Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00203-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00203-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00203-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 10 de febrero de 2022.
Acción: Acción de revisión.
Radicación: 11001032500020170020300.
No. Interno: 1210-2017.
Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña.
Asunto: Bonificación por servicios prestados se computa en una
doceava (1/12) parte.
Decisión: Se declara fundada la acción de revisión.
I. Asunto.
1. La Sala procede a dictar sentencia1 dentro de la acción de revisión interpuesta
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca2 de fecha 27 de noviembre de 20093 que
confirmó la sentencia dictada el 17 de junio de 2009 por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Bogotá4 que a su vez ordenó la reliquidación de la
pensión del señor Jorge Enrique Reyes Peña; «aplicando el 75% de la asignación
mensual más elevada percibida por el actor en el último año de servicios (agosto
15 de 2000 a 14 de agosto de 2001) incluyendo además, todos los factores
salariales certificados, prima de servicios 1/12, prima de navidad 1/12 y el 100%
de la bonificación por servicios, sin aplicar ninguna limitación en la cuantía que
resulte; suma que se pagará a partir de la fecha de retiro del servicio, con los
reajustes pensionales previstos en la ley, descontando del total de la liquidación
que se haga, los valores que se hubiesen cancelado por mesadas pensionales
(…)5».
1
El proceso ingresó al despacho con nota secretarial de fecha 17 de junio de 2021, folio 510.
2
Sala integrada por los Magistrados, doctores: Carmelo Perdomo Cuéter y César Palomino Cortés.
3
Folios 358 a 368 del expediente.
4
Folios 330 a 357 del expediente.
5
Transcripción literal de la providencia de primera instancia que obra al reverso del folio 356 del expediente.
Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
De la acción de revisión6.
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP invocó como causal de revisión la
contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor
literal señala lo siguiente:
«ARTÍCULO 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública.
(…)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
(…)
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables>>.
3. Como sustento de la causal invocada sostuvo que el fallo controvertido comporta
una grave erogación a los recursos públicos, teniendo en cuenta que validó la
reliquidación de la pensión reconocida al accionado con la asignación básica más
alta devengada por él durante su último año de servicios con la inclusión de todos
los factores percibidos en ese periodo, dentro de los cuales incorporó el 100% de
la bonificación por servicios prestados, cuando lo legalmente procedente era
liquidarla en una doceava parte, desconociendo con ello además lo establecido en
el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el precedente de la Corte
Constitucional7, a través del cual esa corporación determinó que a aquellas
personas amparadas por la transición se les debe respetar las condiciones de edad,
tiempo y monto de la legislación anterior, pero el Ingreso Base de Liquidación será el
establecido en los artículos 218 y 36 de la Ley 100 de 1993, siendo lo correcto que
se ordene aplicar el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio o
6
Folios 374 a 414 del expediente.
7
Corte Constitucional: C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.
8
[…]
ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte
superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como
mínimo.
2
Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
del tiempo que le hiciere falta con los factores salariales enlistados en el Decreto
1158 de 19949.
Respuesta a la acción extraordinaria de revisión.
4. El apoderado del señor Jorge Enrique Reyes Peña10 considera improcedentes
las causales invocadas por la UGPP atendiendo a que su situación concreta fue
definida por vía ordinaria teniendo en cuenta las normas y posiciones
jurisprudenciales vigentes para la época, sin que sea posible volver a reabrir el
debate judicial ya zanjado. Adicionalmente, expuso que lo pretendido por la
entidad previsional va en contravía del ordenamiento jurídico y desconoce los
derechos que le fueron reconocidos judicialmente a su poderdante como
beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y de lo
establecido en el Decreto 546 de 1971. Propone como excepciones las que
denominó: i) falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto, la UGPP no
se encuentra dentro de las entidades facultadas por el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 para invocar el recurso extraordinario de revisión; ii) cosa juzgada, en virtud
de que el caso objeto de análisis se finiquitó con el fallo de segunda instancia
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) caducidad de la
acción, toda vez que la UGPP presentó el recurso extraordinario de revisión por
fuera de los términos previstos para ello por el artículo 251 de la Ley 1437 de
2011.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
Cuestión previa.
5. En este caso atendiendo el criterio de especialización laboral, se le atribuye la
competencia a la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Subsección que
le corresponda de acuerdo al reparto, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2°
del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1° del Acuerdo
N° 55 de 2003, no obstante, como dos de los integrantes de la Subsección B,
doctores Carmelo Perdomo Cuéter y César Palomino Cortés se encuentran
impedidos como consta en acta por haber conformado la sala de decisión que
9
Por el cual se modifica el artículo 6° del Decreto 691 de 1994.
10
Folios 459 a 470 del expediente.
3
Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
profirió el fallo controvertido dentro del sub examine, la Sala que discutió y aprobó
esta sentencia fue integrada por la ponente y los magistrados de la Subsección A,
doctores William Hernández Gómez y Rafael Francisco Suárez Vargas.
De la competencia.
6. La presente acción de revisión que ocupa la atención de la Sala fue
interpuesta11 en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, motivo por el cual, esta Corporación es competente
para conocer de ella en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 249
ibídem12 en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999,
modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 200313 y el Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 201914.
Problema jurídico.
7. Le corresponde a la Sala establecer si la sentencia de 27 de noviembre de 2009
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, por medio de la cual se confirmó el fallo de 17 de junio de 2009
dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, se
encuentra incursa en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es decir,
establecer si el reconocimiento de la pensión del accionado en su calidad de
beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, en cuantía
del 75% de la asignación mensual más elevada, con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en su último año de labores y con el 100% de la
11
En fecha 24 de marzo de 2017, tal como se observa a reverso folio 414 vto.
12
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales
Administrativos.» (Resalta la Sala).
13
«Artículo 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se expidió el
reglamento del Consejo de Estado, quedará así:
Artículo 13.- Distribución de los negocios entre las secciones.
Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Segunda:
(…)
3-. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos
relacionados con la competencia de esta sección».
14 <ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de
que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de
volumen de trabajo, así:
(…)
3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos
relacionados con la competencia de esta sección.>>
4
Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
bonificación por servicios prestados, desconoce los precedentes de la Corte
Constitucional sobre la forma de liquidar el IBL de las personas amparadas por el
régimen de transición y en consecuencia, comporta el pago de una mesada
pensional que excede lo debido de acuerdo con la ley.
8. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el
estudio de i) las directrices impartidas en la Sentencia de Unificación proferida por
la Sección Segunda de esta Corporación el 11 de junio de 2020 bajo la causa con
radicación 2016-00630-01 (4083-2017) respecto de los funcionarios de la rama
judicial beneficiarios del régimen de transición; ii) las razones por las cuales dicha
providencia resulta aplicable al presente asunto; iii) la causal de revisión prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 invocada por la entidad
previsional accionante; iv) finalmente, resolverá el caso concreto.
Del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de
transición de los funcionarios de la Rama Judicial conforme a las directrices
de la Sentencia de Unificación de 11 de junio de 2020, con radicación 2016—
00630-01 (4083-2017) proferida por esta Corporación.
9. Esta Corporación mediante Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020,
encontró necesario unificar jurisprudencia en torno al Ingreso Base de Liquidación
(periodo de liquidación y factores a incluir) de las pensiones de los servidores y ex
servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público regulados por el Decreto
546 de 1971 que causaron su derecho en virtud del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En efecto, sobre el punto dispuso las
siguientes reglas jurisprudenciales:
«4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten
los siguientes presupuestos:
i) Para el 1 de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el
ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó́ a regir en el ámbito
territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o,
b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 para
consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años
si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto,
que tuvo lugar el 16 de julio de 1971;283 c) de esos 20 años de servicio, por lo
5
Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades.
iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen
anterior consagrados en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad
de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20
años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho
decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso base de liquidación de
que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es
decir, si le faltare más de 10 años, será́ el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el
DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será́ : (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con
los factores de liquidación contemplados por el artículo 1° del Decreto 1158 de
1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4a. de 1992 con la modificación de
la Ley 332 de 1996;284 1° del Decreto 610 de 1998; 1° del Decreto 1102 de 2012;
1° del Decreto 2460 de 2006; 1° del Decreto 3900 de 2008; y 1° del Decreto 383
de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del
Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las
cotizaciones respectivas.>> Subrayas fuera de texto original.
10. Las anteriores reglas jurisprudenciales encuentran su sustento en el
precedente de la Corte Constitucional15 y del Consejo de Estado16 que se ciñe al
propósito del legislador al expedir la Ley 100 de 1993 concerniente a propender
por la armonía que debe existir entre el nuevo sistema integral de seguridad social
en cuyo artículo 36 estableció el régimen de transición general y las dimensiones
en las cuales la seguridad social en sí misma se manifiesta, que son las de
servicio público obligatorio sujeto a los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad y sostenibilidad fiscal y de derecho público con carácter constitucional,
general, exigible e irrenunciable, de tal forma que todas las generaciones en un
ámbito en el que impere el principio de igualdad puedan ver cubiertas las
contingencias que enfrentan en la etapa de la vejez, como producto de la
correspondencia que debe existir entre lo que el pensionado percibe por concepto
de mesada pensional y lo que efectivamente cotizó en su vida laboral activa,
ámbito del que constitucional y legalmente no fueron abstraídos los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público.
15 C-169 de 1995: C-258 de 2013; SU-230 de 2015; SU-395 de 2017; SU-210 de 2017; SU-023 de 2018.
16 Consejo de Estado, Sentencia de 21 de mayo de 2013, Rad. 1208-2012; Sentencia de 7 de febrero de 2013, Rad. 1723 de 2012;
Sentencia 11 de julio de 2013, Rad. 0102-2012; Sentencia de 7 de noviembre de 2013, Rad. 2672-2012; Sentencia de 12 de mayo de
2014, Rad. 1776-2013; Sentencia de 10 de julio de 2014, Rad. 2763 de 2012; Sentencia de 4 de agosto de 2010, Rad. 0112 de 2009;
Sentencia de 28 de agosto de 2018, Rad. 2012-01433-01.
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Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
11. Así, cuando se es beneficiario del régimen de transición por edad o por tiempo
de servicios reunidos para la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, que permite
la aplicación del régimen anterior y, a su vez, se adquirió el estatus pensional con
el cumplimiento de los requisitos de edad y el tiempo de servicio de ese régimen
anterior, contemplado por el artículo 6º del Decreto 546 de 197117, ello implica que
la pensión se debe reconocer al funcionario o empleado de la Rama Judicial y del
Ministerio Público, con la tasa de reemplazo del 75%.
12. Sin embargo en lo atinente al ingreso base de liquidación, se tiene que no
debe corresponder al del régimen anterior, es decir, a la asignación más alta
devengada en el último año dedicado a la actividad judicial, como reza en el
artículo 6°18 en mención, sino al establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo
21 o en el inciso 3° de su artículo 36, esto es, el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión o los que hicieren falta para tal efecto en caso de ser
un lapso inferior, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
13. Este ingreso base de liquidación debe calcularse con la inclusión de los
factores de salario sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
sistema pensional que corresponden a los fijados por el artículo 1° del Decreto
1158 de 1994 y según se trate de magistrados o de empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público con la inclusión de los factores señalados en la
siguiente normativa que goza de vigencia, a saber: artículos 14 de la Ley 4ª de
1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996 en el artículo 1º; 1º del Decreto
610 de 1998; 1º el Decreto 1102 de 2012; 1º del Decreto 2460 de 2006; 1º del
Decreto 3900 de 2008; y 1º del Decreto 383 de 2013.
Razones por las cuales resulta procedente la aplicación de la Sentencia de
Unificación de 11 de junio de 2020 para resolver la presente acción de
revisión.
17 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de sus familiares.”
18 Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son
hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio en las actividades citadas.
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Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
14. La interpretación del IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición
expuesta en la sentencia de 11 de junio de 2020, si bien es cierto, no se
encontraba vigente al momento de la expedición de la providencia cuestionada,
esto es, el 27 de noviembre de 2009, en este caso, la Sala encuentra dos razones
fundamentales para aplicar dicha tesis al resolver de fondo el presente asunto:
15. La primera, es el carácter vinculante y obligatorio de la sentencia del 11 de
junio de 2020 por haber sido proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa
administrativa en ejercicio de su función de unificar jurisprudencia, a la cual, le
fueron otorgados efectos retrospectivos, aplicables a los procesos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como judicial a través de acciones ordinarias.
16. En cuanto a los recursos extraordinarios de revisión, esta Corporación ha
señalado19 que no se podrá alegar un abuso del derecho o fraude a la ley para
revisar decisiones en las que se accedió al reconocimiento pensional de los
beneficiarios del régimen de transición con fundamento en las anteriores
posiciones que sobre el punto hizo esta Corporación, sin perjuicio de las causales
previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, de manera que en ningún
momento determinó que los efectos de la mencionada sentencia de unificación no
resultaran aplicables para resolver las acciones extraordinarias de revisión regidas
por la Ley 797 de 2003 que se encuentren pendientes de solución como la
estudiada en el presente asunto, cuya finalidad es propender por la revisión de
pensiones concedidas mediante sentencia judicial, transacción o conciliación
judicial o extrajudicial que se hayan otorgado con violación al debido proceso o en
una cuantía superior que exceda lo debido de acuerdo a la ley, pacto o convención
19 La citada jurisprudencia en su aparte pertinente señala:
«La Corte Constitucional, en sentencia C-816 de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la
Corte Constitucional - como guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación
de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la
Constitución Política. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que exponen, tienen características de permanencia, identidad
y carácter vinculante y obligatorio.
115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se
acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha
operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales
de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron
con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada». (subrayas fuera de texto para resaltar)
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Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
colectiva aplicable, lo que en consecuencia, conlleva a una erogación injustificada
del erario y por ende, a una inestabilidad del sistema general de pensiones.
17. La segunda de las razones consideradas por la Sala para aplicar la reglas
jurisprudenciales a las que se ha hecho referencia para resolver el presente caso,
es que en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 se analizó de
manera expresa y detallada la situación de los beneficiarios del régimen de
transición regidos por el Decreto 546 de 197120, a partir de lo cual se estableció
que el reconocimiento del derecho pensional de dichos servidores debe guardar
estricta observancia de los principios constitucionales de sostenibilidad financiera,
solidaridad y universalidad consagrados en el Acto Legislativo 01 de 2005.
18. En efecto, se tiene que dicha interpretación sobre la forma de liquidar el IBL de
los funcionarios judiciales beneficiarios de la transición con observancia de los
principios constitucionales de sostenibilidad financiera, solidaridad y universalidad
se encuentra en armonía con i) el propósito por el cual se expidió la Ley 100 de
1993, ii) la finalidad de acción de revisión prevista en la Ley 797 de 2003, y iii) los
principios consagrados en el Acto Legislativo 01 de 2005.
19. En esa medida, es claro que los efectos de la sentencia de unificación del 11
de junio de 2020 resultan aplicables a las situaciones en las que se haya
reconocido una pensión con desconocimiento del debido proceso o en cuantía que
exceda lo debido de acuerdo con la ley, pues con ello se busca evitar la
vulneración a los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad del sistema
integral de seguridad social y en su lugar, propender por la obtención de los
recursos que permitan financiar la pensión de sus afiliados e incluso, de aquellos
que carecen de los medios para tal efecto, sin que este sistema pueda ser
quebrantado ante la creación de beneficios desproporcionados para sus titulares.
Análisis de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
20. La entidad actora fundó el recurso de revisión en la causal contemplada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone lo siguiente:
20 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de sus familiares.”
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Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».21
21. Al respecto ha de señalarse que esta disposición tuvo respaldo en la
exposición de motivos del proyecto de Ley 56 de 2002 - Senado que indicó:
«Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos
contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o
las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que
no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las
pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los
graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que
pueda sufrir la Nación».22
22. Conforme al texto normativo que la consagra, la causal específica invocada
para su procedencia, prevé varios supuestos sine qua non, a saber. Unos
generales que devienen del aparte que antecede a las causales en específico,
tales como: i) que se trate, por regla general, de providencias judiciales, ello por
cuanto se permitió extenderlo a lo logrado en la transacción y la conciliación; ii)
que recaiga sobre un reconocimiento a favor del administrado, «lo que se deduce
de la utilización de la frase que hayan decretado o decreten el reconocimiento».
21 Énfasis de la Sala.
22 Consulta disponible en: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=56&p_consec=4821
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23. Por eso y con razonado criterio, la jurisprudencia del Consejo de Estado23 ha
dicho que las providencias denegatorias del derecho no serían susceptibles de
este recurso, así mismo que ese reconocimiento recaiga en una suma periódica
de dinero o pensión y finalmente, que ese pago se deba hacer con cargo a los
recursos de tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Además, la acción
extraordinaria en cita consagró dos requisitos procesales. De una parte, el atinente
a la legitimación en la causa por activa que es cualificada, por cuanto su incoación
se deja en cabeza de tres estamentos: del Gobierno, por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; del
Contralor General de la República y del Procurador General de la Nación,
legitimación extendida de antaño a la UGPP y, de otra, que los únicos operadores
facultados para asumir esa revisión extraordinaria son los órganos de cierre
jurisdiccional24, a saber, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia,
conforme a las competencias asignadas dependiendo de los asuntos que
conocen.
24. Ahora bien, en cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20, esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido
mediante una providencia judicial; iii) y que exista un exceso en la cuantía
reconocida frente a ese derecho.
25. Sobre la causal analizada, esta Corporación25 ha señalado que se erige como
una herramienta legal, cuya finalidad es la de fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en
exceso, afectando con ello los principios que orientan el Sistema General de
Pensiones, en especial, los de solidaridad, equilibrio financiero y sostenibilidad
fiscal para garantizar la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
26. Dilucidado lo concerniente a la causal contenida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 referida a la acción de revisión, corresponde a continuación
23
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-
000-2005-00297-01(REV) Actor: María Ofir Jaramillo Buitrago. C. P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta y sentencia de 4 de junio de
1991, expediente 3920, Sección Segunda, C. P. Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
24
Esto teniendo en cuenta lo regulado con antelación a la reforma consagrada en la Ley 2080 de 2021, disposición ésta última que no es
aplicable al presente asunto.
25
Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial De Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-000-2016-
02022-00.
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examinar de manera independiente, si la providencia acusada encuadra dentro de
ella, así:
Caso en concreto.
27. La UGPP aduce que la reliquidación de la pensión reconocida al señor Jorge
Enrique Reyes Peña con fundamento en la orden impartida por la sentencia del 27
de noviembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
excede lo debido de acuerdo con la ley; en la medida que dispuso su reliquidación
con la asignación básica más alta devengada en el último año de servicio e
incluyendo todos los factores percibidos en ese periodo, desconociendo lo previsto
en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como ocurrió con el
computo de la bonificación por servicios en un 100%, al considerar que por su
causación anual debe ser liquidada en una doceava parte.
28. En ese sentido, observa la Sala que el a quo encontró acreditado que el señor
Jorge Enrique Reyes Peña era beneficiario del sistema de transición de la Ley 100
de 199326 y que por tanto, le resultaba aplicable el Decreto Ley 546 de 1971, por
lo cual declaró la nulidad de los actos acusados en el proceso ordinario en los
términos solicitados y en consecuencia, ordenó la liquidación de su pensión en
cuantía del 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de
servicios con la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en
ese tiempo, computando la bonificación por servicios prestados en un 100%. En
efecto, en la providencia del 17 de junio de 2009 proferida por el juzgado séptimo
administrativo del circuito de Bogotá, se dijo lo siguiente27:
«(…) Concluye esta funcionaria que la liquidación de la pensión del actor debe
efectuarse atendiendo lo normado en el artículo 6º del Decreto Ley 546 de 1971,
tomando como base el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
percibido en el último año de servicios, es decir, dentro del periodo comprendido
entre el 15 de agosto de 2000 y el 14 de agosto de 2001, y con la inclusión de la
totalidad de factores devengados en el mismo lapso, los cuales además del sueldo
básico corresponden a la bonificación por servicios, la prima de servicios y la prima
de navidad (…).»
« (…) Infirmada como se halla la presunción de legalidad que amparaba los actos
acusados, se impone su anulación y la correspondiente orden de restablecimiento
del derecho, para lo cual se ordenará que CAJANAL reliquide la pensión del
accionante tomando como ingreso base de liquidación la asignación mensual más
elevada del último año de servicios, esto es, del 15 de agosto de 2000 y el 14 de
26
Por cuanto se evidenció que nació el 21 de octubre de 1942 y se vinculó a la Rama Judicial el 16 de febrero de 1972, retirándose del
servicio el 14 de agosto de 2001 cuando se desempeñaba como Oficial Mayor del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá.
27 Ver folios 338 a 357 del expediente.
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agosto de 2001, incluyendo además del sueldo básico más alto los siguientes
factores: 100% de la BONIFICACIÒN POR SERVICIOS, 1/12 PARTE DE LA PRIMA
DE SERVICIOS y 1/12 PARTE DE LA PRIMA DE NAVIDAD, los cuales
efectivamente devengó en el último año de servicio oficial (fls.96 y 97 Anexo 1 del
expediente), así determinado el ingreso en la forma acabada de señalar el monto de
la pensión será el 75% de dicho valor.»
29. Lo anterior constituye el fundamento de lo dispuesto en el ordinal cuarto de la
sentencia del 17 de junio de 2009, que a su tenor indicó lo siguiente:
«4.- Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y, a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social a
efectuar una nueva liquidación de la pensión de vejez al señor JORGE ENRIQUE
REYES PEÑA, identificado con C.C. No.14´435.579 de Cali aplicando el 75% a la
asignación mensual más elevada percibida por el actor en el último año de servicios
(agosto 15 de 2000 a 14 de agosto de 2001), incluyendo además todos los factores
salariales certificados, PRIMA DE SERVICIOS 1/12, PRIMA DE NAVIDAD 1/12, y el
100% de la BONIFICACIÓN POR SERVICIOS, sin aplicar ninguna limitación en la
cuantía que resulte; suma que se pagará a partir de la fecha de retiro del servicio,
con los reajustes pensionales previstos en la ley, descontando del total de la
liquidación que se haga, los valores que se hubieren cancelado por mesadas
pensionales. La entidad de previsión hará los descuentos correspondientes a los
aportes no efectuados (…)»
30. Ahora bien, la situación del señor Jorge Enrique Reyes Peña fue objeto de
pronunciamiento por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 27 de noviembre de 200928
objeto del presente pronunciamiento, mediante la cual resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la entidad previsional contra el fallo dictado por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, en el que dispuso su confirmación,
señalando lo siguiente:
«(…) La sala de decisión arriba al convencimiento que le asiste razón jurídica al
actor en su reclamación en cuanto tiene que ver con el monto de su pensión, pues
advierte la inobservancia de normas especiales que lo cobijan para tales efectos,
con desconocimiento del derecho a obtener su mesada pensional en un monto igual
al 75% del salario promedio mensual más alto devengado en el último año de
servicios, con la inclusión de la totalidad de los factores percibidos que constituyen
salario por ser parte de la remuneración por el servicio prestado como son: (i)
asignación básica, (ii) bonificación por servicios, (iii) prima de navidad, y (iv) prima
de servicios, debidamente certificados a folios 96 y 97 del cuaderno dos del
plenario, de manera que, la restricción que efectuó la Caja Nacional de Previsión
Social en este sentido resulta contraria a dicho régimen especial, por tanto, no son
de recibo los argumentos esgrimidos por su apoderada en el recurso de alzada,
toda vez que carecen de asidero jurídico (…)»
28
Ver folios 358 a 368 del expediente.
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31. De lo transcrito en precedencia, se encuentra demostrado que la sentencia
objeto de revisión ordenó la inclusión de la doceava parte de las primas de
servicios y navidad, y el factor bonificación por servicios en un porcentaje del
100%, lo cual comporta un reconocimiento mayor al que legalmente corresponde
por dicho concepto.
32. No obstante lo anterior, al exponer los argumentos que sustentan la
inconformidad del fallo controvertido la entidad previsional no planteó de manera
concreta las razones que acreditan que la inclusión en el ingreso base de
liquidación pensional del accionado de las doceavas de las primas de servicio y
navidad comportan un pago que excede lo debido de acuerdo con la Ley,
contrario a lo que acontece con la bonificación por servicios prestados que fue
incorporada en un 100% para dichos efectos.
33. Al respecto, debe precisar la Sala que la incorporación de las primas de
navidad y vacaciones en la proporción referida a partir de lo que determinó la
UGPP en la Resolución 0022315 del 27 de diciembre de 201129, mediante la cual
dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B si bien comportó un
incremento de la mesada del accionado, revisado su contenido se advierte que
fueron incluidas en los siguientes valores; prima de navidad: $74.634 y prima de
servicios $47.766, sumas que no reflejan un incremento sustancial que afecte el
principio de sostenibilidad fiscal en materia pensional a pesar de no hacer parte
de los enlistados en el artículo primero del Decreto 1158 de 1994 que establece
aquellos que conforman el salario mensual base para calcular las cotizaciones al
Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo.
34. Máxime si se tiene en cuenta que en el citado acto administrativo la UGPP
ordenó descontar de las mesadas del accionado la suma de $503.508 por
concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados, de
conformidad con el informe del 21 de noviembre de 2011 expedido por el Registro
Nacional de Afiliados de CAJANAL EICE en liquidación, visible a folio 235 del
plenario, dentro de cuyo contenido incluyó la prima de navidad y vacaciones del
señor Jorge Enrique Rayes Peña.
29
Folios 267-270.
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35. Lo que denota que su inclusión en el ingreso base de liquidación pensional del
accionado no conlleva a que se configure circunstancia alguna constitutiva de
abuso del derecho, entendido este como aquellas situaciones en las que los
servidores públicos beneficiarios de la transición obtienen en el último año de
servicios un incremento significativo e injustificado de sus ingresos que no
corresponden a la realidad de su vida laboral por cuanto quedó evidenciado que el
accionado entre el 1° de enero de 1993 y el 14 de agosto de 2011 se desempeñó
como Oficial Mayor en varios Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, es decir
que no tuvo ascensos o encargos en empleos dentro de la Rama Judicial que
conllevaran el incremento de sus ingresos para fines pensionales, requisito
indispensable para acceder a la revisión de sentencias mediante el presente
mecanismo extraordinario, que precisamente propende por la obtención de los
recursos que permitan financiar la pensión de sus afiliados e incluso, de aquellos
que carecen de los medios para tal efecto, sin que este sistema pueda ser
quebrantado ante la creación de beneficios desproporcionados para sus titulares.
36. Contrario a lo que acontece con la bonificación por servicios prestados
teniendo en cuenta que fue computada para efectos pensionales dentro de dicho
acto administrativo en el 100% y en cuantía de $389.600, comoquiera que se trata
de una suma que constituye factor de salario30 pues se recibe habitual y
periódicamente, como contraprestación de los servicios prestados por el
funcionario público.
37. En efecto, la bonificación por servicios prestados fue creada a través del
Decreto 1042 de 1978, «por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones», así:
«Artículo 45. De la bonificación por servicios prestados. A partir de la expedición
de este Decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los
funcionarios a que se refiere el artículo 1o.
30
El artículo 12 del Decreto 717 de 1978, «por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente a dichos
cargos, y se dictan otras disposiciones» establece: «Artículo 12. De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual
fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba un
funcionario o empleado como retribución de sus servicios […]».
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Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un
año continuo de labor en una misma entidad oficial.
Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los
enumerados en el artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el primero se
tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre
que no haya solución de continuidad en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la
nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa. (Negrilla de la Sala)».
38. El artículo 46 ibídem determinó la cuantía de la aludida bonificación, en los
siguientes términos:
«Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La
bonificación por servicios prestados será equivalente al veinticinco por ciento de la
asignación básica que esté señalada por la ley para el cargo que ocupe el
funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio.
Cuando el funcionario perciba los incrementos de salario por antigüedad a que se
refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto, la bonificación será equivalente al
veinticinco por ciento del valor conjunto de la asignación básica y de dichos
incrementos. [Se resalta]»
39. La aludida bonificación se consagró como factor de salario para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público en virtud de
lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 247 de 1997, así:
«Artículo 1. Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la
Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales
de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar,
en los mismos términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del
Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen,
la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997.
La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de
determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de
vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones».
40. Como se desprende de las normas analizadas, el reconocimiento de la
bonificación por servicios prestados procede cada vez que el empleado cumpla un
año de servicios, lo cual significa que el valor que se percibe por ese concepto
remunera 1 año o 12 meses de servicio y, por ende, debe incluirse como factor de
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liquidación pensional tan solo en una doceava (1/12) parte y no en un 100 %, pues
considerar lo contrario, no solo desconoce el período que se pretende remunerar
con su reconocimiento, sino que vulnera el principio de sostenibilidad presupuestal
del sistema pensional, posición que ha sido adoptada de manera reiterada y
pacífica por la jurisprudencia de esta Corporación31.
41. Entonces, dado que la decisión objeto de revisión radicada bajo la causa
1001333100720070019701, ordenó la inclusión de la bonificación por servicios
prestados por el accionado en un porcentaje del 100% en contravía de la
jurisprudencia de esta Corporación y de los artículos 45 y 46 del Decreto 1042 de
1971, que en virtud de su causación anual establecen una liquidación para el
computo de la pensión en una doceava parte, en el presente asunto se configuró
el reconocimiento de un derecho que excede lo debido de acuerdo a la ley, lo que
se encuadra en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la
que considera la Sala procedente declarar fundada la acción de revisión, pero
solo en lo que a dicho punto respecta.
42. No obstante, como en el presente caso el beneficiario de la reliquidación
pensional que se discute ha presentado a través de apoderado varias excepciones
sustentadas con argumentos en los que expone que no es dable que opere el
mecanismo extraordinario presentado, la Sala, se dispondrá a analizar cada una
de ellas, así:
43. El señor Jorge Enrique Reyes Peña refiere dentro del sub examine se
configura la falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto, la UGPP no se
encuentra dentro de las entidades facultadas por el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 para invocar el recurso extraordinario de revisión. Al respecto debe señalar
la Sala que dicho argumento resulta desacertado por cuanto esta entidad
previsional se encuentra legitimada para interponer las acciones de revisión contra
sentencias a partir de lo establecido por los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007 32
31
Véase:
Consejo de Estado – Sección Segunda, Sentencia de 29 de junio de 2006, Rad. 2000-02396-01, C.P. Tarsicio Cáceres Toro; Sentencia de
8 de febrero de 2007, Rad. 2003-06486-01, C.P. Alberto Arango Mantilla. Sentencia de 14 de agosto de 2008, Rad. 2005-03346-01, C.P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila; Sentencia de 27 de febrero de 2014, Rad. 2010-00405-01, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Paéz;
Sentencia de 9 de noviembre de 2017, Radicación 2012-00816-02, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 10 octubre de 2019,
Rad. 2013-00330-01, C.P. César Palomino Cortés. Sentencia de 5 de noviembre de 2020, Radicación 2017-00297-00, C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Sentencia de 18 de noviembre de 2020, Radicación 2015-00071-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
32
Artículo 156.Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Créase la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de
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y 6° ordinal 6° del Decreto 575 de 201333.
44. Adicionalmente, señala que dentro del sub examine se configuró la cosa
juzgada, en virtud de que el caso objeto de análisis culminó con el fallo de
segunda instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
confirmó la decisión emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Bogotá mediante el cual se ordenó la reliquidación de su derecho pensional.
45. Lo cual tampoco tiene vocación de prosperidad en consideración a que la
acción consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, faculta la revisión de
fallos judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales en las
que se haya reconocido una pensión o sumas periódicas de dinero en
desconocimiento del debido proceso o en cuantía que excede lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva legalmente aplicable, lo que de
manera necesaria implica que el fallador del mecanismo extraordinario vuelva a
estudiar el fondo del asunto, para determinar si la asignación periódica ordenada
se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico.
46. En ese orden este mecanismo fue previsto por el legislador para constituir una
excepción a dicho fenómeno, que debe ceder ante un fin legítimo, el cual es
determinar si el reconocimiento se hizo con violación al debido proceso o si la
cuantía reconocida excede lo ordenado por la Ley, de manera que resulta
imposible mantener una prestación periódica cuando es evidente que no era viable
su reconocimiento o cuando su monto difiere en exceso, en tanto ello atentaría
contra el interés de carácter general y el principio de universalidad que gobiernan
el sistema de seguridad social, bajo el amparo de dar prevalencia a un interés
particular ilegitimo, lo que en últimas representa un detrimento de los recursos del
sistema.
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta Unidad Administrativa
tendrá a su cargo:
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la
Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya
decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la
administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
33
Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) cumplirá con las siguientes funciones:
(…)
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o
modifiquen.
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47. Finalmente, el accionado señala que dentro del sub examine operó el
fenómeno de la caducidad de la acción, por cuanto la UGPP presentó el recurso
extraordinario de revisión por fuera de los términos previstos para ello por el
artículo 251 de la Ley 1437 de 2011.
48. Frente a esta excepción considera la Sala que no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que como se señaló en el auto que dispuso la admisión de
la demanda del sub lite34 es claro que para la contabilización del termino para el
ejercicio de la acción de revisión regida por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
cuando se trata de revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones
fundadas en abuso del derecho se hará a partir del 12 de junio de 2013 35, fecha en
la cual se determina si el aludido recurso es instaurado dentro de los cinco años
que señala el inciso final del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011.
49. Así las cosas, se observa que el presente recurso fue presentado el 24 de
marzo de 201736, es decir, luego de transcurridos 3 años, 9 meses y 12 días entre
el 12 de junio de 2013 – fecha a partir de la cual se contabiliza su temporalidad de
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-427 de 2016- y la fecha de presentación de la acción de revisión
bajo estudio, encontrando que el mismo fue presentado dentro de la oportunidad
fijada por la ley.
50. En consecuencia, esta Sala declarará fundada la presente acción especial de
revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en cuanto incluyó dentro de la
liquidación el 100% de la bonificación por servicios prestados dentro del cómputo
del derecho pensional del accionado y en consecuencia, infirmará la decisión
radicada bajo la causa 1001333100720070019701 y proferirá decisión de
reemplazo.
34
Folios 418 a 423.
35
Conforme lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU 427 de 2013, en la que se señaló que el plazo para
acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la UGPP asumió las funciones de CAJANAL EICE, es decir,
con posterioridad al 12 de junio de 2013.
36
Ver folio 415 del cuaderno principal.
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Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
Sentencia de reemplazo.
51. La Sala encuentra que el Juzgado Séptimo Administrativo del circuito de
Bogotá mediante sentencia del 17 de junio de 2009, al encontrar acreditado que el
demandante dentro del proceso ordinario era beneficiario de la transición de la Ley
100 de 1993 y por tanto, el sistema anterior que le resultaba aplicable era el
previsto en el Decreto 546 de 1971, ordenó a favor del señor Jorge Enrique Yepes
Peña la reliquidación de la pensión que le fue reconocida aplicando el 75% a la
asignación mensual más elevada percibida por él en el último año de servicios
(agosto 15 de 2000 a 14 de agosto de 2001), incluyendo además todos los
factores salariales certificados, las doceavas partes de la prima de servicios y de
la prima de navidad, y el 100% de la bonificación por servicios.
52. La anterior decisión fue apelada por el ente previsional y en segunda instancia,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 27 de
noviembre de 2009, confirmó el fallo proferido en primera instancia; ante la
inobservancia de las normas especiales que cobijan la situación pensional del
demandante, con desconocimiento del derecho a obtener su mesada pensional en
un monto igual al 75% del salario promedio mensual más alto devengado en el
último año de servicios, con la inclusión de la totalidad de los factores percibidos
que constituyen salario por ser parte de la remuneración por el servicio prestado
dentro de los cuales incluyó el 100% de la bonificación por servicios.
53. En ese orden, se concluye que es cierto conforme lo dispuso el ente
previsional que por disposición judicial al demandado se le reliquidó la pensión con
la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados, en contravía de
las disposiciones legales y jurisprudenciales que regulan la materia y a través de
las cuales se establece, que por ser un factor que se causa anualmente debe ser
tenido en cuenta para la liquidación de su derecho pensional en una doceava
parte. Teniendo en cuenta la orden impartida por el fallo objeto de revisión, la Caja
Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación a través de la
Resolución UGM 022315 del 27 de diciembre de 201137, reliquidó la pensión del
señor Reyes Peña y tuvo en cuenta la suma de $389.860 por concepto de
bonificación por servicios prestados, que corresponde al valor total devengado por
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Folios 236 a 239 del expediente.
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Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
dicho emolumento en el último año de servicio, (15/08/2000 al 14/08/200138)
según consta en la certificación expedida el 6 de octubre de 2011 por la
coordinadora del área de talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca que obra a folios 224 a 232 del
expediente.
54. Así las cosas, dado que la ejecución de la orden impartida por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá mediante sentencia de 17 de junio
de 2009 y confirmada por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en fallo de fecha 27 de noviembre de 2009,
comportó un reconocimiento que excede lo debido de acuerdo a la ley, se hace
necesario modificar la decisión enjuiciada para en su lugar, ordenar la inclusión de
la bonificación por servicios en una doceava parte y no en un 100%.
55. Finalmente, no se observa una justificación que implique el reconocimiento de
la condena en costas, si se tiene en cuenta que el accionado hizo uso de su
derecho de defensa y contradicción, aunado al hecho que no se encuentra
acreditada la causación de expensas dentro del proceso, requisito indispensable
para su imposición conforme lo dispone el numeral 8º del artículo 365 del Código
General Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- ACEPTAR el impedimento manifestado por los doctores Carmelo
Perdomo Cuéter y César Palomino Cortés para conocer del presente proceso
conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO.- DECLÁRAR FUNDADA la acción de revisión presentada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia de 27 de noviembre de
2009, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
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Véase folio 224 del expediente.
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Acción: Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020170020300
Interno: 1210-2017
Actor: UGPP.
Demandado: Jorge Enrique Reyes Peña
Administrativo de Cundinamarca que confirmó la sentencia de 17 de junio de 2009
dictada por el juzgado séptimo administrativo del circuito de Bogotá.
TERCERO.- INFIRMAR el fallo proferido por la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 27 de noviembre
de 2009, para en su lugar, CONFIRMAR la providencia del 17 de junio de 2009
proferida por el juzgado séptimo administrativo del circuito de Bogotá, salvo el
ordinal cuarto de su parte resolutiva que se modifica y consecuencia, quedará de
la siguiente manera:
«4: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y, a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social a
efectuar una nueva liquidación de la pensión de vejez al señor JORGE ENRIQUE
REYES PEÑA, identificado con C.C. No.14´435.579 de Cali aplicando el 75% a la
asignación mensual más elevada percibida por el actor en el último año de servicios
(agosto 15 de 2000 a 14 de agosto de 2001), incluyendo además todos los factores
salariales certificados, PRIMA DE SERVICIOS 1/12, PRIMA DE NAVIDAD 1/12 y
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 1/12; suma que se pagará a partir de la fecha de
retiro del servicio, con los reajustes pensionales previstos en la ley, descontando del
total de la liquidación que se haga, los valores que se hubieren cancelado por
mesadas pensionales. La entidad de previsión hará los descuentos
correspondientes a los aportes no efectuados (…)»
CUARTO- Devolver al juzgado de origen el proceso No.
11001333100720070019700, que fue enviado en calidad de préstamo a esta
Corporación. Cumplido lo anterior, archivar el expediente.
Notifíquese y cúmplase.
Firma electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma Electrónica Firma electrónica
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
(Con aclaración de voto) (Con aclaración de voto)
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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