a través de la sentencia de primera instancia emitida el 31
de mayo de 2011, ordenó el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del señor Ecar Hugo Ceballos
Robles, a partir del 23 de julio de 1998, con efectos fiscales desde el 12 de junio de 2004, por prescripción, en
el equivalente al 25 % del último salario devengado (1988), más el 2 % por cada año de servicio y teniendo en
cuenta los siguientes factores: asignación básica y primas de servicios, de navidad y de vacaciones. Folios 263
al 271 del cuaderno 2.
8 Folios 477 al 489.
6
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Demandante: UGPP
al incumplimiento del causante de los requisitos fijados en el artículo 10 del Decreto
546 de 1971. Lo anterior, está en contravía de la naturaleza del referido recurso
extraordinario, pues transgrede el principio de cosa juzgada.
ii) El tribunal sí tuvo en cuenta que cuando el causante alcanzó la edad de retiro
forzoso, no se encontraba fungiendo como Juez, sin embargo, su labor interpretativa
se acompasó con los principios vigentes bajo la Constitución Política de 1991, lo
cual condujo a que concluyera que aquel sí tenía la aptitud legal necesaria para
obtener el reconocimiento pensional en los términos del artículo 10 del Decreto 546
de 1971.
iii) La sentencia recurrida tuvo como fundamento el precedente del Consejo de
Estado vigente para la época de su expedición contenido en las sentencias con
radicados 4109-04 y 5116-05, según el cual, en el marco de un caso en el que el
entonces demandante no se encontraba activo en el servicio al momento de cumplir
65 años de edad, se sostuvo que dicha circunstancia no era impedimento para
reconocer una pensión de jubilación, porque el contenido de «los artículos 10 del
Decreto 546 de 1971 y 136 del [D]ecreto 1660 de 1978, deb[ía] articularse con las
normas supralegales que protegen los derechos de las personas de la tercera edad,
[que] ordenan aplicar los principios de favorabilidad en materia laboral e
irrenunciabilidad de las prestaciones sociales, que tienen fuerza vinculante, y
criterios auxiliares como la equidad.».
2. Consideraciones
2.1. Competencia
El presente recurso de revisión se interpuso el 15 de agosto de 2014,9 esto es, en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011),10 por lo cual, esta corporación es competente
9 Folio 315 reverso del cuaderno 1.
La Sala advierte que el 15 de agosto de 2014, la UGPP radicó recurso extraordinario de revisión y
posteriormente, el 11 de diciembre de 2015, presentó reforma de la demanda, la cual fue admitida
por esta Subsección a través del auto del 12 de abril de 2018 obrante a folio 467 del cuaderno 2.
10 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
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Demandante: UGPP
para conocerlo, en virtud del inciso 2.° del artículo 249 ejusdem.11 Asimismo,
atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter
laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del
proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto
en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.12
2.2. Oportunidad
El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «[...]
podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 8
de noviembre de 2013,13 y el recurso de revisión se interpuso el 15 de agosto de
2014.14 Por lo tanto, el recurso fue presentado dentro del término establecido por la
norma en cita.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena,
del 16 de octubre de 2013, está incursa en la causal de revisión del numeral 7.° del
artículo 250 del CPACA que establece «[n]o tener la persona en cuyo favor se decretó
una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida».
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión
11 «Artículo 249. Competencia. (...) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.»
12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
13 Folio 261 del cuaderno 2.
14 Folio 315 reverso del cuaderno 1.
La Sala advierte que el 15 de agosto de 2014, la UGPP radicó recurso extraordinario de revisión y
posteriormente, el 11 de diciembre de 2015, presentó reforma de la demanda, la cual fue admitida
por esta Subsección a través del auto del 12 de abril de 2018 obrante a folio 467 del cuaderno 2.
14 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
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Demandante: UGPP
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica
en considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia
ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una
sentencia contraria a derecho»;15 por tal razón, su procedencia se limita a las
causales taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse
de manera restrictiva.
En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción,
cuyo propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». Así lo
consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 2015, donde hizo un
detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se estudiará el presente recurso. En
dicha sentencia se expuso lo siguiente:
Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha
indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge como una
excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias ejecutoriadas,
para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, y se
restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de
justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico». Por lo tanto, resulta claro
que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión, previsto
en la mayoría de las áreas del derecho, ha sido diseñado para proceder contra las sentencias
ejecutoriadas, por las causales taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las
cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión
y que revelan que ésta es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso extraordinario de
revisión tal como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las
sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de
Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
pero su origen inmediato está en el recurso extraordinario de revisión existente en la
jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia, y como se dirige contra
sentencias ejecutoriadas, se convierte en una limitación a una de las características de la
cosa juzgada: la inmutabilidad.
[...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia
administrativa tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el campo
civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada. (...) [Negrillas y cursivas del original]
Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicción contencioso administrativa, el
Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la
15 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.
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Demandante: UGPP
naturaleza y alcance del recurso excepcional de revisión. De ahí que en vigencia
del antiguo Código Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión,
no obstante, la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias
ejecutoriadas y previa la constatación de la ocurrencia de alguna de las expresas
causales que autorizan su utilización, permite enmendar errores o ilicitudes
cometidos en la expedición de la sentencia recurrida, con el fin de restituir el derecho
al afectado a través de una nueva sentencia. Así lo señalaba en la siguiente
providencia de 2005:
Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al principio
de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se
abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y
sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, y de acuerdo
con las causales establecidas y con único fin de que se produzca una decisión ajustada a la
ley. Es presupuesto del citado medio extraordinario, que constituye una verdadera acción
impugnatoria con efectos rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo mismo
no se pueden discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden
fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al
aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en firme
cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba, que pueden
hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.16
En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último
criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe
interpretarse como una actuación independiente del asunto de origen, por lo que
constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia
de 3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera:
[…] el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia
adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original. Pese
a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la sentencia, la
que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su admisibilidad y
procedencia, es decir, es un medio de control más que consagró el legislador en la
jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota al margen, que el
Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a este recurso al igual
que lo hacía el Código de Procedimiento Civil que aquel modificó, señala que este se debe
interponer por medio de una demanda, artículos 357 y 382 respectivamente. En otros
términos, el recurso es, se repite una verdadera acción o medio de control. En consecuencia,
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de
2005, Radicado: 1998-00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-01041-00 (3170-2014)
Demandante: UGPP
a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado
recurso es un nuevo proceso.17
Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos
248 y siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por «i) las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces
Administrativos».18 El plazo para su interposición es de un año, contado a partir de
la ejecutoria de la sentencia objeto de impugnación,19 y debe reunir los requisitos
fijados en el artículo 252 ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal
invocada, acompañada de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su
poder y pretenda hacer valer.
Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma
inequívoca el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el
recurso solo admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del
CPACA como causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de
carácter procedimental.20 En sentencia de 8 de mayo de 2019,21 esta corporación,
respecto de los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo
siguiente:
[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del
17 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión N.° 27, sentencia
de 3 de febrero de 2015; radicado 11001-03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
18 Artículo 249 CPACA.
19 Artículo 251 CPACA.
20 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de
revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del
CPACA, deben ser eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor
intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal
(numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°,
referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez
intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la
violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado:
2010-00038-00 (REV) C.P. Mauricio Torres Cuervo.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-01041-00 (3170-2014)
Demandante: UGPP
recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el
entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para
que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido
incurrir durante el trámite del proceso.
Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una
acción sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera
irregular, por lo que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o
particularidades: i) una parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas
a instaurarla; ii) procede únicamente por dos causales específicas que tienen por
finalidad, la protección y recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se
aplica el procedimiento previsto por el CPACA de manera general para las causales
del artículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y su análisis se dirige a
establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.
Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como
una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica,
por lo que no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos
demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
2.4.2. Causal de revisión 7ª del artículo 250 del CPACA
La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 7.° del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[…] 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida […].
En lo que respecta a esta causal, denominada por la jurisprudencia como «falta de
aptitud legal», se ha entendido que su configuración ocurre en tres situaciones
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-01041-00 (3170-2014)
Demandante: UGPP
concretas: a. cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él,
por ejemplo, cuando en la sentencia se le reconoce una pensión a alguien que aún
no tiene la aptitud legal, por error involuntario tanto de la Administración Pública
como del juez administrativo; b. cuando la persona, luego del reconocimiento, perdió
su aptitud legal, por cuestiones de hecho, por ejemplo, cuando esté gozando de una
pensión de invalidez, recupera su salud y queda en condiciones de volver a trabajar;
y, c. cuando la persona luego del reconocimiento, perdió su aptitud legal, por
cuestiones de derecho,22 por ejemplo, la pérdida de la pensión por condena de
carácter penal.
Adicionalmente, la Sala Plena de esa corporación estableció los siguientes
elementos de la causal en comento:23
3.2. Su alcance y características
Si bien en este recurso extraordinario no es admisible adentrarse en el fondo de la cuestión
litigiosa resuelta en la sentencia que sea objeto del mismo, puesto que no constituye una
nueva instancia y la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, según
se precisó ab initio de estas consideraciones, se tiene que la causal ahora invocada significa
una excepción relativa a esa característica anotada, toda vez que su descripción normativa
está referida de manera directa y específica a la cuestión de si se reúnen los requisitos que
le den al actor la aptitud legal para acceder al derecho en mención, que viene a ser el tema
central de toda providencia judicial en la que se decrete o reconozca una pensión periódica
a favor de persona determinada, pues justamente la causal se estructura cuando esa
persona no reúna «la aptitud legal necesaria», o la pierda después de proferida la sentencia
o sobrevenga alguna causal legal para su pérdida.
En ese orden, se tiene que los elementos estructurantes de esta causal son:
• Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete o reconozca
a favor de determinada persona una pensión periódica, de las cuales cabe mencionar
las de jubilación, de vejez, de invalidez, de sustitución, y la asi gnación de retiro de los
miembros de la fuerza pública, principalmente.
Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que niegan
dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan sobre aspectos
posteriores a su reconocimiento, en particular los concernientes a su reliquidación,
factores dejados de incluir y, en general, modificación o discusión de su monto.
• Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para acceder
al derecho de gozar de esa pensión periódica, siendo tal aptitud la situación jurídica
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de
octubre de 2020, expediente 0287 -2015, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente 11001-03-15-000
2005-00297-01(REV). Sentencia de 7 de diciembre de 2010. M.P.: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianetta.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-01041-00 (3170-2014)
Demandante: UGPP
necesaria para que surja la condición o status de pensionado en quien pidió su
reconocimiento. La norma no habla de aptitud física, fisiológica o mental que esgrime el
oponente a este recurso, sino de una aptitud de carácter legal, es decir, la que surge del
ordenamiento jurídico y no del ámbito funcional en que semánticamente se ubica la mayoría
de las acepciones gramaticales del vocablo aptitud.
De modo que no se trata de atender la literalidad natural de la sola palabra aptitud,
sino de interpretarla no solo con el adjetivo que la acompaña, con la cual se le da una
connotación convencional en el plano técnico jurídico, sino también en el contexto del
enunciado, en el cual sirve destacar la expresión «No reunir», con la cual el legislador
anuncia de entrada que esa aptitud consiste en conjunción de cosas, eventos o situaciones;
en la reunión de elementos o supuestos, que para efectos del surgimiento o adquisición de
derechos, vienen a ser ni más ni menos que los requisitos (supuestos de hecho) previstos
en la normatividad pertinente para el nacimiento del derecho subjetivo de que se trate.
Aptitud legal en este caso es, entonces, la situación jurídica en que se debe hallar una
persona cualquiera, individualmente considerada, producto de la ocurrencia de los
supuestos señalados en la regulación de la materia, para ser titular del derecho de la
pensión periódica decretada o reconocida en la sentencia impugnada bajo la causal
sub examine (…).
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es preciso señalar que entidad
la recurrente alega que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en la
causal del numeral 7.° del artículo 250 del CPACA, pues, en su concepto, el señor
Ecar Hugo Ceballo Robles (Q.E.P.D), no tenía derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación en los términos del artículo 10 del Decreto 546 de 1971,
contrario a lo ordenado por el tribunal, comoquiera que, en su concepto, es requisito
sine qua non estar en servicio activo al llegar a la edad de retiro forzoso; sin
embargo, aquel no acreditó tal exigencia, pues laboró en la Rama Judicial hasta el
31 de octubre de 1988, de manera que cuando cumplió la edad de retiro forzoso,
esto es, en el año 1998, no se encontraba activo en el servicio oficial.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 16
de octubre de 2013, confirmó la providencia de primera instancia emitida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, el 31 de mayo de 2011, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor
Ecar Hugo Ceballos Robles contra la extinta CAJANAL. En ese orden, el tribunal
encontró que el entonces demandante era beneficiario del artículo 10 del Decreto
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-01041-00 (3170-2014)
Demandante: UGPP
546 de 1971, pues pese a que cuando cumplió 65 años de edad no estaba vinculado
a la Rama Judicial, sí acreditó 5 años de servicio en esa institución.
En consecuencia, el tribunal, luego de encontrar que el señor Ceballos Robles
(Q.E.P.D) era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, de las pruebas que obraban en el expediente, concluyó que laboró para la
Rama Judicial desde el 1.° de septiembre de 1977 hasta el 1.° de noviembre de
1988, es decir, durante 11 años y 2 meses, y cumplió la edad de retiro forzoso (65
años) el 22 de julio de 1998. Por lo tanto, mantuvo el reconocimiento pensional a su
favor,24 en el equivalente al 25 % del último salario devengado (1988), más el 2 %
por cada año de servicio, sin que en ningún caso fuera inferior al salario mínimo
legal vigente; con la inclusión de los factores salariales devengados al momento de
su retiro del servicio, en concordancia con el Decreto 717 de 1978 y además, todas
las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador como retribución de
sus servicios.
Pues bien, la Sala considera pertinente traer a colación el artículo 10 del Decreto
546 de 1971, que establece una pensión de retiro por vejez para los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Publico que fueren
desvinculados del servicio con ocasión del cumplimiento de la edad de retiro
forzoso, el cual en su tenor normativo previó lo siguiente:
ARTÍCULO 10. Los funcionarios a que se refiere este Decreto, que lleguen o hayan llegado
a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Publico, sin reunir los
requisitos exigidos para una pensión ordinara de jubilación, pero habiendo servido no menos
de 5 años continuos en tales actividades, tendrán derecho a una pensión de vejez
equivalente a un 25% del último sueldo devengado, más un 2% por cada año de servicio.
De conformidad con la norma transcrita, se concluye que para a acceder a este
beneficio pensional, deberán concurrir los siguientes requisitos: a. que el empleado
o funcionario de la Rama Judicial o del Ministerio Público haya alcanzado la edad
de retiro forzoso estando en servicio; b. que aquel no reúna los requisitos exigidos
24
El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta a través de la sentencia de primera instancia emitida el 31
de mayo de 2011, ordenó el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del señor Ecar Hugo Ceballos
Robles, a partir del 23 de julio de 1998, con efectos fiscales desde el 12 de junio de 2004, por prescripción, en
el equivalente al 25 % del último salario devengado (1988), más el 2 % por cada año de servicio y teniendo en
cuenta los siguientes factores: asignación básica y primas de servicios, de navidad y de vacaciones. Folios 263
al 271 del cuaderno 2.
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Demandante: UGPP
para acceder a una pensión ordinaria de jubilación; y c. que el ejercicio de la
actividad se haya efectuado no menos de 5 años continuos.
Al respecto, para la fecha de la expedición de la sentencia recurrida en esta
oportunidad, esta corporación admitía el reconocimiento pensional en los términos
del artículo 10 del Decreto 546 de 1976, a pesar de que el beneficiario alcanzara la
edad de retiro forzoso (65 años) sin estar vinculado a la Rama Judicial. Al respecto,
en la sentencia del 26 de octubre de 2006,25 esta Subsección sostuvo lo siguiente:
Que el actor prestó sus servicios a la rama judicial durante más de 17 años, por períodos
discontinuos, comprendidos entre el 4 de febrero de 1956 y el 6 de octubre de 1983, lapso
durante el cual se efectuaron los respectivos aportes legales con destino a la Caja Nacional
de Previsión Social-
[…] 3. Que bajo la vigencia de la Ley 100/93 (abril 1º de 1994) el actor quedó imposibilitado
para seguir cotizando, pues llegó a la edad de retiro forzoso, 65 años (19 de octubre de 1996)
circunstancia que declaró ante Cajanal en cumplimiento de los requisitos del art. 37 ibidem.
(fl. 13).
No obstante lo anterior, y aunque tal prestación no fue solicitada en vía gubernativa ni en
sede judicial, pues pidió la sustitutiva y no la principal, resulta forzoso aplicar en este caso la
doctrina constitucional que enseña que cuando el fallador advierte que la administración ha
violentado un derecho fundamental debe entrar a reconocerlo, en desarrollo del mandato
contenido en el artículo 228 de la Carta. (Sentencia C-197 de 7 de abril de 1999).
Ahora, es cierto que el demandante no se encontraba laboralmente vinculado al momento
en que cumplió los 65 años de edad, sin embargo, considera la Sala que tal circunstancia no
puede ser óbice para reconocer la pensión en el caso concreto, por las siguientes razones:
1. La interpretación en torno a temas de seguridad debe realizarse con
fundamento en el marco constitucional.
El mandato contenido en los artículos 10 del decreto 546 de 1971 y 136 del decreto 1660 de
1978, debe articularse con las normas supralegales que protegen los derechos de las
personas de la tercera edad, ordenan aplicar los principios de favorabilidad en materia laboral
e irrenunciabilidad de las prestaciones sociales, que tienen fuerza vinculante, y criterios
auxiliares como la equidad.
No puede pasar por alto la Sala que el decreto 546 de 1971 fue expedido 20 años antes de
la expedición de la nueva Carta, la cual consagra que Colombia es un Estado Social de
Derecho y que en desarrollo de ese postulado impone brindar estándares mínimos de
seguridad a los coasociados.
[…] Las consideraciones tenidas en cuentas en el fallo trascrito son aplicables al caso
examinado, en la medida que admitir que la pensión por vejez sólo se reconoce a quienes al
momento de cumplir los 65 años de edad estén vinculados al servicio, es una interpretación
literal que produce a todas luces un efecto injusto, violatorio del derecho a la igualdad
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2006,
radicación 25000-23-25-000-1999-06034-01(4109-04)
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consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, opuesta a los mandatos
constitucionales de protección a la tercera edad y de aplicación favorable de las
disposiciones legales en materia laboral, dadas las particularidad que envuelve el caso.
2. La vinculación laboral al momento de cumplir 65 años de edad es un hecho
fortuito que no depende de la voluntad del empleado.
La situación del país refleja altos niveles de desempleo, entre otras razones por el no
crecimiento de la economía, el aumento del déficit fiscal, la disminución del porcentaje de
producción y, por ende, los niveles de oportunidad y empleabilidad no son muchos. Por ello
precisamente el legislador ha tratado de crear normas de protección al desempleo – ley 789
–.
[…] Finalmente, debe precisarse que la pensión deberá liquidarse conforme al artículo 10 del
Decreto 546-71 esto es, equivalente a un 25% del último sueldo devengado, más un 2% por
cada año de servicio, sin que pueda ser inferior al salario mínimo legal vigente, junto con los
reajustes de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, la Sección Segunda26 de esta corporación mediante sentencia del 12
de septiembre de 2019, sostuvo frente al cumplimiento del requisito de llegar a la
edad de retiro forzoso durante la vinculación laboral para acceder a la pensión de
vejez por retiro, lo siguiente:
Nótese que el mencionado Decreto 546 de 1971, en lo pertinente, prescribe como requisitos
para acceder a la pensión de vejez descrita en el artículo 10: (i) llegar a la edad de retiro
forzoso durante la vinculación laboral con la Rama Judicial o el Ministerio Público y (ii) haber
laborado para dichas instituciones por un lapso no menor a 5 años continuos.
Al respecto, se advierte que cuando el demandante llegó a la edad de 65 años (30 de
septiembre 2011) se encontraba desvinculado de la Rama Judicial, pues su retiro aconteció
el 21 de septiembre de 1973, por lo que carece del derecho a la pensión de retiro por vejez
prevista en el precitado artículo 10 del Decreto 546 de 1971, puesto que es clara la norma al
establecer la condición de llegar «[…] a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial
o del Ministerio Publico […]» (se destaca).
Agrégase a lo anterior que, incluso, el régimen general previsto en el artículo 81 del Decreto
1848 de 1969, reglamentario del 3135 de 1968, también contempla tal requisito, al establecer
que «Todo empleado oficial que conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2400
de 1968, sea retirado del servicio por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de
edad, sin contar con el tiempo de servicio necesario para gozar de pensión de jubilación, ni
hallarse en situación de invalidez, tiene derecho a pensión de retiro por vejez, siempre que
carezca de medios propios para su congrua subsistencia, conforme a su posición social»;
condición que no satisface el accionante, habida cuenta que 38 años después de su retiro
de la Rama Judicial, colmó los 65 años de edad, sin que para ese momento estuviese
vinculado a alguna otra entidad pública”. […]». (Subrayas y negritas del texto).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), radicación número: 08001-23-33-000-2014-01222-
01(4181-16).
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-01041-00 (3170-2014)
Demandante: UGPP
No obstante lo anterior, la decisión citada fue proferida con posterioridad a la
providencia recurrida y, por lo tanto, no constituye precedente jurisprudencial en
el sub lite.
Bajo este panorama, de acuerdo con lo acreditado en los expedientes del proceso
ordinario y del recurso extraordinario de revisión, la Sala observa que el señor Ecar
Hugo Ceballos Robles nació el 22 de julio de 1933,27 y prestó sus servicios desde
el 24 de julio de 1956 hasta el 1.° de diciembre de 1969, en Avianca28 y desde el 12
de junio de 1972 hasta el 17 de abril de 1974, en Latinoamericana de Seguros S.A.29
Finalmente, laboró en la Rama Judicial así:30
• Desde el 1.° de septiembre de 1977 hasta el 31 de agosto de 1979, como
Juez Segundo Civil Municipal de Santa Marta, en propiedad.
• Desde el 1.° de septiembre hasta el 29 de octubre de 1979, como Juez
Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, en encargo.
• Desde el 1.° de septiembre de 1979 hasta el 31 de agosto de 1981, como
Juez Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, en propiedad.
• Desde el 1.° de septiembre de 1981 hasta el 21 de agosto de 1983, como
Juez Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en propiedad.
• Desde el 1.° de septiembre de 1983 hasta el 31 de agosto de 1988, como
Juez Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en propiedad.
En ese orden, se observa que cuando alcanzó la edad de retiro forzoso (65 años),
esto es, el 22 de julio de 1998, el causante se encontraba retirado del servicio, lo
cual, luego de realizar lectura del artículo 10 del Decreto 546 de 1971, en principio,
conllevaría a concluir que no satisfizo la condición ahí descrita, circunstancia que
fue puesta de presente expresamente por el Tribunal Administrativo del Magdalena
y por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta.
27 Tal como consta en su cédula de ciudadanía obrante a folio 292 del cuaderno 1 del recurso extraordinario de
revisión.
28 Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 47 de la plataforma SAMAI.
29 Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 47 de la plataforma SAMAI.
30 Conforme la certificación emitida por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía Distrital de
Santa Marta, el 18 de julio de 1995. Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 47 de la plataforma
SAMAI.
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Demandante: UGPP
No obstante, esta Subsección advierte que la decisión objeto de reproche emitida
el 16 de octubre de 2013, consistente en ordenar el reconocimiento de una pensión
de jubilación en los términos del artículo 10 del Decreto 546 de 1971, era razonable
para la fecha en que se produjo, comoquiera que se fundamentó en criterios de
justicia, equidad y racionalidad y, además, en la argumentación de la providencia
de primera instancia, que a su vez trajo expresamente a colación un precedente
emitido por esta corporación el 26 de octubre de 2006 (4109-04)31 y vigente para
aquella data, según el cual admitió otorgar aquella prestación a pesar de que el
entonces beneficiario alcanzara la edad de retiro forzoso (65 años) sin estar
vinculado a la Rama Judicial.
En ese orden, en el sub lite, el señor sí acreditó haber laborado más de 5 años
continuos al servicio de la Rama Judicial, para un total de específicamente 11 años,
1 mes y 18 días, además, se corroboró la avanzada edad del causante, pues cuando
se desvinculó del servicio tenía 55 años de edad y cuando se emitió la sentencia de
segunda instancia ya había fallecido a la edad de 77 años.32
Lo anterior guarda fundamento constitucional en el artículo 48 superior, en la medida
que, si se efectúa un análisis teleológico de aquel, lo que se pretende es garantizar
el servicio a la seguridad social de todos los ciudadanos del territorio nacional, bajo
la función administrativa del Estado de dirección, coordinación y control; máxime
cuando dicho derecho resulta irrenunciable por expreso mandato legislativo y, por
lo tanto, debe salvaguardarse su intención última que no es otra que la de cubrir la
contingencia de aquel empleado que por haber alcanzado cierta edad, no puede
participar más del mercado laboral.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
vigente para la época de su expedición. En ese sentido, no puede considerarse
que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, pues se
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2006, radicación 25000-
23-25-000-1999-06034-01(4109-04)
32 El señor Ecar Hugo Ceballos Robles falleció el 9 de febrero de 2011, conforme consta en el registro civil de
defunción, indicativo serial 07059786, obrante a folio 153 del cuaderno 2 del recurso extraordinario de revisión.
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Demandante: UGPP
encuentra razonablemente sustentada y fundamentada, en las decisiones
proferidas por esta corporación, citadas a su vez por el Juzgado Tercero
Administrativo de Santa Marta.
Cabe agregar que los argumentos en los que se fundamentó el recurso
extraordinario de revisión son los mismos analizados por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, y que fueron despachados de manera negativa
por esa corporación. En ese sentido, es preciso reiterar que el recurso
extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia en la cual se pueda
replantear la cuestión litigiosa.
Por lo expuesto, en el sub lite no se encuentra configurada la causal prevista por el
numeral 7.° del artículo 250 del CPACA, razón por la cual el recurso extraordinario de
revisión habrá de ser declarado infundado.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena
en costas.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos jurídicamente al que
ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye no hay lugar
a infirmar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena del 16
de octubre de 2013, comoquiera que la decisión se fundamentó en criterios de
justicia, equidad y racionalidad y, además, en la argumentación de la providencia
de primera instancia, que a su vez trajo expresamente a colación un precedente
emitido por esta corporación, el 26 de octubre de 2006 (4109-04)33 y vigente para
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2006, radicación 25000-
23-25-000-1999-06034-01(4109-04)
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Demandante: UGPP
aquella data, razón por la cual se impone declarar infundado el presente recurso
extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de
la causal 7ª del artículo 250 del CPACA, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), presentó
contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena del 16 de octubre de
2013, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 147 001 3331 003 2009 00181 01 al tribunal de origen y
archivar el recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones en el sistema
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
21
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