Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00951-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00951-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2015-00951-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2015-00951-00 (3878-2015)
Demandante: Gerardo Alfredo Hernández Correa
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación1
Tema: Sanción disciplinaria.
Sentencia de única instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho interpuesto por Gerardo Alfredo Hernández Correa
en contra de la Procuraduría General de la Nación.
I. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Pretensiones
1. Gerardo Alfredo Hernández presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad del acto sancionatorio de única instancia del 27 de noviembre
de 2013 y del 2 de marzo de 2015 que resolvió el recurso de reposición, ambos
proferidos por el procurador general de la Nación, mediante el cual lo declaró
responsable disciplinariamente de la falta prevista en el artículo 34.1. de la Ley 734
de 2002 y lo sancionó con la suspensión en el empleo de superintendente financiero
de Colombia por el término de 10 meses.
2. Atítulo de restablecimiento del derecho pidió (i) el pago de los salarios y
prestaciones sociales que debió recibir durante el término de la suspensión de
manera indexada y con los intereses moratorios; (ii) que se ordene a la PGN eliminar
de su registro la sanción impuesta; y (iii) que la entidad pague las agencias en
derecho y costas procesales.
1 Dentro del proyecto será referenciada como PGN.
2 Folios 197 a 221 [demanda] y 10.544 a 10.583 cuaderno anexo [reforma a la demanda].
3 En adelante CPACA.
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1.1.2. Fundamentos fácticos
3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
3.1. El 9 de septiembre de 2010, Gerardo Alfredo Hernández se posesionó como
superintendente financiero de Colombia, cargo en el que fue nombrado mediante el
Decreto 3290 del 7 de septiembre de 2010.
3.2. La empresa Fabricato S.A. fue objeto de reestructuración el 3 de marzo de 2000
por lo que sus pasivos disminuyeron significativamente, se capitalizó y se previó un
aumento en sus ventas. Entre el 5 de enero y el 29 de diciembre de 2011 la acción
de la empresa se valorizó de manera paulatina y pasó de valer $26.20 a $84.50.
3.3. El 14 de septiembre de 2011 la Dirección de Conductas, dependiente de la
Delegatura de Riesgos de Mercado e Integridad de la Superintendencia Financiera
inició de oficio una investigación relacionada con los movimientos de la acción de la
empresa Fabricato S.A., y en especial, para determinar «si se pudo haber presentado
manipulación del precio de la acción de este emisor». Ello con el objeto de establecer
si el incremento de la acción tenía relación directa con el hecho de que el Grupo
Corridori había tenido mayor participación en la compra y venta de las acciones.
3.4. El 18 de julio de 2012 se realizó una reunión entre el disciplinado y la Delegatura
de Riesgos de Mercado e Integridad de la Superintendencia Financiera cuyo
propósito fue analizar la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato
S.A. por parte del inversionista Alessandro Corridori y otras personas naturales y
jurídicas relacionadas con él durante el año 2011. También para examinar una
supuesta manipulación de la liquidez de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia
[BMC]. [En los hechos no se narró lo que se concluyó en tal reunión].
3.5. El 1 de noviembre de 2012, el representante legal de la sociedad comisionista
Interbolsa comunicó a la Superintendencia Financiera que para esa fecha no tenía
la capacidad para pagar el crédito «intradía» otorgado por el banco BBVA por
$20.000.000.000.
3.6. El
2 de noviembre de igual año, la Superintendencia Financiera notificó al
representante legal de Interbolsa de la Resolución 17595 de tal día con la cual
tomaba posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la sociedad.
3.7. El 14 de noviembre de ese año, el disciplinado puso en conocimiento de la
Fiscalía General de la Nación con Oficio 2012097991 de la compra por parte de la
sociedad comisionista Interbolsa de las acciones de Fabricato S.A. a través del
método «repo» sin autorización de sus clientes y sin cumplir con los procedimientos
legales que obligaban a realizar una oferta pública de adquisición.
3.8. El 19 de noviembre de 2012, Gerardo Alfredo Hernández en su calidad de
superintendente financiero de Colombia remitió a los representantes legales de la
Bolsa de Valores de Colombia y del Depósito Centralizado de Valores de Colombia
la comunicación 2012094954-182-000 en la que ordenaba «la suspensión del proceso
de compensación y liquidación de todas las operaciones repo pendientes por cumplir en el
mercado de valores, sobre la especie acción FABRICATO» y «la suspensión de la
negociación de la especie acción FABRICATO».
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3.9. El 23 de noviembre de 2012 se entregó el informe de la investigación iniciada el
14 de septiembre de ese año en el que se concluyó que durante el año 2011 se
había afectado «la libre formación del precio de la especie FABRICATO», puesto
que los inversionistas [entre ellos Alejandro Corridori] tuvieron poder de negociación
de la acción en el mercado.
3.10. El30 de noviembre de 2012, Gerardo Alfredo Hernández remitió a los
representantes legales de la Bolsa de Valores de Colombia y del Depósito
Centralizado de Valores de Colombia la comunicación 201103168-000-000 en la
que mantuvo la decisión informada en el oficio del 19 de ese mes y año. La
suspensión de las operaciones de la acción de Fabricato S.A. se extendió hasta el
28 de febrero de 2013, según el oficio 2013013722-000-000 del 19 de igual mes y
año.
3.11. Entre el 15 de enero y el 8 de abril de 2013, la Superintendencia Financiera de
Colombia4 formuló pliego de cargos en contra de los inversionistas Alejandro
Corridori, las sociedades P&P Investment SAS, Manrique & Manrique S.C.A. y la
persona natural Lina María Barguil Manrique por haber participado en operaciones
que afectaron la libre formación del precio de la acción de Fabricato S.A. en el
mercado de valores.
3.12. El 7 de noviembre de 2012, la Procuraduría para la Economía y la Hacienda
Pública inició la investigación por los hechos descritos por la información divulgada
por la prensa y debates de control político. En el mes de diciembre asumió el
conocimiento de manera directa el procurador general de la Nación.
3.13. El 4 de junio de 2013, este último funcionario profirió pliego de cargos en contra
del demandante por dos conductas. La primera, por no haber adoptado las medidas
preventivas para evitar la afectación de los inversionistas del mercado de valores y
la pérdida de confianza del público, una vez conoció el 18 de julio de 2012 de la
manipulación del precio de la acción de la empresa Fabricato S.A. y de la liquidez
de la acción de la empresa BMC en contravía del mandato previsto en el literal (c)
del artículo 6 de la Ley 964 de 2005. La segunda, por retardar u omitir la denuncia
de tales hechos tipificados como delito por el artículo 217 del Código Penal, por lo
que incurrió en el tipo disciplinario del artículo 48.4 de la Ley 734 de 2002.
3.14. El 24 de junio de 2013 el disciplinado presentó los descargos.
3.15. El 27 de noviembre de 2013, el procurador general de la Nación dictó el acto
disciplinario sancionatorio de única instancia en el que le impuso al demandante la
sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años.
3.16. El 18 de diciembre de 2013 el demandante radicó recurso de reposición en
contra de esa decisión.
3.17. El 2 de marzo de 2015, el procurador general de la Nación decidió reponer
parcialmente el acto sancionatorio y declarar responsable al demandante solo por
el primer cargo, por lo que modificó la sanción por la de suspensión en el cargo por
el término de 10 meses.
4 En adelante SFC.
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1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Se citaron como tales los artículos 6, 29, 121, 122, 150.8 de la Constitución
Política; 4, 5, 9, 13, 16, 20, 22, 26, 28 y 128 de la Ley 734 de 2002; y 1, 6, y 14 de
la Ley 964 de 2005; 2.9.15.11 del Decreto 2555 de 2010. En cuanto al concepto de
violación, la demanda expuso los argumentos que desarrolló dentro de los títulos
que se citan a continuación.
5. Primer cargo: «Violación de norma superior en cuanto a la tipicidad de la
conducta que se imputa al demandante». El cargo fue sustentado de la siguiente
manera:
5.1. En el acto administrativo sancionatorio no se estableció con claridad la tipicidad
de la conducta, al no identificar cuál fue el deber funcional vulnerado. Por este hecho
se quebrantaron los principios de tipicidad, legalidad y debido proceso. Si bien la
sanción se emitió porque el disciplinado no tomó la medida preventiva de suspender
la negociación de la acción de Fabricato S.A., luego del informe que la Delegatura
de Supervisión de Riesgos de Mercado Integrado de la Superintendencia Financiera
le presentó el 18 de julio de 2012 en el que le indicaba sobre la posible manipulación
de su precio, lo cierto es que la demandada no determinó porqué ello causó un
«temor fundado» y porqué se podía causar daño a los inversionistas.
5.2. Ciertamente, aunque la PGN señaló que el deber funcional incumplido era el
previsto en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, «no cumplió con su
obligación de determinar con precisión el contenido de este deber por cuanto no estableció
con exactitud el alcance de la expresión temor fundado». La entidad basó la sanción en
el supuesto de que la información que conoció el disciplinado en la fecha indicada
causó tal temor, pero no especificó las remisiones normativas o antecedentes
legislativos de la Ley 964 de 2005 o criterios técnicos y lógicos en los que se apoyó
«para darle contenido a ese concepto jurídico indeterminado».
5.3. A la falta de la remisión y estudio aludidos, se sumó que la PGN realizó un
análisis errado de tal concepto, pues en el acto sancionatorio no identificó qué parte
de la información contenida en el informe del 18 de julio de 2012 generó el temor
fundado y se contradijo al afirmar en algunos momentos que los datos eran
contundentes para determinar la manipulación del precio de la acción 5 y en otros
que generaban «sospecha» e incertidumbre6. Por tal razón, la entidad no pudo
determinar qué era lo que causaba el temor fundado y, por ende, el deber funcional
desconocido. Ello también repercutió en la defensa, por cuanto no se conoció con
certeza lo que la entidad reprochaba.
5.4. La falta de precisión en la identificación de la tipicidad de la conducta aludida
conllevó a que la PGN no pudiera establecer la ilicitud sustancial. En efecto, «si no
se determinó cuál [era] el deber funcional, mucho menos [era] posible identificar si la función
social de ese deber sustancial fue desconocida con la conducta investigada». En ese
sentido, se vulneraron los artículos 5 de la Ley 734 de 2002 y 1 de la Ley 964 de
2005. Asimismo, la entidad desconoció que actuó en cumplimiento de su deber de
proteger a los inversionistas y al mercado de valores.
5 Páginas 14 y 16 del acto sancionatorio.
6 Página 15 ibidem.
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5.5. Las conclusiones a las que la PGN llegó sobre la existencia de la violación del
deber funcional desecharon que cuando se inició la investigación respecto del
incremento de la acción de Fabricato S.A. [septiembre de 2011] ello solo se
relacionó con la compra y venta de acciones del Grupo Corridori, pero para tal fecha
no se articulaba a Interbolsa con los hechos. Esto solo ocurrió después de que la
Superintendencia Financiera tomó posesión de esta última el 2 de noviembre de
2012 cuando la comisionista de bolsa informó su incapacidad de pagar el crédito al
banco BBVA.
5.6. Por lo anterior, para el 18 de julio de 2012 la única información con la que
contaba el disciplinado consistía en que la acción de Fabricato S.A. tenía liquidez
según los boletines de la Bolsa de Valores de Colombia 86 y 145 de ese año.
También que la variación en su precio podía deberse a la disminución de los pasivos
de la empresa y la posibilidad del aumento de ventas gracias al tratado de libre
comercio suscrito entre Colombia y los Estados Unidos. En ese sentido, al verificar
la vulneración del deber funcional, la PGN «recurr[ió] a información que el doctor
Hernández Correa no conocía a julio 18 de 2012».
5.7. Porla falta de identificación del deber funcional y de precisión sobre su
afectación ya expuestas, la entidad no pudo probar más allá de toda duda la
responsabilidad disciplinaria del demandante. En consecuencia, la duda debía
resolverse en su favor en los términos del artículo 9 de la Ley 734 de 2002.
5.8. La indefinición del deber funcional vulnerado, esto es, sin precisarse porqué se
configuró un temor infundado, impidió que el demandante ejerciera en debida forma
su derecho de defensa «pues debía demostrar que había actuado conforme a un
parámetro normativo indeterminado» [sic].
6. Segundo cargo: «violación de norma superior en cuanto a los fines de la
acción disciplinaria e intereses generales que resguardan las normas sobre el
mercado de valores» que se apoyó en los siguientes argumentos:
6.1. La PGN desconoció la función de la acción disciplinaria prevista en el artículo 16
de la Ley 734 de 2002, puesto que analizó el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964
de 2005 «de manera aislada y descontextualizada, lo que lo condujo a contrariar el régimen
de la función que pretendía proteger».
6.2. Ello, por cuanto ignoró que la Superintendencia Financiera de Colombia ejerció
en debida forma las labores de inspección y vigilancia que ordenaba tal norma al
desplegar labores para determinar si había operado la manipulación del precio de
la acción de Fabricato S.A., lo que hizo desde el 18 de julio de 2012. Ciertamente,
el trámite que seguía después de esta fecha era la continuación de la investigación
y la formulación del pliego de cargos contra quienes participaron en la alteración de
tal precio. Por lo tanto, la PGN no podía exigir la suspensión de la comercialización
de la acción de la empresa para el 18 de julio de 2012.
6.3. En ese sentido, el paso a seguir después de esa fecha sí era la continuación de
la investigación y no la suspensión a la que se refería el literal (c) del artículo 6 de
la Ley 964 de 2005, toda vez que de haberse actuado como la PGN lo indicó en el
acto sancionatorio se «hubiese puesto en riesgo los derechos de los inversionistas de
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Fabricato S.A. y se hubiese generado una situación donde la aparición del riesgo sistémico
hubiese sido altamente probable».
6.4. A lo anterior se sumó que la demandada no podía ignorar la forma en que
funcionaba el mercado de valores dentro del cual coexistían autoridades, públicas
y privadas, de inspección y vigilancia en el marco del mercado autorregulado por la
Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 2010, que ofrecían señales al mercado que
impedían a la Superintendencia Financiera de Colombia suspender la acción. Tal
era el caso de la Bolsa de Valores de Colombia que para la época de los hechos
consideraba que la acción de Fabricato S.A. era líquida y, por lo tanto, que podía
ser objeto de operaciones «repo».
6.5. El demandante como superintendente financiero procedió a suspender la acción
de Fabricato S.A. luego de la toma de posesión de Interbolsa S.A., pero motivado
por razones diferentes de las descritas y con el fin de garantizar el capital de los
inversionistas en ejercicio de la facultad prevista en el literal (c) del artículo 6 de la
Ley 964 de 2005.
7. Tercer cargo: «falsa motivación»:
7.1. La PGN valoró de manera inadecuada los hechos y las pruebas allegadas al
proceso disciplinario. Fue así porque consideró que la medida de suspensión
prevista en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 se podía emitir el 18 de
julio de 2012; sin embargo, confundió la información que tuvo en esa fecha con
aquella «que conoció luego del 1 de noviembre del mismo año, cuando comenzó la toma
de posesión de Interbolsa S.A.».
7.2. Por lo tanto, la entidad valoró la conducta con fundamento en pruebas que no
existían para el 18 de julio de 2012 e información que se desconocía para esa fecha.
Todo ello porque no tuvo en cuenta que eran situaciones diferentes, es decir, por
una parte, la manipulación del valor de la acción de Fabricato S.A. y, por otra, la
toma de posesión de Interbolsa.
1.2. Contestación de la demanda7
8. Laentidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente:
8.1. La facultad prevista en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 no era
discrecional. Por el contrario, la disposición normativa estableció para el
superintendente financiero una función que era de obligatorio cumplimiento y no
facultativa, es decir, no se podía interpretar que su acatamiento dependía de su
arbitrio.
8.2. Por tal razón, una vez que el demandante conoció de las condiciones fácticas y
probatorias ocurridas entre finales del año 2011 y el 18 de julio de 2012 era su
obligación adoptar las medidas preventivas.
7 Folios 244 a 293 [contesta la demanda inicial] y 306 a 330 [contesta la reforma a la demanda].
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8.3. Aunque es cierto que la función preventiva prevista en el literal (c) del artículo 6
de la Ley 964 de 2005 competía de manera directa a los superintendentes
delegados «cualquiera de las funciones a cargo de estos últimos p[odían] ser ejercidas en
cualquier tiempo por el Superintendente financiero».
8.4. Lo anterior fue lo que motivó la sanción impuesta al demandante, puesto que
para el 18 de julio de 2012, una vez agotadas las reuniones con sus subalternos, ya
contaba con la información y las pruebas que demostraban la manipulación del
precio de la acción de Fabricato S.A. No obstante, no desplegó medidas preventivas
dirigidas a la suspensión de la negociación de la acción, pese a que era su deber
de acuerdo con las normas que le otorgaban tal función. [Citó los artículos 329 del
Decreto 663 de 1993; 6 de la Ley 694 de 2005; 11.2.1.3.1, 11.2.1.4.2., 11.2.1.4.17,
11.2.1.4.18 y 11.2.1.4.22 del Decreto 2555 de 2010;1 de la Resolución 830 de 2009;
y la Resolución 1707 de 2008 que fijó el manual de funciones del superintendente
financiero de Colombia].
8.5. El demandante conoció de la manipulación del precio de la acción de Fabricato
S.A. desde el 18 de julio de 2012, toda vez que en esa fecha citó a reunión mediante
correo electrónico cuyo asunto era la «posible manipulación de Fabricato y BMC». En
tal sesión, la Delegatura para la Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad le
presentó un informe sobre tal punto, el avance de las investigaciones y las
conclusiones y estableció la «posible manipulación del precio de referencia de la especie
acción ordinaria Fabricato» por parte de Alejandro Corridori y otros inversionistas
cercanos. Tal informe sustentó las denuncias hechas por la Superintendencia
Financiera ante la Fiscalía General de la Nación el 23 de noviembre de 2012.
8.6. Por lo expuesto, para la fecha indicada el demandante tenía conocimiento de (i)
la participación en la compra y venta de la acción; (ii) la frecuencia de operaciones
hechas por el inversionista mencionado y su impacto en el precio; (iii) la dinámica
de la acción con tendencia irregular al alza y contrario a la tendencia bajista del
mercado y del comportamiento financiero de la empresa que sugería la existencia
de la manipulación del precio de la acción; y (iv) tal manipulación incidió en que la
firma comisionista Interbolsa se quedara sin liquidez al realizar múltiples
operaciones repo. Pese a lo anterior, el disciplinado no tomó ninguna medida
preventiva para mitigar los efectos de la manipulación.
8.7. La tipicidad se configuró porque el comportamiento del demandante encajó en
el supuesto del artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002 al incumplir el deber establecido
en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 20058 de suspender la negociación de
las acciones de Fabricato S.A. desde el 18 de julio de 2012 cuando tuvo
conocimiento de la manipulación del precio de su acción.
8.8. El temor fundado que exigía la última norma mencionada, para proferir la
decisión de suspensión de la negociación de la acción, se configuró desde el 18 de
julio de 2012 por la información que conoció el superintendente financiero. El temor
aludido debía ser entendido como el conjunto de elementos probatorios que
generaban sospecha o recelo de que se pudiera causar daño a los inversionistas
8 Citó junto con esta norma otra vez los artículos 329 del Decreto 663 de 1993; 6 de la Ley 694 de
2005; 11.2.1.3.1, 11.2.1.4.2., 11.2.1.4.17, 11.2.1.4.18 y 11.2.1.4.22 del Decreto 2555 de 2010;1 de
la resolución 830 de 2009; y la Resolución 1707 de 2008.
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con la negociación de la acción de Fabricato S.A. Por lo tanto, era una valoración
subjetiva que debía hacer el demandante según el conocimiento a su alcance y no
exigía la certeza o la materialización de determinadas circunstancias fácticas. En
ese orden, podía adoptar las medidas preventivas con la información que poseía y
no lo hizo.
8.9. En relación con la falsa motivación, era claro que para el 18 de julio de 2012 sí
existían las pruebas que daban cuenta de la manipulación de la acción y que podía
tener su causa en las operaciones repo hechas sobre ella que hacían crecer su
valor.
8.10. El acto administrativo sancionatorio fue debidamente motivado con argumentos
jurídicos y pruebas, al demandante se le respetaron todas las garantías dentro del
proceso disciplinario para el ejercicio de su derecho de defensa y la decisión no fue
caprichosa o arbitraria. En consecuencia, esta no podía considerarse como la causa
de un daño para el demandante. En todo caso, la prueba de la nulidad y de los
perjuicios correspondía al demandante.
1.3. Trámite del proceso
9. Mediante auto del 9 de marzo de 20169 se admitió la demanda y se dispuso la
notificación a la PGN. Dentro del término se presentó reforma a la demanda que fue
admitida con auto del 5 de septiembre de 201710.
10. Con posterioridad, con auto del 24 de enero de 2022 se adoptó el trámite de
sentencia anticipada en virtud del cumplimiento de los requisitos previstos en el
numeral 1 del artículo 182A del CPACA, por lo que se fijó el litigio y se ordenó
incorporar al expediente las pruebas documentales aportadas por las partes y correr
traslado para alegatos en caso de que no se presentara recurso sobre lo decidido.
La fijación del litigio se determinó de la siguiente manera:
«[…] los problemas jurídicos a resolverse en este proceso consisten en definir, si los
fallos disciplinarios de 27 de noviembre de 2013 -única instancia- y de 2 de marzo de
2015 -resuelve un recurso de reposición- proferidos por el Procurador General de la
Nación incurrieron en a) vulneración de normas superiores en la determinación y
alcance del “temor fundado” como elemento de la tipicidad de la falta disciplinaria
imputada (Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1 y Ley 964 de 2005 artículo 6 literal
c), b) vulneración de las normas superiores que regulan los fines de la acción
disciplinaria y los intereses generales protegidos en las normas del mercado de
valores (Ley 734 de 2002 artículo 16 y Ley 964 de 2005, artículos 1 y 49), y c) falsa
motivación por haberse sancionado sin pruebas suficientes para demostrar
responsabilidad y con interpretación indebida de los hechos y las normas jurídicas
aplicables […]».
11. Contra la anterior providencia la parte demandante presentó recurso de
reposición con el fin de que se modificara la fijación del litigio y que se decretaran
unas pruebas.
12. Con auto del 27 de octubre de 2022 se negó la modificación de la fijación del
litigio y se repuso la decisión relacionada con el decreto de pruebas, por lo que se
ordenó la solicitada. Por tal razón, se suspendió la orden de correr traslado para
9 Folios 225 a 230.
10 Folios 299 a 301.
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alegar de conclusión hasta que se emitiera un nuevo pronunciamiento sobre las
pruebas decretadas.
13. Una vez allegadas las pruebas, a través de auto del 4 de marzo de 2024 se corrió
traslado y se señaló que, de no haber pronunciamiento de las partes, se corriera el
término para que presentaran los alegatos de conclusión. Las partes no objetaron
las pruebas, por lo que comenzó a computarse el segundo término dentro del cual
alegaron de la siguiente manera:
1.3.1. La parte demandante11
14. En el escrito reiteró que los actos demandados transgredieron el ordenamiento
superior, particularmente en lo relacionado con la tipicidad, por lo siguiente:
14.1. no establecieron claramente el deber con el que se debía cumplir; además no
se delimitó ni sustentó ni probó la existencia del «temor fundado» para emitir la
suspensión de que trata el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005.
14.2. La imputación de responsabilidad se fundó en una valoración «ex post facto» de
las circunstancias que rodearon sus actuaciones, pues se tuvo en cuenta
información que conoció meses después de haber surgido la crisis de Fabricato S.A.
14.3. La autoridad disciplinaria no cumplió con la obligación de probar más allá de
toda duda la responsabilidad disciplinaria.
14.4. Si se hubiera suspendido la negociación de la acción, con el argumento de una
presunta manipulación de su precio, habría afectado de manera grave tanto a los
accionistas e inversionistas como a los demás partícipes del mercado de valores,
pues para la época la acción de Fabricato S.A. era considerada como líquida por la
BVC y podía ser objeto de operaciones repo.
14.5. Por tal razón, la PGN no valoró los efectos que podía tener la decisión de
suspensión en el mercado de valores. La entidad tampoco tuvo en cuenta toda la
actividad que desplegó la SFC para esclarecer el crecimiento de la acción de
Fabricato S.A.
14.6. Se configuró la falsa motivación porque la PGN confundió los hechos y la
información a la que tenía acceso el 18 de julio de 2012, con la que conoció luego
del 1 de noviembre del mismo año, cuando se intervino a la firma comisionista
Interbolsa S.A. Por tal razón, se interpretaron indebidamente las pruebas.
14.7. El despacho debió adicionar el problema jurídico y determinar si los fallos
vulneraron los artículos 4, 5, 6, 9, 13, 20, 23, 28, 34 y 128 del Código Disciplinario
Único y artículos 6, 29, 121, y 122 de la Constitución Política al no establecer cuál
fue el deber funcional que supuestamente transgredió.
1.3.2. La parte demandada
11 Índice 73, Samai.
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15. La PGN insistió en los argumentos expuestos con anterioridad12 y señaló:
15.1. Dentrodel proceso se respetaron las garantías fundamentales al debido
proceso y defensa, se aplicó en debida forma el trámite previsto en la Ley 734 de
2002; se efectuó una adecuada individualización de la conducta objeto de reproche;
se hizo una valoración probatoria que dio lugar a concluir la certeza de la
responsabilidad disciplinaria; y la sanción se impuso de acuerdo con los principios
de proporcionalidad y razonabilidad.
15.2. El demandante controvirtió la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados apoyado en una mera discrepancia interpretativa y
valorativa de las pruebas con la efectuada, sin que pudiera deducirse de ello causal
de nulidad alguna.
16. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
17. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer el proceso en única instancia, de conformidad con el artículo 149.2 del
CPACA vigente para la época de presentación de la demanda13, según el cual
conocerá «[d]e las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la
cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la
Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como
supremo Director del Ministerio Público [...]».
2.2. Problemas jurídicos
18. Sin desconocer la fijación del litigio realizada en el auto del 24 de enero de 2022,
en atención a los planteamientos de la demanda, se considera necesario efectuar
unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que los problemas
jurídicos se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
(i) ¿La PGN identificó en debida forma los elementos del tipo disciplinario
conformado por los artículos 23 y 34.1 de la Ley 734 de 2002 en consonancia
con el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 y las otras normas
consideradas como vulneradas14, específicamente, el referido a la existencia
de un «temor fundado» contenido en la última norma?
Como problema asociado ¿se acreditó la existencia del temor fundado?
12 Índice 74, Samai.
13 Sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021.
14 Artículos 325, numeral 1, literales a) y e), 326 inciso primero, numeral 5 literal a), 329, numeral 2,
literal d) y e) del Decreto 663 de 1993; 11.2.1.3.1; 11.2.1.4.2, numerales 1,17 con su parágrafo;
11.2.1.4.17 numeral 1, 11.2.1.1.18 numerales 10 y 11; 11.2.1.4.22 numeral 8 del Decreto 2555 de
2010; y la Resolución 1407 de 2008.
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(ii) ¿dentro del trámite del proceso disciplinario se probó la afectación del deber
funcional en los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 y, por lo tanto,
se configuró la ilicitud sustancial y la responsabilidad más allá de toda duda?
Como problema jurídico asociado ¿el disciplinado actuó en cumplimiento de
su deber de proteger a los inversionistas y al mercado de valores y en ese
sentido aplicó de manera adecuada el trámite que debía seguir para tal efecto?
(iii) ¿el acto demandado está viciado de nulidad por falsa motivación por
haberse sustentado en pruebas que no existían para el 18 de julio de 2012?
19. Para resolver los anteriores cuestionamientos, se abordará el marco normativo y
jurisprudencial y el caso concreto en cada tema.
2.3. Actuación disciplinaria
20. El 14 de noviembre de 201215, la PGN dispuso la apertura de la etapa de
indagación preliminar para establecer la posible materialización de conductas
disciplinarias y determinación de los responsables en el caso de la sobrevaloración
de las acciones de la empresa Fabricato S.A. En el acto administrativo se expuso lo
siguiente:
«[...] El pasado 02 de noviembre de 2012 la Superintendencia Financiera de Colombia
ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la
Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S. A., con domicilio principal en Medellín,
y posteriormente, el 07 de noviembre ordenó su liquidación.
Sin embargo, se ha conocido por diferentes medios de comunicación que la crisis de
la firma comisionista estuvo acompañada, al parecer, del excesivo uso de
operaciones denominadas en el mercado financiero como "repos" principalmente
sobre las acciones de la empresa textilera Fabricato, y de la sobrevaloración de estas,
que colapsaron por falta de liquidez; a lo que se suma un posible manejo irregular de
recursos por parte del entramado empresarial que compone o rodeó al grupo
financiero Interbolsa y que involucra a sociedades constituidas en el exterior […]»
[sic].
21. El 27 de abril de 2016, la PGN dispuso abrir investigación disciplinaria para
determinar la posible responsabilidad del disciplinado como superintendente
financiero de Colombia y de otros funcionarios de la SFC por las posibles
irregularidades en la comercialización de la acción de Fabricato S.A. y,
específicamente, en la manipulación de su precio por parte de varios inversionistas
con la intermediación financiera de la comisionista de bolsa Interbolsa S.A. a través
de sus servicios como intermediaria en el mercado financiero y de apalancamiento
mediante figuras como las operaciones repo16 o préstamo de recompra17.
15 Folios 31 a 34.
16 «Repos. Acuerdo o contrato de compra - venta de títulos mediante el cual el comprador adquiere
la obligación de transferir nuevamente al vendedor inicial la propiedad de los títulos negociados ya
sean los mismos en otras de la misma especie, dentro de un plazo y bajo las condiciones fijadas de
antemano en el negocio inicial. Es un vehículo para un crédito a corto plazo en el cual la propiedad
del título es temporalmente trasladada a quien recibe el crédito».
https://www.superfinanciera.gov.co/glosario/r/?amp;genPag=2&genPag=3.
«Recompra. Operación mediante la cual una entidad que ha emitido títulos valores los adquiere de
nuevo de las personas o entidades que los posean».
17 Folios 1341 a 1410.
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22. El 29 de abril de 2013 la PGN ordenó con auto de esa fecha el cierre de la
investigación18.
23. El 4 de junio de 2013 la PGN profirió pliego de cargos en contra del disciplinado 19
en el que le reprochó 2 conductas. La primera relacionada con la «posible omisión en
adoptar medidas preventivas para proteger los intereses de los inversionistas y del mercado
de valores en general» y la segunda por retardar la presentación de la denuncia ante
la Fiscalía general de la Nación por la manipulación del precio de la acción de
Fabricato y por no denunciar igual situación respecto de la acción de la empresa
BMC. Comoquiera que solo fue sancionado por la primera de las conductas
mencionadas solo a esta se hará referencia en la presente sentencia.
24. La PGN manifestó que el disciplinado tuvo conocimiento oficial de la posible
manipulación del precio de la acción de Fabricato S.A. desde el 18 de julio de 2012
por parte de los inversionistas que actuaban como clientes de Interbolsa S.A. «e
incluso desde el mes de septiembre de 2011 por información recibida con ocasión de su
función de coordinación de la Delegatura para Supervisión de Riesgos de Mercado e
Integridad».
25. A juicio de la autoridad disciplinaria, por el conocimiento que tenía el
superintendente financiero y que le fue suministrado con las debidas pruebas «tenía
la capacidad de generarle temor sobre la posibilidad de que se causara daño al mercado
de valores y a los inversionistas». Por lo anterior, el cargo que se le imputó fue el
siguiente:
«[…] El señor Gerardo Alfredo Hernández Correa puede ver posiblemente
comprometida su responsabilidad disciplinaria porque en su condición de
superintendente financiero de Colombia no adoptó, al parecer, medidas preventivas
correspondientes en cumplimiento a lo ordenado en el literal c) del artículo 6 de la ley
964 de 2005 y las demás que le son propias a la Superintendencia Financiera en su
función de prevención, tendientes a evitar el perjuicio a los inversionistas del mercado
de valores y la pérdida de confianza del público, al conocer desde finales de 2011, la
posible manipulación del precio de la especie Fabricato y la probable manipulación
de la liquidez de la especie BMC […]» [sic].
26. Para la PGN con la omisión descrita, el disciplinado incurrió en el tipo disciplinario
compuesto por los artículos 23 y 34, numeral 1, de la Ley 734 de 2002 en
concordancia con las siguientes normas relativas al mercado de valores y a las
funciones del superintendente financiero y de la SFC:
• Artículo 325, numeral 1, literales a) y e)
Decreto 663 de 1993 - Artículo 326 inciso primero, numeral 5 literal a).
• Artículo 329, numeral 2, literal d) y e)
Ley 964 de 2005 Artículo 6, literal c).
Artículos 11.2.1.3.1; 11.2.1.4.2, numerales 1,17 con su
Decreto 2555 de 2010 parágrafo; 11.2.1.4.17 numeral 1, 11.2.1.1.18
numerales 10 y 11; 11.2.1.4.22 numeral 8.
Resolución 0830 del 16 de junio de
2009, que modificó la 1407 de 2008
Artículo 1, numerales 10 y 11
que estableció las funciones del
Superintendente financiero
18 Folios 1669.
19 Folios 1768 a 1882.
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Resolución 1407 de 2008 Funciones del superintendente financiero
27. Al abordar la tipicidad de la conducta en el pliego de cargos se explicó lo
siguiente:
«[…] Observa el despacho cómo el señor Superintendente Financiero de Colombia
como Coordinador de las Delegaturas adscritas a la entidad que lidera (artículo 329-
2 de Estatuto Financiero) concretamente de la Delegatura para Supervisión de
Riesgos de Mercado e Integridad y la Delegatura Adjunta para la Supervisión de
Riesgos y conductas de Mercados, dirigida por los señores Diego Mauricio Herrera
Falla y Rosita Esther Barrios Figueroa, respectivamente, tuvo de una u otra manera
conocimiento desde el mes de septiembre del 2011 en virtud de informes verbales de
parte de la delegatura encargada y oficialmente desde julio de 2012 que se estaban
realizando conductas atentatorias al mercado de valores relativas a la manipulación
del precio de la especie Fabricato y la manipulación de la acción BMC por parte de
inversionistas relacionados con Alessandro Corridori sin que tan delicada situación le
hubiera merecido más atención que la permisión de que el asunto surtiera un trámite
ordinario y se llegara a unas conclusiones que le permitieran a la Superintendencia
Financiera a través de la Dirección Legal de la Delegatura para Supervisión de
Riesgos de Mercado e Integridad, iniciar y llevar hasta su culminación el respectivo
proceso administrativo.
[…]
No se entiende entonces, a este instante procesal, cómo el señor Superintendente
Financiero ante la apatía de los Delegados de la Delegatura para Supervisión de
Riesgos de Mercado e Integridad y la Delegatura Adjunta para Supervisión de
Riesgos y Conductas de Mercados, de cumplir las funciones asignadas por Decreto
2555 de 2010 y el Manual de Funciones en el sentido ya de proponer o de adoptar la
función asignada a la Superintendencia Financiera en el literal-c) del artículo 6 de la
Ley 964 de 2005, no procedió conforme a la prontitud de su conocimiento a tomar las
medidas preventivas enunciadas para evitar manipulación del precio de la acción de
Fabricato y la manipulación de la liquidez de la especie BMC. Se estaba frente a
motivos suficientes y fundados para temer que se pudiera causar daño a los
inversionistas o al mercado de valores o se presentara cualquiera de los supuestos
que allí se consagran.
De tal suerte, el señor Superintendente Financiero, no actuó como era su deber
asumiendo las funciones delegadas en el superintendente delegado para riesgos de
mercado e integridad Diego Mauricio Herrera Falla y la superintendente delegada
adjunta para supervisión de riesgos y conductas de mercados Rosita Barrios Figueroa
pues no procedió a dar aplicación directamente a alguna de las medidas preventivas
contenidas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 [de] 2002, como lo manda el
artículo 112.1.42-dél Decreto 2555 de 2010.
Nótese que según el diccionario Manual de la Lengua Española Vox 2007, Larousse
Editorial, S.L. el temor se define como el sentimiento de inquietud y angustia que
mueve a rechazar o a tratar de evitar las cosas que se consideran peligrosas,
arriesgadas o capaces de hacer daño. A su turno la Real Academia de Española
estipula como segunda acepción 2. "Presunción o sospecha" y como tercera 3.
"Recelo de un daño futuro". Así mismo la palabra fundado quiere significar 5. "Apoyar
algo con motivos ý razones eficaces o con discursos", según la acepción quinta de la
misma referencia.
De ahí que, en criterio de esta jefatura para que exista temor no es necesario que se
pruebe todos los elementos de una conducta que pueda causar daño al mercado de
valores o a los inversionistas, de tal forma que solamente se pueda iniciar la
respectiva acción sancionatoria; es suficiente que la situación irregular se palpe en
grado de probabilidad, que exista la posibilidad de que se pueda ocasionar un
menoscabo al mercado y a los inversionistas para que se advierta la obligación de
tomar las medidas preventivas que bien contrarresten o eviten la situación.
Por consiguiente, la conducta del señor Gerardo Alfredo Hernández Correa desestimó
las situaciones que durante más de un año se avizoraron como atentatorias del
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mercado de valores lo que a la postre pudo permitir que se trasgrediera
injustificadamente la seguridad del mismo y se perjudicara a quienes invirtieron en
repos de Fabricato esperando el retorno de sus recursos y confiados en la garantía
que representaba la acción o, a quienes compraron acciones de Interbolsa S.A. o,
encomendaron su patrimonio a esta compañía que finalmente entró en proceso de
liquidación […]»20 [sic].
28. El 7 de noviembre de 2013 el despacho del procurador general de la Nación
profirió el acto administrativo sancionatorio de única instancia21, en el que declaró
responsable disciplinariamente al demandante por no haber ejercido la facultad
prevista en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 de « suspensión de la
negociación de determinado valor». En principio se le impuso la sanción de destitución
e inhabilidad general por el término de 10 años al encontrar que la conducta fue
realizada a título de dolo. No obstante, al resolver el recurso de reposición la
autoridad disciplinaria en acto del 2 de marzo de 201522 varió la calificación a culpa
grave y, en tal virtud, modificó la sanción a la suspensión por el lapso de 10 meses.
29. En cuanto a la tipicidad en el acto se indicó lo siguiente:
«[…] el señor Gerardo Alfredo Hernández Correa, contando con información
contundente proveniente de la Dirección de Conductas de la SFC, acerca de la
posible manipulación del precio de la acción de Fabricato, esto es, a más tardar para
el 18 de julio de 2012, omitió adoptar, como era su deber, las medidas preventivas
establecidas en el literal c), artículo 6 de la Ley 964 de 2005. Mediante tal actuar el
procesado desconoció abiertamente un deber legal, el cual consiste única y
llanamente en asumir conforme a su competencia funcional la aplicación de medidas
preventivas, las cuales tienen como fin según la ley que las contempla, evitar el daño
o bien disminuirlo ocasionado con la inestabilidad generada al mercado de valores
por el señor Alessandro Corridori y los inversionistas relacionados con este […]
[…]
Al estar presente el presupuesto objetivo que el legislador incorporó en la norma
contemplada en el literal c) artículo 6 de la Ley 964 de 2005, referido a la posibilidad
de que se cause un daño a los inversionistas o al mercado de valores, es evidente la
omisión y por ende la inobservancia de los deberes dispuestos tanto en la ley como
en el respectivo manual de funciones, que le incumbía al procesado que para el
momento de la ocurrencia de los hechos objeto de reproche, consistía como se
mencionó en impedir o aminorar los daños mediante la adopción de las medidas
oportunas, obligaciones que de haberse cumplido hubieran podido tener algún efecto
atenuante para el mercado en el impacto generado con los actos antijurídicos
propiciados por el grupo Corridori.
No obstante, el investigado contando con información que le hubiese permitido
fundamentar la adopción de la respectiva medida, como se anotó, se abstuvo de
actuar de acuerdo a sus deberes.
En este punto es importante resaltar en cuanto al ingrediente subjetivo previsto en la
norma y que debe concurrir inescindiblemente en el destinatario del deber,
consistente en la existencia de temor fundado, que este debió generarse en la
persona del disciplinado en razón a la información que como se analizó fue puesta en
conocimiento por los investigadores de los hechos que configuraban la manipulación
del precio de la acción de Fabricato, adscritos a la SFC, y que en el caso del implicado
fue de tal trascendencia que llegó a su conocimiento y convocó a una reunión
celebrada el 18 de julio de 2012, incuestionablemente para conocer los avances
investigativos y las conclusiones que hasta ese momento se tenían […]» [sic]23.
20 Folios 1786 a 1788.
21 Folios 2727 a 2872.
22 Folios 3025 a 3070.
23 Folio 2844.
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30. Frente a la configuración de la ilicitud sustancial, luego de citarse las normas
consideradas como violadas en el pliego de cargos, en el acto sancionatorio se
expuso lo siguiente:
«[…] En efecto omitir adoptar las medidas preventivas correspondientes a fin de
contrarrestar o evitar la generación de posibles daños al mercado de valores y a los
inversionistas, a pesar de contar con la habilitación jurídica para tal efecto
contemplada en el literal c), artículo 6 de la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010
y el manual de funciones de la entidad, implicó desconocer los principios de eficiencia
y eficacia, los cuales además claramente se encuentran incluidos dentro de tales
normativas como intereses jurídicamente protegidos.
sí como se dejó por sentado en el pliego acusatorio, se vieron desconocidas y
quebrantadas normas superiores con estructura de principios, tales como los
referenciados, desconocimiento que se vio estructurado por virtud de la omisión
imputada y que consistió en efecto, en no permitir que las medidas previstas en el
literal c), artículo 6 de la Ley 964 de 2005 cumplieran la finalidad para la cual el
legislador las había incluido, que no era otra que evitar o aminorar daños y perjuicios
como los ocasionados al sector bursátil en general, por las conductas ilegales del
grupo Corridori, además de haberse sustraído de su deber de actuar y de sus
compromisos adquiridos, dada su condición de servidor oficial y haber faltado a la
eficiencia que debe primar en el uso de los recursos otorgados por la ley a fin de
conseguir los objetivos buscados con los mismos, es decir que no utilizó la habilitación
legal y reglamentaria de la que era sujeto, para actuar como la ley lo exigía y para
mitigar los daños referidos anteriormente, teniendo en virtud de sus funciones, la
obligación de controlar tal fuente de riesgo […]»24
31. Aunque en el pliego de cargos se indicó que el demandante incumplió con lo
ordenado en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 por no implementar la
medida de suspensión preventiva al conocer desde finales de 2011 (i) la
manipulación del precio de la especie Fabricato; y (ii) la probable manipulación de
la liquidez de la especie BMC, se precisa que sobre este último punto la PGN no se
pronunció en los actos sancionatorios. Por lo tanto, no tuvo incidencia en la sanción.
Tampoco fue objeto de la demanda.
2.4. Pruebas relevantes dentro del proceso
32. Resolución 1407 del 1 de septiembre de 2008 por medio de la cual se
establecieron las funciones, requisitos y competencias laborales de la SFC,
específicamente del cargo de superintendente financiero código 0030, grado 2525.
33. De acuerdo con el certificado laboral del 28 de noviembre de 2012, Gerardo
Alfredo Hernández Correa ocupó el cargo de «superintendente 0030-25» de la SFC
desde el 9 de septiembre de 201026.
34. El10 de octubre de 2011, el Autorregulador del Mercado de Valores de
Colombia [AMV]27 remitió al superintendente delegado para la supervisión de
riesgos de mercados e integridad de la SFC [Diego Mauricio Herrera Falla] « el
análisis realizado de las especies Fabricato y Coltejer, así como la documentación
recaudada por AMV dentro de la investigación iniciada»28. El informe tiene fecha del 7
24 Foios 2845 a 2846.
25 Folios 356 a 359.
26 Folios 354 y 355.
27 En adelante se identificará con tales siglas.
28 Folios 501 a 531.
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de octubre de 2011.
34.1. Enel documento se indicó que la investigación se realizó con el fin de
determinar «una posible afectación del precio de la acción de Fabricato, por medio de una
considerable cantidad de operaciones celebradas por los principales accionistas de esta
compañía». En él se relacionaron los principales accionistas de la empresa para el
30 de junio de 2011 y su participación accionaria. Entre ellos se señaló a Alessandro
Corridori [13.39%], P&P Investment S.A. [12.56%], Invertácticas y CIA Ltda. [9.50%],
Valores Incorporados [8.68%], Rentafolio Bursátil y Financiero S.A. [7.59%],
Manrique y Manrique S.A. [7.59%], Corridori MC Alessandro [ilegible el porcentaje
de participación], Lina María Barguil Manrique [1.51%], María Eugenia Jaramillo
Palacios [1.37%], entre otros.
34.2. De igual modo, se analizó el incremento del valor de la acción de Fabricato S.A.
en el primero y segundo trimestres del año 2011. Para el primero se reveló que el
aumento [55.76%] era contrario a la tendencia bajista del Índice General de la Bolsa
de Valores [IGBC] y a la tendencia del mercado; sin embargo, precisó que ello pudo
obedecer a «los cambios de estrategia de la compañía iniciados en 2010, lo cual ha
permitido mayor eficiencia en los procesos operativos» y también por «la diversificación
de mercados para sustituir las ventas a Venezuela».
34.3. Respecto del segundo trimestre se manifestó que el alza de la acción [52.94%]
se vio influenciado por la mejora en los estados financieros de la empresa, los
rumores periodísticos de su venta, y por el «incremento en el número de acciones en
circulación». Aclaró que para ese periodo se conocía que el control de la compañía
lo comenzaba a tener Alessandro Corridori, Invertácticas y CIA Ltda., P&P
Investment S.A., Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.
34.4. Igualmente, identificó algunas alertas en la negociación de las acciones de
Fabricato. Así, reveló que «[r]evisando los precios y los volúmenes de la acción en el
periodo analizado, se pudo observar la concentración de operaciones de inversionistas y la
transacción de volúmenes fuera del promedio, en dos periodos identificados».
34.5. En tal sentido, señaló que para el mes de marzo «encontramos a Corridori
Alessandro e Invertácticas SAS (cuyo gerente es Corridori Alessandro) encabezando la
tabla de los inversionistas con mayor participación en la negociación de Fabricato». Para
mayo repite el primer lugar y también invierten Manrique y Manrique S.A., Urrea
Cortabarría, P&P Investment S.A., Valores Incorporados e Interbolsa con posición
propia. En junio otra vez Alessandro Corridori lideró a los inversionistas junto con
P&P Investment S.A., igual ocurrió en julio.
34.6. En el informe se examinó si las operaciones de compra y venta de la acción
pudieron ser preacordadas en el periodo que se analizó [enero a septiembre de
2011]. Al respecto, se indicó que de 22.607 operaciones se identificaron en las que
pudo haber sucedido ello. Se precisó los niveles y operaciones «repo» sobre las
acciones de Fabricato con corte al 27 de septiembre de 2011 y se concluyó que en
ese año se incrementaron en un 204% y se determinó que «[ e]l comparativo de los
niveles repos sobre esta acción de los principales accionistas, evidencia una posición
apalancada de Corridori que fue aumentando semana tras semana».
34.7. En tal análisis se explicó que «[s]e puede deducir que Corridori, en la rueda de
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acciones donde su posición era compradora, recogía acciones en su portafolio para luego
realizar repos sobre las mismas y apalancando su posición aún más para realizar nuevas
compras de acciones. Esta dinámica de negociación y apalancamiento tuvo una incidencia
en el precio de la acción y también generaron frecuencia y rotación». El informe agregó
que «a parte de Corridori, se ve a Valores Incorporados S.A., Rentafolio Bursátil y
Financiero SAS y P &P Investment SAS realizando operaciones repo sobre acciones a
diferentes plazos, pero siempre manteniendo el nivel».
34.8. Luego se explicó que estos últimos inversionistas pretendieron vender su
participación el 26 de septiembre de 2011 a la empresa «Gem Global Yield Fund
Limited» y que así lo informó Fabricato S.A. Sobre esta operación AVM señaló que
de ello «se [infería] que las negociaciones de estos accionistas para la venta de su
participación se venían presentando hace algún tiempo y que con motivo de esa posible
venta se concretó un esquema para valorizar el precio de la acción por medio de la rotación
de la acción entre los portafolios investigados en este documento». Por último, en el
informe se concluyó lo siguiente:
«[…] Capítulo VII. Conclusiones
1. AMV ha observado que si bien la subida de la acción de Fabricato puede estar
respaldada por factores fundamentales, el trading activo de los principales accionistas
ha influido en el incremento de los precios, ya que se observa una relación entre el
volumen operado por estos y el incremento en los precios.
2. El sistema de enrutamiento (e-trading) de Interbolsa S.A. SCB ha jugado un papel
importante en el volumen negociado en la especie de Fabricato, puesto que por medio
de él los inversionistas Alessandro Corridori, Invertácticas SAS y P&P Investment
realizan un porcentaje alto de sus operaciones.
3. Se encontró una presencia importante de los inversionistas investigados en el
presente documento en la alerta por órdenes, operaciones anormales y subastas de
volatilidad activas en el periodo analizado.
4. Aunque se detectaron posibles operaciones preacordadas, estas fueron calzadas
dentro del margen que permitían los pecios en el momento de ingresar las órdenes,
es decir a precios de mercado. El volumen negociado pudo transmitir un mensaje
erróneo de apetito por la acción […]» [sic].
35. El 18 de julio de 201229 se realizó la presentación ante el superintendente
financiero de Colombia en reunión en la que el superintendente delegado para la
supervisión de riesgos de mercados e integridad le informó sobre la investigación
adelantada en relación con la acción de Fabricato y de la Bolsa Mercantil de
Colombia S.A. [BMC]. En el documento consta que, respecto de Fabricato S.A. para
el año 2011, se le puso en conocimiento lo siguiente:
(i) el contraste entre el incremento de la acción de Fabricato [214,12%] y la variación
negativa del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombi a [IGBC] que registró
«una variación negativa del 18,26%»;
(ii) la variación del precio de la acción de la empresa desde enero [$26,20] al 29 de
diciembre [$84,50] «obteniendo una variación de 214,13%»;
(iii) el recuento de la información pública relevante sobre Fabricato S.A., para lo cual
se citaron noticias que se emitieron durante el año por los diferentes medios de
comunicación;
29 Folios 1636 a 1655.
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(iv) el resultado financiero de la empresa y se concluyó que al cierre del año
«reportaba pérdidas por $5.636 millones de pesos»;
(v) el planteamiento de la «[h]ipótesis de trabajo», así:
«Hipótesis: Posible manipulación del precio de referencia de la especie acción
ordinaria FABRICATO, por parte del inversionista Alessandro Corridori con la
participación de personas naturales y jurídicas relacionadas con el mismo, durante el
año 2011.
El incremento del precio de la acción no encuentra sustento en la información pública
y relevante, ni en los fundamentales de la empresa» [sic];
(vi) los hechos relevantes respecto de la situación advertida, además del incremento
del precio de la acción, en los siguientes términos:
«Las personas que integran el grupo de interés “Grupo Corridori” tuvieron una mayor
participación en las compras que en las ventas de la acción FABRICATO que se
tradujo en un aumento del precio de referencia durante el año 2011.
El señor Alessandro Corridori actuando en calidad de: a) persona natural, b)
representante legal y dueño de Invertácticas SAS, c) ordenante y socio gestor en el
marco de un contrato de cuentas de participación de la sociedad Manrique y Manrique
SCA tuvo poder de mercado para manipular el precio de la acción con una
participación del 21,62% en compras y del 15,90% en ventas, respecto de la totalidad
de las acciones transadas» [sic].
(vii) la posibilidad de que el Grupo Corridori estuviera incurso en la infracción al
mercado de valores prevista en el artículo 50, literal 6 de la Ley 964 de 2005 al
afectar la libre formación de los precios;
(ix) las pruebas que daban cuenta de la relación de Alessandro Corridori con
Invertácticas SAS, Manrique y Manrique SCA, P&P Investment SAS, Cromas S.A.,
Lina María Barguil Manrique, María Eugenia Jaramillo Palacios y Valores
Incorporados S.A.;
(x) la metodología de la investigación realizada. Así, se aseveró que se realizaron
pruebas estadísticas para corroborar el «cambio estructural en el precio de la acción»,
análisis de información relevante del emisor30 y su impacto en el precio, examen de
28.139 operaciones «a través de las cuales se transaron 27´577.757.552 acciones
FABRICATO por un monto de $1,6 billones de pesos», la evolución accionaria de los 20
principales accionistas en el año 2011, la relación existente entre los inversionistas
y su perfil en el que se estudió su habitual participación en el mercado y la
identificación de operaciones «repo pasivo». Se expusieron los resultados de tales
análisis.
(xi) Las conclusiones de la investigación se plantearon de la siguiente forma:
«El señor Alessandro Corridori actuando en calidad de: a) persona natural, b)
representante legal y dueño de Invertácticas SAS, c) ordenante y socio gestor en el
30«Emisor de Valores.
Entidad con títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Los cuales puede
n ser: Sociedades por acciones.
Sociedades limitadas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro (sólo pueden emitir títulos de co
ntenido crediticio). Entidades públicas facultadas legalmente para emitir títulos de deuda pública
[…]».https://www.superfinanciera.gov.co/glosario/e/.
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marco de un contrato de cuentas de participación de la sociedad Manrique y Manrique
SCA, tuvo poder de mercado para, en principio, manipular el precio de la acción con
una participación del %21,62 en compras y del 15,90% en ventas, respecto de la
totalidad de las acciones transadas.
Para discutir y en espera de consolidación probatoria. De manera agregada, el poder
del mercado del señor Alessandro Corridori junto con: i) Invertácticas SAS, b)
Manrique y Manrique SCA, c) Cromas S.A., d) Lina María Barguil Manrique, e)
Jaramillo Palacios María Eugenia y f) Valores Incorporados S.A. tuvieron
participaciones del 25,03% en compras del 18,60% en ventas, del total de acciones
transadas durante el año 2011» [sic].
36. El 12 de abril de 201331, los funcionarios Óscar Nicolás Hernández Cruz y Adíela
Patricia Bohorquez Rodríguez informaron a la PGN la trazabilidad de la
investigación realizada por la SFC sobre la acción de Fabricato S.A.
37. En el documento se indicó como fecha de inicio de la investigación el 14 de
septiembre de 2011 y finalizó con el informe «extra situ» presentado el 23 de
noviembre de 2011 [1 año, 2 meses y 9 días]. Se indicaron las actuaciones
realizadas por la SFC desde tal fecha hasta el 18 de julio de 2012, cuando se
presentó el informe en la reunión celebrada ese día. Se informó que luego de tal
fecha se realizaron, entre otras, los siguientes recaudos probatorios:
• testimonio de Edwuard Jontahan Martínez Rodríguez;
• información sobre principales accionistas de Fabricato S.A.;
• testimonio de Lina María Barguil Manrique;
• información sobre la sociedad Barbex S.A.;
• elaboración de varios borradores del avance del informe de la inspección
«extra situ» realizada a Fabricato S.A.;
• informe sobre la empresa aludida y el sector textil;
• informe sobre la negociación de la acción de Fabricato S.A. y sus accionistas;
• solicitud de información a Interbolsa sobre la especie Fabricato S.A.
38. La trazabilidad de la investigación consta en diversos documentos, entre los que
se encuentra los siguientes:
39. - «Formato de propuesta de inspección» del 14 de septiembre de 201132 en el
que se lee que el objeto de la actuación era «[o]btener información y recaudar material
probatorio que permita determinar la ocurrencia o no de conductas indebidas de mercado
de valores en la negociación de las acciones ordinarias de Fabricato S.A., en especial,
corroborar si se ha presentado manipulación del precio de la acción ordinaria de este
emisor» [sic].
40. En el documento se justificó la diligencia en que, para el 30 de junio de 2011 los
20 accionistas mayoritarios de Fabricato S.A. «acumulaban el 78.562% de las acciones
de ese emisor» se identificaron los 5 principales, entre ellos Alessandro Corridori,
Invertácticas SAS, P&P Investment SAS, Cromas S.A., Valores Incorporados,
Rentafolio bursátil y Financiero S.A.
41. De igual manera, se indicó que en el año 2011 la acción experimentó una
31 Folios 1577 a 1578.
32 Disco duro. Archivo «CD66».
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valoración del 173.2% por lo que fue la de mayor valorización en la BVC. Además
que los principales accionistas participaron de forma activa y constante en la
negociación de la acción. Por tal razón, se consideró necesario «evaluar si el
comportamiento transaccional de los principales inversionistas que han comprometido
recursos patrimoniales en ese emisor han incursionado o no en un patrón de
comportamiento del que se desprendan posibles conductas indebidas de mercado de
valores, entre otras, si se ha presentado alguna clase de manipulación en el precio o en la
liquidez de la acción ordinaria de Fabricato S.A.» [sic].
42. La SFC planeó el desarrollo de la actuación33, fijó como fecha límite el 6 de marzo
de 2012, un total de «120 días hábiles», señaló diversas tareas de investigación y
determinó como funcionarios encargados de desarrollarla a Óscar Hernández
[coordinador de la inspección], Lizeth Adriana Rocha Vargas y Claudia Maryori
García Fajardo [analistas].
43. Después de la reunión del 18 de julio de 2012 se practicaron las siguientes
pruebas:
44. El mismo 18 de julio de 2012 a las 2:45 p.m. se escuchó el testimonio de
Edwuard Jonathan Martínez Rodríguez34, técnico en sistemas, quien para la fecha
trabajaba en la empresa Invertácticas S.A. como director administrativo. Expuso lo
siguiente:
44.1. Sus funciones eran operativas y le correspondía estar al tanto de los equipos
de cómputo, de la papelería y a la vez hacer cartas, enviar correos relacionados con
operaciones «por ejemplo trasladar acciones de comisionistas entre la compañía» y en
ocasiones «hablar con las comisionistas y de repente dar órdenes por teléfono a las
comisionistas».
44.2. Quien le daba las instrucciones para las órdenes [para traslado de acciones,
compra y venta de acciones, entre otras] era directamente su jefe, Alessandro
Corridori, y a él le rendía informe diario sobre el cumplimiento de estas.
44.3. Invertácticas S.A. tenía negocios con P&P Investment y, en algunas ocasiones,
él realizaba las operaciones de esta empresa y fue su ordenante por un periodo de
4 meses.
44.4. Él era el ordenante de las cuentas de María Eugenia Jaramillo. Durante un
tiempo [no especificó] también se emitían las órdenes desde Invertácticas en
nombre de la empresa Barbex SAS No conoció a Lina María Barguil Jarmaillo ni a
las empresas Manrique y Manrique S.A. y Cromas S.A.
45. El3 de agosto de 2012 se recaudó el testimonio de Lina María Barguil
Manrique35 quien declaró que era socia accionista de la sociedad Barbex y gerente
y miembro de la junta directiva de la empresa Cromas S.A., dedicada a la
construcción de carreteras, cuya composición social era Inversiones Manrique y
Fajardo, Inversiones Manrique Manrique, Inversiones Berman Ltda., Invertácticas
SAS y Alfonso Manrique Van Damme. Su suplente en la junta directiva era
33 Documento visible en el Disco duro. Archivo «CD66».
34 Folios 1748 a 1750.
35 Visibles en el Disco duro. Archivo «CD66».
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Alessandro Corridori con quien mantenía una relación de amistad y era su asesor
financiero para efectos de invertir en el mercado de valores.
45.1. Berbex participó en la compra de acciones de Fabricato S.A. y la actuación en
el mercado de valores por tal empresa la realizaba, además de ella, Camilo Lota o
Edwuard Jonathan Martínez. No conocía personalmente a este último, pero
trabajaba en la oficina de Alessandro Corridori.
45.2. Sus inversiones las manejaba Alessandro Corridori y ella no tenía conocimiento
de operaciones puntuales. La empresa Manrique y Manrique era una empresa
familiar que tenía con sus primos.
45.3. Respecto de su conocimiento sobre el trading o enrutamiento electrónico
manifestó: «[n]o me hable del mercado, no tengo ni idea, yo soy ingeniera no tengo
conocimiento de eso».
46. El 26 de julio de 2012 se ofició a la empresa Asesorías e Inversiones S.A. para
que informara sobre las operaciones que realizó como intermediario y en favor de
la empresa Barbex Inversiones S.A. a través de la BVC sobre la especie de
Fabricato S.A. La respuesta se arribó con oficio del 31 de julio de 2012 en la que se
informó que la sociedad era inversionista profesional y se anexaron los contratos de
comisión y carteras colectivas36.
47. El 3 de septiembre de 2012, se ofició a la empresa Global Securities S.A.
Comisionista de Bolsa para que explicara las operaciones que realizó sobre la
acción de Fabricato S.A. en representación de Lina María Barguil Manrique y de
Barbex Inversiones S.A. La respuesta se allegó con oficio del 5 de septiembre de
2012 en la que se aseveró que los mencionados eran clientes inversionistas y que
eran asesorados por Carlos Augusto Tottes Gonzáles37.
48. El 13 de julio de 2012, la BVC emitió el Boletín 14538 en el que identificó las
acciones líquidas y no líquidas. Fabricato S.A. se ubicó en el tercer lugar de la lista
de las líquidas, después de Ecopetrol S.A. y de la Empresa de Energía de Bogotá
S.A. E.S.P.
1 de noviembre de 201239, el presidente de la comisionista de bolsa
49. El
INTERBOLSA informó al disciplinado que tal compañía al cierre de las operaciones
de ese día «no estuvo en capacidad de pagar el crédito intradía otorgado por el Banco
BBVA por valor de $20.000 millones» y se anexó el acta de la junta directiva de la
empresa40.
50. El 2 de noviembre de 2012, con la Resolución 179541, la SFC dispuso tomar
posesión de los bienes haberes y negocios de la sociedad comisionista Interbolsa
S.A. La medida se adoptó «con el objeto de establecer si la entidad [debía] ser objeto de
liquidación; si [era] posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Folios 2029 a 2032.
39 Folio 709.
40 Folios 706 a 708.
41 Folios 52 a 56.
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objeto social, o si se [podían] realizar otras operaciones que [permitieran] lograr mejores
condiciones para que los inversionistas [pudieran] obtener el pago total o parcial de sus
acreencias».
51. El 7 de noviembre de 2012, con la Resolución 1812, la SFC ordenó la liquidación
forzosa de la comisionista de bolsa Interbolsa S.A.42 .
52. El 14 de noviembre de 201243 el disciplinado en calidad de superintendente
financiero de Colombia puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación « los
hechos que han sido advertidos por este organismo de vigilancia y control en el curso de
las investigaciones que viene adelantando a la sociedad comisionista INTERBOLSA S.A.».
Entre ellos, informó los relacionados con el incremento del precio de la acción de
Fabricato en un 214,12 % en el año 2011 sobre lo que afirmó:
(i) «en principio, no podría encontrar sustento en aspectos fundamentales de la empresa y
tampoco en la información relevante dada a conocer al público»;
(ii) en el año 2011 se compraron y vendieron 4.252 acciones de la compañía, pero
5 inversionistas clientes de Interbolsa S.A. obtuvieron la mayor participación, estos
fueron «Alessandro Corridori con un 12.63% como persona natural y 4.77% como único
dueño de la sociedad Invertácticas SAS, la sociedad P&P Investment S.A. con un 7,88%,
la Manrique y Manrique S.A. con un 4.23%».
(iii) «Existe un grupo de inversionistas con posibles vínculos con el señor Alessandro
Corridori, los cuales pudieron haber actuado de manera coordinada con este en la
negociación de la acción FABRICATO. Entre estos, lo siguientes: Invertácticas SAS; María
Eugenia Jaramillo Palacios; Manrique y Manrique S.C.A.; P&P Investment SAS; Lina María
Barguil Manrique; Cromas S.A. y Barbex SAS».
(iv) Finalmente, manifestó que «[l]a hipótesis que se plantea es si el señor Alessandro
Corridori y los inversionistas relacionados con este, en calidad de demandantes, con un
33,34% y, oferentes, con un 23,07% habrían afectado el precio de la acción FABRICATO
durante el año 2011».
53. El 19 de noviembre de 2012, con Oficio 2012094954-182, el disciplinado como
superintendente financiero de Colombia ordenó a la BVC « la suspensión del proceso
de compensación y liquidación de todas las operaciones repo pendientes por cumplir en el
mercado de valores, sobre la especie acción Fabricato» [sic] y «la suspensión de la
negociación de la especie acción Fabricato» [sic]44.
54. La decisión se emitió con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo
9.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, 3 y 10 del artículo 291 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero y en lo reglado en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de
2005. La medida se fundamentó en la situación que presentaba la empresa
Interbolsa S.A. para la época y debido a la «significativa participación que tiene esta
sociedad comisionista en operaciones repo sobre la acción FABRICATO. A la fecha
Interbolsa S.A. hoy en liquidación, por cuenta de terceros concentra más del 90% de estas
operaciones» [sic].
42 Folios 48 a 51.
43 Folios 702 a 704.
44 Visibles en el Disco duro. Archivo «CD1, Procuraduría anexo 8».
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55. La disposición rigió en principio hasta el 23 de noviembre de 2012; la SFC la
amplió con el Oficio 201210122297 hasta el 30 de noviembre de ese año; luego con
Oficio 2012103158-000 la aplazó hasta que Fabricato S.A. revelara al mercado el
estado de sus operaciones y reorganización; y con posterioridad y luego de que
Fabricato informara acerca de su situación y estado financiero se aplazó la
suspensión hasta el 28 de febrero de 2013 con el Oficio 2013013722-000 del 19 de
ese mes y año para que los inversionistas tomaran decisiones informadas45.
56. El 27 de noviembre de 2012, el superintendente delegado para la supervisión
de riesgos de mercados e integridad [Diego Mauricio Herrera Falla] entregó a la
superintendente delegada adjunta para la supervisión de riesgos y conductas de
mercados [Rosita Esther Barrios Figueroa] copia del « informe Extra Situ sobre
inversionistas en la acción ordinaria de Fabricato S.A. cuyo periodo analizado fue enero a
diciembre de 2011 y fecha de terminación del 23 de noviembre de 2012».
57. En el informe se lee que su objeto fue el de obtener información y pruebas para
«determinar la ocurrencia o no de posibles conductas indebidas de mercado de valores en
la negociación de las acciones ordinarias de Fabricato S.A. en especial corroborar si se
pudo haber presentado manipulación del precio de la acción de este emisor». Los
funcionarios encargados de la inspección fueron Adiela Patricia Bohórquez
Rodríguez, Óscar Hernández Cruz, Lizeth Adriana Rocha Vargas, Edna Rocío
Peñuela Tovar y Claudia Maryori García Fajardo.
58. En el documento se hizo un análisis sobre la empresa Fabricato S.A. y de la
negociación de su acción. Ello comenzó con un estudio de la situación legal y
económica de la empresa en el cual se determinó que a la fecha de terminación del
informe estaba incursa en «acuerdo de reestructuración o Ley 550 de 1999» desde el
«3 de marzo de 2000», que presentaba un saldo a pagar por deudas equivalente a
$3.329 millones, y que para el año 2010 había tenido utilidades de $3.196 millones
y para el 2011 una pérdida por $5.635 millones. Asimismo, se indicó que desde el
6 de octubre de 1981 sus acciones estaban inscritas en el Registro Nacional de
Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia.
59. De igual manera, se precisó que algunos de los accionistas habían aumentado
su participación accionaria desde el primer trimestre del año 2010 hasta el cuarto
trimestre del año 2011. Específicamente se refirió a los porcentajes de los
siguientes:
45 Ibidem.
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60. En el informe también se precisó que la acción de Fabricato S.A. había sido la
más «liquida»46 durante el año 2011, de acuerdo con los boletines informativos 014
del 14 de enero, 145 del 14 de abril, 240 del 14 de julio y 351 del 14 de octubre de
ese año emitidos por la Bolsa de Valores de Colombia.
61. Adicionalmente, se determinó que el valor de la acción se incrementó entre el
año 2010 y el 2011. Así, para el primero estuvo en un rango entre $24 y $31.5 por
acción y para el segundo tuvo tendencia al alza47 «pasando de $26.20 el 6 de enero
de 2011 a $84.50 por acción para el 29 de diciembre de ese año» un incremento en el
valor de la acción del «214,12%». De igual modo, la capitalización bursátil de la
empresa48 incrementó en ese rango del último año de $222.067.104.092 a
$776.264.460.524 «lo que reflej[ó] un incremento del 249.56% por este concepto».
62. En el documento se hizo un análisis de las publicaciones que distintos medios de
comunicación realizaron sobre Fabricato S.A. en el año 2011 en las que se
anunciaba pago de sus deudas, posibilidades de oportunidades con el TLC suscrito
con los Estados Unidos, controversia sobre la justificación del incremento de la
acción, posible venta de la empresa y se examinó mes a mes.
63. Con fundamento en tal análisis de noticias se concluyó que «la acción ordinaria de
46 «Liquidez: es la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un título o un activo para
transformarlo en dinero en cualquier momento»
«Liquidez Bursátil: Término que hace referencia al mercado en general o a alguna acción específica.
Cuando se trata de este último caso, indica la facilidad que en un momento dado se tendrá para
comprar o vender determinada acción. El título de una empresa que mantenga un alto volumen de
negociación accionaria por jornada, en relación con su número total de acciones, tendrá una alta
liquidez». Glosario para el mercado de valores, SFC. https://www.superfinanciera.gov.co/glosario/l/.
47 «Alza. Tendencia a la elevación de precios de mercancías o de dinero»
https://www.superfinanciera.gov.co/glosario/l/.
48 «Capitalización. Reinversión o reaplicación de los resultados, utilidades o reservas, al patrimonio
de la empresa. Ampliación del capital pagado mediante nuevas emisiones de acciones».
«Capitalización bursátil. Es el valor dado a una empresa en Bolsa. Se calcula multiplicando la
cotización por el número de acciones que componen el capital de dicha empresa. La capitalización
de los valores cotizados en la bolsa es la que se obtiene sumando todas las cotizaciones de dichos
valores en un momento dado. Este incide se emplea para comparar mercados bursátiles.» Glosario
para el mercado de valores, SFC. https://www.superfinanciera.gov.co/glosario/l/.
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la sociedad emisora de valores FABRICATO S.A. sufrió un cambio estructural en el precio
durante el año 2011, respecto del año inmediatamente anterior, que no encuentra sustento
en aspectos fundamentales de la empresa, ni en la información relevante como tampoco
en la información pública de la misma» [sic].
64. En el informe también se determinó la relación existente entre Alessandro
Corridori y 8 empresas que invirtieron en la acción de Fabricato S.A. en el año 2011.
Para tal efecto se enlistan las pruebas que tuvo en cuenta la entidad para llegar a
tal inferencia:
Relación con
Empresa Alessandro Pruebas tenidas en cuenta por la SFC
Corridori
Representante
Información reportada por INTERBOLSA S.A. en
legal, ordenante49 y
Invertácticas SAS la visita del 6 de julio de 2012.
Propietario
• Formato de apertura de la cuenta en Interbolsa
de María Eugenia Jaramillo Palacios.
• Carta del 26 de Enero de 2010 suscrita por el
representante legal suplente de Fabricato S.A.
dirigida a la SFC en la que informó que Alessandro
Corridori le indicó que actuaba en representación
de María Eugenia Jaramillo Palacios y otro grupo
María Eugenia de «amigos».
Ordenante
Jaramillo Palacios
• Tarjeta de registro de firmas ante Interbolsa que
señala a Edwuard Jontahan Martínez Rodríguez,
quien era empleado de Invertácticas SAS
propiedad de Alessandro Corridori, como
ordenante.
-Testimonio de Edwuard Jontahan Martínez
Rodríguez.
• Oficio 201063640015 del 15 de septiembre de
2011 con el cual Alessandro Corridori le remitió a
la SFC copia de la comunicación del 3 de
diciembre de 2010 dirigida a Interbolsa, en la que
el representante legal de Manrique y Marique S.A.
[Alfonso Manrique Van Damme] lo nombró
ordenante de sus inversiones.
• Tarjeta de registro de firma del intermediario en
Manrique y Manrique la que firma como ordenante Alessandro Corridori.
Ordenante
S.A.
• Contrato cuentas de participación del 1 de enero
de 2011 suscrito entre Alessandro Corridori, como
representante legal de Invertácticas SAS de su
propiedad, y Manrique y Manrique S.A. para
asumir la Compra y venta de acciones en la BVC.
• Registro de compra y venta de acciones de
Fabricato para Manrique y Manrique S.A. por parte
de Alessandro Corridori.
• Formato de actualización de datos de los clientes
de Interbolsa S.A. en el que se registró a Edwuard
Jontahan Martínez Rodríguez, empleado de
Invertácticas SAS propiedad de Alessandro
P&P Investment SAS Ordenante
Corridori, como ordenante.
• Testimonio de Edwuard Jontahan Martínez
Rodríguez quien relató que Alessandro Corridori le
49 «Orden: Instrucción dada por un cliente a la Sociedad Comisionista para la ejecución de una
compra o una venta de valores».
https://www.superfinanciera.gov.co/glosario/o/?amp;genPag=2&genPag=3.
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Demandante: Gerardo Alfredo Hernández Correa
daba las instrucciones para las órdenes.
• Registro de compra y venta de acciones de
Fabricato para P&P Investment SAS por parte de
Alessandro Corridori.
• Formato de Registro de Firmas y Tarjeta de
Actualización de Registro de Firmas de la
comisionista de bolsa Global Securities S.A.
• Cartas de enero, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2011 suscritas por Alessandro
Corridori y dirigidas a Interbolsa en las que impartió
instrucciones para la celebración de operaciones
Lina María Barguil de recompra [repo] en nombre de Cromas SAS de
Ordenante
Manrique la cual Lina María Barguil Marique era gerente.
• Testimonio de Lina María Barguil Manrique en el
que acepta que Alessandro Corridori manejaba
todas sus inversiones y era su amigo.
• Registro de compra y venta de acciones de
Fabricato en el año 2011 para Lina María Barguil
Manrique por parte de Alessandro Corridori.
• Formato de Registro de Firmas y Tarjeta de
Actualización de Registro de Firmas de la
comisionista de bolsa Interbolsa S.A. según el cual
el ordenante de Cromas S.A. era Lina María
No se registra como Barguil Manrique.
ordenante, pero sí
Cromas S.A. que tiene relación - Según cartas de solicitud de renovación de repos
comercial con Lina para «la cuenta winsob N° 43508 (Cromas S.A.)»
María Barguil Alessandro Corridori impartió tales instrucciones
Manrique. ante Interbolsa S.A. para los meses de enero,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2011.
• Formato de Registro de Firmas y Tarjeta de
Actualización de Registro de Firmas de la
comisionista de bolsa Global Securities S.A.
• En el formato de Tarjeta de Registro de Firmas
de Person Jurídica y Apertura de Cuentas de la
comisionista de bolsa Asesoría e Inversiones S.A.
también aparece como ordenante Edwuard
Jontahan Martínez Rodríguez [empleado de
Invertácticas SAS propiedad de Alessandro
Corredri].
Barbex S.A. Ordenante
• Testimonio de Edwuard Jontahan Martínez
Rodríguez quien relató que Alessandro Corridori le
daba las instrucciones para las órdenes.
• Certificado de representación legal en la que
aparece como representante Lina María Barguil
Manrique.
• Testimonio de Lina María Barguil Manrique en el
que admitió que Edwuard Jontahan Martínez
Rodríguez trabajaba para Alessandro Corridori y
que este manejaba todas sus inversiones.
• Según reporte de apertura de cuenta ante
Interbolsa S.A. la cuenta «Corridori MC
Alessandro» era propiedad de María Carolina
Registran
Corridori MC Londoño. Para la fecha de apertura era menor de
relaciones
Alessandro edad y la representaba Claudia Jaramillo Palacio,
comerciales y de
su madre.
operaciones
bursátiles
• Testimonio de Edwuard Jontahan Martínez
Rodríguez, quien afirmó que entre Alessandro
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Corridori y Claudia Jaramillo Palacio existía una
relación sentimental.
• De acuerdo con la información de operaciones
trasmitida por la BVC a la SFC el inversionista
Corridori MC Alessandro «entiéndase María Carolina
Londoño aparece como segundo beneficiario del señor
Alessandro Corrdori» en 62 de las 162 sesiones
bursátiles de las que participó en 2011.
• El documento de definición de cuentas de
Interbolsa S.A. de la cuenta 15230 según el cual
«se indica que son comitentes de la misma el señor
Alessandro Corridori y la señorita María Carolina
Londiño».
65. Luego del análisis de múltiples documentos del año 2011 y recopilados en la
inspección, el informe del 27 de noviembre de 2012 del superintendente delegado
para la supervisión de riesgos de mercados e integridad concluyó lo siguiente:
«[…] Una vez efectuada la revisión y análisis de los siguientes aspectos: a)
fundamentales de la empresa FABRICATO S.A., b) situación legal de la sociedad
emisora de valores, sometida al régimen legal de Ley 550 de 1990 y, c) noticias
públicas e información relevante publicada por el emisor, no se encuentra soporte a
la valorización del 214,12% que presentó la acción ordinaria FABRICATO durante el
año 2011.
En principio, el alza en el precio de la mencionada especie se explica para ese año,
por la concentración presentada en la negociación de operaciones de contado por
parte del señor Alessandro Corridori y los inversionistas con relaciones comunes con
éste (Invertácticas SAS, Maria Eugenia Jaramillo Palacios, Manrique y Manrique
S.C.A., P&P Investment SAS, Lina María Barguil Manrique Cromas S.A., Barbex
SAS), los cuales demandaron el 33,34% y vendieron un 23,07% del total de acciones
transadas en el año, incurriendo posiblemente en la conducta indebida de mercado
relacionada con la manipulación del precio […]» [sic].
66. El 27 de noviembre de 2012 y con fundamento en el informe de inspección
«extra situ» referido, el superintendente delegado para la supervisión de riesgos de
mercados e integridad, Diego Mauricio Herrera, y el director de conductas de la
SFC, Juan Pablo Coy Navarro, dieron traslado del informe a la Dirección Legal de
la Delegatura para Supervisión de Riesgos de Mercados e Integridad, la Delegatura
para Supervisión de Emisores, Portafolios de Inversión y otros Agentes y la
Corporación Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia AMV para que
iniciaran las actuaciones administrativas correspondientes derivadas de los
hallazgos informados50.
67. El 26 de febrero de 201351, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales
de la PGN presentó el informe técnico decretado como prueba en el auto del 13 de
diciembre de 2012 dentro del proceso disciplinario. En él se revisó el contenido del
informe que la AMV presentó a la SFC el 10 de octubre de 2011 [con fecha 7 de ese
mes] así como el informe de esta entidad de la investigación «extra situ» del 27 de
noviembre de 2012.
68. En relación con el primero se indicó que AMV informó sobre «una posible
afectación del precio de la acción de Fabricato, por medio de una cantidad considerable de
50 Disco duro. Archivo 104 «CD66».
51 Folios 1356 a 1378.
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operaciones celebradas entre los principales accionistas de la compañía, donde se inyectó
un volumen importante en la negociación diaria de esta especie; por otro lado, se observan
22 operaciones donde se podría deducir que las acciones de las mismas pudieron haber
sido acordadas previamente y no surtieron el trámite vigente correspondiente. Se
encontraron 8 accionistas que negociaron aproximadamente el 50% del volumen transado
en el transcurso del primer semestre del año 2011 y sobre los cuales existen vínculos» [sic]
[se destaca].
69. Dentro de los accionistas que la DNIE de la PGN encontró que la AVM reportó
se encuentran Alessandro Corridori, P&P Investment S.A., Invertácticas S.A.
[identificó como representante legal a Alessandro Corridori], Valores Incorporados
S.A., Manrique y Manrique S.A. Corridori MC Alessandro, Lina María Barguil
Manrique, María Eugenia Jaramillo Palacios, Barbex S.A. [identificó como
representante legal a Lina María Barguil Manrique], entre otros.
70. En lo que respecta al análisis del informe de la SFC del 27 de noviembre de 2012
señaló que al revisar las pruebas que lo sustentaba se encontró que mediante
comunicación del 26 de enero de 2010, Juan Guillermo Palacio Monsalve,
representante legal suplente de Fabricato S.A., le manifestó a la entidad que
Alessandro Corridori le había expresado verbalmente que él y otro grupo de amigos
inversionistas actuaban en conjunto para negociar las acciones de Fabricato S.A.
71. Asimismo, encontró que la revista Dinero para el 9 de junio de 2011 había
informado del liderazgo de Alessandro Corridori sobre un grupo e inversionistas
para asumir el control de Fabricato S.A. De igual manera, halló que la SFC tenía
como prueba el oficio del 19 de julio de 2011, suscrito por Alessandro Corridori, en
el que indicó que actuaba en nombre propio y en representación de Valores
Incorporados S.A., Rentafolio Bursátil y Financiero S.A., Р&Р Invenstment SAS y
Manrique y Manrique S.C.A. El documento, enviado a la presidencia de Fabricato,
manifestó «la posibilidad de desarrollar oportunidades de negocios que puedan generar
beneficios importantes para esta compañía».
72. De ambos informes se realizó un resumen completo de su contenido y de ello se
concluyó lo siguiente respecto de la situación de Fabricato S.A.52:
«[…] Con base en la información y el análisis hecho anteriormente, se puede concluir:
a. Desde abril de 2011, la Superintendencia Financiera de Colombia tenía
conocimiento de presuntas irregularidades y deficiencias en el manejo de la
contabilidad y de las operaciones comerciales por parte de la sociedad comisionista
de bolsa INTERBOLSA S.A.
[…]
c. Desde octubre de 2011, el Autorregulador del Mercado de Valores informó a la
Superintendencia Financiera de Colombia que se pudo observar la concentración de
operaciones de inversionistas de las acciones de Fabricato.
[…]
e. En informe de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia
concluye, que el alza en el precio de la especie Fabricato se explica para el 2011, por
la concentración presentada en la negociación de operaciones de contado por parte
del señor Alessandro Corridori y los inversionistas con relaciones comunes con este
(Invertácticas SAS, María Eugenia Jaramillo Palacios, Manrique y Manrique S.C.A.,
P&P Investment SAS, Lina María Barguil Manrique Cromas S.A., Barbex SAS) […]»
52 En el informe también se analizó la situación de Coltejer S.A.; no obstante, por no ser objeto de
este proceso lo sucedido en tal empresa no se hará referencia a ello.
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[sic].
73. El 25 de abril de 2013, el liquidador de la sociedad comisionista Interbolsa rindió
informe relacionado con las operaciones repo de la acción de Fabricato 53. Al
respecto, manifestó que entre los meses de enero a diciembre del año 2011 se
presentó «un incremento del 1032% en el valor de las operaciones repo de la especia
Fabricato al pasar de un valor cercano de $16.500 millones a $186.750 millones» [sic].
Asimismo, que para el año 2012 las operaciones siguieron en aumento « hasta
alcanzar el punto de $303.300 millones en septiembre de 2012».
74. De igual manera, informó que para el 31 de octubre de 2012 tales operaciones
se concentraban en Corridori Alessandro [11.90%], P&P Investment SAS [11.78%],
Invertácticas SAS [11.74%], María Eugenia Jaramillo Palacios [11.26%], Manrique
y Manrique S.C.A. [9.65%], Valores Incorporados S.A. [5.72%] entre otros 8
inversionistas. Sobre la forma en que se realizaban las operaciones repo explicó lo
siguiente:
«eran realizadas de manera pasiva (entregando acciones-demandando liquidez) por
los clientes mencionados [los inversionistas del párrafo anterior] y de manera activa
(recibiendo acciones-entregando liquidez) por distintas personas naturales jurídicas
participantes en el mercado de valores».
75. Dentro del proceso disciplinario se decretaron y recaudaron los testimonios de
Tomás Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Óscar Nicolás Hernández, Luz Estella Díaz,
Sara Barreto, Juan Camilo Visbal, César Augusto Gómez, Juan Carlos Granados
Pino, Sebastián Pulido Fierro, María Angélica Jaramillo, Magda Fernández
Vásquez, María Carolina Becerra, Juan Pablo Coy, Adíela Patricia Bohórquez y
Paola García Aristizábal54. También la versión libre del disciplinado. Su contenido
se citará más adelante, en la medida en que la declaración sea útil y pertinente para
resolver los cargos de la demanda.
2.5. Estudio de los problemas jurídicos planteados
2.5.1. La tipicidad en el derecho disciplinario
76. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional55. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.
77. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme con leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su
turno, la Ley 734 de 2002 establece que el servidor público y el particular solo serían
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran
descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.
78. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una « categoría dogmática» que
53 Folios 1680 a 1685.
54 Disco duro. Archivo «CD4».
55 Corte Constitucional, sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
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«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido
proceso»56, así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó
solo al legislador para que estableciera qué conductas constituían una infracción de
carácter disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento
que considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede
duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»57.
79. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de
la falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador « definir de forma
abstracta y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio
de funciones públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del
servicio que le ha sido encomendado o por el abuso de su ejercicio 58»59.
80. Es decir que este principio comprende dos garantías60: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual
podrá hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados
los elementos estructurales de la conducta antijurídica»61.
81. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar
un servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente62:
«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada
de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta
disciplinable y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual
surge a su vez, una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien
tiene a su cargo el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente
incumplido.
El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar
descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una
mayor flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la
ley haga un listado detallado de absolutamente todas las conductas
constitutivas de falta63; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un
56 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00
(2388-2010).
57 Sentencia C-135 de 2016.
58 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
59 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
60 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
61 Ibidem.
62 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
63 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las conductas
reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos
disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en
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punto de vista constitucional64, la inclusión de conceptos jurídicos
indeterminados y la formulación de los tipos abiertos y en blanco que están
redactados con una amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas
en las que se encuentren consagrados los deberes, las funciones o las
prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un
proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma
congruente cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la
ley».
82. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada
apuntó a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas
siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los
comportamientos censurables», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador
disciplinario establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el
principio de legalidad previsto en el artículo 29 superior.
83. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco, también
explicó esta Sección65:
«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818 de
200566, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son “aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un
listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un
complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se
consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores
públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura
sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella
otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones,
órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”.
En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que
apunta a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su
sentido67 bajo la condición de que se “verifique la existencia de normas jurídicas
precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos
aspectos de los que adolece el precepto en blanco” exigencia que trasciende al
campo disciplinario, según lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.
No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar que
los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su alcance68,
mientras que los segundos se pueden delimitar así “El tipo abierto, como lo ha definido
su creador, es aquel en el cual el legislador no ha determinado de manera completa
la materia de la prohibición, correspondiéndole cerrarlo al juez: ‘la materia de la
prohibición no está descrita en forma total y exhaustiva por medio de elementos
objetivos’69, afirma Hans Welzel”70. Es así como los tipos en blanco se han incluido
en la clasificación de tipos según su estructura formal71, mientras que los abiertos
materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»[1], posición reiterada en sentencias C-818 de
2005 y C-030 de 2012.
64 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-393 de
2006.
65 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
66 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.
67 Ver la sentencia 404 de 2001.
68 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad Externado
de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
69 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,
Depalma, 1979, p.6.
70 Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
71 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
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ingresan en la división según su contenido72».
84. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de forma precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas, la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación entre la conducta y
la sanción.
2.5.1.1. Caso concreto
85. Gerardo Rodríguez Hernández Correa manifestó que la PGN en el acto
administrativo sancionatorio no estableció con claridad la tipicidad de la conducta
porque no identificó cuál fue el deber funcional vulnerado.
86. A su juicio, aunque la entidad le imputó el incumplimiento del deber previsto en
el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, no determinó con precisión el
contenido de este mandato al omitir delimitar (i) el deber funcional vulnerado; (ii) el
alcance de la expresión «temor fundado» incluido en la norma; (iii) el por qué el
informe del 18 de julio de 2012 que se le presentó lo generó; y (iv) si la falta de
suspensión de la negociación de la acción de Fabricato S.A. podía generar un daño
a los inversionistas. Es decir, no precisó los elementos del tipo disciplinario.
87. Pues bien, en el pliego de cargos se le imputó como faltas disciplinarias las
tipificadas en los artículos 23 y 34, numeral 1, de la Ley 734 de 2002 que hacen
alusión al incumplimiento de deberes como causal de falta disciplinaria [artículo 23]
y, específicamente, el 34.1 que indica que todo servidor público deberá «[c]umplir y
hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos,
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente».
88. En razón a que las normas contienen tipos disciplinarios en blanco para definir
su alcance es necesario remitirse a las disposiciones que contienen el deber
presuntamente desconocido, de suerte que la adecuación típica pueda hacerse a
través de un examen sistemático de todas las normas que las contienen.
89. En el presente caso, según lo expuesto en el pliego de cargos, la PGN determinó
que el disciplinado tuvo conocimiento oficial de la manipulación del precio de la
acción de Fabricato S.A. desde el 18 de julio de 2012 por parte de los inversionistas
que actuaban como clientes de Interbolsa S.A. el cual estaba sustentado en
pruebas. Asimismo, que tal saber era suficiente para que se generara un « temor»
de que se causara daño al mercado de valores73 y a los inversionistas.
72 Ibidem p.118.
73 «Mercado de valores. Lugar donde se reúnen demandantes y oferentes con el fin de facilitar el
intercambio de títulos valores, previo acceso a la información esencial».
superfinanciera.gov.co/glosario/m/?amp;genPag=2&genPag=3.
«Mercado de valores. Es la interacción entre demandantes y oferentes de valores mediante la cual
se transfieren recursos de los ahorradores (o agentes con exceso de liquidez) al sector productivo
de la economía para la financiación de empresas y proyectos. Las empresas privadas, públicas o el
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90. En esa línea, la falta disciplinaria imputada consistió en que el demandante podía
ser disciplinariamente responsable porque como superintendente financiero de
Colombia no adoptó la medida de suspensión preventiva en cumplimiento de lo
ordenado en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 y las demás que le son
propias a la Superintendencia Financiera en su función de prevención, tendientes a
evitar tales perjuicios.
91. Para la PGN con la omisión descrita, el disciplinado incurrió en el tipo disciplinario
compuesto por los artículos 23 y 34, numeral 1, de la Ley 734 de 2002 en
concordancia con las siguientes normas relativas al mercado de valores y a las
funciones del superintendente financiero:
• Artículos 325, numeral 1, literales (a) y (e), 326 inciso primero, numeral 5
literal (a) y 329, numeral 2, literales (d) y (e) del Decreto 663 de 1993.
• Artículo 6, literal (c) de la Ley 964 de 2005.
• Artículos 11.2.1.3.1; 11.2.1.4.2, numerales 1,17 con su parágrafo;
11.2.1.4.17 numeral 1, 11.2.1.1.18 numerales 10 y 11; 11.2.1.4.22 numeral
8, del Decreto 2555 de 2010.
• Artículo 1, numerales 10 y 11 de la Resolución 0830 del 16 de junio de 2009
que modificó la 1407 de 2008 que estableció las funciones del
Superintendente financiero.
• La Resolución 1407 de 2008 sobre las funciones superintendente financiero.
92. Así las cosas, para resolver este cargo, en primer lugar, se debe determinar si el
demandante, como superintendente financiero de Colombia, tenía el deber fijado en
el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005. En segundo lugar, y de resultar
afirmativa la respuesta, se deberá dilucidar si la entidad estructuró en debida forma
los elementos del tipo disciplinario y si la conducta del disciplinado encajó dentro de
sus supuestos.
93. (i) Sobre el deber de prevención del disciplinado como superintendente
financiero y su alcance
94. En consideración a que la falta disciplinaria se encuentra establecida en un tipo
en blanco [artículos 23 y 34.1 de la Ley 734 de 2002] y que por lo tanto para
completarlo debe acudirse a las otras normas que la PGN señaló como vulneradas
con el proceder omisivo del demandante, es necesario precisar que el estudio del
cargo propuesto debe hacerse de manera sistemática con la inclusión de todas esas
disposiciones porque en conjunto establecen el deber del que se endilgó su
incumplimiento.
95. Pues bien, la Constitución Política de 1991 estableció en su artículo 2 los fines
esenciales del Estado y dispuso que las autoridades de la República estarían
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus bienes
y demás derechos y libertades, entre otros; y para el cumplimiento efectivo de ese
objetivo permitió que este interviniera en la economía para garantizar que la
gobierno emiten (ofrecen) valores con el fin de captar los recursos necesarios para la realización de
sus proyectos. Por otro lado, los inversionistas compran (demandan) valores para poner a rentar su
dinero (excesos de liquidez)». Glosario:
https://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20110706163511.pdf.
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actividad privada se orientara a lograr tal propósito, especialmente, un orden
económico y social justo74. De este modo se concilió el modelo de libertad
económica, de empresa y de libre iniciativa y competencia permitida en el artículo
333 Superior con la función estatal de asegurar a todas las personas la satisfacción
de sus necesidades esenciales como lo ordena el artículo 335 ibidem75.
96. En ejercicio de tal potestad, la Constitución le confirió al presidente de la
República varias facultades para su ejecución. Entre ellas, la de reglamentar y las
funciones de inspección, vigilancia y control que puede ejercer sobre distintas
actividades, dentro de las que se encuentran la financiera, bursátil, aseguradora y
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
recursos captados del público por mandato del artículo 189.24 Constitucional y de
acuerdo con las normas que sobre el particular profiera el Congreso de la
República76.
97. La actividad señalada ha sido definida por el artículo 335 Superior como de
«interés público»77 y en tal sentido la norma ordenó que solo podía ser ejercida previa
autorización del Estado y de acuerdo con la ley, bajo la inspección, vigilancia y
control del gobierno nacional. Por tal razón, es un deber del Estado proteger los
derechos de quienes participan en tal mercado78.
98. El presidente de la República cumple esa función a través de la Superintendencia
Financiera de Colombia surgida de la fusión entre la Superintendencia Bancaria y
la Superintendencia de Valores en el año 2005 por virtud del Decreto 4327 de 2005
recopilado, derogado parcialmente y modificado por el Decreto 2555 de 201079
como un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio80.
99. El artículo 11.2.1.3.1. de este último decreto estableció el objeto de la SFC de la
siguiente manera:
«[…] ARTÍCULO 11.2.1.3.1 Objeto. El Presidente de la República, de acuerdo con la
ley, ejerce a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, la inspección,
vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión
74 Sobre el particular se puede consultar la C-150 de 2003.
75 Ver sentencia C-865 de 2002.
76 Artículo 150, numeral 19, literal d.
77 Al respecto la sentencia C- 1062 de 2003 señaló lo siguiente: « […] Ha dicho la Corte que la
actividad financiera es de interés general, pues en ella está comprometida la ecuación ahorro -
inversión que juega papel fundamental en el desarrollo económico de los pueblos.77 Es por ello que
cualquier actividad que implique esta forma de intermediación de recursos, o la simple captación del
ahorro de manos del público, debe quedar sometida a la vigilancia estatal […]».
En la sentencia C-692 de 2007 también se indicó: « [..] Frente a la actividad bursátil, que interesa a
esta causa, la Corte ha sostenido que, tal y como ocurre con la actividad financiera, dicha actividad,
por expresa disposición constitucional, es de interés público. Ello significa que el mercado bursátil
se encuentra sometido al poder de policía administrativo, es decir, a la inspección, vigilancia y control
del Estado través de la Superintendencia de Valores, hoy Financiera de Colombia, la cual debe
intervenir para mantener el mercado bursátil debidamente organizado, y velar porque quienes
participan en él desarrollen su actividad en condiciones de igualdad, transparencia y no se ponga en
peligro ni se lesione el interés público y específicamente el interés de los inversionistas […]».
78 C-940 de 2003.
79 «Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del
mercado de valores y se dictan otras disposiciones» El decreto en el artículo 12.2.1.1.4
«Derogatorias» derogó los artículos 2, 3, 4 y del 7 al 80 del Decreto 4327 de 2005.
80 Artículo 11.2.1.1.1. del Decreto 255 de 2010.
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de recursos captados del público.
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el
sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad
y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores
colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados
[…]» [se destaca].
100. Asimismo,el artículo 11.2.3.2.2 fijó las funciones generales de la SFC y
determinó que le correspondía ejercer «[…] las funciones establecidas en el Decreto
2739 de 1991 y demás normas que la modifiquen o adicionen, el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y demás normas que lo modifiquen o adicionen, la Ley 964 de 2005 y
demás normas que la modifiquen o adicionen, las demás que señalen las normas vigentes
y las que le delegue el Presidente de la República […]» [sic].
101. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establecido mediante el Decreto
663 de 1993 le atribuyó, entre otras, las siguientes funciones:
«[…] Artículo 325. La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter
técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el
Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las
personas que realicen la actividad financiera y aseguradora, y que tiene a su cargo
el cumplimiento de los siguientes objetivos:
a). Asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar porque las
instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica y
coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones.
[…]
e). Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público,
protegiendo el interés general y, particularmente, el de terceros de buena fe.
[…]
Artículo 326. Funciones y facultades de la Superintendencia Bancaria. Para el
ejercicio de los objetivos señalados en el artículo anterior, la Superintendencia
Bancaria tendrá las funciones y facultades consagradas en los numerales
siguientes, sin perjuicio de las que por virtud de otras disposiciones legales le
correspondan.
5. Facultades de prevención y sanción. La Superintendencia Bancaria tendrá las
siguientes facultades de prevención y sanción:
a) Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas
ilegales, no autorizadas e inseguras y se adopten las correspondientes medidas
correctivas y de saneamiento, cuando la Superintendencia considere que alguna
institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna disposición de
obligatoria observancia, o esté manejando sus negocios en forma no autorizada o
insegura […]».
102. En lo que respecta al superintendente financiero, el artículo 329 de la Ley 663
de 199381 especificó en su numeral 2 que le correspondía:
«[…] como jefe del organismo, en coordinación con los Superintendentes Delegados
y con la cooperación de los Directores de Superintendencia, el ejercicio de las siguientes
81 Texto que corresponde al artículo 5 del Decreto 2359 de 1993 «[p]or el cual se establece la
estructura y se determinan las funciones de la superintendencia bancaria» que en su artículo 10
determinó que: «Artículo 11. MODIFICACIONES. Los artículos 1 a 10 del presente Decreto
sustituyen en el mismo orden los artículos 325 a 334 del Estatuto Orgánico de Sistema Financiero».
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funciones […]:
[…]
d). Supervisar el cumplimiento de las leyes y normas vigentes en relación con las
entidades sujetas a su control;
e). Evaluar de manera permanente la situación, comportamiento y estabilidad de las
instituciones bajo su supervisión, utilizando el análisis de los informes
proporcionados por el sistema de vigilancia, la información recibida de las mismas
instituciones, y los resultados de las visitas de inspección y demás mecanismos
de control […]» [se destaca].
103. Asimismo, el Decreto 2555 de 201082, fijó en su artículo 11.2.1.4.2. como
funciones del superintendente financiero de Colombia, entre otras, las siguientes:
«[…] 1. Dirigir y adoptar la acción administrativa de la Superintendencia Financiera de
Colombia y el cumplimiento de las funciones que a esta corresponden.
[…]
17. Las demás que le señalen la ley y las de competencia de la Superintendencia
Financiera de Colombia que no estén específicamente atribuidas a otra dependencia.
PARÁGRAFO. Las funciones delegadas en los Superintendentes Delegados o en los
Superintendentes Delegados Adjuntos, podrán ser ejercidas en cualquier tiempo
por el Superintendente Financiero, evento en el cual aquellos, no podrán ejercer
la respectiva función. Se exceptúa de la presente disposición, la facultad asignada
a los Superintendentes Delegados Adjuntos, consistente en ordenar a título de
sanción la suspensión o cancelación de la inscripción en cualquiera de los registros
que conforman el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores […]» [se
destaca].
104. Las anteriores labores quedaron también establecidas en la Resolución 1407
del 1 de septiembre de 2008 por medio de la cual se fijaron las funciones, requisitos
y competencias laborales de la SFC, específicamente del cargo de superintendente
financiero código 0030, grado 2583.
105. Cabe precisar que el Decreto 2555 de 2010, vigente para los años 2011 y 2012,
estableció en cabeza de los superintendentes delegados la función específica
regulada en el artículo 6, literal (c), de la Ley 964 de 2005, en los siguientes
términos:
«[…] Artículo 11.2.1.4.17. Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para
Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercados.
El Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de
Mercados tiene las siguientes funciones:
1. Adoptar, dentro del ámbito de su competencia, cualquiera de las medidas
preventivas previstas en el literal c) del artículo 6° de la Ley 964 de 2005 o las normas
que la modifiquen o adicionen [...]
Artículo 11.2.1.4.18. Funciones Comunes de los Superintendentes Delegados para
Supervisión por Riesgos y Conductas de Mercados.
El Superintendente Delegado para Riesgos de Crédito, el Superintendente Delegado
para Riesgos de Mercados e Integridad, el Superintendente Delegado para Riesgos
Operativos, el Superintendente Delegado para Riesgos de Lavado de Activos y el
82 Antes de la modificación introducida por los artículos 3 del Decreto 1848 de 2016 y 2 del Decreto
2399 de 2019.
83 Folios 356 a 359.
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Superintendente Delegado para Riesgos de Conglomerados y Gobierno Corporativo,
tienen respecto de cada uno de los riesgos a su cargo, las siguientes funciones:
[...]
10. Proponer al Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y
Conductas de Mercados, la adopción de cualquiera de las medidas preventivas
previstas en el literal c) del artículo 6° de la Ley 964 de 2005 o las normas que la
modifiquen o adicionen, así como la adopción de cualquiera de las medidas
cautelares previstas para los casos de ejercicio ilegal de actividades propias de las
entidades supervisadas […]».
106. Estas funciones se encuentran señaladas en la Resolución 0830 del 16 de junio
de 2009 que fijó el manual de funciones de la entidad y que modificó en lo pertinente
la Resolución 1407 del 1 de septiembre de 2008.
107. Como se advierte, al superintendente financiero de Colombia en vigencia de los
decretos 663 de 1993 y 2555 de 2010, vigentes para los años 2011 y 2012, le
correspondía dirigir y adoptar la acción administrativa de la SFC y el cumplimiento
de sus funciones, dentro de las cuales estaba la de asegurar la confianza pública
en el sistema financiero y prevenir las situaciones que pudieran derivar en su
pérdida84. Tal propósito podía lograrlo a través del ejercicio de sus facultades de
supervisión y de prevención, que le permitían emitir órdenes para suspender
prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras85.
108. Lo anterior se acompasa con lo previsto en el literal (c) del artículo 6 de la Ley
964 de 2005, que alude a lo siguiente:
«[…] Artículo 6o. Funciones adicionales de la Superintendencia de Valores86. La
Superintendencia de Valores tendrá, en adición a las funciones que actualmente le
han sido asignadas, las siguientes:
[...]
c) Suspender preventivamente cuando hubiere temor fundado de que se pueda
causar daño a los inversionistas o al mercado de valores, una oferta pública en
cualquiera de sus modalidades; la negociación de determinado valor, la inscripción
de valores, o de los emisores de los mismos en el Registro Nacional de Valores y
Emisores; la inscripción de determinada persona en el Registro Nacional de Agentes
del Mercado de Valores; la inscripción de determinada persona en el Registro
Nacional de Profesionales del Mercado de Valores […]» [sic].
109. Aunque esta función, en principio, es competencia del superintendente
delegado adjunto para la supervisión de riesgos y conductas de mercados por virtud
del artículo 11.2.1.4.17 del Decreto 2555 de 2010, ello no implicaba que el
superintendente financiero no tuviera el deber de asegurar su cumplimiento cuando
se dieran las circunstancias que lo ameritaran y no se desplegaran las actuaciones
para remediarlas.
110. Ciertamente, su función principal era dirigir y adoptar la acción administrativa de
la SFC y garantizar la observancia de sus funciones lo que debía hacer en
coordinación con los superintendentes delegados como lo prescribe el artículo 329
de la Ley 663 de 1993. Incluso era su deber asumir la ejecución de tal función si
advertía la existencia de los supuestos que daban lugar a la suspensión preventiva
84 Artículos 325 y 326 del Decreto 663 de 1993.
85 Artículo 326 ibidem con la modificación del Decreto 2359 de 1993 [artículo 5].
86 Mediante el artículo 1o. del Decreto 4327 de 2005 se fusionó la Superintendencia Bancaria de
Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura. La entidad pasó a
denominarse Superintendencia Financiera de Colombia.
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sin que se hubiere tomado medida alguna, puesto que así lo facultaba el parágrafo
del artículo 11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de 201087.
111. En ese sentido, si se presentaba la necesidad para proteger a los inversionistas
y la confianza del mercado de valores de aplicar las medidas preventivas en el literal
(c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 y ello no se hacía por parte del órgano
encargado de la SFC, su director debía asumir la responsabilidad por tener también
a su cargo la función de prevención.
112. Lo anterior, porque, aunque los artículos 11.2.1.4.17 y 11.1.1.4.18 del Decreto
2555 de 2010 adjudicaron tal función de la SFC en el superintendente delegado
adjunto para supervisión de riesgos y conductas de Mercados, ello no significaba
que el disciplinado dejara de tener la responsabilidad como director del organismo
de velar por el cumplimiento de tal mandato y en caso de ser necesario ejercerlo
directamente.
113. En efecto, aunque las normas referidas desconcentraron88 la obligación de
tomar tal decisión y en principio en virtud de esta figura la responsabilidad recaía en
el funcionario encargado de cumplir tal función89, lo cierto es que el mismo
87 Antes de la modificación introducida por los artículos 3 del Decreto 1848 de 2016 y 2 del Decreto
2399 de 2019.
88 Sobre esta figura jurídica, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente: «2. CLASES DE
DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA 2.1. DESCONCENTRACION CENTRAL O
SIMPLEMENTE JERARQUICA: se produce cuando se otorgan funciones de las autoridades
superiores a las inferiores, pero se conserva el nivel central del órgano; es decir, se ejercen
competencias respecto de todo el territorio nacional. 2.2. DESCONCENTRACION PERIFERICA O
TERRITORIAL: se caracteriza por el desplazamiento de atribuciones de competencia a autoridades
locales. A su vez, cada una de estas dos clases de desconcentración administrativa pueden
ejercerse bajo dos títulos diferentes: 1o. DELEGACION DE FUNCIONES: consiste en que el
funcionario u organismo competente transfiere en forma específica y temporal a uno de sus
subalternos una determinada atribución. Para ello debe encontrarse legalmente facultado y además,
puede en cualquier momento reasumir la competencia. 2o. ADSCRIPCION DE FUNCIONES:
cuando es la ley la que otorga directamente a una autoridad de jerarquía inferior una determinada
función o competencia que corresponde en principio a la autoridad superior; a diferencia de la
delegación, se produce sin necesidad de ningún acto administrativo y además, la competencia no
puede ser reasumida por el sujeto u órgano al cual correspondía originariamente, salvo disposición
legal expresa». Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de agosto de 1994,
radicación 8183. M.P. Dolly Pedraza de Arenas.
89 La desconcentración reglada en el artículo 8 de la Ley 489 de 1998 ha sido explicada por la
jurisprudencia constitucional de la siguiente manera: «[…] es la variante práctica de la centralización,
y desde un punto de vista dinámico, se ha definido como transferencia de funciones administrativas
que corresponden a órganos de una misma persona administrativa. La desconcentración así
concebida, presenta estas características: “1. La atribución de competencias se realiza directamente
por el ordenamiento jurídico. “2. La competencia se confiere a un órgano medio o inferior dentro de
la jerarquía. Debe recordarse, sin embargo que, en cierta medida, personas jurídicas pueden ser
igualmente sujetos de desconcentración. “3. La competencia se confiere en forma exclusiva lo que
significa que ha de ejercerse precisamente por el órgano desconcentrado y no por otro. “4. El superior
jerárquico no responde por los actos del órgano desconcentrado más allá de los poderes de
supervisión propios de la relación jerárquica y no puede reasumir la competencia sino en virtud de
nueva atribución legal […]» Sentencia C-727 de 200. Igual postura se puede encontrar en las
sentencias T-024 de 1996, C-496 de 1998 y C-561 de 1999.
Asimismo ha sido diferenciada de la delegación de la siguiente manera: « [l]a diferencia básica entre
la desconcentración y la delegación es que la primera supone que la transferencia de funciones del
órgano superior opera directamente por mandato del ordenamiento, mientras que la delegación, si
bien presupone una autorización legal, no opera directamente por mandato de la ley, ya que implica
la existencia de un acto de delegación, puesto que la transferencia se realiza por parte del órgano
superior. Por ello, mientras que en la desconcentración de funciones, el órgano superior no puede
reasumir la función, ya que ésta fue desconcentrada por mandato legal, en cambio, en la delegación,
el órgano superior siempre puede reasumir la función, como lo señala el artículo 211 superior […]».
Sentencia C-036 de 2005.
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ordenamiento jurídico facultó al superintendente financiero para reasumirla según
quedó establecido en el parágrafo del artículo 11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de
201090.
114. En ese sentido, ante la pasividad del funcionario encargado, al disciplinado le
competía (i) requerirlo para que actuara como director de la acción administrativa
de la entidad o; (ii) tomar directamente la decisión si encontraba que se configuraron
los supuestos del literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005.
115. (ii) Configuración de los elementos del tipo disciplinario, específicamente
de los supuestos del incumplimiento del deber previsto en el literal c) del
artículo 6 de la Ley 964 de 2005
116. Como se advierte, el deber que ha de ser examinado en conjunto con los
previstos para el superintendente financiero en las otras normas citadas por la PGN
era el siguiente:
«[…] Artículo 6o. Funciones adicionales de la Superintendencia de Valores91. La
Superintendencia de Valores tendrá, en adición a las funciones que actualmente le
han sido asignadas, las siguientes:
c) Suspender preventivamente cuando hubiere temor fundado de que se pueda
causar daño a los inversionistas o al mercado de valores, una oferta pública en
cualquiera de sus modalidades; la negociación de determinado valor, la inscripción
de valores, o de los emisores de los mismos en el Registro Nacional de Valores y
Emisores; la inscripción de determinada persona en el Registro Nacional de Agentes
del Mercado de Valores; la inscripción de determinada persona en el Registro
Nacional de Profesionales del Mercado de Valores […]» [sic].
117. El deber se compone de los siguientes mandatos:
(i) el de «suspender» cualquiera de las actuaciones enlistadas en la norma. El acto
de suspender, de acuerdo con la definición de la RAE consiste en
«[d]etener o diferir por algún tiempo una acción u obra»;
(ii) la suspensión debe ser «preventiva», esto es, para
«[p]recaver, evitar, estorbar o impedir algo» . La RAE asimila el término «preventivo»93
92
usado en la norma con «protector» que protege o cuida los derechos o intereses de
la comunidad, «precautorio» que sirve de precaución, esto es, para evitar o prevenir
inconvenientes o daños que puedan temerse; y «tutelar» o proteger. Al ser de
carácter protector no se asimila a una medida sancionatoria, pues no busca
encontrar responsabilidad alguna de los participantes del mercado. Este aspecto se
encuentra reglado en otras normas de el titulo sexto de la Ley 964 de 2005 «de las
infracciones y sanciones administrativas» comprendido entre los artículos 49 a 62.
(iii) debe ocurrir cuando existiere «temor fundado de que se pueda causar daño a los
inversionistas o al mercado de valores». En ese contexto, el término «temor» se asimila
90 Antes de la modificación introducida por los artículos 3 del Decreto 1848 de 2016 y 2 del Decreto
2399 de 2019.
91 Mediante el artículo 1o. del Decreto 4327 de 2005 se fusionó la Superintendencia Bancaria de
Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura. La entidad pasó a
denominarse Superintendencia Financiera de Colombia.
92 https://dle.rae.es/preventivo?m=form.
93 Ibidem.
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a la concepción que la RAE trae como «[p]resunción o sospecha» o «[r]ecelo de un
daño futuro». Es decir, la presunción o el recelo de que en el futuro pudiera existir
afectación al mercado de valores o a los inversionistas. Tal presunción debe estar
«fundada», concepto que en el fin de la norma se refiere a «[a]poyar algo con motivos
y razones eficaces o con discursos»94.
118. De igual manera, al incluirse en la norma la expresión « de que se pueda causar
daño» implica que al momento de decidir sobre la suspensión preventiva no es
necesario que exista certeza sobre la configuración a futuro del daño95. Por ende,
en ese momento no se requiere que la autoridad cuente con todos los elementos
probatorios que le indiquen que sí o sí va a suceder de no dictarse la medida, basta
con la existencia de la simple posibilidad fundada para que proceda de conformidad.
119. Sobre este punto, esta corporación al analizar el contenido del artículo 6, literal
(c) de la Ley 964 de 2005 en un proceso disciplinario similar al presente señaló:
«[…] la generación del temor fundado bajo los presupuestos fácticos que se analizan,
no entraña un juicio de valor que requiera elevado nivel de implicación probatoria que
hasta tanto no se dé no pueda tener lugar, ello en razón a la irregularidad a la que
estaba expuesto el mercado.
Es así como el temor fundado, si bien ostenta un carácter de subjetividad, no puede
ser que no sea susceptible de valoración y mucho menos que recurriendo a criterios
como la sana crítica y las reglas de la experiencia, pueda derivarse una conclusión
sobre su concurrencia.
A pesar de que entre el 18 de julio de 2012 a noviembre de 2012, el precio de la
acción de Fabricato pudo mantenerse estable según el dicho de la defensa de la
demandante, debe resaltarse que la sola variación de la especie no es elemento
suficiente para determinar la configuración del temor fundado, pues se hace necesario
el análisis de contexto de lo que se ha denominado asimetría de la información, vale
decir, donde no todos los participantes tienen la misma información sobre los hechos
relevantes que pueden incidir en el precio de la acción. Igualmente, no se requiere
comprobar la existencia de una conducta o situación irregular o violatoria de la
normatividad del mercado, solo se necesita que se pueda causar daño a los
inversionistas o al mercado. Tampoco se requiere la certeza de la materialización del
daño en el evento que la acción siga siendo negociada, basta con que haya una
probabilidad razonable de que dicho daño se produzca […]»96.
120. Así las cosas, a la SFC le corresponde suspender algunas de las actuaciones
enlistadas en la norma al encontrar la existencia de un temor o presunción de la
posible ocurrencia de un daño futuro a los inversionistas o al mercado apoyado en
94 https://dle.rae.es/fundar?m=form.
95 En consulta elevada ante la Academia Colombiana de la Lengua sobre el significado de la
expresión "se pueda causar daño" se respondió lo siguiente: «[…] La construcción se puede
causar es una perífrasis verbal de infinitivo que expresa, en principio, posibilidad. Además, El buen
uso del español, de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua
Española, precisa: «Poder + infinitivo» manifiesta capacidad o permiso (Ya puedo mover la mano;
Puede usted pasar), y también conjetura: Podía haber allí cien personas. Así pues, al afirmar se
puede causar daño existe la posibilidad de que este se inflija cuando concurran las
circunstancias […]» (Se resalta). Academia Colombiana de la Lengua. Oficina de Información y
Divulgación. Cleóbulo Sabogal Cárdenas.
96 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B,
sentencia del 22 de julio de 2021. Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00984-00(4038-15).
En el proceso se juzgó al responsabilidad disciplinaria de la superintendente delegada adjunta para
la supervisión de riesgos y conductas de mercados de la Superintendencia Financiera de Colombia
[encargada].
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motivos reales. La toma de la decisión no requiere de la certeza de la ocurrencia del
daño.
121. Con fundamento en lo expuesto, se pasará a examinar la configuración de los
elementos del tipo disciplinario imputado. Para ello, se verificará si para el 18 de
julio de 2012 se podía concluir la existencia de un temor fundado que pudiera causar
daño a los inversionistas o al mercado de valores con la información que la SFC
recopiló en el desarrollo de la investigación administrativa que inició sobre el
comportamiento de la acción de Fabricato S.A. como lo consideró la PGN.
122. Asimismo, se deberá determinar si tal situación ameritaba que el disciplinado
emitiera alguna de las medidas preventivas incluidas en el literal (c) del artículo 6
de la Ley 964 de 2005, específicamente, la suspensión de la negociación de la
acción de Fabricato S.A. en ejercicio de su deber de adoptar la acción administrativa
de la SFC para asegurar la confianza pública en el sistema financiero y prevenir las
situaciones que pudieran afectarlo.
123. (i) Existencia del temor fundado
124. Pues bien, en el presente caso quedó probado con el «Formato de propuesta
de inspección»97 que la SFC inició el 14 de septiembre de 2011 una investigación
administrativa con el fin de determinar la ocurrencia de conductas indebidas en el
mercado de valores en la negociación de las acciones ordinarias de Fabricato S.A.,
específicamente, se refirió a la necesidad de corroborar la existencia de la
manipulación de su precio por parte de algunos inversionistas.
125. La actuación se justificó en dos hechos relevantes (i) la acumulación por parte
de los 20 principales accionistas de Fabricato del 78.62% de sus acciones, en
especial por parte de Alessandro Corridori, Invertácticas SAS, P&P Investment SAS,
Cromas S.A., Valores Incorporados, Rentafolio Bursátil y Financiero S.A. quienes
participaron de forma activa en la negociación de la acción; y (ii) el incremento del
valor de esta para esa fecha en un 173.2%, la mayor valorización en la BVC.
125.1. De igual manera, se probó que el superintendente delegado para la
supervisión de riesgos de mercados e integridad de la SFC recibió el 10 de octubre
de 2011 de parte del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia [AMV] el
informe elaborado el 7 de ese mes y año en el que se examinó la acción de Fabricato
S.A. con el fin de determinar la afectación de su precio por las « considerables
operaciones» hechas por algunos inversionistas, entre ellos a Alessandro Corridori,
P&P Investment S.A., Invertácticas y CIA Ltda., Valores Incorporados, Rentafolio
Bursátil y Financiero S.A., Manrique y Manrique S.A., Corridori MC Alessandro, Lina
María Barguil Manrique y María Eugenia Jaramillo Palacios.
125.2. En este se analizó el comportamiento de la acción y se detectó un incremento
para el primer trimestre [55.76%] y para el segundo [52.94%] contrario a la tendencia
del mercado y al IGBC. Aunque en el informe se precisó que el incremento del valor
pudo ser influenciado por la mejora en los estados financieros de la empresa y su
diversificación del mercado, se advirtió que existía una concentración de las
acciones y de su negociación en pocos inversionistas, principalmente en Alessandro
97 Disco duro. Archivo «CD66».
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Corridori, Invertácticas y CIA Ltda., P&P Investment S.A., Manrique y Manrique S.A.
y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A. quienes comenzaban a tener el control de la
compañía.
125.3. Asimismo, en el informe se precisó que durante el periodo examinado [enero
a septiembre de 2011] se detectó la posible existencia de operaciones de compra y
venta de acciones «preacordadas» entre tales inversionistas y se denunció el
incremento de operaciones repo98 en un 204% por parte de Alessandro Corridori y
P&P Investment SAS en la negociación de la acción a través de la comisionista de
bolsa Interbolsa S.A. Se señaló que esto último influyó en el incremento de su valor,
pues los inversionistas compraban acciones a través de este mecanismo de forma
apalancada para luego realizar la compra de más acciones con lo cual aumentaba
su transacción.
125.4. El informe del AVM debía ser tenido en cuenta por parte de la SFC, porque tal
entidad privada cumple con la función de autorregular el mercado. Esta actividad ha
sido entendida como una expresión de la autonomía de voluntad de los particulares
y su finalidad ha sido permitida dentro del mercado de valores de Colombia99 y
consiste en «[…] la actividad por la que los participantes del mercado de valores se
imponen así mismo normas de conducta y operativas, supervisan su cumplimiento y
sancionan su violación, creando un orden ético y funcional de carácter gremial
complementario al dictado por la autoridad formal […]»100.
125.5. En principio tal función recayó en las bolsas de valores, pero con la entrada en
vigor de la Ley 964 de 2005101 se obligó a todas las personas que realizan o llevan
a cabo intermediación de valores a conformar un ente autorregulador que cumpliera
con las funciones normativa, de supervisión y disciplinaria102. No obstante, tal tarea
no implicaba que el Estado dejara de lado su función regulatoria y de vigilancia y
control sobre la actividad bursátil, por ser un mandato constitucional y así lo
estableció la ley en mención103 al determinar que el autorregulador sería vigilado
por el Estado, este lo autorizaría para operar y verificaría que actuara en función del
interés público.
125.6. En virtud de los artículos 24 y 25 de la Ley 964 de 2005 y de lo reglado en el
Decreto 2555 de 2010104, a la autoridad autorreguladora le corresponde cumplir con
las funciones señaladas. Entre estas la de supervisión «[c]onsistente en la verificación
del cumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de
autorregulación»105, y la disciplinaria «[c]onsistente en la imposición de sanciones por el
98 Repos. Acuerdo o contrato de compra - venta de títulos mediante el cual el comprador adquiere la
obligación de transferir nuevamente al vendedor inicial la propiedad de los títulos negociados ya sean
los mismos en otras de la misma especie, dentro de un plazo y bajo las condiciones fijadas de
antemano en el negocio inicial. Es un vehículo para un crédito a corto plazo en el cual la propiedad
del título es temporalmente trasladada a quien recibe el crédito».
https://www.superfinanciera.gov.co/glosario/r/?amp;genPag=2&genPag=3.
99 Desde la expedición del Decreto ley 269 de 1960, Ley 27 de 1990 y la Ley 964 de 2005.
100 C-692 de 2007.
101 «Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras
disposiciones».
102 Artículo 25 de la ley.
103 Artículos 3, 24 a 37.
104 Artículos 11.4.1.1.1, 11.4.1.1.3., 11.4.3.1.1, 11.4.3.1.2., 11.4.3.1.4., 11.4.3.1.5.
105 Artículo 24 de la Ley 964 de 2005.
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incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de
autorregulación»106, por lo que están habilitados para adelantar investigaciones con
tal propósito107.
125.7. La AVM cumple con las funciones antedichas y fue habilitada por la SFC
mediante la Resolución 1171 de 2006108, por lo que la investigación que adelantaba
por la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato S.A. era un insumo
relevante para el objeto de la investigación adelantada por la SFC.
125.8. De acuerdo con el testimonio de Óscar Nicolás Hernández, quien para los años
2011 y 2012 se desempeñaba como profesional de la Dirección de Conductas en el
Centro de Monitoreo de la SFC encargada de adelantar la investigación, el informe
de la AMV sí fue tenido en cuenta como «un papel de trabajo dentro de la actuación»109,
pero afirmó que lo en él consignado debía ser corroborado con pruebas y de ahí la
necesidad de la investigación adelantada por la SFC.
125.9. La investigación comenzada por la SFC finalizó con el informe extra situ del 23
de noviembre de 2012 citado en el capítulo de pruebas en el que se concluyó la
existencia de la manipulación del precio de la acción de Fabricato S.A. por parte de
Alessandro Corridori como persona natural y ordenante de otras 8 empresas
[Invertácticas SAS, Manrique y Manrique S.A., P&P Investment SAS, María Eugenia
Jaramillo Palacios, Lina María Barguil Manrique, Cromas S.A., Barbex S.A. y Corridori MC
Alessandro].
125.10. No obstante, antes de este periodo se realizaron varios informes parciales
según consta en el oficio del 12 de abril de 2013 en el que se informó acerca de la
trazabilidad de la investigación y en los diferentes documentos aportados al
expediente [correos electrónicos, oficios, entre otros], pero solo el del 18 de julio de
2012 fue expuesto ante el disciplinado.
125.11. Esto último lo declaró Juan Pablo Coy110, quien desempeñó durante el periodo
de la investigación el cargo de director de conducta de la Delegatura de Riesgos de
Mercado e Integridad de la SFC. Al respecto precisó lo siguiente:
«[…] Preguntado: eso es respecto de la doctora Rosita ¿respecto al superintendente
se puede decir también que él estaba al tanto de los avances de la inspección de
Fabricato e IBMC en lo que va corrido desde febrero hasta julio y que en julio tiene
una presentación directa de ellos o usted no conoce los avances? Contestó: que yo
tenga certeza que el señor superintendente conoce avances la tengo el 18 de julio
2012 donde parte de la presentación yo la desarrollo esa presentación la decimos
40% Diego Herrera 40% Juan Pablo Coy y 20% la doctora Rosita Barros porque era
la situación, de resto yo no tengo reuniones formales con el señor superintendente a
base de supervisión los comités que están establecidos para eso son comités de
delegaturas y el despacho del señor superintendente eso es lo que yo puedo decir
[…]» [sic].
125.12. La declaración de Adiela Patricia Bohórquez Rodríguez, quien ocupó el
106 Ibidem.
107 C-692 de 2007. Vr también la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 29 de enero de 2018, radicado 25000233600020150040502 (59179).
108 «Por la cual se otorga un certificado de autorización y se inscribe un Organismo Autorregulador
en el Registro de Agentes del Mercado de Valores».
109 Grabación 1. Disco duro. Archivo «CD4» 55´:50´´.
110 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 6, 24´: 45” a 25´:40”.
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empleo de profesional especializado en la Dirección de Conductas de la Delegatura
de Riesgo de Mercados de la SFC y participó en la investigación sobre la acción de
Fabricato S.A., y Óscar Nicolás Hernández corroboran lo anterior.
125.13. Así, la primera afirmó que normalmente se hacían reuniones para rendir
informes a Juan Pablo Coy y Rosita Esther Barrios Figueroa [superintendente
delegada adjunta para la supervisión de riesgo y conductas de mercado] y que
nunca se reunió con el disciplinado o supo del envío de los documentos111. El
segundo manifestó que él le reportaba de los avances a Juan Pablo Coy112.
Adicionalmente, no hay registro documental que indique que antes del 18 de julio
de 2012 el disciplinado hubiese conocido de los pormenores de la investigación.
125.14. Por lo anterior, se infiere que antes de esa fecha, Gerardo Alfredo Hernández
Correa desconocía informes oficiales sobre la situación real que se presentaba con
la acción de Fabricato S.A. y que solo lo supo con la presentación del informe en la
reunión celebrada ese día.
126. Ahora, quedó probado con la presentación que en la reunión de esa fecha [del
18 de julio de 2012] se le expuso al disciplinado que la acción de Fabricato S.A.
para el año 2011 pasó de valer $26,20 en enero a $84,50 a diciembre de 2011, lo
que correspondía a un incremento del 214,12%. Que se le explicó que tal aumento
era injustificado al no tener correspondencia con el resultado de los estados
financieros de la empresa en los que se registraba pérdidas por $5.636 millones,
por no existir información pública relevante que lo sustentara [fundamentales de la
acción] y porque era contrario al crecimiento del IGBVC.
127. En ese sentido, se le reveló que la hipótesis que surgió de la investigación era
la posible manipulación del precio de la acción por parte de Alessandro Corridori
con la participación de personas naturales y jurídicas relacionadas con él durante el
año 2011, específicamente con Invertácticas SAS y la sociedad Manrique y
Manrique S.A. de quienes se afirmó tuvieron mayor participación en compras de la
acción que en ventas, lo que produjo el incremento del precio.
128. Asimismo, se le informó sobre las pruebas que demostraban la relación
existente entre Alessandro Corridori con las empresas enunciadas y la sociedad
P&P Investment SAS, Cromas S.A. y Valores Incorporados S.A. y las personas
naturales Lina María Barguil Manrique y María Eugenia Jaramillo Palacios,
accionistas también de Fabricato S.A. y se le advirtió sobre la habitual participación
de todas estos en el mercado de la acción de Fabricato S.A. y la realización de
operaciones repo.
129. En el informe se precisaron las relaciones existentes entre Alessandro Corridori
111 La testigo manifestó lo siguiente: «[…] Preguntado: doctora de los avances qué conocimiento
tenía el superintendente financiero para esos momentos en los avances informativos. Contestó:
doctora, yo nunca me reuní con el doctor y yo no tengo conocimiento porque nunca nunca me dijeron
de una reunión con él lo que yo hiciera, no sé a mí me pedían era las presentaciones por ejemplo
las presentaciones como para de manera muy grande ubicar en los temas a al delegado a la junta,
pero yo no tengo conocimiento de él nunca nos reunimos con él y nunca le mandamos ningún
documento también al señor superintendente. Preguntado: usted asistió a la reunión del 18 de julio
que asistió el superintendente en su despacho. Contestó: no doctora nunca he estado en el despacho
del doctor […]». Disco duro. Archivo «CD4».
112 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 1, 9´:30”.
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y los otros inversionistas y se citaron las pruebas recaudadas sobre el particular,
para la fecha, de la siguiente manera:
130. Con fundamento en las anteriores pruebas documentales, se le indicó al
disciplinado que Alessandro Corridori y los otros inversionistas podían estar
incursos en la infracción al mercado de valores prevista en el artículo 50, literales
(b) e (i) de la Ley 964 de 2005 al afectar la libre formación del precio de la acción de
Fabricato S.A.
131. Finalmente, al disciplinado se le expusieron las conclusiones del informe. Así,
se le informó que los hallazgos indicaban que Alessandro Corridori como persona
natural, representante legal de Invertácticas SAS, y controlante de la sociedad
Manrique y Manrique S.A. en el año 2011 obtuvo un poder sobre el mercado de la
acción de Fabricato S.A. en compras del 21.62% y en ventas del 15,90% del total
de las acciones negociadas lo que le había dado poder de manipulación de su
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precio.
132. Igualmente, se le precisó que estaba en espera de «consolidación probatoria» la
determinación del «poder del mercado del señor Alessandro Corrdori» con los
inversionistas mencionados en el párrafo anterior y otras empresas, entre las que
se mencionó P&P Investment SAS, Cromas S.A. y Valores Incorporados S.A. y las
personas naturales Lina María Barguil Manrique y María Eugenia Jaramillo Palacios,
puesto que entre todos alcanzaban una participación en compras de la acción de
Fabricato S.A. del 25,03% y en ventas del 18.60% del total de las acciones
transadas en el año 2011.
132.1. Así las cosas, se puede concluir que la SFC y el disciplinado como
superintendente financiero de Colombia tenían certeza para el 18 de julio de 2012
que Alessandro Corridori, como persona natural, representante legal de
Invertácticas SAS y ordenante de Manrique y Manrique S.A., tuvo poder de mercado
sobre la acción de Fabricato S.A. en un porcentaje del 21,62%.
132.2. Asimismo, que existía una alta probabilidad de que ello ocurriera también con
los otros inversionistas que se relacionaban con él [P&P Investment SAS, Cromas
S.A. y Valores Incorporados S.A., Lina María Barguil Manrique y María Eugenia
Jaramillo Palacios] lo que, según el informe, dio lugar a plantear la necesidad de
corroborar el restante porcentaje de poder de negociación hallado con la
participación de estás ultimas empresas.
133. Si bien en el informe preliminar del 18 de julio de 2012 se señaló esto último, lo
cierto es que la SFC con las pruebas que había recaudado para esa fecha ya podía
deducir que la manipulación del precio también ocurría con una alta probabilidad
con las inversiones conjuntas que hicieron Alessandro Corridori y los últimos
inversionistas mencionados.
134. En efecto, así lo manifestó Juan Pablo Coy113, abogado especialista en derecho
económico internacional, quien desempeñó durante el periodo de la investigación el
cargo de director de conducta de la Delegatura de Riesgos de Mercado e Integridad
de la SFC.
135. Al respecto declaró que para el 18 de julio de 2012 tenían conocimiento de lo
que ocurría, pero que querían corroborarlo y tener certeza. Con tal propósito afirmó
que era necesario obtener la declaración de Edwuard Jonathan Martínez [empleado
de Invertácticas SAS] y de Lina María Barguil Manrique [inversionista involucrada]
y que fueron recaudadas, la primera el mismo día [el 18 de julio de 2012], y la
segunda el 3 de agosto de ese año.
136. Al explicar tal necesidad utilizó un símil entre la realización de un «caldo» y un
«sancocho» en los siguientes términos114:
«[…] Preguntado: Me quería remitir a esa pregunta al final, pero debido a que usted
acaba de mencionar en varias oportunidades la declaración de la doctora Lina Barguil
y de Jonathan Martínez, esto es una pregunta reiterada de la Procuraduría en el
sentido de determinar ¿qué de esas declaraciones aportaban nuevo al proceso?
113 Disco duro. Archivo «CD4».
114 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 2, 37¨:27” a 40¨:37”; y 41´:48” a 43´:14”.
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porque dentro de los documentos que la misma superintendencia le envía a la
Procuraduría por parte de la dirección reposan muchos preinformes, documentos,
presentaciones, entre ellos esta que los doctores presentes ya conocen que la
presentamos en algún momento en otra declaración, en la que se determina entre
otras cosas, por ejemplo, las relaciones entre esas personas que están siendo
investigadas. Entonces, y le quiero aclarar porque es importante, esta aclaración es
la Fiscalía, la Procuraduría precisamente porque conoció de primera mano todo el
proceso que se llevó a cabo en la superintendencia, conoció todo lo que ello
encarnaba, todo lo inconmensurable de las actuaciones que fueron bastantes en su
momento; sin embargo, esto es como lo que la Procuraduría empieza a solicitar, es
como cuando, cuando un caldo se está haciendo, pues al caldo se le echan todas las
los ingredientes, entonces pero habrá quien mete el dedo todo el tiempo a ver si el
caldo está bueno, entonces habrá un momento en el que solamente una persona o
un par de personas, a unas determinadas personas les corresponde decir ese
momento en el que el caldo está bien, están suponiendo. Contestó: Para seguir con su ejemplo, nosotros teníamos caldo, pero el sancocho
solamente lo tuvimos con la declaración porque la pechuga del sancocho es ella.
[…] Es que yo no desconozco estas presentaciones [en la audiencia le mostraron las
de la reunión del 18 de julio de 2012] nosotros las proyectamos con el grupo de
trabajo. Por eso nosotros estamos teniendo una discusión de cómo le gusta o cómo
a su merced le gusta el sancocho. A mí me gusta con pechuga. Esto ocurre el 17 de
julio y la declaración precisamente nosotros aquí queremos tener la certeza que
endulza la situación y que nos la mejora considerablemente. En este momento
empezamos a hacer, empezamos a solicitar la declaración de la señora, pero la
señora creo que nos puso trabas durante un par de semanas, entonces nosotros ya
teníamos en la cabeza y en este momento de manera concomitante estamos sacando
esa declaración para que ella venga, ella se excusa varias veces y finalmente llega y
con ella podemos apuntalar estas circunstancias porque es que la señora dice en la
declaración que su inversión en que ella no conoce el mercado.
[…]
Preguntado: O sea, que la declaración de ella, lo que ustedes verifican en la
declaración de ella es corroborar lo que ya tenían probado. Contestó: era tener una
prueba un linaje superior a lo que ya teníamos. Preguntado: Ustedes determinan
eso como la cereza del […], es básicamente, entonces claro, pero, pero si el caldo,
para mi es caldo porque tiene cebolla, papa y agua, en ese momento ustedes le
querían generar otro ingrediente, pero ya había un grupo de pruebas. Contestó: Nosotros queríamos tener una, nosotros no queríamos un simple caldo, nosotros
estamos hablando de que tenemos una manipulación de un calado importante
que puede tener unas consecuencias importantes que es una situación
tremendamente compleja, nosotros queríamos un ajiaco, entonces así como los
franceses llegaron y dieron a casca el ajiaco cuando hicieron eso, que cogieron
ingredientes de los indígenas, ingredientes de los franceses y utilizaron la alcaparra,
entonces nosotros necesitábamos eso porque queríamos una circunstancia
que fuera muy importante y esa declaración en mi concepto la da tanto así que
la señora nunca hace referencia a que ella declaró que la persona, que ella no sabía
del mercado y que además la persona que le hacía sus operaciones era Corridori. Preguntado: Si yo en una manipulación de precios tengo todos los documentos, las
pruebas, todos los elementos materiales probatorios que ustedes tienen hasta el
momento, pero no tengo un reconocimiento de alguna de las personas en la calidad,
por ejemplo, de ese margen en el sentido en el que lo determinó en esa declaración,
¿no podría afirmar que hay una manipulación? Contestó:
Tendría un menor peso
probatorio y estamos hablando de probabilidades […]» [se destaca].
137. Al indagarse sobre si entre los distintos informes preliminares que presentó la
dependencia a su cargo y hasta el final del 23 de noviembre de 2012 hubo cambios
sustanciales respondió lo siguiente115:
«[…] Preguntado: esa es la primera parte y la segunda parte, entre una y otra, entre
uno y otro informe desde el punto de vista del fondo del tema que a ustedes los
ocupaba ¿existían variaciones fundamentales en ese sentido? Contestó: Todos los
115 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 2, 23´:22” a 24´:39”.
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preinformes tienen que tener algún avance entre ellos. Nosotros vamos trabajando
como lo vamos haciendo. Es que nosotros lo vamos numerando, entonces proyecto
uno, proyecto dos, se le pone la fecha y se va mejorando y cada día el que sucede al
anterior es un poco mejor. Hay momentos en que hay saltos más grandes que
otros, o sea el momento cuando tenemos las declaraciones de Martínez y de
María Barguil. Es el momento donde consideramos que hemos dado un salto
importante. Pero digamos también tenemos un salto importante cuando
después de analizarlo mucho casi que como una banca de inversión decimos
los fundamentales no nos están convenciendo, cuando los pusimos y revisamos,
imagínense que es coger todas las noticias publicadas y referenciadas respecto a
Fabricato y empezar a analizarlas todas y cada una. Preguntado ¿Para qué época
fue eso? Contestó. Esto de las noticias tiene que ser como febrero de 2012 y las
declaraciones ya manifesté creo que ocurrieron entre julio y agosto de 2012
[…]» [se destaca].
137.1. Se deduce de la declaración de Juan Pablo Coy, que la SFC para la reunión
del 18 de julio de 2012 contaba con suficientes elementos de prueba para
considerar, con grado de probabilidad, que Alessandro Corridori junto con otro grupo
de inversionistas podía estar manipulando el precio de la acción de Fabricato S.A.
Asimismo, que la intención de la entidad fue reforzar tal conclusión y llegar a un
grado de certeza mayor, por lo que optó por recaudar los testimonios de Edwuard
Jonathan Martínez y de Lina María Barguil Manrique. Sin embargo, el testigo habló
de manera genérica y no explicó respecto de cuáles inversionistas se requería
recaudar más información.
137.2. Con todo, el declarante también afirmó que durante la investigación existieron
dos momentos hitos que fundamentaron los resultados del informe. El primero con
el análisis efectuado de los datos fundamentales de la empresa en el mes de febrero
de 2012, y el segundo con la toma de las declaraciones de Edwuard Jonathan
Martínez [julio de 2012] y de Lina María Barguil [agosto de 2012]. Esto quiere decir
que antes de la toma de las declaraciones la SFC ya contaba con elementos de
juicio (pruebas) serios sobre los inversionistas respecto de los cuales no tenía
incidencia las declaraciones que demostraban la participación en la manipulación
del precio de la acción.
137.3. Lo anterior lo corroboró la declaración de Adiela Patricia Bohórquez
Rodríguez116, abogada especialista en Derecho Financiero y Bursátil, quien ocupó
el empleo de profesional especializado en la Dirección de Conductas de la
Delegatura de Riesgo de Mercados de la SFC y participó en la investigación sobre
la acción de Fabricato S.A. La testigo, aunque a lo largo de su declaración afirmó
que el testimonio de Lina María Barguil Manrique era necesario para determinar la
relación entre Alessandro Corridori y otros inversionistas, se contradijo y finalmente
aceptó que solo era indispensable para corroborar su actuación en el entramado
dirigido por este último.
137.4. Ciertamente, en un principio manifestó que, aunque la SFC tenía en su poder
documentos que daban cuenta de la relación comercial de Alessandro Corridori con
los otros inversionistas en la investigación «[…] no habíamos visto que era lo que
hacían en el mercado. Entonces, a efectos de la conducta de manipulación del mercado
teníamos que tener la relación para el mercado, para efectuar las operaciones en el
mercado de valores y lo que y la que nos dio la relación de ellos en el mercado de valores
116 Disco duro. Archivo «CD4».
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fueron esas declaraciones. […]»117. No obstante, seguidamente señaló que esa
actuación en el mercado para los otros inversionistas ya se había detectado porque
actuaron por intermedio de Interbolsa S.A., pero que faltaba determinar la de Lina
María Barguil Manrique. Lo expresó del siguiente modo:
«[…] porque es que yo para demostrar una conducta de mercado tengo que mostrar
no que las personas son amigas o que las personas tienen relaciones comerciales,
sino que ellos actuaron en el mercado de valores coordinadamente con el propósito
de elevar el precio de la acción, que fue lo que finalmente se logró mostrar ahí.
Estaban ellos coordinados. Entonces, hasta ese momento uno adquiere la convicción
de que efectivamente hiciera así. Y fue la parte más difícil de conseguir. ¿Por qué?
Porque esa es la única inversionista que no está por Interbolsa. Los otros fue
facilísimo encontrarlos porque todos estaban por Interbolsa. Entonces, la
comisionista ya nos había dado su hoja de vida, qué invertían, qué hacían. Pero
Lina, ella hacía operaciones a través de dos comisionistas de bolsa diferentes
a Interbolsa. Y además el ordenante no era corredor, el ordenante era el señor
Martínez, que después descubrimos que era el señor corredor y les daba las
instrucciones para hacer las operaciones. Por eso, en ese momento fue que nosotros
simplemente dijimos si ella está en las operaciones, que sí sea por el mercado. O si
no, no se hubiera podido incluir ella ahí. Y seguramente la habíamos descartado
[…]»118 [se destaca].
137.5. Finalmente, la PGN pretendió confirmar que Adiela Patricia Bohórquez
Rodríguez lo que quería decir en su declaración era que el testimonio de Lina María
Barguil Manrique era necesario para corroborar su relación personal y comercial
con Alessandro Corridori y no la de los otros inversionistas que la SFC ya había
identificado. Para ello la interrogó de la siguiente forma:
«[…] Preguntado: usted dice, con su aclaración respecto de las relaciones de Lina
en términos del mercado de valores y cómo actúa en el mercado de valores Lina
Barguil, su declaración fue fundamental también para determinar las relaciones entre
P&P, Investment, Invertácticas, Jaramillo Palacio María Eugenia, Manrique Manrique.
Es decir ¿sin su declaración, las demás relaciones tampoco hubieran estado
claras? Y otra pregunta, antes de que nos conteste, por favor. Lo mismo, me refiero,
¿la declaración pertinente de cada una de las personas que sean parte de esa
sociedad se hizo respecto de Jaramillo Palacio María Eugenia, respecto de P&P
Invesment, por ejemplo?
Contestó: Bueno, hay una cosa. Esa declaración sirve para efectos de ese
inversionista y su relación que son Lina como persona natural, como
administradora de Cromas, como administradora de Barbex. Entonces no era
sólo para ella. Era establecer la relación respecto de tres inversionistas donde
ella estaba y saber qué era lo que pasaba. Entonces fue importante para
establecer lo de Barbex, Cromas y ella. Que eran tres de los ocho investigados.
Y los otros investigados, uno va mirando las relaciones de ellos y puede que existan
o no existan. Y hay medios de verificarlos. Entonces, por ejemplo, cuando tú entras a
valorar si es necesario decretar una prueba, tú miras si hay otras pruebas con las que
ya tienes el convencimiento de lo que vas a estar buscando. Entonces, por ejemplo,
nosotros ya para María Eugenia no necesitábamos ponerla a declarar a ella porque
es que María Eugenia nos habló, por ejemplo, del señor Martínez. Entonces no es
necesario que hubiéramos sentado a cada uno de los inversionistas para saber
qué era lo que están haciendo porque nosotros ya sabíamos por pruebas
documentales y de otra especie que era lo que estaban haciendo cada uno.
Entonces, el desarrollo de la investigación lo que nos mostró era que
necesitábamos hacer unas declaraciones para esas personas […]»119 [Se
destaca].
117 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 2, 2:00´:23” a 2:00´:42”.
118 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 2, 2:57´:23” a 2:02´:14”.
119 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 2, 2:03´:50” a 2:06´:01”.
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137.6. Así las cosas, las declaraciones de Juan Pablo Coy y de Adiela Patricia
Bohórquez Rodríguez coinciden en que lo que se buscaba con la declaración de
Lina María Barguil Manrique era constatar que participó como persona natural y
como representante legal de Barbex y accionista de Cromas S.A. en la red creada
por Alessandro Corridorí para manipular el precio de la acción de Fabricato S.A. Su
declaración no determinaba la relación de este último con Invertácticas SAS,
Manrique y Manrique S.A., P&P Investment SAS, y María Eugenia Jaramillo
Palacios, pues esta ya se había acreditado para el 18 de julio de 2012.
137.7. Lo anterior se refuerza si se analiza el despliegue probatorio que la SFC
emprendió luego de la fecha aludida, puesto que no lo dirigió a revisar las
operaciones sobre la acción de Fabricato S.A. de Alessandro Corridori como
persona natural, de Invertácticas SAS, de Manrique y Manrique S.A., de P&P
Investment SAS, de Valores Incorporados S.A. y María Eugenia Jaramillo Palacios.
Ciertamente, las pruebas decretadas y recaudadas pretendieron establecer la
relación de Lina María Barguil Manrique y de las empresas en las que tenía
incidencia con Alessandro Corridori.
137.8. Enefecto, de acuerdo con la trazabilidad del trámite de la investigación
informado a la PGN por la SFC, con el oficio del 12 de abril de 2013 se decretó el
testimonio de Lina María Barguil Manrique y de Edwuard Jonathan Martínez
Rodríguez, con los que se comprobó que Alessandro Corridori, a través de este
último o de manera directa, manejaba las inversiones de la mencionada y de las
empresas que tenía bajo su control [Cromas S.A. y Barbex S.A.].
137.9. Asimismo, el documento indica que se indagó sobre las inversiones que la
sociedad Barbex S.A. realizó por intermedio de las comisionistas de bolsa
Inversiones S.A. y Global Securities S.A. Las demás actuaciones se relacionaron
con la elaboración de varios borradores del informe de la inspección extra situ
realizada a Fabricato S.A.
137.10. Así las cosas, las declaraciones de Juan Pablo Coy y de Adiela Patricia
Bohórquez Rodríguez corroboraron la conclusión a la que inicialmente se llegó en
esta providencia según la cual, la SFC para el 18 de julio de 2012, fecha en que el
disciplinado conoció el informe preliminar de la investigación administrativa, ya tenía
suficientes elementos probatorios que demostraban que Alessandro Corridori, como
persona natural, representante legal de Invertácticas SAS y ordenante de Manrique
y Manrique S.A. y por relaciones comerciales con P&P Investment SAS, y María
Eugenia Jaramillo Palacios, en el año 2011 manipuló el valor de la acción de
Fabricato S.A.
137.11. También cabe precisar que con las pruebas citadas en el informe final del 23
de noviembre de 2012, identificadas en esta providencia cuando se resumió el
contenido de tal documento, se pudo constatar que las documentales todas se
relacionan con formatos de apertura de cuentas en Interbolsa, tarjeta de registro de
firmas ante esa comisionista, registros de compra y venta de acciones, contrato de
cuentas de participación, certificados de representación legal y comunicaciones
suscritas por Alessanro Corridori todas anteriores a la reunión del 18 de julio de
2012. Solamente los testimonios que se citan en el informe de Edwuard Jonathan
Martínez Rodríguez y Lina María Barguil Manrique fueron posteriores a esa fecha.
El primero de igual día pero luego de la reunión y el segundo del 3 de agosto de ese
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año.
137.12. Esto último corrobora que la SFC para la reunión del 18 de julio de 2012 en
la que se le expuso al demandante la situación de la manipulación de la acción de
Fabricato S.A. ya tenía a su disposición casi la totalidad de las pruebas que luego
sustentaron el informe de inspección final.
138. Ahora bien, en cuanto a los efectos de la manipulación del precio en el mercado,
Óscar Nicolás Hernández, economista y quien para los años 2011 y 2012 se
desempeñaba como profesional de la Dirección de Conductas en el Centro de
Monitoreo de la SFC encargada de adelantar la investigación, manifestó en su
testimonio sobre el riesgo120 que implicaba para el mercado una conducta de tal
naturaleza, lo siguiente121:
«[…] Preguntado: Que se permita operar en el mercado de valores a un emisor o
que se permita que unos inversionistas generen un precio que no es representativo
de la oferta y la demanda ¿representa riesgos para el mercado de valores y para los
inversionistas? Y si es así, ¿qué clase de riesgos, por ejemplo?
Contestó: Digamos que en los mercados de valores los precios reflejan la interacción
de la oferta y la demanda de los activos que se están transando en bolsas de valores.
Tratar de influir de manera deliberada dentro de los precios de un activo es algo contra
natura del mercado de capitales, del mercado de valores. Por eso es que nosotros en
nuestras actividades nos proponemos que el desarrollo no solamente de lo que se
haga como actividad de monitoreo y se haga como desarrollo de las actividades de
conducta, sino de superintendencia como tal, como objetivo de las superintendencias
misionales, es la transparencia y la integridad de los mercados.
Un activo que en sus transacciones en bolsa no refleje el precio verdadero es como
si los inversionistas estuvieran accediendo a información falsa, engañosa, con
respecto a la cual están tomando sus posibles decisiones de inversión. Si una
acción es manipulada en el mercado, un inversionista no tiene una información
verdadera de lo que se refleja en el precio de esa acción y es una decisión
desinformada. Eso es un riesgo, entonces la transparencia del mercado es
importante para que los inversionistas, que es una parte de los objetivos misionales
que tiene la experiencia, que los inversionistas operen en un mercado que sea
transparente, que sea íntegro, que la información sea completa y que esté a
disposición de todos los inversionistas en igualdad de condiciones […]» [se destaca].
139. Más adelante al ser interrogado de nuevo sobre este punto se le preguntó lo
siguiente:
«[…] Preguntado: ¿Podríamos decir que afecta la confianza del público en la
manipulación? Respondió: Puede afectar la confianza del público en el sistema sin
limitarse a ello. Cuando la gente dice que hay especies en bolsa que su precio
no refleja las verdaderas circunstancias económicas de un emisor pues la gente
pierde confianza en ese sistema y nosotros como objetivo misional tenemos, entre
otros, darle confianza a los inversionistas para que tomen sus decisiones de inversión
de manera informada. Entonces una manipulación de precio es ir en contra de la
verdadera realidad económica de una empresa conforme a la cual algunos
120 «Riesgo. Es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En términos
generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la inversión. Existen varias
clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquides, de tasa de cambio, riesgo de tasa de
interés».
«Riesgo de mercado. Es el riesgo generado por cambios en las condiciones generales del mercado
frente a las de la inversión».
«Riesgo de precio. Es la contingencia de pérdidas por variaciones en los precios de los instrumentos
frente a los del mercado».
https://www.superfinanciera.gov.co/glosario/r/?amp;genPag=2&genPag=5.
121 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 1, 34´:35” a 36´:23”.
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inversionistas podrían estar tomando decisiones equivocadas […]»122 [se
destaca].
140. Por su parte la AVM al proferir doctrina especializada sobre la materia123 ha
señalado que «la manipulación del mercado es un tipo de fraude que crea una impresión
falsa o engañosa sobre la actividad del mercado». Y agregó que «[e]l efecto [e]ngañoso
se presenta por inducir “[...] a las personas a transar un valor o por elevar su precio a un
nivel artificial”». Señaló que la manipulación se da por dos causas específicas «[l]a
divulgación de información falsa o engañosa [y] la utilización de mecanismos para
distorsionar el mercado».
141. De igual modo, el estudio expone que en la formación de los precios es vital que
la información sea veraz, puesto que «ella es la base sobre la cual los individuos toman
decisiones en el mercado». Y en esa medida, se indicó que si «[…] un precio que se ha
formado en un mercado profundo en el cual existe información transparente es una fuente
irremplazable de confianza para todos los participantes, pero de manera especial, para la
gran masa de inversionistas que no son profesionales o sofisticados […]».
142. En esa línea, se advirtió que la indebida formación del precio afecta la eficiencia
del mercado al enviarse señales que no corresponden con la realidad. Por lo que
«[e]stas impresiones engañosas producen un precio “artificial” que no refleja la verdadera
valoración del activo por parte del mercado». Y en tal sentido «[l]a existencia de
información falsa o engañosa conlleva a una reducción en la eficiencia del mercado en la
medida en que las decisiones sobre la transacción de los valores no son tomadas con base
en fundamentos correctos. Lo anterior, como ya se mencionó, trae consecuencias para la
liquidez y desarrollo del mercado […]».
143. En esas circunstancias, es dable concluir que para el 18 de julio de 2012 había
razones suficientes para que la SFC considerara la existencia del temor fundado
de que trata el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 para la procedencia de
la adopción de la medida preventiva porque:
(i) la SFC había detectado que Alessandro Corridori como persona natural, como
representante de Invertácticas SAS y como controlante de la sociedad Manrique y
Manrique S.A. había realizado compras y ventas de la acción de Fabricato S.A. en
una cantidad que le había otorgado un poder sobre el mercado que le permitía
manipular su precio;
(ii) la entidad había encontrado probada la relación de Alessandro Corridori con los
inversionistas P&P Investment SAS, y Valores Incorporados S.A. y María Eugenia
Jaramillo Palacios y que en conjunto habían invertido en la compra de la acción de
Fabricato S.A. lo cual también permitió manipular su valor;
(iii) para el 18 de julio de 2012 solo restaba corroborar la relación de Alessandro
Corridori con Lina María Barguil Manrique y que esta participó como persona natural
y como representante legal de Barbex y accionista de Cromas S.A. en la red creada
por el primero para manipular el precio de la acción de Fabricato S.A.
122 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 1, 12´:46” a 1:13´:39”.
123 Documento denominado «El descubrimiento de precios Enel mercado de valores». Autoría de
Autorregulador de Valores de Colombia [AMV]. https://amvcolombia.org.co/documentos-de-
investigacion-y-analisis/.
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(iv) era posible prever la ocurrencia de una afectación a los inversionistas de
Fabricato S.A. y en general a la confianza del mercado de valores, puesto que se
sabía sobre la existencia de la manipulación del precio de la acción y, por lo tanto,
que se negociaba en el mercado con base en un valor que no era el real y muy por
encima del que correspondía, es decir, otros inversionistas ajenos a la red de
Alessandro Corridori invertían en la acción sin contar con la información verdadera.
(ii) el deber de emitir medidas preventivas
144. El conocimiento que tenía la SFC de la manipulación de la acción de Fabricato
S.A. la facultaba para ejercer la medida de suspensión preventiva de su
negociación, como lo ordenaba el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005,
pues solo así podía evitarse o mitigarse el daño eventual que pudiera ocurrir.
145. Si el superintendente delegado adjunto para la supervisión de riesgos y
conductas de mercados a quien correspondía en principio por mandato del artículo
11.2.1.4.17. del Decreto 2555 de 2010 no emitía la medida, el disciplinado como
superintendente financiero de Colombia debía asumir tal responsabilidad, en virtud
de su función de dirigir y adoptar las acciones administrativas propias de la SFC
entre las que se encontraba la de emitir órdenes para suspender prácticas ilegales,
no autorizadas o inseguras en el mercado.
146. Al no hacerlo faltó al deber que le imponía el cargo que desempeñaba contenido
en el artículo 6, literal (c) de la Ley 964 de 2005 en concordancia con los artículos
325, numeral 1, literales (a) y (e), 326 inciso primero, numeral 5 literal (a), 329,
numeral 2, literal d) y e) del Decreto 663 de 1993; 11.2.1.3.1; 11.2.1.4.2, numerales
1 y 17 con su parágrafo; 11.2.1.4.17 numeral 1, 11.2.1.1.18 numerales 10 y 11;
11.2.1.4.22 numeral 8 del Decreto 2555 de 2010; y la Resolución 1407 de 2008.
147. Lo anterior coincide con la descripción que la PGN hizo del cargo imputado en
el pliego de cargos y en el acto sancionatorio, según se puede extraer del resumen
que se hizo de tales actuaciones. Por lo tanto, no es cierto, como la afirmó el
demandante, que en la descripción típica de la conducta la entidad divagó al
determinar el deber vulnerado y al describir el «temor fundado». Por el contrario, fue
específica al hacerlo y al expresar las razones del porqué para el 18 de julio de 2012
ya existía tal temor y los daños eventuales que pudiera causar la negociación de la
acción.
148. Por lo anterior, se concluye que la PGN sí identificó de manera correcta los
elementos del tipo disciplinario y la conducta del disciplinado sí encajó dentro de
sus supuestos. En esa medida, el cargo de la demanda no prospera.
2.5.2. La ilicitud sustancial en el derecho disciplinario
149. La función pública alude al conjunto de actividades que les compete desarrollar
a los órganos del Estado para cumplir con sus fines y la satisfacción del interés
general124. Los encargados de ejecutar o materializarla son los servidores públicos
124 En la sentencia C-631 de 1996, la Corte Constitucional señaló que «[l]a función pública, implica
el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el
fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo, asegurar la
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a través del ejercicio de las funciones propias de sus cargos.
150. La vinculación de los ciudadanos en tal calidad les genera una relación de
dependencia especial para con el Estado. Tal nexo conlleva que deban asumir
cargas y obligaciones adicionales a las de los demás, en cuanto su propósito es
cumplir los fines esenciales de aquel. Es por ello por lo que el artículo 6
Constitucional establece que «[l]os particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por
la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones […]»
[se destaca].
151. En ese sentido, el vínculo especial entre Estado y servidor público es el que «[…]
determina no sólo el ámbito de maniobra de las autoridades con miras a la realización de
los fines estatales, sino que también precisa el correlativo espacio de su responsabilidad
[…]»125. Esto concuerda con la exigencia del artículo 122 Constitucional según el
cual «[n]ingún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir
y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben […]» y con lo
previsto en el artículo 123 ibidem que señala que los servidores públicos «[…]
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]».
152. De este modo, desde las normas constitucionales se indicó que la
responsabilidad de los servidores públicos se configura por la extralimitación en el
ejercicio de sus funciones y por infringir la Constitución y las leyes, dentro de los
que se encuentran los principios de la función administrativa señalados en el artículo
209 de la Carta Política, a saber: los de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad126. Por ello, el artículo 27 de la Ley 734 de 2002
establece que «[l]as faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por
extralimitación de sus funciones […]».
153. Ahora bien, en materia disciplinaria, el artículo 5 ibidem reguló la ilicitud
sustancial de la siguiente manera: «[…] [l]a falta será antijurídica cuando afecte el deber
funcional sin justificación alguna [...]». El enunciado normativo señala que la falta es
«antijurídica» cuando afecta el «deber funcional» sin justificación. La antijuricidad a la
que refiere el artículo ha sido entendida como un actuar contrario al ordenamiento
jurídico que puede darse por el desconocimiento de los deberes, prohibiciones, del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
intereses.
154. Sin embargo, la falta no se configura solo con la adecuación del comportamiento
al tipo disciplinario [antijuridicidad formal]. Para que la conducta sea relevante en el
campo disciplinario, es necesario que quebrante los deberes funcionales
encargados al servidor público de una manera «sustancial», de modo que afecte la
realización de sus fines. Se dirige a la atención y satisfacción de los intereses generales de la
comunidad […]»
125 Sentencia C-252 de 2003.
126 Esta corporación al respecto ha dicho que «[…] la función pública envuelve el desarrollo de
labores asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento, con las cuales se pretende: i) cumplir
los fines del Estado y; ii) la satisfacción del bien general. Por ende, la ejecución de la misma conlleva
que quienes deben cumplirla lo hagan con respeto y acatamiento de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209
de la Constitución Política […]». Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de mayo de 2018,
radicado 11001-03-25-000-2013-01092-00 (2552-13).
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consecución de los fines del Estado. En ese orden, sobre la antijuridicidad se ha
señalado lo siguiente:
«[…] debe tenerse en cuenta que el artículo 5.º de la Ley 734 de 2002 asimiló los
conceptos de “antijuridicidad” con el de “ilicitud sustancial” luego, en consideración a
ello, es claro que no puede simplemente analizarse el primer término aisladamente,
sino que es menester que a este se agregue el adverbio “sustancial”, aspecto que
repercute de forma directa en el análisis que debe observarse cuando de juzgar una
actuación de un servidor público a la luz del derecho disciplinario se trata.
[...] la referencia a sustancial en relación con la ilicitud significa que la infracción del
deber sustancial debe tener cierta relevancia, importancia o esencial frente a los fines
del Estado, la satisfacción del bien general y los principios de la función pública.
En términos generales, esto quiere decir, que la actuación u omisión del servidor
público violatoria de sus deberes, es decir, contraria a derecho (ilicitud), debe
desembocar en una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado y
por tanto del servicio público (sustancialidad) y en esa medida puede decirse, pese a
que la ley no lo mencionó de este modo, que cuando estas dos características
confluyen se está en presencia de una “antijuridicidad sustancial”, requisito
indispensable para que pueda afirmarse que se configuró una conducta disciplinaria
susceptible de ser sancionada [...]»127.
155. El concepto de «antijuridicidad sustancial» conlleva dejar de lado como conductas
sancionables por el derecho disciplinario aquellas que, pese a encajar en los
supuestos de tipicidad del tipo disciplinario, no tienen el alcance de afectar la función
pública, esto es, el adecuado funcionamiento del Estado y la consecución de sus
fines. Sobre el particular, la Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad
del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 manifestó lo siguiente:
«[...] Para la Corte, como se desprende de las consideraciones preliminares que se
hicieron en relación con la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro que
dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige
a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus
funciones. En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal,
las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes
cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr
el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección
del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su
cargo una función pública.
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que
orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por
la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber
el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la
disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que
se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines,
lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta [...]»128 [Se
destaca].
156. De igual manera, cabe precisar que la antijuridicidad de la conducta reglada en
el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 no exige la materialización de un resultado lesivo
o dañino al Estado para que sea sancionable, como sí lo reclama tal concepto en el
derecho penal. En el primero, según se expuso, basta con que la conducta afecte
el deber funcional y, por ende, los fines del Estado sin una justificación para que se
127 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de mayo de 2018, radicado
11001-03-25-000-2013-01092-00 (2552-13).
128 Sentencia C-948 de 2002.
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configure la falta disciplinaria.
157. Esta distinción entre la antijuridicidad en el derecho penal y en el disciplinario se
explica por la diferencia entre la finalidad y los bienes jurídicos que protegen. Así,
mientras que el primero busca resguardar «[…] el orden social en abstracto y su
ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores […]»129, el segundo
protege la organización y funcionamiento del Estado, con el fin de amparar el interés
público, esto es «[…] tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de la
gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado
en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro
[…]»130.
158. En lo que respecta al concepto de «deber funcional» de que trata el artículo 5 de
la Ley 734 de 2002, la jurisprudencia lo ha definido como «[…] (i) el cumplimiento
estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la
Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el
cumplimiento de los deberes funcionales [...]»131 y en ese orden, ha dicho que «[s]e
infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la función
pública en cualquiera de esas dimensiones [...]»132, siempre que se afecte la función
pública y la consecución de los fines del Estado.
159. En conclusión, la conducta del servidor público será sancionable si se
comprueba que con ella vulneró su deber funcional, es decir, que actuó en contra o
con extralimitación de las funciones que le otorgó el ordenamiento jurídico
[antijuridicidad]. Pero, además, ese quebrantamiento del deber debe ser sustancial
[antijuridicidad sustancial], esto es, que conllevó una real y efectiva afectación del
buen funcionamiento del Estado, del interés general y/o de la función pública133, sin
que sea necesario que se hubiese materializado un daño en contra del Estado.
160. Sin embargo, el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 especificó también que ello
ocurre, siempre que la conducta antijurídica que afectó el deber funcional carezca
de justificación. Tal postulado significa que el comportamiento no esté excusado por
alguna de las causales de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 28
ibidem.
2.5.2.1. Caso concreto
161. Gerardo Alfredo Hernández Correa para debatir la configuración de la ilicitud
129 Sentencia C-1161 de 2000. Sobre la antijuridicidad en el derecho penal en la sentencia C-420 de
2002 se explicó que «[…] el delito debía tener un contenido de ilicitud no solo formal frente a la norma
sino también un contenido material que consistía en la lesión o, al menos, en la puesta en peligro de
un bien jurídico. Así, la injusticia del delito radicaba en la afección de derechos ajenos […]». A su
vez la antijuridicidad en el derecho penal se encuentra regulada en el artículo 11 del Código Penal
de la siguiente manera: «[…] Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o
ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado por la ley penal […]».
130 Sentencia T-146 de 1993. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Segunda. Subsección B. sentencia del 16 de abril de 20158, radicado 11001-03-25-000-
2012-0352-00.
131 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de mayo de 2014.
radicado: 11001-03-25-000-2011-00268-00(0947-11).
132 Ibidem.
133 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de mayo de 2018, radicado
11001-03-25-000-2013-01092-00 (2552-13).
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sustancial planteó dos argumentos que se resolverán en su orden, a saber:
162. (i) que la falta de precisión en la identificación de la tipicidad de la conducta
juzgada conllevó a que la PGN no pudiera establecer la ocurrencia de la ilicitud
sustancial, pues no especificó cuál fue el deber funcional desconocido. A su juicio,
tal proceder vulneró los artículos 5 de la Ley 734 de 2002 y 1 de la Ley 964 de 2005.
163. Frente a este punto debe señalarse que no le asiste razón al demandante
porque en el capítulo precedente se estableció que la PGN sí identificó de manera
precisa los elementos del tipo disciplinario y, por lo tanto, el deber funcional
vulnerado.
164. Como quedó probado, la entidad en el pliego de cargos y en el acto
sancionatorio determinó que la conducta consistió en que el demandante omitió
proferir la medida preventiva de suspensión de la negociación de la acción de
Fabricato S.A. como le correspondía en calidad de superintendente financiero de
Colombia en virtud de los deberes previstos en el artículo 6, literal (c) Ley 964 de
2005 en concordancia con los artículos 325, numeral 1, literales (a) y (e), 326 inciso
primero, numeral 5 literal (a), 329, numeral 2, literales (d) y (e) del Decreto 663 de
1993; 11.2.1.3.1; 11.2.1.4.2, numerales 1,17 con su parágrafo; 11.2.1.4.17 numeral
1, 11.2.1.1.18 numerales 10 y 11; 11.2.1.4.22 numeral 8 del Decreto 2555 de 2010;
y la Resolución 1407 de 2008. Y en esa medida desconoció los artículos 23, 34.1
de la Ley 734 de 2002.
165. De esta manera, la PGN sí precisó con claridad en qué consistió la
antijuridicidad formal de la conducta, pues la imputación se refirió a una omisión que
contrarió los deberes asignados en las normas citadas. En cuanto a la afectación
sustancial del deber la entidad explicó en el acto sancionatorio las razones del
porqué el actuar afectó la consecución de los fines del Estado. Ciertamente, la PGN
precisó lo siguiente:
«[…] Omitir adoptar las medidas preventivas correspondientes a fin de contrarrestar
o evitar la generación de posibles daños al mercado de valores y a los inversionistas,
a pesar de contar con la habilitación contemplada en el literal c), artículo 6 de la Ley
964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010 y el manual de funciones de la entidad, implicó
desconocer los principios de eficiencia y eficacia, los cuales además claramente se
encuentran incluidos dentro de tales normativas como intereses jurídicamente
protegidos.
Así como se dejó por sentado en el pliego acusatorio, se vieron desconocidas y
quebrantadas normas superiores con estructura de principios, tales como los
referenciados, desconocimiento que se vio estructurado por virtud de la omisión
imputada y que consistió en efecto, en no permitir que las medidas previstas en el
literal c), artículo 6 de la Ley 964 de 2005 cumplieran la finalidad para la cual el
legislador las había incluido, que no era otra que evitar o aminorar daños y perjuicios
como los ocasionados al sector bursátil en general, por las conductas ilegales del
grupo Corridori, además de haberse sustraído de su deber de actuar y de sus
compromisos adquiridos, dada su condición de servidor oficial y haber faltado a la
eficiencia que debe primar en el uso de los recursos otorgados por la ley a fin de
conseguir los objetivos buscados con los mismos, es decir que no utilizó la habilitación
legal y reglamentaria de la que era sujeto, para actuar como la ley lo exigia y para
mitigar los daños referidos anteriormente, teniendo en virtud de sus funciones, la
obligación de controlar tal fuente de riesgo […]».
166. Para la Sala la conclusión a la que arribó la autoridad disciplinaria se encuentra
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justificada y se acompasa con la afectación que la omisión del disciplinado causó a
la función pública y en especial a la consecución de los fines del Estado.
167. Ciertamente, quedó demostrado que desde el 18 de julio de 2012 tenía
conocimiento de que en el mercado de valores de Colombia se presentaba una
manipulación del precio de la acción de Fabricato S.A. por parte de Alessandro
Corridori y otros inversionistas con los que tenía estrecha relación comercial y de
amistad. Esta situación implicaba que sabía que la acción se estaba ofertando a un
valor artificial o que no correspondía con la realidad.
168. Lo anterior envolvía un riesgo para los inversionistas ajenos al grupo de
Alessandro Corridori y para el funcionamiento del mercado de valores. Para los
primeros porque contaban con información falsa al momento de negociar la acción
en el mercado, pues desconocían que su permanente valorización obedecía a una
actividad fraudulenta de manipulación134. Tal situación los ponía en riesgo de perder
su inversión o parte de ella. Para el mercado el riesgo era la pérdida de confianza
del público inversionista, por cuanto su participación en él depende de la
transparencia y garantías que le da el que esté supervisado y que proyecte
información veraz, según se expuso en precedencia.
169. Bajo esos parámetros, la no actuación diligente y oportuna por parte del
demandante para evitar que los riesgos se materializaran significó el
desconocimiento de los principios de eficiencia y de eficacia que orientan el ejercicio
de la función administrativa.
170. El principio de eficacia se encuentra previsto en el artículo 2 Constitucional que
señala que es un fin del Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes
y derechos y en el artículo 209 ibidem como principio de obligatorio acatamiento por
quienes ejercen la función administrativa. Hace alusión al real cumplimiento de la
administración de los fines del Estado135. En ese sentido se ha indicado que «[…] la
Administración sólo puede ser eficaz cuando satisfaga su fin: el interés general, y
adicionalmente a que el valor eficacia implique una condición de calidad, en el sentido de
agilidad, economía, utilidad […]»136. Por su parte, el principio de eficiencia alude a que
el Estado utilice los medios más adecuados para cumplir con sus propósitos137.
171. En el presente caso no se cumplió con eficiencia y efectividad la función estatal
de realizar una oportuna y correcta inspección, vigilancia y control sobre el mercado
de valores para garantizar el adecuado manejo de los recursos de los inversionistas,
del mercado y, por ende, de la economía del país que conlleva el interés general.
172. Tal función por ser considerada de «interés público»138 ameritaba del mayor
134 Conviene de nuevo citar el concepto de manipulación que trae el AVM en su texto «El
descubrimiento de precios en el mercado de valores». Y que indica que «la manipulación del
mercado es un tipo de fraude que crea una impresión falsa o engañosa sobre la actividad del
mercado». https://amvcolombia.org.co/documentos-de-investigacion-y-analisis/.
135 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 15 de noviembre de 2019,
radicado 11001-03-26-000-2009-00065-00 (37012).
136 Corte Constitucional, sentencia C-479 de 1992.
137 C-823 de 2013.
138 C- 1062 de 2003 y C-692 de 2007 también se indicó: « [..] Frente a la actividad bursátil, que
interesa a esta causa, la Corte ha sostenido que, tal y como ocurre con la actividad financiera, dicha
actividad, por expresa disposición constitucional, es de interés público. Ello significa que el mercado
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cuidado para lograr la protección de los inversionistas y del mercado. Por tal razón,
el demandante truncó con su omisión el ejercicio eficiente y efectivo de la función
de proteger los derechos de quienes participaban en el mercado al no proferir la
medida de suspensión preventiva de negociación establecida en el literal (c) del
artículo 6 de la Ley 964 de 2005 pese al conocimiento que tenía de la manipulación
del precio de la acción.
173. Sibien el disciplinado ordenó el 19 de noviembre de 2012 con el Oficio
2012094954-182 a la BVC la suspensión de las operaciones repo sobre la acción
de Fabricato S.A. y su negociación en ejercicio de la facultad prevista en el artículo
aludido, lo cierto es que la decisión la fundamentó en la situación de iliquidez que
se descubrió de la comisionista de bolsa Interbolsa S.A. el día 2 de ese mes y año
y que podía traer pérdidas para quienes a través de esta negociaron la acción.
174. Lo anterior significa que el demandante no ejerció su deber de prevención como
director de la SFC por la evidencia existente sobre la manipulación del precio de la
acción que conoció desde el 18 de julio de 2012 y que fue por lo que se le juzgó en
el trámite disciplinario. Únicamente lo hizo a raíz de la crisis descubierta en la
comisionista de bolsa, situación que, aunque traía consecuencias negativas para
los inversionistas de Fabricato S.A. que compraron acciones a través de ese
intermediario, estas se originaban en la falta de recursos de la entidad para cubrir
los repos otorgados y no por la manipulación del precio de la acción.
175. Así las cosas, el disciplinado era consciente de la gravedad de la situación antes
de que surgiera la crisis de Interbolsa, luego no podía excusarse en que solo al
desencadenarse esta pudo ejercer el deber establecido en el literal (c) del artículo
6 de la Ley 964 de 2005.
176. Así las cosas, es claro que la PGN sí determinó cuál era el deber funcional
desconocido desde el punto de la tipicidad y de la ilicitud sustancial con criterios que
se comparten, según quedó explicado.
177. (ii) el demandante manifestó que la PGN desconoció al concluir la existencia de
la violación del deber funcional que el inicio de la investigación sobre la acción de
Fabricato S.A. solo se relacionó con la compra y venta de acciones por parte del
Grupo Corridori y que llegó a conocer de la situación de Interbolsa después de que
la SFC tomó posesión de esta el 2 de noviembre de 2012.
178. En esa línea, señaló que la PGN obvió que para el 18 de julio de 2012 la única
información con la que contaba era que la acción de Fabricato S.A. tenía liquidez
según los boletines de BVC 86 y 145 de ese año y que la variación en su precio
podía deberse a la disminución de sus pasivos y la posibilidad del aumento de
ventas gracias al tratado de libre comercio suscrito entre Colombia y los Estados
Unidos.
179. Se advierte de la primera parte del argumento que el disciplinado confunde el
bursátil se encuentra sometido al poder de policía administrativo, es decir, a la inspección, vigilancia
y control del Estado través de la Superintendencia de Valores, hoy Financiera de Colombia, la cual
debe intervenir para mantener el mercado bursátil debidamente organizado, y velar porque quienes
participan en él desarrollen su actividad en condiciones de igualdad, transparencia y no se ponga en
peligro ni se lesione el interés público y específicamente el interés de los inversionistas […]».
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motivo por el cual la PGN lo investigó y sancionó al manifestar que la entidad no
debió concluir que vulneró el deber funcional porque para el 18 de julio de 2012 no
conocía la situación de Interbolsa. Tal confusión existe porque, según ya se explicó,
la actuación disciplinaria tuvo como razón de ser que como superintendente
financiero no tomó medidas de suspensión preventivas para evitar posibles daños
a los inversionistas o al mercado por la manipulación del precio de la acción de
Fabricato S.A. que había sido detectada antes de la intervención de Interbolsa. En
otros términos, no se juzgó que esta última empresa hubiese entrado en iliquidez
por su inacción, sino que no desplegó actuaciones para mitigar el daño de la
manipulación del precio de Fabricato S.A.
180. A ello se suma que no es cierto que para el 18 de julio de 2012 tenía información
que justificaba el incremento en el precio de la acción de Fabricato S.A. como lo era
el índice de liquidez de la BVC, la disminución de los pasivos o el posible aumento
de ventas por el tratado de libre comercio.
181. Ciertamente, en el informe que el superintendente delegado para la supervisión
de riesgos de mercados e integridad le presentó en la reunión celebrada ese día se
le indicó que el incremento era desproporcionado frente a la valorización del IGBVC,
que no tenía sustento en la información pública y relevante, ni en los fundamentales
de la empresa que registraba pérdidas por $5.636 millones, y que existía una
coordinación para la negociación de la acción entre Alessandro Corridori con
Invertácticas S.A., P&P Investment SAS, Manrique y Manrique S.A., María Eugenia
Jaramillo Palacios, Lina María Barguil Manrique, Barbex S..A y Cromas S.A. Y esta
información se reiteró en el informe de inspección definitivo del 23 de noviembre de
2012.
182. Cabe precisar que el alegato del demandante no encaja dentro de ninguna de
las causales de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 28 de la Ley
734 de 2002. Su fundamentación redunda en que no debía proferir la medida
preventiva reglada en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 porque para
el 18 de julio de 2012 no tenía información que le permitiera considerar que debía
hacerlo y que solo lo supo una vez intervenida Interbolsa, es decir, reitera con otras
palabras su argumentación de la inexistencia de un temor fundado, que ya fue
resuelto en el capítulo anterior.
183. Ahora bien, el demandante también alegó que actuó así porque era su deber
proteger a los inversionistas de Fabricato S.A. y al mercado de valores. Asimismo,
señaló que una medida de suspensión de la negociación de la acción ponía en
peligro los derechos de aquellos y podía generar un riesgo sistémico.
184. Al interpretar el argumento podría deducirse que invocó la causal de exclusión
de responsabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002
según el cual está exento de responsabilidad quien actúe «[e]n estricto cumplimiento
de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado». Esta causal
implica la comparación entre dos deberes constitucionales o legales a cargo del
servidor público, uno de los cuales debe ser cumplido en estricto sentido por tener
mayor jerarquía que el no ejecutado y el responsable debe ser consciente de que
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actúa de esa manera139.
185. En el presente caso, el disciplinado no indicó la norma en la que consta el deber
que aplicó de mayor importancia que el previsto en el literal (c) del artículo 6 de la
Ley 964 de 2005 y las demás normas aplicables a la SFC concordantes que
conformaron el cargo imputado. Tampoco explicó las razones del porqué con el
cumplimiento de ese deber se protegía en mayor medida a los accionistas y la
confianza del mercado.
186. Por el contrario, lo que se advierte es que al haber permitido la negociación de
la acción, cuando conocía con suficiencia sobre la manipulación de su precio,
coadyuvó a la configuración de un riesgo inminente para los inversionistas que
continuaron participando en la negociación de la acción con información falsa.
También puso en riesgo el adecuado funcionamiento del mercado de valores ante
la pérdida de confianza que podía generarse.
187. Ahora bien, el argumento del demandante pierde fuerza si se considera que la
medida de suspensión de negociación de la acción, aunque de manera tardía, sí
fue emitida el 19 de noviembre de 2012 con el Oficio 2012094954-182 a raíz de la
intervención de Interbolsa S.A. y ello no significó el colapso sistemático del mercado
de valores como lo alegó.
188. Asimismo, debe considerarse que el objeto de la suspensión como medida
preventiva es corregir la información errada que gobierna el mercado para
salvaguardar las futuras inversiones y su funcionamiento. Sobre este punto Juan
Pablo Coy en su declaración explicó lo siguiente:
«[…] Preguntado: Bien, ¿cuál es la intención de una suspensión? Contestó: Una
suspensión es para enfriar el aumento del precio, o sea, es pararlo y que en ese
momento el emisor salga y dé suficiente información de lo que está ocurriendo.
Preguntado: ¿Informarle a los consumidores o clientes del mercado cuál es el precio
real, o que el mercado encuentre su precio real? Contestó: No necesariamente,
simplemente las suspensiones se hacen para que una de las situaciones ocurra, es
que el emisor informe de cualquier evento que pueda estar ocurriendo y para que los
inversionistas que están en la misma especie también informen lo que les coste, o
sea, es una carga del emisor, es una carga de los inversionistas. ¿Y eso qué busca?
Por ejemplo, la empresa de energía eléctrica que dijera yo no tengo conocimiento de
lo que está ocurriendo, yo sé que el señor tenía una cosa de mandato de gobierno en
donde él quería fusionar la empresa. Preguntado: No, pero en términos generales,
¿qué busca? ¿Cuál es la intención, la finalidad? Contestó: Que el emisor brinde mayor
información para que el emisor y los inversionistas den mayor información al mercado,
principalmente que el emisor fusione el mercado para que el mercado conozca y con
eso trance, o sea, con eso no se busca ni mover el precio hacia arriba ni mover el
precio hacia abajo, lo único que se busca es que haya mayor información del mercado
por parte del emisor, o sea, que el emisor esclarezca no, no estoy en proceso de
fusión, sí, sí estoy en proceso de fusión, no considero tal cosa, no considero tal otra.
Preguntado. ¿Que dé información para que el mercado pueda tranzar? Contestó: Sí,
para que el mercado pueda tranzar con mayor, con una información adicional, si es
139 Sobre el particular se ha señado lo siguiente: «[...] Para que opere la causal de exclusión de
responsabilidad disciplinaria estudiada, deben darse los siguientes elementos: 1. Tener mínimo dos
deberes constitucionales o legales, relacionados con la función o servicio que se presta por parte del
servidor público implicado. 2. El cumplimiento del deber ha de ser estricto. 3. No se puede pregonar
entre deberes omisivos. 4. Uno de los deberes debe cumplirse en menoscabo del otro, por tener
mayor jerarquía. 5. El cumplimiento de los deberes debe estar en cabeza del mismo servidor público.
6. El disciplinable debe conocer que actúa para hacer prevalecer el de mayor jerarquía […]». Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicado 11001-
03-25-000-2011-00412-00 (1537-11).
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que esta existe […]»140 [sic].
189. Finalmente, el disciplinado manifestó que actuó de acuerdo con el
procedimiento que debía seguir en ejercicio de las labores de inspección y vigilancia
de la SFC porque (i) investigó la manipulación del precio de la acción de Fabricato
S.A.; y (ii) el trámite que seguía después del 18 de julio de 2012 era la continuación
de la investigación y la formulación del pliego de cargos contra quienes participaron
en la alteración de tal precio y no suspensión de la comercialización de la acción.
190. Frenteal argumento debe señalarse que el superintendente financiero de
Colombia de acuerdo con el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de
2010 que estaba vigente para la época141 tenía dentro de sus funciones la de
«[a]ctuar como inmediato superior de los Superintendentes Delegados y los
Superintendentes Delegados Adjuntos, para efectos del trámite de los recursos de
apelación interpuestos contra las sanciones impuestas por estos, en desarrollo de
procedimientos administrativos sancionatorios».
191. No obstante, esta función la cumplía dentro de los trámites sancionatorios
regulados por la Ley 964 de 2005 adelantados por disposición del artículo 49 de tal
norma contra «[…] quienes desobedezcan sus decisiones [de la SFC] o a quienes violen
las normas que regulen el mercado de valores las sanciones a que se refiere el presente
título, cuando incurran en cualquiera de las infracciones previstas en el artículo siguiente
de la presente ley […]». En el artículo 50 se determinaron las infracciones dentro de
las que se encuentra en el literal (i) la de «[a]fectar la libre formación de los precios en
el mercado de valores […]». En los artículos siguientes se estableció el procedimiento
a seguir dentro del trámite.
192. Como se advierte, la medida preventiva regulada en el literal (c) del artículo 6
de la Ley 964 de 2005 es diferente del trámite sancionatorio que esta norma regló
en los artículos mencionados. En esa medida, la función a cargo del
superintendente financiero es diferente en uno u otro trámite. Mientras que en el
primero se busca tomar medidas de prevención y no sancionatorias para proteger
el mercado, el objeto del segundo trámite sí es encontrar responsables de
determinadas infracciones para aplicar las sanciones respectivas.
193. Por lo anterior, el que la SFC hubiese iniciado las respectivas investigaciones
administrativas para sancionar a los inversionistas que incurrieron en la
manipulación del precio de la acción de Fabricato S.A. no exoneraba al demandante
de cumplir con el deber de prevención que le imponía el literal (c) del artículo 6 de
la Ley 964 de 2005, toda vez que eran deberes diferentes. En ese sentido, ambos
trámites eran procedentes y la realización del uno no eliminaba la obligación de
adelantar el otro.
194. Con fundamento en lo expuesto, se puede concluir que dentro del trámite del
proceso disciplinario se acreditó la afectación del deber funcional en los términos
del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 y, por lo tanto, se configuró la ilicitud sustancial
y la responsabilidad más allá de toda duda, puesto que:
140 Disco duro. Archivo «CD4», grabación 6, 1´:03” a 2´:47”.
141 Antes de la modificación hecha por los artículos 3 del Decreto 1848 de 2016 y 2 del Decreto 2399
de 2019.
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(i) se determinó en grado de certeza la tipicidad de la conducta consistente en la
omisión por parte del demandante de los deberes previstos en el artículo 6, literal
(c) de la Ley 964 de 2005 en concordancia con los artículos 325, numeral 1, literales
(a) y (e), 326 inciso primero, numeral 5 literal a), 329, numeral 2, literal (d) y (e) del
Decreto 663 de 1993; 11.2.1.3.1; 11.2.1.4.2, numerales 1 y 17 con su parágrafo;
11.2.1.4.17 numeral 1, 11.2.1.1.18 numerales 10 y 11; 11.2.1.4.22 numeral 8 del
Decreto 2555 de 2010; y la Resolución 1407 de 2008. Y en esa medida desconoció
los artículos 23 y 34.1 de la Ley 734 de 2002;
(ii) la afectación del deber fue sustancial, por cuanto la actuación del disciplinado
conllevó el desconocimiento de los principios de eficiencia y de eficacia al
abstenerse de cumplir con el deber de proteger los derechos de los inversionistas y
del mercado a través de la imposición de la medida de suspensión preventiva de
negociación de la acción establecida en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de
2005, pese al conocimiento que tenía de la manipulación de su precio y el riesgo
que conllevaba;
(iii) el disciplinado no demostró que con la omisión se pretendiera proteger en mejor
medida a los inversionistas y al mercado de valores. En contraste, tal proceder
permitió la negociación de la acción con un precio manipulado que generaba un
riesgo inminente para el funcionamiento del sistema del mercado de valores. Por
ende, no aplicó de manera adecuada el trámite que debía seguir para prevenir el
daño que pudiera causarse con tal situación.
195. Enconsecuencia, su conducta está revestida de la ilicitud sustancial por
acarrear una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado, tal como
acertadamente lo concluyó la PGN.
2.5.2.2. Sobre la falsa motivación del acto demandado
196. El demandante manifestó que la PGN valoró de manera inadecuada los hechos
y las pruebas allegadas al proceso disciplinario al considerar que la medida de
suspensión prevista en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 se podía
emitir el 18 de julio de 2012.
197. A su juicio, la entidad confundió la información que tuvo en esa fecha con aquella
«que conoció luego del 1 de noviembre del mismo año, cuando comenzó la toma de
posesión de Interbolsa S.A.». En tal sentido, valoró la conducta con fundamento en
pruebas que no existían para el 18 de julio de 2012 e información que se desconocía
en ese instante.
198. El cargo no tiene vocación de prosperar porque del análisis probatorio realizado
en precedencia se pudo determinar que el disciplinado conoció para el 18 de julio
de 2012, en virtud del informe que recibió y de las pruebas que lo acompañaron,
que Alessandro Corridori y otro grupo de inversionistas relacionados con él estaban
manipulando el precio de la acción de Fabricato S.A. Por lo tanto, el acto
administrativo sancionatorio no incurrió en la falsa motivación alegada, pues se
sustentó en pruebas existentes para la fecha indicada.
199. Además, se reitera, el objeto del proceso disciplinario no fue juzgar la actuación
del demandante frente a la situación desencadenada luego de la intervención de
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Radicado: 11001-03-25-000-2015-00951-01 (3878-2015)
Demandante: Gerardo Alfredo Hernández Correa
Interbolsa S.A. Su propósito giró en torno a la omisión en que incurrió una vez que
conoció de la manipulación del precio de la acción de Fabricato S.A. para evitar que
se afectara a los inversionistas ajenos al grupo de Alessandro Corridori y la
confianza en el mercado.
3. Costas
200. La Sala no evidencia que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual no se impondrá condena en costas.
4. Conclusión
201. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la PGN sí identificó en debida
forma los elementos del tipo disciplinario previstos en los artículos 23, 34.1 de la
Ley 734 de 2002 en consonancia con el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de
2005 y con los artículos 325, numeral 1, literales (a) y (e), 326 inciso primero,
numeral 5 literal (a), 329, numeral 2, literales (d) y (e) del Decreto 663 de 1993;
11.2.1.3.1; 11.2.1.4.2, numerales 1 y 17 con su parágrafo; 11.2.1.4.17 numeral 1,
11.2.1.1.18 numerales 10 y 11; 11.2.1.4.22 numeral 8 del Decreto 2555 de 2010; y
la Resolución 1407 de 2008, específicamente en lo referido a la existencia de un
«temor fundado».
202. En efecto, se estableció con claridad que al demandante como superintendente
financiero le correspondía ejercer la función preventiva descrita en el literal (c) del
artículo 6 de la Ley 964 de 2005 al ser el encargado de dirigir y adoptar la acción
administrativa de la SFC, garantizar la observancia de sus funciones y emitir
órdenes para suspender prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras en el
mercado en coordinación con los superintendentes delegados.
203. De igual modo, se determinó el alcance del término de «temor fundado» y que
para el 18 de julio de 2012 el demandante conocía las razones y pruebas suficientes
para considerar su existencia. Ello, puesto que tuvo acceso a información y pruebas
que daban cuenta del incremento injustificado de la acción de Fabricato S.A. y de la
actuación coordinada de Alessandro Corridori con otros inversionistas que
ocasionaron el aumento de manera artificial, lo cual podía generar afectación a los
otros inversionistas de la empresa ajenos a tal red y menoscabar la confianza del
mercado de valores. Por lo tanto, incurrió en el tipo disciplinario por el que fue
juzgado al no emitir medidas de prevención como la suspensión en la negociación
de la acción.
204. Asimismo, se concluye que el disciplinado con la omisión del cumplimiento del
mandato previsto en el literal (c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 y las demás
normas relacionadas como violadas sí afectó el deber funcional sin justificación en
los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002. Ello, puesto que impidió que el
Estado desplegara actuaciones de prevención con eficiencia y eficacia para
proteger los derechos de los inversionistas y del mercado a través de la imposición
de la medida de suspensión preventiva de negociación de la acción de Fabricato
S.A. establecida en tal norma. Todo, aun cuando tuvo conocimiento desde el 18 de
julio de 2012 de la manipulación de su precio y el riesgo que conllevaba. Lo anterior
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Radicado: 11001-03-25-000-2015-00951-01 (3878-2015)
Demandante: Gerardo Alfredo Hernández Correa
también implica que la responsabilidad fue probada más allá de toda duda.
205. Finalmente, se concluye que el acto demandado no está viciado de nulidad por
falsa motivación, pues se motivó en pruebas que sí existían para el 18 de julio de
2012.
206. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Gerardo Alfredo
Hernández Correa en contra de la Nación, Procuraduría General de la Nación, por
las razones expuestas.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YSB
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