Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2015-00593-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2015-00593-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-25-000-2015-00593-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
16 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2015-00593-00
Demandante: JAIME GÓMEZ MÉNDEZ
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -SENTENCIA DE
28 DE ABRIL DE 2014, PROFERIDA POR LA SUBSECCIÓN «C» DE LA
SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA -EN DESCONGESTIÓN-
Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión
La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el
ciudadano Jaime Gómez Méndez, a través de apoderado judicial y en contra de la
sentencia de 28 de abril de 20141, proferida por la Subsección «C» de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -en Descongestión-,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-
33-31-029-2009-00107-01.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda ordinaria
I.1.1. Pretensiones
1. El ciudadano Jaime Gómez Méndez, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, instauró demanda en
1
Es de anotar que el expediente fue asignado para el conocimiento de esta Sección el 15 de enero de 2021, tal como consta
en el índice 35 del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00593-00
Demandante: Jaime Gómez Méndez
Demandado: Superintednencia de Notariado y Registro
contra de la Superintendencia de Notariado y Registro -en adelante
Supernotariado- con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
[…] PRIMERA: Que previa declaratoria de la suspensión
provisional, se decrete la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
• Resolución No. 035 de julio 2 de 2008 expedida por el Consejo
Superior de la Carrera Notarial, por medio de la cual se decide sobre
la permanencia de mi poderdante en el concurso notarial;
• Resolución No. 039 de julio 24 de 2008, expedida por Consejo
recurso de reposición presentado en contra de la Resolución 035 de
2008.
Ambas resoluciones están apoyadas en los Acuerdos 01 de 2006 y
79 de 2007, expedidos por el Consejo Superior de la Carrera
Notarial, por medio de los cuales se excluyó al doctor JAIME
GÓMEZ MÉNDEZ del concurso de notarios.
SEGUNDA: Que se aplique para el caso del doctor JAIME
GÓMEZ MÉNDEZ la excepción de inconstitucionalidad
respecto de las siguientes normas que le sirvieron de base al
Consejo expedición de los actos cuya nulidad se depreca:
• Del Acuerdo 79 de 2007, expedido por el Consejo Superior de la
Carrera Notarial, por medio del cual se ordena la apertura del
procedimiento previsto en el inciso 2 del artículo 19 del Acuerdo 01
de 2006;
• Del inciso 2 del artículo 19 del Acuerdo No. 01 de 2006
modificado por el acuerdo No. 06 de 2007, que estableció una
nueva fase en la etapa final del concurso, consistente en la
verificación de antecedentes disciplinarios de circunstancias
constitutivas de inhabilidad en cabeza de los aspirantes al concurso
público para la provisión de notarios en propiedad y el ingreso a la
carrera notarial;
• Del Acuerdo No. 06 de 2007, que modificó el inciso 2 del artículo
19 del Acuerdo No. 01 de 2006, y que estableció una nueva fase en
la etapa final del concurso, consistente en la verificación de
antecedentes disciplinarios de circunstancias constitutivas de
inhabilidad en cabeza de los aspirantes al concurso público para la
provisión de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial.
TERCERA: Que como consecuencia de la prosperidad de las
pretensiones anteriores, se restablezca el derecho de mi
poderdante, incluyéndolo nuevamente en la lista de elegibles
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Demandante: Jaime Gómez Méndez
Demandado: Superintednencia de Notariado y Registro
establecida mediante el Acuerdo 142 expedido el 9 de junio de
2008 por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y dentro de
la cual está incluido el doctor JAIME GÓMEZ MÉNDEZ.
CUARTA: Que en razón de lo anterior se proceda a nombrar en
propiedad y posesionar al Dr. JAIME GÓMEZ MÉNDEZ como
notario en propiedad del Círculo de Bogotá, de acuerdo con la
lista de elegibles establecida en el Acuerdo 142 expedido el 9 de
junio de 2008 por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
QUINTA: Que se dé cumplimiento a los artículos 176 y 177 del CCA
[…] (negrillas fuera del texto).
I.1.2. Los hechos
2. El apoderado judicial del accionante afirmó que su representado fue nombrado
por el Gobierno Nacional como Notario 19 del Círculo de Bogotá, mediante Decreto
No. 255 del 25 de enero de 1990.
3. Destacó que la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la
Resolución No. 1315 de 16 de marzo de 1992, lo sancionó disciplinariamente con
suspensión de cinco (5) días en el ejercicio del cargo que venía desempeñando
interinamente; decisión que fue confirmada íntegramente por la entidad
demandada, a través de las Resoluciones Nos. 3206 de 10 de junio de 1992 -en
sede de reposición- y 6088 de 22 de octubre de la misma anualidad -en sede de
apelación-.
4. Manifestó que, con fecha 5 de julio de 2000, entró a regir la Ley 5882, a través de
la cual se reglamentó el ejercicio de la actividad notarial y se consagró una
inhabilidad intemporal -parágrafo 2° del artículo 4°-, asociada a que quien haya sido
condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas para el
patrimonio del Estado o por faltas como notario, no puede concursar para ocupar
dicho cargo en propiedad.
5. Resaltó que el Consejo Superior de la Carrera Registral, por medio del Acuerdo
No. 01 de 2006, convocó a concurso público para el nombramiento de los notarios
en propiedad y el ingreso a la carrera notarial en todo el territorio nacional. Dicho
Acuerdo fue modificado por el numeral 2° del artículo 10 del Acuerdo No. 1 de 2007,
en el sentido de hacer exigible a todos los concursantes la presentación del
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«Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial».
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Demandado: Superintednencia de Notariado y Registro
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de
la Nación.
6. Señaló que, mediante Acuerdo No. 07 de 2007, fue admitido como aspirante al
referido concurso de méritos, por cumplir con los requisitos exigidos en la ley y
demás normas aplicables. Asimismo, indicó que, luego de superar
satisfactoriamente la prueba de conocimientos y la entrevista, el Consejo Superior
de la Carrera Notarial, mediante Acuerdo No. 142 de 9 de junio de 2008, lo incluyó
en la lista de elegibles para ocupar el cargo de notario en propiedad en la ciudad de
Bogotá.
7. Puso de relieve que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, a través de
Acuerdo No. 79 de 12 de octubre de 2007, inició un proceso de verificación de
circunstancias constitutivas de inhabilidades en cabeza de todos los aspirantes al
citado concurso de méritos y, producto de dicho escrutinio, determinó que el hoy
recurrente estaba incurso en inhabilidad para desempeñar el cargo de notario, toda
vez que fue sancionado disciplinariamente por actuaciones desplegadas en el
ejercicio de este cargo. Por tal motivo, a través de la Resolución No. 035 de 2008,
se dispuso excluirlo de la lista de elegibles del referido concurso de méritos.
8. Como consecuencia de la plaza vacante, el entonces ministro del Interior y de
Justicia designó interinamente al ciudadano José Miguel Rojas Cristancho como
notario 19 del círculo de Bogotá -Decreto No. 3676 de 22 de septiembre de 2008-,
determinación que -de forma tácita- implicó el retiro del demandante del cargo de
notario.
I.1.3. Normas violadas y concepto de violación
I.1.3.1. Nulidad de los actos por infringir las normas en que debían fundarse,
en especial el artículo 29, inciso 2°, de la Constitución Política, al aplicar
retroactivamente la Ley 588 de 2000
9. El apoderado judicial del accionante expuso que los actos demandados vulneran
el derecho al debido proceso, por cuanto el parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley
588 de 2000 no le podía ser aplicado a su representado de manera retroactiva, pues
de esta manera se estaba desconociendo que la sanción disciplinaria inhabilitante
le fue impuesta antes de la entrada en vigor de dicha ley. En ese sentido, concluyó
que los actos administrativos acusados «[…] son ostensiblemente violatorios del
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derecho al debido proceso (…) pues en ellos se dio aplicación retroactiva de la Ley
588 de 2000 para poder excluir al doctor JAIME GÓMEZ MÉNDEZ de la lista de
elegibles en la cual se había inscrito (sic) […]».
10. Adicionalmente, señaló que: «[…] el Consejo Superior de Carrera Notarial no
tiene clara la diferencia entre retroactividad e intemporalidad de las inhabilidades
[…]», puesto que, si lo que se afirma en los actos demandados es que existe una
intemporalidad de la inhabilidad consistente en que no puede desempeñar el cargo
de notario quien haya sido sancionado disciplinariamente, también lo es que la
sanción que le fue impuesta a su poderdante se produjo en vigencia del Decreto
Ley 960 de 1970 -Estatuto del Notariado-, cuerpo normativo que no previó que la
suspensión del cargo daba lugar a la configuración de una inhabilidad sobreviniente.
11. En suma, estimó que la entidad demandada, al aplicar de manera retroactiva la
Ley 588 de 2000, adicionó una consecuencia o sanción distinta a la que
contemplaba el Estatuto de Notariado para el juzgamiento de las conductas objeto
de reproche, lo cual se constituye en una flagrante vulneración al debido proceso.
I.1.3.2. Violación de las normas en que debían fundarse las Resoluciones 035
de 2008 y 039 de 2008, en especial, en el artículo 58 de la Constitución Política
y en los artículos 68 y siguientes del Código Contencioso Administrativo que
regulan la figura de la revocación directa de los actos administrativos
12. El mismo apoderado judicial del actor adujo que los actos demandados
comportan, materialmente, una revocatoria directa de los efectos jurídicos del
Acuerdo No. 142 de 2008, acto administrativo mediante el cual se estableció la lista
de elegibles del concurso de méritos para ocupar el cargo de notario, excluyendo
así de dicha lista al aquí recurrente sin que se cumpliera con el procedimiento y con
los requisitos establecidos en los artículos 69 a 74 del CCA.
13. De otra parte, aseveró que los actos enjuiciados están viciados de falsa
motivación, en razón a que con la expedición del Acuerdo No. 079 de 2007 -por medio
del cual se da apertura al procedimiento establecido en el inciso 2° del Acuerdo No. 01 de 2006, esto
es, la verificación de los antecedentes penales disciplinares o administrativos- se agregó una
nueva etapa al concurso de carrera notarial, la cual no estaba prevista al momento
en que se ofertó la convocatoria pública de dicha plaza y, por ende, resultan
violatorios del derecho al debido proceso al cambiar a los interesados las reglas del
procedimiento concursal.
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14. En esa misma línea argumentativa, indicó que cuando el aquí recurrente se
inscribió y ganó el concurso de méritos para proveer los cargos de notario en la
ciudad de Bogotá lo hizo cumpliendo la normativa vigente, por lo que tenía derecho
a ser nombrado notario de carrera y, por consiguiente, tales derechos adquiridos no
le podían ser desconocidos de manera flagrante y menos sin su consentimiento
expreso.
15. Agregó que la administración solo contaba con dos vías jurídicas para revocar
los derechos adquiridos con el acto que conformó la lista de elegibles, de un lado,
la revocatoria directa y, del otro, la acción de lesividad. Afirmó que la administración
no hizo uso de estas vías jurídicas, sino que «[…] lo que hizo fue tratar de cubrir de
juridicidad el irregular estado de cosas descrito […]», y creó una nueva etapa del
proceso de selección, desconociendo los derechos adquiridos de quienes cursaron
satisfactoriamente todas las etapas del concurso.
I.1.3.3. Violación de las normas en que debían fundarse las Resoluciones 035
y 039 de 2008, en especial del precepto constitucional contemplado en el
inciso 1° del artículo 29 de la Constitución Política, y el artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo que regula la figura de las causales de revocación
de los actos administrativos
16. El apoderado judicial del accionante reiteró en este acápite los argumentos
expuestos en los dos cargos de nulidad resumidos con antelación, en el sentido de
señalar que las resoluciones atacadas vulneraron su derecho al debido proceso, en
tanto que instituyeron una instancia o etapa adicional del concurso para notario, esto
es, la configuración de la inhabilidad contenida en el artículo 4° de la Ley 588 de
2000, cuando la misma no estaba vigente para el momento en que este cometió la
conducta disciplinaria que dio lugar a la sanción de suspensión temporal del cargo
de notario.
17. Finalmente, estimó que, de conformidad con la normatividad vigente al momento
de ofertarse el concurso, la consecuencia jurídica establecida para el caso de
encontrarse inconsistencias en las hojas de vida de los aspirantes, era la
suspensión para seguir concursando y no la exclusión de la lista de elegibles.
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I.2. La sentencia de primera instancia
18. El Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá dictó sentencia el
18 de mayo de 20123, en la cual se dispuso lo siguiente:
[…] PRIMERO. - DECLARAR no probada la excepción de “indebida
Representación en la Causa por Pasiva”, propuesta por el Ministerio
del Interior y de Justicia, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. – DENEGAR las pretensiones de la demanda, en
consideración a lo expuesto en la parte motiva
TERCERO. – Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría
devuélvase el expediente al juzgado de origen. […] (negrillas y subrayas
del original).
19. Para arribar a las anteriores decisiones, el juez de primera instancia hizo un
recuento jurisprudencial de las sentencias emitidas tanto por la Corte
Constitucional4 como por el Consejo de Estado5 en lo que atañe a la intemporalidad
de la inhabilidad consagrada en el parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley 588 de
2000. Al respecto, refirió que la Corte Constitucional ha señalado que el legislador
tiene una amplia discrecionalidad para regular y establecer las causales de
inhabilidad, así como su duración y aplicación en el tiempo.
20. Recordó que la naturaleza de la inhabilidad no es la de una pena o sanción, sino
que es la garantía que tiene el Estado para que la persona encargada de
desempeñar un determinado empleo no afecte su normal desarrollo. De igual modo,
precisó que el objeto de la inhabilidad es proteger el interés general y asegurar que
el aspirante tenga la idoneidad, probidad y moralidad para desempeñar el empleo.
21. En ese contexto, argumentó que existen inhabilidades que son intemporales, lo
que significa en que la ley no señala un efecto o plazo determinado para su
aplicación, resaltando que ello no se traduce necesariamente en la vulneración de
ningún derecho ni principio constitucional. Asimismo, arguyó que, en tratándose de
los notarios, las reglas de ingreso a la carrera son mucho más exigentes en materia
3
Cfr. Folios 395 a 423 del c. ppal. de primera instancia.
4
C-1212 de 21 de noviembre de 2001; C-373 de 15 de mayo de 2002; C-258 de 2 de abril de 2009 y T-502 de 23 de julio de
2009.
5
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 6 de diciembre de 2007. Expediente: 11001-03-06-000-
2007-00099-00. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
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de inhabilidades, por cuanto la actividad notarial comprende la función fedante del
Estado.
22. Por lo anterior, concluyó que la inhabilidad contenida en el parágrafo 2° del
artículo 4° de la Ley 588 de 2000 es de aquellas de carácter intemporal, es decir,
que no dependen del momento en que se cometió la conducta que da lugar a la
respectiva sanción penal, disciplinaria o administrativa inhabilitante, sino que es una
condición que se adquiere con la sola ocurrencia del hecho y su correspondiente
sanción.
23. De otra parte, en lo que atañe al eventual desconocimiento de las reglas de la
revocatoria directa de los actos acusados, el juez de primera instancia señaló que,
aunque el Acuerdo No. 142 de 9 de junio de 2008 integró las listas de elegibles de
los aspirantes al concurso de notarios, también lo es que, en la nota de pie de página
puesta en el del nombre del actor, se indicó que el aspirante estaba en proceso de
verificación de las inhabilidades, de allí que no existía una situación jurídica
consolidada, sino que la misma estaba sujeta a condición, esto es, sometida a que
se superara la etapa de verificación de antecedentes.
24. En torno al argumento consistente en que con ocasión de la expedición de los
actos demandados se agregó una nueva etapa al concurso de méritos, el juez de
instancia recordó que el Consejo de Estado ya había examinado la legalidad del
acto administrativo que decidió agregar la etapa de verificación de antecedentes
disciplinarios, encontrándolo ajustado a derecho, por lo que, pronunciarse al
respecto, era innecesario y estaba fuera de su competencia.
25. Por último, en relación con el cargo de nulidad asociado a que la consecuencia
de encontrar demostrada la inhabilidad contenida en el Ley 588 de 2000 era la de
suspensión y no la de exclusión del concurso, el a quo estimó que no había duda
en torno a que la exclusión era la decisión administrativa pertinente, en tanto el
aspirante estaba impedido legalmente para ocupar el cargo de notario en propiedad.
I.3. La sentencia de segunda instancia
26. La Subsección «C» de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -en Descongestión-, mediante sentencia de 28 de abril de 2014,
confirmó en su integridad los argumentos expuestos por el juez de primera instancia
para denegar las pretensiones del libelo de demanda.
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27. Respecto del argumento asociado a que a la situación del demandante no era
procedente aplicarle la inhabilidad contenida en el parágrafo 2° del artículo 4° de la
Ley 588 de 2000, el juez de segunda instancia reiteró que, conforme con lo decidido
por la Corte Constitucional en las sentencias C-373 de 2022, C-258 de 2009 y T-
502 de 2009 -estas dos últimas providencias proferidas a iniciativa del aquí demandante- quedó
zanjada la discusión relativa a si es o no procedente que el Congreso de la
República establezca una inhabilidad intemporal, tema que fue resuelto en el
sentido de considerar que la inhabilidad es aplicable a partir de la expedición de la
norma legal e incluye todas aquellas conductas que fueron sancionadas penal,
disciplinaria o administrativamente, con anterioridad a su promulgación.
28. Concluyó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las inhabilidades
intemporales no vulneran la Constitución Política siempre que se adecuen a criterios
de razonabilidad y proporcionalidad y no limiten indebidamente los derechos y
garantías de las personas que aspiran ingresar a cargos públicos. En tal sentido,
sostuvo que, en el caso concreto, no se advertía que la excusión de la lista de
elegibles del ciudadano Gómez Méndez para ocupar el cargo de notario en
propiedad desconociera los principios y derechos contemplados en el ordenamiento
jurídico, por cuanto dicha decisión resultaba armónica con la interpretación
jurisprudencial de la citada norma inhabilitante.
29. Finalmente, destacó que las autoridades demandadas no podían pasar por alto
dicha norma, en razón a que esta ya estaba vigente al momento de expedirse los
actos enjuiciados.
30. De otro lado, y en lo que concierne al argumento asociado a que la inclusión en
la lista de elegibles para ocupar un concurso de carrera es un procedimiento
preclusivo sobre el cual ya no hay lugar disponer su revocatoria, el Tribunal señaló
que la estructura del proceso concursal para proveer cargos públicos no es rígida ni
debe entenderse de manera exegética, pues lo importante es que, dentro del
proceso de formación y expedición del acto administrativo que da lugar al
nombramiento, se respete el debido proceso y los principios que orientan la
convocatoria, de tal forma que los cargos a proveerse sean ocupados por las
personas más idóneas.
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31. Para arribar a tal conclusión, se apoyó en la sentencia de 27 de octubre de 2011
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado6 dentro de la acción de
nulidad que fue interpuesta por el aquí demandante en contra del Acuerdo No. 079
de 12 de octubre de 2007, mediante el cual el Consejo Superior de la Carrera
Notarial dio apertura al procedimiento de verificación de los antecedentes penales,
disciplinarios o administrativos de los aspirantes a ocupar el cargo de notario;
providencia en la que se indicó que no es cierto que con este acto «[…] se cree una
nueva “fase” o etapa, simplemente, se creó otro procedimiento para darle seguridad
a la etapa de “Análisis de requisitos y antecedentes”, de manera que no se filtren
personas que estén inhabilitadas, es sí previa rendición de descargos, y no termine
designándose personal que tiene un impedimento para acceder al cargo […]».
32. Por tal razón, el a quo determinó que no se advertía que fuese caprichosa la
decisión de excluir al demandante de la lista de elegibles para ocupar un cargo en
el que estaba inhabilitado legalmente, ya que su permanencia en la función estaba
condicionada a la verificación de las inhabilidades existentes, a lo que se agrega
que el afectado tuvo la oportunidad de presentar descargos antes de definir su
permanencia en el proceso de selección convocado, con lo cual se garantizó el
derecho fundamental al debido proceso.
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
II.1. El recurso extraordinario –causal invocada-
33. El ciudadano Jaime Gómez Méndez, por conducto de apoderado judicial y en
escrito presentado oportunamente7, instauró recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia de 28 de abril de 2014, mediante la cual la Subsección «C» de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión,
confirmó en su integridad el fallo de primera instancia que denegó las pretensiones
de la demanda.
34. En criterio del citado apoderado judicial, en el sub lite se configura la causal de
revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, teniendo en cuenta que
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Expediente: 11001-03-25-000-2008-00080-
00. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Paz.
7
Cfr. Folios 113 a 121 del c. ppal. del recurso extraordinario de revisión.
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existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.
35. Como sustento de la referida causal de revisión, señaló que la jurisdicción
contencioso administrativa es una jurisdicción especializada que se encuentra
dividida por secciones -primera, segunda, tercera, cuarta y quinta-, las cuales
conocen de asuntos diferentes y especializados, de acuerdo con las asignaciones
que le han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico.
36. Destacó que, para el caso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el
artículo 18 del Decreto 2288 de 19898 determina la competencia o la asignación de
asuntos que cada una de las secciones le corresponde tramitar. En ese sentido,
pone de relieve que la sección primera conoce, entre otros, de los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho que no son competencia de otras secciones
-residual-, mientras que a la sección segunda le fueron asignados los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos de naturaleza
laboral.
37. Indicó que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que da origen
a la sentencia objeto de revisión está relacionada con asuntos de índole laboral, por
cuanto se solicitó como restablecimiento del derecho el reintegro y pago de
prestaciones económicas de carácter laboral; por lo que, a su juicio, la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca era la única competente para
desatar la apelación en segunda instancia.
38. Así las cosas, estimó que, al ser fallado el proceso en segunda instancia por la
sección primera del referido tribunal, se configuró la nulidad de falta de competencia
funcional prevista en el numeral 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil -CPC-, comoquiera que no era su atribución dirimir este tipo de controversias,
a lo que agregó que dicha nulidad es insanable, en términos del artículo 142 del
CPC.
39. A su vez, estimó que, si en gracia de discusión, se llegare a la conclusión
consistente en que la sección competente para conocer del asunto era la primera y
no la segunda, la realidad es que la sentencia objeto de revisión igualmente estaría
viciada de nulidad, comoquiera que los despachos de la sección segunda, tanto de
8
«Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
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Demandante: Jaime Gómez Méndez
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los juzgados administrativos -la que profirió la sentencia de primera instancia- como del
tribunal -que conoció inicialmente del proceso en segunda instancia-, tramitaron el asunto
sin tener competencia funcional para ello.
40. Por último, el recurrente resaltó que la Sección Segunda del Consejo de Estado
siempre ha dirimido los conflictos en los que los demandantes ostentan la calidad
de notarios o presentan inconformidades respecto del concurso de méritos para el
ingreso a la carrera notarial. Para dar sustento a su afirmación, citó dos
pronunciamientos de la mencionada sección del Consejo de Estado, a saber: (i)
sentencia de 30 de noviembre de 20119 y (ii) sentencia de 28 de junio de 201210.
41. En síntesis, el recurrente concluyó que la sentencia de 28 de abril de 2014,
proferida por la Subsección «C» de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca -en Descongestión-, debe declararse infirmada, dado que dicha
sala de decisión carecía de competencia funcional para decidir el asunto.
42. De manera subsidiaria a lo anterior, solicitó que se declare la nulidad de todo lo
actuado desde el trámite de primera instancia, en la medida que ni el juzgado ni la
sección segunda del Tribunal -parcialmente- eran competentes para conocer de esa
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
43. El recurso extraordinario de revisión objeto de análisis fue radicado el 8 de mayo
de 2015 ante la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado11,
autoridad judicial que, por auto de 16 de mayo de 201612, admitió el mismo y ordenó
que se surtieran los traslados y notificaciones de ley.
44. Seguidamente, el consejero sustanciador del proceso, a través de proveído de
15 de agosto de 201813, resolvió sobre el decreto y práctica de las pruebas
solicitadas con la demanda. En cuanto al escrito de la contestación radicado en
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección B-. Expediente:11001-03-25-
000-2010-00047-00 (0393-10) C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A-. Expediente:52001-23-31-
000-2007-00098-01 (0356-09). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Arenguen.
11
Cfr. Folios 113 a 121 del c.ppal. del recurso extraordinario de revisión.
12
Cfr. Folios 128 del c.ppal. del recurso extraordinario de revisión.
13
Cfr. Folios 138 del c.ppal. del recurso extraordinario de revisión.
13
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nombre de la Supernotariado, decidió tener por no contestada la demanda, ya que
no se aportó el poder ni los anexos necesarios para representar a dicho organismo.
45. Encontrándose el expediente pendiente de que se profiriera sentencia, el
magistrado conductor del proceso, a través de auto de 5 de noviembre de 201914,
decidió remitir el asunto a la Sección Primera del Consejo de Estado, en atención a
que, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 249 del CPACA,
esta Sala de Decisión resultaba competente para conocer del asunto, toda vez que
la sentencia objeto de revisión fue proferida por la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
46. Inconforme con ello, el demandante interpuso recurso de reposición15, por
considerar que la controversia suscitada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que dio lugar a la sentencia cuestionada, en sede del
presente recurso extraordinario de revisión, es de naturaleza laboral y, por
consiguiente, la Sección Segunda del Consejo de Estado era la competente para
fallarlo.
47. El recurso de reposición fue decidido por el referido magistrado sustanciador del
proceso mediante proveído de 31 de agosto de 202016, a través del cual confirmó
la remisión por competencia del expediente a la Sección Primera del Consejo de
Estado.
48. El argumento medular de la decisión de remisión, gira en torno a que, si bien el
artículo 110 del CPACA, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo No. 080
del 12 de marzo de 2019 -Reglamento Interno del Consejo de Estado-, señalan que
corresponde a la Sección Segunda de esta corporación el conocimiento de los
recursos extraordinarios de revisión que versen sobre asuntos laborales, también lo
es que dichos asuntos laborales están circunscritos a aquellos en los que medie
una relación legal y reglamentaria entre un «servidor público» y el Estado, y la
seguridad social de los mismos.
49. En este orden de ideas, y comoquiera que la función notarial que se le confiere
a los notarios no les otorga la calidad de servidor público, sino que continúan siendo
14
Cfr. Folios 143 del c.ppal. del recurso extraordinario de revisión.
15
Cfr. Folios 149 a 150 del c.ppal. del recurso extraordinario de revisión.
16
Cfr. Folios 154 a 156 del c.ppal. del recurso extraordinario de revisión.
14
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particulares que desempeñan funciones estatales en la modalidad de
descentralización por colaboración, en la citada providencia se concluyó que el
asunto no era del resorte de la Sección Segunda sino de la Sección Primera,
teniendo en cuenta su competencia residual.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia
50. El artículo 249 CPACA dispone que las salas y subsecciones del Consejo de
Estado serán las competentes para resolver los recursos extraordinarios de revisión
que sean interpuestos en contra de las sentencias proferidas por los tribunales
administrativos, en segunda instancia, de acuerdo con la materia objeto de
controversia.
51. Del mismo modo, el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, en su artículo 13,
distribuyó los procesos entre las secciones del Consejo de Estado, en atención al
criterio de especialización y volumen de trabajo, para la Sección Primera, así: «[…] 3.
El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias (…) dictadas por los
tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta
sección. (…) 9. Todos los demás, para los cuales no exista regla especial de
competencia […]».
52. Con fundamento en las anteriores premisas, esta Sección resulta competente para
resolver el recurso extraordinario de revisión, comoquiera que la materia objeto de
debate no fue asignada a ninguna de las secciones del Consejo de Estado.
III.2. Oportunidad
53. En cuanto a la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión,
el artículo 251 del CPACA prevé que el mismo se debe interponer dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, a través de demanda que debe
reunir los requisitos establecidos en el artículo 252 ejusdem, y que debe indicar, de
manera precisa y razonada, la causal en que se funda.
54. En el presente caso, se tiene que la providencia cuestionada, tal como se observa
en la constancia secretarial visible en el índice 569 del expediente principal de
primera instancia, se ejecutorió el 9 de mayo de 2014. De igual forma, se advierte
15
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que el recurso extraordinario que nos ocupa se radicó ante la secretaría de la
Sección Segunda el 9 de mayo de 201517, es decir, dentro del año siguiente a su
ejecutoria, por lo que se considera interpuesto en tiempo.
III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
55. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.
56.El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:
[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado
la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar
sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan
que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate
habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca
aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es,
entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como
fines esenciales del Estado18. […] (negrillas fuera de texto).
57. Así las cosas, y en la medida en que a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras19; a lo que
se agrega que las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e
interpretadas en sentido restringido20.
17
Cfr. Folio 121 vuelto del c.ppal. del recurso extraordinario de revisión.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-871 de 30 de septiembre de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C–004 de 20 de enero de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
20
Ibidem.
16
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III.2.1. De las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA
58. El artículo 250 del CPACA enumera las causales que pueden proponerse como
fundamento de este recurso, las cuales dan cuenta de la naturaleza eminentemente
procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, son los únicos
que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se
analiza.
59. En este contexto, la Sala advierte que el recurso extraordinario de revisión «[…]
no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las mismas
pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso […]»,
pues para estas circunstancias se encuentran establecidos los recursos ordinarios
dentro del mismo proceso21.
60. Tampoco el recurso extraordinario puede ser concebido como una tercera
instancia que pueda ser utilizada para remediar equivocaciones en que hubiera
podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador22:
en tal sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
ha sostenido que este mecanismo:
[…] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso,
en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del
litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más […].
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que
cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se
enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo
que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada […]23.
61. En consecuencia, en este proceso no son admisibles argumentos de fondo en
relación con la sentencia, ni aquellos que pretendan subsanar conductas omisivas
o negligentes en que las partes hubiesen podido incurrir durante el trámite del
proceso, pues las pretensiones deben ceñirse estrictamente a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
22
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 27 de abril de 2004. C.P. María Inés Ortiz
Barbosa Rev. 194.
23
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 12 de agosto de 2014. C.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez, número único de radicación 2013-02110.
17
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III.3. Problema jurídico
62. A la Sala le corresponde determinar si se configura la causal de revisión
contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, si existe nulidad de
la sentencia de 28 de abril de 2014, proferida por la Subsección «C» de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -en Descongestión-, en tanto
que, a juicio del demandante, la citada autoridad judicial carecía de competencia
funcional para resolver de fondo la controversia.
63. Como problema jurídico subsidiario, se deberá determinar si es procedente
declarar la nulidad de la sentencia objeto de estudio, con fundamento en la supuesta
falta de competencia funcional del Juzgado Doce Administrativo de Descongestión
de Bogotá para decidir el asunto en primera instancia.
III.4.- Análisis del caso concreto
64. Como esquema metodológico para resolver los problemas planteados con
antelación, la Sala inicialmente se pronunciará en relación con las características y
elementos de configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5° del
artículo 250 del CPACA, para posteriormente proceder a la resolución de la causal
de revisión invocada en la demanda.
III.4.1. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
65. Respecto de lacausal 5ª del artículo 250 del CPACA, la Sala hace suyo el
pronunciamiento de esta corporación en la que se precisaron los elementos para
que la misma se configure, el cual es del siguiente tenor:
[…] 4.4.1 Elementos para la configuración de la causal invocada
(…) para su estructuración que concurran los siguientes
presupuestos: i) que exista nulidad procesal y ii) que tal nulidad
se origine en una sentencia que ponga fin al proceso, contra la
que no proceda recurso de apelación.
Este primer elemento nos permite identificar a partir del concepto
procesal, cuáles son aquellos eventos que se consideran
constitutivos de nulidad; mientras que el segundo, representa la
verificación de que la sentencia de que se predique esta causal
debió proferirse en única o segunda instancia, pues solo en estos
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casos, el proceso ha llegado a su fin, ante la improcedencia del
recurso ordinario de apelación.
(…) Superada esta verificación debemos adentrarnos en el análisis
concerniente a cuándo se predica o puede ocurrir que una sentencia
se encuentra afectada de nulidad procesal. Al respecto de manera
reiterada la Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado que
la irregularidad que se invoque debe originarse en la sentencia
que se cuestiona, es decir, que debe acreditar que no hubo otro
momento a efectos de plantear la irregularidad, sino que la
misma ocurrió con su expedición.
En este punto vale resaltar que esta causal no se estableció con el
objeto de vaciar en ella los planteamientos de oposición que el
recurrente tenga respecto de la decisión adoptada por el juez de
conocimiento, pues los aspectos procedimentales a invocar son
precisos y no tiene un margen de movilidad que abarque el sentido
mismo de la decisión. Darle este alcance desnaturalizaría este
mecanismo de defensa extraordinario.
En efecto, otorgarle un entendimiento que acepte la posibilidad de
controvertir las apreciaciones fácticas y jurídicas encontradas por el
juzgador al momento de resolver el asunto sometido a su examen,
sería tanto como asignarle al juez extraordinario la competencia de
pronunciarse sobre un debate que es propio de las instancias
ordinarias, éstas sí diseñadas para promover una discusión de
legalidad sobre lo decidido por el fallador cuando la sentencia sea
susceptible del recurso de alzada.
Aclarado este punto, conviene revisar los límites que deben
considerarse como examen de la causal de nulidad invocada. Al
respecto esta Corporación en reiterados pronunciamientos ha sido
consistente y reiterativa en la siguiente regla:
“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los
procesalistas están de acuerdo en enseñar que ésta se genera
cuando ella se dicta en un proceso terminado anormalmente
por desistimiento, transacción o perención, o cuando se
condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el
proveído se profiere estando legalmente suspendido el
proceso. Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con
mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un
número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la
que provea sobre aspectos que no corresponden ora por falta
de competencia, ora por falta de jurisdicción. Podría darse
también la causal cuando la providencia carece completamente
de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional
ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada’.
19
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En esta materia no puede confundirse la nulidad del proceso
(art. 152 del C.P.C.), con la generada en la sentencia, que solo
admite el manejo fáctico que se ha dejado precisado, en todos
los casos en que el fallo no era susceptible de otro recurso24
[…] (negrilla fuera de texto).
66. Por otra parte, también se han aceptado como constitutivas de esta causal,
aquellas situaciones que devienen de la vulneración del artículo 29 de la
Constitución Política, aunque no se encuentren previstas en los estatutos
procesales como causales de nulidad; pero con la advertencia consistente en que
al juez le corresponde establecer si el hecho que se afirma es irregular y si tiene la
entidad de afectar la inmutabilidad de la sentencia que puso fin al proceso, pues de
otra forma no es posible predicar que se configura la causal de revisión en
comento25.
67. En suma, la Sala precisa que, para efectos declarar probada la existencia de la
causal quinta de revisión, se requiere: (i) que el vicio que se alega se presente en
la sentencia y no durante el trámite del proceso; (ii) que contra la sentencia recurrida
no proceda recurso de apelación, y (iii) que el vicio sea tal entidad que afecte la
validez de la sentencia, bien sea porque se configura alguna de las causales de
nulidad hoy contenidas en el artículo 133 del Código General del Proceso -CGP-26
o porque se advierte una vulneración flagrante del debido proceso -artículo 29
constitucional-.
III.4.2. Resolución de la causal de revisión invocada en la demanda
68. La parte recurrente estima que la sentencia de 28 de abril de 2014, proferida por
la Subsección «C» de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -en Descongestión-, debe ser infirmada, toda vez que dicha
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero de 2017. Expediente:
1100103-28-000-2016-00073-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 16 de enero de 2017.Expediente:
11001-03-28-000-2016-00070-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro. En el mismo sentido, la Sala Veintiséis Especial de Decisión
de esta corporación así lo precisó, luego de señalar que: «[…] las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el
estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por
violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29 […]».(Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Expediente: 11001-03-
15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz).
26
En lo que atañe a las normas procesales que deben aplicarse en la resolución de un recurso extraordinario de revisión
cuando la sentencia fue proferida en vigencia del CGP, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera – Subsección A. Sentencia de Recurso Extraordinario de Revisión de 13 de agosto de 2021. Expediente:
11001-03-26-000-2020-00079-00. C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
20
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autoridad judicial carecía de competencia funcional para decidir la segunda
instancia de la controversia.
69. Elrecurrente orienta sus argumentos a señalar que, por tratarse de una
controversia suscitada dentro del medio de control ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho de naturaleza laboral, la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no podía fallar el conflicto en segunda instancia,
comoquiera que, conforme con lo previsto el artículo 18 del Decreto 2288 de 1989,
esa atribución legal le fue asignada a la Sección Segunda de esa misma
corporación.
70.Visto lo anterior, y siguiendo los criterios expuestos en el acápite anterior la Sala
debe dilucidar: (i) si contra la sentencia recurrida procedía recurso de apelación; (ii)
si la inconsistencia que alega el recurrente se originó en la sentencia que puso fin
al proceso, y (iii) si el vicio alegado es de tal entidad que afecta la validez de la
sentencia, bien sea porque se configura alguna de las causales de nulidad
contenidas en el artículo 133 CGP o porque se advierte una vulneración flagrante
del debido proceso -artículo 29 constitucional-.
71. La Sala precisa, en primera medida, que la sentencia objeto de revisión fue
proferida en segunda instancia, razón por la que, en virtud de lo previsto en el
artículo 181 del Código Contencioso Administrativo27 -CCA- (vigente para el
momento en que se radicó la demanda ordinaria), dicha providencia judicial no era
susceptible de ser cuestionada a través del recurso de apelación ante el Consejo
de Estado.
72. En cuanto al segundo de los elementos, la Sala debe dilucidar si la nulidad
alegada en el recurso se originó en la sentencia que puso fin al proceso, por lo que
se estima pertinente traer a colación las actuaciones más relevantes que se
surtieron en el trámite judicial ordinario, así:
• El proceso fue tramitado y decidido en primera instancia por el Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá en Descongestión -Sección Segunda-, autoridad
judicial que, mediante sentencia de 18 de mayo de 2012, denegó las
pretensiones de la demanda.
27
«Artículo 181.Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales de los Jueces y los
siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus Secciones o
Subsecciones, según el caso; o por los Jueces Administrativos […]».
21
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• La parte actora, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación, el cual fue concedido por el a quo a través de proveído de 16 de
julio de 201228.
• El trámite del recurso de apelación le correspondió, inicialmente, a la
Subsección «E» de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. La magistrada sustanciadora del trámite procesal, a través
de los autos de 25 de octubre de 201229 y 25 de enero de 201330,
respectivamente, la admitió y ordenó correr traslado a las partes para alegar
de conclusión.
• Encontrándose el expediente pendiente de que se profiriera sentencia de
segunda instancia, la magistrada conductora del proceso, a través de
proveído de 24 de enero de 201431, determinó que la sección segunda del
Tribunal carecía de competencia para fallar el asunto, toda vez que los
notarios no son servidores públicos y, por ende, no podía sostenerse que
el asunto fuera de naturaleza laboral. Por tal razón, decidió remitir el proceso
a la sección primera de la misma corporación, la cual conoce de
controversias que no han sido asignadas a otras salas de decisión.
• Esta providencia le fue notificada a las partes del proceso por estado del 28
de enero de 2014, conforme se observa en el folio 476 -vuelto- del c. ppal.
ordinario, decisión frente a la cual, valga resaltarlo, el accionante guardó
silencio.
• La Subsección «C» de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -en Descongestión-, mediante auto de 5 de febrero de 201432,
avocó el conocimiento de la controversia. Tal proveído fue notificado a las
partes por estado del 7 de febrero de 2014 -ver folio 480 (vuelto) del c. ppal.
ordinario-, debiéndose resaltar que, en relación con el mismo, la parte
accionante no hizo pronunciamiento alguno.
28
Cfr. Folios 439 del c. ppal. ordinario.
29 Cfr. Folios 443 del c. ppal. ordinario.
30 Cfr. Folios 445 del c. ppal. ordinario.
31 Cfr. Folios 473 a 476 del c. ppal. ordinario.
32 Cfr. Folios 479 a 480 del c. ppal. ordinario.
22
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• Cabe resaltar, adicionalmente, que, aunque en memorial de 10 de febrero de
201433, la parte accionante intervino para ampliar sus argumentos de
impugnación, nada señaló en relación con la carencia de competencia
de la Sección Primera del Tribunal para fallar el litigio en segunda
instancia.
• La Subsección «C» de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -en Descongestión-, mediante providencia de 28 de abril de
2014, profirió sentencia de segunda instancia y confirmó la decisión que
denegó las pretensiones de la parte actora.
• Dentro del término de ejecutoria del fallo de segunda instancia, la parte
demandante solicitó la nulidad de todo lo actuado en el proceso, con
fundamento en las mismas razones y consideraciones que en esta
oportunidad ocupan la atención de la Sala, en tanto invocó la supuesta falta
de competencia de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto
en contra la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que la
controversia era de índole laboral.
• La Sala de la Subsección «C» Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través de auto de 12 de junio de 201434, negó la nulidad
procesal formulada, en la medida en que no encontró probada la falta de
competencia para fallar el asunto.
• El demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación,
en contra de la providencia que denegó la referida solicitud. La magistrada
conductora del proceso, en auto de 22 de octubre de 201435, negó el recurso
de reposición, por considerar que no existía falta de competencia funcional
para fallar el asunto; mientras que la apelación presentada subsidiariamente
fue rechazada por improcedente, toda vez que en contra del auto que niega
una nulidad procesal no es procedente la apelación.
33 Cfr. Folios 481 a 486 del c. ppal. ordinario.
34 Cfr. Folios 578 a 583 del c. ppal. ordinario.
35 Cfr. Folios 593 a 599 del c. ppal. ordinario.
23
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73. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la supuesta irregularidad
en la que, a juicio del demandante, incurrió la Subsección «C» de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al fallar en segunda instancia un
proceso que es de naturaleza laboral, no se originó en la sentencia de segunda
instancia sino con ocasión de la expedición de los autos de 24 de enero de 2014 y
de 5 de febrero siguiente en los que se decidió, de un lado, que la sala competente
para desatar la cuestión litigiosa en segunda instancia era la Sección Primera de
dicha corporación y, del otro, que la misma sección avocaría el trámite del proceso,
luego de considerar que la controversia sí era de su competencia.
74. Significa lo anterior que las citadas providencias interlocutorias -las cuales
decidieron cuál era la sala competente del tribunal para resolver la cuestión litigiosa en
segunda instancia- son las que materializaron la supuesta falta de competencia
alegada por el recurrente, sin que pueda endilgarse tal cuestionamiento a la
sentencia de segunda instancia objeto del recurso extraordinario que ocupa la
atención de la Sala de Decisión.
75. Como argumento adicional, la Sala de Decisión encuentra que la parte
demandante -en sede ordinaria- no interpuso los recursos o incidentes procedentes
en contra de las citadas providencias, sino que esperó a que se profiriera la
sentencia definitiva.
76. En tal sentido, la Sala destaca que, una vez le fueron notificados al demandante
los proveídos interlocutorios de 24 de febrero de 2014 y de 5 de febrero de ese
mismo año, el hoy accionante guardó absoluto silencio.
77. Llama la atención de la Sala de Decisión que el ahora recurrente intervino con
posterioridad del momento en que fueron notificaciones las mencionadas
providencias -según consta en el memorial de 10 de febrero de 201436-, y en dichas
oportunidades se limitó a ampliar sus argumentos de apelación, sin que hubiere
hecho ningún tipo de manifestación en relación con la falta competencia de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para fallar el litigio en
segunda instancia.
78. Es en este contexto que la Sala de Decisión considera relevante señalar que, si
el hoy recurrente estaba inconforme con las plurimencionadas decisiones
36 Cfr. Folios 481 a 486 del c. ppal. ordinario.
24
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interlocutorias, debió interponer los recursos procedentes en sede ordinaria y no
acudir al presente medio excepcional de revisión para subsanar dicha
inconsistencia o para pretender reabrir el debate jurídico suscitado en torno al fondo
del asunto.
79. Sobre el particular, es importante traer a colación un reciente pronunciamiento
de la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado en el que se indicó
lo siguiente: «[…] el recurso extraordinario de revisión no puede ser instituido como
una tercera instancia para subsanar las eventuales falencias de las partes en el
ejercicio de sus derechos, sino para enmendar aquellos vicios que afectan
sustancialmente el orden legal, de allí que, si los argumentos expuestos en sede de
revisión nunca fueron objeto de debate dentro del proceso ordinario, estos se tornan
improcedentes para efectos de infirmar los efectos de una sentencia que está
amparada por el principio de cosa juzgada37 […]».
80. Las anteriores consideraciones, en criterio de esta Sala de Decisión, resultan
suficientes para considerar que no se satisface el segundo requisito para la
procedencia de la causal de revisión contenida en el numeral 5 ° del artículo 250
del CPACA, teniendo en cuenta que la supuesta nulidad alegada no se originó en
la sentencia que puso fin a la actuación procesal.
81. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala tampoco advierte que se haya configurado
una falta de competencia por los factores subjetivo o funcional que invaliden la
sentencia objeto de análisis, como pasa a explicarse a continuación.
82. Tal como lo ha definido esta corporación judicial38, la competencia guarda
relación con la facultad que cada operador judicial tiene para ejercer la jurisdicción
en la resolución de determinados asuntos y dentro de un determinado territorio.
Efectuada la anterior precisión, es dable destacar que, al existir pluralidad de jueces
en el territorio nacional, existen distintos factores o elementos que sirven para
establecer la competencia, a saber: (i) factor objetivo; (ii) factor subjetivo; (iii) factor
territorial; (iv) factor funcional, y (v) factor de conexidad.
37
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Expediente: 11001-
03-15-000-2017-01538-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 8 de abril de
2021. Expediente: 11001-03-25-000-2020-00992-00(3029-20). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
25
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83. Los citados factores de competencia han sido definidos por la jurisprudencia de
esta corporación en los siguientes términos:
[…] i) Factor objetivo, está definido por la naturaleza del asunto y
en algunos casos por la cuantía;
ii) Factor subjetivo, recae en la calidad del sujeto o de la entidad
que actúa como parte en el proceso;
iii) Factor territorial, depende de la organización judicial y de
criterios como el domicilio, lugar de expedición del acto y de la
naturaleza de la entidad que lo expide;
iv) Factor funcional, está estrechamente ligado a la regla de la
doble instancia y al factor objetivo estudiado, toda vez que permite
que los jueces de superior jerarquía revisen las decisiones del a quo
para dar mayor seguridad jurídica y corregir los yerros en los que
este haya incurrido. Además, la cuantía y la naturaleza del asunto
permitirán definir a qué juez le corresponde conocer en única,
primera o segunda instancia;
v) Factor de conexidad, que encuentra su determinación con base
en el principio de economía procesal y permite la acumulación de
pretensiones, así como la acumulación de diferentes procesos¨39[…]
(negrilla del texto).
84.Precisado lo anterior, la Sala pasa a desarrollar en qué casos dichos factores de
competencia son prorrogables e improrrogables y cuáles son las consecuencias
jurídicas en uno y otro evento.
85.En relación la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la competencia, es menester
traer a colación lo previsto por el artículo 16 del CGP 40, norma cuyo contenido es
del siguiente tenor:
[…] Artículo 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD
DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA. La jurisdicción y la
competencia por los factores subjetivo y funcional son
improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte,
la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores
subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la
sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se
enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con
posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de
competencia será nulo.
39
Ibidem.
40
Aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
26
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La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o
funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el
juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue
oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se
remitirá al juez competente. […] (negrillas fuera del texto)
86. Significa lo anterior que, en tratándose de la falta de competencia por los factores
subjetivo y funcional, el legislador previó que dicha irregularidad no era un asunto
saneable por parte del juez y, en caso de ser advertido, el proceso debía ser remitido
inmediatamente al juez competente para que este decidiera sobre el fondo de la
controversia, conservándose la validez de todo lo actuado, salvo respecto de la
sentencia -si esta se hubiere proferido-.
87. En esa misma línea hermenéutica, la norma es clara en señalar que la falta de
competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando
no se reclame en tiempo. Ello significa que, aun cuando el juez no sea competente
para decidir el asunto porque no le fue atribuida esta facultad desde los factores
objetivo, territorial o de conexidad, la realidad es que si dicha inconsistencia no es
alegada oportunamente por ninguna de las partes o no es advertida de oficio por el
juez, la competencia se traslada a dicha autoridad judicial, por expresa disposición
legal, sin que ello se traduzca en una vulneración del debido proceso de las partes.
88. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el análisis de
constitucionalidad del artículo 16 del CGP, señaló lo siguiente41:
[…] La competencia, entendida como vinculación positiva y
vinculación negativa del juez para el ejercicio de sus poderes, es un
elemento de la validez de las decisiones que adopta, en el contexto
de un Estado de Derecho. La manera de garantizar el sometimiento
efectivo de éste al ordenamiento jurídico es a través de la
declaratoria de nulidad de las decisiones adoptadas sin
competencia. Ahora bien, la garantía del respeto de las formas
propias de cada juicio no podría determinar que cualquier
irregularidad procesal conduzca necesariamente a la nulidad
de lo actuado, lo que contrariaría el carácter instrumental de las
formas procesales, cuyo fundamento constitucional se encuentra en
el deber de dar prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal
(artículo 228 de la Constitución Política). Este deber de prevalencia
sustancial, acompañado del derecho al juez natural, son
instrumentos del derecho fundamental de acceso a la justicia. Es
41
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-537 de 5 de octubre de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
27
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entonces al legislador a quien le compete, en desarrollo del
artículo 29 de la Constitución Política, determinar “las formas
propias de cada juicio” y, en desarrollo de esta función,
determinar las irregularidades que generan nulidad para
garantizar la vigencia de las garantías del debido proceso.
(…)
Así, en ejercicio de esta competencia normativa, tanto el CPC
(artículo 140), derogado, como el CGP (artículo 133), vigente,
determinan las causales de nulidad procesal, cuyo carácter taxativo
fue declarado constitucional por esta Corte42. En este mismo
sentido, también hace parte del margen de configuración normativa
del legislador en la materia, la determinación de las hipótesis en las
que el vicio puede ser subsanado o convalidado y las que no43, así
como la precisión de las consecuencias que la nulidad procesal
acarrea. Esto quiere decir que el legislador establece, por esta
vía, una gradación de la importancia concreta de las formas
procesales para determinar (i) los defectos procesales que
generan nulidad y los que no; (ii) el carácter saneable o
insaneable de determinado vicio procesal44; y (iii) las
consecuencias de la declaratoria de nulidad procesal. Se trata
de decisiones que hacen parte de la competencia del Congreso de
la República para diseñar los procesos judiciales45 y, de esta
manera, establecer el proceso como uno de los instrumentos
esenciales para la eficacia del derecho fundamental de acceso a la
justicia46 y para la realización de la justicia47 y la igualdad
materiales48.
(…)
42
“Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad para determinar los casos en los cuales un acto procesal
es nulo por carencia de los requisitos formales y sustanciales requeridos para su formación o constitución. Por consiguiente,
es válido, siempre que se respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las nulidades por el legislador”: Corte
Constitucional, sentencia C-491/95.
43
“(…) es precisamente el legislador el llamado a definir los hechos y circunstancias que dan lugar a las nulidades y también
el encargado de estatuir lo relativo a las posibilidades de saneamiento o convalidación de actos o etapas procesales, la
manera y términos en que pueden obtenerse”: Corte Constitucional, sentencia C-217/96.
44
“El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un criterio que consulta la moderna técnica del derecho procesal, señala
la taxatividad de las causales de nulidad, es decir, de los motivos que dan lugar a invalidar un acto procesal, y el principio
de que no toda irregularidad constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si oportunamente no se corrigen a
través de los recursos”: Corte Constitucional, sentencia C-491/95.
45
Entre otras sentencias puede consultarse las sentencias C-227/09 y C-144/10.
46
El acceso al a justicia implica, entre otros, la previsión de elementos orgánicos tales como la existencia de cobertura del
aparato judicial y procesales que faciliten y no limiten de manera desproporcionada el derecho fundamental. C-426 de 2002
C-227/09
47
Corte Constitucional, sentencia C-086 de 2016.
48
“(…) la Constitución confió en el legislador la competencia para diseñar, de manera discrecional, las estructuras procesales
en las distintas materias, siempre y cuando respetara, con dichos procedimientos, garantías fundamentales del debido
proceso (artículo 29 de la Constitución), el acceso a la justicia (artículo 229 de la Constitución) y el principio de igualdad
(artículo 13 de la Constitución) y velara porque dicho proceso propenda por la realización de los fines esenciales del Estado,
en concreto la justicia y la igualdad material de todos (artículo 2 de la Constitución), a través de formas procesales razonables
y proporcionadas que garanticen la prevalencia del derecho sustancial, sobre el procesal (artículo 228 de la Constitución)”:
Corte Constitucional, sentencia C-205/16.
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En desarrollo de esta competencia, mediante la Ley 1564 de
2012, Código General del Proceso, el legislador estableció el
régimen de las nulidades procesales en los procesos que se
rigen por este Código y dispuso que la falta de jurisdicción y la
incompetencia por los factores subjetivo49 y funcional50 son
improrrogables (artículo 16), es decir, que la nulidad que su
desconocimiento genera es insaneable. Implícitamente dispuso, por
consiguiente, que la incompetencia por los otros factores de
atribución de la competencia, como el objetivo, el territorial y el
de conexidad, sí es prorrogable y el vicio es entonces saneable,
si no es oportunamente alegado. En los términos utilizados por el
legislador, la prorrogabilidad de la competencia significa que, a
pesar de no ser el juez competente, el vicio es considerado
subsanable por el legislador y el juez podrá válidamente dictar
sentencia, si la parte no alegó oportunamente el vicio. En este
sentido, la determinación de las formas propias del juicio por parte
del legislador consistió en establecer una primera diferencia: la
asunción de competencia por un juez sin estar de acuerdo con lo
dispuesto por los factores objetivo, territorial y por conexidad, le
permite al juez prorrogar o extender no obstante su competencia y,
por lo tanto, este hecho no genera nulidad de la sentencia
dictada por el juez, si el vicio no fue alegado, mientras que, la
asunción de competencia con desconocimiento de la
competencia de la jurisdicción y de los factores subjetivo y
funcional, sí genera necesariamente nulidad de la sentencia […]
89. En esa misma línea, el Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:
[..] Quiere decir lo anterior que salvo la falta de competencia por los
factores subjetivo51 y funcional52, en los demás casos el juez que
asumió el conocimiento del proceso no podrá desprenderse del
mismo si esta situación no se hubiese discutido oportunamente.
49
Se trata del criterio de atribución de competencia en razón del sujeto procesal. Es este factor el que atribuye competencia
por los fueros de juzgamiento. Se encuentra previsto en los artículos 29 y 30 n. 7 del CGP.
50
Hace referencia al criterio de atribución de competencia por etapas o momentos procesales. Así, la competencia del juez
de primera y segunda instancia, lo mismo que del juez de los recursos extraordinarios y del juez comisionado resulta de la
competencia funcional.
51 En palabras de Hernán Fabio Blanco “la competencia se radica en determinados funcionarios judiciales en
consideración a la calidad del sujeto que debe intervenir en la relación procesal. En otras palabras, para efectos
de radicar la competencia se toma como factor central la connotación especial que se predica respecto de
determinado sujeto de derecho, hacienda nuestro estatuto procesal civil especial énfasis en ciertas personas
jurídicas de derecho público y excepcionalmente considerado las naturales.”
52 O también llamada competencia de instancias, “que adscribe a funcionarios diferentes el conocimiento de los
asuntos, partiendo de la base esencial de que existen diversos grados jerárquicos dentro de quienes administran
justicia”. Tomado del libro Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. López Blanco Hernán Fabio.
Tomo I, Parte General. Bogotá, 2002.
29
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Ello va en armonía con el artículo 131 numeral 1.º y 138 del mismo
CGP que determinan que la falta de competencia por los factores
subjetivo y funcional se convierten en una mera irregularidad que no
vicia lo actuado, salvo si se dicta sentencia; así como con lo previsto
en el artículo 139 ib. que precisa que el juez no puede declarar su
falta de competencia cuando la misma haya sido prorrogada
por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y
funcional.
Así las cosas, se concluye que si el juez en un momento inicial del
proceso o las partes en las oportunidades procesales pertinentes no
alegan o discuten la falta de competencia por factores diferentes al
subjetivo y funcional, a título de ejemplo por los factores de cuantía
y territorio, ello no podrá ser constitutivo de causal de nulidad o de
remisión a otro funcionario judicial, en virtud del principio de
preclusividad en materia de saneamiento de las irregularidades y de
prorrogabilidad de la competencia53 […] (subrayas fuera del texto).
90. A partir lo expuesto, para la Sala es válido colegir que los factores de
competencia por factores objetivo, territorial y de conexidad resultan saneables si
ninguna de las partes alega el defecto o si el juez de la causa no lo advierte dentro
de la oportunidad procesal correspondiente, lo que se traduce en que, una vez
proferida la correspondiente sentencia, no habrá lugar a declarar la nulidad de lo
actuado, dado que esa fue la consecuencia jurídica que el legislador estableció
respecto de dicha inconsistencia.
91. La anterior premisa también encuentra sustento en el numeral 1° del artículo 136
del CGP54, otrora numerales 1° y 5° del artículo 144 del Código de Procedimiento
Civil -CPC55, normas según las cuales la nulidad se considerará saneada cuando la
parte que podía alegarla no lo hizo o actúo dentro de proceso sin proponerla.
53
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. Providencia de 3 de marzo
de 2016. Expediente: 05-001-33-33-027-2014-00355-01. C.P. William Hernández Gómez.
54
«ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla […]» .
55
«ARTÍCULO 144. Modificado. D.E. 2282/89, Artículo1º, num. 84. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará
saneada, en los siguientes casos:
(…)
4. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.
5. Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta
nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso […]» .
30
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92. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que, de conformidad con el
numeral 1° del artículo 133 del CCA (vigente para el momento en que se radicó la
demanda ordinaria), los tribunales administrativos conocían en segunda instancia
de las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas, en primera instancia, por
los jueces administrativos. Del mismo modo, el artículo 153 del CPACA dispone que
los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos.
93. Así las cosas, para la Sala es claro que, al ser proferida la sentencia de primera
instancia por un juzgado administrativo del circuito judicial de Bogotá, el competente
para resolver la apelación era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca56,
circunstancia que deja en evidencia que en el asunto de autos no se afectó la
competencia funcional para decidir la controversia en segunda instancia.
94. En esa misma línea, la Sala no advierte que exista una norma constitucional o
legal que asigne el conocimiento de las controversias suscitadas entre la
administración y los notarios a una determinada jerarquía del juez contencioso
administrativo, por lo que tampoco se observa que el en caso de autos se haya
vulnerado el factor de competencia subjetivo.
95. Al respecto, debe hacerse claridad en el hecho consistente en que las reglas de
reparto o de asignación de cargas de trabajo en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, contenidas en el artículo 18 del Decreto 2288 de 1986 y en el
artículo 2° del Acuerdo PSAA06-3345 del 13 de marzo de 200657, ciertamente no
constituyen un factor de competencia propiamente dicho sino que obedecen a la
necesidad de optimizar las cargas laborales para así lograr mayor eficiencia en la
prestación del servicio de administración de justicia, sin que ello signifique una
variación en las reglas de competencia funcional que fueron establecidas por el
legislador -en el CCA o CPACA-.
96. Por lo expuesto, y tal como se dejó consignado en párrafos anteriores, en el
presente caso no se observa trasgredida ni la competencia funcional ni subjetiva de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para fallar el
proceso en segunda instancia y, por consiguiente, no resulta procedente declarar
56
En relación con la integración del circuito judicial de Cundinamarca, ver los Acuerdos Nos: i) 401 de 1° de diciembre de
1998, ii) PSAA06-3321 de 9 de febrero de 2006, y iii) PSAA06-3578 de 29 de agosto 2006 expedidos por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura.
57
«Por el cual se implementan los Juzgados Administrativos», en especial para los Juzgados Administrativos del Circuito de
Bogotá.
31
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viciado el fallo objeto estudio con fundamento en el desconocimiento de un factor
de reparto o especialidad, el cual, valga aclararlo, quedó saneado al momento en
que se expidió la sentencia definitiva, conforme lo disponen los artículos 16 -inciso
segundo- y 136 -numeral 1°- del CGP.
97. Finalmente, la Sala tampoco evidencia que en el trámite del proceso que dio
origen a la sentencia objeto de revisión se hayan vulnerado las garantías del debido
proceso de aquí recurrente, pues no se aprecia que se le haya impedido la
posibilidad de ejercer sus derechos de contradicción y defensa, de aportar las
pruebas que estimara necesarias, de presentar alegatos de conclusión o de
interponer recursos; ni tampoco encuentra que se le haya vulnerado el derecho a la
doble instancia, con lo cual queda evidenciado que no hay lugar a infirmar la
sentencia objeto de análisis, tal como se dispondrá en la parte resolutiva del
presente proveído.
III.5. Costas
98. El artículo 188 del CPACA58 prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil
(hoy Código General del Proceso.
99. Esta Sección, al interpretar el contenido del precitado artículo 188 ha señalado lo
siguiente: «[…] si bien una lectura rápida de la disposición que antecede, podría
llevar a la errónea interpretación de que la condena en costas debe imponerse en
forma objetiva, es decir, de manera forzosa, automática e ineluctable en todos
aquellos procesos contencioso administrativos en los cuales se ventile un interés de
carácter individual o particular, lo cierto es que cuando la norma utiliza la expresión
“dispondrá”, lo que en realidad está señalando es que el operador jurídico está
llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una
condena en costas en contra de la parte que ha visto frustradas sus pretensiones
procesales59 […]».
58
Bajo la premisa consistente en que la filosofía que inspira el precitado artículo 188 del CPACA es la misma que nutre el
artículo 255 en su inciso final.
59
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de 2015. Expediente:
25000-23-24-000-2012-00446-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
32
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100. En ese orden de ideas, esta corporación judicial ha precisado que la condena
en costas debe ser estudiada desde los criterios objetivo y valorativo. Objetivo,
porque la sanción contenida en el artículo 188 del CPACA no resulta de un obrar
temerario o de mala fe del accionante, o siquiera culpable de la parte condenada,
sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto; y
valorativo, toda vez que se requiere que en el expediente el juez revise si las costas
procesales se causaron y, en la medida de su comprobación, proceder a la tasación
de las mismas60.
101. Partiendo de lo anterior, la Sala considera que, en el caso concreto, no hay
lugar a imponer condena en costas a la parte que promovió el recurso
extraordinario, teniendo en cuenta que no aparece evidencia alguna que demuestre
la generación de expensas o que la Superintendencia de Notariado y Registro -parte
demandada en este expediente- haya incurrido en gastos asociados a la defensa de
sus intereses en el curso del proceso judicial que nos atañe, o que dicha entidad
haya sufrido perjuicios; debiéndose resaltar que el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 15 de agosto de 201861, decidió tener
por no contestado el recurso extraordinario de revisión de la referencia por parte de
la entidad pública vinculada demandada en esta actuación judicial. En
consecuencia, la Sala no condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
instaurado por el señor Jaime Gómez Méndez en contra de la sentencia de 28 de
abril de 2014, proferida por la Subsección «C» de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001-33-31-029-
2009-00107-01, conforme con las razones expuestas en la presente providencia.
60
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de febrero de 2021.
Expediente: 25000-23-41-000-2015-00180-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
61
Cfr. Folio 138 del c.ppal. del recurso extraordinario de revisión.
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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte actora, de conformidad con las
razones expuestas en el presente proveído.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente de radicado
20001-23-31-000-2011-00453-01 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
CUARTO: Cumplido lo anterior, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión de la referencia, previas las anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salvamento parcial de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P (17)
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