Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00444-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00444-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00444-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00444-00 (2041-2016)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00444-00 (2041-2016)
Demandante: Cielo González Villa
Demandado: Nación-Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y Ministerio del Interior
Tema Sanción disciplinaria. Destitución e inhabilidad. Elección popular.
Falta de legitimación en la causa. CONCEDE PRETENSIONES.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por la señora Cielo González Villa contra
La Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-
Ministerio del Interior.
ANTECEDENTES
La señora Cielo González Villa instauró demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Decreto 011 del 9 de enero de 2013, mediante el cual
el ministro del Interior retiró a la demandante del cargo de gobernadora del Huila,
en cumplimiento de lo ordenado el 25 de julio de 2012 por la Procuraduría Segunda
Delegada para la Contratación Estatal, confirmada por la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación el 06 de diciembre del mismo año.
Que se ordene el pago de lo probado dentro del proceso, de acuerdo con la
remuneración que percibía la actora en su condición de gobernadora, incluyendo la
asignación básica mensual, gastos de representación, bonificación de dirección,
prima de servicios, prima de navidad y auxilio de cesantías dejados de percibir, con
su respectiva indexación.
Que se reintegre al mismo cargo que venía desempeñando, en iguales condiciones
de trabajo que tenía al momento de su desvinculación o en otro de igual o superior
categoría.
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Que para efectos de prestaciones sociales no existió solución de continuidad, desde
su desvinculación hasta que se haga efectivo el reintegro.
El pago de 100 salarios mínimos o lo que se llegare a probar, por concepto de daños
extrapatrimoniales.
Que se ordene a las demandadas la realización de un acto público de desagravio
en el municipio de Neiva, en el que se explique el contenido de la decisión favorable
de la jurisdicción, el cual deberá llevarse a cabo dentro de los 3 meses siguientes a
la ejecutoria de la sentencia favorable.
Que se ordene a las demandadas publicar 3 veces la parte resolutiva de la sentencia
favorable en un diario de amplia circulación nacional.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la demandante se desempeñó como alcaldesa del municipio de Neiva, desde
el 1° de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007.
Que el 19 de agosto de 2009, la Procuraduría General de la Nación profirió fallo de
segunda instancia en el que la sancionó con suspensión del ejercicio del cargo por
6 meses al haber cometido una falta gravísima, a título de culpa.
Que la actora fue elegida gobernadora del Huila para el período constitucional 2012-
2015, cargo que ejerció hasta el 9 de enero de 2013.
Que el 19 de julio de 2012, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la
Nación, en decisión de segunda instancia, le impuso suspensión en el ejercicio del
cargo por 2 meses al haber cometido una falta grave, a título de culpa.
Que el 06 de diciembre de 2012, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de
la Nación, en decisión de segunda instancia, impuso otra sanción de suspensión en
el ejercicio del cargo por 3 meses al haber cometido una falta grave a título de culpa,
la cual se convirtió en multa.
Que, en dicha decisión, se advirtió que una vez quedara en firme se configuraría la
inhabilidad sobreviniente de la que trata el numeral 2°, del artículo 38 de la Ley 734
de 2002.
Que el 9 de enero de 2013, el presidente de la República y el ministro del Interior
expidieron el acto administrativo que se demanda, por el cual la retiraron del cargo
de gobernadora.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que el acto acusado quebrantó los artículos 1°, 2°, 6°, 13, 25, 29, 83 y 209 de la
Constitución Política; los artículos 3°, 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; los artículos
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4°, 5°, 6°, 9°, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 48, 50, 66, 73, 90, 92, 119, 120, 121, 128, 130,
137, 140, 141, 142 y 170 de la Ley 734 de 2002; las Leyes 58 de 1968, 13 de 1976;
80 de 1993, 190 de 1995, 489 de 1998 y 617 del 2000.
Que el acto acusado debe declararse nulo porque está viciado de falsa motivación
al ejecutar una sanción disciplinaria que estaba prescrita, desconociendo el término
de prescripción de 5 años de la acción disciplinaria establecido en el artículo 30 de
la Ley 734 de 2002.
Que el acto acusado debe declararse nulo porque hubo infracción de las normas en
que debía fundarse por inexistencia de los fundamentos de hecho para la aplicación
de la inhabilidad sobreviniente.
Que hubo desconocimiento del derecho de audiencia y defensa al expedirse el acto
administrativo demandado, porque no se adelantó procedimiento alguno para
adoptar la decisión de retiro.
ACTUACIONES PROCESALES
La demanda fue inicialmente presentada en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, por auto del 23 de septiembre de 20131, ordenó remitir el
expediente al Tribunal Administrativo del Huila en atención al factor territorial de
competencia.
El 31 de enero de 20142, la demanda se adicionó en lo correspondiente al concepto
de violación, añadiendo el literal al que se denominó “falsa motivación e infracción
de las normas en que debía fundarse por inexistencia de los fundamentos de hecho
para la aplicación de la inhabilidad sobreviniente (artículo 38 numeral segundo –
Ley 734 de 2002)”.
Por auto del 10 de julio de 20143, el Tribunal Administrativo del Huila propuso el
conflicto negativo de competencia y remitió el expediente al Consejo de Estado
quien, por auto del 11 de marzo de 20164, declaró que la competencia para conocer
el presente asunto era de la Sección Segunda de dicha Corporación considerando
que no se trata de una atribución disciplinaria sino de un retiro del servicio con base
en una inhabilidad sobreviniente.
En dicho auto se indicó que el asunto no se trata del estudio de una atribución
disciplinaria, porque el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 304 de la
Constitución Política ─el cual faculta al presidente de la República para suspender
o destituir a los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley─,
cuando se da aplicación al régimen de inhabilidades sobrevinientes previsto en el
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 6° de la Ley 190 de
1995, se trata de la aplicación del régimen de retiro por una causal legal de un
servidor público.
1 Folio 227.
2 Folios 254-257.
3 Folios 277-281.
4 Folios 294-306.
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Que, por ende, la naturaleza del asunto es laboral y esta Corporación es la
competente para estudiar, en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, un
acto expedido con base en atribuciones de orden constitucional dadas,
exclusivamente, al presidente de la República.
La demanda fue admitida el 11 de septiembre de 20175, se notificó a las entidades
demandadas quienes se pronunciaron así:
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República6 se opuso a
las pretensiones indicando que el acto administrativo demandado ejecutó una
decisión que adoptó la Procuraduría General de la Nación en el marco de sus
competencias disciplinarias.
Que ni al presidente de la República ni al Departamento Administrativo les compete
intervenir en el desarrollo del proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría y,
por ende, que el acto administrativo demandado tan solo fue producto del
acatamiento de una orden del ente que tiene la potestad sancionadora.
Propuso como excepciones las de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva e
ii) indebida integración del litisconsorcio pasivo necesario.
El Ministerio del Interior7 contestó la demanda extemporáneamente.
Por auto del 26 de febrero de 20218 se declaró no probaba la excepción de indebida
integración del litisconsorcio propuesta por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, tras considerarse que no era necesario la vinculación
de la Procuraduría General de la Nación, pues era posible resolver sin que
comparezca al proceso, por cuanto no intervino en la producción del acto
administrativo discutido, ni debe, eventualmente, responder por las pretensiones de
restablecimiento planteadas.
El 15 de marzo de 20219, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República interpuso recurso de reposición contra dicho auto, indicando que no se
decidió la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Por auto del 17 de septiembre de 202110, al resolverse el recurso, se determinó que
no era procedente estudiar dicha excepción en ese momento, porque no se trataba
de una excepción previa o perentoria nominada que se declara fundada en
sentencia anticipada.
Por auto del 30 de noviembre de 202111 se determinó que se daría el trámite de
sentencia anticipada, fijó el litigio e incorporó las pruebas documentales aportadas
con la demanda.
5
Folios 314-315.
6 Folios 333-340.
7 Folios 347-350.
8 Índice 23 de SAMAI.
9 Índice 26 de SAMAI.
10 Índice 31 de SAMAI.
11 Índice 37 de SAMAI.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante indicó que se presentó la prescripción de la acción
disciplinaria pues los cinco años para ejercerla transcurrieron del 31 de diciembre
de 2007, fecha de vencimiento del período como alcaldesa hasta el 31 de diciembre
de 2012, pero la sentencia de segunda instancia fue notificada el 10 de enero de
2013.
Que la Procuraduría, en su fallo, omitió señalar la forma de culpabilidad de las
conductas que relacionó como fundamento de la inhabilidad sobreviniente, puesto
que como se puede observar tanto en los considerandos como en el acápite
resolutivo solamente se hizo referencia a la existencia de faltas graves, pero en un
solo evento atribuyó la conducta a título de culpa y, pese a lo anterior, invocó el
artículo 38, numeral 2° del Código Disciplinario Único para imponer inhabilidad
sobreviniente, que no se configuraba en el presente caso.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República alegó de
conclusión reiterando su oposición a la pretensión de anular el Decreto 11 del 9 de
enero de 2013, porque su contenido se limitó a declarar las consecuencias jurídicas
de una decisión que adoptó la Procuraduría General de la Nación en el marco de
sus competencias disciplinarias y, por ende, que el mismo se ajustó a las
disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia.
Que, en criterio de la Procuraduría General de la Nación, la tercera sanción que se
le impuso a la demandante configuraba la causal de retiro del servicio por
inhabilidad sobreviniente de que trata el artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y, en
consecuencia, informó tal situación a la presidencia de la República.
Que el Gobierno Nacional, integrado para el efecto por el Ministerio del Interior,
profirió el acto acusado en cumplimiento de la orden dada, por lo que ejecutó la
sanción impuesta por el ente de control, retirando del servicio a la actora, y no se
trató de una decisión unilateral del Gobierno Nacional.
Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solo debe
asumir la defensa de la legalidad de aquellos decretos en los que repose la firma
del director del Departamento y en los procesos en donde se discuta la legalidad de
los actos administrativos firmados exclusivamente por el presidente de la República.
El Ministerio del Interior alegó de conclusión extemporáneamente y el Ministerio
Público no conceptuó en este caso.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Estando claro que la competencia para conocer del proceso es del Consejo de
Estado y que el Decreto No. 011 del 9 de enero de 2013 sí es susceptible de ser
demandado por tratarse de un acto de retiro del servicio, de conformidad con el auto
del 11 de marzo de 2016, procede la Sala a resolver.
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Que el Decreto No. 011 del 9 de enero de 2013 se conciba como un acto de retiro
del servicio, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se debe
a que este:
“[…] tiene una doble naturaleza: en primer lugar, es de ejecución o
cumplimiento de la decisión disciplinaria precedente y, en segundo término,
es la expresión de voluntad respecto del PODER NOMINADOR a través
del cual se concreta el retiro del servicio del actor por la causa legal”12
[mayúsculas originales, negrillas de la Sala].
Bajo ese entendimiento, y teniendo en cuenta que en la aplicación de una sanción
disciplinaria intervienen diferentes autoridades que profieren actos que tienen vida
jurídica propia, se ha admitido que se acusen separadamente los actos de
imposición de la sanción, sin enjuiciar los que se expiden para ejecutarlo, en
aquellos casos en los que no se persigue como restablecimiento del derecho volver
las cosas a su estado anterior; así como también se ha admitido que:
“[…] se acusen únicamente los actos de ejecución, por vicios inherentes a
ellos porque en su formación son independientes de los que ordenan la
sanción.”13.
Aunado lo anterior, la Sala considera pertinente indicar que, como lo señaló la Corte
Constitucional en la Sentencia C-544 de 200514, la inhabilidad sobreviniente
regulada en el numeral 2°, del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no es una sanción
disciplinaria porque, como tal, no surge como consecuencia directa de la comisión
comprobada de una falta disciplinaria específica, sino que se trata de una
inhabilidad especial que emerge del historial sancionatorio del inhabilitado.
Por ende, teniendo clara la naturaleza del acto administrativo demandando, procede
esta Sala de subsección a referirse a las excepciones propuestas por las
demandadas.
Falta de legitimación en la causa por pasiva
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República indicó que dicha
entidad no fue quien expidió el acto administrativo que se demanda y que por esto
no existe justificación para su vinculación al proceso. Que, si bien la demanda se
dirigió contra este departamento, no se puede desconocer el artículo 159 de la Ley
1437 de 2011 que prevé que la defensa de la Nación, en asuntos electorales, estará
a cargo de la persona de mayor rango de la entidad que haya producido el hecho o
expedido el acto y que, en el presente caso, al momento de expedir el acto de
ejecución de la sanción no se integró al Gobierno Nacional.
Para resolver se tiene, que la legitimación en la causa por el lado activo es la
identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien
12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 13 de septiembre de
2005. Rad. 11001-03-15-000-2005-00826-00(AC). C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 5 de agosto de 2010.
Exp. 1188-06. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-544 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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tiene vocación jurídica para reclamarlo; y, por el lado pasivo, es la identidad del
demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho15.
Los incisos 3° y 4° del artículo 115 de la Constitución Política disponen que el
presidente y el ministro o director de departamento correspondientes, en cada
“negocio particular”, constituyen el Gobierno; así como que ningún acto del
presidente tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por
el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo
correspondiente.
Al tratarse de autoridades nacionales, debe aplicarse el inciso segundo del artículo
159 del CPACA del cual es posible evidenciar que la Nación, como persona jurídica,
tiene diferentes representantes judiciales, de acuerdo con la entidad, órgano u
organismo que actúa y está en cabeza del respectivo ministro, director de
Departamento Administrativo, superintendente, el Registrador Nacional del Estado
Civil, el Fiscal General, el Procurador o el Contralor, según el caso.
Sobre el particular, ver el auto proferido por esta subsección el 11 de diciembre de
2023, Radicación:11001-03-25-000-2023-00327-00 (4899-2023) con ponencia del
suscrito Consejero.
En lo que respecta al tratamiento que esta Sección ha dado a estas disposiciones es
preciso anotar que, tratándose de actos administrativos que han sido suscritos por el
presidente de la República juntamente con directores de departamento administrativo
o el ministro del respectivo ramo, la intervención de la suprema autoridad
administrativa en procesos judiciales resulta ser excepcional:
“En este orden de ideas, el despacho advierte que, en efecto, a pesar de que en
el escrito inicial la parte actora asevera que el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República integra la parte accionada, no es dable vincularlo
al presente trámite, habida cuenta de que en los procesos en los que se enjuician
actos administrativos suscritos por el primer mandatario del país y ministros,
estos deben asumir la defensa judicial de la Nación, en atención a lo dispuesto
en el citado artículo 159 del CPACA (salvo que se trate de una controversia de
naturaleza contractual, que no es el caso), regla que impone concluir que la
legitimación en la causa por pasiva recae únicamente en el Ministerio de Justicia
y del Derecho, por cuanto el representante de esta cartera firmó la decisión
administrativa acusada que, por demás, atañe a asuntos de su competencia
funcional […]16
Dando aplicación a lo anterior, si bien ambas demandadas (Ministerio y
Departamento Administrativo de la Presidencia) representan a la Nación, en este
caso concreto, quien debe responder por las posibles condenas que se llegaren a
derivar de la presente sentencia, sería el ministerio de interior por haber sido quien
15 En sentencia de 28 de enero de 1994, exp. 7091, el Consejo de Estado expuso: “En todo proceso el juzgador,
al enfrentarse al dictado de la sentencia, primeramente deberá analizar el aspecto relacionado con la
legitimación para obrar, esto es, despejar si el demandante presenta la calidad con que dice obrar y si el
demandando, conforme con la ley sustancial, es el llamado a enfrentar y responder eventualmente por lo que
se le enrostra. En cuanto a lo primero, se habla de legitimación por activa y en cuanto a lo segundo, se denomina
legitimación por pasiva”.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Carmelo
Perdomo Cuéter. Auto del primero (1º) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
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suscribió el acto demandado pues los actos de quien tiene la representación son de
su exclusiva responsabilidad.
Es por esto, que se declarará probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Control de convencionalidad
Al momento de revisar la legalidad de las sanciones disciplinarias impuestas a los
servidores públicos elegidos por voto popular, resulta imperativo incluir en este
análisis un concepto de derecho internacional de obligatoria aplicabilidad, como es
el principio de control de convencionalidad creado y defendido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Esto en razón de entender que la Constitución Política de Colombia es un cuerpo
normativo que no está reducido al conjunto de disposiciones allí contenidas, sino
que también comprende otras normas de rango supranacional que participan de esa
misma naturaleza, como es el caso de las disposiciones de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y las interpretaciones que realiza la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de la misma, lo cual, en el caso colombiano,
se articula a través del artículo 93 de la Constitución Política, que ha permitido la
integración de esos referentes normativos en la carta. La normativa en mención
dispone:
“Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia. […]”.
La Corte Constitucional en Sentencia C-488 del 2009 determinó que si bien es cierto
que las normas que se integran al bloque de constitucionalidad ─con ocasión del
artículo 93 Superior─ tienen la misma jerarquía que los preceptos de la Carta
Política, también lo es que existen diversas formas para su incorporación al
ordenamiento jurídico:
i) Por la vía de la “integración normativa”, que responde a lo preceptuado en el inciso
primero del artículo 93 y que implica que exista un tratado ratificado por Colombia
en el que se reconozcan derechos humanos cuya limitación se prohíba en los
estados de excepción y, en consecuencia, ello presupone que “[...] su incorporación
es directa y puede comprender incluso derechos que no estén reconocidos en forma
expresa en la Carta”17.
17 Corte Constitucional Sentencia C-488 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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ii) Por la vía del “referente interpretativo”, que responde a lo preceptuado en el inciso
segundo del artículo mencionado, y que implica que algunos tratados de derechos
humanos cuya limitación no está prohibida en los estados de excepción también
hacen parte del bloque de constitucionalidad, no como referentes normativos
directos sino “como herramientas hermenéuticas para juzgar la legitimidad de la
normatividad interna”18.
En ese orden de ideas, la modalidad de incorporación normativa que interesa a este
estudio es la contenida en el inciso primero del artículo 93 Superior que otorga
aplicabilidad directa a las disposiciones que sobre derechos humanos se han
firmado y ratificado por Colombia, en la medida que los derechos políticos que
regula el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no
pueden ser objeto de suspensión, sin importar la gravedad de la situación, al ser
intangibles o inderogables, y considerados por un sector doctrinal como normas de
ius cogens.
Es por esto que en este punto juega un papel significativo el control de
convencionalidad como principio de creación jurisprudencial interamericana, que ha
permitido verificar el efecto útil de las normas contenidas en las distintas
convenciones de derechos humanos.
Este control ha surgido, conceptualmente, como aquel mecanismo que permite a
los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el
ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas
nacionales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su
jurisprudencia. Tal control se caracteriza:
i) Porque su ejercicio se realiza en el ámbito de competencias de cada autoridad,
es decir, que su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o bien su interpretación conforme
a la misma.
ii) Porque la obligación que está siempre presente tras el control de
convencionalidad es la de realizar un ejercicio hermenéutico que haga compatibles
las obligaciones del Estado con sus normas internas.
iii) Porque es baremo de convencionalidad la normativa internacional y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto contenciosa
como consultiva.
iv) Porque la obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios del derecho
internacional público y de las propias obligaciones internacionales del Estado
asumidas al momento de hacerse parte de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
18 Corte Constitucional. Sentencia C-067 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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v) Porque debe ser realizado de oficio por toda autoridad pública19.
Sobre esta última característica, la Sala considera importante destacar que en el
Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que:
“[...] 128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la
Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que
les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado
o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y
fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo
un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex
officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente
en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones
procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada
exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada
caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse
siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de
admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. [...]” (cursivas y negrillas
originales).
Bajo esta lógica, en el ejercicio del control de convencionalidad, los jueces y órganos
vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención; y, por ende, en virtud de la
potestad que en derecho les corresponde a las autoridades judiciales, dicho control
puede realizarse bajo su iniciativa, sin necesidad de la solicitud a instancia de parte.
Es claro, que la jurisdicción interna también está llamada a actuar como juez
interamericano, y en el presente caso se ejercerá un control de convencionalidad a
la conducta del Estado, en cabeza del Ministerio del Interior, y se determinará si se
quebrantaron normas internacionales de derechos humanos, para lo cual esta Sala
de subsección deberá interpretar este caso a la luz de los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por el país, como lo es la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969, y ratificada por Colombia,
según la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972.
Derechos Políticos
Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro
del sistema interamericano en la medida que se relacionan estrechamente con otros
derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión,
la libertad de reunión y la libertad de asociación; los cuales, en conjunto, hacen
posible la materialización de la democracia y el pluralismo político.
Es así como el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
consagra diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como
ciudadano, esto es: como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos
públicos; como elector, a través del voto; o como servidor público, es decir, a ser
19 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 7: Control de Convencionalidad.
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elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un
cargo público.
De ahí que se considere que el contenido de los derechos políticos viene dado por
las prerrogativas de: i) participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por representantes libremente elegidos; ii) votar y ser elegido en
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) acceder a las
funciones públicas de cada país20.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 40 establece el derecho de los
ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político por
medio de la elección de sus representantes o del ejercicio del cargo; y, ello, se
desprende de la calidad de ciudadano que regula el artículo 99 Superior, al disponer
que “[l]a calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para
ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos
que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.
No obstante, dichos derechos no son absolutos y por ello se han consagrado ciertas
limitantes a su ejercicio, tales como:
La pérdida o suspensión de la ciudadanía (artículo 98 Superior); la condena, en
cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o
por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos
armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el
exterior (artículo 122 Superior); cuando se haya dado lugar, como servidor público,
con su conducta dolosa o gravemente culposa calificada por sentencia ejecutoriada,
a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con
cargo a su patrimonio el valor del daño (artículo 122 Superior); por razón de la edad
(artículos 172 y 177 Superiores); por razón de la nacionalidad (artículo 191
Superior).
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso
López Mendoza vs Venezuela ─cuyo pleito se originó por la sanción de inhabilidad
impuesta por la Contraloría General de la República para el ejercicio de la función
pública, mediante dos procesos administrativos que le prohibieron su participación
en las elecciones regionales del año 2008─, determinó que las sanciones o
condenas impuestas por las autoridades administrativas a los servidores públicos
de elección popular eran contrarias a la Convención, toda vez que el artículo 23 en
ninguna parte dispuso o contempló que la condena a la que se refiere el numeral 2°
pueda ser impuesta por una instancia administrativa.
La Corte señaló, a su vez, que el hecho de que en las legislaciones de algunos de
los Estados Partes de la Convención se prevea que una instancia no penal pueda
imponer la pena de inhabilitación para ser elegido, no constituía una práctica
generalizada acerca de la interpretación de la Convención, máxime cuando no se
conocía ningún antecedente que permitiera inferir que dicha normativa tenía por
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Castañeda Gutman vs México.
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finalidad cumplir con lo dispuesto en la Convención, sino todo lo contrario21. Así, se
estableció:
“107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales
que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así
como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal
restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por
vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en
proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano
que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo
“condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso
penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales
consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana.
108. La Corte estima pertinente reiterar que “el ejercicio efectivo de los
derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio
fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los
demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares, es
decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de
“oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar con
medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos
políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. En el presente caso, si
bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros derechos políticos
(supra párr. 94), está plenamente probado que se le ha privado del sufragio
pasivo, es decir, del derecho a ser elegido”22.
En ese caso, la Corte Interamericana concluyó que en ningún momento se creó una
regla nueva, distinta o contradictoria con lo reglado en la Convención; sino que se
fijó el sentido y alcance del artículo 23, según su única alternativa de aplicación
posible.
Igualmente, en el plano nacional, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de junio de 2023, radicado
11001032500020130056100 con No. Interno 1093-2013, M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar, precisó que las restricciones referidas en el artículo 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos son causales taxativas, al
incluirse la palabra “exclusivamente” para enlistar las razones por las cuales a través
de la ley se puede regular el ejercicio de los derechos políticos previstos en el
artículo 23.1; y precisó que:
“En cuanto a la causal por «condena, por juez competente, en proceso penal»,
en principio, se refiere a la decisión definitiva adoptada por una autoridad
calificada, esto es, un juez de la República a quien por su especialidad se le
atribuyó la función de estudiar la responsabilidad de la comisión de un acto
considerado delito y que si como consecuencia del sentido del fallo es
declarado culpable se impone una sanción condenatoria dentro de un proceso
de naturaleza especial como lo es un proceso penal”.
En suma, acatando el marco convencional que sobre derechos políticos se ha
desarrollado, se aclara que las autoridades administrativas mantienen incólumes
sus funciones de investigación y sanción a los servidores públicos de elección
21 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia López Mendoza vs
Venezuela.
22 Ibid.
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popular, siempre y cuando las mismas no impliquen la restricción de sus derechos
políticos, lo que significa que no los podrán inhabilitar, suspender o retirar del cargo.
Resolución al caso concreto
Atendiendo al deber que tiene toda autoridad judicial y administrativa de realizar el
control de convencionalidad ex officio, y a la luz de la jurisprudencia decantada en
el caso Petro Urrego vs Colombia, para esta Sala de subsección es claro que la
normativa colombiana que faculta a las autoridades administrativas para destituir,
inhabilitar o retirar del cargo a funcionarios de elección popular está viciada de
ilegalidad por ser contraria a los postulados consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Entonces, al tener en cuenta que la jurisprudencia interamericana no creó un sentido
o alcance nuevo del artículo 23 de la Convención Americana, sino que precisó la
única alternativa de aplicación posible de dicha norma, es claro que el Ministerio del
Interior, como autoridad administrativa, al retirar del servicio a la demandante por
haberse configurado la inhabilidad sobreviniente del artículo 38 de la Ley 734 de
2002, flagrantemente, omitió que era incompetente para restringir los derechos
políticos de aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente, conforme
con lo expuesto en esta providencia.
Por consiguiente, como la falta de competencia que hubo al sancionar a la
demandante fue la misma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
censuró o reprobó en el precedente convencional del caso Petro Urrego vs
Colombia, es palmaria la ilegalidad del acto administrativo acá demandado porque
con fundamento en una competencia manifiestamente ilícita, la autoridad
administrativa retiró del servicio a una servidora que fue elegida por voto popular.
La Sala, en consecuencia, declarará la nulidad del Decreto 011 del 9 de enero de
2013 porque el retiro de la actora era competencia exclusiva de las autoridades
judiciales competentes; y porque la autoridad administrativa omitió realizar el control
de convencionalidad al que está obligada, pues recuérdese que todas las
autoridades de un Estado Parte en la Convención, tienen la obligación de ejercer un
control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del
derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado
en materia de derechos humanos23.
Del restablecimiento del derecho
La parte actora solicitó el reintegro al mismo cargo que venía desempeñando, en
iguales condiciones de trabajo a las que poseía al momento de su desvinculación o
en otro de igual o superior categoría, pretensión a la que no es posible acceder toda
vez que el período constitucional para el cual fue elegida, a la fecha, expiró.
23 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia Andrade Salmón vs Bolivia
y Rodríguez Revolorio y otros vs Guatemala.
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00444-00 (2041-2016)
En cuanto a las pretensiones de reconocimiento de daños extrapatrimoniales, de
realización de un acto público de desagravio en el municipio de Neiva y la de
publicación de la parte resolutiva de la sentencia favorable en un diario de amplia
circulación nacional, se evidencia que de las pruebas allegadas al plenario no se
logró acreditar objetivamente la aflicción, el dolor o padecimiento sufrido por la
demandante con motivo del retiro del servicio, así como tampoco se acreditó la
vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos.
El esfuerzo probatorio de la demandante se orientó a demostrar asuntos relativos al
proceso disciplinario y las faltas que en este se endilgaron y ratificaron en el acto
administrativo demandado, pero, en momento alguno, aportó pruebas o requirió su
práctica en torno a los presuntos daños cuyo reconocimiento pretendía.
En ese sentido, la Sala concluye que, si bien es cierto que el retiro del servicio
constituyó una restricción de sus derechos políticos, no podría decirse que toda
decisión disciplinaria conlleva la materialización de daños extrapatrimoniales o la
afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos, que
conlleve la adopción de medidas de justicia restaurativa como restablecimiento del
derecho.
Para que procediera el reconocimiento de estos, era indispensable que la actora los
demostrara, pues se trata de una carga probatoria al tenor de lo establecido en
artículo 167 del Código General del Proceso.
Respecto al pago de las sumas de dinero dejadas de recibir en su condición de
gobernadora del Huila, se le ordenará a la demandada reconocer y pagar a la
demandante el monto correspondiente al salario mensual (el cual está constituido
por la asignación básica mensual y los gastos de representación, de conformidad
con el Decreto 840 de 2012 y siguientes) y demás emolumentos que debía recibir
durante el período constitucional restante para el cual fue elegida, esto es, el
comprendido entre la fecha en que se hizo efectivo el retiro y diciembre de 2015.
Teniendo en cuenta que en el expediente no está demostrada la fecha de
notificación del acto demandado ni a partir de cuándo se retiró efectivamente del
servicio, se deberá corroborar con la Gobernación del Huila en atención al principio
de colaboración, la fecha en que se retiró la demandante.
Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se transcribe a continuación:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad a pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el derecho.
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Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada uno de ellos.
De la condena en costas
Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe; no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberán analizar las
conductas realizadas por la parte vencida en el proceso, entre ellas, si se presentó
o no carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que en el plenario
no se presenta una carencia de fundamentación que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, en sus escritos, las partes vencidas manifestaron
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses y, en consecuencia, no
se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del Departamento Administrativo de Presidencia de la República.
Segundo. DECLARAR la nulidad del Decreto No. 011 del 9 de enero de 2013,
mediante el cual se retiró a la demandante del cargo de gobernadora del Huila, por
las razones previamente expuestas.
Tercero. ORDENAR al Ministerio del Interior reconocer y pagar a la demandante,
el monto dinerario correspondiente al salario mensual y demás emolumentos que
debía recibir durante el período constitucional restante para el cual fue elegida, esto
es, el comprendido entre la fecha en que se hizo efectivo el retiro y diciembre de
2015.
Teniendo en cuenta que en el expediente no está demostrada la fecha de
notificación del acto demandado ni a partir de cuándo se retiró efectivamente del
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00444-00 (2041-2016)
servicio, se deberá corroborar con la Gobernación del Huila en atención al principio
de colaboración, la fecha en que se retiró a la demandante.
Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se indicó en la parte motiva.
Cuarto. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Quinto. Sin condena en costas.
Sexto. Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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