Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00247-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00247-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00247-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicado: 11001-03-25-000-2017-00247-00 (1284-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Rosalba Flórez de Blanco
Temas: Artículo 20 Ley 797 de 2003/ Reintegro de aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud en pensión gracia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de
Bucaramanga el 16 de diciembre de 2010, que accedió a las pretensiones de la
demanda instaurada por la señora Rosalba Flórez de Blanco en contra de la Caja
Nacional de Previsión Social (CAJANAL).
ANTECEDENTES
La UGPP interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003
contra la sentencia del 16 de diciembre de 2010, proferida por el Juzgado Catorce
Administrativo de Bucaramanga, para lo cual invocó las causales contenidas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
La acción se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Rosalba Flórez de Blanco, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra CAJANAL con el fin de
obtener la declaratoria de nulidad del oficio GN 22592 de 22 de noviembre de 20071,
a través del cual se negó la devolución del 8% que venía siendo descontado de las
mesadas pensionales por concepto de servicios de salud (médico-asistenciales).
Como consecuencia de lo anterior solicitó declarar que se le debe efectuar
únicamente un descuento del 4% sobre el valor que compone su pensión gracia en
concordancia con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993, 4 de 1966, 33 de
1 Folio 11 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00247-00 (1284-2017)
1985, 71 de 1988, 91 de 1989, 100 de 1993 y los Decretos 1703 de 2002 y 806 de
1998 y se condene a la entidad demandada a: i) reintegrar en un 8% los descuentos
de salud con retroactividad desde cuando el demandante adquirió el derecho a la
pensión o a partir de la fecha en que se iniciaron dichos descuentos y ii) pagar los
perjuicios materiales y morales de toda índole ocasionados por el hecho de pagar
sumas de dinero menores a las adeudadas.
Que el Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga, en decisión del 16 de
diciembre de 2010, dispuso declarar la nulidad del acto administrativo demandado y
condenó a la UGPP a devolver las sumas descontadas de su pensión que excedan
del 5% desde la fecha en la que se hicieron efectivos los descuentos. La decisión
quedó ejecutoriada el 21 de enero de 20102.
Que mediante Resolución UGM 057752 del 1.° de noviembre de 2012 CAJANAL dio
cumplimiento al fallo al ordenar al área de nómina de abstenerse de descontar de la
pensión gracia la suma que excediere al 5% por concepto de aportes en salud.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga, mediante providencia del 16 de
diciembre de 2010, declaró la nulidad del acto demandado. Además, ordenó a
CAJANAL abstenerse de descontar de la pensión gracia de la señora Rosalba Flórez
Blanco un porcentaje superior al 5% por concepto de salud e impuso la obligación de
reintegrar lo descontado en exceso desde la fecha en la que se hicieron efectivos los
descuentos. Para ello tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
Que las excepciones de mérito planteadas en la contestación de la demanda,
específicamente la falta de legitimación, la falta de integración del litis consorcio
necesario y la falta de requisito de procedibilidad, no estaban destinadas a prosperar.
En primer lugar, la falta de legitimación no procede debido a que la entidad
demandada emitió el acto administrativo objeto de la solicitud de nulidad. En segundo
lugar, la falta de integración del litis consorcio necesario no es válida porque no se
especifica claramente el sujeto involucrado que recibiría los efectos jurídicos de la
sentencia, conforme al artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. Por
último, la falta de requisito de procedibilidad no es aplicable ya que la demanda fue
presentada antes de que entrara en vigor la obligación de conciliación extrajudicial en
casos de materia contenciosa administrativa, según lo establecido por la Ley 1285 de
2009.
Respecto al fondo del asunto, sostuvo que la pensión gracia no puede ser
considerada como un ingreso no propio del servicio docente para ser gravada con el
12.5% de cotización al FOSYGA de conformidad con lo establecido en el artículo 14
del Decreto 1703 de 2002, por medio del cual se adoptaron las medidas para controlar
la afiliación y cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, por ser este decreto
posterior a las normas que regulan dicha pensión especial las cuales no establecieron
el descuento de salud a los docentes acreedores de este derecho pensional.
2 La sentencia fue notificada por edicto fijado entre el 12 y el 27 de julio de 2011 (folio 34 del expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho).
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Que los descuentos establecidos por ley en las mesadas pensionales de los docentes
con pensión gracia se originan en el parágrafo del artículo 2° de la Ley 4ª de 1966.
Esta disposición, que fue derogada y modificada por la Ley 100 de 1993, establece
que los pensionados deben cotizar mensualmente con el cinco por ciento (5%) de su
mesada pensional. Sin embargo, esta norma continúa siendo aplicable a quienes
adquirieron su derecho pensional bajo su vigencia.
Que en virtud de esta normativa, la pensión gracia constituye un régimen excepcional
y autónomo frente al régimen pensional ordinario establecido por la Ley 100 de 1993.
Por lo tanto, el descuento del 12% efectuado sobre la pensión gracia de la señora
Rosalba Flórez de Blanco carece de fundamento legal expreso, ya que esta
regulación especial es anterior a la expedición del Decreto 1708 de 2002.
Que de acuerdo con el artículo 177 del CCA CAJANAL debe entenderse sustituida
por el Fondo de Pensiones Públicas del Orden Nacional para los efectos de la
decisión.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las
causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación3, bajo los argumentos que
pasan a exponerse:
Que la orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, ya que existía
una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a la entidad demandada en
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral presentada
por la señora Rosalba Flórez de Blanco, toda vez que CAJANAL no era la entidad
responsable de satisfacer las pretensiones de la demanda, dado que no es la
destinataria ni depositaria de los fondos o recursos recaudados para el Sistema de
Seguridad Social en Salud, según el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002.
Que aunque los descuentos por salud de las pensiones reconocidas por CAJANAL
son realizados por la UGPP, estos recursos se giran al FOSYGA, la cual es una
cuenta adscrita al Ministerio de Salud, manejada por encargo fiduciario, sin personería
jurídica ni planta de personal propia.
Que desde la Ley 4 de 1966, los pensionados de CAJANAL están obligados a cotizar
el 5% de su mesada pensional, obligación que también fue establecida en la Ley 100
de 1993, la cual elevó esta cuantía al 12% según se indica en su artículo 204.
Que según el parágrafo 2° del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, la pensión de gracia
es responsabilidad de la Caja Nacional de Previsión y no del FOMAG. Por lo tanto,
los beneficiarios de la pensión de gracia no están excluidos del Sistema Integral de
Seguridad Social en salud, por lo que es incorrecta la orden del Juzgado 14
Administrativo de Bucaramanga de devolver las sumas descontadas por concepto de
salud en el caso de la señora Rosalba Flórez de Blanco.
3 Folios 107 y ss. del cuaderno principal de la acción de revisión.
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Que la Ley 812 de 2003, que exceptúa a ciertos docentes oficiales de las normas de
la Ley 100 de 1993, no se puede aplicar a la pensión gracia, ya que esta no es pagada,
como se dijo, por el FOMAG, sino por CAJANAL.
Que en todo caso, la discusión sobre la improcedencia del reembolso de los
descuentos en salud efectuados sobre la pensión de gracia fue zanjada por la Corte
Constitucional en la sentencia T-359 de 2009, al advertir que las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993 son aplicables a los beneficiarios de la prestación
periódica.
Que los descuentos efectuados para el Sistema General de Seguridad Social en salud
deben aplicarse en un 12% sin distinción alguna. Esto se debe a que el ingreso base
de cotización (IBC) de los pensionados se calcula sobre la totalidad de los ingresos
recibidos, considerando lo percibido como pensionado, trabajador dependiente,
independiente o por otra pensión.
Que se evidencia una irregularidad en el fallo en relación con la orden de reintegrar a
la señora Flórez Blanco los valores descontados de su mesada pensional por
concepto de salud, toda vez que estos descuentos están respaldados por preceptos
legales y jurisprudencia, lo que indica que su omisión generaría un desequilibrio en la
obligación de cotización y constituiría a su vez una amenaza para la sostenibilidad
financiera del sistema, dado que aumentaría la mesada pensional de la beneficiaria
en un 23%.
Que existen diversos precedentes jurisprudenciales que respaldan la improcedencia
del reintegro de los aportes de salud sobre la pensión gracia. Entre ellos, se destaca
los fallos acumulados T-4291638, T-4291650 y T-4291660, emitidos por la Corte
Constitucional.
Contestación a la acción de revisión
Vencido el término legal, la señora Rosalba Flórez Blanco = no contestó la acción
especial de revisión4.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
La Subsección debe resolver si se configuran las causales de revisión planteadas por
la entidad demandante. Específicamente, debe determinar si la sentencia emitida el
4 Según se verifica a través del auto del 25 de julio de 2022, se admitió la acción y se solicitó a la UGPP que
indicara si la demandada contaba con una dirección electrónica para notificaciones, y en caso afirmativo, que la
proporcionara. Mediante memorial del 9 de agosto de 2022, la entidad informó que la dirección de correo
electrónico de notificaciones de la demandada, Rosalba Flórez de Blanco, es sandymyl@hotmail.com, según los
registros del FOPEP. En consecuencia, la Secretaría de esta corporación procedió a notificar a la demandada a
través de dicho medio el día 16 de agosto de 2022 (índice 37 SAMAI), sin que se haya recibido respuesta alguna.
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16 de diciembre de 2010 por el Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga,
que condenó a CAJANAL a devolver los dineros descontados de la pensión gracia de
la señora Rosalba Flórez de Blanco por concepto de aportes a salud, fue obtenida
con violación al debido proceso y si excedió los límites establecidos por la Ley.
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) generalidades de la acción especial de
revisión, ii) causales de revisión invocadas; iii) aspectos generales de la pensión
gracia y apreciaciones sobre aporte a salud del 12% sobre el valor de la mesada y,
finalmente, iv) se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.
Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones5 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.
Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial6 por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
en quien está habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»7. Frente a las causales para interponer
el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos
250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados
en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.
5 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
6 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00
(2129-12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial
de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
7 Ibidem.
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Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio
de universalidad que lo inspira8 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003
La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.
En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, debe resaltarse que la Constitución Política en su artículo 29, prevé
el debido proceso como un derecho fundamental, encaminado a garantizar a la
persona el respeto de las formas propias de cada juicio en todas y cada una de
las actuaciones administrativas o judiciales en las que se vea vinculada o haga
parte, con el propósito último de lograr la aplicación correcta de la justicia.
Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado9 como la Corte Constitucional10 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en
el artículo 29 ídem, comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».
Acerca de la segunda causal, relativa a la liquidación de la pensión sobre una
cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de la Ley
797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas
sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-
2018-01884-00(REV)
10
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00247-00 (1284-2017)
equitativos para todos los ciudadanos […]»11. De igual manera, se advierte que se
manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte
del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para
revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la
ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya
cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
Aspectos generales de la pensión gracia y apreciaciones sobre aporte a
salud del 12% sobre el valor de la mesada
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la
acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán
en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras
que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para
que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por
enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de
manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero
en ningún caso dos pensiones de este último orden.
11 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00247-00 (1284-2017)
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de
la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales
o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su
artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que
contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone
el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12.
Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a
los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron
modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el
efecto.
El carácter especial que rige a la pensión gracia la excluye de la aplicación de la Ley
33 de 1985. En efecto, el artículo 1.° de la misma ley estableció: « [...] [n]o quedan
sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que
por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente,
ni aquéllos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones».
Como se observa, la norma es clara en excluir a quienes tienen un régimen especial
de pensiones, como acontece con los beneficiarios de la pensión gracia; así pues, es
la misma legislación la que consagra la excepción en cuanto a las pensiones de
régimen especial.
Con posterioridad, la aludida pensión fue abordada por la Ley 91 de 198913 en los
siguientes términos:
«Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]
2.- Pensiones:
1. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación.
2. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Ahora bien, ante existencia de diversos regímenes pensionales, el Congreso de la
12 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr.
Gustavo Gómez Aranguren, expediente núm. 0417-07.
13 «Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00247-00 (1284-2017)
República expidió la Ley 100 de 1993 con el fin de concentrar el Sistema de Seguridad
Social; sin embargo, con el objetivo de evitar el menoscabo de los derechos de las
personas que se encontraban próximas a pensionarse o tuviesen cierto tiempo de
servicios, creó un régimen de transición y estableció ciertas excepciones al Sistema
Integral de la Seguridad Social, en los siguientes términos:
«Artículo 279. Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido
en la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se exceptúa a
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles
con pensiones o cualquier clase de remuneración (…)» (Negrillas fuera del texto).
En esa línea, a partir de lo dispuesto en el numeral 1 del literal A, del artículo 157 de
la Ley 100 de 1993, son afiliados al régimen contributivo de ese sistema y por tanto
obligados a la cotización en salud:
«Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad
social en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano
participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes
vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del
régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley»
De lo anterior se concluye que las pensiones a cargo del FOMAG quedarían
exceptuadas de dicho sistema integral; no obstante, esta excepción no comprendió la
pensión de jubilación gracia, pues, como ya se indicó, esta es una prestación cuyo
reconocimiento corresponde a CAJANAL (hoy UGPP). A ello hay que añadir que el
artículo 130 de la citada Ley 100 de 1993 creó el Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional, como una cuenta de la Nación adscrita al entonces Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serían administrados mediante encargo
fiduciario para sustituir a CAJANAL y a los demás entes de previsión o fondos
insolventes del sector público del orden nacional en lo relacionado con el pago de las
pensiones14.
En lo atinente a los descuentos con destino a salud, debe tenerse presente que con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no era uniforme la
cotización para salud que se ordenaba pagar y se atenía al régimen al cual se hallaba
afiliado el jubilado. De ahí, que el legislador pretendiera, como en efecto lo hace con
la expedición de la Ley 100 de 1993, unificar las cotizaciones para todos los afiliados
al Sistema General de Seguridad social en Salud.
14 Mediante Decreto 1132 de 1994, se reglamenta el fondo de pensiones públicas del nivel nacional y en él se
ratifica la naturaleza jurídica del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional como una cuenta especial de la
Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuyos recursos serían
administrados a través de encargo fiduciario.
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Obsérvese que la mencionada ley en su artículo 280, estableció, a partir del 1.° de
abril de 1994, una tasa de cotización del 12% con destino al Sistema General de
Seguridad Social en salud y para todos los casos sin ningún tipo de excepción:
«(…) Artículo 280. Aportes a los fondos de solidaridad. Los aportes para los
fondos de solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en los
artículos 27 y 204 de esta Ley serán obligatorios en todos los casos y sin
excepciones. Su obligatoriedad rige a partir del 1 de abril de 1994 en las
instituciones, regímenes y con respecto también a las personas que por cualquier
circunstancia gocen de excepciones totales o parciales previstas en esta Ley.
En consecuencia, a partir del 1 de abril de 1994, el aporte en salud pasará
del 7 al 8%* y cuando se preste la cobertura familiar, el punto de cotización
para solidaridad estará incluido, en todo caso, en la cotización máxima del
12% (…)» (Negrillas fuera del texto).
En tal virtud, la jurisprudencia de la Corte Constitucional15 ha sido consistente en
establecer que los beneficiarios de la pensión gracia sí están obligados a realizar las
cotizaciones con destino al Sistema de Seguridad Social, en el monto establecido en
el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, esto es, el 12% de su mesada pensional-
vigente según la Ley 1250 de 200816-; criterio que ha compartido esta Sección en
diversas ocasiones17.
Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, se entrará a analizar si en el presente
caso era necesario exigirle a la demandante, en su condición de beneficiario de la
pensión gracia, cotizar el 12% sobre su mesada como aporte al sistema de la
Seguridad Social en salud, con fundamento en la Ley 100 de 1993.
Caso concreto
Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse en
cuenta, en primer lugar, que lo pretendido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue la
exención del descuento que para salud dispuso efectuar CAJANAL sobre las
1§mesadas de la pensión gracia y la devolución de valores que ya le habían sido
retenidos por dicho concepto a la señora Rosalba Flórez de Blanco.
La UGPP argumentó que se configuraba la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 en la medida en que, al no ser la destinataria ni depositaria de los recursos que
se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en salud, carecía de legitimación
en la causa por pasiva en lo que respecta a la orden de devolución del dinero que ya
15 En sentencia T-546 de 2014, se precisó que «[...] no existe disposición que excluya a los regímenes de
excepción del deber de cotizar al Sistema General de Seguridad Social, por el contrario, se encuentra
demostrado, que a través del tiempo los beneficiarios de la pensión gracia han estado obligados a efectuar
los aportes correspondientes al sistema de salud para la prestación de los servicios médico-asistenciales,
situación que no varió con la expedición de la Ley 100 de 1993. El pago de las cotizaciones en salud es
obligatorio, independientemente de que se preste o no el servicio de salud, en acatamiento del principio de
solidaridad que rige el sistema de Seguridad Social en Colombia, conforme lo establece el artículo 48 de la
Constitución […]». Dicho criterio ha sido además reiterado en sentencias T-359 de 2009, T-546 y T-835 de
2014 y T-581 de 2015.
16 «Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley
1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de
2003».
17 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado núm.
11001-03-25-000-2013-00901-00 (1953-2013) y Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección B; C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter, radicado núm. 11001-03-25-000-2014-00869-00 (2675-2014)
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00247-00 (1284-2017)
se había deducido de la pensión gracia. A su juicio, ello comporta el desconocimiento
del derecho al debido proceso.
En este contexto, la Sala procederá en primer lugar a determinar si, efectivamente, la
UGPP (anteriormente CAJANAL) carecía de legitimación pasiva en la causa. En caso
afirmativo, se analizará si la circunstancia alegada por la entidad podría constituir una
violación del derecho constitucional invocado.
Al respecto, la legitimación en la causa por el lado pasivo implica la identificación del
demandado que tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho en cuestión. Por lo
tanto, la legitimación es un requisito sustancial para que la sentencia de mérito sea
favorable tanto al demandante como al demandado18.
Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha sostenido que esta figura procesal
puede ser analizada tanto desde una perspectiva formal como material o sustancial.
La primera arista «es entendida como la relación procesal que se establece entre el
demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, es
una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la
notificación de esta al demandado»19. Por su parte, la legitimación material en la
causa alude a la participación real de las personas en el hecho origen de la
formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan
demandado o que hayan sido demandadas.
De acuerdo con el material probatorio obrante el expediente, se puede evidenciar que
la entidad demandante realizó los descuentos mencionados y se negó a eliminarlos,
basándose en los artículos 157 de la Ley 100 de 1993 y 14 del Decreto 1703 de 2002.
Estas disposiciones normativas establecen que los pensionados están obligados a
afiliarse al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y
a realizar la correspondiente cotización. Asimismo, asignan a las administradoras de
pensiones, en su calidad de pagadoras de la prestación, la responsabilidad de deducir
los valores destinados a salud.
Por otro lado, el inciso 3° del artículo 42 del Decreto 692 de 1994, hoy compilado de
forma literal en el artículo 2.2.1.2.2. del Decreto 1833 de 2016, relativo a las normas
del Sistema General de Pensiones, establece respecto del reajuste pensional por
incremento de aportes en salud, lo siguiente:
«Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud, y
transferirlo a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud.
Igualmente, deberán girar un punto porcentual de la cotización al Fondo de
Solidaridad y Garantía en Salud.»
En similares términos, el inciso 2 del artículo 14 del Decreto 1703 de 2002, norma que
se encuentra actualmente derogada por el artículo 89 del Decreto 2353 de 201520 y
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, CP: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación número: 05001-23-26 000-
1994-00928-01(18279)
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de marzo de 2010, Expediente 05001-23-31-000-2000-
02571-01 (1275-08), MP. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
20 Actualmente la norma consagra: “(…) cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen especial o de
excepción o su cónyuge, compañero o compañera permanente, tenga una relación laboral o ingresos adicionales
sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el aportante
deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). (…)”.
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00247-00 (1284-2017)
modificada por el artículo 1.° del Decreto 57 de 2015, indicaba que «[c]uando la
persona afiliada como cotizante a un régimen de excepción tenga una relación laboral
o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, su empleador o administrador de pensiones deberá
efectuar la respectiva cotización al Fosyga en los formularios que para tal efecto
defina el Ministerio de Salud.». (Negrillas de la Sala).
Es evidente que, aunque CAJANAL, en su calidad de pagadora, estaba encargada
de efectuar la retención y trasladarla al FOSYGA, donde se le daría la destinación
establecida por Ley, no es menos cierto que quien determinó efectuar los descuentos
que el Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga consideró no ajustados a
derecho fue CAJANAL (hoy UGPP).
Además, el hecho de que el Gobierno Nacional tenga la facultad de destinar las
sumas recaudadas por concepto de aportes en el subsistema de salud conforme a la
ley, no excluye que la extinta CAJANAL (actualmente UGPP) tenga legitimidad en la
causa para responder por los descuentos ordenados a través de los actos
administrativos que reconocieron la pensión gracia y ordenaron su reliquidación
(Resoluciones 10291 de 199321 y 19162 de 200022, los cuales a su vez dieron lugar
tanto al acto administrativo demandado como a la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como a la presente acción especial de revisión.
Por ello, resulta improcedente el argumento de la recurrente frente a su legitimación
pues, tuvo injerencia y participación directa en los hechos de la demanda y por ello,
estaba legitimada en la causa para obrar dentro del proceso contencioso.
Adicionalmente, siguiendo los pronunciamientos que la Sección ha efectuado al
estudiar casos similares al que es hoy objeto de análisis, ciertamente resulta
desproporcionado tenerle que imponer «(…) al pensionado la carga de reclamar ante
el FOSYGA el reintegro del dinero que, a juicio del ad quem, le fue descontado de
sus mesadas sin justificación jurídica por la CAJANAL, a quien, en virtud de la
sentencia objeto del actual recurso, le correspondía proceder con la devolución
ordenada para, en un segundo momento, iniciar un trámite administrativo ante el
FOSYGA tendiente a la devolución de tales recursos»23.
Así las cosas, la Sala advierte que son insuficientes los argumentos expuestos en
sede revisión sobre la configuración de la causal contenida en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, en la sentencia impugnada en vía extraordinaria, ya que la falta de
legitimación en la causa por pasiva que la demandante acusó como violatoria del
derecho al debido proceso no se presentó.
Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad
21 Folio 36, cuaderno principal.
22 Folios 49 a 50, ibidem.
23 Al respecto consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, CP: William Hernández Gómez, providencia del 17 de junio de 2021. Radicación
número: 11001-03-25-000-2013-01423-00(3603-13); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, CP: Gabriel Valbuena Hernández, providencia del 11 de noviembre de 2021,
Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00658-00(2057-14).
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00247-00 (1284-2017)
recurrente encuadran dentro del contenido establecido por el legislador en dicha
disposición, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.
La Sala advierte que los argumentos presentados en el escrito que contiene la acción
se centran en explicar la naturaleza de la afectación al patrimonio público, ya que la
UGPP sostiene que la mesada pensional experimenta un aumento del 23% al no
realizarse los descuentos de salud sobre la mesada pensional.
Por ello, al exponerse de manera sucinta la presunta afectación al patrimonio público,
la parte accionante puede cuestionar la presunción de veracidad que cobija la
decisión deprecada, pues indica de manera precisa y razonada la causal invocada,
situación que habilita a esta corporación a continuar con el estudio del asunto. De ahí
que se examinará, si en el caso concreto, se configura la consecuencia procesal
prevista en el precepto normativo mencionado, esto es, si la exención de la cotización
al subsistema de salud implica que el quantum de la prestación desbordó el límite
legalmente establecido.
Atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión, para
esta Sala no hay duda que las mesadas pagadas por concepto de pensión gracia sí
están sujetas a los descuentos que sobre ellas se realicen con destino al Sistema de
la Seguridad Social en salud; cualquier interpretación diferente resulta en disonancia
con lo establecido artículo 143 de la Ley 100 de 1993, que, en virtud del incremento
en la tasa de cotización a salud, ordenó el reajuste de las pensiones en la misma
proporción.
En este orden de ideas, le asiste a la pensionada la obligación de cotizar para salud;
y, por lo tanto, se debe efectuar en los términos que indica la legislación vigente.
Comoquiera que desde el 27 de noviembre de 2008 —fecha de entrada en vigor de
Ley 1250 de 2008—, las cotizaciones por seguridad social en salud se establecieron
en un 12%, se advierte de forma manifiesta que la orden del juzgado tendiente a
reintegrar a la señora Rosalba Flórez de Blanco las sumas que fueron objeto de
descuento de la pensión gracia por concepto de cotizaciones en salud y la reducción
del mencionado rubro, desconoce la normativa aplicable al asunto, afecta el
patrimonio público e impacta la cobertura del Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
En definitiva, si esta Sala permitiera que la señora Rosalba Flórez de Blanco
continuara sin cumplir con el deber legal que le impone efectuar la respectiva
cotización en salud por su pensión gracia en monto del 12 %, estaría avalando un
exceso en la cuantía pensional que le fue reconocida, cual es precisamente lo que
proscribe la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Con fundamento en lo anterior, se declarará fundada la acción de revisión interpuesta
por la UGPP (antes CAJANAL EICE) por la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 contra la sentencia del 16 de diciembre de 2010, proferida
por el Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga.
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Sentencia de reemplazo
Resulta imperioso dejar sentado que el marco normativo y jurisprudencial delineado
en las consideraciones previas aplica al análisis del caso particular.
En esta perspectiva, el problema jurídico a examinar se limita a determinar si la señora
Flórez de Blanco, como beneficiaria de la pensión gracia, está legalmente obligado a
realizar la contribución del 12% de su asignación mensual como aporte al Sistema de
Seguridad Social en Salud.
Según lo explicado en el acápite anterior, la respuesta a esta cuestión debe ser
afirmativa, en consonancia con las explicaciones vertidas en el apartado previo y en
virtud de las fundamentaciones que se detallarán a continuación:
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no exceptúa de la aplicación del Sistema
General de Seguridad Social a los docentes beneficiarios de la pensión gracia, dado
que los beneficios que protege la excepción establecida en el inciso 2º de la norma
ejusdem son aquellos derivados de la afiliación del FOMAG y no aquellos
provenientes de la «recompensa» que el legislador otorgó a un grupo determinado de
trabajadores, pues, está última prestación configura una situación jurídica diversa e
independiente a la primera, en virtud de la cual el beneficiario se ve en la obligación
de someterse a las disposiciones del Sistema General en Salud, entre ellas, las de
cotizar al subsistema de salud.
Sumado a lo anterior, el artículo 157, literal a), numeral 1.° de la Ley 100 de 1993
prevé que los pensionados, caso de aquellos que les fue reconocida una pensión
gracia, deben afiliarse al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y en consecuencia surge la obligación de cotizar al mismo.
Así pues, al encontrarse cobijadas por la Ley 100 de 1993 las mesadas de pensiones
gracia de que sean beneficiarios los docentes, estas también deben ser objeto de la
tasa de cotización del 12% que estableció el legislador. Por lo tanto, es necesario
revocar la sentencia del Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga de 16 de
diciembre de 2010 que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por la señora Rosalba Flórez de Blanco en contra de la extinta Caja
Nacional de Previsión Social EICE en liquidación (hoy UGPP) accedió a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, deniéguense las pretensiones de la
demanda.
De la devolución de dineros recibidos de buena fe
En aplicación del numeral 1, literal c), del artículo 164 del CPACA, en el evento en
que la UGPP hubiese procedido a la devolución de los descuentos por concepto de
aportes con destino a salud, no hay lugar a ordenar su reintegro pues, cabe entender
que los dineros fueron recibidos de buena fe ya que le correspondía a la parte actora
probar debidamente que la demandada cuando solicitó la devolución referida actuó
de mala fe y ello no ocurrió así.
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00247-00 (1284-2017)
De la condena en costas
Dado que en este caso la acción especial de revisión prosperó no hay lugar a imponer
condena en costas, en tanto el artículo 365 del Código General del Proceso dispuso
tal consecuencia únicamente respecto de la parte vencida a la que se le resuelva
desfavorablemente el recurso y no respecto de la parte pasiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar fundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2010 por el
Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga, que accedió a las súplicas de la
demanda.
Segundo: Infirmar la sentencia del 16 de diciembre de 2010, proferida por el Juzgado
Catorce de Bucaramanga. En consecuencia, se dicta sentencia de reemplazo en los
siguientes términos:
Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
Tercero: Declárese que no hay lugar a ordenar devolución de los reembolsos que
por concepto de aportes con destino a salud hubiese efectuado la UGPP, en
cumplimiento del fallo que ahora se infirma a la señora Rosalba Flórez de Blanco,
según las razones antes expuestas.
Cuarto: Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión.
Quinto: Sin condena en costas.
Sexto: Una vez en firme esta providencia, realizar las correspondientes anotaciones
en el aplicativo SAMAI y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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