Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00881-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00881-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00881-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00881-00 (4022-2016)
Demandante: Oscar Benítez López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00881-00 (4022-2016)
Demandante: Oscar Benítez López
Demandado: Departamento del Chocó - DASALUD
Tema: Causal 6 del artículo 188 del Decreto 1 de 1984. Presupuestos
de configuración. Indebida sustentación.
Decisión: Declara infundado el recurso extraordinario de revisión
I. ASUNTO
1. Se decide el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 185 y
siguientes del Decreto 01 de 19841, interpuesto por el señor Oscar Benítez López
contra la sentencia del 11 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 2005-00081.
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
1.1. Pretensiones2
2.El señor Oscar Benítez López presentó demanda en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la cual solicitó la nulidad del acto
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Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA.
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Demandante: Oscar Benítez López
administrativo del 2 de septiembre de 2004, mediante el cual la entidad demandada
negó las solicitudes formuladas en la petición del 27 de mayo de 2004. Asimismo,
pidió que se declarara que laboró como celador en el Centro de Salud de Nóvita en
calidad de empleado público de hecho y que, como consecuencia, existió una
relación laboral entre él y el Departamento del Chocó – Dasalud, en calidad de
empleado de planta.
3. Solicitó que la entidad le reconociera y pagara todos los factores salariales
correspondientes a los meses de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2003, los cuales quedaron adeudados al finalizar la relación laboral
entre las partes con corte al 31 de diciembre de 2003, junto con sus respectivos
intereses y la sanción moratoria.
4. Finalmente, pidió el reintegro al cargo de celador que desempeñaba en la entidad
«u otro de igual o superior categoría», con efectos retroactivos a partir del 1 de enero
de 2004. Asimismo, pidió el pago de «todas las sumas correspondientes a sueldos,
primas, bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes a su
cargo, desde el 1 de enero de 2004 hasta cuando sea reincorporado al servicio».
De igual manera, solicitó que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 176 a 178 del CCA.
1.2. Hechos
5.El señor Oscar Benítez López, desde el año 2002 hasta el 31 de diciembre de
2003, fue contratado por el director del Departamento Administrativo de Salud del
Chocó mediante órdenes de prestación de servicios para que realizara actividades
como celador en el Centro de Salud de Novita.
6. Durante el tiempo de su vinculación, al actor no se le canceló ningún emolumento
laboral; además, tampoco le fueron pagados los honorarios correspondientes a sus
servicios durante los meses de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2003.
1.3. Sentencia de primera instancia
7.El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito del Chocó dictó sentencia el 24
de septiembre de 2009, mediante la cual condenó al Departamento Administrativo
de Salud del Chocó a reconocer y pagar los honorarios dejados de percibir por el
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Demandante: Oscar Benítez López
demandante durante los meses de junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre
de 2003 y negó las demás pretensiones de la demanda.
8.Para arribar a la anterior conclusión, consideró que no existían pruebas en el
expediente que comprobaran la relación laboral solicitada por el demandante. No
obstante, accedió al pago de los honorarios reclamados, debido a que, al contestar
la demanda, la entidad reconoció que no le pagó la contraprestación
correspondiente a los meses de junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre
de 2003.
1.4. Recurso de apelación
9. El demandante interpuso recurso de apelación contra esa sentencia con el fin
de que se accediera integralmente a las pretensiones. Para sustentar el recurso,
indicó que en el expediente existían pruebas que evidenciaban que entre las partes
se configuró una relación laboral desde el año 2002 hasta diciembre de 2003,
período durante el cual el actor realizó actividades de celador, por lo que debía ser
considerado empleado público y tenía derecho al reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones sociales adeudados.
10. A su juicio, la sentencia de primer grado erró al radicar en cabeza del actor la
carga de probar la subordinación, sin tener en cuenta que las declaraciones
obrantes a folios 231 y 235 y las rendidas por el director del Centro de Salud de
Novita y el director de Dasalud evidenciaban que la relación entre las partes fue de
tipo laboral.
11. Finalmente, solicitó que se adicionara a la condena por concepto de honorarios
no pagados el valor correspondiente al mes de octubre de 2003.
1.5. Sentencia objeto de revisión
12. El Tribunal Administrativo del Chocó dictó sentencia de segunda instancia el 11
de junio de 2010, a través de la cual modificó la de primera instancia en cuanto a la
entidad responsable del cumplimiento de la condena. En efecto, precisó que la
persona jurídica a cargo del reconocimiento y pago de los honorarios no percibidos
por el actor por sus servicios durante los meses de junio, agosto, septiembre,
noviembre y diciembre de 2003 era el departamento del Chocó y no únicamente el
Departamento Administrativo de Salud del Chocó – Dasalud, dado que la demanda
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Demandante: Oscar Benítez López
se dirigió contra el primero y Dasalud no contaba con personería jurídica para actuar
y responder de forma independiente en el proceso.
13. De otro lado, se negaron las pretensiones relacionadas con la existencia de una
relación laboral entre las partes durante el período en que el actor prestó sus
servicios en favor de la entidad demandada.
14. Como fundamento de la negativa a declarar la relación laboral, el Tribunal explicó
que, si bien se probó la prestación personal del servicio del demandante como
celador en favor del Departamento Administrativo de Salud del Chocó – Dasalud
entre el 17 de marzo y el 31 de diciembre de 2003, mediante órdenes de prestación
de servicios, así como su remuneración durante determinados meses —con
excepción de aquellos cuyo pago se reconoció en la sentencia—, no se probó la
subordinación en la prestación del servicio.
15. En efecto, consideró que los testimonios rendidos en el proceso no evidenciaban
que el demandante hubiera recibido órdenes de sus superiores inmediatos o
atendido, en cualquier momento, requerimientos sobre la manera o cantidad de su
trabajo. Por lo tanto, solo se acreditó que entre las partes existió una relación de
coordinación, propia de los contratos de prestación de servicios. Tampoco se probó
la permanencia del servicio del demandante ni la equivalencia o similitud entre sus
funciones y las desarrolladas por otros empleados de planta.
16. De otro lado, se negó la solicitud de adición de la sentencia en cuanto al pago de
los honorarios del mes de octubre de 2003, debido a que «(…) dicho mes no figura
en el periodo reconocido por DASALUD en la contestación de la demanda, visible a
folio 137 al 149 del proceso de marras, y además por que la certificación
correspondiente al mes en mención fue aportada al plenario en fotocopia simple, es
decir, sin reunir los requisitos que exigen los artículos 253 y 254 del C.P.C para su
validez (sic».
1.6. Del recurso extraordinario de revisión
17. La causal invocada. El señor Oscar Benítez López interpuso este recurso contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 11 de junio de
2010, al considerar que se configuró la causal de revisión prevista en el numeral 6.º
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Demandante: Oscar Benítez López
del artículo 188 del Decreto 01 de 19843, únicamente en lo que le fue desfavorable
—es decir, en la decisión de negar la relación laboral y acceder al pago de los
honorarios no percibidos en el mes de octubre de 2003—, con el fin de que se
invalide dicha providencia y se dicte una en su reemplazo.
18. Argumentos de sustentación. Indicó que las actividades realizadas por el actor
como celador se desarrollaron con desconocimiento de las normas que regulan la
manera en que la administración debe proveer los cargos en las entidades públicas,
en tanto fue vinculado mediante contratos de prestación de servicios, pero, en su
ejecución, la relación fue de tipo laboral, dado que confluyeron sus tres elementos
esenciales: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.
19. Destacó, en lo que respecta a la subordinación, que este elemento se probó en
el curso del proceso con los testimonios recaudados y los documentos aportados
que, valorados de forma integral, reflejan que la entidad demandada le impuso un
horario al actor, le programaba turnos y le exigía realizar funciones institucionales
conforme a las disposiciones reglamentarias internas. Asimismo, el actor tuvo jefes
y superiores inmediatos durante todo el tiempo de prestación del servicio. En
consecuencia, debía ser acreedor al pago de las prestaciones sociales y las
indemnizaciones correspondientes por el impago en que incurrió la administración
durante la vinculación.
20. En ese marco fáctico, consideró que el Tribunal, al sostener en su providencia
que no se acreditaban los elementos que componen la relación laboral —debido a
que no analizó correctamente las pruebas del proceso—, desconoció el precedente
fijado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional e incurrió en la causal de
nulidad originada en la sentencia, dado que menoscabó los derechos
fundamentales del actor.
1.7. Intervenciones
21. ElDepartamento del Chocó – DASALUD y el Ministerio Público guardaron
silencio en esta etapa procesal.
3
«ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Son causales de revisión: […] 6. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.»
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Demandante: Oscar Benítez López
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
22. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 186 del Decreto 1 de 1984 y 13 del Acuerdo 080 de
12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.
3.2 De la oportunidad para interponer el recurso
23. De conformidad con lo señalado en el artículo 187 del Decreto 01 de 1984,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral
6.°, la demanda deberá interponerse dentro de los dos años siguientes a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
24. La sentencia impugnada del 11 de junio de 2010 se fijó en edicto el 13 de julio de
2010 y se desfijó el 15 de julio siguiente. El recurso extraordinario, por su parte, fue
radicado 20 de enero de 20114 y, por lo tanto, dentro del término legal.
3.3 Problema jurídico
25. De acuerdo con lo argüido por el actor, le corresponde a la Sala determinar si la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 11 de junio de 2010
incurrió en la causal de revisión contenida en el numeral 6.° del artículo 188 del
Decreto 01 de 1984.
26. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión; y ii) el contenido y alcance de la causal 6. ° del artículo
187 del Decreto 1 de 1984 relativa a la configuración de la nulidad originada en la
sentencia.
3.4 Normas y jurisprudencia aplicables
27. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 185
del Decreto 01 de 1984, establece que:
«ARTÍCULO 185. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones
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Visible a índice 00028 del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Oscar Benítez López
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los
Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia5».
28. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo —jueces y tribunales, así como las subsecciones y secciones de esta
corporación—.
29. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 20206, la Sala Décima Especial de Revisión de este
tribunal —que, si bien fue expedida en vigencia del CPACA, dada la composición y
finalidad de esta figura en el CCA, y la similitud que tiene con la dispuesta en el
CPACA, son consideraciones son aplicables al caso concreto—, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».7
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la
5
Apartado declarado inexequible mediante la sentencia C-520-09 de 4 de agosto de 2009, Corte
Constitucional, magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.
6
Expediente nro. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), C.P. Sandra Liset Ibarra Vélez.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia
de 30 de septiembre de 2014.
7
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Demandante: Oscar Benítez López
doctrina8 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera
excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.9
45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».10
30. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate
propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de
las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir
la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de
las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a
juicio.
31. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada11. En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
8
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884.
9
«1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente
no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada
la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó
una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare
que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de
peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en
el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
10
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15- 000-2003-00133-
00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp.
34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
11
Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente nro. 11001-03-15-
000-2019-00119-00(REV), C.P. Alberto Montaña Plata.
8
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00881-00 (4022-2016)
Demandante: Oscar Benítez López
del juez12 o para corregir errores «in iudicando»13, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados14-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la
aparición de una persona con mejor derecho15-, o fueron sobrevinientes a la decisión
y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal
cuarta,16- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una
nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación17-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese
formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni
pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio
del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».18
12
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15- 000-2008-
00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
13
En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores in iudicando
son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por
interpretación errónea…».
14
Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados».
15
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria.
16
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
17
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
18
Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los
que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-
0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es
admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las
precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se
manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio
del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos
y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un
juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00881-00 (4022-2016)
Demandante: Oscar Benítez López
32. El contenido y alcance de la causal 6. ° del artículo 188 del Decreto 01 de
1984. Dicha norma establece:
«ARTÍCULO 188. CAUSALES DE REVISIÓN. Son causales de revisión:
[…]
6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.».
33. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.
34. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
corporación. En la primera de ellas, se defendió la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso —antes Código de Procedimiento Civil— y
aquellas que impliquen la vulneración del derecho al debido proceso contenido en
el artículo 29 superior19.
35. Por su parte, en la segunda teoría, se señaló que la causal en estudio no se
configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial20. A partir de esta última tesis sostuvo que21:
19
Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor: Sociedad de Mejoras Publicas de
Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros;
del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación
11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor: Panadería La Victoria S.A.
20
A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación: sentencia del
8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01, actor: Julio
César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera, Subsección B, radicación 11001-33-31-035-
2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros; sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda,
Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
21
Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta Subsección
dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
10
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00881-00 (4022-2016)
Demandante: Oscar Benítez López
«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia22 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.
Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201823 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:
• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.
En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional24 y que se configuren en la sentencia».
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-00440-
00.
23
Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se presenta
alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el fallo de segunda
instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General del Proceso) y ii) por desconocimiento
del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de
2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo
inhibitorio no justificado es causal de nulidad constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a una tutela judicial efectiva.
24
En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00, demandante: Pedro José
Vaca López.
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00881-00 (4022-2016)
Demandante: Oscar Benítez López
36. Corolario, las causales de nulidad que se pueden predicar frente a las sentencias
ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas últimas como
aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las garantías
esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
37. Pues bien, conforme con lo analizado, se resolverá el problema jurídico planteado
en precedencia.
3.4 Caso concreto
38. La Sala advierte que el señor Oscar Benítez López invocó formalmente la causal
sexta del artículo 188 del Decreto 01 de 1984. No obstante, analizados los
argumentos del recurso, no se pone de presente que la sentencia proferida por el
Tribunal hubiera incurrido en alguna de las causales de nulidad previstas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 29 de la Constitución
Política o en otra irregularidad que permitiera concluir que con esa decisión se
quebrantaron los principios de justicia y legalidad que rigen las actuaciones
judiciales. Elementos necesarios para que la Subsección proceda con el estudio de
fondo de su recurso.
39. Por el contrario, los argumentos vertidos por el actor se dirigen esencialmente a
censurar que, contrario a lo decidido por el Tribunal Administrativo del Chocó en la
sentencia objeto de reproche, a su juicio si se configuraron todos los elementos de
la relación laboral, en especial el de subordinación, que estimó que existió entre su
persona con el Departamento del Chocó – DASALUD; así como la decisión relativa
a no reconocer judicialmente el pago de los honorarios de su servicio en el mes de
octubre de 2003.
40. En ese contexto, resulta palmario que los reproches de la solicitante pertenecen
a la esfera del análisis jurídico y probatorio que realizó el Tribunal para concluir que
no se acreditó la subordinación en la prestación del servicio y por qué no había lugar
al reconocimiento y pago de los honorarios del mes de octubre de 2003.
Argumentación que, como se indicó en el marco jurídico precedente, es ajeno a la
finalidad del recurso extraordinario de revisión, pues, lo que se pretende con ello es
reabrir un debate judicial ya concluido con la expedición de la sentencia de segunda
instancia y no poner en evidencia una nulidad originada en dicha providencia.
41. Mismo objetivo se evidencia que persigue el recurrente cuando alude que, al
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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00881-00 (4022-2016)
Demandante: Oscar Benítez López
expedir la sentencia censurada, el Tribunal habría incurrido en el desconocimiento
del precedente fijado por la Corte Constitucional y por esta Corporación. Véase que,
en esencia, lo que se busca con ello, igualmente, es reabrir el debate de aquel
proceso bajo el argumento de que no se atendió la jurisprudencia que regula el caso.
Sin embargo, aceptar tal premisa por este medio, es controvertir los juicios de valor
e interpretaciones jurídicas y jurisprudenciales utilizadas por el fallador para
fundamentar su decisión, lo que está vedado a través de este recurso extraordinario.
42. Los anteriores motivos son suficientes para que la Subsección concluya que la
parte actora no sustentó de manera suficiente, razonada y precisa la causal de
revisión invocada. Por consiguiente, lo procedente es declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión promovido en esta oportunidad.
3.5 Condena en costas
43. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 —modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021— establece que «[si] se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
44. Sin embargo, en el presente asunto, comoquiera que no intervino
la contraparte en el trámite del recurso, no hay lugar a la imposición de condenas
en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado
por el señor Oscar Benítez López en contra de la sentencia de segunda instancia
proferida el 11 de junio de 2010, por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2005-00081.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al recurrente, conforme a lo indicado en
esta providencia.
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Demandante: Oscar Benítez López
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el
artículo 186 del CPACA.
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