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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00057-00

Recurso extraordinario de revisión: naturaleza jurídica

Fecha
26 de abril de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00057-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Juan de Jesús Hernández Espinosa contra el fallo de fecha 3 de marzo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá del 31 de agosto de 2012 que accedió a las súplicas de la demanda. SEGUNDO. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00057-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

26 de abril de 2018

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Naturaleza jurídica / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Objeto

El Recurso Extraordinario de Revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por parte de la doctrina como un medio de impugnación que tienen las partes contra una providencia judicial ejecutoria, con el cual, de manera excepcional se ataca el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con él se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Objeto / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No es una tercera instancia procesal/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN –Causales taxativas

Respecto de su objeto, a través de él se procura el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada. En ese sentido, el recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser –como en el caso de la causal cuarta, o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, rad.: 34016.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250

RECURSO DE APELACIÓN – Definición / RECURSO DE APELACIÓN – Finalidad

Siendo que los cargos formulados por el recurrente hacen referencia a supuestos relacionados con el recurso de apelación y su resolución, la Sala recuerda que el mismo es definido como un medio de impugnación de las decisiones judiciales de primer grado, del cual, el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la oportunidad y la autoridad ante la cual deberá interponerse y sustentarse. Así mismo, en lo concerniente a la finalidad del aludido recurso de alzada, ésta la encontramos descrita en el artículo 320 del Código General del Proceso. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de mayo de 2016, rad.: 0866-15.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 31 /LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 247 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 320 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 328

COMPETENCIA DEL JUEZ EN EL RECURSO DE APELACIÓN

La norma establece [artículo 328 Ley 1437 de 2011] que el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio y en los eventos en que ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, está facultado para resolver sin limitaciones. NOTA DE RELATORÍA: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, rad.: 15036-14.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causal quinta / CAUSAL NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO Y CONTRA LA QUE NO PROCEDE RECURSO DE APELACIÓN - Presupuestos/ PRESUPUESTO OBJETIVO / PRESUPUESTO SUBJETIVO / FALTA DE CONGRUENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN – No acarrea la nulidad de la sentencia

De acuerdo con la descripción normativa de la causal invocada, se tiene que la misma exige para su prosperidad revisar dos presupuestos. El primero de carácter objetivo, al verificar que contra el fallo objeto de recurso de revisión no procede el de alzada, y el segundo de carácter subjetivo, en el sentido de establecer que la nulidad invocada tuvo origen en la sentencia que finalizó el litigio. (…). La condición subjetiva, esto es, que la nulidad se origine en la sentencia, exige que la anomalía se configure en el instante procesal en que se profiere el fallo por desconocimiento grave de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación que implica el quebrantamiento de la cosa juzgada y por tanto, ha de observarse la configuración de hechos específicos y puntuales que ubiquen con total claridad el vicio. No se observa que la impugnación adolezca de incongruencia respecto de lo pretendido por el actor ni tampoco, en cuanto a los argumentos expuestos en el escrito de alzada, toda vez que, la inconformidad planteada en el recurso gravita alrededor de establecer si el Decreto 2863 de 2007 desconoció o no el derecho de igualdad de los Agentes de la Policía Nacional el consagrar el reajuste del 50% de la prima de actividad a quienes venían devengándola al 1 de julio de 2007, refiriéndose únicamente al personal de Oficiales y Suboficiales, acusación que fue el objeto de estudio y análisis por parte del adquem para llegar a la conclusión que tal disposición no quebrantó el derecho fundamental de igualdad de los Agentes de la Policía Nacional y por ende, no encontró afectación alguna de los derechos del demandante. En este punto, la Sala señala que la falta de congruencia del recurso de apelación interpuesto por una de las partes, no deviene en la nulidad de la sentencia proferida por el superior, como sí lo será aquella sentencia que desconozca el principio de congruencia por no guardar consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades consagradas en la ley , no siendo esto último lo ocurrido en el presente asunto, ya que lo encontrado es que la sentencia aquí controvertida se sujetó al principio de congruencia de que trata el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012, en la medida que lo determinado por ella obedece a lo planteado en las pretensiones de la demanda, lo expuesto en el concepto de la violación y lo definido en los problemas jurídicos delimitados tanto en primera como en segunda instancia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B.

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 11001-03-25-000-2016-00057-00(0218-16)

Actor: 11001-03-25-000-2016-00057-00(0218-16)

Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

Medio de Control: Recurso Extraordinario de Revisión
Trámite: Ley 1437 de 2011
Asunto: Causal 5º art. 250 de la Ley 1437 de 2011
Decisión: Se declara infundado el recurso presentado.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Corresponde a la Sala decidir el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el señor Juan de Jesús Hernández Vega contra la sentencia del 03 de marzo 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección E de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá del 31 de agosto de 2012 que accedió a las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y sus pretensiones.

La sentencia objeto del presente recurso extraordinario de revisión se originó en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Juan de Jesús Hernández Vega contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía a través de la cual, solicitó se declarara la excepción de inconstitucionalidad por excluir en los artículo 2 y 4 del Decreto 2863 del 27 de julio de 2007 al personal de Agentes de la Policía Nacional y en consecuencia, se declarara la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio Nº2472 del 29 de marzo de 2011 y el Oficio Nº 3941 del 16 de junio de 2011, por medio de los cuales se le negó el reajuste de la asignación de retiro, incluyendo el porcentaje que legalmente le correspondía en virtud de lo dispuesto en los artículos 2º y 4º del Decreto 2863 de 2007.

Adicionalmente, solicitó que se ordenara a la entidad demandada a que le reliquidara y pagara la asignación de retiro en el porcentaje del 45% por concepto de variación en el cómputo del factor salarial y/o pensional denominado prima de actividad con fundamento en lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 1213 de 1990 y los artículos 2º y 4º del Decreto 2863 de 2007 desde el 1º de julio de 2007.

Fundamentos fácticos.

Como sustento de sus pretensiones, adujo que el Gobierno Nacional al proferir el Decreto 2863 de 2007, si bien en su artículo 4 reconoció la procedencia y aplicación del principio de oscilación que viene consagrado en las leyes 2 del 19 de febrero 1945 y 923 del 30 de diciembre de 2004 y los decretos 443 del 31 de diciembre de 2004 y 1515 del 5 de mayo de 2007, el mismo no resulta aplicable al personal de Agentes de la Policía Nacional, de manera que, el actor al venir devengando al momento de su retiro el 50% la prima de actividad, le fue aplicado el 20% al liquidársele su asignación de retiro, pero conforme al decreto citado al inicio de este párrafo, debía reajustársele en un 45% el aludido factor salarial, siéndole negado tal derecho por no haberse establecido esa prerrogativa en favor de los Agentes de la Policía Nacional, trasgrediendo el derecho a igualdad y el principio de in dubio pro operario.

Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de fecha 31 de agosto de 2012, decidió inaplicar en el caso concreto la expresión «los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la policía nacional con asignación de retiro o pensión de invalidez o a sus beneficiarios y a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la policía nacional», contenida en el artículo 4 del Decreto 2836 del 2007, por contrariar el artículo 13 de la Constitución Nacional, accediendo en consecuencia, a las pretensiones de la demanda.

Sentencia objeto de revisión.

El fallo de primera instancia fue objeto del recurso de apelación y en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E de descongestión, revocó la decisión del A quo mediante sentencia del 03 de marzo de 2015.

Consideró que de las referidas disposiciones no se deduce ningún quebranto a la Ley 4º de 1992 que afecte la situación particular y concreta en cuanto a la asignación de retiro del señor Juan de Jesús Hernández Vega se refiere, pues sus derechos adquiridos, es decir, los consolidados al momento del reconocimiento de la asignación de retiro en vigencia del Decreto 2063 de 1984, fueron garantizados y respetados, sin que exista prueba de que fueran desmejorados.

Aduce que si bien la parte actora construyó la teoría del caso arguyendo trato discriminatorio que conlleva a omisión normativa relativa, es evidente que frente a los mismos no es predicable el principio de igualdad que se pregona entre iguales y no entre distintos, como lo tiene definido la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dado que a pesar de que hacen parte de la misma institución, se trata de sujetos jurídicamente desiguales, toda vez que pertenecen a distintos niveles de jerarquía, rango, grados y responsabilidades, diferenciados en tres categorías; de suerte que la normatividad que rige a uno y a otro grupo es distinta, circunstancia que impide el estudio de proporcionalidad y el test de igualdad.

1.4. Del recurso extraordinario de revisión presentado.

El señor Juan de Jesús Hernández Vega en escrito presentado el 27 de abril 2015, instauró recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada el 3 de marzo 2015 por la Sección Segunda, Subsección E Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó el fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá del 31 de agosto de 2012.

Con fundamento en la causal consagrada en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», solicitó se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección E Sala de Descongestión y en su lugar, se confirme la sentencia del 31 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado Segundo de Descongestión Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que accedió a las pretensiones de la demanda .

Como sustento, alegó que la sentencia objeto del recurso está viciada de nulidad de acuerdo con lo estipulado en el numeral primero del artículo 133 y el artículo 138 del Código General del Proceso, debido a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional interpuso y sustentó el recurso de apelación con argumentos que no guardan relación con el presente litigio y muchos menos con lo decidido en la sentencia de primera instancia, por lo que el tribunal carecía de competencia funcional para revocar el aludido fallo como quiera que el recurso de apelación no hace alusión al Decreto 2863 de 2007, sino que alude a la irretroactividad de la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, normatividad que en nada tiene que ver con la demanda ni con lo decidido por el juzgado de primera instancia.

1.5 Contestación del recurso extraordinario.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional presentó contestación al recurso dentro de la oportunidad de ley, oponiéndose a la totalidad de las aspiraciones del recurrente, señalando que el juzgador de segunda instancia fue congruente con el recurso interpuesto por CASUR, pues este se basó precisamente en la revocatoria de la decisión adoptada por el Aquo, por lo cual la decisión del operador judicial es completamente procedente y ajustada a derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De acuerdo con lo previsto por los artículos 185 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 1 del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado, normas vigentes para la época de interposición del recurso, la Sala de Subsección es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra una sentencia ejecutoriada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó el fallo proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá del 31 de agosto de 2012 que había accedido a las súplicas de la demanda dentro del proceso radicado No 2011-00503-00.

Para el estudio del presente recurso se abordarán los siguientes temas: (i) naturaleza y generalidades del recurso extraordinario de revisión, (ii) causal interpuesta y delimitación jurisprudencial de la misma. (iii) El principio de congruencia procesal y (iv) finalmente, análisis del caso concreto.

2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión.

El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual fue previsto por el legislador con las siguientes características:

objeto: sentencias ejecutoriadas sin consideración a la temática o asunto discutido [Art. 248];

temporalidad: por regla general, dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo controvertido y frente a las causales 3º y 4º del artículo 250 ídem, relativas a haberse dictado con base en dictamen de peritos condenados penalmente o proferirse aquella que declare que hubo violencia o cohecho, respectivamente, será el mismo plazo contado a partir de la firmeza de la sentencia penal; y frente a la 7º, en el evento en que con posterioridad a la decisión judicial sobrevenga la pérdida de la aptitud legal para el reconocimiento de una prestación periódica, en donde se computará desde la ocurrencia del motivo que dio lugar a la causal [Art. 251];

legitimación por activa: se encuentra en quien hubiere sido parte del proceso ordinario o de un tercero con interés legítimo en la decisión; iv) competencia: es de carácter funcional, por lo que le corresponderá al Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las secciones o subsecciones, y a los tribunales administrativos [Art. 249];

causales: las previstas en el artículo 250 ídem, que grosso modo, contempló el hallazgo de documentos nuevos que tuvieren la importancia de variar la decisión; el haberse dictado con fundamento en documentos falsos o adulterados; con base en dictámenes dictados por peritos condenados penalmente por ilícitos; por violencia o cohecho; cuando se configura una causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contencioso administrativo; en el evento en que aparezca una persona con mejor derecho para reclamar el reconocido por el órgano judicial; porque no tenía la aptitud legal para el reconocimiento de la prestación periódica o lo perdió con posterioridad; y cuando sea contraria a otra anterior proferida entre las mismas partes y que hizo tránsito a cosa juzgada.

De acuerdo con los rasgos característicos antes señalados, encontramos que el Recurso Extraordinario de Revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por parte de la doctrina como un medio de impugnación que tienen las partes contra una providencia judicial ejecutoria, con el cual, de manera excepcional se ataca el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con él se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Respecto de su objeto, a través de él se procura el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada.

En ese sentido, el recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser –como en el caso de la causal cuarta, o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación.

Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que no le es dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.

2.2. De la causal de revisión invocada.

El artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

«Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. (…)»

De conformidad con esta norma es claro que para dar por probada la causal invocada se exige el cumplimiento de los siguientes elementos: i) que exista nulidad procesal y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia que ponga fin al proceso.

Sobre esta causal la Sala Plena del Consejo de Estado ha precisado para su procedencia, que la irregularidad debe originarse en la propia sentencia que se cuestiona, de manera que, no se trata de controvertir la decisión del juez natural, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y/o de las pruebas en que hubiera podido incurrir el fallador pues eso equivaldría a convertir el recurso extraordinario en un juicio de legalidad.

La causal bajo examen ha sido objeto de diversos pronunciamientos que buscan circunscribir su alcance para evitar que ella se emplee con la única finalidad de que el juez de revisión se convierta en un juez de instancia. Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha delimitado las circunstancias que pueden configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual analizó cada uno de los supuestos consagrados en el artículo 140 del C. de P. C., hoy 133 del Código General del Proceso y precisó aquellas no consagradas en esta normatividad que igualmente dan lugar al recurso.

Sobre el particular, esta Corporación sostuvo lo siguiente:

«(…) La tendencia mayoritaria ha sido la de acoger aquellas causales del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del Código General del Proceso, que por su contexto pueden originar la nulidad de la providencia, para no confundirlas con aquellas generadas en las instancias o etapas anteriores a esta, dado que el recurso de revisión solo se puede presentar cuando la nulidad se materialice en el fallo y no en una fase que lo anteceda.

Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue fijando las circunstancias que podían configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual analizó cada una de las causales establecidas en el artículo 140 del C. de P. C., hoy 133 del Código General del Proceso, para indicar, entre otras cosas, lo siguiente:

«… la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida – se hace alusión al artículo 140 del C. de P.C.-, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de  la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos. (…)»

La jurisprudencia al delimitar aún más acerca del vicio que debe contener la sentencia acusada, través del proveído de fecha del 5 de abril de 2016 señaló lo siguiente:
« (…) El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia:

9.1. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente concluido.

9.2. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

9.3. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente.

9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez.

9.6. Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación del debido proceso”.

10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial (…)»

Con base en el anterior marco normativo, conceptual y jurisprudencial se analizarán los argumentos del recurso en el presente asunto.

2.3. El principio de congruencia.

La congruencia es un principio general del derecho procesal, entendido como un criterio de forzoso acatamiento que tiene relación directa con los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, en la medida en que debe existir una decisión armónica entre los hechos, las pretensiones y la decisión judicial.

En este punto la Sala considera oportuno señalar que la congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política y una manifestación del derecho de contradicción y defensa de las partes, de manera que la incongruencia de la decisión judicial puede generar inclusive, la invalidez de la decisión judicial.

Ahora bien, siendo que los cargos formulados por el recurrente hacen referencia a supuestos relacionados con el recurso de apelación y su resolución, la Sala recuerda que el mismo es definido como un medio de impugnación de las decisiones judiciales de primer grado, del cual, el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la oportunidad y la autoridad ante la cual deberá interponerse y sustentarse. Así mismo, en lo concerniente a la finalidad del aludido recurso de alzada, ésta la encontramos descrita en el artículo 320 del Código General del Proceso que a continuación se trascribe, normatividad a la cual se acude en virtud del principio de integración normativa consagrada en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011:

«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.»

A partir de esta disposición normativa, se establece que como lo ha sostenido esta Corporación en otras oportunidades, la apelación es la herramienta procesal que tienen las partes para controvertir la cuestión decidida, a través de la formulación de cargos respecto de su contenido, para que el superior la revoque o reforme, y que a su vez materializan el mandato constitucional de la doble instancia.

De igual modo, el artículo 328 del estatuto procesal pareciera establecer una delimitación de la competencia del superior, norma que reza de la siguiente manera:

«Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella…»

Como puede observarse, la norma establece que el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio y en los eventos en que ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, está facultado para resolver sin limitaciones.

No obstante lo anterior, resulta imperioso referirse a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en la sentencia CSJ SL 15036-2014, en el cual determinó que:

«Si bien conforme al art. 66 A del C.P.T. y de la S.S., es deber del apelante precisar los temas objeto del recurso de alzada, puesto que de ello dependerá la competencia funcional del Tribunal en el sentido de que solo puede pronunciarse respecto de los asuntos que fueron sometidos a su consideración, debe precisarse, como en otras oportunidades lo ha hecho esta Sala, que el juez de segunda instancia no se encuentra atado a los argumentos del recurrente, en la medida que conforme a la Constitución y la ley, goza de la facultad de aplicar las normas jurídicas que estime regulen el caso (iura novit curia), aún con prescindencia de las invocadas por partes.

Así se desprende del artículo 230 C.N. cuando señala que los jueces en sus providencias solo se someten al «imperio de la ley»; también de los artículos 229 C.N. y 2º de la L. 270/1996 «Estatutaria de la Administración de Justicia» que garantizan el derecho de acceso a la administración de justicia, cuyo matiz principal es que a los asociados se les ofrezca una solución efectiva y de fondo a los conflictos que hayan puesto a consideración de la jurisdicción, labor que deben realizar los jueces conforme al ordenamiento jurídico que conocen.»

Para el contexto de la Ley 1437 de 2011, toda sentencia debe ser motivada bajo una estructura que conjugue brevedad y precisión alrededor de las pretensiones, hechos, argumentos jurídicos, contestación de la demanda, elementos normativos y jurisprudenciales que la sustentan y la valoración crítica de las pruebas asumidas para el proceso. De igual modo, debe decidir de manera expresa la totalidad de pretensiones invocadas y las excepciones propuestas, y también aquellas que encuentre probadas el juez; pudiendo incluso, estatuir decisiones nuevas en reemplazo de las anuladas, so pretexto de restablecer el derecho si es del caso. El artículo 187 de esta obra procesal, define lo anterior así:

“CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.”

Estas condiciones, que también resultan predicables para la sentencia oral dictada dentro de la audiencia inicial en aquellos casos que autoriza el artículo 179 del CPACA, y cuya estructura también se inspira con los cánones 279 y 280 del CGP, permiten colegir el principio de congruencia, que justamente desarrolla el deber que tiene el juez de fallar o decidir solo aquello que expresamente fue pedido o alegado dentro del proceso, esto es, en la demanda y su contestación. En otros términos, el juez solo podrá emitir decisión sobre las pretensiones y excepciones a partir de la convicción que le generen las pruebas legal y regularmente aportadas al proceso.

De ahí que, uno de los presupuestos procesales relacionado con la demanda, tiene que ver con los requisitos formales predicables del escrito genitor, y que encuentran regulación en el artículo 162 del CPACA, al exigirse en otros aspectos, que el demandante señale lo que pretende de manera precisa y clara. Igual deber tiene el demandado cuando contesta el libelo, y si es del caso propone excepciones, conforme al artículo 175 idem.

De otro lado, no puede perder de vista la Sala, que esta contienda procesal se erige bajo el referente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo propósito principal es la revisión de legalidad de un acto administrativo particular en cuyo contexto, se exige del demandante el señalamiento de las normas violadas y la explicación de su concepto de violación, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del ya mencionado canon 162 del CPACA, sin que de la deficiencia del concepto violación pueda predicarse necesariamente el fracaso de una demanda cuando a pesar de estar probados los hechos que configuran una causal de nulidad, ésta no fue invocada en ese aparte del libelo genitor, por cuanto que, de conformidad con el artículo 53 de la Carta Superior, el derecho sustancial prevalece al formal y además, nos encontramos en presencia de un Estado Social de Derecho donde la validez de los actos oficiales depende en gran parte del respeto que tengan sobre los derechos fundamentales de las personas.

Así las cosas, la congruencia de la sentencia supone la inescindible relación que debe existir entre el pronunciamiento del juez con las pretensiones y excepciones en función de las pruebas que las sustentan y no únicamente con sujeción a los argumentos expuestos por el apelante, de manera que, el límite del pronunciamiento del juez de instancia se encuentra obligatoriamente en las pretensiones en cuanto al extremo activo de la litis.

Hechas las anteriores precisiones acerca del principio de congruencia entre lo pedido en la demanda, lo resuelto en el problema jurídico y en el evento de la apelación, en relación con los cargos formulados en el recurso de apelación, la Sala analizará si la entidad demandada incurrió en el yerro a que se refiere el recurrente en el presente mecanismo judicial, de manera que vicie el fallo objeto del recurso de revisión de nulidad y en consecuencia, deba invalidarse de conformidad con el inciso primero del artículo 138 del Código General del Proceso, pues si bien la parte actora invoca el Código de Procedimiento Civil, debido a su derogatoria y en atención al criterio unificador de la Sala Plena de esta Corporación que estableció su vigencia a partir del 1º de enero de 2014.

2.4. Análisis del caso concreto con fundamento en la causal de revisión alegada.

De acuerdo con la descripción normativa de la causal invocada, se tiene que la misma exige para su prosperidad revisar dos presupuestos. El primero de carácter objetivo, al verificar que contra el fallo objeto de recurso de revisión no procede el de alzada, y el segundo de carácter subjetivo, en el sentido de establecer que la nulidad invocada tuvo origen en la sentencia que finalizó el litigio.

En el caso concreto, el fallo del 3 de marzo de 2015 proferido por la Sección Segunda, Subsección E Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, lo que indica sin mayor análisis, que la corporación conoció del mismo en segunda instancia bajo los parámetros normativos de la Ley 1437 de 2011, de manera que contra él no procede juicio ordinario posterior, por lo que la condición objetiva se encuentra satisfecha.

La condición subjetiva, esto es, que la nulidad se origine en la sentencia, exige que la anomalía se configure en el instante procesal en que se profiere el fallo por desconocimiento grave de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación que implica el quebrantamiento de la cosa juzgada y por tanto, ha de observarse la configuración de hechos específicos y puntuales que ubiquen con total claridad el vicio.

En el asunto que se analiza, el demandante concretó la nulidad de la sentencia en el hecho que la Caja de Retiro de Sueldos de la Policía Nacional al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, lo hizo de manera equivocada, pues lo argüido en él nada tiene que ver con el objeto del litigio y menos aún, con lo decidido en la sentencia.

Para efectos de establecer si hay o no incongruencia alegada por el recurrente, se establecerá lo pretendido por el actor en la demanda, los contenidos sustanciales de la decisión de primera instancia, los cargos formulados en la apelación por la entidad pública demandada y los argumentos de la sentencia de cierre

Como viene expuesto, el señor Juan de Jesús Hernández Vega, a través de mandatario judicial solicitó la declaratoria de la omisión legislativa relativa en relación con los artículos 2º y 4º del Decreto 2863 de 2007, por no incluir al personal de Agentes de la Policía Nacional y la consecuente anulación del Oficio 2472 de 2011 y 3941 de esa misma anualidad, mediante los cuales se le negó al actor el reajuste de su asignación de retiro con la inclusión de la totalidad de la prima de actividad.

Al efecto, señaló como fundamentos fácticos que prestó sus servicios como Agente y al cumplir los requisitos legales, se le reconoció la asignación de retiro a partir del 20 de junio de 1985, en cuya liquidación solo se tuvo en cuenta el 20% del porcentaje del factor salarial aludido, para lo cual, invocó como normas desconocidas los artículos 1, 4, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 189-11, 216 y 230 de la Constitución Política; 2, 4, 10 y 13 de la Ley 4ª de 1992; Ley 923 de 2004; 30 del Decreto 1213 de 1990; Decreto 1515 de 2007; artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, 2º y 4º del Decreto 2863 de 2007 y acusó el acto administrativo de haberse expedido con infracción de las normas enunciadas y adujo que se configuró la omisión legislativa relativa al no incluir al personal agente de la institución policial como beneficiarios del incremento de la prima de actividad previsto en el Decreto 2863 de 2007.

El fallador de primera instancia, mediante sentencia de 11 de mayo de 2012, definió como problema jurídico el siguiente:

«(…) determinar si el señor Juan de Jesús Hernández Vega, en si calidad de agente retirado de la Policía Nacional, tiene derecho a que le sea reajustada su asignación de retiro computando el factor salarial de prima de actividad en porcentaje del 45%, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2863 de 2007, en aplicación del principio constitucional de igualdad…».

Teniendo en cuenta el problema jurídico planteado y una vez analizado el régimen salarial de la Fuerza Pública, consideró que constituye una vulneración al principio de igualdad que no se reconozca el incentivo previsto en el Decreto 2863 de 2007 a los Agente de la Policía Nacional, puesto que gozan del mismo régimen especial y prestacional que los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. En consonancia, declaró la nulidad del acto administrativo acusado y condenó a CASUR al reajuste pretendido a partir del 1º de julio de 2007.

La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al considerar que al conformarse la asignación mensual de retiro con el sueldo básico y unas partidas legalmente computables, para efectos de liquidarse la prestación se tiene en cuenta el total del tiempo de servicio prestado en la Policía Nacional y la norma vigente a la fecha de retiro del mismo. Adujo que la sentencia desconoció el principio de irretroactividad de la ley al conceder un reajuste a quien le fue definida su situación jurídica con base en la disposición vigente a la fecha en que se consolidó su derecho.

En esa medida, alegó que los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 comenzaron su vigencia a partir de la fecha de su publicación, fecha para la cual, el titular ostentaba la calidad de retirado, no siendo aplicable para su caso. Y respecto del Decreto 2863 de 2007, si bien estableció el reajuste del 50% de la prima de actividad a quienes venían devengándola al 1 de julio de 2007, únicamente se refirió al personal de Oficiales y Suboficiales, por lo tanto, la entidad no tiene facultad legislativa para expedir normas que regulen aumentos de sueldo del personal de la Policía Nacional o reajustes de las asignaciones de retiro.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al desatar el recurso analizó el contenido de los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007, el artículo 2 de la Ley 4 de 1992 y los artículos 13 y 230 de la Carta Superior con el fin de establecer si existía mérito para declarar la excepción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, para concluir que «Del examen detenido de las referidas disposiciones no se deduce ningún quebranto a la Ley 4 de 1992, como lo puso de presente el demandante, que afecte su situación particular y concreta en cuanto a su asignación de retiro se refiere, pues sus derechos adquiridos, esto es, los consolidados al momento del reconocimiento de su asignación de retiro, valga la pena destacar, en vigencia del Decreto 2063 de 1984, han sido garantizados y respetados, sin que exista prueba de que hubo desmejora de aquellos»

De igual manera, sostuvo que el Decreto 2863 de 2007 no vulnera el derecho a la igualdad de los Agentes de la Policía en relación con las demás categorías de servidores públicos pertenecientes a la Fuerza Pública, en la medida que la actuación del Gobierno al incrementar la prima de actividad a favor de los Oficiales y Suboficiales de la Fuera Pública y de la Policía, lo hizo bajo criterios razonables y objetivamente fundados dentro del marco de la libertad de configuración legislativa, sin que por tal hecho sea predicable que desconoció los derechos fundamentales de aquellos.

Establecido lo anterior, se recuerda la acusación, esto es, haber acogido el adquem argumentos y normas que no tenían relación con el objeto del litigio.

Pues bien, de lo expuesto en antelación, se obtiene que el actor a través de la demanda inicial que dio origen a la sentencia controvertida mediante el presente recurso extraordinario de revisión, pretendió la declaratoria de la omisión legislativa relativa en relación con los artículos 2º y 4º del Decreto 2863 de 2007, por no incluir la misma al personal de Agentes de la Policía Nacional como destinatarios del reajuste de la prima de actividad, de manera que, al declararse la excepción de inconstitucionalidad, se produjera la nulidad de los actos administrativos que le negó el reajuste de la asignación de retiro con inclusión el porcentaje que le correspondía en virtud de lo dispuesto en los artículos mencionados del Decreto 2863 de 2007.

Entonces, al examinar la Sala la demanda y el concepto de la violación de la misma, lo definido por el fallador de primera instancia, los argumentos de la apelación y lo determinado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, observa que lo resuelto por dicha corporación se encuentra en consonancia con las pretensiones de la demanda, en la medida que, el sustento de la decisión del fallador de segundo grado se edifica precisamente, en el estudio y análisis de los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007 y los artículos 4 y 230 de la Carta Superior, disposiciones en las cuales fundamentó el actor la excepción de inconstitucionalidad para acceder a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados.

En ese orden, lo argüido por el sentenciador de segunda instancia, en el sentido que el Decreto 2863 de 2007 no vulnera el derecho a la igualdad de los Agentes de la Policía en relación con las demás categorías de servidores públicos pertenecientes a la Fuerza Pública, deviene en un sustento lógico dentro de la hermenéutica de las normas analizadas, en tanto que, la remuneración de los miembros de la Fuerza Pública debe atender al nivel de los cargos, las funciones, responsabilidades y calidades y es por eso que todos no pueden tener la misma retribución y prestaciones.

Así las cosas, al tratarse de un cuerpo jerarquizado, en donde existen diferentes funciones y responsabilidades, el artículo 53 de la Constitución Política impone una regla de proporcionalidad a las funciones que se desarrollan, razón por la cual, estimó la mencionada corporación que la actuación del Gobierno Nacional para incrementar la prima de actividad solo en favor de los Oficiales y Suboficiales de la Policía obedece a criterios razonables sin que ello implicara un desconocimiento del derecho a la igualdad, consideración que sin duda tiene relación directa con lo decidido por el al aquo, como quiera que este último había concedido las súplicas de la demanda al encontrar demostrado la afectación al derecho de igualdad al señalar que los Agente de la Policía Nacional gozan del mismo régimen especial y prestacional que los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.

En esa medida, no se observa que la impugnación adolezca de incongruencia respecto de lo pretendido por el actor ni tampoco, en cuanto a los argumentos expuestos en el escrito de alzada, toda vez que, la inconformidad planteada en el recurso gravita alrededor de establecer si el Decreto 2863 de 2007 desconoció o no el derecho de igualdad de los Agentes de la Policía Nacional el consagrar el reajuste del 50% de la prima de actividad a quienes venían devengándola al 1 de julio de 2007, refiriéndose únicamente al personal de Oficiales y Suboficiales, acusación que fue el objeto de estudio y análisis por parte del adquem para llegar a la conclusión que tal disposición no quebrantó el derecho fundamental de igualdad de los Agentes de la Policía Nacional y por ende, no encontró afectación alguna de los derechos del demandante.

En este punto, la Sala señala que la falta de congruencia del recurso de apelación interpuesto por una de las partes, no deviene en la nulidad de la sentencia proferida por el superior, como sí lo será aquella sentencia que desconozca el principio de congruencia por no guardar consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades consagradas en la ley, no siendo esto último lo ocurrido en el presente asunto, ya que lo encontrado es que la sentencia aquí controvertida se sujetó al principio de congruencia de que trata el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012, en la medida que lo determinado por ella obedece a lo planteado en las pretensiones de la demanda, lo expuesto en el concepto de la violación y lo definido en los problemas jurídicos delimitados tanto en primera como en segunda instancia.

En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión propuesto por el señor Juan de Jesús Hernández Espinosa contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por cuanto los argumentos del recurrente tienden a reabrir un debate sobre un asunto que ya hizo tránsito a cosa juzgada, situación que según el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, contraviene la finalidad del legislador respecto del recurso extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO. DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Juan de Jesús Hernández Espinosa contra el fallo de fecha 3 de marzo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá del 31 de agosto de 2012 que accedió a las súplicas de la demanda.

SEGUNDO. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y una vez ejecutoriada esta providencia.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

CARMELO PERDOMO CUÉTER

Folios 14 y 15 cuaderno de origen. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1515 de 2007 y se dictan otras disposiciones
Folios 16 al 18 del cuaderno de origen. Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa. Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial. Folios 76 al 97 del expediente de origen. Folios 202 al 2016 del expediente de origen. Ver folios 2 al 10 del cuaderno principal. Folio 11 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión. Folios 44 al 49 del cuaderno del recurso. Ver artículo 185 del C.C.A el cual, a su tenor reza de la siguiente manera: ARTÍCULO 185. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia. Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-520-09 de 4 de agosto de 2009, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. Esta norma prescribía que el recurso extraordinario de revisión procedía en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia; Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia C-520 de 1999, consideró que el recurso extraordinario de revisión debe proceder en cualquier proceso cuya naturaleza permita la configuración de las causales de revisión, razón por la cual declaró inexequibles las expresiones que restringían la procedencia del recurso únicamente a las sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos. Norma según la cual: El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así: Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: […] 3-. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección». La demanda de revisión fue presentada ante esta Corporación el 6 de febrero de 2012 (f. 18 vuelto).
«Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.»
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso. En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
«Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.»
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884.
“1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”. Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia. Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. »
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P.

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: “… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)". Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 19 de enero de 2016. Expediente radicación: 11001-03-28-000-2016-00070-00.REV. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente: REV-93. Actor: Gabriel Mejía Vélez. C.P.: Dr. Mario Alario Méndez. Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourt. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123. Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene plena vigencia en relación con la invocada por los recurrentes que se encuentra contemplada actualmente en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad originada en la sentencia. Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013.
“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.
(…)”
A partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, esto es, el 1ª de enero de 2014, en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, se tiene que las normas aplicables serán las dispuestas en la nueva legislación procesal en virtud de su derogatoria - Art. 626 literal c).
“ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 26 de mayo de 2016. Rad. 0866-2015.
“ARTÍCULO  31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.”
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La demanda en forma, ha sido denominado por la doctrina y la jurisprudencia como un requisito que atañe a la procedencia adjetiva de la demanda. Artículo 138. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará. La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas. El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse. Auto del 25 de junio de 2014, Exp. 2012-00395-01 (IJ), C.P. Enrique Gil Botero. Folios 14 a 30 del proceso de origen. Folios 76 a 97 del mismo cuaderno. Folios 99 a 81 del proceso de origen. Ver folio 2011 del expediente.
“CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.”
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia de 12 de agosto de 2014. Rad. 2013-02110-00. C.P.: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Posición reiterada en decisión de 12 de mayo de 2015. Rad. 2012-02124-00. C.P.: Dr. Guillermo Vargas Ayala y por la Sala Veintiuno Especial de Decisión. Providencia de 3 de noviembre de 2015. Rad. 2014-01522. C.P.: Dr. Alberto Yepes Barreiro.

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