Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2015-00933-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2015-00933-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-25-000-2015-00933-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2015-00933-00
Demandante: Jorge Andrés Galindo Suárez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional -
Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova
Temas: Sanción disciplinaria. Adecuación típica de la conducta.
Proporcionalidad de la sanción
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas
Sentencia de única instancia
La Sala procede a decidir la demanda promovida por el señor Jorge Andrés Galindo
Suárez, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra las resoluciones 0018 del 27 de enero de 20151 y
0043 del 19 de febrero de 20152 expedidas por la Escuela Militar de Cadetes General
José María Córdova, respectivamente.
I. DEMANDA3
1.1. Pretensiones
La parte demandante planteó las siguientes pretensiones4:
1.1. Que se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos:
1.1.1. La Resolución No. 18 de 27 de enero de 2015 proferida por el subdirector de la
Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova”; por medio de la cual se declaró
responsable disciplinariamente al Alférez Jorge Andrés Galindo Suárez, por haber incurrido
en la comisión de la falta disciplinaria GRAVISIMA (sic) definida en el Reglamento
Estudiantil en su articulo (sic) 102. Numeral 2. “Ejecutar actos (...) o malos tratos contra sus,
(...) subalternos, compañeros (...) dentro (...) del Instituto. Numeral 2. "Imponer correctivos
que atenten contra la vida, integridad y dignidad de la persona’’.
1.1.2. La Resolución No. 0043 de 19 de febrero de 2015, proferida por el Director de la
Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova’’, por medio de la cual se resolvió el
recurso de apelación interpuesto por Jorge Andrés Galindo Suárez, confirmando en su
totalidad la decisión adoptada en la Resolución No. 18 de 27 de enero de 2015.
1 «Por medio de la cual se sanciona a unos estudiantes en la investigación disciplinaria no. 013 de 2014
BACAD1».
2 «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación dentro de la investigación disciplinaria no.
0013 de 2014 - BACAD 1».
3 Mediante auto de 15 de marzo de 2018 se admitió la presente demanda. Índice 50 del aplicativo Samai.
4 Índice 50 del aplicativo Samai. Folios 250 y 251.
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Demandante: Jorge Andrés Galindo Suárez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - Escuela Militar
de Cadetes General José María Córdova
1.2. En su lugar, a título de restablecimiento del derecho la aquí demandada deberá
proceder a:
1.2.1. Reintegrar a Jorge Andrés Galindo Suárez a la Escuela Militar de Cadetes "General
José María Córdova" en su condición de estudiante con el fin de concluir el ciclo académico
que venía adelantando.
1.2.2. Si hubiere cumplido los requisitos establecidos en la ley y en el Reglamento
Estudiantil se ordene su graduación y ascenso al grado de subteniente del Ejército
Nacional.
1.2.3. Que la sentencia que ponga fin a este proceso, se apliquen las preceptivas
consagradas en los artículos 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
• Otras peticiones
1.3.- Que se condene a la parte demandada a cancelar las costas del proceso, incluyendo
dentro de éstas, las correspondientes agencias en derecho.
1.4.- Que se me reconozca personería para actuar de conformidad con el poder para actuar
en los términos que fue conferido.
1.2. Fundamentos de hecho
El demandante refirió que, el 11 de noviembre de 2014, el comandante del Batallón de
Cadetes No. 1, recibió un video anónimo en donde se denunciaba la presunta infracción
del reglamento estudiantil por parte de unos alféreces.
Comentó que, ese mismo día, el comandante del Batallón de Cadetes No. 1 de la Escuela
Militar de Cadetes dio apertura a indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia
de los hechos y los presuntos responsables. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2014,
se abrió investigación disciplinaria en su contra y del alférez Frey Jhoan Labrador Vega.
Manifestó que, después de practicadas todas las pruebas decretadas en la investigación
disciplinaria, el subdirector de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova,
en su condición de fallador de primera instancia procedió a expedir la Resolución 0018
de 27 de enero de 2015, lo declaró disciplinariamente responsable por haber incurrido en
la comisión de la falta disciplinaria gravísima, definida en el reglamento estudiantil en los
numerales 2 y 3 del artículo 102 y, como consecuencia de ello, le impuso la sanción
consistente en la cancelación de matrícula y pérdida del cupo.
Sostuvo que presentó recurso de apelación contra la decisión anterior, argumentando
«que no existía certeza de la existencia de la falta; como quiera que en las declaraciones
rendidas a lo largo de la investigación existían contradicciones».
Señaló que, mediante Resolución 0043 de 19 de febrero de 2015, confirmó en su totalidad
la resolución objeto del recurso.
Indicó que durante el estudio militar demostró su vocación de servicio, capacidad
intelectual y física; así como disciplina, lo que le permitió obtener el grado de alférez.
Igualmente, su excelente desempeño académico.
Afirmó que la demandada «no tuvo en cuenta que la norma contenida en el reglamento
estudiantil de la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova” no contempla causales
de atenuación».
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Aseguró que, con la decisión de cancelación de su matrícula académica y pérdida del
cupo, quince días antes de la ceremonia de ascenso a subteniente, «la autoridad
demandada le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al incurrir en una
indebida adecuación típica de la conducta y de la sanción que le fue impuesta por ser
esta desproporcionada respecto de la falta disciplinaria cometida».
Relató que, por estos hechos, promovió acción de tutela, la cual fue declarada
improcedente por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y
confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
1.3. Normas vulneradas y concepto de violación
La parte demandante invocó como normas vulneradas: i) el preámbulo y artículos 4, 6,
29, 122, 123 de la Constitución Política; ii) la Ley 734 de 2002; iii) la Ley 836 de 2003; y
iv) la Resolución 100 de 2010 expedida por las Fuerzas Militares de Colombia Ejército
Nacional - Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Como sustento de lo
anterior, expuso los siguientes cargos:
«Primer Cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política por
incongruencia entre la falta cometida y la adecuación típica realizada por la
demandada».
Afirmó que en el proceso disciplinario iniciado en su contra se desconoció el principio de
legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, pues no se ajustó a lo preceptuado, de
un lado, en el artículo 29 de la Constitución Política como quiera que se desconocieron
principios rectores de legalidad y tipicidad; y de otro lado, a lo estipulado en la Resolución
100 de 2010 que regula lo relacionado con los correctivos que pueden imponer los
alféreces.
Indicó que se desconoció que el reglamento estudiantil de la Escuela Militar de Cadetes
General José María Córdova contenía normas con conceptos jurídicos indeterminados y
que no preveía circunstancias de atenuación de las conductas que constituían faltas
disciplinarias, por lo que, bajo el principio de favorabilidad y ante tal vacío, se debió acudir
a la aplicación de las circunstancias de atenuación previstas en el Código Disciplinario
Único y el Estatuto Disciplinario de las Fuerzas Militares.
En tal sentido, anotó que la norma que sirvió de base para realizar el procedimiento
disciplinario fue el Reglamento Estudiantil de la Escuela Militar de Cadetes General José
María Córdova; si se revisa la normatividad relativa al régimen disciplinario, no se
encuentra norma alguna que haga mención a las circunstancias de atenuación de las
sanciones y las cuales sí se encuentran mencionadas en otros estatutos disciplinarios
que debieron ser objeto de análisis por parte del operador encargado de la actuación
disciplinaria y, como consecuencia de dicho proceder, al momento de determinar la falta
que le iba a imputar, omitió pronunciarse respecto de la existencia de elementos que
permitieran atenuarla. Por ejemplo, el artículo 64 del régimen disciplinario para las
fuerzas militares contempla las circunstancias de atenuación, entre las que se
encuentran: el haber confesado la falta, el demostrar diligencia y eficacia en el ejercicio
del servicio, la buena conducta anterior, y la no trascendencia social de la falta. Las
anteriores causales de atenuación se encontraban acreditadas en el expediente
disciplinario.
Explicó que, al habérsele imputado como falta gravísima la conducta que cometió se
vulneró el principio de legalidad, tipicidad y proporcionalidad, en la medida de que, al
ostentar la condición de alférez se encontraba facultado para dar órdenes e imponer
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correctivos, tales como: ordenar las flexiones de codo para corregir una infracción a la
disciplina.
Afirmó que la conducta que cometió no podía ser catalogada como falta disciplinaria
gravísima, sino que eventualmente incurrió en una «extralimitación de las funciones y en
consecuencia su actuar se encuadraba en otra norma diferente a la que le aplicó la
demandada».
A su juicio, «si se mira con objetividad la conducta en la que incurrió el demandante, se
puede llegar a la conclusión que, este incurrió en una extralimitación en sus atribuciones
y que no pueden de ninguna manera ser catalogados como degradante o que atenten
contra la dignidad de la persona o la integridad física de éstos. Ninguno de declarantes,
manifestaron que después de haber realizado el correctivo tuvieron que acudir de manera
inmediata al médico para que le prestara los primeros auxilios, ni mucho menos ninguno
ha presentado secuelas que afecten su salud. Se podrían encuadrar esos hechos como
degradantes, si los cadetes hubiesen sido obligados por la fuerza a tomar agua que
estaba regada en el piso, agua tomada del inodoro o de otro lugar y que esta no fuera
potable».
A partir de lo anterior, concluyó que: «Mi representado si incurrió en una falta disciplinaria
y debe ser sancionado por haberse extralimitado en su atribuciones, si el juez que conoce
el presente asunto hace una adecuación de la conducta descrita, determinará que el
comportamiento se encuadra en la falta contemplada en el numeral 26 de artículo 101
del reglamento estudiantil, la cual prescribe: “Extralimitarse en sus atribuciones o tomarse
atribuciones que no le correspondían” y la sanción a imponer era la suspenderlo e
imponerle una matrícula condicional, por el resto de tiempo que le quedaba como
estudiante, es por ello que, por la inadecuada tipificación de la conducta en la que incurrió
mi representado vulneró su derecho fundamental del debido proceso».
«Segundo Cargo: violación del artículo 29 de la Constitución Política (debido
proceso) por haberle impuesto una sanción desproporcionada»
Indicó que la falta que cometió fue considerada por la demandada como una violación de
los derechos humanos y dignidad del cadete Murcia y por ello fue calificada como
gravísima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento estudiantil.
Sin embargo, la calificación que se le dio a dicha conducta fue equivocada, en razón a
que también podía enmarcarse en faltas leves o graves, cuya consecuencia no era la
pérdida del cupo o la cancelación de la matrícula, sino otras de menor gravedad.
Insistió en que la decisión disciplinaria no se ajustó al reglamento estudiantil y mucho
menos al estatuto general que rige los temas disciplinarios como es la Ley 734 la cual
viene a llenar los vacíos de otras normas especiales como es el caso del reglamento
estudiantil de la Escuela Militar General José María Córdova, el cual no contempla en su
articulado normas que regule el tema de atenuación de la conducta infringida. Se
ignoraron, las circunstancias que rodearon los hechos y aquellas que atenuaban la
conducta como era la ausencia de antecedentes disciplinarios y la aceptación de los
cargos que le imputaron.
Sostuvo que, «al calificar la conducta del Alférez Galindo como una falta gravísima, no
sólo le dio una connotación exagerada, sino que también, la demandada desconoció el
principio de proporcionalidad de la sanción» y razonabilidad.
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio de Defensa Nacional5 solicitó negar las pretensiones de la demanda, toda
vez que carecen de fundamento las acusaciones formuladas por el demandante contra
el acto administrativo demandado.
Explicó la naturaleza jurídica de la Escuela Militar de Cadetes General José María
Córdova y el régimen disciplinario aplicable a los estudiantes de dicha escuela, a partir
del cual concluyó que la sanción impuesta al demandante cumple con los estándares
reglamentados por la institución para encauzar la disciplina.
Destacó que, dentro del proceso disciplinario se obró de conformidad con las normas
legalmente establecidas para disciplinar a los alumnos de la Escuela de Cadetes General
José María Córdova, respetando el debido proceso y siendo congruente la falta cometida
con la adecuación típica de la conducta y su consecuente imposición de una sanción
proporcional y razonada a la falta cometida.
Adujo que se encuentran ampliamente definidos por la ley y los reglamentos, las
obligaciones que los alumnos de las escuelas de formación militar adquieren al momento
de acreditar su calidad de estudiantes, más aún cuando se trata de formar profesionales
íntegros que van a cumplir una función constitucional de salvaguardar vida, honra y
bienes de los ciudadanos, en razón de ello, su actuar debe ser íntegro y transparente,
siendo un modelo de ciudadano ejemplar y no dar lugar a reproche de actuaciones como
las que aquí se vislumbran.
III. FIJACIÓN DEL LITIGIO
En la audiencia inicial celebrada el 16 de noviembre de 2018, el Despacho sustanciador
delimitó el objeto del litigio, frente a lo cual las partes manifestaron conformidad, así:
Acorde con la demanda y su contestación, las partes están de acuerdo en que:
1. Mediante la Resolución número 0018 del 27 de enero de 2015 el Subdirector de la
Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” sancionó a unos estudiantes,
luego de la investigación disciplinaria Nro. 013 de 2014 BACAD1 adelantada en su contra,
entre ellos, al alférez Jorge Andrés Galindo Suárez, por haber presuntamente incurrido en
la comisión de una falta disciplinaria gravísima definida en el Reglamento Estudiantil,
artículo 102 Numeral 2, por “ejecutar actos (...) o malos tratos contra sus (...) subalternos
compañeros (...) dentro (...) del Instituto. Numeral 3: “imponer correctivos que atenten contra
la vida, integridad y dignidad de las personas”, que consistió en la cancelación de la
matrícula y pérdida del cupo de la escuela militar.
2. Por la Resolución Nro. 0043 del 19 de febrero de 2015 proferida por el Director de la
Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, fue resuelto el recurso de
apelación interpuesto contra el precitado acto, confirmándolo en todas sus partes.
Acorde con lo manifestado por la parte demandante:
1. Con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 29 de la Constitución Política
por incongruencia entre la falta cometida y la adecuación típica que hizo la demandada,
que conllevó a que se le impusiera una sanción desproporcionada.
2. Se infringió el artículo 29 de la Constitución Política (debido proceso) por habérsele
impuesto una sanción desproporcionada al Alférez Galindo Suárez.
5 Índice 50 del aplicativo Samai. Folios 337 y 342.
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En consecuencia, para resolver el litigio la Sala deberá pronunciarse sobre los siguientes
puntos:
1. ¿Infringieron los actos administrativos acusados el artículo 29 de la Constitución Política
por incongruencia entre la falta cometida y la adecuación típica realizada por la demandada
que conllevó a que se le impusiera una sanción desproporcionada al demandante?
2. ¿Infringieron los actos administrativos acusados el artículo 29 de la Constitución Política
(debido proceso) por habérsele impuesto una sanción desproporcionada al Alférez Galindo
Suárez?
3. Si ello es así, ¿Incurren los actos administrativos en causal de nulidad?
4. De advertirse la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación
inmediata, la Sala deberá proceder a su protección, con fundamento en lo establecido por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-197 de 1999, aun cuando el actor no hubiere
cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación.
5. Por último, si llegara a prosperar la nulidad de los actos administrativos, la jurisdicción
deberá pronunciarse sobre la procedencia del restablecimiento del derecho, de conformidad
con lo pedido por la parte actora.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante auto de 4 de febrero de 2019, el Despacho corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. Dentro del
término concedido las partes presentaron alegatos.
IV.1. El demandante presentó escrito de alegatos en el que reiteró en términos generales
los argumentos que expuso en la demanda. En tal sentido, insistió en que, se desconoció
el principio de tipicidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad al imponérsele la
sanción, dado que no se aplicaron criterios de atenuación y se tipificó la conducta como
falta gravísima, cuando la misma se encausaba en una falta leve o grave por
extralimitación de funciones.
IV.2. El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, con fundamento en que, en el expediente no hay prueba suficiente que
permita determinar de manera clara y concreta la forma cómo se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes:
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
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De conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6 y en el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente7 para conocer del presente asunto8.
7.2. Planteamiento del problema jurídico
Los problemas jurídicos que se deben resolver en el presente proceso fueron fijados en
la audiencia inicial realizada el día 16 de noviembre de 2018, en la siguiente forma:
1. ¿Infringieron los actos administrativos acusados el artículo 29 de la Constitución Política
por incongruencia entre la falta cometida y la adecuación típica realizada por la demandada
que conllevó a que se le impusiera una sanción desproporcionada al demandante?
2. ¿Infringieron los actos administrativos acusados el artículo 29 de la Constitución Política
(debido proceso) por habérsele impuesto una sanción desproporcionada al Alférez Galindo
Suárez?
3. Si ello es así, ¿Incurren los actos administrativos en causal de nulidad?
4. De advertirse la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación
inmediata, la Sala deberá proceder a su protección, con fundamento en lo establecido por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-197 de 1999, aun cuando el actor no hubiere
cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación.
5. Por último, si llegara a prosperar la nulidad de los actos administrativos, la jurisdicción
deberá pronunciarse sobre la procedencia del restablecimiento del derecho, de conformidad
con lo pedido por la parte actora.
7.3. Actos acusados
Resolución núm. 0018 del 27 de enero de 2015 expedida por el subdirector de la Escuela
Militar de Cadetes General José María Córdova, mediante la cual resolvió lo siguiente:
6 Sin la modificación introducida por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, puesto que para la fecha de
presentación de la demanda no se encontraba vigente.
7 Esta Sección ha conocido de asuntos similares, como ocurrió en la providencia de 24 de junio de 2021,
expediente 25000-23-42-000-2015-02583-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión que declaró probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control y dispuso la terminación del proceso, cuyo proceso se dirigió contra la
misma entidad aquí demandada, con ocasión de los actos administrativos mediante los cuales se sancionó
disciplinariamente a unos estudiantes de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.
8 Teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 14 de marzo de 2017, fecha para la cual se encontraba
la regla de competencia prevista en el numeral 2 del artículo 149 del CPACA que establecía que el Consejo
de Estado le correspondía conocer de los procesos de «nulidad y restablecimiento del derecho que
carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional».
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Resolución núm. 0043 del 19 de febrero de 2015 expedida por el director de la Escuela
Militar de Cadetes General José María Córdova, que resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión anterior, así:
7.4. Naturaleza jurídica de la Escuela Militar de Cadetes General José María
Córdova y su régimen disciplinario
La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova es una institución
universitaria de carácter oficial, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
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Nacional, que goza de autonomía universitaria, lo cual le permite fijar su reglamento
interno, que incluye los procesos de incorporación, académico, formación y régimen
disciplinario, las condiciones de formación de sus estudiantes, requisitos de admisión y
causales de pérdida de la calidad de alumno.
En desarrollo del anterior precepto, la Escuela Militar de Cadetes General José María
Córdova expidió el reglamento estudiantil vigente para el año 2014 9, que contiene los
principios y valores, los objetivos, el régimen disciplinario aplicable a sus estudiantes,
entre otros temas.
Los artículos 81 a 141 de dicho reglamento estudiantil regulan lo concerniente al régimen
disciplinario aplicable a los estudiantes de la Escuela Militar de Cadetes General José
María Córdova.
El artículo 95 señala que «Incurre en falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción
e imposición de la sanción correspondiente el estudiante que por acción u omisión incurra
en cualquiera de las conductas previstas en el presente Reglamento Estudiantil o
incumpla el Código de Honor del Cadete».
El artículo 99 ibidem clasifica las faltas en leves, graves y gravísimas. El artículo 102 del
reglamento estudiantil estipula que son faltas disciplinarias gravísimas, entre otras, las
siguientes:
1. Insultar o ultrajar de palabra a superiores, estudiantes, compañeros, subalternos,
docentes o particulares, dentro o fuera del Instituto.
2. Ejecutar actos de violencia o malos tratos físicos contra sus superiores, subalternos,
compañeros o particulares, dentro o fuera del Instituto.
3. Imponer correctivos que atenten contra la vida, integridad y dignidad de la persona.
4. Incurrir en fraude, conductas: a. Se considera fraude, cualquiera de las siguientes
conductas:
[…].
A su vez, el artículo 103 clasifica las sanciones en principales y accesorias. En cuanto a
las primeras el artículo 104 establece que:
Los estudiantes de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” estarán
sometidos a las siguientes sanciones principales:
1. Anotación de demérito en el folio de vida. Se aplicará a los estudiantes que incurran en
faltas leves.
2. Matrícula condicional. Se aplicará a los estudiantes que incurran en faltas graves, por el
resto del tiempo que le quede como estudiante.
3. Cancelación de la matrícula y pérdida del cupo. Se aplicará a los estudiantes que incurran
en faltas gravísimas.
Parágrafo 1. A quien sea sancionado con tres faltas leves en el respectivo año militar se le
impondrá matrícula condicional.
El año militar, es el lapso de tiempo de permanencia del estudiante en cada uno de los
batallones.
9 Acuerdo 002 de 9 de septiembre de 2014.
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Adicionalmente, el mencionado reglamento estudiantil consagra los derechos que le
asisten a los estudiantes, las causales de nulidades, el trámite de notificaciones de las
decisiones, los recursos procedentes y demás aspectos asociados con el régimen
disciplinario aplicable a los estudiantes de la Escuela Militar de Cadetes General José
María Córdova.
En conclusión, se tiene que la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova
es una institución universitaria de carácter oficial que, en ejercicio de su autonomía
universitaria, expide su reglamento estudiantil, el cual, el vigente para el año 2014, reguló
integralmente el régimen disciplinario aplicable a sus estudiantes.
7.5. Caso concreto
A) Análisis de la violación al debido proceso por incongruencia entre la falta
cometida y la adecuación típica
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica tanto a
las actuaciones judiciales como a las administrativas, e implica que nadie puede ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante la autoridad
competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional10 ha señalado que las instituciones
educativas deben contar con reglamentos o manuales de convivencia que establezcan
los comportamientos que constituyen falta disciplinaria, las sanciones que proceden en
cada caso y el procedimiento que permita investigar y sancionar las faltas con plena
garantía del postulado superior al debido proceso. Respecto del régimen disciplinario en
las escuelas de formación militar, dicha Corporación ha indicado:
La Corte Constitucional dilucidó este aspecto en sentencia anterior,11 concluyendo que las
particularidades en la valoración de la falta disciplinaria cometida por alumnos de escuelas
de formación militar no permiten limitar la obligatoriedad de los requisitos
constitucionales antes señalados para el régimen disciplinario de los
establecimientos educativos, siendo por lo tanto plenamente aplicables en aquellos
centros. Esto porque la especial condición de la disciplina militar se restringe a una mayor
rigurosidad en el análisis de la conducta esperada por el alumno, más no constituye un aval
para que los superiores jerárquicos ejerzan la potestad disciplinaria de forma arbitraria, sino
que estas actuaciones, en todos los casos, deberán sujetarse a las reglas constitucionales
que ordenan el derecho sancionador.
Con base en esta argumentación, la Sala estima que los requisitos sobre tipificación de las
faltas y las sanciones, junto con la consagración de un procedimiento disciplinario acorde
con los derechos, principios y valores constitucionales, en especial las garantías que se
derivan del derecho fundamental al debido proceso, son plenamente exigibles en el
trámite sancionatorio al interior de las escuelas de formación militar, en idénticas
condiciones que los demás establecimientos de educación universitaria [Negrilla de
la Sala]12.
La tipicidad en el derecho disciplinario «encuentra su razón de ser en el principio de
legalidad como expresión del debido proceso, que implica que nadie puede ser juzgado
sino por una infracción, falta o delito descrito previamente por la ley»13. De ahí que:
10 Entre otras, ver las Sentencias T-240 de 2018, T-917 de 2006, T-550 de 2012 y T -651de 2017.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-391/03
12 Corte Constitucional, Sentencia T-662/03.
13 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 16 de abril de 2020, expediente 25000-23-42-000-2014-04069-01.
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El proceso de adecuación típica supone entonces la comprobación lógica y razonada
de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y
la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge, a su vez, una relación
de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones
públicas y el deber presuntamente incumplido.
En el caso de las instituciones educativas de educación, la misma institución es la que
define en sus reglamentos y/o manuales de convivencia qué comportamientos
cometidos por los estudiantes vinculados a ella, son objeto de sanción disciplinaria.
El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro de aquel la autoridad cuenta
con un margen de interpretación más amplio que el que se encuentra en el derecho penal,
pues la precisión con la cual deben estar descritos los comportamientos disciplinariamente
reprochables tiene una mayor flexibilidad, ante la dificultad de que la ley haga un listado
detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de falta14.
Como consecuencia de lo anterior, se ha avalado, desde el punto de vista constitucional15,
la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la formulación de los tipos
abiertos y en blanco que están redactados con una amplitud tal que hace necesario
remitirse a otras normas en las que se encuentren consagrados los deberes, las
funciones o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen
un proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma congruente
cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la ley.16
En el presente caso, el demandante manifestó que el proceso disciplinario en el que fue
sancionado desconoció el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria
que le fue impuesta, pues no se ajustó a lo preceptuado, de un lado, en el artículo 29 de
la Constitución Política como quiera que se desconocieron principios rectores de
legalidad y tipicidad; y de otro lado, a lo estipulado en la Resolución 100 de 2010 que
regula lo relacionado con los correctivos que pueden imponer los alféreces.
Al respecto, resulta preciso señalar que, de acuerdo con los hechos narrados en la
demanda, el demandante reconoce la conducta que cometió y que dio origen a la
actuación disciplinaria; sin embargo, su inconformidad radica en que se adecuó como
una falta gravísima, cuando eventualmente incurrió en una «extralimitación de las
funciones y en consecuencia su actuar se encuadraba en otra norma diferente a la que
le aplicó la demandada».
Para resolver lo anterior, la Sala estima necesario poner de presente que, de acuerdo
con el contenido de los actos administrativos, los hechos que dieron origen a la
investigación disciplinaria fueron los siguientes:
Los antecedentes fácticos génesis de la presente investigación se dan a conocer por medio
de video, allegado de forma anónima al Comando del Batallón de Cadetes No 1, así: “al
abrir el video anónimo en el computador, se observa que el mismo fue al parecer gravado
el día 27 de julio de 2014 a las 15:17 horas en el segundo alojamiento de la Compañía
Rooke, inicialmente se observan catres, en el fondo del alojamiento se ve un alumno con
camuflado y tapabocas en la boca, en posición cuclillas al perecer revisando un celular,
después se acerca la imagen y se gira a la izquierda en donde se enfoca nuevamente al
14 Cfr. C. Const. sentencia del 19 de abril de 2001, C-404 de 2001. «[…] la naturaleza de las conductas
reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos
disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en
materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»14. Esta posición fue reiterada en C. Const.
sentencias del 9 de agosto de 2005, C-818 de 2005 y del 1 de febrero de 2012, C-030 de 2012.
15 Cfr. C. Const. Sentencia del 3 de mayo de 2006, C-393 de 2006.
16 Ibidem.
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alumno mencionado en camuflado en posición igual, se observa al fondo un alumno que
está sentado en pantalón camuflado y camiseta verde cruzado de brazos al nivel del
abdomen, en la cámara se ve un movimiento rápido hacia la derecha, observando un
alumno de rodillas, vestido de camisa y pantalón blancos, nuevamente la cámara hace
movimientos hacia la derecha y luego a la izquierda, enfocando nuevamente al alumno que
esta arrodillado y en la boca una cantimplora, frente a él está el alumno anteriormente
mencionado quien se encontraba sentado, en los segundo 31 y 44 en la cámara se enfoca
una toalla blanca ubicada encima de un catre, después de unos movimientos de la cámara
en el segundo 49 se enfoca a un alumno vestido con un pantalón negro, cinturón marrón y
camisa de manga larga de color lila, en el piso tendido apoyado sobre sus codos, después
la cámara enfoca a otro alumno que se encuentra de espaldas vestido de camuflado y con
un tapabocas colgando en el cuello, dicho alumno parte del lugar, al fondo se observa un
alumno de tez morena con sudadera azul, luego aparece nuevamente el alumno
anteriormente mencionado que se encontraba quien se encuentra de pie y se evidencia que
es el alumno RUNZA MARTIN WALTE a quien un alumno vestido de sudadera azul le
entrega un sable, se desenfoca la imagen por los movimientos de la cámara hasta el minuto
1, segundo 28, en donde se observa la imagen nuevamente al alumno que se encontraba
de vestido de blanco, quien aún se encuentra de rodillas con una cantimplora en la mano
derecha y se ve claramente que es el Cadete EDGARDO BRIÑEZ RADA y frente a él se ve
un alumno vestido de camuflado con tapabocas en la cara, a una distancia de un metro,
luego se ve en dos oportunidades que el Cadete BRIÑEZ se lleva a la boca una cantimplora
que tiene en la mano, en continuación del video se ve el Cadete RUNZA en posición de
cuclillas y con un sable en medio de sus pantorrillas, en el fondo se ve el Cadete BRIÑEZ
de rodillas con una cantimplora en la boca, luego pasa el Cadete FREDY JHON VARON
CAMARGO frente a la cámara viste un pantalón negro y camisa azul agua marina, al fondo
se observa al Cadete RUNZA en posición cuclillas, la cámara se mueve a su derecha y se
ve de manera rápida y lejana al Cadete BRIÑEZ de rodillas y frente a él se ven tres alumnos
recostados contra la pared, el que se encuentra al lado izquierdo viste de traje de corbata
color oscuro, en el medio se observa un alumno sentado con uniforme camuflado y camiseta
verde, y en el lado derecho se encontraba otro alumno sentado en camuflado y con un tapa
bocas en la cara, en continuación del video se observa en la escena al Cadete BRINEZ
quien continua de rodillas con una cantimplora en la mano”. [Sic en toda la cita]
El 25 de noviembre de 2014, se profirió auto de determinación de la conducta y normas
infringidas en contra del aquí demandante en los siguientes términos:
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Mediante Resolución 0018 del 27 de enero de 2015, el subdirector de la Escuela Militar
de Cadetes declaró disciplinariamente responsables e impuso sanción de cancelación de
matrícula y pérdida de cupo a los alféreces Jorge Andrés Galindo Suárez y Fredy Jhojan
Labrador Vega, por haber incurrido en faltas gravísimas tipificadas en los artículos 102,
numerales 217 y 318, del reglamento estudiantil. En cuanto al análisis de las conductas
adelantadas por el aquí demandante se consideró:
Para este despacho es claro del análisis probatorio allegado al expediente que el
comportamiento endilgado al Alférez JORGE GALINDO en el auto de determinación de la
conducta existió y fue realizado por el mismo, a la vez que evidencia, que el investigado
organizaba su actuar, para la ejecución de la práctica denominada “dispensario”, hecho que
se puede extraer de lo dicho por el Cadete MURCIA, cuando señala que al momento de
que le realizaron la mencionada práctica, llenaban embaces con agua, había al lado del
cadete un balde en el que vomitaba, situación que demuestra que la conducta era
preparada y que la intención del investigado estaba encaminada a ordenar al cadete la
ingesta de líquido de forma desproporcionada sin que este lo solicitara, hasta que el cadete
MURCIA vomitó, y solo cuando esto sucedió se le permitió retirarse, vale decir que de
acuerdo a conceptos de la medicina, el vómito se produce cuando el cuerpo humano
reacciona ante un efecto anómalo causado en su organismo y sistema. Se materializa así
el trato inadecuado e indigno desplegado por el Alférez JORGE GALINDO en contra del
cadete MURCIA, acto ejecutado por el investigado abusando de sus atribuciones y con
ausencia de justificación. [Subrayas por fuera del texto original]
En cuando al análisis de culpabilidad se sostuvo lo siguiente:
17 «Ejecutar actos de Reglamento Estudiantil, violencia o malos tratos físicos contra sus superiores,
subalternos, compañeros o particulares dentro o fuera del instituto».
18 «Imponer correctivos que atenten contra la vida, integridad y dignidad de la persona».
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En el caso concreto el despacho se pronunciará respecto a la culpabilidad y la modalidad
de esta, en cada uno de los investigados así:
Considera esta autoridad que el Alférez JORGE ANDRÉS GALINDO SUAREZ, al ordenarle
al cadete DARIO MURCIA tomar agua arrodillado en el piso hasta trasbocar en un
recipiente, actuó con dolo, en la manera que sabía que su conducta contrariaba las
disposiciones del Reglamento Estudiantil.
[…]
En tal sentido el alumno GALINDO SUAREZ en su grado de Alférez con cuarto año de
formación militar y académica conocía que la conducta que está realizando para la fecha
de los hechos materia de investigación contrariaba el Reglamento Estudiantil de la
institución y no obstante ejecuto su comportamiento ordenándole al cadete MURCIA tomar
agua desde la posición de arrodillado hasta que vomitara, en una práctica conocida por los
alumnos como “dispensario” y que la materializo en la parte de atrás del segundo
alojamiento de la compañía Rooke, configurando con su proceder lo descrito en el artículo
102, numerales 2 y 3 del Reglamento Estudiantil y que fue determinado en autos.
Al respecto se tiene que como alumno del instituto era conocedor de sus deberes y
prohibiciones como estudiante de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova por lo
cual conocía las consecuencias de ejecutar actos inadecuados e indignos en contra de sus
subalternos, cuando en su formación militar se les enseñan principios v valores entre estos
el respeto hacia los demás.
[…]
Adquiere relevancia para el pronunciarse en referencia a los comportamientos del Alférez
GALINDO SUAREZ y el Alférez LABRADOR VEGA el deber que le comporta a la persona
y que cobra mayor exigencia cuando se trata de un Alférez de la institución de anteponer a
cada una de sus actuaciones el principio fundamental de respecto a la dignidad de las
personas
Los aquí investigados conocían que con su comportamiento contrariaba las normas que los
rigen, los principios y valores que deben proveer como futuros Oficiales del Ejército
Nacional, además realizaron una conducta predeterminada ya que conociendo la
irregularidad de sus actuaciones, las materializaron en el mismo momento que la
ejecutaron, circunstancias estas que permiten concluir que con la conducta cometida por
los Alféreces JORGE ANDRÉS GALINDO SUAREZ y FREDY JHOJAN LABRADOR VEGA
desconocieron y vulneraron las normas que encausan la disciplina en la Escuela Militar de
Cadetes José María Córdova. [Subrayas por fuera del texto original]
En la Resolución 0043 del 19 de febrero de 2015, que confirmó la decisión anterior, se
indicó que:
Contrario a lo que afirma el apelante, la conducta realizada si se encuentra tipificada dentro
del ordenamiento interno (Reglamento Estudiantil) y se ajusta a la descripción típica de la
falta disciplinaria que se le atribuyó, pues demostrado está que la práctica mal denominada
"dispensario", cuya forma y realización fue lo suficientemente advertida en el desarrollo
procesal, es un maltrato, además un correctivo que atenta contra la integridad y dignidad
no solamente de los estudiantes de la Escuela Militar, sino de cualquier persona que sea
sujeta de estos comportamientos abusivos.
Errada la interpretación del apelante, en el sentido de que como no está descrita la
definición de dispensario como falta gravísima, entonces no constituye falta disciplinaria, es
que repito, la imposición de esa práctica consistente en hacer flexiones y ejercicios físicos
y luego hacerlos tomar gran cantidad de agua hasta lograr el vómito de la persona,
constituye a todas luces un mal trato sin lugar a dudas contra la integridad y la dignidad de
las personas, aunado al hecho de que era impuesto como correctivo, donde no solamente
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el alumno físicamente se vía afectado por que en muchas ocasiones a parte de producirle
el vómito, que era lo que los alféreces esperaban, les generaba mareo como reacción de la
combinación del ejercicio físico con el consumo simultaneo de gran cantidad de agua, sino
además, se generaba una situación de indefensión por parte del cadete que derivaba en
una especie de humillación, donde no solamente su integridad, sino su dignidad resultaba
vulnerada.
[…]
De lo anteriormente expuesto no cabe la menor duda sobre la responsabilidad del alférez
en la comisión de la conducta y contrario a su argumento, si está probada y demostrada la
falta que se le atribuyó. Aunado a lo anterior desde ya descalificó totalmente la apreciación
que tiene el joven respecto de estas prácticas, sencillamente es inaceptable que para él se
torne normal y lo haya aplicado como correctivos a los estudiantes, cuando los correctivos
están claramente señalados en la Resolución No. 100 de 2010 y este tipo de ejercicios no
hace parte de ese catálogo. Considero entonces que en lo que a este alumno respecta la
sanción impuesta en primera instancia debe ser confirmada, pues la disciplina y el respeto
por la dignidad e integridad de quienes hacen parte de la comunidad estudiantil de la
Escuela Militar de Cadetes debe ser la piedra angular de su formación.
[…]
De todo el análisis precedente, para este competente no cabe la menor duda del
comportamiento abusivo e agresivo en que incurrieron los alféreces JORGE ANDRÉS
GALINDO SUÁREZ Y FREDY JHOJAN LABRADOR VEGA, pues ha quedado en evidencia
que aprovechándose y extralimitándose de su autoridad en el ejercicio de la fase de mando
y desconociendo todos los valores inculcados en su proceso formativo y educativo, así
como los principios de respeto por la dignidad de las personas previstas en reglamento
estudiantil, acudieron a procedimientos y métodos prohibidos y violentos para encausar la
disciplina de los cadetes bajo su mando.
Con dichos comportamientos no solo incurrieron en las faltas que se les imputaron, sino
que además vulneraron los principios que regulan su formación y que hacen parte del
catálogo que el propio Reglamento Estudiantil les exige […].
Desde ningún punto de vista podemos permitir que unos alumnos en proceso de formación
y más aún aquellos que ha superado más del 90% de su programa educativo de formación
militar y que están próximos a convertirse en futuros OFICIALES DEL EJÉRCITO
NACIONAL en cuya condición lo primero que deben tener claro es el respeto por LOS
DERECHOS HUMANOS, LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y LA DIGNIDAD Y LAS PERSONAS,
de manera abusiva, imprudente, violenta y acudiendo a métodos y procedimientos
prohibidos, atropellen y agredan de esta manera a sus subalternos; ese tipo de
comportamientos, no representan CAMARADERÍA, BUEN TRATO Y RESPETO, que era
lo que le exigía el reglamento estudiantil y las normas de comportamiento militar y
convivencia reguladas en la Resolución No. 099 de 2010 entre otros y que los alféreces
incumplieron igualmente. [Subrayas por fuera del texto original]
De lo expuesto, la Sala advierte que la sanción disciplinaria impuesta al demandante
derivó de que, en su condición de alférez, le ordenó hacer flexiones de codo e ingerir, de
manera excesiva, agua a un subalterno (cadete Iván Darío Murcia Becerra), con el fin de
provocarle vómito, dentro de una práctica conocida informalmente como «dispensario»,
que era utilizada «para ajustar cuentas».
Para la Sala, contrario a lo manifestado por el demandante, su conducta no puede ser
considerada como una simple extralimitación de sus atribuciones como alférez, en
consideración a que el correctivo implementado sobre el cadete consistente en que
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hiciera flexiones de codo e ingerir agua no se encuentra como una medida para encauzar
la disciplina militar autorizada por la Resolución núm. 100 de 201019.
En efecto, del análisis de la Resolución núm. 100 de 2010 se advierte que los Oficiales,
los Alféreces y los Brigadieres, como medida correctiva, pueden ordenar entre otras la
realización de flexiones de codos, pero estas deben ordenarse bajo el siguiente protocolo:
2. Las flexiones se podrán ordenar con el fin de corregir una infracción a la disciplina, a la
presentación personal y a la cortesía militar. Sin embargo su ejecución deberá ser
ordenada, entendida y asumida, no solo como una medida correctiva sino también como
formativa desde el punto de vista físico. Para su control el Oficial y/o Alférez deberá ubicarse
de frente al estudiante y a (3) tres pasos de distancia como mínimo.
3.El número máximo de flexiones que se podrá ordenar es de treinta (30), por una sola vez
y por la misma infracción.
4. Las flexiones de codos no se podrán aplicar en el desarrollo de actividades académicas,
religiosas, sociales y personales.
5. Las cadetes y las alféreces podrán ejecutar las flexiones de codos con apoyo de las
rodillas. [Subrayas por fuera del texto original]
Ahora bien, a partir de los hechos narrados en la actuación disciplinaria, la Sala considera
que el hecho de que el cadete Murcia Becerra haya producido vómito es una muestra del
nivel del maltrato al que fue sometido por el demandante, dado que: «el vómito es un
mecanismo protector para expulsar alguna sustancia nociva ingerida»20. Aunque en este
caso se trataba de agua potable, su consumo en exceso es perjudicial para la salud21.
De ahí que la conducta no encuadraba en la falta grave alegada por el demandante
consistente en «Extralimitarse en sus atribuciones o tomarse atribuciones que no le
corresponden», prevista en el artículo 101 del reglamento estudiantil, puesto que la
misma constituye un claro acto de maltrato físico que atenta contra la integridad y la
dignidad de la persona, pues, abusando de su posición de mando frente al cadete lo
sometió a una práctica físicamente degradante, inclusive, humillante.
Por tanto, la conducta adelantada por el demandante, tal como lo hizo la demandada,
encuadraba perfectamente en una falta gravísima en los términos de los numerales 2 y 3
del artículo 102 del reglamento estudiantil de la Escuela Militar de Cadetes General José
María Córdova que a la letra disponen:
2. Ejecutar actos de violencia o malos tratos físicos contra sus superiores, subalternos,
compañeros o particulares, dentro o fuera del Instituto.
3. Imponer correctivos que atenten contra la vida, integridad y dignidad de la persona.
[Se destaca]
19 «POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA ENCAUSAR LA
DISCIPLINA Y SU APLICACIÓN EN LA ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA”».
20 Texto tomado del siguiente enlace web: https://gi.org/patients/recursos-en-espanol/nausea-y-vomito/.
21 La literatura médica indica que «Cuando la sobrehidratación ocurre de forma rápida, aparecen vómitos
y problemas relacionados con el equilibrio. Cuando la sobrehidratación empeora pueden aparecer
confusión, convulsiones o coma». Texto tomado de la siguiente página web:
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-renales/equilibrio-
h%C3%ADdrico/hiperhidrataci%C3%B3n.
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En ese orden de ideas, la Sala concluye que la adecuación de la conducta sí se subsume
en el tipo disciplinario endilgado al demandante, razón por la que se descarta la
incongruencia alegada en la demanda, por el contrario, se encontró que la sanción
cumple con los principios de legalidad y tipicidad en materia disciplinaria, pues no
constituye una interpretación arbitraria.
En consecuencia, el cargo no prospera.
B) Análisis de la violación al debido proceso por desconocimiento del principio
de proporcionalidad de la sanción
El demandante sostuvo que la decisión disciplinaria no se ajustó al reglamento estudiantil
y mucho menos al estatuto general que rige los temas disciplinarios como es la Ley 734
la cual viene a llenar los vacíos de otras normas especiales como es el caso del
reglamento estudiantil de la Escuela Militar General José María Córdova, el cual no
contempla en su articulado normas que regule el tema de atenuación de la conducta
infringida. Se ignoraron, las circunstancias que rodearon los hechos y aquellas que
atenuaban la conducta como era la ausencia de antecedentes disciplinarios y la
aceptación de los cargos que le imputaron.
Enfatizó que, «al calificar la conducta del Alférez Galindo como una falta gravísima, no
sólo le dio una connotación exagerada, sino que también, la demandada desconoció el
principio de proporcionalidad de la sanción».
La Corte Constitucional sobre el principio de proporcionalidad en materia disciplinaria ha
dicho lo siguiente:
constituye un elemento inherente a cualquier proceso disciplinario, no sólo frente a la
conducta que se espera del sujeto, sino también frente a la sanción que conlleva su
incumplimiento. Como lo ha señalado la Corte, “el test de proporcionalidad se predica no
solo de la imposición de una norma específica y de su restricción frente al derecho (...) sino
frente a las posibles sanciones [disciplinarias] que se impriman con fundamento en esa
norma”[14].
9.- Ni las reglas de conducta, ni menos aún las sanciones disciplinarias, pueden apartarse
de los criterios de finalidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. En otras
palabras, las reglas de comportamiento, así como las sanciones que de su inobservancia
se derivan, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, ser adecuadas y
necesarias para su realización, y guardar la debida correspondencia de medio a fin entre la
conducta y la sanción.
La exigencia de este principio subyace en la concepción de Estado de Derecho y en la
noción de justicia material, pues combina los elementos de un caso concreto dentro de la
lógica de la moderación en el ejercicio del poder[15]. Así, como la ha señalado la Corte, “la
razón jurídica de la razonabilidad y de la proporcionalidad no es otra que la necesidad de
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de proporcionalidad
rige todas las actuaciones de la administración pública y de los actos de los particulares
que estén encargados de la prestación de un servicio público cuando se trate de la
imposición de una sanción que conlleve pérdida o disminución de un derecho”[16].22
A partir de lo anterior, esta Corporación ha precisado que: «el principio de
proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa exige que tanto la falta descrita
como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la
norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública.
22 Sentencia T-391 de 2003.
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También implica que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la
conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad». [Se destaca]
En el presente caso, se tiene que los numerales 2 y 3 del artículo 102 del reglamento
estudiantil de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova para el año
2014, establecían como faltas gravísimas, las siguientes conductas:
2. Ejecutar actos de violencia o malos tratos físicos contra sus superiores, subalternos,
compañeros o particulares, dentro o fuera del Instituto.
3. Imponer correctivos que atenten contra la vida, integridad y dignidad de la persona.
[Se destaca]
El numeral 3 del artículo 104 del mencionado reglamento estudiantil establece que los
estudiantes que incurran en faltas gravísimas se le impondrá como sanción «la
cancelación de la matrícula y pérdida del cupo».
La conducta adelantada por el demandante, tal como se dijo en el acápite anterior, fue
calificada adecuadamente como falta gravísima tipificada en los numerales 2 y 3 del
artículo 102 del reglamento estudiantil de la Escuela Militar de Cadetes General José
María Córdova para el año 2014.
Así las cosas, el demandante al haber incurrido en falta gravísima incurrió en la
consecuencia jurídica prevista en el numeral 3 del artículo 104 ibidem consistente en la
cancelación de su matrícula de la institución y pérdida del cupo. Por tanto, la Sala
considera que la sanción que le fue impuesta se ajusta al principio de proporcionalidad
debido a que corresponde a la naturaleza y al tipo de falta que efectivamente cometió.
Ahora, en cuanto al argumento del demandante consistente en que, al momento de
establecerse la sanción no se aplicaron circunstancias de atenuación, la Sala advierte,
en primer lugar, que el reglamento estudiantil no prevé tal situación. Como segunda
medida, no es posible aplicar al caso del demandante las normas del régimen disciplinario
contemplado en las leyes 734 de 200223 y 836 de 200224 porque él fue sancionado
disciplinariamente en su condición de estudiante de una institución universitaria, por lo
que no tenía la condición de servidor público, tampoco la de particular que ejerciera
funciones públicas y mucho menos la categoría de personal de oficiales, suboficiales y
soldados de las Fuerzas Militares.
En todo caso, la falta de aplicación de circunstancias de atenuación no exime al
demandante de responsabilidad disciplinaria ni tiene la aptitud suficiente para desvirtuar
la legalidad de los actos administrativos demandados. Ello, en consideración a que, en
los actos acusados se explicó con suficiencia la gravedad de la conducta, el grado de
culpabilidad con la que actuó y la magnitud del trato al que fue sometido el cadete Murcia
Becerra como consecuencia de la práctica conocida informalmente como dispensario.
Es decir, la falta de aplicación de circunstancias de atenuación, no desvirtúa que la
demandada sí realizó un adecuado juicio de proporcionalidad, por lo que Sala considera
que las decisiones disciplinarias no correspondieron a su capricho, sino al análisis y
ponderación de los supuestos fácticos y de la gravedad de la conducta, elementos que
sustentan razonablemente la determinación de la sanción impuesta al demandante.
23 Los artículos 25 y 53 establecen quienes son los destinatarios de este régimen disciplinario.
24 El artículo 15 expresamente excluye la aplicación de este régimen disciplinario a «Los alumnos de las
escuelas de formación de oficiales y suboficiales se regirán por el Reglamento Académico y Disciplinario
propio de la respectiva escuela».
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Radicado: 11001-03-25-000-2015-00933-00
Demandante: Jorge Andrés Galindo Suárez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - Escuela Militar
de Cadetes General José María Córdova
Así las cosas, para la Sala resulta claro que la demandada no desconoció el derecho al
debido proceso del demandante. En consecuencia, negará las pretensiones de la
demanda.
7.6. Costas
La Sala no condenará en costas en la presente instancia comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia
SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la
fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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