Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00296-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00296-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00296-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00296-00 (1714-2016)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandada: Jorge Enrique Montes Ochoa
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista en
el literal b). Reliquidación pensión de jubilación. Beneficiario del
régimen de transición de la Ley 33 de 1985.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
contra la sentencia del 8 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que confirmó la providencia del Juzgado
Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cúcuta del 19 de diciembre
de 2013, mediante la cual accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor Jorge Enrique Montes
Ochoa.
ANTECEDENTES
La UGPP interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003,
contra la sentencia del 8 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, para lo cual invocó la causal contenida en el
literal b), que permite la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Jorge Enrique Montes Ochoa, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la extinta Caja
Nacional de Previsión Social (CAJANAL), con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución 41574 del 28 de febrero de 2011, a través de la cual se resolvió
negativamente la petición del señor Montes Ochoa relativa a adquirir su pensión a
los 50 años y con la base de liquidación contenida en el inciso 1.° del artículo 1.° de
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la Ley 62 de 19851. En su lugar, reconoció su pensión de jubilación como
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con base en el 75%
del promedio de los salarios cotizados entre el 1.° de julio de 1984 y el 30 de junio
de 1994, efectiva a partir del 2 de marzo de 2008 (sic) por ser la fecha en la que
adquirió el estatus pensional.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a la entidad demandada a: i)
reconocer la pensión de jubilación a partir del momento en que el actor cumplió los
50 años (2 de marzo de 2003), actualizando la primera mesada; ii) reliquidar la
mesada pensional teniendo en cuenta el salario devengado en el año 1994 (año de
retiro) y en un monto equivalente al 75% de todos los factores devengados durante
el último año de servicio, los cuales incluyen primas de servicio, navidad,
semestrales, productividad, antigüedad, auxilio de transporte, subsidio de
alimentación, viáticos y horas extras y; iii) reconocer y pagar la diferencia entre las
mesadas devengadas y aquellas que se reliquiden en forma correcta.
El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cúcuta, el 19
de diciembre de 2013, accedió a las pretensiones y ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación con fundamento en el régimen establecido en la Ley 6 de 1945,
en lo que respecta a la edad, tiempo y monto pensional. Para determinar el monto
pensional, se remitió a lo establecido en el Decreto 1045 de 1978 y a la Ley 4 de
1966.
Como resultado, ordenó a la UGPP actualizar la pensión de jubilación desde el 1.°
de julio de 1993 hasta el momento en que el actor tenía derecho al reconocimiento
de la prestación, es decir, 2 de marzo de 2003, fecha en la cual cumplió los 50 años.
Igualmente, impuso a la UGPP reliquidar la pensión con una tasa de reemplazo del
75% de los factores salariales devengados durante el último año de servicios (entre
el 1.° de julio de 1993 y el 30 de junio de 1994) y actualizar la primera mesada con
efectividad a partir del 2 de marzo de 2003, toda vez que no se configuró el
fenómeno de la prescripción trienal.
La UGPP recurrió la decisión sustentando que, contradictoriamente, el juez de
primera instancia, a pesar de basar su fallo en el principio de inescindibilidad de la
norma, al aplicar el régimen de transición hizo referencia a diferentes normas
pensionales, como la Ley 6 de 1945, el Decreto 1045 de 1975 y la Ley 4 de 1996.
Sin embargo, en el momento en que se consolidó el derecho, la Ley 100 de 1993
estaba vigente, por lo que debía aplicarse el criterio establecido en esta última
normativa, en concordancia con los factores salariales estipulados en el Decreto
1158 de 1994.
El 8 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, emitió
sentencia a través de la cual confirmó la decisión de primera instancia, la cual quedó
ejecutoriada el día 12 de noviembre de 20142.
1 Mediante solicitud fechada el 4 de julio de 2008, el señor Jorge Enrique solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión de vejez, así como la aplicación del inciso primero del párrafo 2 de la Ley 33 de 1985 en lo
concerniente al cumplimiento de los 50 años y los factores salariales previstos en el inciso primero del artículo
1.° de la Ley 62 de 1985
2Constancia de ejecutoria visible a folio 192 del cuaderno principal-
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SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en providencia del 8 de
septiembre de 20143, confirmó la sentencia del 19 de diciembre de 2013, a través
de la cual, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Cúcuta declaró la nulidad del acto demandado, reconoció al demandante como
beneficiario de la Ley 6 de 1945 y ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de
jubilación del señor Jorge Enrique Montes Ochoa, aplicando una tasa de reemplazo
del 75% sobre los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
Confirmó las órdenes tendientes a reconocer las diferencias entre lo pagado por
concepto de mesadas pensionales y lo que se debió pagar de acuerdo con la
reliquidación decretada y aquella relativa a los descuentos de los valores
correspondientes a los aportes no realizados sobre los factores salariales
reconocidos.
La decisión adoptada se apoyó en los siguientes razonamientos:
Que en ningún momento se está desconociendo que el actor era beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 pues, efectivamente, al
1.° de abril de 1994, el actor tenía 40 años y más de 20 años de servicio, lo que
indica que, en principio, su situación pensional se rige por lo dispuesto en la Ley 33
de 1985. Sin embargo, esta última legislación exceptuó su aplicación en cuatro
casos4, uno de los cuales establece que los empleados que, a la entrada en vigencia
de la ley, hubieran cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicios, se les
continuará aplicando las disposiciones sobre la edad de jubilación que regían con
anterioridad.
Que el demandante tenía más de 15 años de servicio a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 33 de 1985, por lo que resultaba beneficiario del régimen de
transición señalado en el inciso 1.° del parágrafo 2.° del artículo 1.° de dicha norma
y, por tanto, el reconocimiento debía efectuarse en su totalidad por lo establecido
en la Ley 6 de 1945 y aquellas normas que la modificaron o adicionaron, tal y como
lo consideró el Consejo de Estado en sentencia del 7 de octubre de 2010, radicado
núm. 0265-07.
Que según la tesis vigente para la fecha de la expedición del fallo 5, la pensión de
jubilación del actor debe ser reliquidada conforme al artículo 4 de la Ley 4 de 1996,
debido a que la Ley 6 de 1945 no previó factores a tener en cuenta para el
reconocimiento de la pensión. Dicha normativa establece que la pensión de
jubilación se liquidará y pagará tomando como base el 75% del promedio mensual
3 Obrante a folios 289 y siguientes ibid.
4 Los demás supuestos son los siguientes: i) Los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su
naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por Ley disfruten
de un régimen especial de pensiones; iii) Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como
empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan (50) años
de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá
y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro. Iii) Los empleados oficiales que
a la fecha de vigencia de esta Ley hayan cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación, quienes
continuarán sometidos a las normas anteriores a la misma.
5 Al respecto citó la sentencia de la Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A del 7
de octubre de 2010, C.P. Gustavo Eduardo Aranguren, radicado núm. 25000-23-25-000-2002-02392-01.
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obtenido en el último año de servicios y sobre todos los factores devengados por el
actor en dicho periodo.
Que, además se deben considerar los factores incluidos en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, que comprenden la asignación básica, gastos de representación,
subsidio de alimentación, dominicales y festivos, primas de servicios, semestral,
navidad y vacaciones.
Hizo referencia a algunas decisiones adoptadas por el Consejo de Estado 6 para
resaltar que dicha corporación, al realizar una interpretación sobre el alcance de los
regímenes de transición, señaló que estos tienen por fin permitir que la situación de
algunos trabajadores se continúe rigiendo por las normas que pierden vigencia. En
este sentido, no es posible dar una aplicación fraccionada de la norma, como lo hizo
CAJANAL al aplicar el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Sobre el régimen pensional anterior a la Ley 33 de 1985 se valió de la citación de la
sentencia del 12 de abril de 2012, radicado interno núm. 0581-10, para resaltar que
«[a] pesar de que [dicho régimen] (…) solo remite a la edad de jubilación que regía
con anterioridad a la entrada en vigencia y no señaló nada en cuenta a la liquidación,
(…) en este aspecto se debe aplicar también el régimen anterior porque resulta más
favorable al actor. De no hacerse así, se desconocería el principio mínimo
fundamental consagrado en el artículo 53 de la Carta Política y el principio de
inescindibilidad normativa».
Que el argumento de la entidad demandada sobre la existencia de una contradicción
en la aplicación de las normas pensionales no constituye una violación al principio
de seguridad jurídica, ya que la sentencia apelada aplicó correctamente la Ley 6 de
1945 y normas relacionadas.
Que deben aplicarse la Ley 6 de 1945, el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 y el Decreto
1045 de 1948 para la reliquidación de la pensión de jubilación del actor, conforme
al salario que sirvió de base para los aportes del último año de servicios y los
factores de asignación básica, gastos de representación, dominicales y festivos,
prima de servicios, subsidio de alimentación y primas semestrales, de navidad y
vacaciones, los cuales se acreditan con la certificación de devengados y tiempos de
servicio expedida por el Instituto Nacional de Vías Territorial de Norte de Santander.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 presentó acción de revisión en contra de la sentencia del 8 de septiembre de
2014, al considerar que está incursa en la causal b) del artículo 20 de la citada
legislación, con base en los argumentos que pasan a exponerse:
Que la sentencia recurrida dispuso el reconocimiento de una pensión de vejez al
cumplir los 50 años de edad y 20 años de servicios oficiales, aplicando la Ley 6 de
1945, por virtud de la presunta transición que establecía la Ley 33 de 1975, cuando
debía atenderse la regla establecida en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
6 Sentencia identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2010-00795-00 del 14 de octubre de 2010.
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100 de 1993, considerando solo la lista de factores contemplados en el Decreto
1158 de 1994, al tenor de lo expresado en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230
de 2015 emitidas por la Corte Constitucional.
Que, si bien el señor Jorge Enrique Montes es beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y también del previsto en la Ley
33 de 1985, su derecho pensional en cuanto a la edad se rige por las disposiciones
del artículo 25 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 68 del Decreto Reglamentario
1848 de 1969 (55 años) y en lo que respecta al tiempo y monto de la prestación,
debe regirse por las disposiciones de la Ley 33 de 1985.
Que para el ingreso base de liquidación, era relevante recurrir a las disposiciones
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en particular el artículo 3, lo que implicaba la
liquidación con el promedio de los salarios devengados durante el período necesario
para adquirir el derecho, considerando los factores establecidos en el Decreto 1158
de 1994, en la medida que el primer ítem mencionado no fue objeto de transición y
respecto del segundo aspecto resulta inviable considerar todas y cada una de las
sumas devengadas por el causante de la prestación.
Que la transición establecida por la Ley 33 de 1985, para los empleados públicos
nacionales, no implicó ningún beneficio real para los hombres, ya que el requisito
de edad permaneció en 55 años con la expedición del Decreto 3135 de 1968 y su
decreto reglamentario, los cuales hicieron inviable, además, la remisión a las
previsiones de la Ley 6 de 1945 para los empleados de esta categoría.
Que resulta incomprensible por qué el fallo de segundo grado desconoció el régimen
anterior aplicable al considerar que el actor ostentaba la calidad de empleado
territorial, a pesar de que estaba debidamente comprobado que su vinculación con
el Ministerio de Transporte solo podía ser de orden nacional.
Contestación de la acción especial de revisión
El señor Jorge Enrique Montes, en calidad de abogado debidamente inscrito ante el
Consejo Superior de la Judicatura, con tarjeta profesional vigente 7, actuando en
nombre propio, se opuso a las pretensiones al considerar que en la acción de
revisión se presentó de forma extemporánea al superar el término dispuesto en el
artículo 356 del Código General del Proceso (CGP).
Por otra parte, señaló que el Consejo de Estado en varios pronunciamientos ha
precisado que para establecer el ingreso base de liquidación de las pensiones, no
se debe acudir a la relación taxativa de los factores salariales señalados en la ley
sino a todas aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y
periódica como contraprestación de sus servicios, independientemente de la
denominación que se les dé.
Resaltó que la esencia del régimen de transición es la edad, tiempo de servicios y
el monto y, en consecuencia, al alterarse alguno de estos presupuestos se estaría
desconociendo dicho beneficio, según lo establecido en las sentencias proferidas
7
Según la verificación efectuada por el Despacho en el Sistema de Información del Registro Nacional de
Abogados – SIRNA
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por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo del 8 de junio y 21 de
septiembre del 2000, radicados núm. 2729 y 470, respectivamente.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Teniendo en cuenta que la parte demandada en su intervención solicitó se declarará
la improcedencia de la acción especial de revisión, la Sala entrará, previa
formulación del problema jurídico, a examinar este asunto.
Cuestión previa
La Subsección precisa que, si bien no se desconoce que ni para el recurso
extraordinario de revisión ni para la acción especial de revisión el CPACA prevé la
posibilidad de proponer excepciones previas, se estima pertinente abordar el
argumento relativo a la extemporaneidad en la presentación de la acción especial
de revisión, en la medida que hace parte de la defensa del pensionado.
En criterio del demandado la acción no procede porque la decisión atacada quedó
ejecutoriada el 12 de noviembre de 2014, superándose el plazo de 2 años
establecido por el artículo 356 del CGP al momento de presentarse la acción.
Sobre el particular, en el ordenamiento jurídico nacional existen tres criterios8 para
la solución de conflictos de leyes, entre ellos, el de la especialidad, según el cual
cuando el conflicto se plantea entre una norma de carácter general y una especial,
se aplicará la última.
Frente al término para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
debe precisarse que existe regulación expresa en el artículo 251 del CPACA que
dispone que en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria
de la providencia judicial, así es claro que el plazo se contabiliza a partir del día
siguiente de la ejecutoria de la decisión judicial y hasta el momento en que es
presentado el recurso.
En el presente asunto se advierte que el recurso fue interpuesto por la UGPP el 21
de abril de 20169 y que la decisión de segunda instancia proferida el 8 de septiembre
de 2014 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander quedó ejecutoriada el
8 En la Sentencia C-451 de 2015, la Corte Constitucional, basada en las previsiones establecidas en las Leyes
57 y 153 de 1887, destacó que existen al menos tres criterios hermenéuticos para solucionar los conflictos entre
leyes, además del anteriormente mencionado: (i) el criterio jerárquico, según el cual la norma superior prima o
prevalece sobre la inferior (lex superior derogat inferiori); (ii) el criterio cronológico, que reconoce la prevalencia
de la norma posterior sobre la anterior, es decir, que en caso de incompatibilidad entre dos normas de igual
jerarquía expedidas en momentos distintos debe preferirse la posterior en el tiempo (lex posterior derogat priori).
9 Folio 336 vuelto.
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día 12 de noviembre de 2014, esto es, sin que la oportunidad para presentar la
acción hubiera caducado.
Por las razones expuestas, la Subsección advierte que la acción fue presentada en
el término legal, razón por la cual no es de recibo el argumento propuesto por la
parte demandada y, en consecuencia, se entrará a estudiar de fondo el asunto.
Problema jurídico
Debe resolver la Subsección si se configura la causal de revisión alegada por la
entidad demandante, esto es, si se reconoció un derecho cuya cuantía excediere lo
debido de acuerdo con la ley al ordenarse el reconocimiento de la pensión del señor
Jorge Enrique Montes Ochoa, con la edad y el ingreso base de liquidación de las
Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 en armonía con el Decreto 1045 de 1978 y, no el
previsto por el inciso 3° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con
los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994.
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) generalidades de la acción especial de
revisión, ii) causal de revisión invocada; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos
sobre la pensión de jubilación, iv) aplicación de la transición dentro de la Ley 33 de
1985 y v) se examinará el caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones10 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.
Está acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los
efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se
presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para
su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial11 por
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.
11 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
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al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»12. Frente a las causales para interponer
el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos
250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en
el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.
Conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves casos de
corrupción y los impactos fiscales en el erario por los reconocimientos pensionales
de manera irregular. La acción de revisión no fue creada para reabrir el debate
probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar judicialmente el
valor de las pensiones que hayan sido reconocidas con violación al debido proceso
y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.
Así, el fin principal es salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira13.
Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual dispone:
« b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de la causal especial
aludida.
La exposición de motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley 797
de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas
sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos
para todos los ciudadanos […]»14. De igual manera, se advierte que se manifestó
en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del
Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar
las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con
el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»
12
Ibidem.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
14 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00296-00 (1714-2016)
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem estaba dirigido a reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación
La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición
en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.
«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les
hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo
devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado
y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».
De lo anterior, se deduce que, ante el nuevo marco regulatorio de la pensión de
vejez en el Sistema General de Pensiones, el legislador quiso establecer un régimen
de transición para garantizar a un grupo de personas el beneficio de una pensión
de vejez con los requisitos de edad, tiempo y monto del régimen pensional anterior.
Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso
que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la
Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.
En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la
Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley
100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y
tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el
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régimen general de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada
por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas
reglas y subreglas.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985.».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.
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Aplicación de la transición dentro de la Ley 33 de 1985
La Ley 33 de 1985 estableció un régimen de transición para aquellos servidores
que, al entrar en vigencia esta ley, ya contaban con 15 años de servicio,
permitiéndoles regirse por la normativa anterior en cuanto a las exigencias sobre la
edad de jubilación, así:
«PARÁGRAFO 2°. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente
Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían
con anterioridad a la presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados
oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando
cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco
(55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará
de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro. (…)»
Por su parte, la Ley 6 de 1945, en su artículo 17, literal b), estableció una pensión
vitalicia de jubilación en favor de los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios.
Posteriormente, el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 varió la edad de jubilación
de los varones en los siguientes términos:
«El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá
derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio.»
A su vez el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 dispuso que el «(…) empleado
oficial que preste o haya prestado sus servicios durante veinte (20) años, continua
o discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas señalados en
el artículo 1o. de este decreto, tiene derecho a gozar de pensión de jubilación al
cumplir cincuenta y cinco años de edad, si es varón, o cincuenta (50) años de edad,
si es mujer.»
Respecto a la aplicación de la Ley 6 de 1945 o del Decreto 3135 de 1968 a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, esta Corporación
señaló una postura consistente al señalar que, «si bien es cierto los Decretos 3135
de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, modificaron la edad de
jubilación dispuesta en la Ley 6 de 1945, dichas normas fueron derogadas por la
Ley 33 de 1985 por lo que la misma nos devuelve a la Ley 6 de 1945, como régimen
anterior aplicable»15.
Por otro lado, también mantuvo la posición consistente en dar aplicación al artículo
27 del Decreto 3135 de 1968, al señalar que «para el 13 de febrero de 1985, fecha
en que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, [la entonces demandante] contaba con
más de 15 años de servicio […], es decir que en cuanto a edad lo gobernaba el
régimen anterior, que tratándose de empleados de carácter nacional, estaba
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2007, radicación: núm.
150012331000199902187-01(1114-03). Este criterio fue reiterado por la referida subsección, en la sentencia
del 19 de noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028 -07).
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00296-00 (1714-2016)
contenido en el Decreto 3135 de 1968. […] En consecuencia, es procedente aplicar
a la actora, el régimen anterior a la Ley 33 de 1985 en su totalidad, que no es otro
que el contenido en el Decreto Ley 3135 de 1968, por tratarse de una empleada de
carácter nacional»16.
Sobre la aplicación de una u otra norma, el Consejo de Estado en sentencia del 24
de marzo de 202217 adoptó la tesis según la cual la aplicación de la Ley 6 de 1945
o del Decreto 3135 de 1968, para los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985, dependerá de la vinculación nacional o territorial del empleado
público, para ello sostuvo:
«[…] el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró un régimen de
transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su
entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» […], que
para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135
de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945»
En atención a lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse
en cuenta, en primer lugar, que lo pretendido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue el
reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Jorge Enrique Montes Ochoa
a partir de los 50 años de edad y la reliquidación de dicha prestación con el ingreso
base de liquidación señalado en la Ley 6 de 1945 que remite al artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 y con todos los factores devengados en el año anterior al
retiro del servicio18.
Atendiendo a la causal planteada por el recurrente, la Sala, se ocupará de
determinar si, en efecto, los supuestos fácticos y jurídicos encuadran dentro del
contenido dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo
del asunto planteado.
Advierte la Sala que, aunque la UGPP no establece expresamente la diferencia
monetaria existente entre el monto sobre el cual fue reconocida la prestación
periódica y aquel sobre el que debió liquidarse de las pruebas aportadas se logra
inferir en qué consiste la alegada afectación del patrimonio público.
Al margen de lo anterior, verificado el expediente encuentra la Sala que la UGPP
con la demanda aportó el documento denominado «cálculo e indexación de la
16 Entre otras, sentencia del 23 de febrero de 2012 de la Sección Segunda, Subsección A, radicación núm.
25000- 23-25-000-2004-01309-01(1143-08).
17 Tal criterio fue reiterado en diferentes providencias, entre ellas, en la sentencia del 24 de marzo de 2022,
radicado núm. 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019).
18 Específicamente solicitó el reconocimiento salarial de los siguientes factores: primas de servicios, semestral,
antigüedad y productividad, vacaciones, auxilios de transporte, subsidio de alimentación, viáticos, horas extras
y todos los demás devengados en tal lapso.
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00296-00 (1714-2016)
primera mesada e indexación de la diferencia»19; a partir de dicha prueba resulta
posible, evidenciar que la mesada pensional del entonces demandante fue
reajustada en un 76,73% respecto de la que venía percibiendo antes de proferirse
la orden de la decisión que hoy se cuestiona20.
Por consiguiente, al exponerse en qué consiste la presunta afectación al patrimonio
público, la parte demandante efectivamente se encuentra facultada para cuestionar
la presunción de veracidad que cobija la decisión deprecada pues indica de manera
precisa y razonada la causal aludida, lo que a su vez habilita a esta Corporación a
continuar con el estudio del asunto.
De ahí que se pasará a examinar, si en el caso concreto, se configura la
consecuencia procesal prevista en el precepto normativo mencionado, es decir, si
la sentencia en cuestión, que reconoció la pensión de jubilación del señor Jorge
Enrique Montes Ochoa a partir de los 50 años de edad y ordenó la reliquidación de
la prestación con base en la Ley 6 de 1945, desbordó el límite legalmente
establecido y si el mismo se dio a causa de la indebida aplicación normativa y del
precedente jurisprudencial.
En este punto, es de destacar que el litigio no versa sobre el derecho pensional
concedido al señor Jorge Enrique Montes Ochoa, ni sobre su inclusión en el régimen
de transición consagrado en el inciso 1.° del parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley
33 de 1985. Más bien, en relación con el objeto del litigio, los principales argumentos
se centran en que la decisión de segunda instancia se basó erróneamente en
normativas que no eran aplicables al caso concreto, específicamente la Ley 6 de
1945 y el Decreto 1045 de 1978. Como resultado, se sujetó el reconocimiento
pensional a la edad de 50 años y se ordenó la reliquidación de la pensión utilizando
un ingreso base de liquidación diferente al establecido por ley, así como unos
factores que no debieron considerarse.
Señala la parte demandante en su recurso que la sentencia objeto de revisión debió
incluir únicamente los factores salariales enlistados en el artículo 1. ° de la Ley 62
de 1985 y no los establecidos en el Decreto 1045 de 1978, en consideración a que
la normatividad vigente al momento de adquirir el estatus pensional, eran las Leyes
33 y 62 de 1985.
Del material probatorio obrante en el expediente se concluye que el señor Jorge
Enrique Montes Ochoa, nació el 2 de marzo de 195321 y laboró para el Ministerio de
Obras Públicas y Transporte desde el 12 de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre
de 1993 y con el Instituto Nacional de Vías desde el 1.° de enero de 1994 hasta el
30 de junio de 199422, fecha de retiro del servicio23; ocupando como último cargo el
de técnico administrativo, código 4065, grado 9.
19 Obrantes a folios 277 a 281 del cuaderno principal.
20 A dicha conclusión se llega luego calcular la constante porcentual que existe entre el valor consagrado en las
columnas denominadas “mesada pagada” y “mesada reliquidada” en los folios 277 a 280 del cuaderno principal.
21 Registro Civil de Nacimiento visible a folio 49, cuaderno antecedentes administrativos.
22
La anotación de fecha de retiro fue establecida en la Resolución 004311 de 9 de junio de 1994, folio 57 del
cuaderno principal.
23 Según constancia de servicio expedida por el director territorial del Ministerio de Transporte- Instituto Nacional
de Vías- Territorial Norte de Santander, visible a folio 50.
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00296-00 (1714-2016)
El director territorial del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías
Territorial Norte de Santander certificó que el señor Montes Ochoa devengó durante
los años 1993 y 1994 los siguientes emolumentos: horas extras y recargos
nocturnos, primas o subsidio de alimentación, bonificación por servicios y primas
semestral, navidad y vacaciones24.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al desatar la alzada, aplicó las
Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, bajo el argumento de que el hoy demandado es
beneficiario del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, pues para la
fecha en que esta entró en vigencia, el señor Enrique Montes había prestado
servicios por aproximadamente 15 años, motivo por el cual cumplía el presupuesto
establecido en el inciso primero del parágrafo 2º del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985
y tenía como prerrogativa la posibilidad de pensionarse con la edad prevista en tales
normas. En relación con los factores salariales para establecer la liquidación
pensional indicó que debía acudirse a los previstos en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, enunciación que no podía ser entendida de manera taxativa.
La fundamentación expuesta por el Tribunal se basa en las sentencias emitidas por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo el 7 de octubre de
2010, radicado núm. 02655-07 y el 12 de abril de 2010, radicado núm. 0581-2010,
las cuales establecen que los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33
de 1985 deben regirse en su totalidad por la Ley 6 de 1945 y los factores de salario
contemplados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sin tomar en cuenta el
ingreso base de liquidación establecido en los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de
1993.
Adicionalmente, se respaldó en las sentencias del 4 de agosto de 2010, radicado
núm. 2069, del 14 de octubre de 2010, radicado núm. 2010-00795, del 8 de junio y
21 de septiembre de 2000, radicado núm. 2729 y 470, respectivamente, para
mantener la orden que en la reliquidación de la prestación, se consideren no solo la
asignación básica, gastos de representación, dominicales y festivos (sic), primas de
servicios, subsidio de alimentación, prima semestral, de navidad y vacaciones, sino
también todos los demás factores que el demandante demostró haber devengado
durante su último año de servicio.
Aunque la sentencia cuestionada mencionó en la parte considerativa que el señor
Montes Ochoa había devengado en el último año de servicios gastos de
representación y domingos y festivos, en su parte resolutiva, finalmente ratificó lo
expresado por el Juzgado, esto es que los ingresos efectivamente recibidos por el
señor Montes fueron los indicados en los certificados presentados.
En el caso particular, el conflicto se suscita en la normatividad aplicable al régimen
de transición que alude la Ley 33 de 1985, es decir, si debe efectuarse una
interpretación literal de la norma, según la cual se garantiza el acceso a la prestación
con la edad regulada en la norma anterior; o si, por el contrario, se debe emplear el
régimen anterior en su integridad, en virtud del principio de inescindibilidad. Luego
de determinado esto, surge la cuestión de cómo debe efectuarse la liquidación
24 Folio 20 y 21 expediente ordinario.
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00296-00 (1714-2016)
pensional, es decir, los factores a tener en cuenta para determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación.
En relación con la interpretación de las normativas mencionadas, esta Corporación
ha abordado el tema desde dos perspectivas distintas en su jurisprudencia,
admitiendo la aplicación tanto de las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, como del Decreto
Ley 3135 de 1968 a las pensiones reconocidas en el marco del régimen de
transición previsto en la Ley 33 de 1985, tal como se había anunciado.
Por un lado, ha sostenido que con la entrada en vigor de la Ley 33 de 1985 se
derogó el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, lo cual conlleva a que la transición
establecida en el artículo 1.° de esa ley remita a la Ley 6 de 1945 25. Por otro lado,
también ha establecido en ciertas ocasiones que es adecuado aplicar el artículo 27
del Decreto Ley 3135 de 196826 a los beneficiarios del primer apartado del parágrafo
2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, disposición que estableció que la edad para
acceder al beneficio pensional sería de 50 años para las mujeres y 55 para los
hombres.
Al respecto, es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión
recurrida, una de las posiciones adoptadas por el Consejo de Estado en relación
con la edad y el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en
aplicación del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, era la contenida, entre
otras, en las sentencias del 2 de octubre de 200827 y del 9 de julio de 200928, según
las cuales estos aspectos también se rigen por las normas anteriores a dicha ley lo
que habilitaba el acceso al derecho pensional bajo el imperio de la Ley 6 de 1945,
es decir, a la edad de 50 años, 20 años de servicios y en un 75% del promedio
salarial del último año de servicios29.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 16 de diciembre de 2009, radicación núm.: 25000-23-
25-000-2002-00474-01(1754-06); del 31 de enero de 2019, radicado núm.: 730012331000201100659 01 (3005-
2016); del 16 de diciembre de 2009, radicación núm.: 250002325000200200474 01(1754-06); del 19 de
noviembre de 2009, radicación núm. 250002325000200401634 01(1028-07); del 19 de abril de 2007, radicación:
núm. 150012331000199902187-01(1114-03), del 19 de noviembre de 2009, radicación: núm.
250002325000200401634 01(1028-07).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación núm:
25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07); del 23 de febrero de 2012, radicación núm: 25000-23-25-000-2004-
01309-01 (1143-08); del 12 de agosto 2021, radicado núm: 110010325000201800914 00 (3158-2018); del 18
de febrero de 2021, radicación núm: 70001-23-33-000-2015-00018-01(4064-16).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2008, radicación núm.
25000-23-25-000-2005-04715-01 (2599-07). En esta decisión, esta Corporación al analizar el caso de una
mujer amparada por el régimen establecido en el párrafo 2° de la Ley 33 de 1985 determinó que el derecho
pensional debía regirse por las disposiciones de la Ley 6 de 1945, lo que implica que podría jubilarse a los 50
años, con al menos 20 años de servicio, y recibir una pensión equivalente al 75% del promedio salarial del
último año de trabajo. Además, se abordó el argumento del recurrente que proponía aplicar la Ley 100 de 1993
para calcular el IBL y los factores salariales de la pensión. Sin embargo, se aplicó el principio de "inescindibilidad
de la Ley", el cual establece que las normas legales no pueden ser fragmentadas, sino que se debe aplicar
régimen de manera integral, sin combinar disposiciones de distintas normativas.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de julio de 2009,
radicado núm. 250002325000200404442 01 (0208-2007). En este caso, el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del párrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, que estableció un régimen de transición para
empleados con al menos 15 años de servicio, permitiéndoles pensionarse bajo los requisitos del régimen
anterior de la Ley 6 de 1945. Sin embargo, aunque el demandante cumplía con estos requisitos al momento de
la entrada en vigor de la ley, la entidad demandada aplicó los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978 para la liquidación de la pensión, pero la Sala respetó la normativa aplicada por la demandada en este
aspecto, pues este aspecto no fue debatido en el caso.
29 Como se anotó en el marco normativo en la vigencia de la decisión recurrida también existía otra vertiente
para la resolución de casos similares, según la cual, aquellos trabajadores beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho a que se mantuviera la edad y el régimen pensional establecido
en el Decreto 3135 de 1968 y sus reglamentarios.
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00296-00 (1714-2016)
En relación con este punto, es importante destacar que esta tesis continuó vigente
incluso hasta el año 201930, circunstancia que permite afirmar que el juez, en
ejercicio de su autonomía judicial, tenía la facultad de aplicar cualquiera de las dos
tesis vigentes, siempre y cuando proporcionara una justificación adecuada para su
elección.
Aunque la sentencia impugnada no mencionó la discrepancia jurisprudencial sobre
la aplicación de la normativa pensional en relación con la edad requerida para
acceder a la prestación, esto no compromete su integridad, a lo sumo podría
plantear dudas sobre la transparencia judicial, pero esto necesariamente no invalida
la decisión pues, el tribunal ejerció su facultad de elegir entre los diferentes criterios
jurisprudenciales disponibles y proporcionó los fundamentos que respaldaron su
elección.
Según lo ha expuesto la Corte Constitucional, el juez o la sala de decisión de un
tribunal está vinculado a las decisiones anteriores dictadas por las cortes de
cierre31. Sin embargo, esta sujeción no es absoluta, ya que el operador solo puede
apartarse de tales precedentes si se demuestra que existen circunstancias que los
hacen inaplicables al caso concreto. De lo contrario, se vería anulada por completo
la autonomía judicial32.
Tal sometimiento, además, no resulta obligatorio cuando se presentan situaciones
en las que dos precedentes entran en conflicto, como sucede en el caso concreto.
Este escenario constituye un riesgo que ha llevado al legislador a establecer
mecanismos de unificación de jurisprudencia y ante esta circunstancia, el juez se
encuentra en la posición de tener que elegir entre los precedentes vigentes,
fundamentándose en los elementos fácticos y jurídicos del caso que sustentan su
decisión.
En cuanto a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación,
la Subsección observa que el tribunal de segunda instancia motivó su decisión en
la sentencia del 4 de agosto de 2010 emitida por esta corporación y aunque, esta
posición jurídica fue modificada por la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, esta limitó su alcance a los casos pendientes de resolución en instancias
administrativas y judiciales, mientras que aquellos sujetos a cosa juzgada no podían
ser modificados.
Por consiguiente, la decisión bajo revisión debe ajustarse al criterio vigente en el
momento de su expedición y en este sentido, el juez de segunda instancia adoptó
la misma postura sostenida por el Consejo de Estado en la sentencia del 2 de
octubre de 200833, la cual establece que los trabajadores beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985 tienen derecho a que su mesada pensional se
calcule de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1045 de 1978 respecto a los
30 En sentencia del 31 de enero de 2019, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación al resolver
un recurso de apelación concluyó «[…] que el régimen de transición pensional de la Ley 33 de 1985 remite a
las normas contenidas en la Ley 6 de 1945 que rigen la materia, con la inclusión de todos los factores que
constituyen salario, al tenor de lo previsto por el Decreto 1045 de 1978.»
31 En este sentido, ver sentencia Corte Constitucional T-1625 de 2000.
32
Entre otras, sentencias C-621 de 2015, T-446 de 2013, T-082 de 2011, T 194 de 2011 emitidas por la Corte
Constitucional.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2008, radicación núm:
25000-23-25-000-2005-04715-01(2599-07).
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emolumentos a tener en cuenta en la base de liquidación de la prestación en
aplicación integral e inescindible de la norma pensional.
Este criterio de inescindibilidad también fue respaldado, como se expuso, en la
sentencia del 4 de agosto de 2010, en el contexto de la interpretación de los
beneficiarios del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, en el
sentido de indicar que el hecho de que el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalara
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de servicio.
Para esta Sala, si bien la reliquidación de la prestación ordenada en el proceso
ordinario aumentó considerablemente el valor reconocido en la prestación al incluir
la totalidad de los factores salariales devengados por el señor Jorge Enrique
Montes, tal situación no constituye por si sola la configuración de la causal alegada
pues obedeció al criterio jurisprudencial vigente a la fecha en que se expidió el fallo.
Sobre lo anterior, se resalta que, si bien es cierto que a partir de la expedición de
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, fueron reconocidos como elementos de
la transición, la edad, tiempo de servicios y monto y que a partir de allí emergió un
conflicto entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre el IBL ante el
cual, se crearon dos líneas jurisprudenciales contrarias entre los dos órganos de
cierre; también lo es, que el juez natural de la causa, en el ejercicio de su autonomía
e independencia podía aplicar el derecho viviente de cualquiera, siempre y cuando
argumentara las razones por las cuales se apartaba del precedente emitido por una
de las dos instituciones antes mencionadas.
De modo que, resultó acertado tener en cuenta todos los factores devengados por
el trabajador durante el último año de servicios, tal y como lo dispuso el Tribunal al
ordenar a la entidad liquidar la prestación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios, sin perjuicio de las
deducciones que en su momento no se efectuaron para aportes respecto de los
conceptos reconocidos en la liquidación.
La UGPP argumenta desconocimiento del precedente jurisprudencial desarrollado
por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013 y SU-230 de 2015, en el sentido de establecer que el IBL debió haber sido
tomado como aspecto ajeno a la transición y que sólo podrían tomarse como
factores de liquidación aquellos ingresos causados por el beneficiario, con carácter
remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones
respectivas.
Sin embargo, observa la Sala que, en ningún momento, el recurrente expuso de
manera puntual las irregularidades que en el marco del proceso dieron lugar al
reconocimiento de los factores o su inclusión de manera no legal. Si en gracia de
discusión, la entidad hubiese precisado lo anterior, este cargo por sí mismo
resultaría insuficiente, pues no puede perderse de vista que la jurisprudencia
vigente que fue aplicada por el fallador le permitía reconocer los factores discutidos
para la liquidación de la pensión.
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Por lo mencionado, contrario a lo que alega la parte accionante, el juez de
conocimiento para el caso, conforme a lo probado en el proceso, reconoció la
reliquidación como beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985,
respecto de la edad de jubilación y los factores a considerar en el ingreso base de
liquidación aplicó el criterio jurisprudencial adecuado desarrollado por el Consejo de
Estado, máximo órgano de lo contencioso administrativo, en la sentencia del 4 de
agosto de 2010, luego de considerar la obligatoriedad del precedente vertical y la
sujeción al superior funcional y tener en consideración que los preceptos allí
contenidos se acompasaban en mayor medida al principio de favorabilidad en
materia de derechos laborales; motivo por el cual no se advierte una actuación
caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.
En suma, esta Subsección estima que la tipificación de la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 no puede condicionarse únicamente al hecho objetivo de que
se haya otorgado una suma periódica superior a la legalmente establecida y que
esta haya resultado de una disyuntiva hermenéutica, sino que, la razón para
reconocer el incremento debe ser fruto de una infracción evidente y contrario del
ordenamiento jurídico; circunstancia que, se itera, no se avizora en el caso concreto
pues, la reliquidación ordenada fue reconocida con sustento en la interpretación y
se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en la que se profirió la
decisión.
En consecuencia, no quedó demostrada la trasgresión de las normas legales y
constitucionales alegadas por la UGPP y, por tal motivo se declarará infundada la
acción.
Condena en costas
De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.
Conforme a lo establecido en el numeral 1.º del artículo 365 del Código General del
Proceso (CGP), vigente para el momento en que se interpuso el recurso de revisión,
se prescribe la imposición de costas «(...) a la parte vencida en el proceso, o a
aquella cuyo recurso de apelación, queja, súplica, anulación o revisión sea resuelto
desfavorablemente». Este artículo establece además que las costas solo pueden
ser impuestas cuando en el expediente se evidencie su causación y en la medida
en que sean probadas.
Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso se encuentra
que el señor Jorge Enrique Montes Ochoa actuó en representación propia y
presentó el escrito de contestación de la acción, actuación que por sí sola,
constituye una prueba suficiente para fijar, en su favor, agencias en derecho, como
como contraprestación por el tiempo y esfuerzo dedicados a la causa.
Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso dictará
un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral 3 del
artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 respecto de la
sentencia del 8 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander- Despacho de Descongestión N°2, que confirmó la decisión de
primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda ordinaria, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Condenar en costas a la UGPP en favor del señor Jorge Enrique Montes,
las cuales se liquidarán por la Secretaría de la Sección Segunda de esta
Corporación.
Tercero: Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación ingresar el expediente al despacho del magistrado
ponente para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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