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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00317-00

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00317-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Luz Faride Restrepo González contra la sentencia de 10 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00317-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2017-00317-00 (1470-2017)
Accionante : Luz Faride Restrepo González
Accionado : Bogotá Distrito Capital y Concejo de Bogotá
Trámite : Recurso extraordinario de Revisión
Tema : Revisión de la sentencia de 10 de marzo de 2016 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F. Causal regulada en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Luz Faride
Restrepo González contra la sentencia de 2 de septiembre de 2013, proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, confirmada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de marzo de 2016, mediante las cuales
se negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

La señora Luz Faride Restrepo González formuló recurso extraordinario de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, con la que pretende se
infirme la sentencia de 2 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado 4 Administrativo
de Descongestión del Circuito de Bogotá, confirmada el 10 de marzo de 2016 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictada dentro del expedientes radicados
11001-33-33-10-13-2011-00116-00 y 11001-33-33-10-13-2011-00116-00 y, en su lugar,
se revoquen las mencionadas providencias «[…] porque se está frente a una causal de nulidad

Número Interno: 1470-2017
Accionante: Luz Faride Restrepo González
Accionada: Bogotá Distrito Capital y Concejo de Bogotá

supralegal o constitucional, que se puede invocar como causal idónea para sustentar el recurso
extraordinario de revisión.»

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere la recurrente que, prestó sus servicios
en el Concejo de Bogotá ejerciendo funciones en el empleo de auxiliar administrativo
cargo que asegura es de carrera con vinculación en provisionalidad y no está clasificado
de libre nombramiento y remoción, porque no cumplió funciones de dirección, ejecución,
ordenación y especial confianza.

Asegura que, el Concejo de Bogotá mediante Resolución 0500 de 8 de septiembre de
2010 la separó del cargo sin motivación alguna, circunstancia que le impidió ejercer su
derecho de defensa y contradicción, configurándose nulidades constitucionales y
supralegales con la actuación realizada por la entidad demandada.

Enfatiza que, la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 4 Administrativo
de Descongestión del Circuito de Bogotá, erró al afirmar que la declaratoria de
insubsistencia contenida en la Resolución 0500 de 8 de septiembre 2010, no requería
motivación y desconoció la normatividad vigente contenida en la Ley 909 de 2004.

Expone que, el fallo del Tribunal de Cundinamarca convalidó de forma errónea que el
cargo de auxiliar administrativo era de libre nombramiento y remoción, pues rechazó que
las funciones que desempeñaba correspondan a un cargo de carrera administrativa y por
ello, el acto de retiro no requiere motivación y que la separación del cargo se podía hacer
en cualquier tiempo sin condición alguna.

Considera que, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le vulneró el
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, puesto que, la regla general
del artículo 125 de la CP establece que los cargos de la administración son de carrera
administrativa en propiedad o en provisionalidad y excepcionalmente son funciones de
dirección, ejecución, ordenación y especial confianza, que corresponden a los de libre
nombramiento y remoción.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia de 2 de septiembre de 2013, negó las pretensiones de la demanda dirigida a
la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 0500 de 8
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Número Interno: 1470-2017
Accionante: Luz Faride Restrepo González
Accionada: Bogotá Distrito Capital y Concejo de Bogotá

de septiembre de 2010, expedida por la mesa Directiva del Concejo de Bogotá DC, por
medio del cual se declaró insubsistente del nombramiento a la señora Luz Faride
Restrepo González, en el cargo de auxiliar administrativo grado 407, grado 06, al
considerar « […] que el cargo ocupado por la demandante, era el de auxiliar Administrativo código 0550
grado 6 dentro de la Unidad de Apoyo Normativo del Concejo del Concejal José Juan Rodríguez, que
corresponde a los de libre nombramiento y remoción, por cuanto cumple con las siguientes características:
i) es de nivel directivo, y ii) el cargo que desempeñó es de aquellos que implican confianza; se infiere que
en razón a ello, la Mesa Directiva de la entidad accionada, podía disponer libremente del empleo mediante
el uso de su facultad discrecional mientras no existiera una prohibición especial». Decisión que

sustenta con la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B de
fecha 23 de febrero de 2011, radicado 17001233100020030141202. Y finalmente,
consideró que del análisis de legalidad de la Resolución 0550 de 8 de septiembre de
2010, expedida por la mesa directiva del Concejo de Bogotá DC, no se evidenció que se
hubiera incurrido en causal de nulidad alguna de desviación de poder y falta de
motivación.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con fallo
de 10 de marzo de 2016, confirmó la sentencia de primera instancia y determinó que, el
Acuerdo Distrital 29 de 2001 en el artículo 2 que modifica la planta de personal del
Concejo de Bogotá, establece las funciones que serán cumplidas por el personal a cargo,
entre ellas, incluye a las unidades de apoyo normativo donde esta enlistado el cargo de
auxiliar administrativo código 550 grado 06, y que el artículo 3 ibidem, establece que, este
empleo corresponde a funcionarios de manejo y confianza y son de libre nombramiento
y remoción.

Concluye que, « […] la actora se desempeñaba como empleada de libre nombramiento y remoción, por
cuanto es del nivel administrativo, en una unidad de apoyo normativo, y además las funciones
desempeñadas, cuyo ejercicio lleva implícito un grado de confianza y manejo, en consideración a la
administración y asesoría propias del funcionario de una unidad asesora de un Concejal; razón por la cual,
la mesa directiva, podía disponer libremente del empleo mediante el nombramiento, permanencia o retiro
de su titular por fuera de la regulación propia del sistema de carrera administrativa, a solicitud o postulación
del Concejal que quiere conformar su unidad de apoyo legislativo».

1.3 Causales de revisión invocadas

La demandante invocó la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, según el cual, procede la revisión por «existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

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Número Interno: 1470-2017
Accionante: Luz Faride Restrepo González
Accionada: Bogotá Distrito Capital y Concejo de Bogotá

Precisa que, las decisiones objeto de recurso extraordinario de revisión contienen graves
irregularidades que vulneran el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto, la
Resolución 0500 de 8 de septiembre 2010 que declaró insubsistente el nombramiento
de la señora Luz Faride Restrepo González, en el cargo de auxiliar administrativo grado
407 grado salarial 06, no incluyó las motivaciones que justificaran la decisión, además,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta que el cargo era de carrera
administrativa desempeñado en provisionalidad ignorando la naturaleza jurídica de las
funciones, por cuanto no tenía funciones de dirección o especial confianza, las funciones
ejecutadas estaban garantizadas por una Carrera Administrativa en provisionalidad.

Concluye que, el Tribunal Administrativo desconoció sus argumentos sobre la naturaleza
del cargo de carrera administrativa en provisionalidad, por ello, considera que vulneró el
principio de congruencia por desconocer los argumentos plasmados por la demandante
«en el sentido de que el cargo desempeñado, por su naturaleza correspondía a Carrera Administrativa
ejercitado en provisionalidad», sobre los cuales fundamenta la causal de nulidad supralegal y

constitucional

1.4 Contestación de la demanda de revisión

El auto admisorio del recurso extraordinario de revisión fue notificado por correo
electrónico de 8 de agosto 2024, el Distrito de Bogotá contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones de la demanda, por cuanto:

Considera que la recurrente pretende utilizar este mecanismo para reabrir un debate
como una instancia adicional sobre temas controvertidos y decididos en las instancias
judiciales competentes y quiere discutir nuevamente que se desempeñaba en un cargo
de carrera administrativa, cuando las sentencias definieron que el empleo que
desempeñó fue de libre nombramiento y remoción, por lo que, no se requería motivar el
acto administrativo que la declaró insubsistente del nombramiento en el cargo de auxiliar
administrativo grado 407, grado 06, en virtud del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

Finalmente, argumenta que el recurso fue interpuesto de forma extemporánea, por
cuanto la sentencia de segunda instancia fue notificada el 10 de marzo de 2016 y el
recurso se presentó 17 de abril de 2017, fuera del término legal.

1. 5. Ministerio Público.

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Número Interno: 1470-2017
Accionante: Luz Faride Restrepo González
Accionada: Bogotá Distrito Capital y Concejo de Bogotá

La Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación, rindió concepto solicitando se
declaré infundado, “por cuanto, no resulta procedente atender la solicitud de revisión por la supuesta
existencia de nulidad en el contenido mismo de la sentencia, causal 5ª “Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, dado que es claro y
evidente que los planteamientos del escrito del recurso extraordinario no conlleva a demostrar o argumentar
en que consistió la nulidad originada en la sentencia y por el contrario, su argumentación está encaminada
a atacar la nulidad del acto demandado y hacer una apertura de una tercera instancia sobre los argumentos
decididos en vía del medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho, aspectos que en esta
instancia extraordinaria no es procedente (sic)”.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

El recurso extraordinario de revisión está previsto en inciso 2° del artículo 249 de la Ley
1437 de 2011, y esta Subsección es competente1 para conocer del recurso contra la
sentencia de 10 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

La oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión, se encuentra
determinado en el inciso primero del artículo 251 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que podrá presentarse dentro
del año siguiente a la ejecutoria del fallo respectivo.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se profirió el 10 de marzo de
2016, fue notificada por edicto el 7 y quedo ejecutoriada el 11 de abril de 2016, y el
recurso se interpuso el 17 de abril de 2017, en consideración a que la semana santa
transcurrió entre el 10 y 16 de abril de 2017, por lo que se formuló oportunamente.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección debe establecer si la sentencia de 10 de marzo de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, está incursa en la causal de revisión consagrada en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

1
En concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
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Accionante: Luz Faride Restrepo González
Accionada: Bogotá Distrito Capital y Concejo de Bogotá

2.4 Marco normativo del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de impugnación que permite
controvertir fallos ejecutoriados y permite la fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda
dar paso a la protección de derechos que fueron desconocidos o amenazados con la
decisión judicial.

El artículo 250 del CPACA regula de manera taxativa las causales de revisión:

“1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

Es preciso señalar que, este mecanismo extraordinario no permite reabrir un debate
propio de las instancias, ni suplir las deficiencias probatorias, por lo tanto, el recurrente
está obligado «a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden el
replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de errores ‘in judicando’2. Nótese
entonces que es improcedente acudir al recurso extraordinario de revisión para enmendar errores y
omisiones de la parte dentro del proceso ordinario 3», así las cosas, este mecanismo exige una

técnica argumentativa por parte del recurrente, puesto que, no permite al juzgador

2
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
3
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección B, veinticinco (25) de agosto de dos mil
veintidós (2022) Radicado: 11001-03-25-000-2018-00564-00.

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Accionante: Luz Faride Restrepo González
Accionada: Bogotá Distrito Capital y Concejo de Bogotá

estudiar una causal que no haya sido alegada o debidamente soportada.

2.5. Sobre la causal prevista en el numeral 5) del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Por «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».

Es preciso señalar que, para la configuración de la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, se necesita la concurrencia de los siguientes aspectos; (i) la
discusión debe tratarse de una sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no
proceda el recurso de apelación, (ii) El vicio alegado por el recurrente se haya configurado
al proferirse la sentencia y (iii) la irregularidad invocada desconozca de forma grave e
insaneable el procedimiento sustancial propia de la actuación.

La jurisprudencia de esta Corporación4 se ha referido sobre el alcance de esta causal, en
diferentes oportunidades sobre la cual ha planteado dos posiciones:

“La primera de ellas, basada en el respeto a la taxatividad y legalidad de las nulidades, señala
que las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, hoy
artículo 133 del Código General del Proceso, y las que se originan en la violación del derecho
al debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución Política.

Un segundo planteamiento sostiene que las hipótesis que configuran la causal de revisión
objeto de análisis no deben limitarse a las anotadas anteriormente. Además de aquellas, al juez
le corresponde definir, con base en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación al
caso concreto, si una situación determinada que se origina en el fallo de instancia produce el
desconocimiento de un mandato constitucional con una relevancia tal que conduzca a
invalidarlo, pues lo cierto es que no cualquier anomalía que se predique respecto de la
sentencia podrá desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. Así pues, esta tesis estima que los
eventos constitutivos de la causal en cuestión no son taxativos”.

Ahora bien, la Sala Plena de esta corporación en sentencia de unificación de 8 de mayo
de 2018, sigue con la postura de la taxatividad de las causales de nulidad establecidas
en el artículo 133 del CGP, pero también, incluye la vulneración al debido proceso como
causal de nulidad cuando se discuta el supuesto del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, así:

4
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” Consejero
ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número:
11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17)

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Número Interno: 1470-2017
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“-el acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del CGP;

• la existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al debido proceso y

• otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración probatoria y jurídica que
efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para que, en sede de revisión y luego de un
estudio que consulte parámetros de ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que
la sentencia objetada quebrantó la legalidad y la justicia5”.

En virtud de lo expuesto, el recurrente tiene el deber argumentativo de explicar el vicio
que se configuró en la sentencia ejecutoriada, en la que determine la ocurrencia de
alguna de las causales del artículo 133 del CGP, o a su vez, el desconocimiento de forma
grave e insaneable que afecte sustancialmente el debido proceso.

2.6. Caso concreto.

Así las cosas, la Sala procederá al estudio de esta causal alegada por la actora que
considera que la sentencia de 10 de marzo de 2016 proferida por el Tribunal de
Cundinamarca tiene graves irregularidades que afectan el principio de congruencia y el
debido proceso, fundamentado en que la Resolución 0500 de 2010 que la declaró
insubsistente del nombramiento en el cargo de auxiliar administrativo grado 407, grado
06, por cuanto, no incluyó las motivaciones que justificaran la decisión y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca paso por alto que el cargo era de carrera y no de libre
nombramiento y remoción, además, que no se tuvo en cuenta los argumentos que ella
había expuesto en relación con la naturaleza del empleo con lo cual vulneró el principio
de congruencia, motivo por el cual considera que se configura la nulidad supralegal y
constitucional.

Como se advierte, un primer argumento que plantea la parte recurrente tiene como
discusión el acto administrativo 0500 de 2010 que la declaró insubsistente del
nombramiento en el cargo de auxiliar administrativo grado 407, grado 06, el cual no tiene
motivación, siendo este un aspecto que, no dirigido algún vicio nulidad originado en la
sentencia, sino en discusión de legalidad del acto demandado conforme a las causales
de nulidad de los actos administrativos para aquel momento eran los establecidos en el
CCA, así las cosas, a primera vista lo que pretende la actora con su tesis es reabrir un

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CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021) Radicación
número: 11001-03-15-000-2019-01457-00(REV

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Accionante: Luz Faride Restrepo González
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debate propio de las instancias en la cuales se debe determinar si se encuentra o no
desvirtuado la presunción iuris tantum que reviste el actos administrativo que la retiro del
servicio, por lo tanto, no se configura la causal invocada.

Por otra parte, el segundo razonamiento de la recurrente se dirige a que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta para tomar la decisión que el cargo
en el cual fungió no era de libre nombramiento y remoción, sino de carrera administrativa
y, por ello, considera que se le vulneró el debido proceso configurando la causal de
nulidad supralegal y constitucional.

Sobre este razonamiento planteado por la recurrente, no se advierte vulneración alguna
al debido proceso o la violación al principio de congruencia, por cuanto, en el recurso de
alzada alegó que el cargo por ella desempeñado es de auxiliar administrativo, no es del
nivel directivo, de ordenación, ejecución o de confianza, no obstante, el Tribunal descartó
el argumento alegado, cuando analizó las normas que en su momento regulaban la
planta de personal del Concejo de Bogotá, el Acuerdo 28 de 2001 que estableció su
estructura organizacional; y el Acuerdo 29 de 2001, que modificó la planta de personal, y
que en el artículo 3 ibidem, que determinó que los empleos de las unidades de apoyo
normativo son de manejo y confianza, por lo anterior, la sentencia recurrida indicó « […]
que la actora se desempeñaba como empleada de libre nombramiento y remoción, por
cuanto es del nivel administrativo, en una unidad de apoyo normativo, y además las
funciones desempeñadas, cuyo ejercicio lleva implícito un grado de manejo y confianza,
en consideración a la administración, coordinación y asesorías propias de una unidad
asesora de un Concejal […]», así las cosas, no es cierto que, la entidad no haya tenido
en cuenta los argumentos de la recurrente, por el hecho de no tener la razón fáctica y
jurídica.

Además, la autoridad judicial con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente,
analizó las normas aplicables en su momento la ley 909 de 2004, para la clasificación de
los empleos de libre nombramiento y remoción, como de las causales de retiro, en esa
consideración, no se advierte que la parte actora invoque en sus argumentos la nulidad
de las que regula el artículo 133 del CGP o se presente una irregularidad sustancial que
afecte el debido proceso, o la congruencia entre lo pedido y lo decidido por las instancias
jurisdiccionales.

En conclusión, la señora Luz Faride Restrepo González, no logró demostrar los

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elementos constitutivos de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011.

2.7. Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que, si bien el inciso final del artículo
255 del CPACA dispone que «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios
al recurre», también lo es que la condena no procede de manera automática, pues tal y

como se indica en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, «[…]
solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se

hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas
a la parte recurrente.

III. DECISION

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora Luz Faride Restrepo González contra la sentencia de 10 de marzo de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Accionante: Luz Faride Restrepo González
Accionada: Bogotá Distrito Capital y Concejo de Bogotá

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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