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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00767-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00767-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Pedro Caleb Rodríguez Ibarra, con fundamento en las causales 1 y 2 del artículo 250 del CPACA, con el fin de que se infirme la sentencia del 30 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 540012331000200100213. Segundo: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto ut supra. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00767-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

26 de mayo de 2022

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: PEDRO CALEB RODRÍGUEZ IBARRA
Demandada: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Temas: Causales de revisión 1 y 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de
20111.

SENTENCIA DE REVISIÓN O-030-2022

ASUNTO

La Sala conoce del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Pedro Caleb Rodríguez Ibarra, con el fin de que se infirme la sentencia del 30 de
enero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en
contra del Municipio de San José de Cúcuta, bajo el radicado
540012331000200100213.

ANTECEDENTES

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El señor Pedro Caleb Rodríguez Ibarra, por intermedio de apoderado y en
ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó2 la nulidad
de los siguientes actos administrativos:

1
Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
2
Folios 4 a 20 del cuaderno principal, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

• Oficio sin número del 13 de diciembre de 1999, por medio del cual el
secretario general del municipio de San José de Cúcuta comunicó al señor
Pedro Caleb Rodríguez Ibarra que el cargo de jefe de División, código 210,
grado 13, que ocupaba, fue suprimido a través del Decreto 0418 del 10 de
diciembre de 1999.
• Oficio sin número del 4 de enero de 2000 a través del cual el secretario
general del municipio de Cúcuta se inhibió de resolver la solicitud de
incorporación a un cargo igual o equivalente presentada por el señor Pedro
Caleb Rodríguez Ibarra.
• Decisión del 24 de julio de 2000 expedida por la Comisión de Personal ad
hoc, mediante la cual se negó la incorporación del demandante al cargo de
director técnico de la Secretaría General.
• Decisión del 28 de septiembre de 2000 proferida por la misma comisión, a
través de la cual se confirmó lo resuelto en el acto administrativo descrito en
el ítem anterior.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a: i) reincorporar al demandante, sin solución de continuidad, al
cargo de director técnico, código 026, grado 14, de la Secretaría General o a otro
de igual o superior categoría, creado mediante el Decreto 0418 del 10 de
diciembre de 1999 y la Resolución 3351 del 13 de diciembre de la misma
anualidad; ii) pagar todos los sueldos, primas, prestaciones, bonificaciones y
demás emolumentos dejados de devengar desde que se produjo el retiro y hasta
cuando sea efectivamente reincorporado al servicio, sumas debidamente
indexadas y iii) cumplir la sentencia en los términos descritos en los artículos 176
y 177 del CCA.

Fundamentos fácticos:

1. El señor Pedro Caleb Rodríguez Ibarra fue nombrado mediante Decreto
0002 del 1 de enero de 1995 como jefe de personal, código 210, grado 13,
División de Personal de la Secretaría General del municipio de Cúcuta. Más
adelante, a través del Decreto 0303 del 22 de mayo de 1996 el demandante fue
nombrado en período de prueba en el mismo cargo. Prestó sus servicios desde
el 4 de enero de 1995 hasta el 20 de diciembre de 1999.

2. Por medio del Decreto 647 del 31 de mayo de 1996 el municipio de Cúcuta
definió las funciones de los cargos, entre ellos, el de jefe de personal. Determinó
que este es de carácter ejecutivo y está relacionado con la planeación, ejecución,
administración y asesoría en los aspectos relacionados con la selección,
capacitación, registro, calificación, control y bienestar de los servidores públicos
de la administración municipal.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

3. A través de los Decretos 0230 del 3 de septiembre de 1999 y 0243 del día
9 de los mismos mes y año, se comisionó al señor Pedro Caleb Rodríguez Ibarra
para brindar apoyo al Instituto Municipal de Salud, con el fin de elaborar los
estudios y valoración de cada una de las situaciones laborales y demás aspectos
relacionados con la correcta liquidación de su personal a 31 de diciembre del
mismo año.

4. Por medio del Decreto 418 del 10 de diciembre de 1999, el municipio de
Cúcuta modificó parcialmente la planta de personal de la Administración Central
del municipio de San José de Cúcuta.

5. Mediante Oficio sin número del 13 de diciembre de 1999, el secretario
general de la Alcaldía del municipio de San José de Cúcuta comunicó al señor
Pedro Caleb Rodríguez Ibarra que el cargo de jefe de división, código 210, grado
13, se suprimió en el acto administrativo descrito en el numeral anterior y le
informó del derecho que le asiste a optar por ser incorporado o indemnizado.

6. En escrito del 20 de diciembre de 1999, el demandante le manifestó al
alcalde que optaba por ser incorporado en un cargo equivalente al que fue
suprimido, o en caso de que la supresión no hubiese sido efectiva, en el empleo
que contenga las mismas funciones de aquel.

7. El 4 de enero de 2000, el secretario general del municipio de Cúcuta se
inhibió para resolver de fondo la petición de incorporación presentada por el señor
Pedro Caleb Rodríguez Ibarra.

8. El 10 de enero de 2000 el trabajador solicitó a la Comisión de Personal del
municipio de Cúcuta ser incorporado al cargo que ocupaba en el municipio o a
otro de igual o superior categoría. No obstante, a través de decisión del 24 de
julio de 2000 la comisión denegó lo pedido. Dicho veredicto fue confirmado por
la misma entidad el 28 de septiembre de 2000.

Como normas transgredidas, citó los artículos 13 de la Constitución Política; 3 y
84 del CCA; 35 del Decreto 1569 de 1998; 1 y 39, parágrafo 10 de la Ley 443 de
1998.

A continuación, consideró que los actos acusados adolecen de nulidad por falsa
motivación. Explicó que aun cuando el Decreto 418 de 1999 suprimió de forma
literal el cargo de jefe de división que ocupaba el demandante, lo cierto es que,
las funciones de aquel fueron reasignadas en el empleo de director técnico. En
su criterio, en el sub lite se configuró lo que la Ley 443 de 1998 denominó como
una supresión aparente, lo cual resulta abiertamente ilegal.

En ese mismo sentido, expuso que no se puede hablar de supresión de un
empleo cuando las funciones se conservan de forma integral en otro, en este

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Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

evento, solo puede hablarse de cambio de denominación. Reiteró que por medio
del Decreto 0418 de 1999 el alcalde de Cúcuta solo ajustó la nomenclatura de
algunos cargos, pues, inclusive los manuales de funciones fueron elaborados tan
solo al año siguiente, esto es, mediante la Resolución 092 del 13 de mayo de
2000.

Seguidamente, citó in extenso el testimonio de la señora Cecilia Galvis de
Zambrano, a quien se nombró en el cargo de director técnico de la Secretaría
General. Expuso que aquella manifestó claramente que sus funciones fueron las
mismas que ejecutó el demandante cuando ocupó el cargo de jefe de división,
motivo por el cual es razonable inferir que su empleo no se suprimió de forma
efectiva. En otras palabras, la supresión del cargo jefe de División de Personal
fue aparente, pues las funciones a este conferidas fueron reasignadas al empleo
de director técnico de la Secretaría General.

De acuerdo con lo anterior, y, con fundamento en los artículos 39 de la Ley 443
de 1998; 158 del Decreto 1572 de 1998 y 1 del Decreto 1173 de 1999, consideró
que debió haber sido incorporado en el cargo de director técnico de la Secretaría
General, dado que no hubo una supresión efectiva de su empleo. En efecto, la
misma Comisión de Personal, a través de decisión del 24 de julio de 2000, señaló:
«La administración suprimió el cargo, que es otra cosa muy diferente las funciones que
realizaba el Jefe de Personal pasaron o se asignaron al Secretario General, al Personal
Técnico de la oficina».

CONTESTACION DE LA DEMANDA3

El municipio de San José de Cúcuta presentó escrito en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda. Indicó que al demandante se le informó que no era
posible incorporarlo a la nueva planta de personal. Asimismo, explicó que los
cargos de jefe de personal y director técnico difieren en su naturaleza, pues el
primero es de coordinación y, el segundo, de dirección.

Por otro lado, aseveró que los oficios demandados, suscritos por el secretario
general de la Alcaldía de Cúcuta, no son actos administrativos ya que por medio
de ellos solo se comunicó al demandante que a través del Decreto 418 del 10 de
diciembre de 1999 se suprimió el empleo que aquel ocupaba en el municipio, es
decir, que es este último el acto a través del cual se definió su situación y los
oficios acusados son simples actos de ejecución.

Igualmente, consideró que el referido decreto goza de la presunción de legalidad,
habida cuenta de que se profirió conforme lo prevé la ley y en atención a las
facultades que, en virtud del artículo 315 de la Constitución Política, le fueron

3
Folios 122 a 129 del cuaderno principal, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

5

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

conferidas al alcalde del municipio de Cúcuta. Destacó que el actuar del alcalde
se encuentra avalado por la Corte Constitucional en sentencia C-479 de 1992.

Aseguró que el cargo de jefe de división de la Secretaría General se suprimió y
las funciones originarias de este fueron asignadas al secretario general y al
personal técnico de la oficina. Así mismo que, si bien se creó la Dirección Técnica
del nivel ejecutivo, está difiere en estructura, naturaleza, responsabilidades y
funciones del cargo que ocupaba el demandante. De ahí que no sea admisible
hablar de una supresión aparente.

Propuso la excepción de caducidad. Al respecto, argumentó que los actos
administrativos demandados quedaron en firme el 28 de septiembre de 1999 y la
demanda se presentó el 1 de marzo de 2000.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Cúcuta, mediante
sentencia del 30 de noviembre de 2013, resolvió: i) declarar no probada la
excepción de caducidad; ii) declarar la nulidad de los actos acusados y iii)
condenar al municipio de Cúcuta a reintegrar al demandante al cargo de director
técnico de la Secretaría General del municipio u otro de igual o superior categoría,
y, pagarle los salarios y prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de
percibir desde la fecha de retiro y hasta cuando se haga efectivo el reintegro, sin
solución de continuidad.

Inicialmente, analizó el fenómeno de la caducidad. Expuso que este no se
configuró en el sub lite habida cuenta de que la decisión del 28 de septiembre de
2000, por medio de la cual la Comisión de Personal del municipio de Cúcuta,
confirmó la negativa de incorporar al demandante en la nueva planta de personal
del municipio expedida el 24 de julio de la misma anualidad, se notificó
personalmente el 24 de octubre de 2000. Lo que significa que, para el 21 de
febrero de 2001, cuando se radicó la demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el demandante aún se encontraba dentro de los
cuatro meses que prevé el artículo 136 del CCA.

Luego, con base en la sentencia del 27 de abril de 2006 emitida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, explicó que el Decreto 418 de 1999 es el acto de
contenido general que modificó la planta de personal del municipio de Cúcuta y,
el Oficio sin número del 13 de diciembre de la misma anualidad, es el acto
particular por medio del cual se le comunicó al demandante que su cargo de jefe
de división fue suprimido, es decir, que fue el que resolvió su situación de forma
concreta y, por ende, el que resulta enjuiciable ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

4
Folios 292 a 303 del cuaderno principal, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

6

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

Seguidamente, indicó que, de acuerdo con el contenido de los artículos 315
numeral 7 de la Constitución Política y 41 de la Ley 443 de 1998, la reforma de
una planta de personal debe estar motivada por la necesidad del servicio y
modernización de la administración, lo cual deberá reflejarse en un estudio
técnico que así lo evidencie. Así mismo, que según lo previsto en los artículos 44
y 45 del Decreto 1568 de 1998 y 39 de la Ley 448 de 1998, en caso de supresión
del empleo, el empleado de carrera tendrá la opción de ser incorporado a la
nueva planta o recibir una indemnización, en garantía de los derechos de carrera
de los que era titular.

Al analizar el sub examine encontró que: i) el cargo de director técnico creado
mediante Decreto 3351 del 13 de diciembre de 1999 conservó las funciones que
son inherentes al área de Talento Humano; ii) en este empleo fueron designados
la señora Cecilia Galvis de Zambrano y el señor Víctor Julio Montañez, quienes,
en su testimonio, declararon que ejercieron las mismas funciones que estuvieron
asignadas al jefe de División de Personal y iii) de acuerdo con los manuales de
funciones de uno y otro cargo, aquellas son equivalentes. En consecuencia,
concluyó que de manera alguna puede hablarse de una supresión efectiva del
cargo de jefe de División de la Secretaría General y, en esa medida, los actos
acusados adolecen de nulidad por falsa motivación.

RECURSO DE APELACIÓN5

Inconforme con la anterior decisión, el municipio de San José de Cúcuta presentó
recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda.

Aseguró que, contrario a lo expuesto, el señor Pedro Caleb Rodríguez Ibarra no
era empleado de carrera administrativa sino de libre nombramiento y remoción,
pues revisada la hoja de vida se encontró que aquel no participó en ningún
concurso de méritos que le diera el derecho a acceder al cargo de jefe de división
de la Secretaría General del municipio de Cúcuta. Destacó que el nombramiento
en el referido cargo se efectuó a través del Decreto 0002 del 1 de enero de 1995.

Bajo esa misma línea argumentativa, recordó que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, en sentencia del 27 de abril de 2006, aclaró que en los eventos en que
la administración decida reducir las plantas de personal, en aras de garantizar el
derecho a la incorporación inmediata y de estabilidad relativa, deberá retirar por
supresión en primer lugar a los funcionarios provisionales o encargados, pues los
empleados de carrera que ingresaron por concurso de méritos tienen un mejor
derecho.

5
Folios 306 a 308 del cuaderno principal del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

7

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE REVISIÓN6

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 30 de
enero de 2015, revocó la decisión adoptada por el a quo y denegó las
pretensiones de la demanda. Los argumentos que sirvieron de fundamento
fueron los siguientes:

Para comenzar, aclaró que su competencia está restringida a los motivos de
inconformidad expuestos en el recurso de apelación, por lo que los argumentos
nuevos que se introdujeron en los alegatos de conclusión no serán tenidos en
cuenta. En relación con ellos, explicó que esta no era la etapa procesal pertinente
para controvertir la decisión adoptada por el juez de primera instancia.

A continuación, expuso brevemente, que tal como lo sostuvo el Consejo de
Estado en sentencia del 10 de febrero de 2011 7, la supresión de cargos es una
causal de retiro del servicio prevista para los empleados públicos
independientemente de la naturaleza de los empleos y de la forma como se hallen
provistos.

Luego, al analizar el sub judice encontró, en primer lugar, que el demandante si
era empleado de carrera administrativa en el cargo de jefe de División, código
210, grado 13, tal como se infiere de los Decretos 0303 del 22 de mayo de 1996,
0221 del 13 de noviembre de 1998 y el Oficio sin número del 13 de diciembre de
1999. Destacó que en los referidos actos consta que el municipio convocó a
concurso mediante Convocatoria 004 del 16 y 17 de abril de 1996, para proveer
el cargo de jefe de División. En segundo, que al señor Pedro Caleb Rodríguez
Ibarra no se le vulneró su derecho de incorporación contenido en el artículo 39
de la Ley 443 de 1998, dado que sí hubo supresión efectiva de su empleo.
Aseguró que, contrario a lo señalado por el juez de instancia, el cargo de director
técnico no es equivalente al de jefe de División, en la medida que aquel fue
creado como un cargo del nivel directivo, y, este último, del nivel ejecutivo.

De igual manera, advirtió que dentro del dossier no se probó cuáles eran las
funciones específicas de los cargos ni tampoco los requisitos de estudio y de
experiencia exigidos, por lo que de manera alguna puede concluirse válidamente
que aquellos son similares en uno y otro cargo. Con todo, denotó que, al remitirse
al contenido de los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 1568 de 1998, que consagran
unas funciones y requisitos generales que corresponden a los niveles directivo,
asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, es plausible
colegir que aquellas resultan, por sí mismas, diferentes en uno y otro empleo.

6
Folios 38 a 46 del cuaderno dos del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
7
Radicado: 050012331000200204761 (1660-10)

8

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN8

El señor Pedro Caleb Rodríguez Ibarra recurrió la sentencia de segunda instancia
a través del recurso extraordinario de revisión, para lo cual invocó las causales
consagradas en el artículo 250 numerales 1 y 2 del CPACA, a saber: «1. Haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria» y
«2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados».

Como pretensiones del recurso extraordinario de revisión, solicitó: i) infirmar la
sentencia proferida el 30 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 540012331000200100213; ii) declarar la nulidad del artículo 1 del
Decreto 418 de 1999 «Por medio del cual se modifica parcialmente la planta de
personal de la Administración Central del Municipio de San José de Cúcuta», y iii)
ordenar a la Alcaldía del municipio de San José de Cúcuta «incorporar o vincular»
al demandante al cargo de jefe de División, código 210, grado 213 u otro de igual
o superior categoría y, en consecuencia, pagar todos los sueldos, prestaciones
sociales y demás emolumentos dejados de devengar desde que se produjo el
retiro y hasta cuando se haga efectivo el reintegro.

A continuación, explicó la configuración de las causales de revisión, así:

a) «1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria»

Indicó que la prueba que se recobró y que resulta útil para cambiar la decisión
objeto de revisión está conformada por: i) el contrato 1148 del 26 de octubre de
1999, que tenía como objeto elaborar el estudio técnico que soportó la
reestructuración de la planta de personal de la Alcaldía de Cúcuta y ii) los
documentos que conforman la cuenta para el pago del anticipo, a saber, el
comprobante de egreso 8278 del 28 de octubre de 1999, el certificado de
disponibilidad 02760 del 22 de octubre de 1999, el recibo de fondo municipal
39854 del 25 de octubre de 1999, las pólizas suscritas con la Previsora 10244623
y 102446618, el registro presupuestal 02694 y el certificado del 25 de octubre de
1999 en el que consta que la alcaldía no tiene personal que desarrolle el objeto
del contrato.

Al respecto, aseveró que dichos documentos no fueron aportados al proceso
ordinario por culpa del municipio de Cúcuta. Explicó que solicitó copia de ellos a
través de escrito radicado el 20 de diciembre de 1999 y aun cuando el municipio

8
Folios 167 a 181 del cuad. ppal.

9

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

le informó que estarían a su disposición para su respectiva reproducción, siempre
que intentó acceder a ellos la entidad ejecutó «maniobras dilatorias» que se lo
impidieron.

Seguidamente, resaltó que, en la cláusula primera del contrato 1148, el
contratista tenía como objeto asesorar a la alcaldía en la elaboración del
diagnóstico sobre la estructura organizacional y planta de personal de la
administración municipal, su sector central y realizar los procesos técnicos y
metodológicos para la reestructuración del Departamento Administrativo de
Tránsito y Transporte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mas no de
la Secretaría General, dependencia en la cual se encontraba el cargo de jefe de
división. En su concepto, esto evidencia que nunca existió un contrato o la
designación de un equipo interdisciplinario para efectuar un estudio técnico para
la Secretaría General y su reestructuración. En otras palabras, no existieron
estudios que soportaran la necesidad de suprimir el cargo que desempeñaba el
demandante.

Más adelante, insistió en que las funciones del cargo de jefe de división fueron
asignadas al empleo de director técnico, por lo que es razonable su incorporación
a este último, en la medida en que solo hubo un cambio de nomenclatura.

b) «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados»

Con fundamento en los argumentos descritos en precedencia, consideró que el
artículo 1 del Decreto 418 de 1999 es falso. En su criterio, la ausencia de un
estudio técnico, que evidencie la viabilidad o pertinencia de la supresión del
empleo de jefe de división de la Secretaría General, constituye un vicio en el
mencionado decreto. Bajo esa misma línea argumentativa, recordó que de
acuerdo con los presupuestos contenidos en la Ley 443 de 1998 en armonía con
los Decretos 1572 y 2504 de la misma anualidad, un empleo se puede suprimir
solo cuando el estudio técnico se enfoque de forma particular en la reforma o
modificación de la planta de personal de la entidad respectiva.

Insistió en que el Decreto 418 de 1999 se encuentra falsamente motivado, pues
carece del estudio técnico que avala la supresión de los cargos, entre ellos, el
que ocupaba el recurrente.

De otro lado, afirmó que, en su momento, no demandó la nulidad parcial del acto
administrativo que dispuso la supresión del cargo, esto es, el Decreto 418 de
1999, ya que el municipio ocultó el contrato 1158 con el cual se lograba demostrar
que aquel suprimió el cargo de jefe de división sin que mediara el respectivo
estudio técnico.

10

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

CONTESTACIÓN DEL RECURSO

La entidad demandada contestó el recurso extraordinario de revisión de forma
extemporánea, tal y como se observa en el auto del 8 de julio de 20209.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala en el artículo 249 que de los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia 10.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la
competencia para resolver el recurso extraordinario de revisión formulado es de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201911.

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión formulado por el señor Pedro Caleb Rodríguez Ibarra
contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander.

Oportunidad

El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del plazo que prevé
el artículo 251 del CPACA en razón a que la sentencia recurrida del 30 de enero
de 2015 quedó ejecutoriada el 10 de agosto de 201512 y el correspondiente
recurso de revisión se interpuso el 5 de agosto de 201613.

Problema jurídico

El interrogante que se debe resolver se resume en las siguientes preguntas:

9
Índice 28 del sistema informático SAMAI.
10
En concordancia con el lineamiento de la sentencia de inexequibilidad C-520 de 4 de agosto
de 2009.
11
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
12
Tal como se advierte en el Oficio V-7921 emitido por el oficial mayor del Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, obrante en el folio 66 del cuaderno 2 del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
13
Folio 181 vuelto cuad. Ppal.

11

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

1. ¿Se configura la causal 1 de revisión prevista por el artículo 250 del
CPACA, es decir, los documentos allegados con el recurso extraordinario
de revisión tienen el carácter de prueba recobrada?

2. ¿Se configura la causal 2 de revisión prevista por el artículo 250 del
CPACA, esto es, la sentencia se dictó con fundamento en documentos
falsos o adulterados?

Primer problema jurídico:

¿Se configura la causal 1 de revisión prevista por el artículo 250 del CPACA, es
decir, los documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión tienen
el carácter de prueba recobrada?

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión tiene como finalidad invalidar los efectos
jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 14 y persigue el
restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías
procesales, cuando éstas han sido lesionadas en una decisión judicial que fue
afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas en el decurso
procesal.

Es un medio impugnativo que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada15, entendido éste como fundamento esencial del ordenamiento
jurídico y garantía del debido proceso.

Se trata de un recurso que por su naturaleza extraordinaria solo opera por razón
de las causales señaladas taxativamente en el artículo 250 del CPACA y en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que, de haberse conocido antes, habrían
conducido a otro resultado diferente al plasmado en el fallo impugnado.

14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
15 de marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014.
Recurrente: Horacio Chala. Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
15
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones
contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias,
en aras de buscar la seguridad jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico
de «[…] carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual
implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos
variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia […]». Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Bogotá D.C.,
treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-25-000-
2010-01147-01(1365-14)

12

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

El recurso extraordinario de revisión no puede considerarse como una
oportunidad para reabrir un debate jurídico, probatorio y fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido, tampoco es una ocasión para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso.

De lo anterior se concluye que el recurso extraordinario de revisión no habilita
una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede
ordinaria16, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

Causal 1 de revisión

La causal del recurso extraordinario de revisión invocada en el sub judice es la
prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, cuyo tenor literal dispone:

«[…]1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria. […]»

En relación con esta causal, que ha sido denominada por la jurisprudencia como
«prueba recobrada», la Sala Plena del Consejo de Estado señaló lo siguiente:

«[…] Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que
existiendo, no pudo ser aportada oportunamente al proceso, así la prueba
recobrada es aquél elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de
proferida la sentencia, que pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y
que no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo
presentarla oportunamente dentro del proceso, por motivos de fuerza mayor,
caso fortuito u obra de la parte contraria […]»17

Denótese que tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia 18
han considerado que cuando hace referencia a la prueba recobrada se hace
relación únicamente a la prueba documental preexistente a la sentencia objeto
de revisión, en garantía de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
Así, por regla general, no se ha admitido la configuración de dicha causal cuando
se trata de otro tipo de pruebas, como testimonios, experticias, informes técnicos
o exámenes médicos especializados, o cuando ésta es producida u obtenida de
manera posterior a la sentencia que se revisa.

16
O replantear temas ya litigados.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de
2005, expediente 1999-00218.
18
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de diciembre de 2000.
Expediente núm. 7269

13

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

Ahora, es de resaltar que a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011 la
referida causal incluyó el verbo «encontrar», cuya acepción está referida a «dar
con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». En
cualquier caso, es preciso destacar que la prueba que se aduce como encontrada
o recobrada debe ser decisiva y el recurrente tiene la carga de acreditar las
razones por las que le fue imposible aportarla al proceso, que deben estar
sustentadas en fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Entonces, para que se estructure la causal 1.ª de revisión se requiere que el
documento que se aduce como prueba recobrada o encontrada cumpla los
siguientes requerimientos:

1. Que se trate de una prueba documental. No se admiten medios probatorios
distintos tales como testimonios o inspecciones judiciales, entre otros.

2. El documento debe ser encontrado o recobrado. Al respecto, es preciso tener
en cuenta que «encontrar», hace referencia «dar con alguien o algo que se busca o
dar con alguien o algo sin buscarlo»19.

Por su parte, el verbo «recobrar» se entiende «[…] volver a tomar o adquirir lo que
antes se poseía o se tenía […]»20, es decir, que existiera en la época en la que se
tramitó el proceso pero que hubiera estado refundido o extraviado.

3. Que no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias
ajenas a la voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por
obra de la parte contraria, eventos que deben encontrarse debidamente
sustentados y probados.

4. Que el documento o documentos que se afirman decisivos, en efecto,
hubieran podido conducir a una decisión diferente.

Caso concreto

Para comenzar, la Subsección advierte que la parte demandante en el escrito
introductorio, aun cuando mencionó como pruebas recobradas el contrato 1148
del 22 de octubre de 1999, que tenía como objeto elaborar el estudio técnico que
soportara la reestructuración de la planta de personal de la Alcaldía de Cúcuta y
los documentos que conforman la cuenta para el pago del anticipo, a saber, el
comprobante de egreso 8278 del 28 de octubre de 1999, el certificado de
disponibilidad 02760 del 22 de octubre de 1999, recibo de fondo municipales
39854 del 25 de octubre de 1999, las pólizas suscritas con la previsora 10244623
y 102446618, el registro presupuestal 02694 y el certificado del 25 de octubre de

19
https://dle.rae.es/encontrar
20
http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.

14

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

1999 en el que consta que la alcaldía no tiene personal que desarrolle el objeto
del contrato, centró sus argumentos solo en el contrato de prestación de
servicios, razón por la cual a él se circunscribirá el análisis de la causal alegada,
en la medida que respecto de los demás no existe sustentación alguna dirigida a
demostrar su condición de prueba recobrada.

Así las cosas, se examinará si el contrato 1148 del 22 de octubre de 1999, es un
documento recobrado y, en caso de serlo, las razones que no le permitieron
aportarlo en la etapa procesal oportuna.

(i) Que se trate de una prueba documental.

En efecto, el contrato de prestación de servicios profesionales 1148 del 22 de
octubre de 1999 suscrito con el objeto de «asesorar a la Alcaldía de San José de
Cúcuta para la elaboración del diagnóstico sobre la estructura organizacional y planta de
personal de la Administración Municipal en su sector Central», es un documento en
los términos del artículo 243 del CGP.

(ii) El documento debe ser recobrado o encontrado.

Sobre la obtención del documento, la parte demandante aseguró que no fue
aportado por obra de la entidad demandada, ya que lo ocultó y no le permitió su
reproducción, pese a que lo solicitó mediante escrito del 20 de diciembre de
199921.

Al respecto, la Subsección considera que no le asiste razón al recurrente, en
primer lugar, porque revisada la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se observa que éste no discutió la existencia o veracidad de los estudios
técnicos que dieron lugar al Decreto 418 de 1999, por medio del cual se suprimió,
entre otros, el cargo de jefe de división de la Secretaría General, ni tampoco lo
solicitó como prueba dentro del dossier, y en segundo lugar, porque aquel fue
aportado por el municipio de San José de Cúcuta con la contestación de la
demanda en el proceso ordinario22.

En estos términos, es razonable inferir que el referido contrato no tiene la calidad
de prueba recobrada. Repárese en que el verbo «recobrar» implica que se
hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, para que una
prueba tenga tal entidad debió estar inicialmente extraviada o refundida y, luego
haberse recuperado; bajo la premisa de que durante todo el proceso la parte
hubiere estado en la imposibilidad de aportarla por fuerza mayor, caso fortuito o
por obra de la parte contraria.

21
Folio 6 del cuad. ppal.
22
Folios 137 a 139 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

15

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

Las circunstancias expuestas por la parte recurrente no se enmarcan en el
concepto de la prueba recobrada. Adicionalmente, su contenido no acredita un
supuesto fáctico distinto al que ya se encontraba probado en el proceso, esto
es, la existencia de un contrato de prestación de servicios suscrito con el objeto
de asesorar a la Alcaldía de Cúcuta en la elaboración del diagnóstico sobre la
estructura organizacional y planta de personal de la administración municipal.

(iii) Que no hubiera podido ser aportado oportunamente por
circunstancias ajenas a la voluntad del recurrente. Sobre el punto, el
demandante aseveró que, pese a que solicitó al municipio copia del Contrato
1148 de 1999 «Los administradores de turno de la Alcaldía de San José de Cúcuta
[…] [lo] retuvieron, ocultaron […]», e incluso, en sede judicial «La Defensa de la
Alcaldía de Cúcuta nunca expresó en el proceso la existencia [de este] […]».

En relación con el referido argumento, la Subsección considera que no resulta
admisible afirmar que el municipio demandado ocultó el Contrato 1148 de 1999,
pues revisado el proceso ordinario se advierte que éste obra a folios 137 a 139
del cuaderno 1, y fue aportado por el municipio de San José de Cúcuta en la
contestación de la demanda de nulidad y restablecimiento, a fin de demostrar el
estudio técnico que se realizó para determinar los cargos que debían ser
suprimidos y conforme a ello manifestó «la motivación del acto demandado (418/99)
porque es evidente que la motivación es mucho más amplia y debiene (sic) de un
estudio técnico, de la necesidad del servicio, y la modernización entre otros»23.

Denótese que pese haber sido allegado en una de las etapas procesales
pertinentes del trámite ordinario, el señor Pedro Caleb Rodríguez no hizo
manifestación alguna sobre éste ni discutió de forma particular su contenido,
falencia que no puede pretender subsanar en sede de revisión, pues como se
dijo en párrafos precedentes, el recurso extraordinario de revisión no se instituyó
para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar
aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio
origen a la sentencia objeto de revisión.

Por consiguiente, no puede considerarse que en el sub lite se dan los supuestos
de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor y el caso fortuito24, ni

23
F. 124 cuaderno 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
24
Véase:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014,
radicación: 730012331000200002654 01 (30026), actor: Gerardo Ernesto Mejía Alfaro y otros,
demandado: Municipio de Ibagué y otro.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de marzo de 2015, radicación: 11001-03-
27-000-2014-00022-00 (21024), demandante: Municipio de Girardot, demandado: Empresa de
Energía de Cundinamarca.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de junio de 2017, radicación: 08001 23 31
000 2011 00768-01 (20904), demandante: Cooperativa de Insumos y Productos Agrícolas
COINPRA, demandado: U.A.E. DIAN.

16

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

mucho menos es atribuible a la parte contraria, pues el contenido material del
documento que se trae como prueba recobrada ya había sido aportado en el
decurso procesal.

(iv) Que el documento o documentos que se afirman decisivos, hubieran
podido conducir a una decisión diferente.

Ahora bien, se resalta que, de haberse tenido en cuenta el documento descrito
en precedencia, la decisión no hubiese sido distinta a la que adoptó, toda vez que
la demanda estuvo dirigida a discutir la legalidad de los oficios sin número del 13
de diciembre de 1999 y 4 de enero de 2000, por medio de los cuales, en su orden,
el municipio de San José de Cúcuta comunicó al empleado que su cargo había
sido suprimido y se inhibió para resolver sobre su incorporación en la nueva
planta de personal; así como de las decisiones del 24 de junio de 2000 y 28 de
septiembre de la misma anualidad, mediante las cuales, la Comisión de Personal
ad hoc del municipio negó la incorporación al cargo de director técnico de la
Secretaría General, mas no el Decreto 418 del 10 de diciembre de 1999.

Revisado el dossier se observa que el demandante no expuso argumento alguno
de inconformidad sobre el estudio técnico que dio lugar a la expedición del
Decreto 418 de 1999, motivo por el cual los jueces de instancia no se
pronunciaron sobre dicho documento en sus fallos. En efecto, en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Pedro Caleb Rodríguez Ibarra
centró su acusación en la causal de nulidad de falsa motivación del acto de retiro,
sustentada en que no existió supresión efectiva del cargo de jefe de división de
la Secretaría General, habida cuenta de que, las funciones de este fueron
reasignadas al cargo denominado director técnico en la nueva estructura de la
entidad.

En otras palabras, dentro del proceso ordinario nunca fue objeto de controversia
la legalidad del acto general, a saber, el Decreto 418 de 1999, que ordenó la
supresión de los diferentes cargos dentro del municipio, entre ellos, el que
ocupaba el recurrente, así como tampoco los actos previos o estudios técnicos
que le precedieron, a fin de determinar si este se encontraba viciado de nulidad,
y, en razón a ello, tanto el a quo como el ad quem solo examinaron si hubo una
supresión aparente o real del cargo, analizándose para el efecto si entre el
empleo de jefe de división y el de director técnico existía equivalencia alguna. Al
respecto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, concluyó lo siguiente:

«[…] Particularmente, la Sala resalta que en el artículo 158 del Decreto 1572
de 1998, tal como fue modificado por el art. 1 del Decreto 1173 de 1999, se
consignó que se entiende que un empleo es equivalente a otro cuando tiene
funciones iguales o similares, para su ejercicio se exijan requisitos de estudio
y de experiencia iguales o similares y cuando la asignación básica de aquél
no sea inferior a la de éste.
Tal como se explicará en el literal que sigue, en el presente proceso no es
posible concluir con certeza que el cargo de Director Territorial tiene unas

17

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

funciones y requisitos iguales o similares al del cargo de Jefe de División, por
lo cual no se puede sostener que no hubo una supresión efectiva del cargo
que ejercía el accionante para el día 13 de diciembre de 1999.
[…]
A este respecto la Sala observa que en el presente caso no se puede concluir
válidamente que el cargo de Director Técnico tiene unas funciones iguales o
similares a las del cargo suprimido de Jefe de División. Y no es posible llegar
a tal conclusión, por cuanto en el presente proceso no están probadas cuales
eran las funciones específicas de dicho cargo, pues en el acto de creación
del mismo no se fijaron las funciones del cargo de Director Técnico. La misma
razón aplica para concluir que no está probado que los requisitos de estudio
y de experiencia eran iguales o similares entre los dos cargos.
Es de recordar que en los términos establecidos en el artículo 121 de la
Constitución, las funciones de los cargos deben ser fijadas por la
Constitución o la ley. En el artículo 2.º del Decreto 1569 de 1998, se señala
que las funciones y los requisitos específicos de un empleo, deben ser fijados
por las autoridades competentes para crearlos, con sujeción a a (sic) las
funciones y requisitos generales determinados en dicho Decreto. De la
misma manera debe tenerse presente que conforme lo reglado en el art.315,
numeral 7 de la Constitución, es competencia exclusiva del Alcalde fijar las
funciones específicas de los cargos que se creen en la Administración
Municipal, de conformidad con los parámetros fijados por el legislador.
Como ya se explicó anteriormente, en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley
1568 de 1998, se consagran unas funciones y requisitos generales de los
empleos que corresponden a los niveles directivo, asesor, ejecutivo,
profesional, técnico, administrativo y operativo.
Dichas funciones y requisitos por sí mismas resultan diferentes para los
empleos del nivel directivo, respecto del nivel ejecutivo, por lo cual por este
solo aspecto ha de concluirse que las funciones y requisitos del cargo de
Jefe de División que ejercía el actor, respecto del cargo de Director Técnico
no pueden considerarse como iguales o similares para concluir que el
accionante tenía derecho a ser incorporado en el cargo de Director Técnico
de la Secretaría General de Cúcuta. […]» (Gramática, ortografía y puntuación
del texto original)

Así pues, teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión tiene por
finalidad desvirtuar la fuerza de la cosa juzgada de las sentencias, las causales
deben estar nítidamente invocadas y comprobadas, situación que no se cumple
en el presente caso, en el que el documento aportado no se adecúa a los
requisitos legales para la configuración de la causal 1ª del artículo 250 del
CPACA.

En conclusión: No se configura la causal 1 de revisión prevista en el artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, pues el documento aducido como recobrado después de la
sentencia de segunda instancia no tiene tal carácter, ni dejó de ser aportado por
fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria. Además, su contenido
no resultaba decisivo para alterar la decisión adoptada en la providencia
recurrida.

18

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

Segundo problema jurídico

¿Se configura la causal 2 de revisión prevista por el artículo 250 del CPACA,
esto es, la sentencia se dictó con fundamento en documentos falsos o
adulterados?

Causal 2 de revisión

El numeral 2 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone: «2. Haberse dictado la sentencia con
fundamento en documentos falsos o adulterados ».

Del texto transcrito se desprende que para que esta causal se configure es
necesario que la prueba documental, que tuvo el carácter de decisivo, sea falsa
o adulterada, lo cual implica que no puede admitirse que el vicio recaiga sobre
cualquier documento o medio de convicción obrante en el proceso, sino que se
requiere que se trate de aquel o aquellos que sirvieron de sustento directo de la
decisión adoptada en la providencia cuestionada.

Conviene igualmente precisar que tanto la doctrina 25 como la jurisprudencia26
han coincidido en que esta condición de falsedad o adulteración del documento
no depende de que la justicia penal así lo haya definido, contrario a como sucede
en materia civil, donde la causal de revisión sí exige un pronunciamiento en tal
sentido27. En consecuencia, el juez administrativo tiene la potestad de efectuar
un pronunciamiento objetivo respecto de la falsedad que se aduce en el recurso
de revisión, independientemente de la decisión que se tome en materia penal.

En el sub examine, el recurrente aseguró que el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander dictó sentencia con fundamento en un documento falso, a saber,
el Decreto 418 del 10 de diciembre de 1999. En su criterio, la ausencia de un
estudio técnico, que evidencie la viabilidad o pertinencia de la supresión del
empleo de jefe de división de la Secretaría General, constituye un vicio en el
mencionado decreto. Bajo esa misma línea argumentativa, recordó que de
acuerdo con los presupuestos contenidos en la Ley 443 de 1998 en armonía con
los Decretos 1572 y 2504 de la misma anualidad, un empleo se puede suprimir
solo cuando el estudio técnico se enfoque de forma particular en la reforma o
modificación de la planta de personal de la entidad respectiva.

25
Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, Octava edición segunda
reimpresión, 2015 Ed. Señal Editora Ltda., pp. 558-560.
26
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de julio de 2010. Expediente 52001-23-
31-000-2007-00267-01, actor: Elcías Hurtado Sánchez, CP: Susana Buitrago Valencia.
27
Código General del Proceso, artículo 355 numeral 2.

19

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

En ese orden, la Subsección verificará si se cumplen los presupuestos para que
se configure la causal alegada. Veamos:

• Carácter decisivo

De este requisito se desprende la necesidad de que el objeto de la prueba fuera
un punto de controversia en la Litis, pues el recurso extraordinario de revisión no
es una oportunidad para plantear aspectos nuevos que no fueron discutidos en
el proceso ordinario ni para suplir deficiencias en la actividad probatoria
desplegada por las partes.

Con el fin de examinar tal exigencia, se advierte que en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho se formularon las siguientes pretensiones y
cargos28:

«[…] Que es nulo el acto administrativo complejo conformado por los
siguientes actos:
a. El contenido en el oficio de fecha 13 de diciembre de 1999, suscrito por
Carlos Eduardo Coronel en su calidad de Secretario General, donde le
comunica al actor que “el cargo JEFE DE DIVISIÓN , 210-13, que Usted
venía desempeñando, fue suprimido en virtud del Decreto No. 0418
del 10 de diciembre de 1999, por lo cual se modifica parcialmente la
Planta de Personal creada a través del Decreto No.0221 de 1998…”
b. El contenido en el oficio de fecha 4 de enero de 2000, suscrito por Carlos
Eduardo Coronel en su calidad de Secretario General, respondiéndole al
actor su solicitud de incorporación emitida en oficio del 20 de diciembre
de 1999. En dicho oficio, el Secretario General se inhibe de responderle
de fondo la solicitud de incorporación.
c. El contenido en el proveído de fecha 24 de julio de 2000, expedido por
[…] la Comisión de Personal Ad-hoc, no accediendo a la incorporación
del actor al cargo de Director Técnico de la Secretaría General.
d. El contenido en el proveído de fecha 28 de septiembre de 2000 expedido
por la Comisión de Personal Ad-hoc, confirmando su proveído del 24 de
julio de 2000 […]»

Estimó que los actos acusados adolecen de nulidad por falsa motivación. Explicó
que aun cuando el Decreto 418 de 1999 suprimió de forma literal el cargo de jefe
de división, que, ocupaba el demandante, lo cierto es que, las funciones de aquel
fueron reasignadas en el empleo de director técnico. En su criterio en el sub lite
se configuró lo que la Ley 443 de 1998 denominó como una supresión aparente,
lo cual resulta abiertamente ilegal.

En ese mismo sentido, expuso que no se puede entender suprimido un empleo
cuando las funciones se conservan de forma integral en otro, en este evento, solo
existe un cambio de denominación. Reiteró que por medio del Decreto 0418 de

28
Folios 4 y 20, cuaderno principal del proceso ordinario.

20

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

1999 el alcalde de Cúcuta solo ajustó la nomenclatura de algunos cargos, pues,
inclusive los manuales de funciones fueron elaborados tan solo hasta el año
siguiente, esto es, mediante Resolución 092 del 13 de mayo de 2000.

De lo anterior puede concluirse que no está acreditada la incidencia directa del
Decreto 418 de 1999, el cual está investido de la presunción de legalidad,
comoquiera que no fue objeto de demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y en esa medida, no se efectuó un examen sobre
los aspectos que dieron lugar a su expedición.

En otras palabras, en el proceso ordinario las pretensiones y el concepto de
violación de la demanda no estuvieron dirigidos a atacar la legalidad del referido
acto. En dicho trámite, la discusión se circunscribió a demostrar que las
funciones ejercidas en el cargo de jefe de división de la Secretaría General del
municipio de Cúcuta fueron reasignadas a un nuevo empleo. En criterio del actor,
ello implica que no existió una verdadera supresión del cargo. Fueron estos los
argumentos a los que se circunscribió el análisis de los jueces de instancia. Así
las cosas, no es factible en sede de revisión pretender reabrir un debate sobre
un acto que inicialmente no fue discutido, pues ello desconocería la naturaleza
excepcional de este mecanismo.

Así las cosas, y en atención a los argumentos esgrimidos en el escrito
introductorio, es plausible colegir que el recurso extraordinario no es el medio
adecuado para controvertir la legalidad de un acto general como el descrito, ni
para enmendar errores cometidos en el decurso procesal. Ciertamente, si el
demandante consideraba que el Decreto 418 de 1999 estaba afectado por falsa
motivación o expedición irregular, ello debió ser objeto de demanda en el
proceso ordinario.

• La falsedad o adulteración de la prueba

Sobre el punto, es preciso destacar que esta corporación29 ha entendido que la
falsedad documental puede ser: i) material: hace relación a la mutación física del
documento, o, ii) ideológica: se refiere a la alteración intelectual de su contenido.

29
Véanse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de
febrero de 2013, radicado: 00638 y sentencia del 17 de julio de 2013, radicado: 2012-00231.
Igualmente, de la Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2014, radicación:
70001-23-31-000-1998-00785-01 (27602), actor: Fernando Linares Cardozo, demandado:
Municipio de San Onofre (REV).
Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo, Sala Ocho Especial de Decisión, sentencia del 2
de junio de 2015, radicación: 11001-03-15-000-2005-00560-00 (REV), actor: Henry Vargas
Ferreira.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial De Decisión, sentencia del
3 de abril 2018, radicación: 11001-03-15-000-2016-02057-00 (Rev), actor: Hernando Mantilla
Parra, demandado: Departamento de Santander.

21

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

En el caso particular, el recurrente estimó que el Decreto 418 del 10 de diciembre
de 1999 es falso porque fue expedido sin los estudios técnicos que avalaran la
supresión de su cargo como jefe de división. En su criterio, por esta razón el acto
se encuentra viciado y debe ser declarado nulo.

De acuerdo con lo anterior, la Subsección advierte que el demandante en
revisión confunde la falsedad o adulteración documental con la causal de nulidad
por falsa motivación, las cuales difieren en su naturaleza y contenido. Dicho de
otro modo, el argumento del señor Pedro Caleb Rodríguez Ibarra no está dirigido
a demostrar una falsedad material, habida cuenta que no se alega ningún
cambio físico del Decreto 418 de 1999, así como tampoco una falsedad
ideológica, toda vez que no señala alteración alguna del contenido de este, por
el contrario se circunscribe a exponer las razones por las que considera el acto
fue emitido con falsa motivación, en la medida que, en su criterio, para la
expedición no se elaboraron los estudios previos que justificaran la supresión de
los cargos, entre ellos, el que él ocupaba, presupuesto que ataca la legalidad
mas no autenticidad del referido decreto.

Así las cosas, teniendo en consideración que la nulidad de los actos
administrativos por falsa motivación escapa de la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión y, que el recurrente no demostró que el Decreto 418
de 1999 hubiere sido adulterado o modificado, es plausible concluir que el
segundo elemento de la causal de revisión tampoco se configura.

Conclusión: No se configura la causal 2 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puesto que lo
que pretende el recurrente es subsanar falencias cometidas dentro del proceso
ordinario, pues los argumentos expuestos en el recurso extraordinario están
dirigidos a que se declare la nulidad parcial del Decreto 418 de 1999, aspecto
que escapa de la naturaleza excepcional del recurso extraordinario y que, debió
haber sido discutido en el proceso originario.

Decisión: En las anteriores condiciones, al no configurarse las causales de
revisión previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 250 del CPACA, se
declarará infundado el recurso extraordinario interpuesto.

Condena en costas

En cuanto a la condena en costas en vigencia del CPACA, el Consejo de Estado30
puntualizó lo siguiente:

30
Al respecto ver las providencias del 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María
del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi.

22

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

«a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –
CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se
“dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total
o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en
el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia
laboral, se fijará en atención a la posición de los sujetos procesales, pues
varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado,
estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así
como la complejidad e intensidad de la participación procesal - Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -.
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán
por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas - incluidas las agencias en derecho -, la hará el
despacho de primera o única instancia, como lo indica el CGP,31 previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»

Así las cosas, atendiendo los lineamientos sobre las costas descritos en
precedencia, y que a través del Acuerdo 10554 de 2016 el Consejo Superior de
la Judicatura previó que aquellas se tasarán entre 1 y 20 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, la Subsección considera que, si bien en el sub lite
se dan los supuestos descritos en el numeral 1 del artículo 365 del CGP 32 para
que aquella proceda, lo cierto es que, no habrá lugar a ellas, dado que la parte
demandada contestó la demanda extemporáneamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

31
«[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
32 En ese sentido, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 255 también previo: «[…] Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.»

23

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00767-00 (3509-2016)
Demandante: Pedro Caleb Rodríguez Ibarra

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Pedro Caleb Rodríguez Ibarra, con fundamento en las causales 1 y 2 del artículo
250 del CPACA, con el fin de que se infirme la sentencia del 30 de enero de 2015
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número
540012331000200100213.

Segundo: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto ut supra.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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