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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00283-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00283-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR PARCIALME NTE FUNDADA la acción de revisión p resentada por la Un idad Administrativa E speci al de Gestión Pensional y Contribuciones P arafiscales, UGPP, contra el señor Humberto Cárdenas Gómez, por la causal b ) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia del 9 de septiembre de 2004, adicionada por la del 21 de octubre de la misma anualidad, proferida por e l Tribunal Administrativo de www.consejodeestado.gov.co 24 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción Especial de Revisión Radicación: 11001-03-25-000-2016-00283-00 (1633-2016) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección Tercera, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000 -23-25- 000-2001-04042 -01, en cuanto a la liquidación de la pensi ón ordenada. SEGUNDO: INFI RMAR PARCIALME NTE el numeral segundo de la primera sentencia referida , el cual quedará así: SEG UNDO : O r dénase a la C aj a Naci onal de Pr evis ión Socia l r eliqu idar l a pens ión de j ub ilac ión del dem and ant e señor HUM BERTO CÁR D ENAS G Ó M EZ, ident if icado con céd ula de ciudadaní a núm er o 3. 32. 554 de M edellí n, at endiendo los t opes m áxim es vigent es a la f echa de consolida ción del est at us pen siona l , a par t ir del 7 de j ulio de 1999. Ade m ás , par a ef ect os de l a r eliqu idac ión se t endr án en cuent a l os r eaj ust e s anuales, de conf or m idad con lo dispuest o en la Ley 100 de 1993 o las nor m as que la m od if ique n o adici onen TERCERO: DENE GAR las demás pretensiones de la acción de revisión. CUARTO: Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00283-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: Acción Especial de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00283-00 (1633-2016)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandado: Huberto Cárdenas Gómez

Tema: Causales a) y b) d el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, IBL Rama Judicial, topes

SENTENCIA DE REVISIÓN

I. ASUNTO

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección Tercera del 9 de septiembre de 2004, adicionada por la
del 21 de octubre de la misma anualidad, que ordenó reliquidar la
pensión del seño r Humberto Cárdenas Gómez para que sea
equivalente al 75% de la asignación más elevada que hubiera
devengado en el último año de servicio, sin límite de cuantía y
precisó que los mayores valores que resulten deberán ser
indexados.

II. ANTECEDENTES

2.1. La acción especial de revisión

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción Especial de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00283-00 (1633-2016)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP)

Las pretensiones

La UGPP solicitó in firmar la sentencia del 9 de septiembre de 2004,
adicionada por la del 21 de octubre de la misma anualidad y, en su
lugar, proferir una nueva decisión en la que se declare lo siguiente:

2. [...] al demandado no le asiste el derecho a la reliquidación
pensional con la asignación básica mensual más elevada
dentro del último año de servicio y sin aplica ción de topes,
decretada bajo los parámetros de la decisión judicial atacada.

3. Decretar la nulidad de la Resolución RDP 6586 del 2 de
agosto de 2006, mediante la cual la UGPP dio estricto
cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Tercera , providencia
objeto de la presente revisió n.

4. Condenar al señor Humberto Cárde nas Gómez a reintegrar
a la Unidad los valores cancelados [...], en virtud de la
Resolución RDP 6 586 del 2 de agosto de 2006, la cual dio
cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección Tercera , de
fecha 9 de septiembre de 2004 y adicionada el 21 de octubre
de la misma anualidad [...] .

Hechos

La entidad accionante relató que (i) la Caja Nacional de Previsión
Social (CAJANAL) le reconoció al señor Humberto Cárdenas Gómez
una pensión de jubilación, con fundamento en el Decreto 546 de
1971, a través de la Resolución 3895 del 9 de septiembre de 1998 ;
(ii) la prestación fue objeto de re liquidación, por medio de la
Resolución 13076 del 8 de noviembre de 1999. Decisión que fue
confirmada por las Resoluciones 2635 del 14 de febrero de 2000 y
3970 del 17 de octubre de la misma anualidad ; (iii) el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
Tercera, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2004 , dispuso
la reliquidación de la s mesadas del antes nombrado, para que estas
sean equivalente s al 75% de la asignación más elevada que hubiera
devengado en el último año de servicio, sin límite de cuantía ; (iv)
la anterior decisió n fue adicionada, por fallo del 21 de octubre de
2014, para precisar que los mayores valores que resulte n «deberán

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ser indexados » y (v) acató lo ordenado , por medio de la Resolución
RDP 6586 del 2 de agosto de 2006.

2.2 La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección Tercera , por medio de sentencia del 9 de septiembre
de 2004, declaró la nulidad de las Resoluciones 1376 del 8 de
noviembre de 1999, 2635 del 14 de febrero de 2000 y 3970 del 17
de octubre de la misma anualidad , expedidas por CAJANAL y
ordenó la reliquidación de la pensión del señor Humberto Cárdenas
Gómez, a partir del 7 de julio de 1999, sin límite de cuantía , con
fundamento en lo que sigue :

El señor Cárdenas Gómez adquirió el estatus jurídico de
pensionado el 28 de abril de 1993 , f echa en que acreditó los
requisitos previsto s en el Decreto 546 de 1971, esto es, 20 años de
servicios y 55 años de edad.

Según el certificado de la Directora Administrativa de la División de
Tesorería del Consejo Superior de la Judicatura, el antes normado
devengo del 1º al 31 de mayo de 1993, los siguientes factores
salariales: sueldo básico, gastos de representación y prim a
especial de servicios.

Dichos emolumentos fueron tenidos en cuenta por CAJANAL al
momento de liquidar la pensión, a través de la Resolu ción 13 076
del 8 de noviembre de 1998, pero en ese acto se decidió fijarle al
señor Humberto Cárdenas Gómez el tope de 20 smlmv.

La prestación en este caso no se encuentra afectada por un tope ,
«pues como lo señala el artículo 3º del Decreto 314 de 1994 “ [...]
Las limitaciones d el presente Decret o no se aplicarán a aquellos
servidores públicos que tengan derecho a una pensión superior a
las cif ras mencionadas de acuerdo con las leyes p re exist entes [...]”
y, por tanto, habiéndosele reconocido [al señor Cárdenas Gómez]
una pensión de jubilación con fundamento en un régimen especial,
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por encontrase cobijado por el régime n de transición est ablecido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , no es dable [ajustar] a 20
salarios mínimos la cuantía de dicha pensión, tal c omo lo ordenó la
entidad demandada».

Siguiendo el lineamiento de la sentencia T -631 de 2002, que cita
varias providencia s del Consejo de Estado, hay lugar a reliquidar la
prestación para que sea «equivalente al 75% de la asignación más
elevada que hubiere devengado [el señor Cárdenas Gómez] e n el
último año de servicio, más los factores salariales d ebidamente
devengados y cert ificados, como antes se anotó, con los ajustes
anuales de ley que le correspondan» . Lo anterior, sin topes
máximos.

Esta decisión fue adicionada, mediante fallo del 21 de octubre de
2004, para precisar que los mayores valores que resulten de la
reliquidación pensional «deberán ser indexados con fundamento en
los índices de precios al consumidor certificados por el DANE y de
conformidad con los previsto en el artículo 178 del C.C.A» .

Conforme a certificación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección Tercera lo decidido
cobró ejecutoria el día 2 de diciembre de 2005.

2.3 Las causales de revisión invocada s

La UGPP considera que la s providencia s del 9 de septiembre y 21
de octubre de 2004 están incursa s en las causales de los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por las razones que a
continuación se exponen :

El restablecimiento del derecho ordenado en las providencias
excede lo debido de acuerdo con la ley, al haber accedido a una
reliquidación en contravía de lo dispuesto por la Ley 100 de 1993,
pues si bien es indiscutible que el régimen especial aplicable al
señor Humberto Cárdenas Gómez es el del Decreto 546 de 1971,
por estar inmerso en el régimen de transición del aludido sistema
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general de pensiones , el reconocimiento de su pensión deb ió
realizarse bajo la s condiciones de edad, tiempo de servicios y
monto previstas en la última normativa refere nciada; pero no así el
ingreso base de liquidación, el cual debe calcularse según lo
dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Para el cálculo del IBL se debieron considerar los artí culos 21 o 36
de la ley 100 de 1993 y aplicar los topes máximo s fijados en la ley.
Criterio desarrolla do en las sentencias C -258 de 2013, T -892 de
2013, T-488 de 2014 y SU-230 de 2015 .

En el caso c oncre to se configura un abuso palmario del derecho
que atenta contra la sostenibilidad fiscal del Estado, comoquiera
que el reconocimiento pensional no atendió debidamente al artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y a los precedentes vinculantes de la
Corte Constitucion al respecto de la forma de calcular el ingreso
base de liquidación de las personas sujetas al rég imen de
transición, siendo lo correcto que se ordene aplicar el promedio de
los últimos 10 años o del tiempo que le hiciere falta al señor
Cárdenas Gómez, con los factores salariales enlista dos en el
Decreto 1158 de 1994.

Una pensión sin límites no se pu ede mantener incólume, «como
quiera que además de contradecir la normatividad que consagra la
prestación de vejez y la jurisprudencia que la desarrolla, implica la
destinación de recursos públicos para financiar una pensión en
términos no acordes a derecho» .

En este acápite resulta pertinente evidenciar que el ponente
inadmitió este r ecurso, mediante proveído de 11 de diciembre de
2018, para que la UGPP precise y su stente las causales invocadas.

Para acatar lo anterior, la entidad accionante, en cuanto a la causal
del literal a ) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, señaló que «la
orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en
tanto que existía falta de legitimación por pasiva respecto de la
entidad demandada CAJANAL [...], en la acción de nulidad y
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restablecimiento del derecho instaurada por el señor HUMBERT O
CÁRDENAS GÓMEZ por no ser la entidad a satisfacer las
pretensiones de la demanda, por no ser la destinataria ni
depositaria de los fondos que recaudan para la Seguridad S ocial en
Salud [...]».

Respecto del litera l b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 aportó
una liquidación de las sumas pagadas en exceso, con lo cual
acredita que lo «reconocido excede lo debido de acuerdo con la
ley».

2.4 Contestación y concepto en la acción de revisión

El señor Humberto Cárdenas Gómez dio respuesta en los
siguientes términos:

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección
Segunda, Subsección Tercera «fue acertada y ajustada a derecho,
al ordenar reliquid ar la pensión de jubilación [...], aplicando en su
integridad el Decreto 546 de 1971 , bajo el principio de
inescindibilidad de la norma, toda vez que [...]como ya se indicó,
cumplió con la totalidad d e los requisitos legalmente establecidos
en el referido precepto legal, para ser beneficiario de la pensión de
jubilación el 28 de abril de 1993».

Que su prestación « no va en detrimento del erario público, ni
constituye una carga prestacional sin fundamen to legal para la
entidad demandante, toda vez que como se ha explicado, el derecho
pensional [...] se consolidó al haber prestado sus servicios
laborales durante más de 25 años a entidades públicas, 12.77 de
los cuales lo hizo al servicio de la Rama Judicial con a nterioridad
al 28 de abril de 1993, razón por la cual su pensión de jubilación a
más de ser una contraprestación como retribución a un servicio
prestado, es justa y legal en los términos indicados en el Decreto
546 de 1971, razón por la cual se con sidera con todo respeto
infundado el recurso de revisión inst aurado en su contra».

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No existe « razón alguna para que la demandante a partir del mes
de julio de 2013 disminuyera la mesada pensional que venía
percibiendo [...] a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes
para la referida anualidad y le continuase pagando la prestación en
dicha cuantía, lo cual es arbitrario, t oda vez que [...] como ya se
enunció, consolidó y/o causó su derecho pensional el 28 de abril de
1993, razón por la cual con tal de cisión, se desconoció lo
preceptuado en el Parágrafo 1° del Articulo 48 de la Co nstitución
Política, adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de
2005 [...]».

El último precepto «solo se aplica para aquellas personas que
adquieran su derecho p ensional a partir del 31 de julio de 2010, lo
cual no encaja en el asunto [...] toda vez que se repite consolidó
y/o causó su derecho pensional el 28 de abril de 1993 y , es por ello ,
que se pide respetuosamente a la Honorable Co rporación,
ordenarle a la ac cionante reajustar la mesada pensional [...] a la
suma que venía percibiendo con antelación al 01 de julio de 2013».

Propuso las excepciones de legalidad de la sentencia recurrida,
caducidad, cobro de lo no debido, prescripción, compensación y
buena fe.

El agente del Mini sterio Público co nceptuó que en el asunto sub
examine no concurren « los elementos fácticos y normativos de las
causales invocadas por la recurrente, en razón a que la providencia
censurada fue expedida con anterioridad a la época en la que la H.
Corte Constitucio nal, en la sentencia SU -230 de 2015,
posteriormente ratificad a con las sentencias SU -427 de 2016, SU -
210 de 2017 y SU -395 de 2017, modificara con sentido general la
interpretación respecto del alcance del régimen de transición
general del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, del mismo modo que
con anterioridad a las d istintas sentencias de unificación del
Consejo de Estado. Además, como se aduce en los hechos del
recurso extraordin ario, el estatus pensional del señor Humberto
Cárdenas Gómez Muñoz se consolidó (el 28 de abril de 1993) con

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anterioridad a la vigencia del régimen de seguridad social en
pensiones establecido en la referida Ley 100 de 1993».

Concluyó que , en este caso , «no habría mérito para revisar el
reconocimiento y reliquidación pensional, y menos con la línea
interpretativa que posteriormente se acogió como criterio por vía de
sentencias de unificación, puesto que la decisión censurada se
habría adoptado de conformidad con el marco normativo y la
interpretación de la época, como se anotó, sin que pudiere
concluirse que la pensión fue liquidada contraviniendo el marco
jurídico legal o jurisprudencial.»

3. CONSIDERACI ONES

3.1. Competencia

Como la demanda se presentó el 25 de abril de 2016, en vigencia
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo ( CPACA), esta C orporación es competente para
conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo segundo del
artículo 249 ejusdem 1. De igual forma , atendiendo al criterio de
especialización, p or tratarse de un asunto de carácter laboral , la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto
del proceso, es competente para conocer del recurso
extraordinario, seg ún lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019.

Por otro lado , de conformidad con el a rtículo 20 de la Ley 797 de
2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la
revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza […] a solicitud del

249. Competencia. […]
1 «Artículo

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos
jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
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Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP)

Gobierno por conducto del Ministerio de Tra bajo y Seguridad Social,
del Ministe rio de Hacienda y Crédito Público, del Contra lor General
de la República o del Procurador General de la Nación». 2

3.2 Legitimación

La Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 2016, consideró
que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está legitimada
para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, se gún
corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar
las decisiones jud iciales en las cua les se haya incurrido en un
abuso del derecho.

En el mismo sentido, la Sala Plena de l Consejo de Estad o, a través
de sus Salas Especiales de Decisió n, 3 ha admitido expresamente
que la UGPP está habilitada para adelantar esta clase de procesos.
Adicionalmente, es conveniente resaltar que, según el numeral 6
del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, 4 la UGPP tiene competencia
para adelantar o asumir acciones de esta naturaleza.

3.3 Oportunidad

Con el fin de an alizar si la acció n de revisión fue interpuesta
oportunamente, se evidencia que el artículo 251 del CPACA dispone
que el término para interponer la acción de revisión, en los casos
referidos en la normativa transcrit a, es dentro de los 5 años
siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

2 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU -427 de
2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de
revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencios o Administrativo, Sala Especial de
Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744
00, demandante: UGPP.
4
«Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá con las
siguientes funciones: […] 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o
modifiquen. […]»
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Social (UGPP)

La Corte Constitucional en sentencia SU -427 de 2016 5, precisó que,
en los eventos en los que el recurrente sea la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, el término de caducidad de cinco años para
interponer la acció n de revisión no po drá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, comoquiera que fue tan solo en esta fecha
que la mencionada entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo la ext inta Caja Nacional de Previsión
Social, CAJANAL.

Con fundamento en lo anterior, se advierte que la sentencia objeto
de revisión (del 9 de septiembre de 2004, adicionada por la del 21
de octubre de la misma anualidad ) cobró ejecutoria el 2 de diciembre
de 2005. Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 251 del
CPACA previó cin co años para promover la acción de revisión y,
que la Corte Con stitucional señaló que dicho periodo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la que
la UGPP asumió la defensa judicia l de los asuntos que tenía
CAJANAL, es posible concluir que co mo la demanda se presentó el
25 de abril de 2016, aquella se encuentra en tiempo.

En este punto , resulta importante evidenciar que la Sala , por
proveído del 21 de junio de 2018, revocó el rechazo por
extemporáneo de este recu rso especial de revisión, así:

[ . . .] Est im a la Subsección que, si bien a la luz de la norm at iva
vigent e e l r ecur so [ . . . ] f ue int er puest o ext em por áneam ent e, en el
caso concr et o debe aplic ar se la r egla j ur ispr udencia l cont enida en
la sent encia SU - 42 7 de 2016 de la C or t e Const it uciona l, en el
ent endido de q ue la UG PP podr á so lic it ar la r evisi ón de las
pr oviden c ias pr of er idas por est a j ur isdicción con ant er ior ida d al 12
de j unio de 2013 hast a el 11 de j unio de 2018. En consecuencia, el
r ecur so ext r aor dinar io de r evisió n se r adicó dent r o de dich o lapso
( 25 de abr il de 2016 ) 6.

5 Sentencia 11 de agosto de 2016. Acción de tutela interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP- contra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín y otro.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 21 de junio

de 2018, M.P. William Hernández Gómez

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Social (UGPP)

3.4 Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda ,
Subsección Tercera , del 9 de septiembre de 2004, adicionada por
la del 21 de octubre de la misma anualidad , está inmersa en las
causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, que permiten acudir a la revisión cuando (i) el derecho al
reconocimiento pensional se ha obtenido con «violación al debido
proceso» o (ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables».

3.5 La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 7 estableció la posibilidad de
revisar las providencias judiciales que hubieran decretado (o
decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las
siguientes circunst ancias:

A R T Í C U L O 20. R E V I S I Ó N D E R E C O N O C I M I E N T O D E S U M A S P E R I Ó D I C A S A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. <APARTES TACHADOS INEXEQUIBLES>
Las pr ovide ncias
j udicia les que en cualqu ier t iem po hayan decr et ado o decr et en
r econocim ient o que im pongan al t esor o públic o o a f ondos de
nat ur aleza públ ica l a obligac ión de cubr ir sum as per iódic as de
diner o o pensi ones de cualqu ier nat ur al eza podr án ser r evisadas
por el Consej o de Est ado o la Cor t e Supr em a de Just ici a, de
acuer do con sus c om pet encias, a sol icit u d de l G obier no por
conduct o del M inist er io de Tr abaj o y Segur idad Socia l, del
M inist er io de Hacie n da y Cr édit o Pú bl ico , del Cont r alor G ene r al de
la Repúb lic a o del P r ocur ador G ener al de la Nación.

La r evisión t am bién pr ocede cuando el r econocim ient o sea e l
r esult ado de una t r ansacción o conci liac i ón j udicial o ext r aj udicia l.

La r evisión se t r amit ar á por el pr ocedim ient o señalado pa r a el
r ecur so ext r aor dinario de r evisión por el r espect ivo código y podr á

7Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales.
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solic it ar se en cualqu ier t iem po por las causales con sagr adas par a
est e en el m ism o código y adem ás:

a) Cuando el r econ ocim ient o se haya obt enido con vio lac ión al
debido pr oceso, y

b) Cuando la cuant ía del der echo r econocido excedier e lo d ebido
de acuer do con la l ey, pact o o convención col ect iva que le er a n
lega lm ent e aplicab le s. 1 2

Si bien el p recepto jurídico t ranscrito indica que la acción de
revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para
el recurso extraord inario de revisión, actualmente regulado por los
artículos 248 y siguientes d el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que
presenta ciertas particularidades que han sido advertidas y
señaladas tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como
de la Corte Constitucional, de la si guiente manera:

➢ Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas,
sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto
el reconocimiento de una prestación, como los autos que
terminan anormalmente el proceso y aquellos actos q ue sean
consecuencia de acuerdos, tales como los de transacción y
conciliación.

➢ Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional,
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacie nda y Crédito Público, del Contralor G eneral
de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20
de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones.

➢ Respecto de su alcance, la jurisp rudencia advirtió que no se
extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de
revisar el valo r de las pensiones reconocidas en contra de lo
ordenado por la ley, con el propó sito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su le galidad, además de velar
por la protección de los recursos limita dos del tesoro público,

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la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

➢ No se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate jurídico sobre el derecho a una p restación, pues su
marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos
concernientes al reconocimiento del derecho (litera l a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con
vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayo r
al que corresponde.

➢ Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos
relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas
inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que
rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de
recursos entra en colisión con los principios de cosa juzgada y de
seguridad jurídica, por lo que constit uyen una excepción que solo
debe admitirse frente a un fin legítimo, como lo es determinar si el
reconocimiento pensional s e hizo con violación al debid o proceso o
si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del
artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, donde
reiteró 8 que el recurso e xtraordinario de revisión procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el
restablecimiento de la justicia m aterial y constitu yendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada».

8 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa
juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción
de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la
decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar
el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
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En definitiva, el principio de cosa juzgada admi te tanto las
excepciones dispuestas por el legisla dor como las previstas en las
normas que gobiernan el recurso e xtraordinario y, por ende, la
acción especial que en este caso se impetra.

3.6 Las causales de revisión invocadas

La entidad demandante invocó como sustento de la acción de
revisión las causales previstas en el los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señalan lo siguiente:

A rt í cul o 20 . Revisión de r econocim ien t o de sum as per iódicas a
car go del t esor o público o de f ondos de nat ur aleza públ ica.
[ …]

a) Cuando el r econocim ient o se haya obt enido con violac ión al
debido pr oceso
b) Cuando la cuant í a del der echo r econocido excedier e lo debi do de
acuer do con la ley, pact o o convención colect iva que le er an
lega lm ent e aplicab le s.

3.7 Caso concreto.

3.7.1. De la causal de revisión del literal a) del artícul o 20 de la
Ley 797 de 2003

De acuerdo con lo manifestado por la entidad demandante, esta
causal se encuentra configurada debido a que CAJANAL, hoy
UGGP, al no ser la destinataria ni depositaria de los recursos que
se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud,
carece de legitimación en la causa por pasiva en relación con la
orden de reliquidación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección Tercera , lo cual
implica el desconocimiento de su derecho al debido proceso.

Sobre el particular , se debe advertir que las Resoluciones
Resoluciones 3895 del 9 de septiembre de 1998, 13076 del 8 de
noviembre de 1999, 2635 del 14 de febrero de 2000 y 3970 del 17
de octubre de la misma anualidad , a través de las cuales se

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reconoció y reliquidó la pensión de jubilación del señor Humberto
Cárdenas Gómez , fueron expedidas por la extinta CAJANAL , por lo
que es claro que las pretensiones que se plantearon contra las
decisiones allí contenidas debía soportarlas esa misma entidad.
Adicionalmente, el Decreto 65 de 15 de enero de 2004 9 preveía
expresamente que a esa caja de previsión le correspo ndía, entre
otras funciones, la de «[e]fectuar el recaudo de las cotizaciones
obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos po r la
ley» (numeral 5 del artículo 2) 10.

Además, cabe señalar que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-25-000-2001-
04042-01, que dio origen a la sentencia que hoy se somete a
revisión, no se debatió lo relativo al recaudo de las cotizaciones
obligatorias para el Sistema Integral de la Seguridad Social en
Salud; por lo tanto, no sería del resorte de est a demanda
extraordinaria entrar a discutir si Cajanal era la destinataria o
depositaria de los recursos que se re caudaban para el mencionado
sistema.

Así las cosas, co moquiera que la Sala no advierte la vulneración
del derecho al debido proceso que se invoca, pues la extinta
CAJANAL sí estaba legitimada para comparecer al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 2001 -04042-01 como parte
demandada, se declarará infundada la acción de revisión frente a
la causal prevista en el litera l a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

9 «Por el cual se modifica la estructura de la Caja Nacional de Previsión Social,
Cajanal, Empresa Industrial y Comercia l del Estado».
10 E n p r o v i d e n c i a d e 2 1 d e j u n i o d e 2 0 1 8 , l a s u b s e c c i ó n A d e l a s e c c i ó n s e g u n d a d e

esta Corporación, C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente 11001 -03-25-
000-2013-00901-00 (1953-2013), desató idéntica discusión en los siguientes
términos: «[…] como el acto administrativo que se acusó en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho […] fue expedido por el líder de Grupo de Nómina de
Pensionados de la Caja Nacional de Previsión Social, era esta la autoridad
administrativa que estaba llamada a fungir como demandada en el aludido proceso.
Adicionalmente, la competencia para realizar las deducciones de la mesada
pensional por concepto de las cotizaciones obligatorias […], entre ellas, el aporte
destinado al Sistema de Seguridad Socia l en Salud, fue encomendada, en su
momento, a la Caja Nacional de Previsión Social, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 2, numeral 5, del Decreto 65 de 2004 […]».
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3.7.2 De la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

El caso objeto de estudio se busca dilucidar si la pensión de
jubilación a que tiene derecho el señor Humberto Cárdenas Gómez
se debe liquidar teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación
de conformidad con el Decreto 546 de 1971 , o, el previsto por l os
artículo s 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los
factores señalados por el Decreto 1158 de 1994. En esa medida, se
debe definir si el valor de la prestación que la s sentencia s objeto
de la acción de revisión ordenó reconocer , sin topes, debe ser
reducido a efectos de contribuir a la sostenibilidad fin anciera del
sistema general de seguridad social en pensiones.

Régimen pensional contenido en el Decreto 546 de 1971

El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971 previó los requisitos para
hacerse acree dor a la pensión de jubilación en los siguientes
términos:

A rt í cul o 6º. Los f uncionar ios y em plea dos a que se r ef iere est e
Decr et o, t endr án der echo, al llegar a los 55 años de edad, si son
hom br es y de 50, si son m uj er es, y cum plir 30 años de ser vicio
cont inuos o discont i nuos, ant er ior es o post er ior es a la vigencia de
est e De cr et o, de los cuales 10 hayan sido exclusivam ent e a la Ram a
Jur isdicc iona l o al M inist er io Publ ico, o am bas act ividades, a una
pensi ón ordi nari a vi t al i ci a de j ubi l ación equi val ent e al 75% de
l a asi gnaci ón mensual más el evada que hubi ere devengado en
el úl t imo año de servi ci o en l as act i vi dades ci t adas ( negr it a f uer a
del t ext o) ,

Por su parte, el art ículo 12 del Decret o Ley 717 del 20 de abril de
1978, modificado por el artículo 4 del Decreto 911 del 17 de mayo
de 1978, dispuso:

«De ot r os f act or es de salar io. Adem á s de la asig nació n básica
m ensual f ij ada por la ley par a cada em pleo, const it uyen f actor es de
salar io t odas las sum as que habit ual y per iódicam ent e r eciba el
f uncionar io o em ple ado com o r et r ibución por sus ser vicios.
Son f act or e s de salar io:
a) Los gast os de r epr esent ación.

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b) La pr im a de ant igüedad.
c) El auxil io de t r anspor t e.
d) La pr im a de capacit ación.
e) La pr im a ascensional.
f ) La pr im a de ser vicio.
g) Los viát icos per ci bidos por los f uncio nar ios y em pleados en
com isión en desar r o llo de com is iones de ser vicio».

Sobre el particular, las Subsecciones A y B, de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante las sentencias del 24 de julio de
2003 11, del 28 de octubre de 2004 12, 3 de marzo de 2005 13, 1 de
septiembre de 2005 14, 2 de marzo de 2006 15, 4 de marzo de
2010 16, 6 de julio de 2011 17 y 27 de oct ubre de 2011 18, sost uvieron
una posición unánime respecto de quienes tuvieren derecho a
pensionarse bajo los presupuestos descritos en el Decreto 546 de
1971, según la cual el monto de las pensiones de aquellos
comprende la asignación mensual más elevada que hubieren
devengado en el último año de servicio, en un valor equivalente al
75% de todos los factores percibidos durante dicho lapso.
Específicamente, en la última de las providencias mencionadas,
precisó lo siguient e:

«[ …] La especialida d del r égim en se tr aduce en que la pen sión se
liqu ida con el 75 % de la asign aci ón m ensual m ás elevad a
devengada en el úl t im o año de ser vicios, siem pr e y cuando el
f uncionar io cum pla por lo m enos diez (10) años de ser vicio en las
cit adas ent idades, a spect o que en est e pr oceso no se discu t e.

En r eit er ados pr onunciam ient os l a S ala ha expr esado que el
concept o asign ación o salar io par a los f u ncionar i os y em plea dos de

11 Subsección B. Radicación: 25000-23-25-000-1999-6920-01 (3990-01). Actor:
Eduardo Guzmán Sánchez. Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL.
12 S b s e c c i ó n B. Radicación: 76001-23-31-000-2001-05461-01 (5884-03). Actor:
Manuel Antonio Vélez Peña. Demandado: Caja Nacional De Previsión Social –
CAJANAL.
13 S u b s e c c i ó n B . R a d i c a c i ó n : 2 5 0 0 0 - 2 3 - 2 5 - 0 0 0 - 1 9 9 8 - 0 2 8 1 4 - 0 1 ( 1 3 2 7 - 0 3 ) . A c t o r : A n a

Rubiela García de García. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL.
14 S u b s e c c i ó n B. Radicación: 66001-23-31-000-2002-00328-01 (1244-04). Actor:
Antonio José López Ospina. Demandado: Caja Na cional de Previsión Social –
CAJANAL.
15 S u b s e c c i ó n A , R a d i c a c i ó n : 6 8 0 0 1 - 2 3 - 1 5 - 0 0 0 - 2 0 0 3 - 0 2 3 5 5 - 0 1 ( 9 5 5 6 - 0 5 ) . A c t o r : L u is

Manuel López López. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
16 Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2005-10472-01 (1054-07). Actor:
German Bolaños Correa. Demandado: Caja Nacional De Previsión Social – CAJANAL.
17
Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2008-00977-01 (1494-10). Actor:
Rubén Darío Forero Beltrán. Demandado: Ca ja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL.
18 Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2007-00849-01 (0145-09).
Actor: Stella Baez Hernández. Demandado: Instituto De Seguros Sociales - ISS
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la Ram a Judicia l a quienes los cob ij an las pr evision es del Decr et o
Ley 546 de 1971, l o const it uyen los f act or es consignado s en e l
ar t í culo 12 del Decret o 717 de 1978, en los t ér m inos pr ecisados por
el j uzgador de pr im er a inst ancia.

El m encio nado d ec r et o señala a lguno s f act or es de sala r io, no
obst ant e, debe t ene r se en cuent a que t am bién consagr a un a r egla
gener al: adem ás de la as ignac ión m en sual f ij ada por la l e y par a
cada em pleo, const i t uyen f act or es de salar io t odas las sum as que
habit ual y per iód ica m ent e r ecibe el f uncionar io o em plead o com o
r et r ibución de sus ser vicios. [ …] » 19

En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2001-
04042-01, se acreditó lo siguiente:

➢ El señor Humberto Cárdenas Gómez nació el 2 8 de abril de
1938 y prestó sus servicios así:

Entidad Cargo Período Tiempo
1 año, 10
05/03/63 a 03/02/65 meses, 29 días

23/04/65 a 01/09/65 4 meses, 9 días
Rama Judicial No indica
14/09/65 a 27/03/66 6 meses, 14
días
01/04/66 a 27/06/72 6 años, 2
meses y 27
días
2 años, 5
Departamento de
No Indica 13/08/69 a 6/02/72 meses y 24
Antioquia
días
Empresas Públicas 2 años, 14 días
No indica 7/02/72 a 10/02/74
de Medellín
Departamento de 1 año, 4 meses,
No indica 11/02/74 a 6/07/75
Antioquia 26 días
8 años, 11
Empresas Públicas
No indica 7/07/75 a 2/07/84 meses y 26
de Medellín
días
10 años, 9
Rama judicial No indica 9/07/84 a 30/09/95 meses y 22
días

➢ CAJANAL, por Resolución 3895 del 9 de septiembre de 1998,
reconoció al señor Humberto Cárdenas Gómez una pensión de
jubilación , «tomando el 75% de la asignación más elevada que
devengó durante el último año de servicio, de conformidad con
el Decreto 546 de 1 971 , efectiva a partir del 1 de mayo de 1995,

19 Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2007-00849-01 (0145-09).
Actor: Stella Baez Hernández. De.mandado: Instituto De Seguros Sociales - ISS
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día siguiente al que adquirió el estatus pensional , siempre y
cuando acredite el retiro del servicio.

En este acto se indicó que el antes nombrado cumplió los
requisitos para acceder a la pensión el 28 de abril de 1993
[fecha en que acreditó la edad requerida] ; sin embargo, en
la parte resolutiv a se consignó que la prestación se haría
efectiva a partir del 1º de mayo d e 1995 «día siguiente al
que adquirió el estatus de pensiona do»

➢ CAJANAL, mediante Resolución 13076 de 8 de noviembre de
1996, reliquidó la pensión de jubilación del ahora demandado,
atendiendo para ello: (i) el retiro definitivo del se rvicio (7 de
julio de 1999), (ii) los siguientes factores: asignación básica,
gastos de representación y prima especial de servicio y (iii) el
tope de 20 smlmv . Esta decisión fue confirmada por
Resoluciones 2635 de 14 de febrero de 2000 y 3970 de 17 de
octubre de 2000.

La Directora Administrativa de la División de Tesorería certificó que
le efectuó pagos y descuentos al señor Humberto Cárdenas Gómez ,
por concepto de sueldo básico, gastos de representación y prima
especial por ser vicios, en el interregno comp rendido entre el 1º y el
31 de mayo de 1999.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección Tercera, a t ravé s del fallo del 9 de septiembre
de 2004, objeto de la presente acción de revisión, estableció que
hay lugar a la reliq uidación que se efectuó en la Resolución 13076
del 8 de noviembre de 1998 , pero sin fijar el tope de 20 smlmv .

En primer lugar, es preciso mencionar que el aludido Tribunal
reconoció que el demandante adquirió el estatus jurídico de
pensionado el 28 de abril de 1993, por edad, esto es, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (1º de abril
de 1994); sin embargo, acudió a la transición de esta última

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normativa , para lle gar al régimen especial aplicable (Decreto 546
de 1971).

Es decir, que no llegó directamente a las previsiones del Decreto
546 de 1971, como correspondía, sino que acudió a esta norma
especial, a través del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , lo cual no
resultó desfavorable al ahora demandado, dado el actual panorama
jurisprudencial , en la medida en que aplicó en su integridad el
régimen de la Rama Judicial .

Ahora, aun cuando se aceptara que la pensión de jubilación del
causante se consolidó en vigencia de la Ley 100 de 1993, como lo
sugiere la entidad recurrente, no habría lugar a infirmar la sentencia
objeto de revisión en lo que respecta al régimen y al IBL aplicable ,
por las siguientes razones:

Para la época de expedición de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Corte Constitucion al, a través
de sus salas de revisión de tutelas 20, consideraba que las
pensiones también se liquidaban según las normas anteriores,
incluso cuando se tratara de servido res de la Rama Judicial. En
cualquier caso, no existe prueba de que la pens ión objeto de
controversia haya sido obtenida con abuso del derecho o fraude a
la ley.

De igual manera, tampoco resultan aplicables las sentencias C-258
de 2013, T-892 de 2013, T -488 de 2014 y SU -230 de 2015 , que
también invoca la entidad demandante, pue s son providencias que
fueron proferidas con posterioridad al fallo recurrido y, p or lo tanto,
no admiten su invocación como precedente jurisprudencial.

20 A este respecto, ver: Corte Constitucional, sentencias T -651-04, T-948-09, T-013-
11 y T- 860-12. En la última citada, la Corte Constitucional consideró: « Así mismo,
ha dicho la Corte que el monto de la pensión corresponde al 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicios, sin que le sea dable
al fondo de pensiones aplicar dicho porcentaje sobre una base de liquidación distinta
a la anotada en el decreto, puesto que ambos componentes, base y porcentaje, son
inseparables.»
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
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Social (UGPP)

Por otra parte, la Corporación ha insistido en que se debe acudir al
régimen general en materia de topes, toda vez que la disposición
especial, es decir el Decreto 546 de 1971, no reguló dicho aspecto.
En tal sentido, las Sentencias C -089 y C-155 de 1997 precisaron
que cuando la normativa especial no establece el límite máximo de
las mesadas pensionales, es posible aplicar las reglas generales
previstas para esos efectos, pues de lo contrario se permitiría que
algunos pensionados gozaran de privilegios injustificados.

En efecto, el artículo 2 de la L ey 4 .ª de 1976 disponía que las
pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivien tes, de los
sectores público, o ficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el
sector privado, así como las que paga el Instituto Colo mbiano de
los Seguros Sociales, a excepción de las pensiones por incapacidad
permanente parcial, no podían ser superiores a 22 veces el salario
mínimo mensual. Esta disposición fue modificada por el artículo 2
de la Ley 71 de 1988 que disponía que «n inguna pensión podrá ser
inferior al s alario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15)
veces dicho salario; salvo lo previst o en convenciones colectivas,
pactos colectivos y laudos arbitrales».

Por su parte el parágrafo 3 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993
dispuso que cuando el Go bierno nacional limite la base de
cotización a 20 salarios mínimos, el monto de las pensiones en el
régimen de prima media con prestación definida no podría superar
dicho valor; sin embargo, dicha norma fue modificada por el artículo
5 de la Ley 797 de 200 3 que estableció como límite de la base de
cotización de 25 S M L M V . Asimismo, e l artículo 1 del Acto Legislativo
01 de 2005 , que modificó el artículo 48 de la Constitución Política,
fijó requisitos pa ra el acceso a la pensión y límites al monto. Al
efecto señaló:

A rt í cul o 1º . Se adicionan los sigu ient es incisos y par ágraf os al
ar t í culo 48 de la Const it ución Po lí t ica :

El Est ado gar ant izar á los der echos, la s ost enibi li dad f inanc i er a del
Sist em a Pens iona l, r espet ar á los der ech os adquir idos con ar r eglo a
la ley y asum ir á el pago de la deuda pen siona l que de acuer do con

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Social (UGPP)

la ley est é a su car go. Las leyes en m at er ia pensional que se
expidan con post er i or idad a la ent r ada en vigencia de este act o
legis lat ivo, deber án asegur ar la sost enibi li dad f inanc ier a de lo
est ablecid o en ell as.
[ …]

Par ágr af o 1º . A parti r del 31 de j uli o de 2010, no podrán ca usarse
pensi ones superi o res a vei nt i ci nco ( 25) sal ari os míni mos
l egal es mensual es vi gent es, con carg o a recursos de nat ural eza
públ i ca . [ Resalt a la Sala] .

Así, aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección Tercera argumentó que debido a que el
derecho pensional está regulado por el Decreto 546 de 1971, que
este no previó nin gún tope a la prestación y que es a p artir del 31
de julio del 2010, que el límite sería aplicable por virtud de lo
dispuesto en el Acto Legisl ativo 01 del 2005, debe recordarse que
los valores máximos en estas prestaciones han sido previstos en el
ordenamiento jurídico desde la Ley 4. ª de 1976 y fueron reiterados
en las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993.

Así las cosas, el legislador fijó límites máximos pensionales con el
propósito de reducir los subsidios del Estado a las pensiones más
altas, garantizar que los pensionados de menores ingresos también
tuvieran acceso al pago oportuno de sus prestaciones y el derecho
a la igualdad. Estas razones s on las que impiden concebir un
régimen pensional sin topes en las mesadas y las que han inspirado
al legislador para establecerlos desde la Ley 4.ª de 1976.

Ahora bien, pese a que el señor Humberto Cárdenas Gómez
aseveró que la administración ya limitó su mesada pensional al tope
de 25 smlmv para dar cumplimiento a la sentencia C-258 de 2013,
ello no obsta para que se (i) declare fundada la acción especial de
revisión, que en virtud de la causal prevista en el lit eral b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y (ii) infirm e la sentencia del 9 de
septiembre 2004, adicionada por la del 21 de octubre de la misma
anualidad para precisar lo relativo al tope pensional conforme a la
ley, tal como lo hizo la Sala en un caso de contornos similares:

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Con base en el ant er ior cr it er io, en lo que r espect a al aj ust e en
r azón al t ope pensi onal de 25 SM LM V, el m ont o de las pensione s
debe acom pasar se a lo d ispuest o por l a Sent encia C - 258 d e 2013,
pues f ij ó una r egla inequí voca, cuyo cu m plim ient o er a im p er at ivo
par a los f ondos de pensiones so pena de incur r ir en un abier t o
desacat o a una orden j udicial im par t i da en sede de cont r ol de
const it uciona li dad.

v) En r azón a la oblig at or iedad de la s ór denes dict adas en la
Sent encia C - 258 de 2015, la UG PP no t ení a una alter nat iva
dif er ent e a disponer el aj ust e aut om át ico de la pens ión que vení a
devengando el de m andant e en ar as de que se av ini er a a lo s
m andat os const it uci onales a llí r eiv ind ic ados 21. En consecue ncia,
dicha det er m inac ió n no const it uyó u na act uación ar bit r ar ia o
ir r azonable m odif ic a t or ia de la sit uación j ur í dica del act or ; por el
cont r ar io, r eúne las car act er í st icas de un act o de cum plim ie nt o de
una sent encia j ud i cial pr of er id a por la Cor t e Co nst it uciona l,
vincul ant e par a t odas las aut or idades pú blicas.

v) M ediant e las Sent encias T - 892 de 2013, T - 320 de 2015, T - 360
de 2018, T - 073 de 2019 la r ef er ida cor por ación r eaf ir m ó la
obli gat or iedad de la Sent encia C - 258 de 2013 al señalar que la
aplic ación de l lí m it e al m ont o pensional r esult a im per at ivo par a las
ent idades encar gad as del pago de est as pr est aciones, pues se t r at ó
de un m andat o const it uciona l que r ige pa r a t odas las pension es que
se paguen con r ecur sos públicos.

vi) La ej ecución de la Sent encia C - 258 de 2013 r esult aba inexor able
par a la UG PP y con st it uí a una m at er iali zación de l Act o Legi slat ivo
01 de 2005, así co m o los pr inci pios d e sost enibi l idad f in ancier a,
igua ldad, sol idar i da d, ef icienci a, univer salid ad y pr ogr esiv i dad que
or ient an el sist em a de segur idad s oci al int egr al.

vii) Los lí m it es m áxim os de la pr est ac i ón f uer on pr evist os en el
or denam ient o desde la Ley 4. ª de 1976 y se r eit er ar on en las Leyes
71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003 22.

En consecuencia, se modificará el nu meral segundo de la sentencia
del 9 de septiembre de 2004, el cual quedará así:

21 E s t a tesis también ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias:
i) de la Corte Constitucional, Sentencias T -892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de
2018, T-073 de 2019, SU-575 de 2019 y Auto 478 de 3 de diciembre de 2020,
expediente: T-7.780.673; ii) del Consejo de Estado, a. Sección Segunda, Subsección
B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 13 de noviembre de 2020, radicado
25000 23 42 000 2016 01911 01 (5824 - 2018); b. Sección Segunda, Subsección B,
M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarr a Vélez, sentencia de 30 de octubre de 2020, radicado
25000 23 42 000 2014 02515 02 (4114 -2018); c. Sección Segunda, Subsección B,
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 21 de febrero de 2019, radicado 63001 23
33 000 2018 00103 01 (4771 -18); d. Sección Primera, M.P. Oswaldo Giraldo López,
auto de 16 de agosto de 2018, radicado 11001 03 15 000 2014 04194 01(AC).
22 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e l 2 4 d e f e b r e r o

de 2022, radicado 11001 03 25 000 2017 00774 00 (4091 -2017), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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Social (UGPP)

SEG UNDO : O rdénase a la Caj a Nacional de Pr evis ión Socia l
r eliqu idar l a pens ión de j ub ilac ión del dem and ant e señor
HUM BERTO CÁR D ENAS G Ó M E Z, ident if icado con céd ula de
ciudadaní a núm er o 3. 32. 554 de M edellí n, at endiendo los t opes
m áxim os vigent es a la f echa de consolida ción del est at us pen siona l ,
a par t ir del 7 de j ulio de 1999. Ade m ás , par a ef ect os de l a
r eliqu id ac ión se t endr án en cuent a l os r eaj ust e s anuales, de
conf or m idad con lo dispuest o en la Ley 100 de 1993 o las nor m as
que la m odif ique n o adici onen

Lo anterior, sin disponer el reintegro de los dineros recibidos en
exceso por este concepto, por cuanto fueron recibidos de buena fe,
en cumplimiento de una decisión judicial.

En consecuencia, se denegarán las demás pretensiones de la
demanda de revisión.

3.8 De la condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila
un asunto de interés público, pues la UGPP busca controvertir una
providencia judicia l que ordenó la reliquidación de una pensión con
cargo al erario, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
entidad demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
la autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR PARCIALME NTE FUNDADA la acción de
revisión p resentada por la Un idad Administrativa E speci al de
Gestión Pensional y Contribuciones P arafiscales, UGPP, contra el
señor Humberto Cárdenas Gómez, por la causal b ) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia del
9 de septiembre de 2004, adicionada por la del 21 de octubre de la
misma anualidad, proferida por e l Tribunal Administrativo de
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP)

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección Tercera, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000 -23-25-
000-2001-04042 -01, en cuanto a la liquidación de la pensi ón
ordenada.

SEGUNDO: INFI RMAR PARCIALME NTE el numeral segundo de la
primera sentencia referida , el cual quedará así:

SEG UNDO : O r dénase a la C aj a Naci onal de Pr evis ión Socia l
r eliqu idar l a pens ión de j ub ilac ión del dem and ant e señor
HUM BERTO CÁR D ENAS G Ó M EZ, ident if icado con céd ula de
ciudadaní a núm er o 3. 32. 554 de M edellí n, at endiendo los t opes
m áxim es vigent es a la f echa de consolida ción del est at us pen siona l ,
a par t ir del 7 de j ulio de 1999. Ade m ás , par a ef ect os de l a
r eliqu idac ión se t endr án en cuent a l os r eaj ust e s anuales, de
conf or m idad con lo dispuest o en la Ley 100 de 1993 o las nor m as
que la m od if ique n o adici onen

TERCERO: DENE GAR las demás pretensiones de la acción de
revisión.

CUARTO: Sin condena en costas.

Noti fíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

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