Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00184-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00184-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00184-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
24 de marzo de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 24 de marzo de 2022.
Expediente: 110010325000201700184 00 (1125-2017).
Medio de control: Nulidad Simple
Demandante: Edgar Piñeros Rubio.
Demandados: Nación / Ministerio de Hacienda y Crédito Público /
Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP) / Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. El Consejo de Estado, a través de la Sección Segunda, Subsección B,
procede a emitir sentencia de única instancia en la presente causa judicial.1
I.- LA DEMANDA
1.1.- TEXTO DE LA NORMA REGLAMENTARIA DEMANDADA
2. La Sala conoce de la demanda de «Nulidad» que tiene por objeto
desvirtuar la presunción de legalidad del inciso 2° del artículo 9° del Decreto
4050 de 2008,2 proferido por el Presidente de la República en desarrollo de
la Ley 4ª de 1992.3 La norma regula el «incentivo por Desempeño Nacional»
para los empleados públicos de la DIAN, en cuanto, entre otras, establece
que «este incentivo no constituirá factor salarial para ningún efecto legal».
3. Para la mejor compresión del asunto en estudio, a continuación la Sala
trascribe la norma reglamentaria demandada y subraya la expresión acusada:
«ARTÍCULO 9. Incentivo por desempeño nacional. Modificase el artículo
7 del Decreto 1268 de 1999 el cual queda así:
Es la retribución económica que se reconoce a los empleados públicos de la
DIAN, que ocupen cargos de la planta de personal de la Entidad, referida al
desempeño colectivo de los empleados públicos y relacionada con el
cumplimiento de las metas de recaudo nacionales.
1
Con informe de la Secretaría de 5/08/2021.
2
Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
3
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
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Este incentivo se causará por períodos semestrales y dará derecho al
reconocimiento de un pago correspondiente a dicho periodo, el cual podrá
ser hasta del doscientos por ciento (200%) del salario mensual que se
devengue, previa verificación del cumplimiento de dichas metas por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Este incentivo no constituirá factor salarial para ningún efecto legal»
(Subrayado de la Sala).
1.2.- CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Contra el acto administrativo acusado parcialmente, el demandante
formuló los siguientes cargos, reparos o censuras, que la Sala resume a
continuación:
(i) Ejercicio desbordado de la facultad reglamentaria prevista en la Ley
4ª de 1992,4 porque supuestamente, el Gobierno Nacional excedió la facultad
reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 constitucional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
pues no atendió los criterios legales para desarrollarlo. Explicó el actor, que
el Legislador, a través del artículo 2° de la Ley 4ª de 1992, autorizó al
Ejecutivo para que fijara ese sistema siempre que respete derechos
adquiridos y no cause desmejora en ellos, de manera que el Gobierno está
autorizado para crear prestaciones con eminente carácter salarial. En
consecuencia, no le está permitido establecer prestaciones sociales sin esa
particularidad.
5. Adujo puntualmente la parte demandante, que el Gobierno Nacional
excedió el ejercicio de sus facultades reglamentarias, pues, mediante el
artículo 9° del Decreto 4050 de 22 de octubre de 2008, creó para los
funcionarios de la DIAN una prima por desempeño laboral sin carácter
salarial, determinación que para él, vulnera el concepto de salario que regula
el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo (subrogado por el artículo
14 de la Ley 50 de 1990), así como los principios de protección al salario y al
trabajo previstos en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.
6. Aseguró en ese sentido, que a partir de lo dispuesto en la disposición
acusada, se desprende que el incentivo por desempeño nacional sí es salario,
toda vez que se reconoce por la eficiencia en el esfuerzo conjunto de los
empleados, se liquida conforme al volumen de recaudo y logros con respecto
a las metas fijadas y su pago es semestral, particularidades que lo tornan de
modo inobjetable en parte del salario.
7. Por otra parte, indicó que mediante el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
el legislador creó una prima especial para algunos funcionarios de la Rama
4
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
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Judicial, prestación que, en principio, no fue reconocida como factor salarial;
no obstante, la citada disposición fue modificada mediante la Ley 332 de
1996,5 en el sentido de conferir a dicha prima ese carácter para efectos de
cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
(ii) Vulneración directa de las normas constitucionales y legales que
definen el concepto de salario y constituyen el fundamento para la
protección del derecho al trabajo y la pensión.
8. Manifestó que el incentivo que reglamenta la disposición acusada fue
creado inicialmente por medio del Decreto 1647 de 1991, modificado por el
artículo 10 del Decreto 1268 de 1999, como una prima de productividad de
contenido económico remunerativo. Luego, con la expedición del Decreto
4050 de 2008, se reguló con la denominación de incentivo por desempeño
nacional.
9. Afirmó, que el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 al determinar los
factores de salario para la liquidación de pensiones, incluyó en su literal ll) las
primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto
3130 de 1968. De esta manera, el dar carácter no salarial al incentivo
nacional, transgrede derechos adquiridos y los principios de progresividad,
de la autosostenibilidad del Sistema de Seguridad en Pensiones y de la
primacía de la realidad sobre las formas. Además, vulnera la inescindibilidad
de la norma jurídica y desconoce que la cotización para el Sistema General
de Pensiones se hace con base en el salario o ingresos del trabajador.
10. De esta manera, el parágrafo demandado le causa a los servidores de
la DIAN un menoscabo patrimonial, pues el monto que se les paga, pese a
que se basa en la eficiencia de los resultados, no consulta el trabajo realizado
ni en su calidad ni en su cantidad6.
II.- OPOSICIÓN A LA DEMANDA
11. Para defender la legalidad del acto administrativo demandado y
oponerse a los razonamientos de la demanda, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el DAFP y la DIAN en sus escritos de contestación y de
alegatos de conclusión,7 argumentaron en esencia, lo siguiente:
12. Sobre el supuesto exceso de la facultad reglamentaria, las entidades
demandadas indicaron que el aparte normativo acusado que determinó que
el «incentivo por desempeño nacional» no tiene carácter salarial, no
desconoce los criterios y principios que el legislador le estableció al Gobierno
5
Por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
6
El demandante reiteró los argumentos de la demandada en el escrito de alegatos de conclusión,
registrado en el índice 36 de SAMAI.
7
Los memoriales de alegatos de conclusión de la DIAN, el DAPFP y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público registrados en los índices 31, 33 y 37 de la plataforma de SAMAI, respectivamente.
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Nacional que fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, pues el ejercicio de esa competencia está sujeta a criterios de
razonabilidad y al marco de la política macroeconómica y fiscal y a la
racionalización y disponibilidad de los recursos. En esa medida, el Ejecutivo
bien podía señalar que el incentivo del desempeño no constituye factor
salarial, pues su finalidad fue simplemente la de motivar a los empleados para
la obtención de mejores metas en el recaudo.
13. La DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público también
consideraron que los argumentos de la parte demandante no tienen vocación
de prosperidad porque el Decreto 1647 de 1991 fue la norma inicial que creó
el incentivo de desempeño grupal sin carácter salarial, disposición que luego
vino a ser modificada por los Decretos 1268 de 1999 y 4050 de 2008, normas
en las que se conservó esa limitación.
14. Sobre el carácter del incentivo por desempeño grupal, sostuvieron que
no constituye factor salarial porque no retribuye la labor ordinaria del servidor
sino que su reconocimiento está ligado al cumplimiento de metas de recaudo
tributario.
III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
15. El Ministerio Público rindió concepto a través de su Procuradora
Segunda Delegada ante esta Corporación,8 quien solicita se niegue la
pretensión de nulidad del aparte normativo contenido en el inciso 2° del
artículo 9° del Decreto 4050 de 20089, norma que al regular el incentivo por
desempeño nacional establece que «Este incentivo no constituirá factor
salarial para ningún efecto legal», por las siguientes razones:
16. Conforme al principio de primacía de la realidad, la naturaleza salarial
de algún emolumento surge de la verificación en la realidad de si lo que se
percibe se recibe a título de contraprestación directa del servicio, de manera
habitual y permanente. Lo anterior, independientemente de la definición con
que el respectivo emolumento haya sido concebido en el contrato de trabajo,
en la ley o en el reglamento y de la naturaleza jurídica que el instrumento o
formalismo jurídico le haya otorgado.
17. La norma acusada no contraviene los principios de la Ley 4ª de 1992 a
los que está sujeta el ejercicio de esa facultad reglamentaria, al determinar
que el incentivo por desempeño nacional no constituye factor salarial.
18. El inciso acusado no desconoce la definición del concepto de salario
en su sentido más amplio, dado que ese incentivo no corresponde a una
retribución habitual y permanente sino ocasional, al depender de las metas
que alcancen los servidores de la DIAN en los periodos establecidos para tal
8
Registrado en el índice 35 de SAMAI.
9
Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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fin. La expresión acusada tampoco vulnera sus derechos adquiridos ni
desmejoró sus condiciones laborales, pues no se trata de derechos que se
hayan consolidado en cabeza de los citados empleados públicos, dado que
desde su creación en el Decreto Ley 1647 de 1991, el incentivo por
desempeño grupal no fue concebido como factor salarial.
IV.- CONSIDERACIONES
19. Como se expuso al fijar el litigio, los cargos, reparos o censuras
expuestos por la parte demandante, así como los motivos de oposición
aducidos por los intervinientes en defensa de la legalidad del acto
administrativo acusado, muestran a esta Corporación que los problemas
jurídicos a resolver en este proceso son los siguientes:
1.- PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER
Establecer, si el Gobierno Nacional se excedió en el ejercicio de la facultad
reglamentaria que le confiere la Constitución para desarrollar las leyes
marco, al señalar, en la disposición demandada, que el «Incentivo por
Desempeño Nacional» para los empleados de la DIAN no constituye factor
salarial, puesto que, según la parte demandada, la Ley 4ª de 199210 no
facultó al ejecutivo para restarle el carácter salarial a las prestaciones
sociales.
Determinar, si la disposición objeto de reproche, vulnera de forma directa
las normas constitucionales y legales que definen el concepto de salario y
sirven de fundamento para la protección del derecho al trabajo y a la
seguridad social, tales como los artículos 25 y 53 constitucional, 127 del
Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, 12 de la Ley 10 de
1934 y el Convenio 95 de 1946 de la OIT.
2.- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
2.1.- PRIMER PROBLEMA JURÍDICO: Establecer, si el Gobierno
Nacional se excedió en el ejercicio de la facultad reglamentaria que le
confiere la Constitución para desarrollar las leyes marco, al señalar, en
la disposición demandada, que el «Incentivo por Desempeño Nacional»
para los empleados de la DIAN, no constituye factor salarial, puesto que,
según la parte demandada, la Ley 4ª de 1992 11 no facultó al ejecutivo
para restarle el carácter salarial a las prestaciones sociales.
10
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política.
11
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política.
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20. Con el propósito de resolver el primer problema jurídico propuesto, a
continuación la Sala analizará los siguientes temas: (i) concepto, límites y
características de la potestad reglamentaria, (ii) criterios que debe observar
el gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos (iii) Antecedentes del incentivo por desempeño nacional
y la prima de gestión tributaria, aduanera y cambiaria, y (iv) pronunciamiento
de la Sala de decisión.
2.1.1.- CONCEPTO, LÍMITES Y CARACTERÍSTICAS DE LA POTESTAD
REGLAMENTARIA
21. En nuestro ordenamiento jurídico, la «potestad reglamentaria» es una
función administrativa que comprende una atribución constitucional propia del
Presidente de la República, en virtud de la cual, el primer mandatario está
autorizado para expedir normas de carácter general e impersonal, cuya
naturaleza es la de actos administrativos que reciben el nombre de decretos
reglamentarios. Ellos tienen como propósito propender por la correcta
ejecución, cumplimiento y eficacia de las leyes, esto es, «dar vida práctica a
la ley»,12 «convertir en realidad el enunciado abstracto de la ley».13
22. Al respecto, el artículo 189.11 de la Constitución señala, que
«Corresponde al presidente como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa: […] 11. Ejercer la potestad reglamentaria,
mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios
para la cumplida ejecución de las leyes».
23. Así pues, a través de la «potestad reglamentaria» se desarrollan las
reglas generales contenidas en la legislación, se explicitan sus contenidos,
hipótesis y supuestos, y se indica la manera de cumplirla, es decir, la forma
de hacerla operativa. Ello por cuanto, si bien el legislador puede llegar a ser
muy minucioso, preciso y claro, y por consiguiente, la tarea del Ejecutivo de
reglamentar la ley se minimiza, a veces, puede suceder lo contrario, es decir,
que el Congreso no sea tan prolijo en los textos legales, dejando al Gobierno
Nacional el detalle.
24. Sobre las notas esenciales de la «potestad reglamentaria», la Corte
Constitucional ha afirmado, que es «una atribución constitucional inalienable,
intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier
tiempo y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para la
que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley»;14 a su
12
Consejo de Estado, Sala Unitaria de lo Contencioso Administrativo. Auto de 14 de junio de 1963.
M. P. Alejandro Domínguez Molina. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, M.P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez. Radicación 11001-03-25-000-2010-000235-00(1973-10); Consejo de
Estado, Sección Segunda, M.P Luis Rafael Vergara Quintero, radicación 11001-03- 25-000- 2010-
00240- 00(2019-10) de julio 6 de 2015; Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de julio
de 1994, proferida en el exp. 5393, M.P Guillermo Chahín Lizcano
13
Sentencia C-1005 de 2008, M.P Humberto Sierra Porto.
14
Sentencia C-028 de 1997, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.
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vez, el Consejo de Estado ha señalado, que su finalidad es «permitir la
ejecución de la ley, esta facultad no apareja la interpretación, modificación,
limitación o ampliación de los contenidos legislativos, como tampoco el modo
de encuadrar las distintas situaciones jurídicas en los supuestos que
contiene».15
25. Ahora bien, la «potestad reglamentaria» no es absoluta, pues, está
sujeta a ciertos límites, que no son otros que los que la Constitución y la ley
misma imponen, ya que: (i) no puede el Gobierno Nacional, so pretexto de
reglamentar la legislación, contrariar los postulados, pilares, valores,
principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, y (ii)
tampoco le es permitido al Ejecutivo, al momento de desarrollar una ley,
ampliar, restringir, suprimir, alterar o modificar su espíritu o contenido. 16
26. En suma, según el Consejo de Estado, las características o rasgos
distintivos de la potestad o facultad reglamentaria, son las siguientes:17
• Conlleva el ejercicio de una función administrativa.18
• Tiene como propósito precisar y detallar la ley para que de esta forma
pueda ejecutarse adecuadamente.19
• Finaliza con la expedición de actos de carácter general y abstracto,20 los
cuales, cuando son dictados por el señor Presidente de la República,
reciben el nombre de decretos reglamentarios.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 2 de julio de 2020. Radicación
número: 11001-03-25-000-2017-00032-00(0098-17).
16
Corte Constitucional. Sentencia C-302 de 1999. Sobre el particular se pueden consultar, entre otras,
las sentencias C-557 de 1992, C-028 de 1997, C-432 de 2004, C-1262 de 2005, C-953 de 2007, C-
372 de 2009 y C-810 de 2014.
17
En el Concepto de 19 de septiembre de 2017, proferido en el exp 2016-220(2318), la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Germán Bula Escobar,
el Consejo de Estado estudió y explicó las notas esenciales de la facultad reglamentaria del Gobierno
Nacional.
18
«El numeral 11 del artículo 189 C.P. atribuye la potestad reglamentaria al Presidente de la
República como Suprema Autoridad Administrativa, por lo que su ejercicio corresponde al
cumplimiento de una función administrativa que se sujeta, por definición, a la observancia de normas
superiores como son la Constitución Política y la ley». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014. Radicación número: 11001-03-06-000-2014-000120-
00(2213).
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de
marzo de 2016. Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de febrero de 2016.
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00018-00.
20
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de abril de 2015. Radicación
número: 11001-03-06-000-2014-00174-00 (2223). Corte Constitucional. Sentencia del 1 de agosto
de 2001, C-805-01.
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• El acto que resulta de su ejercicio, es decir, el decreto reglamentario, no
es una nueva ley, sino un acto administrativo complementario de esta.21
• Promueve la organización y el funcionamiento de la administración.22
• Representa un mecanismo de colaboración entre los poderes legislativo y
ejecutivo.23
• Facilita la inteligencia y entendimiento de la ley por parte de la
administración y los administrados.24
• No puede ejercerse en el caso de materias que deben necesariamente
regularse a través de una ley.25
• Al ser una atribución otorgada constitucionalmente al Presidente de la
República, en su calidad de primera autoridad administrativa, no necesita
de norma legal expresa que la confiera, ni puede ser limitada en cuanto a
la materia y el tiempo en que pueda utilizarla, mientras continúe vigente la
norma legal a reglamentar; por ello, esta facultad no es susceptible de
renuncia, transferencia o delegación por el Gobierno Nacional a otro
órgano del Estado.
• Además, el Presidente de la República no requiere autorización por parte
del Legislador para el ejercicio de su facultad reglamentaria, de manera
que si éste establece en la ley que el mismo reglamentará la materia, dicha
indicación debe entenderse simplemente como el reconocimiento de que
para su efectivo cumplimiento es necesaria la expedición de una
reglamentación, bajo el concepto de colaboración armónica que sustenta
la estructura y el funcionamiento del Estado.
• No es absoluta, en virtud de encontrarse limitada. En este sentido, la
jurisprudencia ha señalado que no es posible ejercer la potestad
reglamentaria cuando se trate de una ley que incorpore disposiciones
precisas y claras que no requieren de una regulación adicional para su
ejecución (límite por necesidad).26 Asimismo se ha indicado que entre más
detallada sea la norma expedida por el legislador, menor será el ámbito
de acción de la administración para reglamentar la norma. Igualmente,
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 6 de
junio de 2013. Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00284-00.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de
marzo de 2016. Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 10 de
septiembre de 2015. Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00054-00(21025).
24
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.
Radicación número: 11001-03-06-000-2014-000120-00(2213).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 12 de
marzo de 2015. Radicación número: 11001-03-26-000-2008-00060-00(2174-12).
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
agosto de 2013. Radicación número: 11001-03-26-000-2005-00076-00(32293)A.
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entre menos detallada sea la ley, mayor será el campo de actuación del
Ejecutivo.27 Con todo, el límite más importante para el ejercicio de la
potestad reglamentaria es su subordinación a la ley,28 tanto desde el punto
de vista jerárquico29 como sustancial. En consecuencia, a través de la
potestad reglamentaria no es posible ampliar, restringir, modificar o
contrariar la norma promulgada por el legislador (límite por competencia),30
así como tampoco limitar o impedir la realización de los fines perseguidos
por esta.31
• Las facultades de producción normativa de la administración tienen un límite
incuestionable en el contenido de las normas respecto de las cuales pueda
predicarse una superioridad jerárquica. Así, tratándose de los reglamentos
(i) expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de la potestad
reglamentaria que le atribuye el artículo 189.11 Superior; de los (ii)
reglamentos que desarrollan leyes habilitantes y de los (iii) reglamentos
expedidos por otras autoridades administrativas en asuntos especializados
de su competencia, se ha dicho que su propósito es complementar la ley en
la medida en que sea necesario para lograr su cumplida aplicación, cuando
se requiera por ejemplo, precisar definiciones o aclarar etapas del
procedimiento previsto en aquella. En ese orden de ideas, si lo que se busca
es permitir la ejecución de la ley, esta facultad no apareja la interpretación,
modificación, limitación o ampliación de los contenidos legislativos, como
tampoco el modo de encuadrar las distintas situaciones jurídicas en los
supuestos que contiene.32
27. Luego de estudiar de manera breve lo relacionado con la facultad
reglamentaria y sus características, a continuación la Sala estudiará los
antecedentes normativos del incentivo por desempeño nacional, con el
propósito de establecer si al haber determinado que esa prestación no
constituye factor salarial para los servidores públicos de la DIAN, el Gobierno
Nacional se excedió sí o no, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, con
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de
marzo de 2016. Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de febrero de 2016.
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00018-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28 de febrero de 2013. Radicación número: 11001-
03-25-000-2007-000630-00(1299-07). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera. Sentencia del 16 de abril de 2015. Radicación número: 11001-03-24-000-2013-
00128-00.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de
febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00018-00.
29
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 18 de junio de 2014. Radicación
número: 11001-03-06-000-2013-000193-00(2143).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 1º de
agosto de 2013. Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00102-00(1700-06).
31
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de abril de 2015. Radicación
número: 11001-03-06-000-2014-00174-00 (2223).
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de octubre de 2010, Radicación 11001-03-
25-000-2005-00125-00(5242-05), Actor: Asociación Antioqueña de Empresas Sociales del Estado.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-015-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
Radicación 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-2016), Actor: Julio César Benavides Borja.
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ocasión de lo dispuesto en inciso 2° del artículo 9° del Decreto Reglamentario
4050 de 2008.33
2.1.2.- CRITERIOS QUE DEBE OBSERVAR EL GOBIERNO NACIONAL PARA
LA FIJACIÓN DEL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS
28. El artículo 150 Constitucional, numeral 19, literal e) señala, que el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, debe ser fijado por
el Gobierno Nacional de conformidad con los criterios y objetivos que
establezca el legislador en la respectiva «ley marco» o «ley cuadro», como
también se les ha denominado a dichas normas.
29. Por lo tanto, luego de la expedición de la Constitución de 1991, en lo
que se refiere al «régimen salarial y prestacional» de los empleados públicos
en general, de los miembros del Congreso de la República y de la Fuerza
Pública, el Legislativo inicialmente delegó su fijación al Gobierno Nacional a
través de la Ley Marco 4ª de 1992.34 La norma señaló en sus artículos 2º y
3º, los siguientes criterios y objetivos para ejercer dicha atribución:
«Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá
en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
a). El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto
del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se
podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
b). El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c). La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los
servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d). La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e). La utilización eficiente del recurso humano;
f). La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las
condiciones predominantes en las actividades laborales;
g). La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del
personal a su servicio;
h). La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i). La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j). El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
k). El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los
niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y
entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;
33
Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
34
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
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l). La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas
generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en
cuenta como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la
antigüedad;
ll). El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de
localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo
justifiquen, para la Rama Legislativa.
Artículo 3º. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad
con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración
para cada cargo o categoría de cargos». (Subraya la Sala).
30. De acuerdo con la norma transcrita, la determinación del régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, entre los que se incluyen a
los que laboran al servicio de la DIAN, debe atender, entre otros criterios, al
«nivel», «rango», «categoría» y «estructura» de los empleos, esto es, la
«naturaleza de las funciones», sus responsabilidades y las calidades exigidas
para su desempeño; y por supuesto, a la «racionalización de los recursos
públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para
cada organismo o entidad».
31. Siguiendo el esquema metodológico propuesto, a continuación la Sala
revisa la forma en la que el incentivo por desempeño nacional, denominado
posteriormente como prima de gestión tributaria, aduanera y cambiaria, está
regulado para los servidores de la DIAN.
2.1.3.- ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL INCENTIVO POR DESEMPEÑO
NACIONAL Y LA PRIMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, ADUANERA Y CAMBIARIA
32. La Ley 49 del 28 de diciembre de 199035, en el artículo 35 otorgó
facultades al Presidente de la República, para que adoptara medidas
tendientes a «Modernizar y tecnificar la administración tributaria.», entre ellas,
la establecida en el numeral 2 de la disposición, esto es, la de «Definir el
carácter de los funcionarios de la administración tributaria, establecer su
régimen salarial y prestacional, el sistema de planta, su nomenclatura y
clasificación, su estructura administrativa, sus competencias y sus funciones,
así como crear la carrera tributaria en la cual se definan las normas que
regulen la administración de personal.»
33. En ejercicio de tales facultades extraordinarias y oída la comisión de
consulta de que trata el artículo 8036 de la misma Ley, el Presidente de la
35
Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden
normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones.
36
ARTICULO 80. Comisión de consulta para el ejercicio de las facultades extraordinarias. Para el
ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República mediante los
artículos 25, 29, 35, 37, 61, y 79 esta Ley, el Gobierno deberá oír previamente una comisión integrada
por tres senadores y tres representantes de las Comisiones Terceras de Senado y Cámara, elegidos
por éstas o en su defecto por la Comisión de la Mesa.
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República expidió el Decreto Ley 1647 del 27 de junio de 1991 37. La norma,
en su artículo 65, creó la prima de productividad como un emolumento, sin
carácter salarial, al que tendrían derecho los funcionarios de carrera tributaria
como reconocimiento a su rendimiento satisfactorio en el desempeño de las
funciones y logro de las metas de gestión. La prestación se liquidaba por
niveles de calificación y se determinaba por los siguientes cuatro factores: i)
individual, ii) plural, iii) por gestión y iv) nacional. Sobre este último, el artículo
66 reguló, lo siguiente:
«[…] d) NACIONAL. Referido al cumplimiento semestral y anual de las metas
de la entidad y se reconocerá a todos los funcionarios de la carrera tributaria,
se causará semestralmente y no podrá ser superior al 200% del salario
mensual más la prima de dirección.
Igualmente se podrán conceder bajo este concepto reconocimientos
especiales a la productividad, aprobados por el Comité del Fondo de Gestión
Tributaria. […]»
34. Posteriormente, el congreso le confirió facultades extraordinarias al
Presidente de la República, por medio del artículo 79 de la Ley 488 del 24 de
diciembre de 199838, para establecer el régimen salarial y prestacional de los
funcionarios de la DIAN. En ejercicio de ellas, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 1072 de 199939. En su artículo 90, la norma estableció «Estímulos
especiales. Como parte del reconocimiento de los méritos obtenidos en el
desempeño de sus funciones, así como del desempeño dentro de la carrera,
y de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Director
General, los servidores de la contribución podrán ser objeto de estímulos
especiales de carácter económico y/o de otra índole.»
35. En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de
199240, el Presidente de la República expidió el Decreto 1268 del 13 de julio
de 1999.41 La norma determinó el incentivo por desempeño nacional en los
siguientes términos:
«Artículo 7. Incentivo por desempeño nacional. Es la retribución
económica que se reconoce a los servidores de la contribución, que ocupen
37
Por el cual se establece el Régimen de Personal, la carrera tributaria, sistema de planta y el régimen
prestacional de los funcionarios de la Dirección de Impuestos Nacionales, se crea el Fondo de Gestión
Tributaria y se dictan otras disposiciones.
38
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las
Entidades Territoriales.
39
por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera de los servidores públicos de la
contribución y se crea el Programa de Promoción e Incentivos al Desempeño de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
40
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
41
por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la
contribución de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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cargos de la planta de personal de la entidad, referida al desempeño colectivo
de los servidores de la contribución y relacionada con el cumplimiento de las
metas de recaudo nacionales. Este incentivo se causará por períodos
semestrales y dará derecho al reconocimiento de un pago correspondiente a
dicho período, el cual podrá ser hasta del ciento cincuenta por ciento (150%)
del salario mensual que se devengue.
Este incentivo no constituirá factor salarial para ningún efecto legal.»
(Negrilla fuera de texto.)
36. La Corte Constitucional, en sentencia C-725 de 200042, declaró la
inexequibilidad del numeral 2 del artículo 79 de la Ley 488 de 1998 43, que le
confirió facultades extraordinarias al Presidente para establecer el régimen
salarial y prestacional del personal analizado, por considerar que desconocía
el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, que contiene la prohibición
para que el Legislativo atribuya competencias para dictar normas relativas a
materias que deban ser reguladas de manera privativa a través de ley marco,
conforme lo determinado por el artículo 150-19 literal e). Igual suerte corrió el
artículo 90 del Decreto 1072 de 1999 relacionado con el reconocimiento de
estímulos especiales, los cuales, en criterio de la Corte vulneraban los
artículos 209, 347 y 355 de la Constitución Política. En esa oportunidad, la
Corte concluyó lo siguiente:
«[…] Encuentra la Corte que la norma acabada de mencionar resulta
contraria a la Constitución, pues, de un lado, "la totalidad de los gastos que
el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva" deben estar
expresamente contemplados en la correspondiente ley de apropiaciones,
como perentoriamente lo exige el artículo 347 de la Carta, lo que excluye la
existencia de "fondos secretos" o partidas destinadas a otorgar a ciertos
funcionarios por el cumplimiento de sus deberes oficiales "donaciones" aquí
denominadas "estímulos económicos", lo que se encuentra, además,
prohibido en forma contundente y clara por el artículo 355 de la Constitución,
en el cual se preceptúa que "ninguna de las ramas u órganos del poder
público podrá decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o
jurídicas de derecho privado".
A ello ha de agregarse que el desempeño de las funciones propias del cargo
se remunera por el Estado con el salario fijado conforme a la ley a quien lo
desempeña, por lo que tales "estímulos económicos" resultan extraños al
ordenamiento constitucional y, abiertamente contrarios al artículo 209 de la
Carta en el cual se dispone que la función administrativa se encuentra al
servicio de los intereses generales y ha de cumplirse, entre otros, con
sujeción a los principios de igualdad, moralidad y eficacia, por lo que no
resulta acompasado con la Constitución que a quien ajusta su conducta a
tales prescripciones, se le haga beneficiario de sumas de dinero que ingresan
de manera extraordinaria a su patrimonio, simplemente por adecuar su
conducta a lo que de él se espera como funcionario público.»
42
Corte Constitucional M.P Alfredo Beltrán Sierra.
43
“Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las
Entidades Territoriales.”
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37. El incentivo por desempeño nacional fue regulado nuevamente por el
artículo 9 del Decreto 4050 del 22 de octubre de 200844, de la siguiente
manera:
«Artículo 9º. Incentivo por desempeño nacional. Modifícase el artículo 7º del
Decreto 1268 de 1999 el cual queda así:
«Es la retribución económica que se reconoce a los empleados públicos de la
DIAN, que ocupen cargos de la planta de personal de la Entidad, referida al
desempeño colectivo de los empleados públicos y relacionada con el
cumplimiento de las metas de recaudo nacionales. Este incentivo se causará
por períodos semestrales y dará derecho al reconocimiento de un pago
correspondiente a dicho periodo, el cual podrá ser hasta del doscientos por
ciento (200%) del salario mensual que se devengue, previa verificación del
cumplimiento de dichas metas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Este incentivo no constituirá factor salarial para ningún efecto legal».
(Negrilla fuera de texto.)
38. De la lectura de los referidos enunciados normativos, la Sala establece
que el incentivo por desempeño nacional fue creado como una retribución
económica que se reconoce a los servidores de la contribución, que ocupen
cargos de la planta de personal de la entidad, cuyo reconocimiento se
encuentra sujeto al cumplimiento de las metas de recaudos nacionales.
Según las normas reseñadas, el referido beneficio no ha ostentado la
naturaleza de factor salarial.
39. La última norma reseñada, esto es, el Decreto 4050 del 22 de octubre
de 2008, fue modificado por medio del artículo 1° del Decreto 1746 del 25 de
octubre de 201745, en el sentido de indicar que «El Incentivo por Desempeño
Nacional, a partir de la vigencia del presente decreto, se denomina Prima de
Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria, que constituye un reconocimiento
a la gestión colectiva en el ejercicio de las funciones de los empleados de la
planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.» A renglón seguido, la norma
determinó que la prestación se concede de acuerdo con las siguientes reglas:
«La Prima de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria equivale máximo a
cuatro (4) veces el salario mensual devengado compuesto por la asignación
básica y los siguientes factores siempre y cuando el funcionario los perciba: el
incremento por antigüedad, la remuneración por designación de jefatura, la
prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, el
incentivo por desempeño grupal, el auxilio de transporte y el subsidio de
alimentación. La prima no constituye factor para liquidar elementos salariales o
prestacionales. Se pagará en dos contados, en los periodos y condiciones
señalados en el presente decreto.
44
«Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.»
45
Por el cual se dictan normas en materia salarial para los servidores de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
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La Prima de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria para su reconocimiento
y pago tendrá dos componentes: uno fijo y otro variable. El componente fijo
semestral equivaldrá al 1.83 veces del salario mensual devengado compuesto
por los elementos señalados en el presente artículo.
El componente variable se causara semestralmente y será equivalente al
0.17% del salario mensual devengado compuesto por los elementos señalados
en el presente artículo y se pagará siempre que el recaudo acumulado neto del
periodo que corresponda, sea igual o superior al noventa y siete por ciento
(97%) de la meta fijada por el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS,
ajustada conforme con los supuestos macroeconómicos observados, previa
verificación y certificación de la Dirección General de Política Macroeconómica
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• Para el reconocimiento y pago de la Prima de Gestión del primer semestre
del año, en su componente variable, se tendrá en cuenta el cumplimiento del
recaudo acumulado neto de dicho semestre y para el segundo semestre, el
cumplimiento del recaudo acumulado neto del año.46
El componente fijo se reconocerá en las nóminas de los meses de junio y
diciembre del respectivo año, El componente variable, una vez surtida la
verificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se cancelará en dos
(2) contados pagaderos en los meses de julio y enero siguientes al pago del
componente fijo.
Los empleados de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN a que se refiere el
presente artículo, en caso de no haber laborado el semestre completo, tendrán
derecho al pago proporcional de esta Prima, por el tiempo laborado durante el
semestre respectivo.
La Prima de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria sustituye para todos los
efectos legales el Incentivo por Desempeño Nacional.
PARÁGRAFO: Para efectos del reconocimiento y pago de la Prima de Gestión
Tributaria, Aduanera y Cambiaria, del segundo semestre del 2017, se tendrá
en cuenta el tiempo laborado durante este semestre para causar el Incentivo
por Desempeño Nacional, a la fecha de expedición del presente Decreto.»
40. Finalmente, se destaca que mediante sentencia de 10 de mayo de
2018, esta Sala47, al decidir la demanda de nulidad presentada contra las
frases «que ocupan cargos de la planta personal de la entidad» y «no
constituirá factor salarial para ningún efecto legal», contenidas en los
artículos 5, 6 y 7 del Decreto 1268 de 1999, este último modificado por el
artículo 9 del Decreto 4050 de 2008, declaró prospera la excepción de inepta
demanda propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto
de la expresión «no constituirá factor salarial para ningún efecto legal»
de los artículos mencionados. Lo anterior, porque la demanda no cumplió con
la carga procesal que le asistía de precisar las razones por las cuales debía
accederse a la anulación de la misma, pues pese a que se señaló como
normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 25, 53, y 152 de la
46
Modificado por el art 1 del Decreto 1785 de 2017
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicación No 11001-03-25-000-2013-01118-
47
00 (2640-2013), M.P. César Palomino Cortés.
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Constitución Política, además de los artículos 2 y 10 de la Ley 4 de 1992, no
se explicaron los motivos por los cuales la frase acusada los contrariaba.
2.1.3.- Pronunciamiento de fondo de la Sala resolviendo el primer
problema jurídico
41. Recuerda la Sala, que el demandante considera que el Gobierno
Nacional se excedió en el ejercicio de la «potestad reglamentaria», toda vez
que al desarrollar la Ley 4ª de 1992,48 a través del inciso 2° del artículo 9° del
Decreto 4050 de 2008,49 previó que el incentivo por desempeño nacional
establecida a favor de los servidores DIAN no constituirá factor salarial para
ningún efecto legal. En criterio de la parte actora, la Ley Marco únicamente
habilita al ejecutivo para establecer prestaciones con ese carácter, razón por
la cual considera que el Presidente de la República desbordó los límites
materiales demarcados por el legislador en la Ley Marco de Salarios.50
42. Sobre el particular y del contenido de la norma superior que regulan la
materia, la Sala determina que en la materia de fijación del régimen salarial y
prestacional para los servidores públicos la competencia está compartida
entre el Gobierno Nacional51 y el legislador52. Este último definió los criterios
previstos en el artículo 2° de la Ley 4ª de 1992 y dejó el detalle del régimen
objeto de regulación al Ejecutivo, quien al ejercer la facultad reglamentaria,
concreta tales lineamientos generales.
43. Al desarrollar la referida labor, esto es, la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos a los que se refiere el artículo 1° de la
misma disposición, el Gobierno Nacional debe atender los criterios y objetivos
establecidos en la norma y ponderar los distintos elementos e intereses que
concurren en relación con dicha materia.
44. De una parte, la Sala establece que el Ejecutivo tiene un margen de
apreciación del conjunto de los aspectos fijados en la norma por el legislador
y debe atender, entre otros criterios, al «nivel», «rango», «categoría» y
«estructura» de los empleos, esto es, la «naturaleza de las funciones», sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; y por
supuesto, a la «racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad»,
48
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
49
Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
50
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
51
Artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política
52
Artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política.
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esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad. Esto
último, teniendo en cuenta que conforme lo determinó la Corte Constitucional,
la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos «tiene hondas implicaciones en la política económica. En efecto, de
los niveles de los salarios depende en buena medida el equilibrio fiscal. Y,
como es sabido, la situación de las finanzas públicas afecta
fundamentalmente el estado de la economía en general.53
45. Como pudo apreciarse en el estudio normativo anteriormente realizado,
los preceptos que crearon la prestación denominada incentivo por
desempeño nacional, actualmente llamada prima de gestión tributaria,
aduanera y cambiaria54, la establecieron como un reconocimiento a la gestión
colectiva en el ejercicio de las funciones de los empleados de la planta de
personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN y determinaron de manera taxativa que esas
prestaciones no tendrían el carácter de factor salarial para ningún efecto
legal.
46. De otra parte, la Sala establece que tanto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional55, como la de esta Corporación56, han señalado que el
legislador tiene libertad de configuración al determinar qué elementos
constituyen factor salarial o establecer si determinada prestación social se
liquida sin consideración al monto total del salario. Por su parte, en su
condición de Suprema Autoridad Administrativa, al ejecutivo le compete la
reglamentación directa de la ley cuando sea indispensable para hacer posible
su cumplimiento (Constitución, artículo 189.11). En consecuencia, a través
del inciso acusado bien podía disponer que el incentivo por desempeño
nacional no se considera parte del salario, para efecto de liquidar
prestaciones sociales.
47. En este orden de ideas, la Sala considera que inciso 2° del artículo 9°
del Decreto 4050 de 2008, que previó que el incentivo por desempeño
nacional establecida a favor de los servidores DIAN en cuanto determina que
esa prestación no constituirá factor salarial para ningún efecto legal, no
infringe la Ley 4ª de 1992; más bien, guarda correspondencia con las
funciones que en materia salarial le asigna la ley al Gobierno y la
responsabilidad que en materia de política económica le ha fijado la
Constitución Política al presidente de la República.
48. La Sala también observa que para sustentar el cargo de exceso en el
ejercicio de la facultad reglamentaria, el demandante refirió el símil de la
prima especial de servicios fijada en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992
para señalar que esa prestación tiene el mismo carácter del incentivo por
53
Corte Constitucional, Sentencia C-312 de 1997
54
Creada por medio del artículo 1° del Decreto 1746 del 25 de octubre de 2017
55
Corte Constitucional, Sentencias C-315 del 19 de julio de 1995 y C-312 de 1997
56
Corte Constitucional, Sentencia C-279 del 24 de junio de 1996, Corte Suprema de Justicia Exp.
5481; Sentencia del 17 de julio de 1995, Consejo de Estado, Sentencia. Exp. 7501.
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desempeño nacional; sin embargo, no argumentó de manera suficiente la
forma en que, por ejemplo, su origen, contenido o tratamiento se asimilan,
de manera que resultara necesario dispensarles el mismo trato a ambos
emolumentos. En efecto, del contenido del escrito inicial la Sala establece
que el accionante no cumplió con la carga que le asistía de demostrar una
eventual trasgresión del derecho a la igualdad, de manera que no suministró
los extremos que permitan efectuar un análisis a partir del cual se concluya
si el inciso acusado desconoce el mandato constitucional.
49. A pesar de la deficiencia técnica del cargo, anota la Sala que el derecho
a la igualdad en la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, no puede entenderse como un mandato para el
Gobierno Nacional de expedir la misma regulación para todos ellos, como se
insinúa en la demanda, al indicar que la prima especial de servicios prevista
en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, tiene la misma naturaleza que
el incentivo por desempeño nacional determinado en el artículo 9° del Decreto
4050 de 2008 y, en consecuencia, debe dispensarse un mismo trato.
50. En este aspecto, la Sala considera que la supuesta obligación de trato
igualitario, se desvirtúa a partir del contenido del artículo 2 de la Ley 4ª de
1992, que establece entre los criterios que debe tener en cuenta el Gobierno
Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, al determinar como elemento a observar: «j) El nivel de los cargos,
esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades
exigidas para su desempeño.».
51. Además, conforme lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia
C-244 de 201357, la prima especial establecida en los artículos 14 y 15 de la
Ley 4ª de 1992 contiene una nivelación salarial, elemento que la diferencia
del incentivo por desempeño nacional que, como se estableció, es un
reconocimiento económico por el desempeño colectivo y logro de las metas,
conforme lo establece el artículo 9 del Decreto 4050 de 200858.
52. La Sala precisa que el carácter salarial de la prima especial de servicios
prevista en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, fue determinado en la
Ley 332 de 199659 en el caso de los empleados previstos en el artículo 14, y
a través de la sentencia C-681 de 200360, para los servidores descritos en el
artículo 15. En efecto, en esa oportunidad la Corte declaró la inexequibilidad
de la expresión «sin carácter salarial» del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, al
constatar que mediante la Ley 332 de 1996 que le otorgó el carácter salarial
a la prima de servicios regulada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
legislador rompió el equilibrio que existía anteriormente entre las dos normas;
57
Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2013, Conjuez sustanciador Diego López Medina.
58
Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
59
por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
60
Corte Constitucional, Sentencia C-681 de 2003, Conjuez Ponente Ligia Galvis Ortiz
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sin embargo, no es posible extender esa ratio decidendi al presente control
de legalidad, como quiera que se trata de supuestos de hecho diferentes.
53. El anterior criterio había sido expuesto por la Corte en la sentencia C-
279 de 199661, por medio de la cual declaró la exequibilidad, entre otras
normas62, de los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992. En esa oportunidad,
esa corporación consideró que no se transgrede el derecho a la igualdad
cuando hay razones objetivas «para establecer regímenes diferentes entre
los sujetos de las normas que imperan en la República»63. Añadió la Corte
que en la creación de las primas, las calidades exigidas a sus beneficiarios
justifican que dichas prestaciones no sean comunes a toda la administración
y así como que tampoco produzcan los mismos efectos económicos «que
otras remuneraciones que se conceden a un número mayor de servidores
públicos» 64.
54. De acuerdo con el análisis desarrollado, la Sala concluye que la norma
reglamentaria demandada no vulneró el derecho a la igualdad en la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos ni desconoció
los límites materiales señalados por la Ley Marco 4ª de 1992.65 En
consecuencia, en lo relacionado con este primer reparo del demandante, no
prospera la pretensión de nulidad del inciso 2° del artículo 9° del Decreto 4050
de 2008,66 que previó que el incentivo por desempeño nacional establecida a
favor de los servidores DIAN no constituirá factor salarial para ningún efecto
legal.
2.2.- SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO: Determinar, si la disposición
objeto de reproche, vulnera de forma directa las normas
constitucionales y legales que definen el concepto de salario y sirven
de fundamento para la protección del derecho al trabajo y a la seguridad
social, tales como los artículos 25 y 53 constitucional, 127 del Código
Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, 12 de la Ley 10 de 1934 y
el Convenio 95 de 1946 de la OIT.
55. Como viene expuesto, el actor acusa inciso 2° del artículo 9° del
Decreto 4050 de 2008 porque, en su criterio, desconoce el carácter salarial
del incentivo por desempeño nacional, razón por la que señala, que la
disposición normativa demandada vulnera el convenio de la OIT número 9567
61
Corte Constitucional, Sentencia C- 279 de 1996, M.P. Hugo Palacios Mejía
62
Por medio de la sentencia referida, la Corte Constitucional además declaró la exequibilidad de la
expresión "y sin que constituya factor salarial" del numeral 3 del artículo segundo de la ley 60 de
1990.
63
Ídem
64
Ídem
65
Mediante la cual se señalan normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
66
Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
67
Aprobado por la Ley 54 de 1962.
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de 194968; así como los artículos 25 y 53 de la Constitución, 12769 del Código
Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social y 12 y 13 de la Ley 10 de 193470
previsiones que entre otros aspectos, tratan sobre salarios e igualdad salarial,
porque según su dicho, la administración no debió «desnaturalizar» su
contenido para establecer que el incentivo nacional «no es factor salarial para
ningún efecto» porque esa prestación es consustancial al salario de los
empleados de la DIAN.
56. Con el propósito de resolver el segundo problema jurídico propuesto, a
continuación la Sala analizará los siguientes temas: (i) concepto de salario en
el sector público, (ii) derecho al trabajo y determinación de carácter no salarial
de algunos emolumentos que perciben los servidores públicos y, (iii)
pronunciamiento de la Sala de decisión frente al segundo problema jurídico
planteado.
2.2.1- CONCEPTO DE SALARIO EN EL SECTOR PÚBLICO
57. En el orden propuesto, a continuación, la Sala se ocupará de estudiar
la normatividad nacional e internacional que regula lo relacionado con el
concepto de salario en el sector público.
58. De acuerdo con el convenio de la OIT número 9571 de 1949,72 artículo
1º, el término salario «significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su
denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo,
fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a
un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el
trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que
haya prestado o deba prestar». (Subraya la Sala).
59. En nuestro ordenamiento jurídico interno, para la generalidad de los
trabajadores del sector privado, el artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo (Decreto Ley 3743 de 1950, modificado por la Ley 50 de 1990)
señala, que el salario es la contraprestación económica que recibe el
trabajador por la prestación personal de sus servicios al empleador, y que
constituye salario, no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo
lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación
directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte,
como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo
68
«Convenio Relativo a la Protección del Salario».
69
Artículo 127. Elementos integrantes. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o
variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa
del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos,
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en
días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.
70
Sobre pérdida y rehabilitación de derechos políticos y por la cual se establecen algunos derechos
de los empleados
71
Aprobado por la Ley 54 de 1962.
72
«Convenio Relativo a la Protección del Salario».
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suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso
obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.
60. Ahora bien, para el caso de los servidores públicos, por disposición de
los artículos 76, numeral 9º, de la derogada Constitución de 1886, y 150,
numeral 19, literal f), de la Constitución de 1991, actualmente vigente, el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, es fijado por el
Gobierno Nacional, pero de conformidad con los criterios y objetivos que
establezca el legislador en la respectiva «ley general» o ley marco cuadro
como también se les ha denominado a dichas normas.
61. En vigencia de la Constitución de 1886, el legislador,73 a través de la
Ley 5ª de 1978,74 delegó en el Ejecutivo, la tarea de determinar las escalas
de remuneración de los empleos públicos. En desarrollo de dicha facultad
«extraordinaria», el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 1042 de 1978,75
por el cual, entre otros, «se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación» de los empleos pertenecientes a las plantas de personal de las
entidades del orden nacional, y, «se fijan las escalas de remuneración de
dichos empleos». El artículo 13 del Decreto Ley 1042 de 197876 señala, que
la «asignación mensual», es decir, el salario de los empleo públicos, estará
determinado por la «complejidad» de las «funciones, atribuciones, deberes y
responsabilidades», así como por los requisitos de conocimientos y
experiencia requeridos para el ejercicio de cada cargo. Además, el artículo
42 del mencionado Decreto Ley preceptúa, que «además de la asignación
básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo
suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso
obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente
recibe el empleado como retribución por sus servicios»; tales como, «(a) Los
incrementos por antigüedad (…); (b) Los gastos de representación; (c) La
prima técnica; (d) El auxilio de transporte; (e) El auxilio de alimentación; (f)
La prima de servicio; (g) La bonificación por servicios prestados; y (h) Los
viáticos percibidos por los funcionarios en comisión».
62. Por su parte, el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 197877, estableció
que para efectos del reconocimiento y pago de cesantías y pensiones a los
que tuvieran derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales del
73
En aplicación del artículo 76 de la Constitución Nacional de 1886, hoy 150 de la Constitución
Política de 1991.
74
Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar
escalas de remuneración, revisar sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras
disposiciones en materia de administración de personal.
75
Por el cual, entre otras, «se establece el sistema de nomenclatura y clasificación» de los empleos
pertenecientes a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, y, «se fijan las escalas de
remuneración de dichos empleos».
76
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes
a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
77
Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales
de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
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sector nacional, los factores a tener en cuenta en las respectivas
liquidaciones serían: « a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de
representación y la prima técnica; c) Los dominicales y feriados; d) Las horas
extras; e) Los auxilios de alimentación y transporte; f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados; h) La prima de servicios; i) Los
viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último
año de servicio; j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por
disposiciones legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978; k) La prima de
vacaciones; l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio; ll) Las primas y bonificaciones
que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria
de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.
63. Así las cosas, la Sala puede establecer que: (i) salario es la
contraprestación económica que recibe el empleado por la prestación
personal de sus servicios al empleador; (ii) en el sector privado, la regla
general es que constituye salario, no sólo la remuneración ordinaria, fija o
variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio; (iii) en el sector público, la regla general
es que el encargado de definir el salario de los empleados públicos es la ley,
para el caso colombiano, el constituyente le adjudicó dicha facultad al
Gobierno Nacional, pero de conformidad con los criterios y objetivos que le
establezca el legislador en la respectiva ley marco; (iv) al establecer qué
emolumentos o pagos constituyen salario, el criterio fundamental a tener en
cuenta tiene que ver con verificar si el factor o emolumento en cuestión
retribuye o no de manera directamente la prestación personal del servicio, de
tal manera que constituirá salario lo que en efecto remunere de manera
directa la prestación personal de servicio; y (v) todas las sumas que habitual
y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios,
constituye salario.
2.2.2.- Derecho al trabajo y determinación de carácter no salarial de
algunos emolumentos que perciben los servidores públicos.
64. Con el propósito de resolver el cargo propuesto, resulta pertinente
destacar el rango normativo y la importante condición del derecho al trabajo
dado que según el actor, en el asunto en estudio, aparece como uno de los
derechos presuntamente conculcados por el aparte normativo demandado.
Sobre este aspecto, la Sala precisa que son varios los preceptos
constitucionales en los que está consagrada la protección del derecho al
trabajo, entre los que se destaca el mismo preámbulo, en el que el
Constituyente de 1991 mostró su intención de asegurar a las personas el
referido derecho. En la misma senda aparecen los artículos 25 y 53 que
reconocen al trabajo como derecho y establecen una serie de principios
mínimos encaminados a garantizarlo y tutelarlo. La protección constitucional
comprende también la brindada por los instrumentos internacionales, los
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cuales, por vía de la regla hermenéutica consignada en el artículo 93.2
constitucional, se entiende tienen estatus constitucional.
65. El derecho al trabajo es de aquellos que gozan de la doble condición
de derecho humano y derecho fundamental. La calidad de derecho humano
se advierte desde la misma Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, cuyo artículo 23 dice:
«1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.».
66. Igual calificación alcanza en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, cuyo artículo 7° dispone:
«Los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le
aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones
de trabajo no inferiores a de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a
las disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la
categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los
factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las
obras de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la
remuneración de los días festivos.».
67. La calidad de derecho fundamental, que se predica según la doctrina,
de aquellos derechos que tienen consagración constitucional y cuentan con
el mecanismo de garantía reforzada; también cobija al derecho al trabajo. Se
trata de un derecho estipulado en el artículo 25 de la Carta Política así:
«Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.»
68. En este punto resulta importante destacar que el derecho al trabajo
como todos los derechos constitucionales, no tiene carácter absoluto, pues
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en virtud de su coexistencia con otros preceptos de la Carta, resulta inevitable
que en casos concretos el trabajo entre en tensión valorativa con otros
mandatos de rango constitucional. En tales tensiones resulta indudable que
el derecho deba ceder, pues de lo contrario, sacrificaría sin más los restantes
contenidos del ordenamiento jurídico, en este orden de ideas cabe advertir la
necesidad de restricciones. En suma, nada de extraño tiene la presencia de
limitaciones a un derecho, en este caso al derecho al trabajo.
69. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido de manera específica
que el derecho al trabajo puede ser restringido legítimamente por el legislador
en aras de otros principios y valores constitucionales. También ha admitido
que existe libertad de configuración para que la autoridad competente defina
qué elementos constituyen factor salarial y cuáles no78. Además, respecto de
la política salarial fijada en la Ley Marco 4ª de 1992 y la determinación del
carácter salarial de los emolumentos, en la Sentencia C-244 de 201379, al
decidir la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la
norma, indicó que:
«(…) La política salarial consagrada en las normas de la Ley 4a de 1992, sin
embargo, ha demostrado tener aspectos controversiales y vacíos que luego,
con el tiempo, habrían de suscitar altos niveles de litigio constitucional y
administrativo (y en donde se enmarca, además, la demanda de;
inconstitucionalidad aquí estudiada): el más importante de estas
controversias radica en que el legislador de 1992 no quiso que las primas
concedidas fueran consideradas como factor salarial para la liquidación de
las prestaciones sociales. La Ley, pues, decidió aumentar los salarios de
manera importante, pero quiso evitar su impacto sobre la carga prestacional,
en un esfuerzo de mantener un cierto equilibrio fiscal dentro de la clara
determinación de aumentar la remuneración de estos funcionarios. Esta
decisión, como se verá, ha sido la que más litigios y dudas ha ocasionado a
través del tiempo. ».
70. En lo que tiene que ver con la limitación del concepto del salario, más
adelante, la Corte Constitucional en la misma providencia Sentencia C-244
de 201380, determinó, lo siguiente:
«De esta forma la Corte rechaza el argumento según el cual el concepto de
"salario" estaría fuertemente constitucionalizado y llevaría al reconocimiento
automático de que cualquier pago realizado por el empleador tiene que ser
considerado como base salarial para el cálculo de prestaciones sociales. Con
este reconocimiento, la Corte permite el establecimiento de bonos, primas o
beneficios que ciertamente tienen el potencial de variar la base mensual de
ingresos habituales de los trabajadores, pero negándole al mismo tiempo un
impacto necesario sobre la carga prestacional.
(…)
Para la Corte, las primas son ya de entrada un beneficio extraordinario
concedido en favor de los funcionarios de los artículos 14 y 15 de la Ley 4a:
78
Sentencias C-081 de 1996, C-279 de 1996 y C-244 de 2013.
79
Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2013, Conjuez Ponente Diego E. López Medina
80
Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2013, Conjuez Ponente Diego E. López Medina
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decir, por lo tanto, que la negación de su carácter salarial es una diferencia
inconstitucional de trato implica olvidarse que su concesión es, en realidad,
un privilegio que el legislador pudo limitar, como lo hizo, respecto de sus
implicaciones prestacionales.»
71. Por otra parte, la Sala destaca el contenido de los artículo 127 y 128
del Código Sustantivo del Trabajo, que definen los elementos que integran el
salario, referidos por el accionante en el escrito inicial como vulnerados por
el inciso normativo acusado. Las normas determinan lo siguiente:
“ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. <Artículo modificado por el
artículo 14 del Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Constituye
salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del
servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como
primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo
suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso
obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.
ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. <Artículo
modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el
siguiente:> No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera
liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o
gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las
empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no
para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a
cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de
transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las
prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o
auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o
contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando
las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en
dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las
primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.”
72. Para la Sala es claro, que si bien estas normas en principio no se
aplican en la regulación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, tal como lo precisa el artículo 3 del CST al determinar que «el
presente Código regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de
carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y
particulares», también recuerda que en anteriores oportunidades ha acudido
a esa definición normativa de salario como criterio interpretativo. Por ejemplo,
ello ocurrió en la sentencia de 19 de febrero de 201881, en la que se negó la
nulidad de las expresiones «no constituirá factor salarial para ningún efecto
legal» de los artículos 5 y 6 del Decreto 1268 de 1999, que establecían los
incentivos por desempeño grupal y al desempeño en fiscalización y
cobranzas.
81
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P César Palomino Cortés, radicación
11001-03-25-000-2011-00167-00 (0580-11)
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73. A partir de lo expuesto, la Sala establece que la naturaleza salarial de
un pago se deriva de la retribución directa por los servicios del trabajador que
no sea ocasional, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. A
su vez, que existe libertad de configuración para que la autoridad competente
defina qué elementos constituyen factor salarial y cuáles no lo constituyen.
2.2.3.- Pronunciamiento de fondo de la Sala resolviendo el segundo
problema jurídico
74. Destaca la Sala, que el demandante considera que de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 25 y 53 constitucional, 127 del Código Sustantivo
del Trabajo y la Seguridad Social, 12 de la Ley 10 de 1934 y el Convenio 95
de 1946 de la OIT, el incentivo por desempeño nacional establecido a favor
de los servidores DIAN tiene naturaleza salarial; sin embargo, se observa que
en la demanda no se desarrolla de forma suficiente el cargo, de modo que se
permita establecer por qué considera la parte accionante, que el presunto
carácter salarial del incentivo por desempeño nacional implica que el
Gobierno Nacional debiera regularlo como factores salariales. En efecto, el
demandante se limitó a expresar que esa prestación retribuye directamente
los servicios del trabajador y no cubre alguna contingencia a la que pudiere
verse sometido; no obstante lo anterior, se abordará el estudio del cargo, a
partir de las normas expuestas en la demanda.
75. De la lectura del artículo 9 del Decreto 4050 de 200882, la Sala
establece que: i) los beneficiarios del incentivo por desempeño nacional son
los funcionarios que ocupan un cargo de la planta de personal de la DIAN, ii)
su reconocimiento se encuentra sujeto al cumplimiento de las metas de
recaudos nacionales fijadas por la Administración, iii) su causación es
semestral y; iv) su pago corresponde hasta del doscientos por ciento (200%)
del salario mensual que se devengue, previa verificación del cumplimiento de
dichas metas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
76. Como pudo apreciarse en el estudio anteriormente realizado, el
incentivo por desempeño nacional fue establecido con la finalidad de
promover la eficiencia y eficacia de los empleados públicos de la DIAN, razón
por la cual la norma sujetó y condicionó su reconocimiento al cumplimiento
de las metas determinadas por la entidad. De esta manera, sí de los
empleados de la DIAN, de manera colectiva, alcanzan las metas de recaudo
fijadas por la entidad, el servidor se hace acreedor al emolumento, situación
82
«Artículo 9º. Incentivo por desempeño nacional. Modifícase el artículo 7º del Decreto 1268 de 1999
el cual queda así:
«Es la retribución económica que se reconoce a los empleados públicos de la DIAN, que ocupen
cargos de la planta de personal de la Entidad, referida al desempeño colectivo de los empleados
públicos y relacionada con el cumplimiento de las metas de recaudo nacionales. Este incentivo se
causará por períodos semestrales y dará derecho al reconocimiento de un pago correspondiente a
dicho periodo, el cual podrá ser hasta del doscientos por ciento (200%) del salario mensual que se
devengue, previa verificación del cumplimiento de dichas metas por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
Este incentivo no constituirá factor salarial para ningún efecto legal».
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que difiere al mero desempeño funcional, característica esencial de los
emolumentos que han sido definidos por el legislador con carácter salarial.
77. Además, en los términos del artículo 12883 del Código Sustantivo del
Trabajo, norma que determina los pagos que no constituyen salarios, la Sala
también puede establecer que el reconocimiento por desempeño nacional no
tiene carácter salarial para los servidores de la DIAN, toda vez que no tiene
la connotación de permanente sino la de ocasional. En efecto, conforme al
contenido de la norma de creación, el pago de la referida prestación procede
de manera semestral siempre y cuando se verifique previamente el
cumplimiento de la condición a la que está sujeto, esto es, al cumplimiento de
las metas de recaudo nacionales determinadas por la Administración.
78. La Sala también considera que el artículo 9 del Decreto 4050 del 22 de
octubre de 200884, por medio de la cual se estableció el incentivo por
desempeño nacional, creó un beneficio extraordinario a favor de los
servidores de la DIAN, pues esa prestación tiene el potencial de variar la base
mensual de sus ingresos habituales hasta del doscientos por ciento (200%).
Al tiempo que resulta válido establecer un límite a sus implicaciones
prestacionales, ello al negar expresamente su carácter salarial.
79. Es decir, que al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de
los servidores de la DIAN, atendiendo a los parámetros fijados en la ley marco
4ª de 1992, el Gobierno Nacional podía establecer que el incentivo por
desempeño nacional no tenía carácter salarial, teniendo en cuenta
principalmente que no está sujeta al mero desempeño funcional sino a la
gestión colectiva en el ejercicio de las funciones de los empleados de la planta
de personal de DIAN y que en todo caso, debe atender a la «racionalización
de los recursos públicos y su disponibilidad», esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad.
80. Como viene expuesto, el criterio fundamental a tener en cuenta para
establecer si algún emolumento ostenta el carácter salarial tiene que ver con
verificar si el factor en cuestión retribuye o no de manera directamente la
prestación personal del servicio. De esta manera, constituirá salario lo que en
efecto remunere de manera directa la prestación personal de servicio que no
sea ocasional. En el caso analizado, para ser beneficiario del incentivo por
desempeño nacional, el servidor de la DIAN debe demostrar el cumplimiento
83
«No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador
del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades,
excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su
beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como
gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco
las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u
ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el
{empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero
o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de
vacaciones, de servicios o de navidad.»
84
Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario».
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de la condición establecida en la norma de creación, es decir, que de manera
colectiva se alcanzaron las metas de recaudo establecidas por la entidad,
circunstancia que descarta la habitualidad o permanencia de la prestación.
Asimismo, al fijarse el supuesto de una condición previa para su
reconocimiento, se descarta el simple desempeño funcional y en
consecuencia, el carácter salarial del emolumento alegado en la demanda.
81. En consonancia con lo expuesto, la Sala considera que la norma
reglamentaria demandada no desconoció los límites materiales señalados
por la Ley Marco 4ª de 199285 ni vulneró el derecho a la igualdad en la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Además, la
Sala estableció que el incentivo por desempeño nacional no tiene el carácter
salarial, razón por la cual se mantendrá incólume el inciso 2° del artículo 9°
del Decreto 4050 de 2008,86 que previó que el incentivo por desempeño
nacional establecido a favor de los servidores DIAN no constituirá factor
salarial para ningún efecto legal.
Reconocimiento de personería
82. Se reconocerá personería a la abogada Adriana Marcela Ortega
Moreno, quien se identificada con la C.C. 1.013.607.950 de Bogotá y T.P.
273.576 del C.S. de la J. como apoderada del Departamento Administrativo
de la Función Pública, en los términos y para los efectos de la sustitución de
poder registrada en el índice 33 de SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda de Nulidad Simple
presentada por Edgar Piñeros Rubio en contra del inciso 2° del artículo 9° del
Decreto 4050 de 2008.87
85
Mediante la cual se señalan normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
86
Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
87
«ARTÍCULO 9. Incentivo por desempeño nacional. Modificase el artículo 7 del Decreto 1268 de
1999 el cual queda así:
Es la retribución económica que se reconoce a los empleados públicos de la DIAN, que ocupen cargos
de la planta de personal de la Entidad, referida al desempeño colectivo de los empleados públicos y
relacionada con el cumplimiento de las metas de recaudo nacionales.
Este incentivo se causará por períodos semestrales y dará derecho al reconocimiento de un pago
correspondiente a dicho periodo, el cual podrá ser hasta del doscientos por ciento (200%) del salario
mensual que se devengue, previa verificación del cumplimiento de dichas metas por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Este incentivo no constituirá factor salarial para ningún efecto legal»
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SEGUNDO.- Reconocer personería a la abogada Adriana Marcela Ortega
Moreno, identificada con C.C. 1.013.607.950 de Bogotá y T.P. 273.576 del
C.S. de la J. como apoderada de la Nación, Departamento Administrativo de
la Función Pública, en los términos y para los efectos de la sustitución
registrada en el índice 33 de SAMAI.
TERCERO.- Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sección Segunda,
Subsección B, en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador .
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