Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00285-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00285-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00285-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00285-00 (1367-2017)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-
Demandado: Edilberto Pinzón Neira
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Presupuestos de configuración. Reconocimiento pensional.
Naturaleza Jurídica de Acerías Paz del Río. Falta de prueba
Decisión: Declara infundada la acción. Sin condena en costas.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia del 23 de junio de 2011,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C3, que confirmó parcialmente la sentencia del 26 de marzo de 2010
dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Edilberto Pinzón Neira contra la Caja Nacional de
Previsión Social – hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, proceso radicado
25000232500020060690703.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial
2.1.1. La demanda4
2. El señor Edilberto Pinzón Neira, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Fue presentada el 18 de abril de 2017, según da cuenta el índice 1 del aplicativo Samai, de manera que
está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
3 Con ponencia de la magistrada Amparo Oviedo Pinto.
4 Expediente digitalizado, visible en el aplicativo SAMAI. Archivo «39Anexo notificación del
39_AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION.rar\1367-2017\1367-2017 - archivo
RAR», documento: «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_EXPEDIENTEDIGITAL2(.pdf)
NroActua 14.»
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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00285-00 (1367 -2017)
Demandante: UGPP
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, contra la Caja Nacional de
Previsión Social – hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, con el objetivo de
obtener, en síntesis, que se declare la nulidad de la Resolución 22223 del 4 de
agosto de 2005, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, mediante la
cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y la
Resolución 6060 del 19 de septiembre de 2006, expedida por el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de CAJANAL mediante la cual se confirmó en todas y cada una
de sus partes la anterior decisión.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la Caja
Nacional de Previsión Social reconocer y pagar a favor del demandante la
pensión de jubilación, de conformidad con el régimen especial de la Contraloría
General de la República, establecido en los Decretos 929 de 1976 y 720 de 1978,
efectiva a partir del 13 de enero de 1994. Adicionalmente solicitó que sean
condenadas la Contraloría General de la República y Acerías Paz del Río S.A.,
por ser solidariamente responsables frente al derecho solicitado y dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código
Contencioso Administrativo.
4. Como fundamentos fácticos de la demanda, se relató que el señor Edilberto
Pinzón Neira nació el 13 de enero de 1939, por lo que en enero de 1993 acreditó
55 años de edad.
5. Prestó sus servicios a la Sociedad Acerías Paz del Río S.A. desde el 26 de
septiembre de 1959 hasta el 10 de junio de 1970, por 10 años, 8 meses y 15 días
y a la Contraloría General de la República desde el 17 de febrero de 1983 hasta
el 30 de septiembre de 1993, es decir, por 10 años, 7 meses y 14 días,
completando un tiempo de servicios correspondiente a 21 años y 29 días.
6. El 2 de octubre de 2002 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y
pago de la pensión, pero esta le fue denegada por parte de CAJANAL a través
de la Resolución 22223 de 4 de agosto de 2005.
7. Contra esta decisión el señor Pinzón Neira interpuso recurso de reposición que
fue resuelto mediante la Resolución 6060 de 19 de septiembre de 2005, en la
que se confirmó la Resolución inicial.
2.1.3. Sentencia de primera instancia5
8. El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante providencia del 26 de marzo de 2010, accedió a las súplicas
de la demanda.
5 Expediente digitalizado, visible en el aplicativo SAMAI. Archivo «39Anexo notificación del
39_AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION.rar\1367-2017\1367-2017 - archivo
RAR», documento: « 3501 SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA-8-2017-01-31_121800.PDF».
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Demandante: UGPP
9. Para adoptar esa determinación abordó el estudio de las normas pensionales
aplicables a los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la
República y se refirió a los medios de prueba allegados al expediente, a partir
de los cuales estimó que el demandante cumplió con los requisitos para el
reconocimiento pensional, toda vez que laboró por más de 20 años, de los cuales
10 años prestó sus servicios a la Contraloría General de la República y contaba
con la edad exigida para dicho reconocimiento.
10. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos cuestionados y ordenó a la
entidad demandada reconocer y pagar a favor del demandante la pensión de
jubilación, sobre el 75% del promedio mensual de todos los salarios legales
devengados por el actor, durante los últimos seis meses de servicio, teniendo en
cuenta el sueldo, subsidio de alimentación, bonificación por servicios,
bonificación especial y las primas de servicios, de vacaciones y de navidad,
liquidados en forma proporcional al valor devengado en los últimos seis meses
de servicio y descontando los respectivos aportes, si hubiere lugar a ello, a partir
del 2 de octubre de 1999, por prescripción trienal.
2.1.4. Sentencia de segunda instancia6
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, en providencia del 23 de junio de 2011 confirmó parcialmente la sentencia
apelada y se abstuvo de condenar en costas de segunda instancia.
12. Para tal efecto, indicó que el demandante acreditó los requisitos señalados
en el Decreto 929 de 1976 y se demostró que su última vinculación laboral fue
en la Contraloría General de la República; además, como nació el 13 de enero
de 1939 a la fecha de presentación de la demanda contaba con más de la edad
exigida para el reconocimiento pensional. También encontró acreditado el
requisito de cumplimiento de 20 años de servicio continuo o discontinuo,
anteriores o posteriores a la vigencia del decreto, de los cuales por lo menos diez
lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República.
13. Esto, comoquiera que de las pruebas se demostró que laboró al servicio de
Acerías Paz del Río S.A. desde el 26 de septiembre de 1959 hasta el 10 de junio
de 1970 para un total de 10 años, 8 meses y 14 días; luego, en la Contraloría
General de la República donde laboró desde el 17 de febrero de 1983 hasta el
30 de septiembre de 30 de septiembre de 1993, por 10 años, 3 meses y 27 días,
para un total de 21 años, 3 meses y 27 días; de acuerdo con ello estimó que se
acreditaron los requisitos del Decreto 929 de 1976, al verificar el cumplimiento de
las exigencias allí consagradas.
6 Ibidem. Documento «3501 SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA-10-2017-01-31_121800.PDF»
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Demandante: UGPP
14. En cuanto a la liquidación de la pensión de jubilación consideró que debía ser
reconocida, con un monto igual al 75% del promedio mensual de todos los
factores salariales legales base de dicha liquidación, certificados durante los seis
meses anteriores a la fecha de retiro del servicio, esto es, el sueldo, el subsidio
de alimentación y las primas de servicios, de vacaciones y de navidad,
descontando los correspondientes aportes al sistema de seguridad pensional, si
no se hubiera hecho. Lo anterior, con exclusión de la bonificación por servicio y
la bonificación especial, habida cuenta que dichos factores fueron devengados
por los períodos correspondientes al 17 de febrero de 1992 a 16 de febrero de
1993 y del 17 de febrero de 1988 al 6 de febrero de 1993, esto dado que no se
devengaron dentro de los 6 meses anteriores al retiro del servicio.
15. Aclaró que, para establecer el monto de la cuantía pensional, los salarios
sobre los cuales hubiese aportado en el semestre anterior al retiro del servicio,
debían indexarse hasta la fecha de cumplimiento del segundo requisito de edad,
es decir, el 13 de enero de 1994.
16. Por lo anterior modificó en lo pertinente el literal a) del numeral 4.° de la
sentencia de primer grado, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación del señor Edilberto Pinzón Neira con el 75% de todos los
factores salariales legales devengados durante los seis meses anteriores a la
fecha de retiro del servicio como son: sueldo, subsidio de alimentación, prima de
servicios (1/12), prima de vacaciones (1/12) y prima de navidad (1/12), ordenando
el correspondiente pago conforme a las pretensiones de la demanda y, a lo
establecido en las normas allí indicadas, descontando los correspondientes
aportes al sistema de segundad pensional, si no se hubiera hecho.
17. De acuerdo con esto, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia,
absteniéndose de condenar en costas de segunda instancia.
2.1.5. La acción especial de revisión7
18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, invocó como causales de revisión
las consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra
acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente
cuando:
a) El reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
7 Ibidem.
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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
25. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
« […]
1) Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C el 23 de junio de 2011,
dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, instaurada
por el señor EDILBERTO PINZÓN NEIRA, que confirmó parcialmente la
sentencia del 26 de marzo de 2010 expedida por el Juzgado 6 Administrativo
de Descongestión del Circuito de Bogotá en cuantía equivalente al 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en los últimos seis
meses.
2) En su lugar, se dicte sentencia de reemplazo en el que se nieguen las
pretensiones de la demanda.
3) Se ordene al reintegro de las sumas pagadas obtenidas con violación a la ley.
[…]».
19. Para fundamentar sus pretensiones la UGPP sostuvo que Edilberto Pinzón
Neira si bien nació el 13 de enero de 1939 y a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 contaba con 45 años de edad, no obstante prestó sus servicios al
sector público por un tiempo total de 15 años, 1 mes, 28 días, de los cuales 12
años, 7 meses y 3 días fueron de dedicación exclusiva a la Contraloría General
de la República, y en el sector privado un tiempo total de 10 años, 8 meses y 15
días, por lo que efectuó aportes en virtud de vinculaciones de carácter público y
privado. Esto discriminado de la siguiente manera:
Entidad Desde Hasta
Ministerio de Agricultura 20/04/1950 15/06/1952
DAS 03/08/1956 31/12/1956
Acerías Paz del Rio S.A 26/09/1959 10/06/1970
(ISS)
Contraloría General de la 17/02/1983 19/09/1995
República
20. Ante la negativa en el reconocimiento de la pensión de jubilación, el
demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de CAJANAL y a través de las sentencias judiciales objeto de recurso se
accedió al reconocimiento pensional pese a que el solicitante no había acreditado
20 años de servicios en el sector público.
• En cuanto a la primera causal establecida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con
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violación al debido proceso»:
Precisó8 que la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso,
en tanto que existía falta de legitimación por pasiva respecto a la entidad
demandada CAJANAL -hoy UGPP-, en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el señor Edilberto Pinzón
Neira, por no ser la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la
demanda, dado que no fue la depositaria de los fondos recaudados para
la seguridad social en pensiones, esto de conformidad con lo señalado en
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
• Frente a la segunda causal establecida en el literal b)9 del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003:
Señaló que con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 el
régimen que regula la posibilidad de reconocimientos pensionales por
acumulación de tiempos de servicios tanto en el sector púbico como el
privado, era la Ley 71 de «1938», sin embargo se dio aplicación al Decreto
929 de 1976, por el cual se estableció un régimen especial a favor de los
funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República,
disponiendo que la liquidación de la pensión de jubilación se hiciera en la
forma ordinaria establecida en dicha norma.
Sin embargo, esta normatividad implícitamente consagra como requisito
para el reconocimiento pensional que los 20 años hayan sido laborados
en el sector público, toda vez que para la época en que fue expedida no
era posible computar los tiempos prestados al servicio de entidades
públicas y de empleadores privados, pues esta posibilidad se previó por
primera vez con la expedición de la Ley 71 de 1988. Así las cosas, es claro
que de las disposiciones contenidas en el Decreto 929 de 1976, se
concluye que los 20 años de servicio deben ser de orden público sin que
sea posible acumular tiempos laborados en el sector privado. En este
orden de ideas, la norma que regía la situación de la actora es la Ley 71
de 1988 dado que «[…] laboró 10 años, 8 meses y 15 días en el sector
privado y 15 años, 1 mes, 28 días, en el Sector Público», por lo que no
podía aplicarse el Decreto 929 de 1976.
2.1.6. Contestación
21. El señor Edilberto Pinzón Neira no dio contestación a la demanda, pese a que
fue notificado como se aprecia en el aplicativo SAMAI10.
8 En el escrito de subsanación. Expediente digitalizado, archivo:
«17_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES.PDF».
9 «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
10 Ibidem. Archivo « 37_NOTIFICACIONESPERSONALES_IMAGE_00049.pdf».
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2.2. Concepto del Ministerio Público
22. El señor procurador tercero delegado ate el Consejo de Estado solicitó
declarar infundado la acción de revisión, por la causal b) esgrimida por la entidad
al estimar que la Corte Constitucional ha trazado una línea jurisprudencial en
relación con la línea de interpretación del régimen de transición frente a tres
aspectos en materia pensional, a saber: la edad del servidor público, el tiempo
de servicio o de cotización y la tasa de reemplazo, con exclusión categórica del
ingreso base de liquidación (IBL), tal como puede constatarse en las siguientes
providencias: auto 326 de octubre 16 de 2014, sentencia de unificación SU-230
de 29 de abril de 2015, sentencia de unificación SU-427 de agosto 11 de 2016,
sentencia de unificación SU-210 de abril 4 de 2017, auto 229 de mayo 10 de
2017, sentencia de unificación SU-395 de junio 22 de 2017 y sentencia de
unificación SU-631 de octubre 12 de 2017, entre otras.
23. Precisó que tales decisiones judiciales no se pueden aplicar en el presente
asunto comoquiera que son posteriores al 23 junio 2011, fecha del fallo del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que cerró el debate judicial en la
instancia del proceso contencioso ordinario. Además, dicha providencia
reconoció el derecho pensional al señor Edilberto Pinzón Neira bajo la orientación
o premisa doctrinaria de la providencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de
2010, significando con lo anterior que se estaba de acuerdo con una
interpretación normativa y jurisprudencial que, para ese momento, era verdadera
y factiblemente aplicable.
25. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 23 de junio de 2011 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la sentencia del 26 de
marzo de 2010 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Edilberto Pinzón Neira contra la Caja Nacional de
Previsión Social – hoy UGPP-.
3.2. Oportunidad y legitimación
27. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
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mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 200311, declaró la inexequibilidad de
dicha expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido
en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término
previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen
fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
28. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de esta12, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]».
29. Valga señalar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016,
estableció que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede
presentar las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los
cinco años de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del
12 de junio de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación
unificó su jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el
entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no
podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha
entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
(Negrilla de la Sala).
30. De acuerdo con la decisión transcrita, se tiene que la habilitación en el término
para interponer la solicitud de revisión se circunscribe a aquellos casos
relacionados con el supuesto de abuso del derecho, figura que requiere para su
11 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
12 Fue presentada el 18 de abril de 2017 por correo electrónico, según da cuenta el índice 1 del aplicativo
Samai.
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Demandante: UGPP
configuración una vinculación precaria y un incremento excesivo en la mesada
pensional13.
31. En este caso se encuentra que la sentencia fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 23 de junio de 2011, según constancia que
obra a folio 85 del cuaderno 1 quedó ejecutoriada el 15 de julio de 2012, por lo
que, dado que la demanda de revisión se presentó el 3 de abril de 2017 se colige
que fue presentada en término.
3.3. Problema jurídico
32. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia del 23 de junio de 2011
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en las causales
de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
al condenar a la UGPP, al reconocimiento de la pensión de jubilación a cargo de
la Caja Nacional de Previsión Social – hoy Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-
, a favor del señor Edilberto Pinzón Neira, a la luz de lo establecido por el Decreto
929 de 1976, con el cómputo de 20 años de servicios acreditados en el sector
público.
33. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
34. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA14 (antes artículo
13 Sentencia T- 112 de 2020, magistrado ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
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188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada15, aplicada exclusivamente a aquellas situaciones
«críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las
sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.
35. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.
36. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario».16
3.4.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso».
37. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.
38. En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia del 23 de junio de 2011
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la
sentencia del 26 de marzo de 2010 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Edilberto Pinzón Neira contra
CAJANAL, para lo cual se fundamentó en la violación al debido proceso, toda vez
que en su parecer debió comparecer otra entidad al proceso, dado que no es l
entidad llamada a «[…] satisfacer las pretensiones de la demanda, por no ser
esta la destinataria ni depositaria de los fondos que recaudan para la Seguridad
Social en Salud»17.
39. Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
17 Ver escrito de subsanación de la demanda.
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equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.
40. Según la citada norma, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes garantías:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.
41. Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen
reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.
42. La entidad demandada centra el argumento frente a esta causal en que no
es depositaria de «aportes en salud» asunto diametralmente opuesto al objeto
de la controversia consistente en cuestionar la legalidad del reconocimiento
pensional a favor del demandando por la calificación jurídica de los aportes
realizados mientras laboró en Acerías Paz del Río S.A.
43. En este sentido, dada la insuficiencia de la carga argumentativa, por falta de
correspondencia entre el planteamiento y la sentencia que se revisa, no hay lugar
a estudiar este cargo asociado a la causal a).
44. Ahora, para sustentar la causal b) el apoderado de la UGPP estimó que la
pensión del señor Edilberto Pinzón Neira, no debió reconocerse a la luz de lo
establecido por el Decreto 929 de 1976 dado que en su parecer, si bien demostró
más de 20 años de servicios en la Contraloría General de la República, no
acreditó 20 años de servicios en el sector público.
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46. Como quiera que la inconformidad planteada radica en el régimen con el cual
se reconoció la pensión del señor Pinzón Neira, aunque se invocó la causal b),
se examinará a la luz de la causal a), bajo el entendido que el reparo por la
aplicación errónea de la norma para el reconocimiento pensional tiene relación
directa con el debido proceso. Aunado, de advertirse que se reconoció el derecho
bajo un régimen equivocado, procederá al estudio de la causal b) por la
afectación que pudiera generarse en el monto de la mesada pensional
reconocida y pagada por la accionante.
3.4.2.2. Caso concreto
47. En este caso, a través de las sentencias enjuiciadas al señor Edilberto Pinzón
Neira le fue reconocido el derecho a la pensión de jubilación, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 929 de 1976 y 720 de 1978, normas aplicables a
los empleados de la Contraloría General de la República, cobijados por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
48. En efecto, el Decreto 929 de 1976, en su artículo 7.º, consagró un régimen
especial de pensiones para los servidores de la Contraloría General de la
República, así:
«ARTÍCULO 7. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres,
y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a
la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido
exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último semestre».
49. De conformidad con la disposición anterior, para hacerse beneficiario de la
pensión reclamada, el demandante debía acreditar 20 años de servicio al Estado
y por lo menos 10 de ellos, exclusivamente a la Contraloría.
50. Tal como se indicó en las decisiones judiciales de primera y de segunda
instancia proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el señor
Pinzón Neira sí cumplió el requisito de haber servido más de 10 años a la
Contraloría General de la República y 20 años de servicios servidos al Estado.
Esto señalaron las autoridades judiciales:
51. Primera instancia. El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá señaló:
«Tiempo de Servicio. La norma especial prestacional contempla que además
del requisito de edad, se debe acreditar para el reconocimiento pensional el
cumplimiento de 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o
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posteriores a la vigencia de Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan
sido exclusivamente a la Contraloría General de la República. El actor
demostró el siguiente récord laboral:
Al servicio de Acerías Paz del Río desde el 26 de septiembre de 1959 hasta
el 10 de junio de 1970 el Según certificado expedido por el Superintendente
de Recursos Humanos, para un total de 10 años, 8 meses y 14 días.
En la Contraloría General de la República et actor laboró desde el 17 de
febrero de 1983 y se retiró del servicio a partir del 30 de septiembre de 1993
(fls. 80 – 83 del expediente), para un total de 10 años, 3 meses y 27 días.
Tiempos de servicios que sumados corresponde a un total de 21 años, 3
meses y 27 días, de los cuales se destaca que más de 10 los laboró al servicio
de la Contraloría General de la República.
De conformidad con el análisis que precede, el Despacho llega a la conclusión
inequívoca que el régimen pensional aplicable al actor es el previsto en el
artículo 7° del Decreto 929 de 1976, habida cuenta que cumple con las
exigencias allí consagradas, puesto que de lo demostrado dentro del
plenario se logró establecer que laboró al servicio del Estado por más
de 20 años de los cuales 10 fueron exclusivos a la Contraloría General
de la República, por ello la entidad demandada debió aplicar en su integridad
este régimen especial máxime cuando resulta más favorable que el aplicado
en las resoluciones controvertidas». (Negrilla de la Sala).
52. Segunda instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de
la decisión judicial cuestionada confirmó la sentencia de primera instancia y con
ello la consideración efectuada frente al tiempo de servicio aportado:
«El Superintendente de Recursos Humanos de acerías Paz del Río, certificó que
el demandante prestó sus servicios en dicha empresa del 26 de septiembre de
1959 al 10 de junio de 1970 y el último cargo desempeñado fue el de Oficinista
de Primera. Así mismo certificó que los aportes para pensión se efectuaros a
partir del 1° de enero de 1997 (fl. 69), es decir, 10 años, 8 meses y 15 días.
La Directora de Gestión de Talento Humano de la Contraloría General de la
República, certificó que el señor Edilberto Pinzón Neira, ingresó a esa entidad e!
17 de febrero de 1983 al 30 de septiembre de 1993, fecha en la cual fue retirado
del servicio por supresión del cargo (fls. 80 - 83), es decir, que laboró en dicha
entidad 10 años, 7 meses y 13 días.
[…]
Así las cosas se tiene que en el presente caso el demandante cumplió con los
requisitos de edad y tiempo de servicio, exigidos en la normativa especial, toda
vez que, laboró 21 años, 2 meses y 28 días, de los cuales 10 años, 7 meses y 13
días lo fueron en la Contraloría General de la República, y además teniendo en
cuenta que nació el 13 de enero de 1939 el 13 de enero de 1994, cumplió 55
años de edad, así entonces es claro que el demandante laboró por más de diez
años al Servicio de la Contraloría General de la República, cumpliendo la
exigencia de ley para ser acreedor a la pensión de jubilación regulada por el
Decreto 929 de 1976 y demás normas especiales y concordantes, beneficio que
no fue reconocido en las resoluciones impugnadas.
Debe precisar la Sala que si bien es cierto no se demostró que en el tiempo
laborado por el demandante en Acerías Paz del Río S.A., se hayan realizado
aportes para pensión, también lo es que la norma exige 20 años de servicio y es
la entidad demandada la que debe repetir, con el fin de obtener de la otra entidad
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el pago de la pensión».
53. Como se aprecia, a través de ambas decisiones judiciales se ordenó el
reconocimiento de la pensión de jubilación al demandante, al encontrar que
acreditó más de 20 años de servicios prestados tanto en Acerías Paz del Río,
como en la Contraloría General de la República, sin que en alguna de las dos se
observe alguna consideración frente al cómputo de tiempos públicos y privados,
a la naturaleza jurídica de Acerías Paz del Río o a la aplicación al caso de la Ley
71 de 198818, norma que permite la acumulación de tiempos de servicio públicos
y privados para el reconocimiento de las pensiones de jubilación.
54. Al contrario de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá se tiene que todos los tiempos de
servicios fueron catalogados como públicos cuando señaló «[ …] de lo
demostrado dentro del plenario se logró establecer que laboró al servicio del
Estado por más de 20 años de los cuales 10 fueron exclusivos a la Contraloría
General de la República, por ello la entidad demandada debió aplicar en su
integridad este régimen especial máxime cuando resulta más favorable que el
aplicado en las resoluciones controvertidas».
55. Ahora bien, al formular la acción de revisión la entidad demandada señala
que en este caso la norma aplicable al caso del señor Edilberto Pinzón Neira se
trata de la Ley 71 de 1988, por la naturaleza de los tiempos laborados ante
Acerías Paz del Río:
«2. Conforme con las normas transcritas y lo probado en el expediente
administrativo, es claro que el señor EDILBERTO PINZÓN NEIRA, así:
1.
Entidad Desde Hasta
Ministerio de Agricultura 20/04/1950 15/06/1952
D.A.S 03/08/1956 31/12/1956"
Acerías Paz del Rio 26/09/1959 10/06/1970
S.A(ISS)
Contraloría General de 17/02/1983 19/09/1995
la República
18 «Artículo 7 .-Reglamentado por el Decreto Nacional 2709 de 1994. A partir de la vigencia de la presente
ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta
prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.»
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3. En efecto prestó sus servicios al sector público por un tiempo total de 15
años, 1 mes, 28 días, de los cuales 12 años 7 meses y 3 días Fueron de
Dedicación exclusiva a la Contraloría General de la República, y en el sector
privado un tiempo total de 10 años 8 meses y 15 días se deduce que el adora
(sic) efectuó aportes en virtud de vinculaciones de carácter público y privado,
teniendo en cuenta además, que el tiempo laborado en entidades públicas no es
igual o superior a 20 años».
56. De lo anterior se evidencia, que ninguna explicación frente a la naturaleza
jurídica de Acerías Paz del Río trajo a colación la UGPP en su solicitud de revisión
a efectos de verificar si en realidad al momento de la prestación de servicios en
Acerías Paz del Río ésta pertenecía al sector privado. Tampoco allegó ni solicitó
prueba alguna en ese sentido.
57. Al respecto es importante precisar que la sociedad Acerías Paz del Río S.A.
se creó por iniciativa del gobierno nacional, como se desprende de las Leyes 97
de 193819, 54 de 193920 y 45 de 1947, siendo esta última norma por la cual creó
la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Rio, se estableció su forma de
financiación y se dieron autorizaciones al Gobierno y al Instituto de Fomento
Industrial. Allí se estableció como una «institución semioficial, quedando
facultado el Gobierno para transformarla en empresa oficial, si no
concurriere a su financiación el capital privado nacional o extranjero»21.
Esto en los siguientes términos:
«ARTICULO 1°. Créase la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río, con
personería jurídica autónoma como institución semioficial, quedando facultado el
Gobierno para transformarla en empresa oficial, si no concurriere a su financiación el
capital privado nacional o extranjero.
PARAGRAFO. Si la Empresa se constituye como instituto semioficial, las
importaciones que realice de maquinarias, equipos y demás implementos necesarios
para el funcionamiento de la empresa, estarán exentas de todos los gravámenes
aduaneros.
ARTICULO 2°. El Gobierno de acuerdo con el Instituto de Fomento Industrial,
procederá a promover, por los medios de que dispone, la organización de la Empresa
de que trata el artículo anterior, dándole los estatutos adecuados a la índole de la
misma, para lo cual queda ampliamente facultado.
ARTICULO 3°. El capital de la Empresa será de cien millones de pesos ($
100.000.00), de los cuales el Gobierno Nacional suscribirá un mínimum del cincuenta
y uno por ciento (51%), si la Empresa se organiza como institución semioficial.
El Gobierno Nacional queda autorizado para suscribir la totalidad del capital si los
particulares no suscribieren y pagaren al menos un veinte por ciento (20%) del capital
de la Empresa. […]».
58. En desarrollo de la intención de que la Nación tuviera la mayor participación
19 «Por la cual se fomenta la industria siderúrgica».
20 «Por la cual se confieren facultades extraordinarias al Presidente de la República»
21 Negrilla de la Sala.
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en el capital de la sociedad Paz del Río, el presidente de la República expidió el
Decreto 323 del 10 de febrero de 195122, por el cual reglamentó la Ley 97 de
1938 y el art. 15 del decreto extraordinario. Allí estableció que correspondía a
una sociedad anónima, suscribiendo el Gobierno un 51% del capital autorizado.
59. Actualmente la página web de Acerías Paz de Río S.A. señala que Acerías
Paz del Río S. A. es una sociedad de naturaleza anónima, de carácter comercial,
donde Grupo Trinity S.A.S. y Structure S.A.S. Banca de Inversión son los
accionistas mayoritarios de la sociedad con una participación del 55.27% y el
27.27% de las acciones ordinarias, respectivamente, y del 77% y 33% de las
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, seguidas por el
Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – IDEBOY, que posee el 13,27%
de acciones ordinarias de la Compañía, el restante 4.24% de las acciones
ordinarias corresponde a la participación de accionistas minoritarios.
60. Ahora bien, en este caso el señor Edilberto Pinzón Neira prestó su servicios
en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 1959 y el 10 de junio de
1970, y para efectos de esclarecer la situación, esta Subsección a través de auto
de mejor proveer de 3 de julio de 2025, a efectos de verificar la naturaleza jurídica
de Acerías Paz del Río S.A. en ese periodo ordenó oficiar a la Superintendencia
de Sociedades, al gobernador de Boyacá y al gerente de la Empresa Acerías Paz
del Río S.A., para que, indicaran la naturaleza jurídica de esa sociedad durante
el periodo comprendido entre 1959 y 1970, con especificación del porcentaje de
participación accionaria del Estado.
61. En respuesta de lo anterior la apoderada general de Acerías Paz del Río
remitió memorial radicado en esta Corporación de 4 de septiembre de 202523, en
el cual señaló que «[…] debido a la antigüedad de los documentos requeridos,
hacen parte del archivo histórico, el cual presenta limitaciones derivadas del
proceso natural de deterioro documental y de prácticas archivísticas previas a la
normatividad vigente. En este contexto, emitir una certificación sobre la
participación accionaria del Estado sin contar con certeza ni con evidencia
documental que respalde de manera fehaciente la información solicitada
resultaría improcedente, y contravendría los principios de veracidad,
responsabilidad y conservación consagrados en la Ley 594 de 2000 “Ley General
de Archivos”, así como en las demás disposiciones que regulan la gestión
documental en Colombia».
62. Por su parte, la Superintendencia de Sociedades informó que dado lo
señalado en la Ley 1755 de 2015 articulo 21, había trasladado la solicitud de la
certificación a la Superintendencia Financiera24.
22 https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1074043
23 Índice 88 del aplicativo SAMAI.
24Índice 92.
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63. La Superfinanciera25, a través de Oficios 2025155374-002-000 de 23 de
septiembre de 2025 y 2025155374-009-000 de 8 de octubre de 2025 precisó que
«Acerías Paz del Río S.A. tiene la calidad de emisor26 de valores al tener sus
acciones inscritas en el entonces Registro Nacional de Valores e Intermediarios
hoy Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE, desde el 15 de octubre de
1981, según información que obra en el enlace:
https://www.superfinanciera.gov.co/PrgmasEmision/reporte/ProgramasEmision
ReporteTituloList.xhtml?entidad=000003&tipoEntidad=045, por tanto, a partir de
la fecha de inscripción antes citada, esta Superintendencia cuenta con
información de Acerías Paz del Río S.A. en su calidad de emisor de valores. No
obstante, conviene señalar, que, el artículo 2° del Decreto 702 del 30 de marzo
de 1994, dispuso que: “… los emisores de valores actualmente vigilados por la
Superintendencia de Sociedades dejaran de ser objeto de dicha inspección y
vigilancia a partir del 30 de marzo de 1994. En consecuencia, una vez cesen las
facultades de la Superintendencia de Sociedades sobre los emisores de valores,
hoy sujetos a su inspección y vigilancia, estos pasarán a ser objeto del control
exclusivo de la Superintendencia de valores, mientras que conserven tal
calidad.”. En virtud de lo previsto en el Decreto 702 en cita, la Superintendencia
de Sociedades remitió a la anterior Superintendencia de Valores hoy
Superintendencia Financiera de Colombia, los expedientes físicos de aquellas
entidades que, a la fecha del citado decreto, se encontraban bajo vigilancia de
esa Superintendencia, y que tenían la calidad de emisor de valores».
64. Además, en el índice 94 la Superfinanciera precisó que la sociedad Acerías
Paz del Río S.A. desde la fecha de su constitución, esto es, año 1948, mantenía
su naturaleza jurídica de sociedad anónima, de conformidad con lo previsto para
este tipo de sociedades en el artículo 373 y siguientes del Código de Comercio y
que no cuenta con información adicional a la reportada en la escritura pública de
constitución, en la que se pueda determinar los porcentajes exactos de
participaciones accionarias que el Estado hubiere tenido para el periodo
comprendido entre 1959 y 1970.
65. Debe precisarse que si bien en el índice 103 obra oficio remitido por la
Superintendencia de Sociedades, donde señala que remite el «[…] archivo físico
central y el aplicativo Archivo Histórico, de donde se descargó todo el expediente
que reposa en esta entidad de los años 1959 al 1970, pertenecientes a la
sociedad: ACERIAS PAZ DEL RIO SA con Nit: 860.029.995», es de precisar que
el mismo contiene varias de las actas de junta de accionistas, algunas escrituras
de modificación de estatutos, entre otros documentos, pero de los mismos no
puede extraerse con certeza cuál fue el porcentaje de participación del Estado
de la sociedad en el periodo mencionado, en el que el señor Pinzón Neira prestó
25 Índices 90 y 94. El Oficio de requerimiento de los documentos le fue remitido por la Superintendencia de
Sociedades.
26 El artículo 1.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 establece que será emisor de valores toda entidad que
tenga valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE.
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sus servicios.
66. Si bien, los documentos allegados permiten establecer que Acerías Paz del
Rio S.A. fue constituida inicialmente como una empresa con participación estatal,
similar a una empresa de economía mixta, a través de la participación del Instituto
de Fomento Industrial y el Gobierno Nacional, posteriormente la composición del
capital varió sin que pueda establecerse con exactitud y claridad su naturaleza
jurídica y por ende, definir el tipo de vínculo del señor Pinzón Neira para el periodo
1959 y 1970 a partir de las pruebas allegadas.
67. Como es sabido la acción de revisión como mecanismo a través del cual se
materializa el derecho de acceso a la administración de justicia, inexorablemente
conlleva la existencia de ciertas obligaciones o cargas de índole procesal o
sustancial que la ley puede distribuir entre las partes, el juez o incluso terceros
intervinientes. En ese sentido, una de ellas es la concerniente a la prueba de los
hechos que se alegan, donde por regla general corresponde a cada parte
acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda
como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las
consecuencias negativas en caso de no hacerlo27.
68. De acuerdo con lo anterior, la UGPP no allegó las pruebas correspondientes
que permitieran establecer que, en efecto, los aportes pensionales efectuados
por Acerías Paz del Río correspondían a aportes pensionales privados,
argumento base de la solicitud de revisión. Al contrario, esta Corporación a través
de auto de mejor proveer procuró que se allegaran las pruebas documentales
correspondientes, pese a lo cual, tampoco se pudo concluir con precisión y
claridad la naturaleza de tales aportes como para infirmar providencias judiciales
que efectuaron el reconocimiento pensional del señor Edilberto Pinzón Neira.
69. De acuerdo con el escenario descrito, se desestima el planteamiento de la
entidad accionante y se impone declarar infundada la acción especial de revisión
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Condena en costas en segunda instancia
70. Dado que esta Sección28 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
27 Sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación de 25 de marzo de 2021,
radicación número: 11001-03-25-000-2018-00407-00(1778-18), con ponencia de la consejera Sandra
Lisseth Ibarra.
28 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
835 18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2017-00285-00 (1367 -2017)
Demandante: UGPP
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
71. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta
contra la sentencia del 23 de junio de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C 29, que
confirmó parcialmente la sentencia del 26 de marzo de 2010 dictada por el
Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por Edilberto Pinzón Neira contra la Caja Nacional de Previsión Social – hoy
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, proceso radicado
25000232500020060690703, de conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO: Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la
plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.
29 Con ponencia de la magistrada Amparo Oviedo Pinto.
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