Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00389-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2016-00389-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00389-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00389-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 110010325000201600389 00
No. Interno : 1870 – 2016
Demandante : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandada : Nohra Sophía Díaz Ardila
Nacional
Tema : Acción de Revisión – Artículo 20 de la Ley 797 de
2003 – Pensión Gracia
Decide la Sala la acción especial de revisión1 interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, contra las sentencias proferidas el 30 de
noviembre de 2012 y 16 de diciembre de 2013, proferidas por el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva y el Tribunal
Administrativo de Huila, respectivamente, a través de las cuales se accedió a
las súplicas formuladas por la señora Nohra Sophía Díaz Ardila.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Nohra Sophía Díaz Ardila, a través de apoderado, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de
Previsión Social – Cajanal EICE, solicitando la nulidad de las Resoluciones
020088 del 20 de septiembre de 2000, 007885 del 3 de abril de 2001, 54829
1
La Corte Constitucional en sentencia C-835 de 2003 señaló que: “El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una
acción especial o sui génesis de revisión y ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas
que los modifiquen…”.
2
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
del 23 de noviembre de 2007 y 48536 del 18 de septiembre de 2008, por medio
de la cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a su favor.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la entidad
demandada reconocer y pagar a su favor una pensión gracia, liquidada con el
75% del promedio de lo devengado por concepto de sueldos y demás factores
salariales devengados en el último año de servicios inmediatamente anterior
al cumplimiento de los requisitos edad y tiempo de servicio, de conformidad
con el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, junto con los reajustes legales
correspondientes. Adicionalmente, pidió que sobre la pensión inicial se le
reconozca y pague los reajustes por concepto de la Ley 71 de 1988, que la
condena se ajuste en los términos del artículo 178 del C.C.A hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia; que se condene a la entidad al pago de los intereses
moratorios más altos vigentes al momento en que se efectúe el
correspondiente pago, respecto de todas y cada una de las mesadas
pensionales adeudadas, calculadas desde la fecha de exigibilidad de cada una
de las mesadas hasta la fecha en que se efectúe el correspondiente pago,
conforme a lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Finalmente,
solicitó que, si la entidad demandada no da cumplimiento al fallo dentro del
término de los 30 días, proceda a pagarle los intereses moratorios conforme a
la sentencia C – 188 del 29 de marzo de 1999 de la Corte Constitucional.
El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Neiva, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2012, declaró no probada
la excepción de caducidad de la acción, declaró la nulidad de los actos
administrativos acusados, declaró que la señora Nohra Sophía Díaz Ardila
tiene derecho a percibir una pensión gracia efectiva a partir del 22 de octubre
de 1999, pero con efectos a partir del 17 de febrero de 2008, en aplicación del
fenómeno de la prescripción; ordenó la actualización de las mesadas
pensionales hasta cuando se efectúe el correspondiente pago junto con los
ajustes establecidos en el artículo 178 del C.C.A..
3
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
En contra de la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación,
el que fuera decidido por la Sala Segunda de Decisión Escritural del Tribunal
Administrativo del Huila, mediante providencia del 16 de diciembre de 2013,
decretó la sucesión procesal de la entidad demandada – Caja Nacional de
Previsión Social EICE en Liquidación en la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia, en el sentido de declarar probada la excepción de
prescripción trienal sobre las mesadas anteriores al 27 de abril de 2004,
modificó el numeral cuarto y el literal a del numeral quinto de la parte resolutiva
de la sentencia, en el sentido de declarar que la señora Nohra Sophía Díaz
Ardila tiene derecho a recibir una pensión gracia a partir del 2 de febrero de
2000, momento a partir del cual adquirió el estatus de pensionada, y ordenó
reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia a partir del 1 de febrero de 2000.
2. Sentencias objeto de revisión
El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Neiva, a través de la sentencia del 30 de noviembre de 20122, accedió a las
pretensiones de la demanda, declaró probada la excepción de prescripción
trienal sobre las mesadas anteriores al 17 de febrero de 2007, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados a través de los cuales se le
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Nohra Sophía
Díaz Ardila, declaró que tiene derecho a recibir una pensión gracia y como
consecuencia de ello, ordeno el pago de la prestación a partir del 22 de octubre
de 1999, aplicando la prescripción trienal retroactivamente tres años atrás,
contados desde la fecha de presentación de la demanda (17 de febrero de
2010). De la misma forma, ordenó actualizar las sumas de dinero dejadas de
percibir, mes a mes, a partir del 22 de octubre de 1999 y hasta cuando se
efectúe el pago correspondiente, en donde la entidad deberá realizar los
descuentos de la sumas que se han cancelado en razón a los fallos de tutela
2
Folios 145 – 156 del cuaderno proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
4
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
y otros reconocimientos relacionados con el fallo; que se realice los ajustes en
los términos del artículo 178 del C.C.A. y se reconozcan los intereses conforme
a lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A., y se abstuvo de condenar en
costas, por no existir constancia de actuaciones temerarias o con mala fe.
Encontró probado con los certificados de tiempos de servicios allegado al
expediente, que la señora Nohra Sophía Díaz Ardila fue vinculada por la
Secretaría de Educación del Departamento de Caquetá como docente en
propiedad como nacionalizado en forma continua desde el 1 de febrero de
1980 al 13 de agosto de 1994, con un tiempo de servicio de 14 años, 3 meses
y 14 días, es decir, se encontraba vinculada como docente antes del 31 de
diciembre de 1980. De la misma forma se estableció que, se vinculó con la
secretaría de Educación del Departamento del Huila como docente
nacionalizado, en forma continua durante 14 años, 9 meses y 20 días, por lo
tanto, al 27 de diciembre de 2005 superaría la exigencia de los 20 años de
servicio. Así mismo, se acreditó que nación el 21 de octubre de 1949,
cumpliendo con el requisito de edad, el 21 de octubre de 1999.
Conforme con lo anterior, concluyó que se encuentra cobijada por las
disposiciones de la Ley 114 de 1913, por lo que no cabe duda que tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, a partir del momento
en que adquirió el estatus de pensionada, esto es, el 21 de octubre de 1999,
en cuantía equivalente al promedio mensual de lo obtenido durante el último
año de servicio a la fecha del estatus pensional, y ordeno la aplicación del
fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta la fecha en que se presentó
la demandante (17 de febrero de 2010), por lo que prescribió el derecho
reclamado sobre las mesadas anteriores al 17 de febrero de 2007.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 16 de diciembre de
20133, modificó el numeral segundo en el sentido de declarar probada la
exceptiva de prescripción trienal sobre las mesadas anteriores al 27 de abril
de 2004; modificó el numeral cuarto de la providencia en el sentido de aclarar
3
Folios 18 - 33 del cuaderno proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
5
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
que la señora Nohra Sophía Díaz Ardila tiene derecho a recibir una pensión
gracia efectiva a partir del 2 de febrero de 2000, por haber adquirido el estatus
de pensionada el 1 de febrero de 2000, modificó el literal a) del numeral quinto,
en el sentido de ordenarle a la Caja Nacional de Previsión Social a reconocer,
liquidar y pagar la pensión gracia dejada de cancelar a partir del 1 de febrero
de 2000, aplicando la prescripción trienal retroactivamente tres años atrás,
contados a partir de la presentación de la solicitud del reconocimiento y pago
de la pensión gracia (27 de abril de 2007) y, confirmó los demás ordinales de
la parte resolutiva de la sentencia del 30 de noviembre de 2012.
Analizado el material probatorio, encontró certificados los tiempos de servicios
proferidos por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Caquetá y la
Secretaría de Educación de la Alcaldía de Neiva, en los cuales se estableció
que prestó sus servicios como docente nacionalizada en forma continua desde
el 25 de enero de 1980 hasta el 13 de agosto de 1994 (14 años, 3 meses, 14
días) y desde el 24 de marzo de 1994 hasta el 27 de diciembre de 2005 (12
años, 9 meses, 20 días), cumpliendo a satisfacción con los 20 años de
servicios exigidos por la norma relativa a la pensión gracia.
Señaló que teniendo en cuenta que la señora Nohra Sophía Díaz Ardila
cumplió los 20 años de servicio el 1 de febrero de 2000 y cumplió los 50 años,
el 21 de octubre de 1999, significa que adquirió el estatus pensional para
acceder a la pensión gracia, el 1 de febrero de 2000, por lo que conforme al
certificado de salarios devengados, la pensión debe ser liquidada en cuantía
equivalente al 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales
efectivamente devengados, correspondiente a asignación básica mensual,
prima de navidad y prima de vacaciones, durante el último año previo a la
adquisición del estatus pensional.
Conforme con lo anterior, aclaró que el estatus pensional lo adquirió el 1 de
febrero de 2000 y no como lo estableció el a quo al señalar que ocurrió el 21
de octubre de 1999, en razón a que el derecho lo adquirió cuando reunía
ambos requisitos. Sin embargo, aplicó el término de prescripción trienal,
teniendo en cuenta la fecha en que presentó la solicitud de reconocimiento y
6
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
pago de la pensión gracia (27 de abril de 2007), por lo que estableció que las
mesadas pensionales causadas con anterior al 27 de abril de 2004, se
encuentran prescritas.
3. El recurso de revisión
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social expuso que la sentencia objeto de revisión
transgrede los artículos 13, 30, 48, 53, 83, 95, 128 y 228 de la Constitución; 1,
3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933;
1 y 2 de la Ley 43 de 1975; y 1 y 15 de la Ley 91 de 1989.
Señaló que es procedente revocar las sentencias del 30 de noviembre de 2012
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Neiva, confirmada en segunda instancia mediante providencia del
16 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto a
la señora Nohra Sophía Díaz Ardila no le asiste el derecho al reconocimiento
de la pensión gracia por no cumplir con los requisitos establecidos para ello.
Con fundamento en lo anterior, pretende que se declare la nulidad de la
Resolución RDP 22609 del 22 de julio de 2014, a través de la cual la UGPP
dio estricto cumplimiento a las sentencias objeto de la presente revisión; y
como consecuencia de lo anterior, condenar a la señora Nohra Sophía Díaz
Ardila a reintegrar los valores cancelados por concepto de reconocimiento de
la pensión gracia y al pago de las costas procesales de haber lugar a ellas.
Refirió que la señora Nohra Sophía Díaz Ardila “no tendría derecho al
reconocimiento pensional que por vía judicial se decretó, por cuanto pretende sumar
a sus tiempos nacionalizados comprendidos entre el 01 de febrero de 1980 hasta el
13 de agosto de 1994; tiempos de orden NACIONAL, en la Secretaría de Educación
del Departamento de Caquetá comprendidos entre 01 de febrero de 1979 hasta el 31
de diciembre de 1979 y en la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva entre
el 11 de abril de 1994 hasta el 27 de diciembre de 2005 no siendo válidos para el
reconocimiento de la prestación en comento.”
7
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
Señaló que resulta procedente el recurso de revisión instaurado en tanto creo
una situación jurídica a favor de la señora Nohra Sophía Díaz Ardila en
detrimento del erario, al que se le impuso una carga prestacional sin
fundamento legal, con grave afectación al interés general.
4. Trámite del recurso de revisión
Mediante auto de 12 de septiembre de 20164, el Despacho Sustanciador
admitió el recurso de revisión presentado por la apoderada de la UGPP y se
ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.
Posteriormente, con providencia de 5 de diciembre de 2019 5, se resolvió la
etapa probatoria.
5. Oposición a la acción especial de revisión.
La señora Nohra Sophía Díaz Ardila, mediante apoderado judicial, en 11 de
enero de 20176, se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario, para
lo cual expuso las siguientes razones:
Alegó que el reconocimiento de la pensión gracia, como prestación de carácter
especial, no fue prevista dentro del objeto de la Ley 797 de 2003, “no se hace
alusión a una causal de nulidad como violación del debido proceso, ilegalidad en los
documentos aportados, falsedades o detrimento al erario público, sino que se acude
a los argumentos genéricos de negativa que por años utilizó la CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. y que hizo suyos la UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP, a saber, son
argumentos reiterativos sobre la naturaleza de la vinculación, misma que fue
efectivamente debatida en ambas instancias, sin que la entidad pudiera desvirtuar su
carácter de Nacionalizado.”
Consecuentemente con lo anterior, consideró que debe aplicarse, en virtud del
4
Folio 305 de la acción de revisión
5
Folio 385 ibidem
6
Folios 325 - 333 ibidem.
8
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
principio de seguridad jurídica y cosa juzgada, el término de caducidad de un
año previsto de forma especial para la causal invocada, el cual se encontraba
vencido a la fecha de presentación de la acción., por cuanto la sentencia de
segunda instancia quedó ejecutoriada el 17 de marzo de 2014 y el recurso se
presentó hasta el 11 de mayo de 2016.
Refirió que la entidad, en virtud de la carga de la prueba, estaba en la
obligación de demostrar la vinculación con la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, aportando los actos administrativos de nombramiento. No obstante,
en el expediente aportado como prueba para el recurso de revisión, no reposan
los actos administrativos de nombramiento y la única certificación expedida por
el Ministerio de Educación, señala como años de vinculación de 1976 a 1979,
años que no fueron tenidos en cuenta para determinar el derecho pensional.
Sostuvo que la señora Nohra Sophía Díaz Ardila cumplió con la totalidad de
los requisitos y ha estado vinculada de conformidad con las leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933, motivo por el cual solicitó que se nieguen las
pretensiones del recurso de revisión.
6. El Ministerio Público guardó silencio
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer de la acción de revisión
interpuesta contra las sentencias de 30 de noviembre de 2012 proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva y
confirmada en segunda instancia mediante providencia del 16 de diciembre
de 2013 por el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo
establecido en el inciso 2° del artículo 2497 del Código de Procedimiento
7
«Artículo 249. Competencia.
9
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 20118.
Adicionalmente, teniendo en cuenta el criterio de especialización, por tratarse
de un asunto de carácter laboral, esta Subsección de la Sección Segunda,
tiene competencia para conocer del asunto, según lo previsto en el artículo 13
del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 20199.
2. Oportunidad
Según el inciso 3° del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, “La revisión se
tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo Código (…)”. En este sentido, el inciso 4º del artículo
251 del CPACA dispuso que tratándose de los casos previstos en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, el recurso debe presentarse dentro de los cinco (5)
años siguientes a la ejecutoria de la sentencia controvertida.
En el sub lite, la sentencia objeto de revisión se notificó por edicto desfijado el
29 de enero de 2014, cobrando ejecutoria el 4 de febrero de 201410, y el
recurso fue interpuesto el 4 de mayo de 201611. Por consiguiente, el recurso
se interpuso en el término previsto.
3. Problema jurídico
En el caso bajo estudio, la Sala debe determinar si en las sentencias proferidas
el 30 de noviembre de 2012 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión del Circuito de Neiva y confirmada en segunda instancia
mediante providencia del 16 de diciembre de 2013 por el Tribunal
Administrativo del Huila, se configura la causal de revisión prevista en el
numeral 7° del artículo 250 del CPACA, al haber ordenado el reconocimiento
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
8
El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
9
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10
Folio 38 cuaderno N° 4 proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11
Folio 301 de la acción de revisión.
10
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
y pago de una pensión gracia a favor de la señora Nohra Sophía Díaz Ardila.
Ahora bien, para abordar el problema jurídico se estudiarán los siguientes
aspectos: 3.1. Marco Normativo y jurisprudencial – 3.1.1 Objeto y alcance de
la acción de revisión de la Ley 797 de 2003, 3.1.2. La pensión gracia; y 3.2.
Caso concreto.
3.1 Marco Normativo y Jurisprudencial
3.1.1 El objeto y alcance de la acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El legislador a través del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de
200311 estableció la posibilidad de revisar las providencias judiciales que
hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro
Público o de fondos de naturaleza pública, con el fin de contrarrestar los
reconocimientos irregulares que en materia pensional se presentaban en el
país, y evitar los perjuicios que por esta razón sufriera el erario. Al respecto,
la norma indicó lo siguiente:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado
de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por
las causales consagradas para este en el mismo código y, además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”.12
11
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
Con relación al alcance de la acción especial de revisión prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
“(…) Ahora bien, cabe resaltar que de acuerdo con la exposición de
motivos del proyecto de Ley 56 de 2002 – Senado, el artículo 20
establece la posibilidad de revisar las decisiones judiciales que han
reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden
a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones
irregularmente otorgadas.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación12 ha recordado que “[…]
el legislador dotó a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a
los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la
corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales, las que se insiste, se establecieron con el propósito de
fortalecer el principio de moralidad de que debe estar precedida esta
actividad de reconocimiento pensional y como se lee en el aparte
pretranscrito de la exposición de motivos, para enfrentar y afrontar el
estado del arte actual en el tema de la corrupción que tanto perjudica las
finanzas públicas, en tanto, el pago de las pensiones se nutre de los
recursos del erario, ya de por sí limitados, y que imponen un examen
exigente y riguroso frente a los montos que se autorizan, pues un exceso
en tales sumas que no correspondan con lo dispuesto legalmente, afecta
la liquidez y solvencia del sistema […]”.
Respecto de esta casual, la Sala recuerda que esta Corporación ha
precisado lo siguiente13:
“[…] Ahora, aunque la normativa prevé que el trámite que debe
darse al recurso es el mismo contemplado en el artículo 185 del
CCA y que las causales son las establecidas en el artículo 188
ibídem, lo cierto es que la acción de revisión contemplada por el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 ha sido considerada como
una acción especial14, con particularidades propias, dentro de
las que se encuentran:
i) Su finalidad. Se estatuyó para controvertir las sentencias o
conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto
de 2017. Rad.: 2016 – 2022. Consejera Ponente: doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 10 de agosto
de 2017. Rad.: 2002 – 5275. Magistrado Ponente: doctor William Hernández Gómez.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 27 de marzo de 2014.
Rad.: 2012 – 00561. Consejero Ponente: doctor Gerardo Arenas Monsalve. “[…] En este orden, precisa la Sala que
aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere
decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión
se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener
la viabilidad financiera del sistema pensional […]”.
12
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
pagadas con cargo al tesoro público.
ii) La limitación en la legitimación en la causa por activa. Para
ejercerla se requiere de un solicitante calificado15, que a su vez
es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la
conciliación. Así las cosas, en principio, únicamente puede ser
presentada por el Gobierno a través de los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social o de Hacienda y Crédito Público; el Contralor
General de la República; el Procurador General de la Nación y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP,
autorizada por el artículo 156 de la Ley 1151 de 200716.
(…)
Estos criterios fueron establecidos para revisar el reconocimiento
pensional obtenido de forma ilegal o con fraude a la ley y abuso del
derecho17. Sobre el segundo aspecto la Corte Constitucional lo
explicó así18:
[…]
En segundo lugar, tal y como se explicó, en las figuras del fraude
a la ley y abuso del derecho, se presenta un elemento objetivo
que se traduce en el aprovechamiento de la interpretación
judicial o administrativa de las normas o reglas, para fines o
resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico y aquél
que invoca las normas de una forma claramente excesiva y
desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que
persigue. En este orden de ideas, el juez y la administración tienen
el deber de evitar que se interpreten los textos legales de manera
que se cometa fraude a los principios del sistema. (…)
En todos estos casos, el pensionado no tiene un derecho adquirido,
y por tanto, en aras de dar cumplimiento a la presente providencia,
la Administración podrá proceder a revocar y reliquidar el derecho
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Bogotá D.C. 1 de julio
de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora
Sánchez-. Admite acción de revisión.
16
El artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 otorgó esta facultad también a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, al establecer en el ordinal 1.º que « […] la entidad
ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos
y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 […]»
17
La Corte en la sentencia C-258 de 2013 definió el fraude a la ley como « […] 3.7.1.4. Según las anteriores
referencias, a juicio de la Sala quien actúa en fraude a la ley, ejecuta actos que guardan fidelidad al texto de la
norma o que se desprenden de una interpretación en apariencia razonable de ella, pero que en realidad eluden
el sentido de las disposiciones y conducen a resultados que desbordan la naturaleza y finalidades de la
respectiva institución jurídica. Tales actos pueden o no tener lugar por la voluntad del agente […]» (Subraya la
Sala). Respecto a abuso del derecho expresó que «[…] 3.7.2.3. (…) comete abuso del derecho: (i) aquél que ha
adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii)
quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el
ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su
contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que
desvirtúa el objetivo jurídico que persigue […]» (Resaltado fuera de texto).
18
Sentencia C-258 de 2013, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
pensional con el objeto de hacerlo compatible con el ordenamiento
jurídico y con el régimen pensional que realmente le corresponde
[…]” (negrillas fuera de texto).
En este contexto, la Sala pone de presente que la acción especial de
revisión se consagró para controvertir las sentencias que reconocen la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza pagadas con cargo al tesoro público, tal y como ocurre en el
sub lite. (…)”19
Como puede observarse, si bien el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 indica
que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra
regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que se trata de
un mecanismo de naturaleza especial que presenta aspectos que lo
particularizan y que han sido advertidos por la jurisprudencia del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que
realizan el reconocimiento y pago de pensiones.
iii) Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a
reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito
de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 20. Sentencia del 16 de octubre
de 2018. Expediente 110010315000201401658. M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira.
iv) No se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas, cuando se
reconocieron en un valor mayor al que corresponde, con vulneración del
debido proceso o de la ley.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra
en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que
debe admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se
invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la
Corte Constitucional, al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA,
en sentencia C-450 de 2015, donde reiteró20 que el recurso extraordinario de
revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho21, procede contra
sentencias ejecutoriadas, “buscando esencialmente el restablecimiento de la
justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa
juzgada”.
20
Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto
pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado
la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos
casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido
puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca
una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya
fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del
Estado».
21
Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se
encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral,
en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia
contencioso administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley
446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso administrativa
están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
15
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
De acuerdo con lo anterior, se colige que el mecanismo de la revisión no
implica el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de
legalidad de las decisiones judiciales, pues de manera excepcional, ante
ciertas circunstancias y por las razones establecidas específicamente en la
ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la
justicia y mantener el orden jurídico y social.
De esta manera, la procedencia de este instrumento judicial se encuentra
sujeta al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que
expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante
interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que éste se convierta en
una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera
podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del
fallador22.
En efecto, las causales de revisión tienen por objeto garantizar la justicia de la
sentencia, el principio de la cosa juzgada y el derecho de defensa, siempre y
cuando hubieren sido transgredidos por motivos trascendentes o externos al
proceso.
3.1.2. La pensión gracia
La pensión gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hubiesen servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia
a los empleados docentes, profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según el
artículo 6, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando
los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de abril de 2004, REV 194, Consejera
Ponente María Inés Ortiz Barbosa.
16
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de
instrucción pública a la enseñanza primaria.
Por su parte, la Ley 37 de 1933, según el artículo 3, amplió el beneficio de la
pensión gracia a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Así mismo, el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que
reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la
norma que:
“(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y
cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación”.
La disposición transcrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo
de Estado en la sentencia S-699 de 29 de agosto de 199723, en el cual se
fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia, así:
“(…) La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se
les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión,
siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31
de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”.
Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997. M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
17
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley”.
La tesis anterior fue reiterada por esta Corporación en la sentencia SUJ-11-S2
de 21 de junio de 201824 al señalar que “el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación
con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados”, concluyéndose,
además que:
“para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la
normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los
servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta”.
Conforme lo antes expuesto, se precisa que la pensión gracia de jubilación se
reconoce a aquellos docentes que hubiesen laborando de manera continua o
discontinua antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplan 20 años de servicios
en establecimientos educativos del orden departamental, distrital o
municipal25, cuya vinculación es de carácter territorial o nacionalizado, sin que
sea posible acumular tiempos del orden nacional.
De la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado
Debido a la disparidad de criterios que se plantearon en esta Sección del
Consejo de Estado, con relación a si los docentes en cuyo nombramiento
intervenía además del representante legal del ente territorial, un delegado del
Ministerio de Educación Nacional del respectivo Fondo Educativo Regional,
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio
de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys Amanda
Hernández Triana.
25
En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014,
radicado 25000-23-25-000-2012-00520-01(1914-13). M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
18
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
ostentaban el carácter de nacionales o nacionalizados, se señala que el 21 de
junio de 201826, se dictó la sentencia SUJ-11-S2 en la que se unificó el asunto.
En dicha providencia, esta Sección explicó que no es viable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores
nacionales cuando en el acto de su vinculación intervienen el representante
legal de la entidad territorial y el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo
Fondo Educativo Regional.
Lo anterior, según se indicó, en tanto lo relevante frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que
concierne a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
Al respecto, se señaló en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018:
“3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación
a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta
cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante
su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos
locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en
calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio de
2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys Amanda
Hernández Triana.
19
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados27, resulta factible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los
recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado
fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal28; y (ii) por el argumento de
que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la
Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —
situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.
27
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de
1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
28
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
20
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
En los anteriores términos ha de entenderse rectificada cualquier decisión
que en sentido disímil haya adoptado alguna de las salas de subsección en
el pretérito29”.
3.2. Caso concreto
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP, con fundamento en lo dispuesto
en la causal previste en el numeral 7° del artículo 250 del CPACA30, solicitó la
revisión de las sentencias de 30 de noviembre de 2012 proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva y
confirmada en segunda instancia mediante providencia del 16 de diciembre de
2013 por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de las cuales se accedió
a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la señora Nohra Sophía Díaz Ardila, relacionadas con el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
La UGPP manifiesta que, en las providencias cuestionadas, se accedió al
reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la señora Nohra
Sophía Díaz Ardila, sin realizar un análisis adecuado de los elementos
probatorios relacionados con la naturaleza de las vinculaciones del sujeto, toda
vez que no tuvo en cuenta que el interesado acumuló tiempos con
designaciones de orden nacionalizado y nacional.
Señaló que la señora Nohra Sophía Díaz Ardila no contaba con la aptitud legal
necesaria para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia, porque
durante el lapso comprendido entre el 1 de febrero de 1980 hasta el 13 de
agosto de 1994, ejerció la actividad docente con vinculación del orden
nacionalizado. Posteriormente, durante periodo comprendido entre el 1 de
febrero de 1979 al 31 de diciembre de 1979 y entre el 11 de abril de 1994 hasta
el 27 de diciembre de 2005, acreditó tiempos del orden nacional.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio
de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys Amanda
Hernández Triana.
30
“(…) 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida. (…)”.
21
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
Consideró que el reconocimiento pensional ordenado en la sentencia
cuestionada contradice la normativa que regula la prestación y los
pronunciamientos jurisprudenciales emitidos sobre el tema e implica la
destinación de recursos públicos para financiar una pensión con abuso del
derecho.
Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Huila, mediante
sentencia de 16 de diciembre de 2013, confirma parcialmente la providencia
de 30 de noviembre de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión del Circuito de Neiva, que accedió a las pretensiones de la
demanda, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Nohra
Sophía Díaz Ardila, a partir del 2 de febrero de 2000, fecha en que adquirió el
estatus de pensionada, aplicando para el efecto el fenómeno de la prescripción
trienal contados a partir de la presentación de la solicitud de reconocimiento
(27 de abril de 2007), esto es, las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 27 de abril de 2004, se encuentran prescritas.
En efecto la decisión adoptada por el Tribunal obedeció a que la señora Nohra
Sophía Díaz Ardila demostró que llegó a la edad de 50 años el 21 de octubre
de 1999 y laboró por más 20 años al servicio de la docencia territorial, con
vinculaciones de orden nacionalizado, desempeñándose con honradez,
idoneidad y buena conducta, por lo que cumplió con los requisitos establecidos
en la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes, para acceder a la
pensión gracias desde la fecha en que adquirido el status, esto es, el 1 de
febrero de 2000, cuando completó el tiempo de servicio exigido en la norma.
Así pues, los documentos obrantes en el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que le permitieron llegar a la anterior conclusión
y adoptar una decisión favorable a los intereses de la señora Nohra Sophía
Díaz Ardila, fueron los siguientes:
“(…)
22
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
6.2.1. De lo probado.
Del acervo probatorio debidamente allegado al proceso, se puede colegir
que:
La señora Nohra Sophia Díaz Ardila nació el 21 de octubre de 1949. (Fl.
6-7 C. Pbas.)
Mediante Resolución Nº 020888 de 20 de septiembre de 2000 proferida
por la Caja Nacional de Previsión Social, niega el reconocimiento y pago
de la pensión mensual vitalicia de jubilación gracia dispuesta en la Ley
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, al considerar que la peticionaria
no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley,
correspondiente a los 20 años de servicio en la docencia oficial del orden
departamental, municipal o distrital. (Fl. 21-26 C. Pbas.)
El 3 de noviembre del año 2000 la parte actora interpone recurso de
reposición y en subsidio apelación contra la Resolución Nº 020888 de 20
de septiembre de 2000. (Fl. 34-37 C. Pbas.)
Mediante Resolución Nº 007885 de 3 de abril de 2001, la Caja Nacional
de Previsión Social – Cajanal E.I.C.E. – en Liquidación, resuelve el
recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Nº 020088,
confirmando la misma. (Fl. 16-20 C. 1Inst.)
Mediante Resolución Nº 54829 del 23 de noviembre de 2007 proferida
por la Caja Nacional de Previsión Social niega nueva solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia presentada mediante escrito de 27
de abril de 2007, argumentando que existe una incompatibilidad entre la
pensión gracia y la pensión ordinaria de jubilación, por cuanto ambas
provienen del tesoro nacional. (Fl. 38-41 C. Pbas.)
Contra el anterior acto administrativo se interpone por la actora Nohra
Sophía Díaz Ardila recurso de reposición el 10 de diciembre del 2007. (Fl.
47-49 C. Pbas.) y por medio de la Resolución Nº 48536 de 18 de
septiembre de 2008, la Caja Nacional de Previsión Social resuelve el
recurso contra la Resolución Nº 54829, confirmando la misma. (Fl. 131-
134 C. Pbas.)
Según certificado de tiempo de servicios proferido por la Secretaría de
Educación de la Gobernación de Caquetá, la señora Nohra Sophía Díaz
Ardila prestó sus servicios en propiedad como docente nacionalizado en
forma continua desde el 25 de enero de 1980 hasta el 13 de agosto de
1994, para un total de 14 años, 3 meses y 14 días laborados. (Fl. 104 C.
Pbas.)
Así mismo, se evidencia de conformidad con certificado de tiempo de
servicios expedido el 31 de enero de 2007 la Secretaría de Educación de
la Alcaldía de Neiva, la señora Nohra Sophía Díaz Ardila laboró en
propiedad como docente nacionalizado en forma continua desde el 24 de
marzo de 1994 hasta el 27 de diciembre de 2005, encontrándose aún
vinculada, para un total de 12 años, 9 meses y 20 días laborados. (Fl. 102
C. Pbas.)
23
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
Finalmente, según certificado de devengados expedido por el Subdirector
de Prestaciones Sociales de la Caja Nacional de Previsión Social, la
señora Nohra Sophia Díaz Ardila durante el último año de servicios
comprendido entre el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1999,
devengó los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de
navidad y prima de vacaciones. (Fl. 33 C. 1Inst. y 113 C. Pbas.)
(…)
La Sala encuentra establecido que la demandante Nohra Sophia Díaz
Ardila se vinculó el 1 de febrero de 1980 a la Secretaría de Educación de
la Gobernación de Caquetá como docente nacionalizada en propiedad
(Fl. 95 C. Pbas.), fecha anterior a la requerida para tener derecho a la
pensión gracia, conforme lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.
De otra parte, se encuentra acreditado el hecho que la parte actora reunió
los requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
En efecto, de conformidad con los certificados de tiempo de servicios
proferidos por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Caquetá
y la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Neiva, la señora NOHRA
Sophia Díaz Ardila prestó sus servicios en propiedad como docente
nacionalizada en forma continua desde el 25 de enero de 1980 hasta el
13 de agosto de 1994, para un total de 14 años, 3 meses y 14 días
laborados y desde el 24 de marzo de 1994 hasta el 27 de diciembre de
2005, para un total de 12 años, 9 meses y 20 días laborados, cumpliendo
satisfactoriamente 20 años de prestación de servicios exigidos por la
normativa expuesta. (Fl. 102 y 104 C. Pbas.)
Así mismo, reúne la edad requerida para el reconocimiento de la pensión
gracia, esto es tener más de 50 años de edad, los cuales teniendo en
cuenta que la demandante nació el 21 de octubre de 1949 los cumplió el
21 de octubre de 1999. (Fl. 6-7 C. Pbas.)
En ese orden de ideas, considera la Sala que la actora Nohra Sophia Díaz
Ardila tiene derecho a percibir la pensión gracia, la cual ha de ser
liquidada y pagada tomando como base el 75% del promedio mensual de
los salarios obtenidos durante el último año de servicios, con la inclusión
de la totalidad de los factores salariales devengados y certificados
durante el último año previo al de la adquisición del estatus pensional.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la demandante cumplió los 20
años de servicios el 1 de febrero de 2000 y cumplió los 50 años de edad
el 21 de octubre de 1999, significa ello que adquirió el status pensional
para adquirir la pensión de jubilación gracia el 1 de febrero del año 2000,
en consecuencia, de conformidad con el certificado de devengados
obrante a folio 113 del cuaderno de pruebas, la referida pensión ha de
ser liquidada en cuantía equivalente al 75% del promedio de la totalidad
de los factores salariales efectivamente devengados como es la
asignación básica mensual, la prima de navidad y la prima de vacaciones,
durante el último año previo al de la adquisición del estatus pensional.
24
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
En este punto del análisis, resulta importante aclarar que el status
pensional lo adquirió el 1 de febrero del año 2000 y no como se indica
por el A-quo al señalar que ello ocurrió el 21 de octubre de 1999, por
cuanto, el status pensional se adquiere al cumplir los dos requisitos
exigidos para ello, es decir, los 50 años de edad y 20 años de servicios,
en consecuencia, si bien la señora Díaz Ardila cumplió los 50 años de
edad el 21 de octubre de 1999, no reunía aún los 20 años de servicios
exigidos, los cuales cumple de manera efectiva el 1 de febrero del año
2000, teniendo en cuenta la fecha de vinculación al servicio como docente
nacionalizada – 1 de febrero de 1980.
Ahora bien, con relación a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación por la parte actora, respecto a la fecha a partir de la cual se ha
de reconocer el pago de las mesadas pensionales una vez efectuada la
liquidación de la pensión de jubilación teniendo en cuenta la totalidad de
los factores salariales, encuentra la Sala, que la señora Nohra Sophia
Díaz Ardila adquirió el status pensional el 1 de febrero del año 2000, fecha
en la cual cumple con seguridad los requisitos de 20 años de servicios y
50 años de edad.
De igual manera, se encuentra establecido que la parte actora, mediante
escrito radicado el 15 de febrero del 2000, solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación gracia, la cual fue resuelta de forma
negativa mediante Resolución Nº 020888 del 20 de septiembre del año
2000 (Fl. 21-26 C. Pbas.). Se interrumpió así el término de prescripción
trienal por un lapso igual, es decir hasta el 15 de febrero del año 2003.
Con posterioridad, el 27 de abril del año 2007 presenta nuevamente
solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue
resuelta también en forma negativa mediante Resolución Nº 54829 del
23 de noviembre de 2007 (Fl. 38-41 C. Pbas.), interrumpiendo así el
término de prescripción trienal por un lapso igual, tiempo durante el cual
el actor ha debido acudir a las instancias judiciales para la respectiva
reclamación de su derecho.
En ese sentido, el actor tenía hasta el 27 de abril del año 2010 para
interponer la respectiva demanda, siendo presentada el 17 de abril del
año 2010.
Así las cosas, la interrupción del fenómeno de la prescripción trienal
operó con la presentación de la solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia el día 27 de abril de 2007 como se extrae del contenido
de la Resolución Nº 54829 y no como erróneamente lo consideró el A-
quo, al señalar que la misma ocurrió con la presentación de la demanda
el 17 de abril de 2010. Por tal razón, ha de concluir la Sala que se
encuentran prescritas las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 27 de abril del año 2004, como de manera acertada lo
consideró la parte actora en el recurso de apelación.
(…).”
25
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
De acuerdo con lo anterior, se advierte que el Tribunal Administrativo del Huila,
a través de las certificaciones expedidas por Secretaría de Educación de la
Gobernación de Caquetá, evidenció que la señora Nohra Sophía Díaz Ardila
prestó sus servicios en propiedad como docente nacionalizado en forma
continua desde el 25 de enero de 1980 hasta el 13 de agosto de 1994, para
un total de tiempo de servicio de 14 años, 3 meses y 14 días, para
posteriormente vincularse desde el 24 de marzo de 1994 hasta el 27 de
diciembre de 2005, para un total de servicios con la Secretaría de Educación
de la Alcaldía de Neiva de 12 años, 9 meses y 20 días, por lo que concluyó
que la interesada cumplía con los requisitos de tiempo de servicio y naturaleza
de la designación que exigía la normativa para acceder al reconocimiento y
pago de la pensión gracia reclamada.
Así las cosas, como en el presente asunto se logró acreditar que la señora
Nohra Sophía Díaz Ardila es beneficiaria de la pensión gracia que consagra la
Ley 114 de 1913, por haber demostrado haber estado vinculada por más de
20 años al servicio docente territorial – y tener cumplidos 50 años de edad-,
no se configura la causal prevista por el literal b) de artículo 20 de la Ley 797
de 2003, motivo por el cual la Sala considera, que los elementos de prueba
allegados al proceso ordinario y el análisis probatorio que el Tribunal
Administrativo del Huila realizó de estos en la sentencia de 16 de diciembre de
2013, a través de la cual confirmo de forma parcial la sentencia del 30 de
noviembre de 2012 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito de Neiva, no fue inadecuado o erróneo como lo
advierte la UGPP en la demanda de revisión, pues los documentos obrantes
en el expediente eran suficientemente claros, precisos y contundentes para
determinar la aptitud legal que le asistía a la señora Nohra Sophía Díaz Ardila
para acceder a la pensión gracia, por lo que no se observa ninguna
irregularidad en la providencia judicial cuestionada.
En este sentido, se advierte que los argumentos la UGPP en el escrito de
revisión, demuestran su inconformidad con la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Hula, sin acreditar las irregularidades de orden
26
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
procesal o sustancial en las que presuntamente incurrió, por tal razón, para la
Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de este
mecanismo judicial como si se tratara de una tercera instancia, con el fin de
reabrir el debate probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario, con el
único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Con fundamento en lo anterior, se concluye que el fallo recurrido no incurrió
en la causal de nulidad originada en la sentencia, puesto que su contenido no
revela ningún desconocimiento de los presupuestos procesales y sustanciales
con los que debía fundarse, sin que sea pertinente volver a discutir lo analizado
en el proceso ordinario.
III. DECISIÓN
En atención a las anteriores consideraciones, la Sala determina que no se
configura la causal regulada en el numeral 7°del artículo 250 del CPACA, en
la sentencia de 16 de diciembre de 2013, a través de la cual confirmó de forma
parcial la sentencia del 30 de noviembre de 2012, proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de descongestión del Circuito de Neiva, por ello, se
declarará infundada la acción especial de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta por a UGPP contra la sentencia de 16 de diciembre de 2013, a
través de la cual el Tribunal Administrativo del Hula confirmó de forma parcial
27
No. Interno: 1870 – 2016
Demandante: UGPP
Demandado: NOHRA SOPHÍA DÍAZ ARDILA
la sentencia del 30 de noviembre de 2012, proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente contentivo
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, remitido en préstamo,
al Tribunal de origen.
TERCERO: Cumplido lo anterior, archivar el expediente de la acción especial
de revisión.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
(Firmada electrónicamente) (Firmada electrónicamente)
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.