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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00388-00

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00388-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Declárase fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 17 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda), dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la señora María de las Mercedes Sánchez de Ramírez, que revocó la de 24 de abril del mismo año del Juzgado Octavo (8º) Administrativo de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda, para en su lugar, acceder a estas; en consecuencia, infírmase dicha providencia, conforme a la parte motiva. 2. Revócase el fallo proferido el 24 de abril de 2013 por el Juzgado Octavo (8º) Administrativo de Bogotá, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por la señora María de las Mercedes Sánchez de Ramírez contra la liquidada Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), según las consideraciones; en su lugar: 45 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. 31 Expediente: Expediente: 63001-23-33-000-2015-00123-01 11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016) (1869-2016) Medio de control de nulidad yRecurso restablecimiento extraordinario del de derecho revisión UGPP contra MaríaMaría Irene de Nieto las Cárdenas Mercedes contra Sánchezla de UGPP Ramírez 2.1 Declárase la nulidad de la Resolución UGM 35557 de 27 de febrero de 2012, por la cual la entonces Cajanal negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la actora por nuevos tiempos, de conformidad con la motivación del presente fallo. 2.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordénase a la UGPP reajustar a la accionante su pensión de jubilación con inclusión de aquellos factores salariales sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes, además de los previstos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización (IBC), durante los últimos diez (10) años de servicios (8 de julio de 2000 al 8 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00388-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

24 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Trámite : Recurso extraordinario de revisión (artículo 20 de la Ley 797
de 2003)
Expediente : 11001-03-25-000-2016-00388-00 (1869-2016)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1
Demandada : María de las Mercedes Sánchez de Ramírez
Tema : Reliquidación de pensión de jubilación

Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 17 de
octubre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección D de la sección segunda), mediante la cual revocó la de 24 de
abril del mismo año del Juzgado Octavo (8º) Administrativo de Bogotá, que
negó las súplicas de la demanda, para en su lugar, acceder a estas.

I. ANTECEDENTES DEL MEDIO DE CONTROL

1.1 Medio de control (ff. 25 a 35 del expediente ordinario2). La señora María
de las Mercedes Sánchez de Ramírez, por conducto de apoderado, ocurrió ante
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), contra la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), con
el propósito de obtener la anulación de la Resolución UGM 35557 de 27 de
febrero de 2012, por la que se le negó la reliquidación de su pensión de
jubilación desde el retiro del servicio.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó se ordenara a la desaparecida Cajanal (i) reajustar la citada prestación
«[…] teniendo en cuenta lo contemplado en el Decreto-Ley 3135 de 1968 y en
la Ley 33 de 1985 […] con base en el 75% del promedio de los factores
salariales devengados durante su último año de servicios […] comprendido
1
Sucesora procesal de la extinguida Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal).
2
Obrante en el índice 37 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial
denominada SAMAI.

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

entre el 10 de Julio de 2009 y el 09 de Julio de 2010 […]» (sic); (ii) cancelar
las diferencias en las mesadas a que hubiera lugar, con los ajustes de valor;
(iii) sufragar intereses moratorios y (iv) dar cumplimiento al fallo en los
términos del artículo 192 del CPACA.

1.2 Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte actora. Relató la
señora María de las Mercedes Sánchez de Ramírez que prestó sus servicios
por más de 20 años para la Universidad Pedagógica Nacional, y al cumplir los
respectivos requisitos, la liquidada Cajanal le reconoció pensión de jubilación,
a través de Resolución 1012 de 28 de enero de 2003, revocada por la 33456 de
13 de julio de 2006, en el sentido de calcularla «[…] en los términos de los
artículos 33 y 34 de la ley 100 de 1993 […] con base en el 85% del promedio
del ingreso base de cotización de los últimos diez (10) años» (sic) y «[…] la
EDAD y el TIEMPO contemplados en el Art. 1º de la Ley 33 de 1985 […]»
(sic).

Que el 27 de diciembre de 2010 pidió de la mencionada entidad revisar el
cómputo de dicha prestación, para que «[…] se aplicaran los principios de
inescindibilidad de la Ley, de la favorabilidad y de los derechos adquiridos
con el fin de que se diera cumplimiento en su integridad a la normatividad
más favorable, […] con base en la Ley 33 de 1985 […]» (sic), negada por
medio de la Resolución acusada, por cuanto no se aportaron al expediente
administrativo los certificados de factores salariales de los años 2005 a 2008.

II. PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección
segunda), en sentencia de 17 de octubre de 2013 (ff. 262 a 268 y 280 a 286),
revocó el fallo de 24 de abril de la misma anualidad del Juzgado Octavo (8º)
Administrativo de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda, para en su
lugar, acceder a estas, al considerar que el acto atacado desconoció «[…] los
derechos laborales consagrados en la Constitución Política […], al no darse
aplicación integral al inciso segundo, del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
[…] razón suficiente para declarar su nulidad y […] ordenar una nueva
liquidación de la pensión [de la allí accionante], tomando como base la suma
equivalente al 75% promedio de todo lo que hubiere devengado en el último
año de servicios, es decir, entre el 8 de julio de 2009 al 8 de julio de 2010
[…]» (sic).

2

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La UGPP, por intermedio de apoderado, interpuso recurso extraordinario de
revisión (ff. 292 a 305 y 337 a 3443), el 4 de mayo de 2016 (f. 305 vuelto),
contra la anterior providencia, con fundamento en las causales previstas en las
letras a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», en su orden,
al estimar que (i) «[…] existió falta de legitimación en causa […], pues
CAJANAL […] no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la
demanda, habida cuenta de no ser la destinataria ni depositaria de los fondos
o recursos que se recaudan para la Seguridad Social en Salud» (sic); y (ii)
aunque no hay discusión en que la señora Sánchez de Ramírez es beneficiaria
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en todo caso,
«[…] no puede pretender la aplicación de los artículos 33 y 34 […]» ibidem,
que se aplicaron en la Resolución acusada, «[…] en cuanto a los requisitos de
edad, tiempo y monto pensional y por otra parte, la aplicación [de ese]
régimen […], en cuanto a la liquidación con el promedio de lo devengado en
el último año de servicios y demás presupuestos en una combinación
preferente que le resulte favorable, si no por el contrario uno y otro régimen
deben aplicarse en su integridad, sin que sea posible escindirlos […]» (sic),
como lo ha precisado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia.

Agrega que la accionada «[…] detenta tanto la calidad de beneficiaria del
régimen de transición del artículo 36 [de la Ley 100 de 1993] como también
de los precepto de los artículos 33 y 34 [ibidem], siendo estos más favorables
al momento de reliquidar la pensión de vejez […]» (sic).

Asimismo, sostiene que deviene equivocada la posición del ad quem al fijar la
efectividad de la referida pensión el «[…] 27 de diciembre de 2007, siendo lo
pertinente el pago solo a partir del 09 de julio de 2010 fecha de retiro del
servicio de la señora Maria de las Mercedes y no antes tal y como venía
pagando […]» (sic) Cajanal.

En consecuencia, pide revocar el fallo de 17 de octubre de 2013 proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección
segunda); declarar (i) que a la señora Sánchez de Ramírez no le asiste derecho

3
Escrito de subsanación.
3

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

al reajuste de la pensión de jubilación «[…] bajo los parámetros de la ley 33
de 1985, esto es, con el IBL del último año de servicios y tasa de reemplazo
del 75% incluyendo la totalidad de factores salariales […]; por el contrario
corresponde la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en
consonancia con el Decreto 1158 de 1994»; y (ii) la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la liquidada Cajanal, por no tener a su cargo las
administración de los fondos o recursos del sistema general de seguridad
social en salud.

IV. TRÁMITE PROCESAL

4.1 Admisión del recurso. Mediante auto de 13 de noviembre de 2018 (f.
346), se admitió el recurso y se ordenó la notificación a la accionada y al señor
procurador delegado ante esta Corporación, oportunidad en la que guardaron
silencio (ff. 363 y 364).

4.2 Período probatorio. A través de proveído de 19 de febrero de 2020 (ff.
364 y 364 vuelto), se tuvieron como pruebas los documentos allegados por la
UGPP con la demanda.

V. CONSIDERACIONES

5.1 Cuestión previa. Antes de decidir si en el presente asunto se configuran
las causales de revisión invocadas, resulta necesario precisar el régimen
jurídico aplicable, toda vez que el recurso extraordinario de revisión fue
presentado el 4 de mayo de 2016 (f. 305 vuelto) contra la sentencia de
segunda instancia proferida el 17 de octubre de 2013, ejecutoriada el 26 de
noviembre del mismo año (f. 256).

Sobre la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, consideró la sala de
lo contencioso-administrativo de esta Corporación 4 que no comporta una
tercera instancia, sino una «[…] nueva acción con un objeto de impugnación
diferente, cual es una sentencia que ostenta la condición de inmutabilidad en
virtud de la cosa juzgada y que por la vía del Recurso Extraordinario de
Revisión busca ser invalidada», es decir, un proceso nuevo, autónomo,
independiente con trámite propio (etapas procesales) y fallo que define sobre
la legalidad de una providencia ejecutoriada, como medio excepcional de
impugnación.
4
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, auto de 12 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2013-02110-00.
4

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

Al respecto, el CPACA se aplica «[…] a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia»5 (2 de julio de 2012).

Así las cosas, comoquiera que el recurso extraordinario de revisión no
comporta una tercera instancia u otra adicional, sino un nuevo proceso o
mecanismo de control, este se rige bajo la norma que esté en vigor al
momento de su presentación.

Por lo tanto, como este recurso extraordinario de revisión se presentó el 4 de
mayo de 2016, el régimen jurídico aplicable es el contenido en el CPACA, en
armonía con el artículo 20 (inciso 3°) de la Ley 797 de 2003, según el cual
«La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código […]».

5.2 Competencia. En relación con la competencia de esta Colegiatura para
conocer del recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, este dispone que «Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias […]» (inciso 1°)6.

Por su parte, el artículo 249 del CPACA preceptúa:

De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que
profirió la decisión[7].

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

De la precitada norma se colige que la competencia para decidir el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra un fallo proferido por un tribunal

5
Artículo 308 del CPACA.
6
Los apartes «en cualquier tiempo» fueron declarados inexequibles, a través de sentencia C-835 de 2003 de la
Corte Constitucional.
7
El aparte «sin exclusión de la sección que profirió la decisión» fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
5

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

administrativo, corresponde a las secciones y subsecciones de esta
Corporación, según la materia.

Analizado el asunto sometido a consideración, a la luz de las anteriores
disposiciones, se observa que la sentencia objeto del recurso extraordinario de
revisión fue dictada, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección D de la sección segunda), el 17 de octubre de
2013, y el tema abordado fue la reliquidación de una pensión de jubilación.

Dichos presupuestos permiten concluir que la competencia para conocer del
presente recurso es de esta sección, no solo por cuanto cuestiona una
providencia dictada por un tribunal administrativo, sino, además, porque su
materia es de carácter laboral.

Así las cosas, en este caso resulta procedente el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la UGPP contra la aludida sentencia de 17 de octubre
de 2013.

5.3 Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión. Sea lo
primero decir que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prescribe:

Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado
de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo
código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
6

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

aplicables[8].

El recurso extraordinario de revisión, en la hipótesis del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, es un medio de impugnación sui generis, por su creación y al
prever la revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o
de fondos de naturaleza pública, por causales definidas en forma precisa, lo
cual implica que las facultades del juez que lo conoce se reducen al estudio de
los planteamientos aducidos por el recurrente, que deben estar dirigidos a
configurar la causal alegada como sustento de la pretensión bajo examen.

5.4 Término para su interposición. Conforme al artículo 251 del CPACA,
«En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de
la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio».

En este orden de ideas, comoquiera que la providencia objeto del presente
recurso extraordinario de revisión alcanzó su ejecutoria el 26 de noviembre de
2013, el término de cinco (5) años para presentarlo vencía los mismos día y
mes de 2018, y en esa medida, como en el sub lite ello ocurrió el 4 de mayo de
2016, se tendrá como oportunamente interpuesto.

5.5 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar
si la sentencia de 17 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda),
mediante la cual revocó el fallo de 24 de abril del mismo año del Juzgado
Octavo (8º) Administrativo de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda,
para en su lugar, acceder a estas, se encuentra inmersa en los supuestos
fácticos previstos en las letras a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
como causales de revisión invocadas por la UGPP; y, en consecuencia, si a la
señora María de las Mercedes Sánchez de Ramírez, en su condición de
beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, le asistía el derecho al reajuste de su pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
labores, o al contrario, debe ser reliquidada a partir del retiro del servicio,
conforme a las reglas previstas en los artículos 21 o 36 ibidem, en armonía con
las providencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional.

8
Las frases tachadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-835
de 23 de septiembre de 2003, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería.
7

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

5.6 Caso concreto. En el asunto sub judice, la UGPP invocó las causales
contenidas en las letras a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es,
«Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», en su orden, al estimar que (i) la desaparecida Cajanal no es la
llamada a soportar las súplicas de la demanda, por cuanto no era la destinataria
de los dineros retenidos a los pensionados por concepto de seguridad social en
salud; y (ii) no solo interpretó de manera equivocada los artículos 21 y 36 de
la Ley 100 de 1993, sino que desconoció el precedente obligatorio y
vinculante sentado por la Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013 y
SU-230 de 2015, que aluden que el concepto «monto» solo hace referencia a
la tasa de reemplazo y no incluye el IBL.

En relación con el primero de los citados reproches, se debe advertir que,
además de que el acto administrativo censurado (Resolución UGM 35557 de
27 de febrero de 2012) fue expedido por la entonces Cajanal, por lo que es
claro entonces que las pretensiones que se plantearon contra la decisión allí
contenida debe soportarlas la misma entidad; en todo caso, el Decreto 65 de
15 de enero de 2004 9 preveía expresamente que a esa caja de previsión le
correspondía, entre otras funciones, la de «Efectuar el recaudo de las
cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos por la
ley» (numeral 5 del artículo 2)10.

Así las cosas, comoquiera que la Sala no observa la vulneración del derecho al
debido proceso que se invoca, pues la extinguida Cajanal sí era la legitimada
para comparecer al proceso que ahora nos ocupa como parte demandada, se
declarará infundado el recurso frente a la causal prevista en la letra a del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por otra parte, en lo atañedero a la segunda causal de revisión alegada, se
abordará el tema del régimen de transición y la interpretación que de este han
9
«Por el cual se modifica la estructura de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial
y Comercial del Estado»
10
En providencia de 21 de junio de 2018, la subsección A de la sección segunda de esta Corporación, C. P.
Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente 11001-03-25-000-2013-00901-00 (1953-2013), desató idéntica
discusión en los siguientes términos: «[…] como el acto administrativo que se acusó en la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho […] fue expedido por el líder de Grupo de Nómina de Pensionados de la Caja
Nacional de Previsión Social, era esta la autoridad administrativa que estaba llamada a fungir como
demandada en el aludido proceso.
Adicionalmente, la competencia para realizar las deducciones de la mesada pensional por concepto de las
cotizaciones obligatorias […], entre ellas, el aporte destinado al Sistema de Seguridad Social en Salud, fue
encomendada, en su momento, a la Caja Nacional de Previsión Social, al tenor de lo dispuesto en el artículo
2, numeral 5, del Decreto 65 de 2004 […]».
8

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

planteado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado para,
seguidamente, establecer si la acogida en la decisión revisada deviene
acertada.

5.6.1 Régimen de transición en el sistema general de pensiones. Cabe
recordar que la Ley 100 de 1993 fue expedida por el Congreso de la República
con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de
regímenes pensionales especiales existentes.

No obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se
encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio,
se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida
Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de
entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1º de abril de 1994)
contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta
(40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios
cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el
régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de
jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y «monto» se les aplicará
aquel.

En lo atañedero al concepto monto, es necesario precisar que, ciertamente,
desde la expedición de la Ley 100 de 1993, se plantearon variadas
interpretaciones que, en los años siguientes, dieron lugar a decisiones
encontradas entre las altas corporaciones judiciales.

En un primer momento, la Corte Constitucional, en sentencia C-168 de 1995,
al estudiar la constitucionalidad de los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la
mencionada norma, destacó el interés del legislador por salvaguardar las
expectativas de quienes estaban próximos por edad, tiempo de servicios o
número de semanas cotizadas de adquirir el derecho a la pensión de jubilación.

Sin embargo, del contexto de la mentada providencia, la Sala no encuentra que
haya establecido reglas específicas frente a la interpretación del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 o sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base
de liquidación, por cuanto solo hubo pronunciamiento frente a la
diferenciación que realizaba la normativa original entre trabajadores de los
sectores público y privado.
9

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
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extraordinario
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derecho
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MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

Sin perjuicio de lo anotado, la Corte Constitucional, en providencias T-1122
de 2000, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-830 de 2004, C-177, T-1087 de
2006, T-711 de 2007, T-248 de 2008 y T-610 de 2009, entre otras, aseveró
que se vulneran derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el
régimen en el que se encuentra amparado el beneficiario de la transición y
cuando se desconoce que el monto y la base de liquidación de la pensión
forman una unidad inescindible y, por tanto, corresponde implementar la
totalidad de lo establecido en aquel y no lo consagrado en el inciso 3º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Entretanto, las subsecciones A y B de la sección segunda del Consejo de
Estado, en relación con el concepto monto, adoptaron el criterio según el cual
este estaba conformado por la tasa de reemplazo y el IBL, de manera que la
persona beneficiaria de la transición tenía derecho al reconocimiento pensional
con aplicación íntegra del régimen anterior que regía su situación jurídica.

Esta tesis no solo subsistió en el seno de la sección segunda del Consejo de
Estado, sino que se afianzó por aquella en la sentencia de unificación de 4 de
agosto de 201011. En efecto, en dicha providencia se analizó una discusión
atañedera a la reliquidación de la pensión de un empleado bajo el régimen
especial de la Ley 33 de 1985 y cuya situación particular se enmarcaba dentro
de la transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En ese
orden, recordó que la última norma «[…] creó un régimen de transición, que
ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley,
en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas
y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen
anterior al cual se encontraban afiliados».

Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo C-258 de 2013, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, concerniente al
régimen pensional de los congresistas, declaró inexequibles las expresiones
«durante el último año y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo
porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal», contenidas en el
primer inciso, así como «por todo concepto», citada en el parágrafo, y
concluyó, entre otras cosas, que (i) «Como factores de liquidación de la
pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos
efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y
11
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, expediente 25000-23-25-000-
2006-07509-01 (112-2009), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Expediente:
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sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas»; y (ii)
«Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los
beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y
36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso».

Luego, con la sentencia SU-230 de 2015, la sala plena de la aludida
Colegiatura «cambió» su jurisprudencia, para lo cual aclaró que si bien las
reglas del IBL establecidas en el fallo C-258 de 2013 se enmarcan en el
análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4ª de
1992, «ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es
un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las
que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia
del régimen especial al que se pertenezca». Es decir, coligió que tenía carácter
vinculante la postura efectuada en la mentada providencia C-258 de 2013
respecto del IBL pensional de las personas beneficiarias del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.

En virtud de lo anterior, la sala contencioso-administrativa del Consejo de
Estado profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César
Palomino Cortés, en la que al estudiar un caso en el que se reclamaba el
reajuste de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985,
asumió una nueva posición y precisó que en el inciso 3º del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa
de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen previo al que se encontraban
afiliados al entrar en vigor aquella; por ende, según el principio de
favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la
liquidación pensional, debe determinar el IBL que le fuera más benéfico al
pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por el
promedio de lo cotizado durante (i) el lapso que le hiciere falta entre la entrada
en vigor de la Ley 100 (1º de abril de 1994) y la adquisición del estatus
pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) todo el tiempo, si el monto es
superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor
(IPC); o (iii) los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.

Así las cosas, a partir del 28 de agosto de 2018 el Consejo de Estado modificó
su criterio, para acompasarlo con aquel fijado por la Corte Constitucional.

11

Expediente:
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63001-23-33-000-2015-00123-01
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En el asunto sub judice, la UGPP asevera que en el fallo objeto de revisión se
desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto
de la transición prevista en la Ley 100 de 1993, particularmente en que esta
solo permite la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba
afiliado el interesado frente a los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, mas no el IBL.

En tal sentido, se encuentra que, aunque la posición actual del máximo
tribunal de lo contencioso-administrativo coincide con la adoptada en el 2013
por la Corte Constitucional, lo cierto es que para el 17 de octubre de ese año,
fecha en que fue dictada la decisión acusada en sede de revisión, la tesis
vigente, imperante y pacífica era la fijada por la sección segunda del Consejo
de Estado desde inicios de siglo (año 2000).

Entonces, con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección D de la sección segunda) revocó
la providencia de primera instancia, para en su lugar, ordenar reliquidar la
pensión de jubilación de la señora Sánchez de Ramírez con el 75% «[…] del
promedio de lo devengado durante el último año de servicios […]», por estar
acreditado que es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
y, en esa medida, sujeta en su integridad a las previsiones de la Ley 33 de
1985.

Agrégase a lo expuesto que no es dable aceptar la afirmación según la cual en
la decisión revisada se desconocieron los criterios jurisprudenciales
originarios de la Corte Constitucional, puesto que, como se dijo, esta data del
17 de octubre de 2013, fecha para la cual no se había emitido la sentencia SU-
230 de 2015, que determinó que tenía carácter vinculante la interpretación
efectuada en la providencia C-258 de 2013 respecto del ingreso base de
liquidación pensional de las personas beneficiarias del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, cabe recordar que en el aludido fallo de 28 de agosto de 2018 esta
Corporación dijo que «No puede entenderse, en principio, que por virtud de
esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o
12

Expediente:
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63001-23-33-000-2015-00123-01
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no de la causal invocada»; y, por ende, determinó que «[…] los casos respecto
de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

En similares términos concluyó la sala especial de decisión 12 de esta
Colegiatura, en providencia de 10 de septiembre de 201912, que al analizar un
asunto análogo al que ahora nos ocupa, sostuvo:

[…] No resultan extensivos los pronunciamientos posteriores de la
Corte Constitucional (sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015),
toda vez que no se trataban de decisiones preexistentes para el
momento en que se adoptó la decisión objeto de revisión […].

Tampoco podría decirse que es posible la aplicación retrospectiva de la
sentencia del Pleno de esta Corporación de 2018. Vale recordar que la
causal en comento fue promovida en esta oportunidad por la liquidación
de la pensión en contravía de lo dispuesto por la ley. Como quedó
expuesto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha tenido diferentes
interpretaciones jurisprudenciales; sin embargo, para cuando se adoptó
la decisión aquí cuestionada, la interpretación mayoritaria y vigente en
esta Corporación era la sostenida en la sentencia de unificación de la
Sección Segunda de 2010 […].

Dicha postura ha sido acompañada por las demás salas de decisión del Consejo
de Estado; por ejemplo, la subsección A de la sección segunda, en fallo de
tutela de 29 de octubre de 202013, dejó sin efectos el de 25 de noviembre de
2019 de esta subsección B, al estimar que como la sentencia objeto del recurso
extraordinario de revisión 11001-03-25-000-2016-00386-00 (1867-2016) fue
expedida con fundamento en la de unificación de 4 de agosto de 2010, cuyos
lineamientos se mantuvieron vigentes hasta el 28 de agosto de 2018, «[…] no
era exigible una interpretación normativa distinta a la acogida y menos era
viable determinar que la decisión no se acompasaba con una tesis
jurisprudencial que no existía para el momento en que fue proferida».

La anterior providencia fue confirmada el 18 de febrero de 2021 por la sección
cuarta14, que anotó:

[…] lo resuelto en la sentencia de 4 de agosto de 2010, era un criterio
válido y vinculante para el Tribunal Administrativo del Cesar, al
momento de proferir la sentencia, como efectivamente lo hizo.
12
Sala especial de decisión 12, consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-
2016-01410-00 (REV).
13
Expediente 11001-03-15-000-2020-03272-00.
14
Fallo de 18 de febrero de 2021, C. P. Milton Chaves García, expediente 11001-03-15-000-2020-03272-01.
13

Expediente:
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En segundo lugar, el 7 de mayo de 2013, la Corte Constitucional
profirió la sentencia C-258 de 2013, […] expedida de forma previa al
fallo de 2 de diciembre de 2014 expedido por el Tribunal
Administrativo del Cesar, empero, conviene precisar que la regla
aludida no era aplicable a dicho asunto, porque derivó del examen de
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que regula las
pensiones de los congresistas. Y ese no es precisamente el caso del
señor Darío Villegas Jaramillo, que prestó sus servicios al ICA.

En tercer lugar, si bien en la sentencia SU-230 de 2015, la Corte
Constitucional consideró que el ingreso base de liquidación no es un
elemento del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, dicha decisión fue proferida de forma posterior a la
sentencia de 2 de diciembre de 2014. De modo que era imposible para
el operador judicial aplicar lo expuesto en esa decisión […]

En cuarto lugar, en sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado […], adoptó dos
subreglas para establecer el IBL de aquellos empleados públicos a
quienes deba reconocerse pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985
por ser beneficiarios del régimen general de transición en pensiones, en
el sentido que dicho reconocimiento se hace en los términos de la Ley
100 de 1993 y solo se tienen en cuenta factores sobre los que se hubiera
cotizado.

No obstante, respecto a la aplicación de dicha sentencia a los asuntos en
los que ya se hubiesen reconocido o reliquidado pensiones con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de
Estado, advirtió que, en principio, no puede entenderse que fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley […].

Por consiguiente, se observa que las citadas subsección A y sección cuarta
también han acogido la tesis según la cual solo hasta el 28 de agosto de 2018
varió la tesis que adoptó la sección segunda en 2010, en relación con el IBL de
las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, en armonía con las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015
de la Corte Constitucional.

5.6.1.1 Criterio de la sala mayoritaria y del ponente. Sin perjuicio de lo
anterior, se precisa que la sala mayoritaria de esta subsección, al desatar recursos
extraordinarios de revisión interpuestos por la UGPP con el ánimo de cuestionar
providencias proferidas por tribunales administrativos como la que aquí nos
convoca, ha dicho que aunque estas hayan acogido el precedente de 4 de agosto
de 2010, «[…] lo cierto es que a partir del Acto Legislativo No. 1 de 2005, es
decir, con antelación a la prenotada sentencia, el principio de sostenibilidad
financiera se tornaba de obligatorio acatamiento para el Consejo de Estado
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Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
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como intérprete de la ley […]. De tal manera que […] no podía soslayarse lo
dispuesto en Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente, lo dispuesto en su
inciso 6, en el sentido que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrían
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones y, en cuanto al régimen de transición, hizo remisión a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994» 15 (sic). En suma, la postura adoptada por la sala de decisión aquí
integrada se contrae a que a partir de la expedición del Acto legislativo 1 de
2005 quedó proscrita la posibilidad de reconocer pensiones a beneficiarios del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión de
factores salariales sobre los cuales no se hayan realizado aportes y no figuren en
el Decreto 1158 de 1994, posición de la que, valga decir, se ha apartado el
suscrito consejero ponente por las razones esbozadas en líneas previas y las
siguientes.

En tal sentido se advierte, en primer lugar, que a pesar de que, en efecto, el
mencionado Acto legislativo preceptuó que «Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones», también previó que «El régimen
de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales
se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014» (se destaca; parágrafo
transitorio 4º), de lo que se colige que la lectura dada a esa disposición por el
Consejo de Estado (y en general, por toda la jurisdicción contencioso-
administrativa) desde el 4 de agosto de 2010, deviene coherente con su
contenido, cuya interpretación, como ya se explicó, tan solo fue debatida al
proferirse la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional.

Acerca de este tema, la Corte Suprema de Justicia (sala de casación laboral), en
fallo CSJ SL4040-2019 de 18 de septiembre de 201916 (reiterada en los CSJ
SL4602-201917 y CSJ SL5619-201918 y de 16 y 9 de octubre del mismo año,
respectivamente), concluyó:

15
Ver, por ejemplo, fallo de 22 de abril de 2021, expediente 11001-03-25-000-2018-01161-00 (4037-2018),
entre otros.
16
Radicación 79319, M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
17
Radicación 79655, M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
18
Radicación 71136, M. P. Jorge Luis Quiroz Alemán.
15

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
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[…] esa reforma [constitucional] no tuvo efectos retroactivos sobre
situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores; antes bien, previó
su salvaguarda y señaló el término máximo para la aplicación de
regímenes anteriores.

Dicho de otro modo, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la
vigencia del régimen de transición, ello no implica que sus efectos sean
retroactivos y mucho menos que haya fulminado derechos adquiridos
hasta ese entonces; por el contrario, dicha norma constitucional respetó
las situaciones consolidadas, pues dejó a salvo los derechos de quienes
estructuraron un status pensional al amparo de los regímenes anteriores
[se subraya].

Por consiguiente, para la referida Corte la limitación temporal de que trata el
parágrafo transitorio 4 del Acto legislativo 1 de 2005 no afectó el derecho a la
pensión que se hubiese causado conforme a los regímenes anteriores dentro de
los parámetros allí señalados, es decir, antes del 31 de julio de 2010 o hasta el
31 de diciembre de 2014, este último plazo para quienes tuviesen 750 semanas
cotizadas o su equivalente en tiempo de servicio, al momento en que entró en
vigor aquel (29 de julio de 2005)19.

Por su parte, esta subsección previamente había anotado20, no solo en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho, sino también de tutela, que las
decisiones emitidas con respaldo en la precitada providencia de unificación de 4
de agosto de 2010, resultaban acordes con el criterio vigente para entonces:

Adicionalmente, se debe precisar que el Tribunal aplicó en debida forma
el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, ya que para el caso
en concreto las providencias de la Corte Constitucional no eran las
pertinentes, en tanto la sentencia C-258 de 2013 realizó un análisis
de constitucionalidad de las normas pensionales para los
Congresistas y Magistrados de Altas Cortes, y el régimen de
transición pensional de los trabajadores oficiales, y en la sentencia
SU-230 de 2015, se trata el tema del ingreso base de liquidación para
liquidar la pensión de jubilación de la jurisdicción ordinaria.

Bajo estos supuestos, la Sala reconoce que el Tribunal […] al proferir la
decisión […] aplicó en debida forma el precedente jurisprudencia[l] apto

19
Sentencia SL2522-2020 de 14 de julio de 2020, expediente 80034, M. P. Dolly Amparo Caguasango
Villota.
20
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, C. P. César
Palomino Cortés, fallo de 8 de marzo de 2018, expediente 11001-03-15-000-2018-00007-00 (AC). Ver
también, de la misma subsección, providencias de (i) 27 de noviembre de 2014, expediente 25000-23-42-000-
2013-00322-01 (4250-13), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; (ii) 2 de febrero de 2017, expediente 50001-23-
31-000-2012-00260-01 (3568-15), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; (iii) 2 de marzo de 2017, expediente
25001-23-42-000-2013-05374-01 (1363-15); y (iv) 6 de abril de 2017, expediente 19001-23-33-000-2014-
00307-01 (4783-15), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, entre otras.
16

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
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para la liquidación de la pensión del señor […] la cual fue proferida por
esta Corporación en el que se establece la liquidación de la pensión de
jubilación para quienes se encuentran cobijados por las disposiciones de
la Ley 33 de 1985 […] (se destaca).

Así las cosas, quienes colmaran los requisitos contemplados en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen de transición, el monto de su
pensión estaría conformado por la tasa de reemplazo y el ingreso base de
liquidación, de manera que la persona beneficiaria de este tenía derecho al
reconocimiento pensional con aplicación íntegra del régimen anterior que
regía su situación jurídica, posición que, incluso, la Corte Constitucional
acogió en vigencia del Acto legislativo 1 de 2005, al precisar que «[…] este
precedente parte de considerar que la presencia en el sistema general de
pensiones de un régimen de transición encuentra justificación constitucional
en la necesidad de garantizar el principio de favorabilidad en materia
laboral, al igual que los derechos adquiridos de los trabajadores. Desde esa
perspectiva, para el caso de las personas que al momento de entrada en
vigencia del sistema habían recorrido buena parte de su vida laboral, debía
prodigarse un tratamiento distinto, exceptivo en relación con el principio de
universalidad, que les permitiera acceder a la prestación económica en los
términos y condiciones del régimen anterior al propuesto por la Ley
100/93»21.

Ahora bien, si de lo que se trata es de resguardar la sostenibilidad financiera del
sistema general de seguridad social en pensiones de prestaciones concedidas con
base en factores sobre los cuales no se cotizó, lo cual resulta razonable y fue uno
de los aspectos que inspiró la redacción del aludido Acto legislativo, hay que
decir que bajo el amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 dicha
situación fue resuelta por esta Colegiatura, al colegir que en esos casos, «[…] si
no han sido objeto de descuento por aportes pensionales, ello no da lugar a su
exclusión, sino a que al momento de la reliquidación, la entidad de previsión
social deberá efectuar las deducciones pertinentes»22.

21
Fallo T-257 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, C. P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, fallo de 17 de noviembre de 2016, expediente: 08001-23-31-000-2008-00069-01 (4550-
2014). También pueden consultarse, entre otros, los fallos de 28 de julio de 2016, radicación: 25000-23-42-
000-2013-00411-01 (2323-14), y de 30 de marzo de 2017, expediente 15001-23-31-000-2012-00040-01
(4211-2014), de las mismas subsección y ponente: «De este modo, es pacífica la jurisprudencia en el punto
de atar el ingreso base de liquidación de las prestaciones sociales a los emolumentos que habitual y
regularmente percibe el servidor como retribución directa de los servicios personales prestados al Estado, al
margen que sobre ellos se hubieren efectuado los aportes de ley; y que por antonomasia deben comprender
la estructura económica que defina su pensión, pues, en últimas está inspirada para suplir las necesidades
básicas del pensionado cuando vea mermada su capacidad laboral por la edad.
17

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

Sin perjuicio de los argumentos expuestos en precedencia, el consejero
ponente aplicará en este asunto la postura dominante de esta subsección B23
(que como se vio, varió de la que traía con antelación), en el sentido de que en
«[…] lo atinente a la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del
régimen de transición y los factores salariales a incluir, la interpretación
correcta es aquella que se encuentra no solo acorde con la naturaleza y
características del régimen de transición, sino con las del Sistema General de
Pensiones, que, por tener una especial connotación contributiva, determina y
concibe el monto de sus prestaciones en función de las cotizaciones
efectuadas. De manera que, atendiendo los precitados postulados, la
liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias de la transición
debe hacerse con base en los ingresos recibidos por el afiliado que, de
conformidad con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, sirven de
base para el cálculo de las cotizaciones que deben realizarse al Sistema
General de Pensiones»24.

En este orden de ideas, es claro que en el asunto sub judice se configura la
causal contenida en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, puesto
que al ordenar reliquidar la pensión de la demandante se autorizó un pago que
sobrepasa al que este tenía derecho, circunstancia que sin duda perjudica
injustificadamente el erario, por lo que debe ser enmendado25.

Por tanto, la Sala declarará fundado el recurso interpuesto por la UGPP, al
encontrar probada la causal invocada, por lo que se infirmará el fallo de 17 de
octubre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección D de la sección segunda), para proceder a dictar el de reemplazo.

Por otra parte, en lo concerniente a que se ordene a la señora Sánchez de

Igual referente constituye en el tema de los descuentos por aportes, sobre aquellos factores salariales
respecto de los cuales no se hubiera efectuado deducción alguna con destino a la seguridad social y cuya
inclusión se ordena» (se destaca).
El anterior discernimiento estuvo soportado en la mencionada sentencia de unificación de 4 de agosto de
2010, en la que la sala plena de la sección segunda sostuvo que «Entonces, si el querer del legislador consiste
en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a
la seguridad social no puede concluirse que, automáticamente, los factores que no han sido objeto de las
deducciones de Ley deban ser excluidos del ingreso base de liquidación pensional, pues siempre es posible
ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar».
23
De la cual se había apartado en fallos de (i) 25 de febrero, expediente 11001-03-25-000-2018-01081-00
(3854-2018); (ii) 18 de marzo, expediente 11001-03-25-000-2019-00142-00 (841-2019); y (iii) 22 de abril,
expediente 11001-03-25-000-2018-01161-00 (4037-2018), todos de 2021, entre otros, C. P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
24
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, C. P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, providencia de 22 de abril de 2021, acción de revisión 11001-03-25-000-2018-01161-00
(4037-2018).
25
En igual sentido, ver sentencia de 7 de octubre de 2021, expediente 11001-03-25-000-2016-01027-00
(4655-2016), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
Medio de control de nulidad yRecurso
restablecimiento
extraordinario
del de
derecho
revisión
UGPP contra
MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

Ramírez pagar las diferencias en las mesadas pensionales a que hubiera lugar,
cabe precisar que al tenor del artículo 83 de la Constitución Política, la buena
fe se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas, por ende, la Sala negará dicha pretensión, pues en el
proceso no se encuentra acreditada la mala fe con que actuó para obtener la
reliquidación pensional, puesto que no existe prueba orientada a demostrar
fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a lograr ese reajuste.

VI. SENTENCIA DE REEMPLAZO

6.1 Antecedentes:

6.1.1 Medio de control (ff. 25 a 35 del expediente ordinario26). La señora
María de las Mercedes Sánchez de Ramírez, por conducto de apoderado,
ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138
del CPACA, contra la liquidada Cajanal, con el propósito de obtener la
anulación de la Resolución UGM 35557 de 27 de febrero de 2012, por la que
esa entidad negó el reajuste de su pensión de jubilación desde el retiro del
servicio, con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el
último año de labores (además de la asignación básica, la bonificación por
servicios y las primas de servicios, vacaciones y navidad), de acuerdo con la
Ley 33 de 1985 y el Decreto 3135 de 1968.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicita se ordene a dicha entidad (i) reliquidar la citada prestación «[…]
teniendo en cuenta lo contemplado en el Decreto-Ley 3135 de 1968 y en la Ley
33 de 1985 y por lo tanto se liquide […] con base en el 75% del promedio de los
factores salariales devengados durante su último año de servicios […]
comprendido entre el 10 de Julio de 2009 y el 09 de Julio de 2010 […]» (sic);
(ii) cancelar las diferencias en las mesadas a que hubiera lugar, con los ajustes de
valor; (iii) sufragar intereses moratorios y (iv) dar cumplimiento al fallo en los
términos del artículo 192 del CPACA.

6.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que prestó sus servicios del 20
de septiembre de 1973 al 9 de julio de 2010 para la Universidad Pedagógica
Nacional, y al cumplir los respectivos requisitos, la desaparecida Cajanal le
reconoció pensión de jubilación, a través de Resolución 1012 de 28 de enero

26
Obrante en el índice 37 del expediente digital contenido en SAMAI.
19

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
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del de
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MaríaMaría
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Ramírez

de 2003, revocada con la 33456 de 13 de julio de 2006, en el sentido de
calcularla «[…] en los términos de los artículos 33 y 34 de la ley 100 de 1993
[…] con base en el 85% del promedio del ingreso base de cotización de los
últimos diez (10) años» (sic) y «[…] la EDAD y el TIEMPO contemplados en
el Art. 1º de la Ley 33 de 1985 […]» (sic).

Que el 27 de diciembre de 2010 pidió de la demandada el reajuste de la
referida prestación desde el retiro, para que «[…] se aplicaran los principios
de inescindibilidad de la Ley, de la favorabilidad y de los derechos adquiridos
con el fin de que se diera cumplimiento en su integridad a la normatividad
más favorable, […] con base en la Ley 33 de 1985 […]», negada por medio de
la Resolución atacada, por cuanto no se aportaron al expediente administrativo
los certificados de factores salariales de los años 2005 a 2008.

6.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 1, 2, 3, 13, 25, 48, 53 y
228 de la Constitución Política; 130 del Código Sustantivo del Trabajo (CST),
27 del Decreto 3135 de 1968 y 79 del Decreto 1950 de 1973; las Leyes 33 y 62
de 1985 y el Decreto 1045 de 1978.

Aduce que la Administración quebrantó la normativa y la jurisprudencia del
Consejo de Estado (fallo de unificación de 4 de agosto de 2010, entre otros),
toda vez que la entonces Cajanal, al reajustar la pensión de jubilación, no
observó que al estar amparada por el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía aplicar la normativa anterior, esto es,
las Leyes 33 y 62 de 1985, «[…] las cuales contemplan los requisitos de edad,
tiempo de servicio y especialmente la cuantía de [esa prestación] con base en la
totalidad de los factores salariales devengados durante su último año de
servicios […]».

6.1.4 Contestación de la demanda (ff. 65 a 70 del expediente ordinario27). La
extinguida Cajanal, por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda; se refirió a cada uno de los hechos, en el
sentido de que unos son ciertos y otros no constituyen situaciones fácticas.
Asimismo, propuso las excepciones denominadas ausencia de vicios en el acto
administrativo censurado, inexistencia de la obligación de reliquidar la
pensión, cobro de lo no debido, no pago de indexación e intereses moratorios
e imposibilidad de condena en costas.

27
Ibidem.
20

Expediente:
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Ramírez

Asevera que calculó la pensión de jubilación de la accionante de acuerdo con la
normativa aplicable (Ley 100 de 1993), que dispone que pensiones como la
otorgada a ella se conceden con el «[…] 75% del promedio de lo cotizado en los
últimos diez años de servicio […]», con los factores salariales previstos en el
Decreto 1158 de 1994.

6.1.5 Providencia impugnada (ff. 92 a 100 del expediente ordinario28). El
Juzgado Octavo (8º) Administrativo de Bogotá, en sentencia de 24 de abril de
2013, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas), al estimar
que como la pensión de jubilación de la demandante fue concedida sobre el
85% de los factores sobre los cuales se hicieron aportes durante los diez (10)
años previos a la desvinculación definitiva, de conformidad con los artículos
21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, «[…] no puede […] proceder a ordenar
una reliquidación […] teniendo en cuenta el 75% de lo devengado en el
último año de servicios, bajo la normatividad consagrada en la Ley 33 de
1985, porque se iría en contravía de la inescindibilidad de la norma jurídica».

6.1.6 Recurso de apelación (ff. 117 a 120 del expediente ordinario 29 ).
Inconforme con el fallo de primera instancia, la actora interpuso recurso de
apelación, al considerar que la postura del a quo resulta «absurda», dado que
«[…] de ninguna manera se puede llegar a configurar una violación de tal
principio [inescindibilidad] por “aplicación parcial de las normas legales”,
teniendo en cuenta que no se está pidiendo aplicación simultánea, al
contrario se está pidiendo aplicación total e integral de la Ley 33 de 1985 y
que en aplicación del principio de favorabilidad, no se aplique de ninguna
manera la ley 100 de 1993» (sic), motivo por el cual su mesada debe
calcularse «[…] con base en la totalidad de los factores salariales devengados
durante su último año de servicio».

6.1.7 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 26 de agosto de 2013 (f. 137 del expediente ordinario30),
para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad
aprovechada por todos ellos.

6.1.7.1 Accionante (ff. 141 a 144 del expediente ordinario31). Reitera cada
uno de los argumentos consignados en el escrito de apelación.
28
Idem.
29
Ib.
30
Ibidem.
31
Idem.
21

Expediente:
Expediente:
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6.1.7.2 Parte demandada (ff. 158 a 160 del expediente ordinario 32 ). Pide
confirmar la providencia de primera instancia, toda vez que la pensión de
jubilación que ahora nos ocupa «[…] fue liquidada con el 85%, teniendo
presente los factores establecidos en el artículo 1 del decreto 1158 de 1994,
[…] esto es siguiendo los lineamientos en materia de liquidación pensional no
negando a la demandante ninguno de los factores estipulados en la ley sino
reconociéndosele de acuerdo al aplicable más favorable […]» (sic).

6.1.7.3 Ministerio Público (ff. 162 a 166 vuelto del expediente ordinario33).
El señor procurador noveno delegado ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, quien funge como representante del Ministerio Público dentro
del presente proceso, es del criterio que la decisión impugnada debe ser
revocada, por cuanto el régimen pensional aplicable en el sub lite es el
preceptuado en las Leyes 33 y 62 de 1985 y, en esa medida, resulta más
favorable que el realizado por la demandada, es decir, sobre el 85% de lo
cotizado en la última década laborada por la demandante.

6.2 Consideraciones de la Sala:

6.2.1 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación34, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la accionante le asiste derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación a partir del retiro del servicio, por no
habérsele tenido en cuenta el 75% de la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, de conformidad con el régimen
ordinario previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985; o por el contrario, carece de
razón, pues para efectos de la liquidación pensional le es aplicable (y más
favorable) la Ley 100 de 1993 (artículos 21, 33 y 34) y su Decreto reglamentario
1158 de 1994, como lo aduce la accionada.

6.2.2 Análisis del caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar
las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo
que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio
traído al plenario, se destaca:

32
Ib.
33
Ib.
34
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
22

Expediente:
Expediente:
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a) Cédula de ciudadanía de la actora, que da cuenta de que nació el 16 de abril
de 1946 (f. 186).

b) Certificación expedida el 9 de abril de 2014, según la cual la accionante
prestó sus servicios para la Universidad Pedagógica Nacional del 20 de
septiembre de 1973 al 8 de julio de 2010 (f. 207).

c) Constancias de factores salariales de 25 de mayo de 2001, 26 de enero de
2005 y 9 y 11 de abril de 2014 de la citada institución de educación superior,
en las que figura que la demandante devengó, entre 2000 y 2010, asignaciones
básica y «por 48 horas», sobresueldo, auxilio de alimentación, pago por
vacaciones y primas de servicios, navidad, vacaciones, práctica docente y
coordinación (ff. 84 vuelto, 152 a 153 vuelto y 203 a 207).

d) Resolución 1012 de 28 de enero de 2003, aclarada con la 6961 de 31 de
marzo siguiente, a través de la cual la extinguida Cajanal le reconoció a la
actora, desde el 1º de junio de 2001, pensión de «vejez» con el 75% del
promedio de los salarios cotizados entre el 1º de abril de 1994 y el 30 de mayo
de 2001 (asignación básica e incremento por antigüedad), condicionado su
pago al retiro definitivo, en atención a lo establecido en el artículo 36 (inciso
3°) de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, así como la edad,
tiempo de servicios y tasa de remplazo contemplados en la Ley 33 de 1985, en
la suma de $1.049.242,71 (ff. 102 a 104, 107 y 107 vuelto).

e) Resolución 1650 de 7 de diciembre de 2004, mediante la cual la
Universidad Pedagógica Nacional retira del servicio a la accionante, a partir
del 17 de enero de 2005, por tener reconocida la pensión de «vejez» (f. 154).

f) Resolución 33456 de 13 de julio de 2006, por cuyo conducto la demandada
revoca la Resolución 1012 de 2003 y, en su lugar, concede la pensión de
«vejez», desde el 1º de enero de 2005, en los términos de los artículos 21, 33 y
34 de la Ley 100 de 1993, con una tasa de remplazo del 85% 35 de los
emolumentos sobre los que cotizó durante la última década de servicios
(asignación básica), en la suma de $1.572.446,67 (ff. 172 a 174 vuelto).

g) Resolución 395 de 26 de marzo de 2009, por medio de la cual la referida
Universidad da cumplimiento al fallo de 8 de agosto de 2008 del Juzgado
Diecinueve (19) Administrativo de Bogotá, proferido dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra aquella por la señora
35
Dado que laboró 1604 semanas.
23

Expediente:
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Sánchez de Ramírez, en la que se consigna que con Resolución 107 de 9 de
febrero de 2009 se reintegró a la demandante a partir de ese día, sin solución
de continuidad (ff. 190 a 191 vuelto).

h) Resolución 804 de 22 de junio de 2010, por medio de la cual la Universidad
Pedagógica Nacional acepta la renuncia de la actora, desde el 9 de julio del
mismo año (f. 192).

i) Escrito de 27 de diciembre de 2010, por el que la accionante pide de la
demandada el reajuste de la mencionada prestación, «[…] teniendo el 75% de
la totalidad de los factores salariales devengados durante su último año de
servicio, según lo contemplado en la Ley 33 de 1985, en el Régimen de
Transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y en aplicación del
principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución
Nacional» (sic; ff. 182 a 184).

j) Resolución UGM 35557 de 27 de febrero de 2012, mediante la cual la
desaparecida Cajanal resuelve de manera desfavorable la anterior solicitud,
bajo el entendido de que (i) la liquidación contenida en la Resolución 33456
de 13 de julio de 2006 «[…] se encuentra ajustada a derecho», y (ii) aunque
se aportó copia de las Resoluciones 395 de 26 de marzo de 2009 y 804 de 22
de junio de 2010 del nombrado centro de educación superior, «[…] no es
posible reliquidar al retiro definitivo del servicio, ya que no obran dentro del
expediente certificaciones de factores salariales de los años 2005 [a] 2008,
siendo las mismas indispensables […]» para tal fin (ff. 195 a 196 vuelto).

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse
es que la demandante está amparada por el régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1º de abril de 1994
tenía más de 35 años de edad (47) y 15 de servicio (20).

Igualmente, de las pruebas atrás enunciadas se desprende que la actora nació
el 16 de abril de 1946 y laboró para la Universidad Pedagógica de Colombia
por más de 36 de años, esto es, del 20 de septiembre de 1973 al 8 de julio de
2010 (valga decir, entre el 17 de enero de 2005 y el 8 de julio de 2010, por
cuenta del reintegro ordenado por la jurisdicción contencioso-administrativa,
sin solución de continuidad), por lo que la entonces Cajanal le reconoció
pensión de jubilación, a partir del 1º de junio de 2001, en cuantía de
$1.049.242,71, calculada con base en el «[…] 75% del promedio de lo
devengado sobre el salario promedio de 7 años 2 meses, conforme a lo
24

Expediente:
Expediente:
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11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
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establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93 […], entre el 01 de abril de
1994 y el 30 de mayo de 2001 […]», con inclusión de la asignación básica e
incremento por antigüedad, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994.

Asimismo, con Resolución 33456 de 13 de julio de 2006, la citada entidad
revocó el anterior acto administrativo y, en su lugar, concedió la pensión de
vejez, desde el 1º de enero de 2005, con los requisitos de edad y tiempo
contemplados en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con el «[…] 85% del
promedio de lo devengado entre el 01 de enero de 1995 hasta el 30 de
diciembre de 2004, últimos 10 años de servicios, según lo establecen los
artículos 21 y 34 de la ley 100 de 1993 […]» (sic), con la asignación básica,
factor consagrado en el Decreto 1158 de 199436.

Luego, por medio de Resolución UGM 35557 de 27 de febrero de 2012, la
extinguida Cajanal le negó a la accionante la reliquidación de esa pensión con
el 75% de la totalidad de factores devengados durante el último año de
servicios, de acuerdo con las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 (inciso 2º del
artículo 36), por cuanto, a pesar de que ella acreditó que su desvinculación del
servicio oficial ocurrió el 9 de julio de 2010, no adosó los certificados
salariales de los años 2005 a 2008, amén de que, en todo caso, el cálculo
realizado en la Resolución 33456 de 2006 deviene acertado.

Ahora bien, como se explicó en líneas precedentes, en atención a que con el
Acto legislativo 1 de 2005 quedó proscrita la posibilidad de reconocer
pensiones a beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, con inclusión de factores salariales sobre los cuales no se hayan
realizado aportes y no figuren en el Decreto 1158 de 1994, no resulta dable en
este caso, como lo arguye la entidad accionada, incorporar todos los
sufragados durante el último año de labores.

Resulta oportuno recordar que según las reglas de interpretación fijadas tanto
por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las
sentencias mencionadas en el acápite previo, en el inciso 3º del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen de transición la
expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el
36
Se precisa que, mediante Resolución RDP 16010 de 22 de mayo de 2014, la UGPP dio cumplimento a la
sentencia de 17 de octubre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección D
de la sección segunda), objeto de revisión en el sub lite, en el sentido de reliquidar la pensión de vejez de la
señora Sánchez de Ramírez, quien laboró por 1888 semanas, en la suma de $2.548.359,oo, para la cual
incluyó los factores devengados durante el último año de servicios: asignaciones básica y por 48 horas,
auxilio de alimentación y primas de coordinación con efecto retroactivo, navidad, práctica docente y
vacaciones (ff. 221 a 224).
25

Expediente:
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63001-23-33-000-2015-00123-01
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MaríaMaría
Irene de
Nieto
las Cárdenas
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Sánchezla de
UGPP
Ramírez

ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se
encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al
mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ibidem, según corresponda,
lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone
que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones
[…]».

En atención a lo expuesto, carecen de sustento legal y no se ajustan al
derrotero jurisprudencial vigente los reclamos de la demandante, en cuanto
pide la reliquidación de la pensión con inclusión de todos los factores
salariales recibidos durante el último año de servicios, dado que, se insiste,
solo pueden computarse aquellos sobre los cuales se hayan efectuado
cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

Ahora bien, no desconoce esta Colegiatura que la actora es beneficiaria del
régimen de transición y la norma anterior aplicable es la Ley 33 de 1985, sin
embargo, con el propósito de no desmejorar su derecho pensional, se observa
que en la Resolución 33456 de 13 de julio de 2006 se reajustó su pensión de
jubilación con base en el 85% de los salarios cotizados durante los últimos
diez (10) años, esto es, conforme al artículo 3437 de la Ley 100 de 1993 (texto
original), dado que alcanzó 1604 semanas de servicios38; por ende, ordenar un
reajuste de acuerdo con la norma exigida le sería, en principio, menos
favorable, comoquiera que la tasa pensional que prevé es del 75%, de lo que
se concluye que la entidad accionada dio aplicación a la prerrogativa
contenida en el artículo 288 idem, según el cual «[t]odo trabajador privado u
oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene
derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en
ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes
anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de
disposiciones de esta Ley», y de esta manera, materializó el principio de
favorabilidad.

Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que pese a que

37
«El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1000 semanas de cotización,
será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta
las 1200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del
ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se
incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de
liquidación» (se subraya).
38
Es decir, más de las 1400 semanas que exige el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 para alcanzar el umbral
máximo del 85% de tasa de reemplazo.
26

Expediente:
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a la accionante le fue reajustada su pensión de jubilación con base en lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, esta es más beneficiosa para ella, toda vez
que se liquidó con el 85% (el cual es mayor al 75% que ordena la Ley 33 de
1985) de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante los últimos diez
(10) años, promedio que se tendría en cuenta en el evento de emplear la Ley
33 de 1985, toda vez que luego de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993
(1º de abril de 1994) laboró por más de una década con posterioridad, por lo
que sería procedente la aplicación del artículo 21 de ese ordenamiento, en
armonía con los lineamientos jurisprudenciales relacionados con la materia.

No obstante, la Sala observa que, en todo caso, aunque la demandante acreditó
el 27 de diciembre de 2010 en el trámite administrativo que su desvinculación
laboral ocurrió a partir del 9 de julio de ese año, no hay prueba de que su
pensión de jubilación haya sido reajustada con fundamento en los factores
sobre los cuales hizo aportes durante los diez (10) años previos a esa fecha (es
decir, después de expedida la Resolución 33456 de 13 de julio de 2006), frente
a lo cual la desaparecida Cajanal se limitó a reprochar que no se habían
adosado las certificaciones salariales de los años 2005 a 2008, sin, por lo
menos, requerir de la interesada o a su empleador que las allegara, con el
propósito de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley
100 de 1993, según el cual «Los funcionarios y empleados públicos que
hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación […], tendrán derecho
a que se les reliquide el ingreso base para calcular la pensión, incluyendo los
sueldos devengados con posterioridad a la fecha de notificación de la
resolución».

Así las cosas, la Sala encuentra que le asiste el derecho a la actora a la
reliquidación de la pensión de jubilación sobre el 85% del promedio de lo
cotizado durante los últimos diez (10) años de servicios (8 de julio de 2000 a 8
de julio de 2010), conforme a los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993,
monto que resulta más favorable que aquel del 75% que aquí se reclama,
desde luego, siempre que el respectivo cómputo no dé como resultado un
valor inferior al reconocido en la aludida Resolución 33456 de 13 de julio de
2006.

Dicha prestación deberá liquidarse de acuerdo con los lineamientos
jurisprudenciales relacionados con la materia39, esto es, en el IBL pensional se

39
Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-
2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron las siguientes reglas de interpretación,
así:
27

Expediente:
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63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
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deberán incluir los factores sobre los cuales se hayan efectuado los
correspondientes aportes, además de los previstos en los Decretos 691 y 1158
de 1994 como ingreso base de cotización (IBC).

Por otro lado, por ser el derecho pensional de carácter imprescriptible, este se
causa día a día y se puede solicitar en cualquier época por el interesado.
Contrario sensu, para el caso de las diferencias entre las mesadas pensionales
canceladas y lo que debió sufragarse, el legislador ha establecido el fenómeno
de la prescripción, de manera que se pagan solamente las causadas hasta tres
(3) años antes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente
reclamación ante la entidad de previsión, conforme a los artículos 488 40 y
48941 del Código Sustantivo del Trabajo42, sin embargo, no trascurrieron tres
(3) años entre el retiro del servicio oficial (9 de julio de 2010) y la petición de
27 de diciembre de 2010, que dio origen al acto administrativo demandado, y
desde este (Resolución UGM 35557 de 27 de febrero de 2012) hasta la
presentación de la demanda (16 de agosto de 2012, ff. 35 vuelto y 36 del
expediente ordinario43), motivo por el cual no ha operado la prescripción trienal.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el
particular, se revocará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas
«1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del
régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de
edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo
para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones».
40
«REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en
tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto».
41
«INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el
empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la
cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción
correspondiente».
42
Comoquiera que el reconocimiento se realizó conforme a la Ley 100 de 1993, para efectos de aplicar la
prescripción y en virtud del principio de inescindibilidad, se debe observar lo dispuesto para el régimen
general.
43
Obrante en el índice 37 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión
judicial denominada SAMAI.
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Expediente:
Expediente:
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de la demanda; en su lugar, se declarará la nulidad de la Resolución UGM
35557 de 27 de febrero de 2012, en cuanto omitió la reliquidación pensional
por nuevos tiempos; y se ordenará a la UGPP reajustar a la accionante su
pensión de jubilación con inclusión de aquellos factores sobre los cuales se
hayan efectuado los correspondientes aportes, además de los previstos en los
Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización (IBC), durante
los últimos diez (10) años de servicios (8 de julio de 2000 al 8 de julio de
2010), según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con efectos fiscales desde
el 9 de julio de 2010 (fecha de desvinculación), siempre que el respectivo
cómputo no dé como resultado un valor inferior al reconocido en la
Resolución 33456 de 13 de julio de 2006.

Las diferencias en las mesadas que deberá cancelar la accionada se actualizarán
de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará al
multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE) [vigente a la fecha de la sentencia] por el
índice inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula
que debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe
aplicarse mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ellos.

Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 192 del CPACA, cuya
observancia por parte de la Administración debe darse sin necesidad de
mandato judicial.

Por último, respecto de la condena en costas, esta Sala estima que no es dable
aplicar de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 365 del Código
General del Proceso (CGP), por remisión expresa del artículo 188 del
CPACA, a la parte vencida, pues debe estudiarse aspectos como la temeridad
o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el
único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera

29

Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
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inexorable la imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta
Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201644, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión,
la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el

44
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
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ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.

Por último, comoquiera que quien se halla habilitado legalmente para ello
confirió poder en nombre de la UGPP, se reconocerá personería al profesional
del derecho destinatario de este45.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 17 de
octubre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección D de la sección segunda), dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho incoado por la señora María de las Mercedes
Sánchez de Ramírez, que revocó la de 24 de abril del mismo año del Juzgado
Octavo (8º) Administrativo de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda,
para en su lugar, acceder a estas; en consecuencia, infírmase dicha
providencia, conforme a la parte motiva.

2. Revócase el fallo proferido el 24 de abril de 2013 por el Juzgado Octavo
(8º) Administrativo de Bogotá, mediante el cual negó las pretensiones de la
demanda en el proceso instaurado por la señora María de las Mercedes
Sánchez de Ramírez contra la liquidada Caja Nacional de Previsión Social
(Cajanal), según las consideraciones; en su lugar:

45
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
31

Expediente:
Expediente:
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11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
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2.1 Declárase la nulidad de la Resolución UGM 35557 de 27 de febrero de
2012, por la cual la entonces Cajanal negó la reliquidación de la pensión de
jubilación de la actora por nuevos tiempos, de conformidad con la motivación
del presente fallo.

2.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ordénase a la UGPP reajustar a la accionante su
pensión de jubilación con inclusión de aquellos factores salariales sobre los
cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes, además de los
previstos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización
(IBC), durante los últimos diez (10) años de servicios (8 de julio de 2000 al 8
de julio de 2010), de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con
efectos fiscales desde el 9 de julio de 2010 (fecha de desvinculación), siempre
que el respectivo cómputo no dé como resultado un valor inferior al
reconocido en la Resolución 33456 de 13 de julio de 2006, en atención a las
razones consignadas en la parte motiva.

2.3 La accionada hará la actualización sobre las diferencias adeudadas,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y
mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de
Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

2.4 La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo
previsto en el artículo 192 del CPACA.

2.5 Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. Niégase la pretensión de la UGPP de reintegro de los valores recibidos en
exceso por la demandante, de conformidad con lo indicado en la motivación.

5. Reconócese personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, con cédula
de ciudadanía 75.096.530 y tarjeta profesional 131.246 del Consejo Superior de
la Judicatura, para representar a la UGPP, en los términos del poder obrante en
el sistema de gestión judicial SAMAI.

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Expediente:
Expediente:
63001-23-33-000-2015-00123-01
11001-03-25-000-2016-00388-00(4355-2016)
(1869-2016)
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extraordinario
del de
derecho
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UGPP contra
MaríaMaría
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Nieto
las Cárdenas
Mercedes contra
Sánchezla de
UGPP
Ramírez

6. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente ordinario al
juzgado de origen y archívense las presentes diligencias, previas las
anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

33

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