RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2017-00140-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00140-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00140-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, el 14 de marzo de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00140-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Luis Carlos Legarda Ruiz

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social1 contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2014 por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, por medio de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la UGPP solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 13 de marzo de
2014 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín2, en la cual se
declaró la nulidad parcial de las resoluciones 010033 del 23 de agosto de 2010 y
36970 del 28 de enero de 2011 y se condenó a Cajanal, ahora UGPP, al
reconocimiento y pago de la diferencia que resultara de la indexación que sirvió de
base para la liquidación de la pensión vejez de Luis Carlos Legarda Ruiz entre

1
En adelante UGPP.
2
Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 05001-33-31-003-2011-00699-00;
demandante: Luis Carlos Legarda Ruiz, demandado: UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

1998 y 1999.

Como consecuencia de lo anterior solicitó que i) se revocara la sentencia objeto de
revisión; ii) se declarara que a Luis Carlos Legarda Ruiz no le asistía derecho al
reconocimiento y pago de la diferencia que resultara de la indexación de la base
que sirvió para la liquidación de su pensión vejez, en el periodo comprendido entre
1998 y 1999, comoquiera que el reajuste de la pensión pretende evitar la pérdida
del valor adquisitivo constante que se aplica según la variación porcentual del
índice de precios al consumidor para el año inmediatamente anterior, que para el
presente asunto corresponde al año antes de cumplir la edad, es decir 1998, no
1999 como en efecto fue ordenado; iii) se condenara al demandado al reintegro
del dinero percibido por ese concepto.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Luis Carlos Legarda Ruiz nació el 26 de septiembre de 1944, prestó sus servicios
en la Rama Judicial en los siguientes periodos: desde el 10 de enero de 1966
hasta el 21 de noviembre de 1966, entre el 17 de julio de 1967 y el 14 de enero de
1971 y entre el 1° de febrero de 1971 y el 2 de noviembre 1994. Adquirió el
estatus pensional el 26 de septiembre de 1999. El último cargo ejercido fue el de
Juez Primero Penal de Antioquia.

• Mediante la Resolución 18538 del 4 de septiembre de 2000 la Caja Nacional de
Previsión Social E.I.C.E.3 le reconoció una pensión de vejez sobre el 75% del
salario promedio devengado entre el 1° de abril de 1994 y el 2 de noviembre de
1994, en cuantía de $ 1’600.906.07, con fundamento en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y los decretos 546 de 1971 y 1158 de 1994, efectiva a partir del 26 de
septiembre de 1999, condicionada al retiro definitivo del servicio. A través de la
Resolución 59334 del 15 de noviembre de 2006, la entidad negó la reliquidación
de la mesada solicitada por el pensionado en razón de nuevos factores.

• Mediante la Resolución 41953 del 28 de agosto de 2008, Cajanal dio
cumplimiento a un fallo de tutela del 15 de enero de 2007 y, en consecuencia,
reliquidó la pensión de vejez, incluyó todos los factores salariales, aplicó el 75%
del promedio de la asignación mensual más elevada en el último año de servicio y
elevó la cuantía en $955.768,50, es decir quedó en $2’556.674, efectiva a partir
del 26 de septiembre de 1999, pero con efectos fiscales desde el 20 de junio de
2003, por prescripción trienal, condicionada al retiro definitivo del servicio.

3
En adelante Cajanal.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

• El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín declaró la nulidad de
las resoluciones 010033 del 23 de agosto de 2010 y PAP 36970 del 28 de enero
de 2011, mediante las cuales la entidad previsional reliquidó la prestación del
demandado y condenó a Cajanal al reconocimiento de la diferencia que resultara
de la indexación de la base que sirvió para la liquidación de la pensión de vejez
entre 1998 y 1999.

• A través de la Resolución RDP 028159 del 16 de septiembre de 2014 la UGPP
dio cumplimiento a la mencionada providencia y ordenó el pago de la indexación
de la primera mesada y, en consecuencia, elevó la cuantía a $2’361.167, efectiva
desde el 26 de septiembre de 1999 y mediante la Resolución 028159 del 16 de
septiembre de 2014 corrigió la anterior en el sentido de indicar que su efectividad
era desde el 26 de septiembre de 1999 y con efectos fiscales a partir del 20 de
junio de 2003, por prescripción trienal.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

Mediante sentencia del 13 de marzo de 2014, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al
declarar la nulidad parcial de las resoluciones 010033 del 23 de agosto de 2010 y
36970 del 28 de enero de 2011, en virtud de las cuales la entidad reliquidó la
pensión de vejez. Por lo anterior, condenó a la UGPP al reconocimiento y pago de
la diferencia que resultara de la indexación que sirvió de base para la liquidación
de la prestación entre 1998 y 1999. Asimismo, ordenó que se ajustara ese valor
según la fórmula prevista para ello.

Para tal efecto, concluyó lo siguiente4:

• A Luis Carlos Legarda Ruíz le fue reconocida la pensión vejez mediante la
Resolución 18538 del 4 de septiembre de 2010, en virtud de las leyes 100 de 1993
y 33 de 1985, el Decreto 1158 de 1994 y la sentencia C-168 de 1995 de la Corte
Constitucional. La asignación mensual más elevada para determinar la base de la
pensión de jubilación en el régimen especial de los empleados de la Rama Judicial
incluye la asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo y lo
devengado de manera habitual y periódica.

Con el acto demandando, la UGPP vulneró el principio de inescindibilidad, al
aplicar simultáneamente disposiciones del régimen especial y del régimen general
de pensiones, por cuanto inicialmente indicó que el trabajador era beneficiario del

4
Índice 43 de Samai, actuación: 27_ED_CuadernoN4folios574al851.pdf(.PDF) NroActua 43.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
consiguiente, con base en el Decreto 546 de 1971, debió liquidar la pensión con el
75% de la asignación más alta devengada durante el último año de servicio, con
inclusión de todos los factores percibidos; no obstante, solo tuvo en cuenta el
promedio de la asignación básica obtenida desde la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 hasta el retiro del servicio del empleado.

• El año en el que Luis Carlos Legarda Ruíz adquirió el estatus no coincide con el
último año de servicios, por lo que, con el fin de que la pensión no pierda su valor
adquisitivo, la base para la liquidación de la pensión se debe actualizar a la fecha
en que reunió los requisitos para acceder al derecho, es decir al 29 de septiembre
de 1999, no de 1998, como lo dispuso la Resolución PAP 010033 de 2010.

• A título de restablecimiento del derecho la entidad previsional ordenó reliquidar y
pagar con efectos a partir del 20 de junio de 2003 la pensión vejez, incluidas las
primas de servicio y de navidad, comoquiera que los factores salariales que se
tuvieron en cuenta en la resolución que reliquidó la pensión fueron los enunciados
en el certificado expedido por la jefe de la unidad de presupuesto del Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial y,
además, se tuvo en cuenta la asignación más alta devengada en el último año de
servicios, esto es entre 1993 y 1994.

No obstante, la entidad indexó hasta 1998 y no hasta 1999, cuando el beneficiario
adquirió el estatus, en ese sentido dispuso la indexación desde el año en cual
acreditó el requisito de la edad y la actualización de la diferencia que se generara,
de conformidad con la fórmula prevista para ello.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 20035, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

5
«artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el
reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La
revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el
respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

4

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

• La causal contenida en el literal b) ibidem se configuró porque la cuantía del
derecho reconocido excedió lo debido, al haberse accedido a la reliquidación de
una pensión de vejez con el promedio de lo devengado en el último año de
servicios, evidentemente en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

Lo anterior, porque si bien le era aplicable el Decreto 546 de 1971, respecto de la
edad, el tiempo de servicios y el monto, lo cierto es que, en cuanto a la orden de
indexación de la primera mesada, esta se presentaba cuando el trabajador se
retiraba del servicio activo con el tiempo de servicio requerido para el
reconocimiento pensional, pero cumplía con el requisito de la edad con
posterioridad a esa fecha. Sin embargo, antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993, no se había establecido la indexación del monto de la pensión o de la base
salarial que se tenía en cuenta al momento de liquidarla, puesto que lo que se
consideraba como base correspondía a lo devengado al momento del retiro, a
pesar de que la efectividad de la prestación se daba cuando se cumpliera con la
edad, sin que fuera relevante la devaluación de la moneda.

El demandado cumplió con el requisito de tiempo de servicio el 28 de mayo de
1986, pero continuó laborando hasta el 2 de noviembre de 1994 y adquirió el
estatus el 26 de septiembre 1999, motivo por el cual hay lugar a la aplicación de la
indexación de la primera mesada, toda vez que el retiro sucedió antes de contar
con la edad requerida para el reconocimiento, de modo que la liquidación fue con
base en todos los factores salariales de la asignación mensual más alta
devengada en el último año de servicios, es decir entre el 3 de noviembre de 1993
y el 2 de noviembre de 1994.

Sin embargo, el fallo objetado ordenó reconocer la diferencia de la indexación de
la base que sirvió para la liquidación de la pensión de vejez entre los años 1998 y
1999, con fundamento en que la entidad indexó hasta 1998, no 1999 cuando el
beneficiario adquiere el estatus. Por tal motivo, la irregularidad consiste en ordenar
que se indexe hasta 1999, puesto que lo estipulado es que ello se aplique para el
año inmediatamente anterior, es decir 1998.

En ese orden, la sentencia objeto de revisión incurrió en la causal invocada al
proferirse con absoluto desconocimiento de la normativa y los preceptos

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
6
Índice 43 de Samai, actuación: 27_ED_CuadernoN4folios574al851.pdf(.PDF) NroActua 43.

5

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

jurisprudenciales vigentes para la época y en detrimento de la sostenibilidad
financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Luis Carlos Legarda Ruíz pidió que se rechazara por improcedente la solicitud de
revisión, por las razones que se expresan a continuación7:

• La sentencia del 13 de marzo de 2014 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Medellín que ordenó la indexación de la mesada no ha sido
cumplida, toda vez que no se ha realizado el pago, como puede corroborarse en
los desprendibles de pago y los extractos bancarios de 2014 a 2018.

1.4. El Ministerio Público

No emitió pronunciamiento en esta oportunidad.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y el
artículo 248 del CPACA8.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

7
Índice 52 de Samai, actuación:
39_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)
NroActua 52.
8
«Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación».
«Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
9
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

6

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

2.2. Oportunidad

El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto dentro del término previsto en
el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el 12 de mayo de 201610, pues la sentencia
recurrida fue proferida el 13 de marzo de 2014 y quedó ejecutoriada el 4 de julio
de 201411.

2.3. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente ¿la indexación de la primera mesada
reconocida en la sentencia del 13 de marzo de 2014, por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Medellín excede lo debido según la ley, al haberse
ordenado que se indexe hasta 1999, no hasta 1998, el año inmediatamente
anterior al estatus y, por lo tanto, se configuran los supuestos del literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Indexación de la primera mesada pensional

En virtud de lo previsto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, el
Estado tiene el deber de establecer mecanismos con el fin de que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo y que las pensiones
reconocidas sean reajustadas de manera periódica, en esa línea la norma
constitucional estableció:

«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en
la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

10
Índice 43 de Samai, actuación: 27_ED_CuadernoN4folios574al851.pdf(.PDF) NroActua 43.
11
Índice 43 de Samai, actuación: 27_ED_CuadernoN4folios574al851.pdf(.PDF) NroActua 43.

7

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]».

«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala)

Frente al deber constitucional contenido en las disposiciones transcritas, en
armonía con los derechos a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional12 ha entendido que el derecho a
mantener el poder adquisitivo de las pensiones se enmarca dentro de la categoría
de fundamentales, el cual a su vez contiene: i) el derecho a la actualización del
ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional y ii) la garantía al
reajuste periódico de las pensiones. Esta clasificación fundamental conlleva, entre
otras cosas, al deber de garantizar la efectividad del derecho a mantener el poder
adquisitivo de la pensión, aunque no existe un desarrollo normativo frente a este.

En materia de indexación de la primera mesada pensional esta Corporación13 en
reiteradas oportunidades ha advertido que, si bien no existe norma que de manera

12 Sentencia T-953 de 2013
13
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de diciembre de 2016.
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 23001-23-33-000-2013-00212-01; Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia del 7 de mayo de 2018. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas,
radicación: 23001-23-33-000-2013-00208-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del
20 de febrero de 2020. C.P. César Palomino Cortés, Radicación: 23001-23-33-000-2013-00438-01;
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández, radicación: 23001-23-33-000-2014-00006-01; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 28 de octubre de 2021. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 25000-23-42-

8

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

expresa establezca la actualización de dicha prestación, diferente del reajuste
anual de las mesadas pensionales, no es menos cierto que en desarrollo de los
artículos 48, 53 y 230 Constitucionales ningún trabajador está obligado a soportar
las consecuencias de la devaluación y pérdida del valor adquisitivo de la moneda,
razón por la cual el mecanismo de indexación se convierte en una solución acorde
con los principios de equidad y justicia.

Ciertamente, se reitera que aquel reconocimiento que no esté en armonía con el
valor real del dinero (salario, pensión, entre otros) resulta una carga inequitativa
para el trabajador la cual no está en el deber jurídico de soportar, pues se estaría
no solo frente a un agravio patrimonial, sino ante un empobrecimiento que atenta
contra el principio laboral protectorio14 y la garantía constitucional del pago
oportuno y el reajuste periódico de las pensiones.

En efecto, esta Corporación en sentencia del 12 de abril de 2012 concluyó que, en
atención al criterio de equidad y al principio de igualdad, la actualización del
salario base para liquidar la mesada pensional es procedente no solo
judicialmente, sino también en sede administrativa. Esto señaló:

«si bien no existe norma expresa que la consagre, la jurisprudencia ha desarrollado,
con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48,
53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos
notorios y, por tanto, el trabajador no tiene porque soportar las consecuencias
negativas de dicha situación al tener que recibir al momento de pensionarse sumas
de dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario que
devengaba cuando prestaba sus servicios. En sentencia del 15 de junio de 2000,
con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, se establecieron las
siguientes reglas:

‹No aceptar la indexación del ingreso base del demandante, pretextando que los
últimos años no estuvo vinculado laboralmente luego de haber prestado sus
servicios, por más de 23 años, y de esa manera reconocer su mesada pensional,
con valores deteriorados, constituiría una afrenta a la justicia e iría en contravía de
los postulados Constitucionales citados.

Negar la revalorización de la base de liquidación de la pensión de jubilación,
argumentando ausencia de una disposición precisa que así lo establezca, no
obstante la evidente pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria, es
desconocer la primacía de los principios y valores constitucionales que por mandato
de nuestra Carta se deben observar en las actuaciones judiciales y se incurre en el
pecado que señala el aforismo latino de “sumum jus summa injuria” – derecho

000-2018-01819-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 11 de noviembre de
2021. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación: 05001-23-33-000-2015-00537-01.
14
Según el cual se protege a la parte más vulnerable en la relación laboral, es decir el trabajador.

9

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

estricto injusticia suprema – que se suele utilizar para indicar que al juez no puede
considerársele como un autómata, o esclavo de la norma escrita, por ley debe
entenderse el ordenamiento jurídico como un todo. Incluso, en los casos como el
aquí examinado, la doctrina constitucional permite dejar de lado el texto de la ley
para no proferir decisiones que contraríen el orden justo, valor este constitutivo de
nuestro ordenamiento Constitucional›.

Así las cosas, no se trata del imperio de los criterios auxiliares de la justicia y de la
equidad sobre la ley como estima el recurrente, sino que, al no existir una
disposición legal que se refiera a la indexación de la primera mesada pensional el
juez debe acudir a tales preceptos para evitar que se vulneren los derechos del
trabajador en cuanto a que su ingreso laboral, después de más de veinte años de
servicios, se convierta en una pensión liquidada sobre sumas desvalorizadas por el
paso del tiempo, debido a que al servidor le faltaba cumplir únicamente el requisito
legal de la edad para adquirir el estatus de pensionado.
(…)
Lo contrario sería admitir una situación de desigualdad entre quienes cumplen todos
los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión al momento de su retiro
del servicio y quienes se retiran del mismo por haber cumplido el tiempo de servicios
quedándoles faltando únicamente tener la edad para acceder a dicha prestación,
como ya se anotó, pues mientras tanto ven disminuido el monto de la mesada inicial,
por cuanto las normas del sistema general de pensiones en especial, el artículo 14
de la Ley 100 de 1993, contemplan es la actualización anual de las pensiones que
ya fueron concedidas, en forma equivalente al Índice de Precios al Consumidor
certificado por el DANE (reajuste en el IPC) y, por excepción, cuando las pensiones
sean de cuantía equivalente al salario mínimo legal, se reajustan en el porcentaje
que sea mayor entre el IPC o el porcentaje en que se haya aumentado el salario
mínimo»15.

En línea con lo expuesto, la Corte Constitucional16 indicó:

«Ahora bien, tal reconocimiento legal no se trata de un mero acto de liberalidad del
Legislador, pues la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se trata de la
materialización de diversos preceptos de rango constitucional, los cuales configuran
realmente un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho, además de estar consagrado
expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, puede derivarse de una
interpretación sistemática de distintos enunciados normativos constitucionales.

(…)

Adicionalmente, el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser
reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato
diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por
tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta
insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional

15
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 12 de abril de 2012, C.P. Gerardo Arenas
Monsalve, expediente 25000-23-25-000-2008-00800-01.
16
C-862 del 19 de octubre de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.

10

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine,
precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a
los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas
excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a
la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha
denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de
manera tal que su titularidad se reserva a una determinada categoría de sujetos –los
pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto
exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es
un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera
edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al
conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital, en esa medida se han
establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional vulnera el
derecho al mínimo vital. Por lo tanto la actualización periódica de esta prestación es
simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a
favor de los pensionados, por regla general adultos mayores o personas de la tercera
edad y por lo tanto sujetos de especial protección constitucional.

(…)

Las anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que hace referencia al
contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque a
juicio de esta Corporación éste no se limita a la actualización de las mesadas
pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también
incluye la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada. Al
respecto cabe destacar que las numerosas decisiones de tutela proferidas por esta
Corporación en las cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para
liquidar la pensión de jubilación se ha entendido que esta pretensión en concreto esta
cobijada por el derecho a la actualización de las mesadas pensionales.

(…)

Independientemente de la línea argumentativa que se siga, es decir, bien sea que se
entienda que la indexación de la primera mesada pensional es una pretensión
específica que hace parte del derecho a la actualización de la mesada pensional, o
bien sea que se afirme que se trata de un derecho autónomo que encuentra también
fundamento en el derecho al mínimo vital y en los artículos 53 y 48 constitucional, esta
Corporación lo ha protegido en numerosas ocasiones en sentencias de revisión de
fallos de tutela. En dichas oportunidades la Corte Constitucional encontró también
fundamento para la protección en el artículo 29 constitucional por considerar que las
decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción laboral que desconocían el derecho a
la indexación de la primera mesada pensional configuraban una vulneración del
derecho al debido proceso de los trabajadores».

Así las cosas, frente al vacío normativo sobre la indexación del IBL de las
prestaciones pensionales y sus consecuencias negativas, es necesario y acertado
ordenar su reajuste en atención al carácter especial que gozan las prestaciones
pensionales.

11

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

2.5. Caso concreto

En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

En esta oportunidad no se discute el derecho pensional, el régimen aplicable ni los
factores salariales, razón por la cual esta Subsección no encuentra mérito para
realizar estudios adicionales a los que se abordarán a continuación, esto es los
relativos a la indexación de la primera mesada, tal como fue expuesto en la
demanda de revisión.

Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es la del literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra que el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Medellín condenó a la UGPP al pago de la indexación de la primera
mesada hasta 1999, comoquiera que en ese año adquirió el estatus, al haber
acreditado el requisito de la edad, por cuanto el de tiempo de servicio ya lo había
cumplido.

De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que el demandante i) nació el 26 de
septiembre de 1944 y adquirió su estatus pensional el 26 de septiembre de 1999
al cumplir 55 años de edad, ii) con la Resolución 18538 del 4 de septiembre de
2000 le fue concedida la pensión de vejez por el monto de $1’600.906, efectiva a
partir del 26 de septiembre de 1999, condicionada al retiro definitivo del servicio,
iii) mediante la Resolución 59334 del 15 de noviembre de 2006 la UGPP negó la
reliquidación, iv) en cumplimiento del fallo de tutela del 15 de enero de 2007, la
entidad ordenó por medio de la Resolución 41953 la reliquidación de la prestación
en cuantía de $955.768,50, efectiva a partir del 26 de septiembre de 1999, pero
con efectos fiscales desde el 20 de junio de 2003, por prescripción trienal,
condicionada al retiro definitivo del servicio, v) con la Resolución 010033 del 23 de
agosto de 2010 la UGPP reliquidó la pensión y elevó la cuantía a $2’361.167,53,
decisión confirmada el 28 de enero de 2011, mediante la Resolución PAP 036970
y vi) mediante la Resolución RDP 028159 del 16 de septiembre de 2014 se dio
cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Medellín, el 13 de marzo de 2014 y, en consecuencia, se indexó la primera
mesada, efectiva desde el 26 de septiembre de 1999, con efectos fiscales a partir
del 20 de junio de 2003 por prescripción trienal, cuya fecha aplicada en razón a
ese fenómeno será la tenida en cuenta en la resolución PAP 010033 del 23 de
agosto de 2010.

En esas condiciones, la Sala observa que le asistió razón al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Medellín al ordenar la indexación de la primera
mesada hasta 1999, comoquiera que ese proceso objetivo de actualización en los

12

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

casos como el que es objeto de estudio, se hace con el fin de que el pensionado
no asuma las consecuencias negativas generadas por la depreciación del dinero
que afectaría el salario con base en el cual le sería liquidada su pensión por el
tiempo que transcurrió entre la fecha de su retiro efectivo del servicio y la fecha en
la que adquirió el estatus.

Así las cosas, el derecho a que sea indexada la primera mesada surge cuando el
salario con base en el cual se liquida la prestación ha perdido su valor o poder
adquisitivo, como consecuencia del transcurso de los años y de la presencia de
agentes económicos que lo afectan negativamente, en el asunto objeto de
examen, entre las fechas de retiro del servicio y de adquisición del derecho al
reconocimiento pensional, como sucedió en el caso en estudio, en razón a que
Luis Carlos Legarda Ruíz se desvinculó de la Rama Judicial en el año de 1994 y
adquirió el estatus de pensionado en septiembre de 1999, motivo por el cual,
resultaba ajustada la orden de indexación de la primera mesada hasta el año de
1999, por cuanto hasta esa oportunidad adquirió el estatus.

Así las cosas, la orden emitida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Medellín respecto de la indexación de la pensión vejez reconocida a Luis
Carlos Legarda Ruíz, no evidenció un incremento desproporcionado. Por lo que, la
sala concluye que la situación en estudio no es de aquellas que puedan ser
consideradas como un abuso del derecho o fraude a la ley.

En tales condiciones, la Sala concluye que en la sentencia del 13 de marzo de
2014 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín no
se incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003
y, por lo tanto, se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por la
UGPP.

2.5. Costas

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala no encontró acreditada la configuración
de la causal invocada, la señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

Como consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre

13

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00140-00 (0806-2017)
Demandante: UGPP

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, el 14 de marzo de 2014, por las
razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Vmtl

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.