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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00392-00

Recurso de revisión

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00392-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, contra el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 1.° de octubre de 2009, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 250002325000200606442. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00392-00

Consejero ponente: William Hernández Gómez

19 de agosto de 2021

RECURSO DE REVISIÓN / REGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL EN ACTIVIADES DE ALTO RIESGO / DEBIDO PROCESO – No vulneración

La actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tiene el carácter de alto riesgo. Por ende, dichos servidores públicos gozan del régimen pensional reglamentado por el mentado Decreto 2090 de 2003. Sin embargo, este dispuso un régimen de transición consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de vejez les sea reconocida en las mismas condiciones previstas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el Decreto 1835 de 1994.(…) se advierte que, analizadas las probanzas obrantes en el dossier de cara con los requisitos que son exigibles para efectos de reconocer la pensión al señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, estos son: a) 45 años de edad yb) 1000 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto.La Subsección encuentra que estos están acreditados por el pensionado, quien cumplió los 45 años de edad el 8 de abril de 2005 y alcanzó 1000 semanas en la actividad descrita en el numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1835 de 1994, esto es, como controlador de tráfico aéreo, en el año 2004, pues tal como se indicó en párrafos precedentes ingresó al servicio de la Aeronáutica Civil el 10 de diciembre de 1984 y se retiró el 30 de septiembre de 2008.Así las cosas, no le asiste razón a la demandante en revisión cuando afirma que el Tribunal inobservó las normas que rigen la pensión del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, porque además de que determinó que el Decreto 1835 de 1994, era el que gobernaba la situación del pensionado, también encontró que este cumplió a cabalidad con los presupuestos en él contenidos. En consecuencia, el derecho pensional fue reconocido en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado en cumplimiento de los requisitos que le eran exigibles según el régimen especial que le era aplicable.Conclusión: No se configura la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la medida en que la decisión del 22 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, ordenó reconocer y pagar pensión especial de jubilación, en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, de conformidad con las normas y jurisprudencia aplicables, sin desconocer el derecho al debido proceso de la UGPP. (…)se debe destacar que la acción de revisión no constituye una tercera instancia en la que se reabra el debate sobre el derecho a la prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de aquella, cuando se reconoció en un valor mayor al que corresponde, con vulneración de la ley, lo cual no se da en el sub lite. Por el motivo expuesto habrá de declararse infundada la acción de revisión interpuesta en contra de la sentencia del 1.° de octubre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

FUENTE FORMAL : LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 LITERAL A / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 LITERAL B / DECRETO 2090 DE 2003 / LEY 100 DE 1993-ARTÍCULO 36 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / LEY 100 DE 1993-ARTÍCULO 140 / DECRETO 691 DE 1994

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-25-000-2017-00392-00(1838-17)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP

Demandado: ADOLFO DELFÍN MOSCOSO ALVARADO

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reconocimiento pensional de técnico aeronáutico con funciones de controlador aéreo.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-049-2021

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 1.° de octubre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Adolfo Delfín Moscoso Al
varado contra la UGPP.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, CCA, demandó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Resolución 041140 del 30 de noviembre de 2004, mediante la cual el gerente General de CAJANAL en Liquidación, le negó el reconocimiento de una pensión especial de vejez.
Resolución 0998 del 2 de febrero de 2006, por medio de la cual la misma entidad confirmó la decisión descrita en el ítem anterior, al resolver el recurso de reposición.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la extinta CAJANAL a: i) reconocer y pagar la pensión especial de jubilación, con inclusión del 75% de todos los factores devengados durante el último año de servicio, conforme a la Ley 7 de1961 y el Decreto 1372 de 1966; ii) aplicar los reajustes previstos en las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993; iii) indexar las sumas adeudadas, según el índice de precios al consumidor (IPC); iv) cancelar los intereses corrientes y moratorios de conformidad con el artículo 177 del CCA; v) pagar los intereses moratorios según lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; condenar al pago de costas y agencias en derecho, y vi) cumplir la sentencia en los términos previstos en el artículo 176 del CCA.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:

El señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado ha prestado sus servicios a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil desde el 10 de diciembre de 1984 hasta la fecha de presentación de la demanda. Ha ocupado los cargos de controlador de tránsito aéreo grado 8; 10, 12 y 14; técnico aeronáutico III 22-18, controlador aeródromo 21, controlador radar 25, controlador supervisor grado 28, controlador experto grado 30 y controlador experto grado 28.

El demandante solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE en Liquidación, reconocer y pagar en su favor una pensión de vejez bajo el régimen especial que rige a los trabajadores de la Aeronáutica Civil, contenido en la Ley 7 de 1961 y el Decreto 1372 de 1966. La entidad denegó la petición a través de la Resolución 041140 del 30 de noviembre de 2004, bajo el argumento de que el trabajador no era beneficiario del régimen de transición que prevé la Ley 100 de 1993, toda vez que, para el 1.° de abril de 1994 no contaba con 40 años de edad ni 15 años de servicio, por lo que debe acogerse a las disposiciones contenidas en el artículo 33 de la referida norma.

Mediante la Resolución 0998 del 2 de febrero de 2006, la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, al desatar el recurso de reposición, confirmó la decisión adoptada en el acto administrativo descrito en el numeral anterior.

Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los artículos 13, 53 y 58 de la Constitución Política; 6 del Decreto 2090 de 2003; 1.° de la Ley 33 de 1985; 7 del Decreto 1835 de 1994; 6 del Decreto 1372 de 1966; Ley 860 de 2003; 2 de la Ley 4 de 1992; 11 y 36 de la Ley 100 de 1993.

Como concepto de violación, sostuvo que las resoluciones objeto de nulidad fueron expedidas con desconocimiento de las normas en que debieron fundarse. Seguidamente, señaló que el demandante se encuentra amparado por las disposiciones contenidas en los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003 y, por ende, el derecho pensional debe reconocerse bajo los presupuestos descritos en la Ley 7 de 1971 y el Decreto 1372 de 1966, esto es, con el 75% de lo devengado durante el último año de servicios.

Aseveró que la entidad interpretó de forma errónea el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 al condicionar su aplicación al cumplimiento de los requisitos previstos en el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, aun cuando dicha interpretación contraría el sentido de la norma especial y resulta menos favorable para el demandante. Al respecto, indicó que la Corte Constitucional, en las sentencias C-789 de 2002 y C-754 de 2004, explicó que el propósito de un régimen de transición es precisamente proteger los derechos adquiridos y expectativas legítimas de los trabajadores.

En línea con lo anterior, concluyó que el demandante tiene derecho a la pensión especial reclamada, ya que a la vigencia del Decreto 2090 de 2003 ya había cotizado más de 500 semanas en actividad de alto riesgo.

Por último, indicó que Cajanal ha venido reconociendo la pensión especial de jubilación con base en el régimen de transición aludido a servidores de la Aeronáutica Civil que se encontraban en una situación similar a la del demandante. Por esa razón, negar la prestación en su caso, constituye una vulneración al derecho fundamental a la igualdad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Caja Nacional de Previsión Social contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Manifestó que los actos administrativos cuestionados fueron proferidos con fundamento en la normativa que le era aplicable y con observancia de los documentos obrantes en el expediente administrativo del solicitante.

Seguidamente, formuló los siguientes medios exceptivos:

CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS DEMANDADOS: Manifestó que la actuación de la entidad fue ajustada a la legalidad, pues negó el derecho pretendido por el demandante por cuanto aquel no acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.

LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS: Sobre el punto, consideró que, para el momento en que solicitó el reconocimiento pensional, el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado no había cumplido con las exigencias del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para su entrada en vigor no contaba con 40 años de edad ni 15 de servicios, hecho que conduce a la inaplicabilidad del Decreto 2090 de 2003.

INNOMINADA O GENÉRICA: Solicitó declarar cualquier excepción que se encuentre probada dentro del proceso, de conformidad con el inciso 2 del artículo 187 del CPACA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá, el 28 de agosto de 2008, profirió sentencia de primera instancia en la que declaró la nulidad de las Resoluciones 041140 del 30 de noviembre de 2004 y 0998 del 2 de febrero de 2006. En consecuencia, ordenó a Cajanal EICE reconocer y pagar a favor del demandante una pensión de jubilación calculada sobre el 75% de todos los factores devengados durante el último año de servicios. Dicha decisión la adoptó con apoyo en las siguientes consideraciones:

Inicialmente, indicó que el artículo 6 del Decreto 2090 de 2006 previó un régimen de transición para aquellos empleados que desempeñen actividades de alto riesgo que, a su entrada en vigor, contaran con 500 semanas de cotización especial y cumplir con el mínimo de semanas exigidas por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión de jubilación. Aclaró que, si bien el parágrafo del citado artículo dispone que, en adición de los requisitos especiales, deben cumplirse las exigencias del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que no se trata de una remisión al régimen de transición previsto en el inciso 2 de la norma en comento, sino que hace referencia únicamente a los incisos 3 a 5 de dicho artículo.

Luego, al analizar el caso particular, encontró que el demandante está cobijado por el régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, pues acreditó que ingresó al servicio de la Aeronáutica Civil el 10 de diciembre de 1984, es decir que, para el 28 de julio de 2003, fecha de vigencia del decreto en mención, contaba con 890 semanas cotizadas.

Por esta razón, concluyó que al señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado le asiste el derecho a que se reconozca en su favor la pensión especial de jubilación conforme a la Ley 7 de 1961 y el Decreto 1372 de 1966.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada presentó recurso de alzada en contra de la decisión anterior bajo el argumento de que el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado consolidó el estatus pensional el «12 de marzo de 2004» y, por ende, «es beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 la Ley 100 de 1993». Por ello, su prestación atiende al Decreto 1835 de 1994 en cuanto a los requisitos de edad tiempo se servicio y monto, empero el IBL se determina de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los factores taxativamente señalados en el Decreto 1158 de 1994, pues el servidor quedó incorporado al régimen general en virtud del Decreto 691 del mismo año.

Seguidamente, arguyó que, de acuerdo con los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el concepto de salario comprende todo valor que recibe el trabajador como remuneración directa por sus servicios, definición que excluye a las prestaciones sociales, toda vez que aquellos tienen la finalidad de cubrir eventuales riesgos del trabajador, tal como lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto 998 del 26 de junio de 1997. Por tal razón, la prima de servicios, prima de navidad y las vacaciones no son computables en la liquidación pensional.

En cuanto a la expresión monto, precisó que esta refiere únicamente a la tasa porcentual y no a las partidas que lo integran, de acuerdo con la Real Academia Española.

En ese orden, sostuvo que acceder al reconocimiento pretendido vulneraría los principios de sostenibilidad presupuestal, de solidaridad y de legalidad.

Finalmente, propuso la excepción de cosa juzgada objetiva, por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, en sentencia proferida dentro del proceso 0237-99, explicó con suficiencia que, si dentro de un régimen pensional especial no existe una norma que regule los factores salariales que integran el IBL, debe acudirse al régimen general para determinar este aspecto.

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA

El señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, por intermedio de apoderado, presentó memorial en el que solicitó que se aceptara su desistimiento a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, se diera por terminado el proceso. Lo anterior, con fundamento en los artículos 242 a 245 del Código de Procedimiento Civil.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, profirió sentencia el 1.° de octubre de 2009, por medio de la cual confirmó la decisión adoptada por el a quo. Dicha decisión la adoptó con apoyo en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, rechazó el desistimiento presentado por el demandante toda vez que, si bien cumplía con los requisitos contemplados en los artículos 342 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que en el asunto bajo su estudio se discute el derecho a la seguridad social, que tiene el carácter de irrenunciable.

Más adelante, recordó brevemente que los Decretos 1281 y 2090 de 2003 contienen las normas especiales que rigen a los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo de la Aeronáutica Civil y que este último, en su artículo 6, previó un régimen de transición para los servidores que, a su vigencia, hubiesen cotizado al menos 500 semanas en ejercicio de las actividades de alto riesgo, antes referidas.

En ese orden, advirtió que de lo probado en el sub judice se desprende que el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado está inmerso en el régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003, pues para la entrada en vigor de dicha norma, había laborado 18 años, 6 meses y 18 días, que se traducen en 890 semanas cotizadas. Por esa razón, su pensión de jubilación atiende a lo dispuesto en la Ley 7 de 1961 y el Decreto 1372 de 1966, máxime teniendo en cuenta que su aplicación le resulta más favorable que el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993.

ACCIÓN DE REVISIÓN

La UGPP presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literales a.) y b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

«Revocar» la sentencia del 1.° de octubre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado contra la UGPP, con radicado 2006-06442.

Declarar que al señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado no le asiste el derecho a que su pensión de jubilación se reconozca con base en el Decreto 1835 de 1994; régimen especial de los empleados de la aeronáutica civil.

Declarar que la pensión de jubilación del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado se rige por las normas generales del sistema de seguridad social contenidas en la Ley 100 de 1993.

Como fundamento de la acción, expuso que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión contraría los artículos 1 y 2 de la Ley 7 de 1961; 1, 2 y 3 del Decreto 1372 de 1966; 36 y 140 de la Ley 100 de 1993; 1, 2, 6 y 7 del Decreto 1835 de 1994 y 1 a 6 y 11 del Decreto 2090 de 2003.

Al respecto, argumentó que la decisión cuestionada vulneró el derecho al debido proceso, por cuanto otorgó una pensión especial de vejez en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado sin fundamento legal, pues desatendió que para el 1.° de abril de 1994 aquel no tenía 40 años de edad o más de 10 años de servicios, tal como lo prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Así mismo, indicó que tampoco es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 por cuanto, esta exige, además de 500 semanas de cotización, el cumplimiento previo de los requisitos contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, requisitos que, como se dijo, no satisface el demandante.

En su criterio, el entendimiento que la sentencia cuestionada tuvo de las anteriores normas es errado. Interpretó que el servidor podía cumplir con los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993, no para su entrada en vigor, sino para «el 2 de mayo de 2005». Con ello tuvo por cumplidos los supuestos de la transición del Decreto 2090 de 2003, sin justificación legal alguna.

De otro lado, estimó que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley. Ello en razón a que ordenó el reconocimiento de la prestación en condiciones favorables, sin que el demandado se encontrara cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Tal situación implica que la pensión se concedió en mayor valor al que corresponde, lo que genera una afectación al interés general. Aseguró que la decisión implica la destinación de recursos del erario al pago de una mesada pensional que no está ajustada a derecho.

Además, solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de la sentencia objeto de revisión, la cual fue negada mediante auto del 10 de septiembre de 2019.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN

Dentro del término, el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, mediante apoderado, contestó la demanda. Solicitó que se denieguen las pretensiones, comoquiera que la decisión objeto de revisión se profirió con observancia del régimen pensional aplicable a su caso, por estar amparado por el régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.

Seguidamente, propuso la excepción de «INEXISTENCIA DE LAS CAUALES DE NULIDAD» invocadas por el demandante, esto es, las contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En primer lugar, señaló que no se efectuó un reconocimiento pensional con violación al debido proceso. Explicó que la misma entidad, a través de través de la Resolución 36954 del 5 de agosto de 2008, concedió el derecho, sin que mediara una orden judicial. Expuso que, si bien le otorgó la pensión de jubilación liquidada según la Ley 100 de 1993, lo cierto es que lo hizo con base en la Ley 7 de 1961 y el Decreto 1372 de 1966. Lo anterior en aplicación del régimen de transición contemplado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.

Posteriormente, indicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia, aclaró que aun cuando el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 exige, además de los requisitos especiales, los previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ello no comporta una remisión al régimen de transición de este último, pues sería contrario a los principios de inescindibilidad y favorabilidad.

Por otra parte, adujo que el reconocimiento no excede lo debido según la ley, pues, en su criterio, la decisión en discusión ordenó reconocer el derecho pensional con fundamento en la normativa que le es aplicable al trabajador.

Luego, alegó que lo que pretende la demandante es reabrir el debate jurídico ya desplegado, pues, en la acción de revisión, no aporta pruebas o argumentos distintos a los esbozados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sobre el punto, recordó que la acción de revisión no fue prevista por el legislador como un mecanismo para que las entidades pensionales pudieran subsanar los errores o deficiencias en la defensa en las que pudieron incurrir en el proceso ordinario. Manifestó que así lo han sostenido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en sus providencias.

Por último, sostuvo que la actuación del demandado, al solicitar el reconocimiento y pago de la pensión especial de jubilación, se enmarca dentro del principio de la buena fe y que la decisión objetada se profirió en garantía de su derecho al mínimo vital y de sus derechos adquiridos.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala en el inciso segundo del artículo 249 que, de los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el numeral 2 del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 55 de 2003, derogado por el Acuerdo 80 de 2019.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa que «las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión formulada por la UGPP contra la sentencia proferida el 1.° de octubre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se confirmó la decisión emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá el 28 de agosto de 2008.

Legitimación por activa de la acción de revisión

Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.».

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas Especiales de Decisión, admitió expresamente que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta Subsección.

Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009. Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso de liquidación de Caja Nacional de Previsión Social EICE.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la formulación de la acción de revisión.

Oportunidad

Sobre el particular, se observa que la acción de revisión fue presentada dentro del plazo que prevé el artículo 251 del CPACA, esto es, dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia cuestionada. Igualmente, es necesario precisar que la Corte Constitucional señaló que este término de caducidad no podrá contabilizarse para la UGPP desde antes del 12 de junio de 2013.

En este caso, la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, proferida el 1.° de octubre de 2009, quedó ejecutoriada el 15 de octubre de la misma anualidad, es decir que el término de caducidad inició el 12 de junio de 2013, y la demanda fue radicada el 4 de mayo de 2017, por lo que se concluye que aquella se encuentra en tiempo.

Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 introdujo en el ordenamiento colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA.  Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que corresponde.

Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Problemas jurídicos

El problema jurídico que se debe resolver se resume en las siguientes preguntas:

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al haberse reconocido la pensión de jubilación, en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, con fundamento en el régimen especial aplicable a los empleados de la Aeronáutica Civil, por considerar que está cobijado por el régimen de transición previsto por el Decreto 2090 de 2003?

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al haberse reconocido la pensión de jubilación, en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, sin que se encontrara cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

Primer problema jurídico

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al haberse reconocido la pensión de jubilación, en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, con fundamento en el régimen especial aplicable a los empleados de la Aeronáutica Civil, por considerar que está cobijado por el régimen de transición previsto por el Decreto 2090 de 2003?

Para resolver lo anterior, se abordará: i) La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) Régimen pensional aplicable a los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores aéreos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; iii) La verificación de la causal de revisión en el caso particular y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de la justicia. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.»

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que, de encontrarse probadas, llevan a la conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias que hacen la decisión incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia.

Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).

En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».

De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto. Igualmente, se mantuvieron vigentes, de forma transitoria, los regímenes especiales expresamente indicados en el artículo 279.

Régimen pensional aplicable a los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores aéreos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

De forma particular, la Ley 100 de 1993, en el artículo 140 previó que aquellas personas que desarrollaran actividades de alto riesgo estarían reguladas por normas especiales de la siguiente forma:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.»

Por su parte, el artículo 5 del Decreto 691 de 1994, «por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones», preceptuó: «[…] Actividades de alto riesgo. Los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se entienden incorporados al sistema general de pensiones, pero les aplicarán las condiciones especiales que para cada caso se determinen […]».

De acuerdo con las normas en comento, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1835 de 1994 «por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos», el cual definió en su artículo 1.º su campo de aplicación en los siguientes términos:

«Artículo 1º. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios se aplica a los servidores públicos de todos los niveles, de conformidad con el Decreto 691 de 1994. Igualmente les son aplicables las normas consagradas en los Decretos 1281 de 1994 y 1295 de 1994.

Sin perjuicio de lo anterior, y en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, el presente Decreto contiene las normas especiales sobre actividades de alto riesgo de todos los servidores públicos, salvo aquellos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quienes serán objeto de decisión especial.

En virtud del Decreto 691 de 1994, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y sin perjuicio de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la misma, no se reconocerán pensiones especiales diferentes a las previstas en el presente Decreto y en el Régimen General de Actividades de Alto Riesgo.

Parágrafo. El régimen de pensiones especiales sólo le será aplicable a los servidores públicos a los que se refiere este Decreto, siempre que permanezcan afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

Cuando estos servidores se afilien voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad se regirán por las normas propias de éste, salvo en lo que respecta al monto de las cotizaciones que se regirán por lo dispuesto en el presente Decreto.».

A su turno, el artículo 2 ejusdem definió cuáles eran las actividades de alto riesgo, entre las que se encuentran las siguientes relacionadas con la Aeronáutica Civil:

«Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
[…]
4. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con la reglamentación contenida en la Resolución No. 03220 de junio 2 de 1994 por medio de la cual se modifica el manual de reglamentos aeronáuticos; y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.

Técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con base en la reglamentación contenida en la Resolución No.2450 de diciembre 19 de 1974 por medio de la cual se adopta el manual de reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren. […]» (Se resalta).

En virtud de lo anterior, las actividades de alto riesgo desarrolladas en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se limitaron a las de técnico aeronáutico con funciones de: i) controladores de tránsito aéreo o; ii) radio operadores.

Para los servidores públicos que desarrollasen alguna de las dos funciones mencionadas, el artículo 6 del decreto en cita previó que estos podrían obtener una pensión especial de vejez con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

«Artículo 6º. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos que laboren en las actividades previstas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. a) 55 años de edad y,

b) 1.000 semanas de cotización, de las cuales por lo menos 500 semanas hayan sido cotizadas en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un año por cada sesenta (60) semanas de cotización, adicionales a las primeras 1.000 semanas, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años, o,

2. a) 45 años de edad y,

b) 1.000 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto.»

De lo anterior, se infiere que los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo o radio operadores de la Aerocivil podían pensionarse así:

i) a los 45 años de edad, siempre que hubiesen cotizado 1000 semanas continuas o discontinuas, es decir, que hubiesen desarrollado esas actividades exclusivamente por la densidad exigida;

ii) a los 55 años, aquellos técnicos aeronáuticos que tuvieran 1000 semanas de cotización, de las cuales, al menos 500 semanas, se hubiesen cotizado en ejercicio de actividades de alto riesgo.

En este último caso, la edad para el reconocimiento podía descender un año por cada 60 semanas adicionales de cotización a las primeras 1000, hasta los 50 años de edad.

Adicionalmente, el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994 reglamentó un régimen de transición especial para los servidores públicos de la Aeronáutica Civil que reunieran determinados requisitos, de la siguiente forma:

«Artículo 7º. Régimen de transición. El régimen general de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica a los servidores públicos de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

No obstante, se establece el siguiente régimen de transición para los funcionarios de dicha unidad administrativa que tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, ó 10 ó más años de servicios prestados o cotizados, así:

1. Para los servidores descritos en el artículo 6º de este Decreto.

2. Para los servidores que a 31 de diciembre de 1993 se encontraban incorporados a la planta de personal del Sector Técnico Aeronáutico.

Los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de dicha pensión, de los funcionarios descritos en los numerales 1º y 2º de este artículo, serán los establecidos en el régimen anterior que les era aplicable.

Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.» (Se subraya)

En ese orden de ideas, se advierte que a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil descritos en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994, que a su vez remite al artículo 2 numeral 4 ejusdem, y a aquellos técnicos aeronáuticos vinculados a la planta de personal de la entidad al 31 de diciembre de 1993, y que a la fecha de entrada en vigencia de la norma en cita tuviesen 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, 40 o más años de edad en el caso de los hombres, o 10 o más años de servicio prestado o cotizado, les aplicaría el régimen de transición allí regulado.

Por consiguiente, su derecho a la pensión se regiría en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto, previstos en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, conforme a la Ley 7.ª de 1961 y su Decreto Reglamentario 1372 de 1966.

Para el efecto, se advierte que el artículo 2 de la Ley 7.ª de 1961 previó que la pensión de jubilación se adquiría al cumplir 20 años de servicio, sin importar la edad, mientras que el artículo 6 del Decreto 1372 de 1966 reguló lo relacionado con el monto, para lo cual definió que este sería el equivalente al 75% del promedio mensual de las asignaciones percibidas en el último año de servicios.

De igual forma, para aquellos servidores de la Aeronáutica Civil que no colmaron las condiciones para ser beneficiarios del régimen de transición contemplado en el precitado artículo 7 del Decreto 1835 de 1994, el monto de la pensión, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 140 de la Ley 100 de 1993 y 5 del Decreto 691 de 1994, se regirá por las previsiones contenidas en el artículo 34 de la primera norma, puesto que el régimen especial de actividades de alto riesgo abarca únicamente los requerimientos para acceder a esa prestación.

Posteriormente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2090 de 2003, «por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades», que a su vez derogó el citado Decreto 1835 de 1994 y, en lo pertinente, modificó las actividades de alto riesgo desarrolladas en la Aeronáutica Civil, así:

«Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
[…]
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.
[…]».

Es decir que con la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, los únicos servidores públicos que laboraran en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil beneficiarios de las normas que regulaban las actividades de alto riesgo, son los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo.

Del mismo modo, el decreto en cita modificó las condiciones y requisitos para ser beneficiario de la pensión especial de vejez en los siguientes términos:

«Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.»

«Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.»

«Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.».

Y en cuanto al régimen de transición, el Decreto 2090 de 2003 previó:

«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo [].

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.».

Ahora, de la lectura del parágrafo de este último artículo se advierte que este exige, además de los requisitos contemplados en dicha norma, el cumplimiento de las condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen pensional de alto riesgo. Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

«[…] En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.

“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición”

La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella establecido cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez.
[…]
De otra parte, y respecto del requisito previsto en el mencionado inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 sobre la cotización especial cuando menos de 500 semanas, la Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007 declaró la exequibilidad condicionada de dicho artículo, acogiendo la interpretación más favorable a los trabajadores “que es aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”. Y, frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 y el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 […] resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100 de 1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable al trabajador […] En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones pensionales”.

Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho en las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y entender que el actor es beneficiario del régimen especial de transición por haber acreditado 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 […]». (cursiva del original).

Corolario de lo anterior, se concluye que la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tiene el carácter de alto riesgo. Por ende, dichos servidores públicos gozan del régimen pensional reglamentado por el mentado Decreto 2090 de 2003. Sin embargo, este dispuso un régimen de transición consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de vejez les sea reconocida en las mismas condiciones previstas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el Decreto 1835 de 1994.

La verificación de la causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La parte demandante consideró que se presentaba la causal descrita en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Aseguró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, reconoció pensión de jubilación en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado bajo el régimen especial aplicable a los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores aéreos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, sin que aquel hubiese acreditado los requisitos para tal efecto. A su juicio, ello comporta el desconocimiento del derecho al debido proceso.

Sobre el punto, la Subsección advierte que la entidad estima que el trabajador no cumple ninguna condición para acceder al derecho pensional. Al respecto, es pertinente recordar que la acción de revisión es un medio impugnativo que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, lo que a su vez implica que no puede considerarse como una oportunidad para reabrir un debate jurídico, probatorio y fáctico propio de las instancias procesales que ya se han surtido, así como tampoco una ocasión para cuestionar la actividad interpretativa del juez o, insistir en la discusión de los problemas debatidos en el proceso.

Empero, teniendo en consideración el tránsito legislativo del régimen pensional de los empleados de la Aeronáutica Civil y que para determinar si se reconoció una pensión especial sin el cumplimiento de los requisitos legales, vulnerándose con ello el derecho al debido proceso de la UGPP, es preciso establecer, primero, qué normativa le era aplicable al señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, y segundo, los requisitos en ella previstos para acceder a la pensión, por lo que la Sala examinará cada uno de los presupuestos descritos en las normas que rigen a los empleados de la Aeronáutica Civil. Para el efecto, el análisis del sub examine se dividirá así:

Aplicación de los regímenes de transición contenidos en la Ley 100 de 1993 o el Decreto 1835 de 1994

El señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado nació el 8 de abril de 1960.

El pensionado laboró en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en forma ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 1984 hasta el 30 de septiembre de 2008, según las certificaciones expedidas por el jefe del Grupo de Situaciones Administrativas de la Dirección de Talento Humano, así:

Cargos desempeñados
Desde
Hasta
Controlador tránsito aéreo grado 8
10-12-84
25-05-87
Controlador tránsito aéreo grado 10
26-05-87
01-09-88
Controlador tránsito aéreo grado 12
02-09-88
10-09-90
Controlador tránsito aéreo grado 14
11-09-90
31-01-94
Técnico aeronáutico III 22-18
01-02-94
24-08-97
Controlador tránsito aéreo aeródromo grado 21
25-08-97
25-05-98
Controlador tránsito aéreo radar grado 25
26-05-98
13-04-00
Controlador tránsito aéreo supervisor grado 28
14-04-00
02-04-03
Controlador tránsito aéreo experto grado 30
03-04-03
Sin información
Controlador tránsito aéreo experto grado 28
Sin información
30-09-08

La Aeronáutica Civil ha efectuado la cotización adicional al Sistema General de Pensiones por concepto alto riesgo, tal y como lo indicó la misma entidad en la certificación referida anteriormente. Textualmente, señaló:

«[…] Que a partir del 4 de agosto de 1994 y en aplicación al decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, se ha cotizado el alto riesgo a los funcionarios nombrados en el cargo de Controlador de Tránsito Aéreo en un 8.5% adicional al previsto para el sistema general de pensiones.

Que a partir del 1°. De agosto de 2003, en cumplimiento al Decreto 2090 de 2003, la entidad ha cotizado 10 puntos adicionales por concepto de alto riesgo […]».

De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que el aquí demandado no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque al 1.º de abril de 1994 no tenía 40 años de edad o más, ni acreditaba 15 años de servicio. Tampoco está dentro de los supuestos de la transición de que trata el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994, por cuanto para el 4 de agosto de 1994, fecha en que entró en vigor dicha norma, no contaba con los 40 años de edad o los 10 años de servicio en la Aeronáutica Civil. Para tales fechas solo tenía 34 años de edad y 9 años de servicio en la Aeronáutica Civil.

De igual forma, no está demostrado que hubiese causado su derecho a la pensión especial de vejez en virtud del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 porque para el 27 de julio de 2003, fecha última de vigencia de la norma en cita, tenía 43 años de edad y solo acreditaba un total de 951 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en la actividad de alto riesgo cuando se exigían 1000 semanas de cotización.

En conclusión, el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994 para ser beneficiario del régimen de transición allí previsto, por cuanto no tenía la edad de 40 años, ni demostró la prestación de servicios por al menos 10 años en la UAE Aeronáutica Civil.

Requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003

Tal como se explicó en párrafos precedentes, el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 también previó un régimen de transición, según el cual, aquellas personas que desarrollaban alguna de las actividades de alto riesgo, reguladas por la misma norma, tienen derecho a la aplicación de los requisitos prescritos en los Decretos 1281 de 1994 o 1835 de 1994, según el caso. Para tal efecto, el Decreto 2090 de 2003 exige que hubiesen cotizado cuando menos 500 semanas de cotización en la ejecución de una actividad catalogada como de alto riesgo, a la fecha de entrada en vigencia del referido decreto, esto es, el 28 de julio de dicho año.

Es importante tener presente que la exigencia de semanas de cotización especial a que hace referencia el artículo 6 del Decreto 2090 ejusdem se interpreta como «[…] semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo […]», de acuerdo con el ordinal primero de la sentencia C-663 de 2007 que declaró la exequibilidad condicionada de la norma en cita.

En ese orden de ideas, para acreditar el requisito de las 500 semanas de cotización previas a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, bastaba con demostrar que la actividad considerada de alto riesgo se ejerció por dicha cantidad de semanas en cualquier tiempo, sin necesidad de probar que se realizaron cotizaciones especiales como lo pregonaba el artículo 6 de la norma en cita. Lo anterior dada la imposibilidad jurídica surgida de esta, por cuanto las cotizaciones especiales por alto riesgo solo se regularon a partir del Decreto 1281 de 1994 y, en todo caso, la obligación de efectuar este tipo de cotización para los empleados de la Aeronáutica Civil solo se exigió a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994.

Ahora bien, denótese que la segunda parte del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 dispone que el derecho se causa una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por el artículo 9, inciso 2 de la Ley 797 de 2003, a partir de lo cual se les reconocerá la pensión «[…] en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo […]».

Por lo tanto, de una primera lectura de los apartes citados de la norma, se podría concluir razonablemente que para causar el derecho a la pensión bajo los parámetros del régimen de transición expuesto en el Decreto 2090 de 2003, se tendría que haber cumplido con un mínimo de 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo hasta el 31 de diciembre de 2004, porque a partir del 1.º de enero de 2005, el número mínimo de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez aumentó en 50, y posteriormente, a partir del 1.º de enero de 2006, dicho requisito aumentaría anualmente en 25 semanas hasta completar un total de 1300 en el año 2015.

No obstante, esta Corporación ha interpretado que el requisito en comento equivale a 1000 semanas de cotización, bajo el entendido de que es condición necesaria para acceder al derecho pensional en las mismas condiciones previstas por las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. En otras palabras, la Sala consideró que el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000 semanas, sin que aplique el aumento de estas estipulado en la Ley 797 de 2003, pues no resulta razonable ni proporcional exigir el requisito de la mencionada ley, cuando el Decreto 1835 de 1994 exige 1000 semanas para causar el derecho y, según el caso concreto, una edad de 45 o 55 años.

Bajo los anteriores parámetros, se advierte que el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, al 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir el Decreto 2090 de 2003 tenía 951 semanas de cotización en una actividad clasificada como de alto riesgo, tal como consta en la certificación emitida por la Aeronáutica Civil el 28 de abril de 2005.

Ahora, respecto al requisito de las 1000 semanas, se observa que solo se hizo efectivo el 14 de mayo de 2004, por lo que solo a partir de ese momento podía reclamar el reconocimiento pensional bajo la norma anterior, es decir el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994, el cual dispuso como condiciones para acceder a la pensión especial de vejez lo siguiente:

«Artículo 6º. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos que laboren en las actividades previstas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. a) 55 años de edad y,

b) 1.000 semanas de cotización, de las cuales por lo menos 500 semanas hayan sido cotizadas en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un año por cada sesenta (60) semanas de cotización, adicionales a las primeras 1.000 semanas, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años, o,

2. a) 45 años de edad y,

b) 1.000 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto.».

En ese orden de ideas, la Subsección encuentra que el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado tiene derecho a la aplicación del numeral 2 del artículo 6 del Decreto 1835 ejusdem, en virtud del régimen de transición contenido en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, razón por la cual está amparado por los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto contenidos en las normas pensionales anteriores.

En conclusión, el demandado tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de edad y tiempo de servicios del Decreto 1835 de 1994.

Así las cosas, es viable colegir que, contrario a lo expuesto por la entidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la decisión objeto de revisión, de forma acertada, encontró que la normativa que rige el derecho pensional reclamado por el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado es el Decreto 1835 de 1994, en virtud del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003. Al respecto, señaló:

«Para el caso bajo estudio, es claro que a la entrada en vigencia de la presente norma – 26 de julio de 2003 – el señor ADOLFO DEFLÍN MOSCOSO ALVARADO cumplía con el requisito exigido en el régimen de transición el cual es haber cotizado cuando menos 500 semanas a la entrada en vigencia del presente decreto toda vez que para la fecha mencionada el señor MOSCOSO ALVARADO había cotizado 890 semanas; este mismo artículo en su parágrafo estipula que, para ejercer los derechos establecidos en el Decreto 2090 de 2003 encontrándose cubiertos en el régimen de transición(caso aplicado al actor), deberá cumplir, en adición a los requisitos establecido (sic) en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003, el cual establece que la edad para acceder a la pensión de vejez a la entrada en vigencia de la norma es de 35 años de edad para las mujeres y 40 años de edad para los hombres o 15 años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentran afiliados, es decir, el señor ADOLFO DEFLÍN MOSCOSO ALVARADO al encontrarse cobijado por el Régimen de Transición reglamentado por el Decreto 2090 de 2003, presenta la solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez acreditando que cumple con el lleno de los requisitos toda vez que para la fecha aquí mencionada -02 de mayo de 2005- tenía 45 años de edad, 20 años. 4 meses y 21 días de servicio prestados como funcionario de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y 7.441 días equivalentes a 1.063 semanas cotizadas, estando por encima de lo exigido en la presente normatividad.
Corolario a lo anterior, tenemos que el Decreto 2090 de 2003 es más favorable para el actor aplicando el principio de favorabilidad, teniendo en cuenta que de conformidad con los estudios realizados correspondientes a las actividades de alto riesgo, estas generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador, independiente en las cuales se efectúe el trabajo, razón por la cual, el beneficio conferido a los trabajadores de que trata el presente decreto radica en una prestación definida consistente en acceder al beneficio pensional a edades inferiores a las establecidas para la generalidad de los trabajadores, en atención a la reducción de vida a la que se ven expuestos y a la mayor cotización pagada por los empleadores. […]» (Se resalta).

En este punto, es preciso destacar que, para la fecha en que se emitió la decisión objeto de revisión, en esta corporación ya existían pronunciamientos que avalaban la prevalencia de la aplicación del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003, sobre el del artículo 36 de la Ley 100 de 1996, en atención al criterio de especialidad que rige la hermenéutica jurídica. De ahí que, con fundamento en ello y en virtud del principio de favorabilidad, conforme al cual ha de darse aplicación a la norma más benévola para el trabajador, el Tribunal consideró que en este caso es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, la normativa que rige la situación del pensionado, sin que sean exigibles los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, el juez de instancia consideró que para el momento en que solicitó el reconocimiento pensional, es decir, el 2 de mayo de 2005, el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado tenía 45 años de edad, y 1.063 semanas cotizadas en el ejercicio de actividades catalogadas como de alto riesgo, es decir que cumplió con suficiencia los requisitos del régimen de transición previsto artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y por lo tanto, no debe exigirse el cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto se trata de un régimen de transición distinto.

Es de anotar que, de acuerdo con la interpretación impartida en la sentencia objeto de estudio, no debía exigirse al trabajador el cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para el momento de su entrada en vigor, sino que el entendimiento que debía darse al régimen de transición contenido en el Decreto 2090 de 2003 debía favorecer a su destinatario.

Ciertamente, esta postura se acompasa con lo sostenido por la Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007, en tanto que exigir el cumplimiento conjunto de los requisitos impuestos por la norma especial y por la general para ser beneficiario del régimen de transición resultaba manifiestamente desproporcionado. Máxime cuando la finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador defina un sistema de protección para que las variaciones producidas por un cambio en la normatividad no afecten a quienes tienen una expectativa legítima de adquirir el derecho.

De igual modo, se advierte que, analizadas las probanzas obrantes en el dossier de cara con los requisitos que son exigibles para efectos de reconocer la pensión al señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, estos son:

a) 45 años de edad y
b) 1000 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto.

La Subsección encuentra que estos están acreditados por el pensionado, quien cumplió los 45 años de edad el 8 de abril de 2005 y alcanzó 1000 semanas en la actividad descrita en el numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1835 de 1994, esto es, como controlador de tráfico aéreo, en el año 2004, pues tal como se indicó en párrafos precedentes ingresó al servicio de la Aeronáutica Civil el 10 de diciembre de 1984 y se retiró el 30 de septiembre de 2008.

Así las cosas, no le asiste razón a la demandante en revisión cuando afirma que el Tribunal inobservó las normas que rigen la pensión del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, porque además de que determinó que el Decreto 1835 de 1994, era el que gobernaba la situación del pensionado, también encontró que este cumplió a cabalidad con los presupuestos en él contenidos.

En consecuencia, el derecho pensional fue reconocido en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado en cumplimiento de los requisitos que le eran exigibles según el régimen especial que le era aplicable.

Conclusión: No se configura la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la medida en que la decisión del 22 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, ordenó reconocer y pagar pensión especial de jubilación, en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, de conformidad con las normas y jurisprudencia aplicables, sin desconocer el derecho al debido proceso de la UGPP.

Segundo problema jurídico

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al haberse reconocido la pensión de jubilación, en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, sin que se encontrara cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20 Ley 797 de 2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]». Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

La configuración de la causal del literal b) del artículo 20 Ley 797 de 2003 en el caso particular y concreto

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social consideró que se configura esta causal en la medida en que, se accedió al reconocimiento de una pensión especial de jubilación bajo el régimen aplicable a los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores aéreos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil sin el cumplimiento de los requisitos legalmente establecido.

Al respecto, es oportuno señalar que aquel argumento no está dirigido a cuestionar la cuantía de la prestación sino la aptitud legal para su reconocimiento, asunto que no es propio de la causal invocada. La finalidad de esta es la de revisar el valor de la pensión reconocida en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad.

Con todo, aunque se admitiera la posibilidad de estudiar si la prestación se ordenó reconocer en un mayor valor a lo debido de acuerdo con la ley, se observa que el juez de primera instancia condenó a la entonces demandante a liquidar la pensión especial del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado con el 75% de todo lo devengado durante el último año de servicios.

Contra la providencia descrita, la UGPP interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que, si bien el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado estaba inmerso en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que el IBL debe determinarse conforme al régimen general contenido en la citada ley. Sin embargo, este aspecto no fue abordado por el ad quem, que se limitó a analizar la norma que rige el derecho prestacional discutido, defecto que no fue alegado en sede de revisión.

En relación con lo anterior, se advierte, además, que para la época en la que se emitió la decisión objeto de la acción de revisión, el Consejo de Estado había proferido una serie de pronunciamientos en los cuales consideró que el ingreso base de liquidación también fue objeto de transición y que, por ende, los beneficiarios de dicho régimen tienen derecho a que su pensión se liquide de acuerdo con la norma anterior. Dicho criterio fue adoptado de manera unánime a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010. Esta posición también fue acogida por las salas de revisión de tutela de la Corte Constitucional.

La anterior interpretación se modificó posteriormente. En efecto, la Corte Constitucional, a partir de la sentencia C- 258 de 2013 estimó que el ingreso base de liquidación no está comprendido en el régimen de transición. En consecuencia, a partir de aquella sentencia ordenó liquidar las pensiones así reconocidas conforme las reglas señaladas por los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Esta tesis se reiteró en las sentencias SU-230 de 2015 SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, y en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017.

Por su parte, el Consejo de Estado, en la sentencia del 28 de agosto de 2018 se alineó con esta última postura. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en aquella oportunidad también se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado tendría respecto de las situaciones consolidadas, por lo que no sería aplicable al presente caso. En ese sentido, se indicó:

«La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada.».

En suma, se debe destacar que la acción de revisión no constituye una tercera instancia en la que se reabra el debate sobre el derecho a la prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de aquella, cuando se reconoció en un valor mayor al que corresponde, con vulneración de la ley, lo cual no se da en el sub lite. Por el motivo expuesto habrá de declararse infundada la acción de revisión interpuesta en contra de la sentencia del 1.° de octubre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

Conclusión: No se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que la UGPP no cuestiona el valor reconocido en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, sino el derecho a la prestación en sí mismo, aspecto cuyo estudio no es propio del alcance de esta causal.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 1.° de octubre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión especial de jubilación en favor del señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público», en esas condiciones, teniendo en cuenta que esta Corporación ha considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional; la Sala considera improcedente la condena en costas en el caso analizado, a lo que se agrega que no se probó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, contra el señor Adolfo Delfín Moscoso Alvarado, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 1.° de octubre de 2009, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 250002325000200606442.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Folios 49 a 78 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 250002325000200606442 00. Folios 91 a 93 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 210 a 225 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 175 a 181 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. No identificó la fecha en que se profirió la providencia en cita.
folios 226 a 227 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 229 a 240 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 1 a 6 del cuad. ppal. Folios 236 a 238 del cuaderno principal. Folios 433 a 471 del cuaderno principal. Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de abril de 2015, radicado: 250002325000201100807 (2555-13), demandante: Fernando Sandoval Cabrera; sentencia del 29 de junio de 2017, radicado: 08001233300020120082 (0391-2014), demandante: Gilberto Rondón Sepúlveda; sentencia del 16 de mayo de 2019, radicado: 080012331000201101096 (1176-14), demandante: Diuryc Hendreyc Márquez Herrera. Para el efecto citó la sentencia C-520 de 2009. C-11265 de 2004.
para apoyar los argumentos expuestos en la contestación, el 9 de abril y 26 de mayo de 2021, el demandado presentó memoriales (índices 21, 22 y 25 de la plataforma SAMAI) con los que adjuntó apartes de las sentencias del 5 de junio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2014-03056, demandante: Julio Hernando Moya Buitrago; y del 4 de mayo de 2021, 2021 radicado: 110010315000201700890, demandante: UGPP, proferidas por esta Corporación.
«Artículo 249. Competencia.
[…]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
Ibidem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12), demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación. Sentencia SU 427 de 2016. Tal como se observa en el edicto 1038 suscrito por el oficial mayor, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, obrante a folio 289 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Folio 233 vto. del cuad. ppal.
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.»
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003. Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4, sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP. Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017. Sentencia C-341 de 2014
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de mayo de 2013. Radicación 11001032500020100029100 (2390-10)
«Artículo 2º Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto por el artículo 21 del decreto 1237 de 1946 y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, cualquiere que fuere su edad. Parágrafo.

Es bien entendido que para poder gozar de la pensión de jubilación en los términos anteriores los trabajadores señalados deberán reintegrar o compensar a la Caja Nacional de Previsión Social las sumas que por concepto de auxilio de cesantía hubieren recibido de Aerovías Nacionales de Colombia, S.A. (Avianca).»
«Artículo 6° De acuerdo con los artículos 2° de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto 1237 de 1946. el personal de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75) del promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de servicios.»
«Artículo 34. Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente. A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r = porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima». En sentencia HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2007/c-663_2007.html" \l "1" \t "_blank" C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, declaró este artículo exequible condicionalmente «[…] en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo». Sentencia C-663 de 2007. Véanse entre otras, sentencia de 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001233100020120010001(3287-2013), demandante: Jaime Villamil Castro; y sentencia de 22 de abril de 2015 proferida dentro del proceso 25000232500020110080701(2555-13), demandante: Fernando Sandoval Cabrera. Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «[…] A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia […]». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14)
Folio 84 vuelo del cuaderno principal. Folios 47 y 102 vuelto del del cuaderno principal. Según certificado obrante a folio 102 vuelto del cuaderno principal. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto en cita este empezó a regir a partir de la fecha de su publicación
«Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Decreto Ley 2090 de 2003, por los cargos de la demanda, en el entendido de que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial", se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo.»
Sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de junio de 2017. Radicación 08001233300020120008201 (0391-14). Demandante: Gilberto Antonio Rondón Sepúlveda, Demandado: UGPP. Folio 47 del cuaderno principal. Dentro de la misma certificación la entidad aclara que el cargo técnico aeronáutico III que el pensionado ocupó durante el periodo comprendido del 1 de febrero de 1994 al 24 de agosto de 1997 correspondía a las funciones de controlador de tránsito aéreo. En las siguientes se sostuvo la tesis que dice que no se deben cumplir los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2006, radicado: 11001-03-06-000-2006-00116-00 (1790)
Consejo De Estado, Sección Segunda - Subsección A, auto del 21 de mayo de 2009. radicación No: 25000-23-25-000-2006-01625-01 (2241-07), actor: Oscar Armando Bravo Guzmán. demandado: CAJANAL. Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de febrero de 2020, radicación:76001-23-31-000-2011-01522-01 (4084-2017), demandante Amary Mercado Aguirre, demandado: UGPP
HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222" http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222. Así lo dijo, aunque en la revisión indicó que no cumplía los requisitos para acceder a tal régimen de transición. Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencias del 21 de septiembre de 2000. Radicado: 99-470; y del 13 de marzo de 2003, Radicado: 17001-23-31-000-1999-0627-01(4526-01), Actor: Carlos Enrique Ruiz Restrepo, entre otros. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), Actor: Luis Mario Velandia. Sobre este tema se pueden ver, de la Corte Constitucional las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

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