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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00418-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00418-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el agente liquidador de la Fundación San Juan de Dios en contra de la sentencia del 27 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el Radicado: 11001-33-31-021-2011-00111-01. Segundo: No condenar en costas. Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen. Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00418-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00418-00(1926-2016)
Demandante: Fundación San Juan de Dios en liquidación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00418-00(1926-2016)
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación
Providencia Sentencia del 27 de enero de 2015 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
Tema: Causal 7 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1. No tener la persona en cuyo favor se decretó
una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida

Sentencia de revisión

ASUNTO

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Fundación
San Juan de Dios en Liquidación contra la sentencia del 27 de enero de 2015
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho -lesividad-
promovido por dicha fundación en contra de María Alicia Ibáñez.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo3, la Fundación San Juan de
Dios en liquidación presentó demanda en orden a que se declarara la nulidad del
Acta de Reconocimiento 082 proferida el 28 de octubre de 2002 por su director
general interventor delegado, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de
una pensión de jubilación en favor de María Alicia Ibáñez.

1 En adelante CPACA.
2 Cuaderno 1, Folio 169 a 187 expediente proceso ordinario.
3 En adelante CCA.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00418-00
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

2. Atítulo de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la
demandada a reintegrar los dineros pagados por concepto de la prestación social
desde su reconocimiento y hasta la anulación del acto acusado.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. El gobierno nacional expidió los decretos 290, 1374 y 371 de 1979 por medio
de los cuales creó la Fundación San Juan de Dios, fijó sus estatutos y definió su
naturaleza como persona jurídica de derecho privado.

3.2. A través de la Resolución 1933 del 21 de septiembre 2001, la Superintendencia
Nacional de Salud dispuso intervenir la referida fundación. En su artículo tercero
ordenó «[…] la separación de las personas que ocupan cargos de dirección, técnicos y
si fuere el caso, administrativos». La decisión fue ratificada a través de la Resolución
1317 de 2004.

3.3. En el Acta de Reconocimiento 082 del 28 de octubre de 2002, el interventor de
la Fundación San Juan de Dios reconoció la pensión de jubilación convencional
en favor de María Alicia Ibáñez.

3.4. Mediante la sentencia del 8 de marzo de 2005 la Sala Plena del Consejo de
Estado declaró la nulidad de los decretos 290, 1374 y 371 de 1979. En tal virtud,
y por los efectos ex tunc de la providencia, la Fundación San Juan de Dios dejó
de existir y los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil, que la conformaban,
pasaron a depender de la Beneficencia de Cundinamarca. Decisión en la que se
indicó que la fundación era un establecimiento público.

3.5. Con los decretos 099 y 117 de 2006 el gobernador de Cundinamarca dispuso
la liquidación de la Fundación San Juan de Dios y nombró un liquidador.

3.6. En la sentencia SU-484 de 2008 la Corte Constitucional, al resolver varias
solicitudes de tutela presentadas por trabajadores acreedores de la referida
fundación, determinó que la relación laboral de todos sus servidores culminó el 29
de octubre de 2001.

3.7. Mediante comunicación 2-2008-23300, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público le puso de presente al liquidador de la Fundación San Juan de Dios que
dicha entidad reconoció varias pensiones convencionales sin que sus
beneficiarios cumplieran con los requisitos. En consecuencia, le solicitó adelantar
las acciones legales pertinentes para obtener su revocatoria.

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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

1.2. Sentencia de primera instancia

4. En sentencia proferida el 30 de abril de 20134, el Juzgado Dieciocho
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá declaró no
probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, tales como: falta
de jurisdicción, falta de competencia, inexistencia del demandante y no
comprender todos los litisconsortes necesarios, y negó las pretensiones. Para el
efecto, consideró:

4.1. La Fundación San Juan de Dios no era una persona jurídica de derecho
privado, pues estaba conformada por los hospitales San Juan de Dios y Materno
Infantil propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca que era un establecimiento
público, tal como lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto de
1985 y la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 8 de marzo de 20055,
mediante la cual declaró la nulidad de los decretos 290, 1374 y 371 de 1979. Por
tanto, quienes allí trabajaron eran empleados públicos o trabajadores oficiales y
la jurisdicción competente para conocer el asunto era la contenciosa-
administrativa

4.2. Producto de esa relación laboral, los trabajadores del sector hospitalario
celebraron una convención colectiva de trabajo entre la Fundación San Juan de
Dios, el sindicato de trabajadores de hospitales, clínicas, consultorios y centros
sanatorios de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, la cual estuvo vigente
hasta el último día en que la extinta Fundación San Juan de Dios ostentó
personería jurídica. Dicha convención fue celebrada en un marco legal y
constitucional, que mantuvo sus efectos mientras los supuestos de hecho y
derecho permanecieron incólumes, esto es, con anterioridad a la ejecutoria de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado el 8 de marzo de 2005.

4.3. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró terminadas las relaciones
laborales con la institución hospitalaria a partir del 29 de octubre de 2001. María
Alicia Ibáñez se vinculó a la entidad el 25 de febrero de 1982, por lo que a simple
vista no cumplía con el requisito de los 20 años de servicios para ser merecedora
del reconocimiento de la pensión objeto de litis, no obstante, del acta de
terminación del contrato quedó establecido que ello ocurrió el 1.º de noviembre de
2002, momento en el cual cumplió 20 años, 8 meses y 6 días de servicio, por lo
que se dio aplicación a la garantía de favorabilidad prevista en el artículo 53 de la
Constitución Política.

4.4. La demandada no actuó de mala fe para obtener la pensión convencional,
razón por la que no se debía ordenar la devolución de los dineros que recibió a
título de mesadas pensionales.

4 Cuaderno 1, Folio 611 a 632 expediente proceso ordinario.
5 Expediente 2001-00145-01.

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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

1.3. Recurso de apelación

5. Laliquidadora de la Fundación San Juan de Dios interpuso recurso de
apelación6 en el que solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se accediera a las súplicas del escrito inicial, con sustento en los
argumentos que se sintetizan a continuación:

5.1. La fundación debió ser considerada como persona jurídica de derecho privado
de 1979 al 2005, año en el que el Consejo de Estado profirió el fallo en el que
señaló lo contrario. Por esa razón, desde su creación, sus empleados se
vincularon por contratos de trabajo regidos por el Código Sustantivo del Trabajo 7
y celebraron convenciones colectivas de trabajo.

5.2. El a quo erró al señalar que a María Alicia Ibáñez, por desvincularse de la
Fundación San Juan de Dios el 1.º de noviembre de 2002, no le aplicaban los
efectos ex tunc de la sentencia del 8 de marzo de 2005, ni incidían en la relación
laboral que existió con la Fundación San Juan de Dios en liquidación, sin tener en
cuenta que de conformidad con lo establecido en el fallo de la Corte Constitucional
SU - 484 de 2008, la terminación de los vínculos laborales fue a partir del 29 de
octubre de 2001, fecha en la cual la demandada contaba con 19 años, 8 meses y
4 días, por lo que no era beneficiaria del reconocimiento pensional.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en sentencia del 27 de enero de 20158 confirmó la de primera instancia. La
decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

6.1. María Alicia Ibáñez se desempeñó como ayudante de servicio nocturno en la
Fundación San Juan de Dios del 25 de febrero de 1982 al 31 de octubre de 2002.
Mediante Acta 082 del 28 de octubre de 2002, le fue reconocida una pensión de
jubilación convencional, sin que hubiera lugar a aplicarle lo dispuesto en la
sentencia SU-484 de 2008, toda vez que, como quedó demostrado en el plenario,
la demandada continúo al servicio de la fundación hasta la fecha de su
reconocimiento pensional, circunstancia que la hizo beneficiaria al cumplir con los
requisitos dispuestos para ello.

6.2. Si bien la Corte Constitucional, en la sentencia SU-484 de 2008 declaró
terminadas las relaciones laborales legales con la Fundación San Juan de Dios a
partir del 29 de octubre de 2001, esto es, un mes después de atenderse el último
paciente, dicha circunstancia que no le era aplicable a María Alicia Ibáñez, quien

6 Cuaderno 1, Folio 634 a 639 expediente proceso ordinario.
7 En adelante CST.
8 Cuaderno 1, Folio 674 a 694 expediente proceso ordinario.

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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

continuó con la prestación del servicio y devengando salario sin que la entidad
demandante se lo impidiera, evento que no podía ser desconocido en el
reconocimiento pensional efectuado por el director general interventor de la
Fundación San Juan de Dios.

1.5. Recurso extraordinario de revisión

7. El apoderado general del proceso liquidatorio de la extinta Fundación San Juan
de Dios interpuso recurso extraordinario de revisión9 en contra de la sentencia
proferida el 27 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E. El recurrente invocó la causal establecida en el
numeral 7 del artículo 250 del CPACA que a su tenor señala: «[n]o tener la persona
en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna
de las causales legales para su pérdida».

8. Con fundamento en ello pidió que se revisara la referida providencia y se
profiriera una nueva que revocara la de primera instancia proferida el 30 de abril
de 2013 por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Bogotá y, en su lugar, se dispusiera: (i) declarar la nulidad del Acta de
Reconocimiento 082 de 2002 expedida por la extinta Fundación San Juan de Dios
a favor de María Alicia Ibáñez; y (ii) ordenar el reintegro de los dineros recibidos
por la demandada por concepto de reconocimiento irregular de la pensión de
jubilación, desde la fecha de expedición del acta, hasta la declaratoria de la
nulidad. Como argumentos expuso las siguientes razones:

8.1. Se estructuró la causal de revisión invocada porque la sentencia SU-484 de
2008 de la Corte Constitucional constituyó un hecho sobreviniente importante
sobre su aptitud legal de María Alicia Ibáñez para adquirir el reconocimiento de la
pensión de jubilación como extrabajadora de la Fundación San Juan de Dios.

8.2. La demandada mantuvo una relación legal y reglamentaria con la fundación
del 25 de febrero de 1982 al 21 de septiembre de 2001, fecha en la cual salió el
último paciente del Hospital San Juan de Dios, tal como se señaló en la sentencia
referida, la cual confirmó los efectos derivados del fallo proferido el 8 de marzo de
2005 por el Consejo de Estado, en el que se declaró la nulidad de los decretos
que establecían la naturaleza jurídica del ente hospitalario en el sentido que era
un establecimiento de salud público del orden departamental perteneciente a la
Beneficencia de Cundinamarca.

8.3. La Corte Constitucional en decisión T-121 del 8 de marzo de 2016 analizó los
efectos de la sentencia SU-484 de 2008, y señaló que el Hospital San Juan de
Dios nunca tuvo la calidad de persona jurídica de derecho privado, por lo que las

9 Folios 5 a 19 expediente de recurso extraordinario de revisión.

6

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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

personas allí vinculadas ostentaban la calidad de empleado público o trabajador
oficial, de acuerdo con las funciones desarrolladas, a quienes no les era permito
celebrar convenciones colectivas de trabajo, ni ser beneficiarios de estas.

8.4. La sentencia del 27 de enero de 2015 no se ajustó al ordenamiento jurídico,
toda vez que se apartó del precedente judicial que regía el vínculo laboral de los
exfuncionarios de la extinta Fundación San Juan de Dios. Sin perjuicio de que la
demandada prestara sus servicios hasta el 1.º de noviembre de 2002, lo correcto
era tener como fecha de terminación de la relación laboral el 29 de octubre de
2001, momento en el cual no contaba con los 20 años de servicios para ser
merecedora del reconocimiento de la pensión de jubilación.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

9. María Alicia Ibáñez, el agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

10. Esta Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Fundación San Juan de Dios liquidada10 contra la sentencia
proferida el 27 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda, Subsección E, por tratarse de un asunto de carácter laboral, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201912.

2.2. Oportunidad

11. El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente
«[…] a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso […]», tal y como lo prevé
el inciso 3.° del artículo 251 del CPACA. En efecto, en el presente caso se invocó
la causal de revisión prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA con
fundamento en la sentencia T-121 del 8 de marzo de 2016 y el escrito inicial se
radicó el 11 de mayo de 2016, es decir, dentro del término referido.

2.3. Legitimación en la causa

12. A la Fundación San Juan de Dios liquidada le asiste interés directo para
interponer el recurso extraordinario de revisión por haber actuado como parte
demandante dentro del proceso ordinario que culminó con la sentencia proferida
el 27 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

10Representada judicialmente por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del
Departamento de Cundinamarca.

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00418-00
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

Segunda, Subsección E, que confirmó la decisión de instancia de negar las
pretensiones de nulidad del acto administrativo de reconocimiento pensional en
favor de María Alicia Ibáñez y de la cual se solicita la invalidación.

2.4. Marco normativo

2.4.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

13. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada11. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada12 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella al ocurrir alguna de las causas por las cuales
procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

13.1. La primera refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.

13.2. La segunda indica que, aunque se trata de un nuevo proceso nacido para
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, en él no es
posible reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las instancias
procesales que ya se han surtido en este. Tampoco es una vía para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los problemas
debatidos en el proceso original, puesto que no constituye una tercera instancia.

2.4.2. La causal de revisión prevista en el numeral 7 del artículo 250 del
CPACA

14. En el numeral 7 del artículo 250 del CPACA se dispuso como causal de revisión
de las sentencias ejecutoriadas «[no] tener la persona en cuyo favor se decretó una
prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud
con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida. […]». De acuerdo con la norma, la prosperidad de la causal implicará la

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00418-00
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

pérdida de una prestación periódica para la persona a la que le fue reconocida.
En consecuencia, los supuestos para que se estructure son los siguientes:

(i) que en la sentencia recurrida se haya reconocido una prestación periódica. De
este modo la providencia debió otorgar una pensión de vejez, invalidez, sustitución
o una asignación de retiro en el caso de los miembros de la Fuerza Pública.
También otras erogaciones que tengan esta calidad, entre las que se encuentran
los salarios o demás prestaciones sociales de carácter periódico que provengan
de una relación laboral vigente. Todo lo anterior excluye la revisión de sentencias
en las que se negó el reconocimiento de tales emolumentos, o en los cuales se
resuelvan aspectos distintos sobre estos, como el relativo a su monto;

(ii) la controversia debe girar en torno al estudio de la «aptitud legal» para acceder
a la prestación periódica. Como tal debe entenderse el cumplimiento de los
requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para obtener el reconocimiento de
esta, es decir, se refiere a «[la] situación jurídica en que se debe encontrar una persona,
con ocasión de la concurrencia de los supuestos legales señalados en la regulación que
le es aplicable, para ser titular de la prestación periódica reconocida mediante
sentencia»13. En ese orden de ideas, la configuración de la causal puede ocurrir
en alguno de los siguientes supuestos14:

a) cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto
puede ocurrir, entre otros eventos, si la sentencia reconoce una pensión a
quien no reúne los requisitos;

b) cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal
por cuestiones de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de
invalidez y recupera su salud, con la consecuente posibilidad de reintegrarse a
la vida laboral;

c) cuando sobrevenga una causa legal para la pérdida de la prestación.

2.5. Problema jurídico

15. Se circunscribe a resolver: ¿si la sentencia proferida el 27 de enero de 2015
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
cumple los presupuestos de la causal de revisión prevista en el numeral 7º del

13 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, Radicado 11001-03-

25-000-2018-01169-00(4045-18).
14 En múltiples sentencias de esta corporación se definieron de esa manera. Ver las siguientes:
del Consejo de Estado: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020,
Radicado 11001-03-25-000-2018-01169-00(4045-18), Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 4 de marzo de 2021 Rdicado11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13) y Sala Séptima
Especial de Decisión del 2 de abril de 2019 radicado: 11001-03-15-000-2002-00006-01(REV).

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00418-00
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

artículo 250 del CPACA?

2.6. Caso concreto

16. La Fundación San Juan de Dios liquidada pretendió que se infirmara la
sentencia proferida el 27 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, con fundamento en la causal
establecida en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA. En su criterio, la decisión
de la Corte Constitucional contenida en la sentencia T–121 del 8 de marzo de
2016 constituye un hecho sobreviniente respecto de los extrabajadores de la
extinta fundación, en la medida en que dicho proveído precisó el alcance y límite
de la sentencia SU–484 de 2008, en el sentido de modificar la naturaleza de las
vinculaciones laborales de los trabajadores, como también las consecuencias
jurídicas de la declaratoria de nulidad de los decretos 29015 y 137416 y 37117 de
1979.

17. De acuerdo con lo anterior, se analizarán los planteamientos expuestos por la
recurrente, con el propósito de verificar si se enmarcan en los supuestos que
estructuran la causal de revisión prevista en el numeral 7 del artículo 250 del
CPACA, en el siguiente orden:

2.6.1. Primer supuesto: que en la sentencia recurrida se haya reconocido
una prestación periódica

18. En el sub examine encuentra la Sala que la sentencia objeto de revisión no
reconoció una prestación periódica a favor de María Alicia Ibáñez. Diferente es,
que en la sentencia proferida el 27 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, se estudiara única y
exclusivamente la legalidad del Acta de Reconocimiento 0082 del 28 de octubre
de 2002, por medio de la cual el director interventor delegado de la Fundación San
Juan de Dios reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación a
María Alica Ibáñez, es decir, la prestación periódica fue reconocida en vía
administrativa y no judicial.

19. De esta manera, no se cumple el primer presupuesto que exige la norma
aludida.

15 Por el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la

Fundación San Juan de Dios.
16 Por el cual se adoptan los estatutos de la Fundación San Juan de Dios.
17 Por el cual se suple la voluntad del fundador y se reforman los estatutos de la Fundación San

Juan de Dios.

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00418-00
Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

2.6.2. Segundo supuesto: la controversia debe girar en torno al estudio de
la «aptitud legal» para acceder a la prestación periódica

20. Si bien la ausencia del primer supuesto es suficiente para concluir que es
improcedente la revisión de la providencia del 27 de enero de 2015, es importante
precisar que ninguno de los argumentos expuestos en el escrito inicial está dirigido
a demostrar alguna de las situaciones que, eventualmente, llevarían a la
prosperidad del recurso extraordinario. Ciertamente, la entidad demandante
pretende acreditar que María Alicia Ibáñez perdió la aptitud legal tenida en cuenta
para acceder a la prestación reconocida mediante Acta de Reconocimiento 082
de 2002, al considerar que con la sentencia T-121 de 2016 proferida por la Corte
Constitucional, se configuró un hecho sobreviniente.

21. Ello con el fin de que se aplicará lo dispuesto en la sentencia SU–484 de 2008,
en el sentido de señalar que la vinculación laboral con la parte demandada finalizó
el 29 de octubre de 2001, lo cual no la haría merecedora del reconocimiento
pensional, por el no cumplimiento del requisito de tiempo de servicio.

22. Así las cosas, la parte recurrente pretende que se le otorgue un alcance
diferente a la causal de revisión prevista en el numeral 7 del artículo 250 del
CPACA, toda vez que sus argumentos van dirigidos a que se aplique en el caso
bajo estudio, la decisión contenida en la sentencia T-121 de 2016, en la cual la
demandada no fue parte.

23. Sobre el particular se advierte que, la parte demandante pretende que esta Sala
de decisión adelante un nuevo examen jurídico sobre argumentos fácticos y
consideraciones de derecho que ya fueron objeto de valoración dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, el cual fue
previamente tramitado y resuelto mediante sentencia del 27 de enero de 2015, de
acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto, los
cuales fueron precisados en los siguientes términos:

«[…] Así mismo, indica que en el fallo de primera instancia incurre en error en la
valoración probatoria respecto a la fecha de terminación laboral de la demandada,
pues tiene en cuenta el 31 de octubre de 2002, desconociendo por completo la
certificación en la cual indica que la fecha de terminación laboral es el 29 de octubre
de 2001, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-
484/2008, es decir, que el fallo impugnado contiene fundamentos jurídicos erróneos y
está omitiendo la línea jurisprudencial que existe en el caso concreto.

Manifiesta que la demandante ingresó a laborar en el Hospital San Juan de Dios el 25
de febrero de 1982 y teniendo en cuenta la línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional, la terminación de la relación laboral se dio el 29 de octubre de 2001,
es decir que a esa fecha la demandante había laborado para la institución 19 años, 8
meses y 4 días, sin cumplir con los requisitos legales constitucionales para acceder al
reconocimiento de la pensión de jubilación. […]». (sic)

24. De lo anterior se infiere que el propósito de la parte demandante fue
controvertir la interpretación y análisis probatorio efectuado por el Tribunal

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Demandante: Fundación San Juan de Dios en Liquidación

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E del cual
concluyó que no se lograba desvirtuar la legalidad del acto administrativo que
reconoció el derecho pensional en favor de María Alicia Ibáñez, lo cual no es
propio en sede de revisión. Sobre el particular, es necesario reiterar que el recurso
extraordinario de revisión solo opera por las causales taxativas señaladas en el
artículo 250 del CPACA y no constituye una tercera instancia en la cual sea viable
cuestionar la actividad interpretativa del juez ni para insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original.

25. Con todo, aunque se admitiera la posibilidad de analizar la aptitud legal de
María Alicia Ibáñez frente al reconocimiento pensional efectuado, se debe precisar
que la sentencia T-121 del 8 de marzo de 2016 de la Corte Constitucional, en el
cual se sustentó el recurso extraordinario de revisión, resolvió confirmar la
decisión proferida por la Sección Quinta de esta corporación el 7 de septiembre
de 2015, que a su vez confirmó la adoptada por la Sección Cuarta el 14 de mayo
de 2015, en la solicitud de tutela promovida por Margarita del Socorro Ariza de
Arteaga, bajo las siguientes consideraciones:

«[…] La modificación de la naturaleza jurídica de una entidad oficial altera
inmediatamente la del servidor público. En el caso sub examine el Hospital San Juan
de Dios, jurídicamente, en virtud de los efectos ex tunc de un fallo de nulidad, nunca
tuvo la calidad de persona jurídica de derecho privado, por lo tanto, el personal
vinculado tenía la categoría de empleado público o trabajador oficial, de acuerdo con
las actividades o funciones desempeñadas. Solo se consideran trabajadores
particulares quienes hayan prestado servicios en el tiempo en que la Fundación San
Juan de Dios fungió como entidad particular y tengan una situación jurídica
consolidada o un derecho adquirido, quienes se encuentran sujetos a las normas
consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo y la Convención Colectiva.

La sentencia SU 484 de 2008, puede aplicarse retroactivamente en la medida que
delimitó sus efectos frente a los extrabajadores del hospital que hayan tenido un
contrato de trabajo, nombramiento o posesión, o que se encuentren vinculados
mediante contrato de prestación de servicios, que no hubieren obtenido el
reconocimiento de sus derechos por vía judicial. Solo las situaciones jurídicas
consolidadas con anterioridad a la promulgación de la sentencia de unificación SU-484
de 2008, gozan de seguridad jurídica y, en consecuencia, se debe respetar la
institución de la cosa juzgada.

De conformidad con la Sentencia del Consejo de Estado que decidió anular los
Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, y en concordancia con las sentencias SU
484-2008 y T-010 de 2012, el Hospital San Juan de Dios es un establecimiento público,
cuyo pasivo pensional está a cargo de entidades públicas, sus actos tienen el carácter
de administrativos y pasibles de ser demandados ante la jurisdicción contenciosa
administrativa. Respecto de las personas que hayan consolidado un derecho
adquirido, estos se encuentran sujetos a las normas consagradas en el Código
Sustantivo del Trabajo y la Convención Colectiva. […]»

26. De acuerdo con lo anterior, la sentencia T–121 del 8 de marzo de 2016, no
constituye un hecho sobreviniente, para afirmar que en virtud de ello, María Alicia
Ibáñez pudo perder la aptitud legal para continuar como beneficiaria de la pensión
de jubilación que le fuera reconocida mediante Acta 082 del 28 de octubre de 2002

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por el director interventor delegado de la Fundación San Juan de Dios, puesto que
la misma tuvo efectos inter partes18, tal y como se desprende de su contenido, ya
que si bien precisó los alcances de la sentencia SU–484 de 2008, ello no implica
que sus efectos puedan trasladarse al presente caso.

27. Sumado a ello, en oportunidad anterior, en un asunto de contornos similares,
esta corporación19 señaló:

«[…] Como se puede advertir, en la misma sentencia que se invoca como fundamento
de las pretensiones del recurso extraordinario de revisión se señaló que en una
providencia anterior, esto es, en la sentencia T-010 de 2012 se establecieron las
precisiones respecto de la interpretación de la sentencia SU 484 de 2008, por lo que
no constituye un nuevo fundamento, ni habilita a la Fundación San Juan de Dios a
iniciar nuevos recursos extraordinarios de revisión sin consideración al término
establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011. […]».

28. Ahora, sin perjuicio de la naturaleza de la decisión invocada como hecho
sobreviniente, en cuanto a la existencia de decisiones judiciales proferidas con
posterioridad a la fecha de la sentencia acusada, que pudieran resultar
beneficiosas para la entidad demandante, para la Sala tal situación no puede
impactar de forma alguna en el derecho ya reconocido, pues con ello se
vulnerarían los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica, en virtud de los cuales la administración no puede defraudar los intereses
de las personas que han confiado en las normas y decisiones judiciales, como
resultado de un cambio inesperado que pueda sustituir la expectativa creada.

29. En efecto, la garantía de la confianza legítima se encuentra ligada al principio
de la seguridad jurídica que protege la Constitución Política y que supone una
garantía de certeza sobre una situación particular de cara a la regulación jurídica
que la rodea20. Así, esa confianza consiste en «la expectativa genuina que alberga
el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una actividad
o el reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De acuerdo con ello,
este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio abrupto en sus
comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza legítima que el
administrado se ha fijado»21.

3. Costas

30. LaSala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
18 Artículo 48 de la Ley 270 de 1996: […] 2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la

acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo
constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces. […]
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 23 de marzo de 2023,

radicado 11001-03-25-0002016-00419-00, MP Gabriel Valbuena Hernández.
20 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sala de Descongestión, sentencia del 12 de julio de 2018,

radicado 25000-23-24-000-2009-00348-01, MP Rocío Araújo Oñate.
21 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de mayo de 2015, radicado 11001-03-24

000-2014-00108-00, MP Guillermo Vargas Ayala.

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actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.

4. Conclusión

31. Con fundamento en las anteriores consideraciones, se concluye que en el
presente caso no se cumplen los supuestos para la configuración de la causal de
revisión prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA en relación con la
sentencia proferida el 27 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, toda vez que la parte actora,
más que pretender acreditarlos, se dirigió a lograr la revocatoria de una decisión
proferida en sede administrativa y cuya presunción de legalidad no logró ser
desvirtuada, con argumentos ajenos a los analizados y decididos en su momento
por los jueces de lo contencioso-administrativo y no configurativos de un hecho
sobreviniente.

32. En esas condiciones, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión porque no se configuró la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250
del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el agente liquidador de la Fundación San Juan de Dios en contra de la sentencia
del 27 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el Radicado: 11001-33-31-021-2011-00111-01.

Segundo: No condenar en costas.

Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.

Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

BG/LXRR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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