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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00491-00

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00491-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Blanca Delia Díaz Contreras contra la sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas a la parte recurrente. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00491-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00491-00
Nº interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 2
de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta. Causal regulada en el numeral 5 del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la señora
Blanca Delia Díaz Contreras contra la sentencia del 2 de febrero de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que revocó la decisión de
primera instancia, declaró la nulidad de la Resolución 31433 de 27 de diciembre
de 2004, expedida por Cajanal y condenó a dicha entidad a reconocer y pagar a
la señora Esperanza Yañez Segura la sustitución de la pensión de jubilación
causada por el señor Marco Tulio Ramírez Fernández.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la
señora Esperanza Yañez Segura

La señora Esperanza Yañez Segura presentó demanda en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener el reconocimiento de la
sustitución pensional, en su calidad de cónyuge supérstite del señor Marco Tulio
Ramírez Fernández.

Lo anterior, bajo el argumento que contrajo matrimonio civil con el señor Marco
Tulio Ramírez Fernández el 21 de diciembre de 2004 y convivió con él hasta el
momento de su muerte de forma ininterrumpida.

Que el causante estuvo casado con la señora Blanca Delia Díaz Contreras, pero

2

Número interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: UGPP
Fallo

disolvió y liquidó la sociedad conyugal, según lo dispuesto en la sentencia
proferida el 9 de septiembre de 1992 por el Juzgado Primero de Familia de
Villavicencio.

Que mediante la Resolución 31433 de 27 de diciembre de 2004 la entidad
reliquidó la pensión de jubilación post mortem, elevándola a $1.165.328; y ordenó
el pago de la misma en un 50% a Arnoll Ericsson Ramírez Yañez, en calidad de
hijo menor del causante, y dejó en suspenso el 50% restante se dejó en
suspenso hasta que la jurisdicción resolviera el derecho que le correspondía a las
señoras Esperanza Yañez Segura y Blanca Díaz Contreras.

2. Tercero interviniente

La señora Blanca Delia Díaz, en calidad de tercero interviniente, manifestó que
desconoció el proceso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal
adelantado por el señor Marco Tulio Ramírez, quien nunca dejó de asistirla
económicamente y convivió con ella hasta la fecha del deceso del causante, por
lo que tiene derecho a la sustitución de la pensión de jubilación causada por su
cónyuge.

3. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

Cajanal se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que la liquidación
efectuada por esa entidad se hizo con base en el Decreto 1158 de 1994 y lo
dispuesto en la sentencia 168 de 20 de abril de 1995, proferida por la Corte
Constitucional.

Propuso como excepciones: (i) inexistencia de la obligación; (ii) cobro de lo no
debido; y (iii) prescripción.

3. La sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho1

El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio, en
sentencia del 30 de septiembre de 2014, decidió: (i) inhibirse para pronunciarse
sobre las excepciones; (ii) negar las pretensiones de las señoras Esperanza

1
Folios 31-35.

3

Número interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: UGPP
Fallo

Yañez Segura y Blanca Delia Díaz; y (iii) no condenar en costas.

Lo anterior al considerar que las señoras Esperanza Yañez y Blanca Delia Díaz
no satisfacen los requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente, por no
acreditar ninguna de las dos la convivencia requerida por el artículo 47 de la Ley
100 de 1993.

4. El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia

4.1. La señora Esperanza Yañez Segura presentó recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia bajo el argumento que convivió con el causante
hasta la fecha de fallecimiento en la ciudad de Villavicencio, en dónde residieron
por muchos años.

Advirtió que las declaraciones rendidas por la señora Blanca Delia Díaz y Manuel
Antonio Ramírez Moreno, hijo del causante, se contradicen, porque: (i) la señora
Blanca Delia no convivió en los últimos años de vida con el causante; (ii) el hijo
indicó que el señor Marco Tulio Ramírez ayudaba económicamente a la señora
Blanca Delia, pese a que no tenía relación con su progenitor y no podía saber sí
esto era cierto o no; (iii) afirmó que el causante vivía con la madre del declarante;
y (iv) señaló que la relación entre su progenitor y la señora Blanca Delia era de
amistad.

4.2. La señora Blanca Delia Díaz reiteró los planteamientos de la demanda y
señaló que en la sentencia apelada se incurrió en errónea valoración de las
pruebas, los hechos, las normas jurídicas y los principios de derecho pertinentes,
guardándose además silencio sobre aspectos de la controversia y quedando
puntos sin resolver.

Advirtió que no se dio el valor probatorio que correspondía al testimonio rendido
por el señor Marco Antonio Ramírez Moreno, hijo del causante, quien indicó que
su progenitor convivió con la señora Blanca Delia Díaz hasta que falleció y de
manera errada estableció que entre ellos existió una simple relación de amistad.

Indicó que en la decisión recurrida no se observó que el tiempo cotizado por el
causante a Cajanal fue posterior al matrimonio católico celebrado entre los

4

Número interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: UGPP
Fallo

señores Marco Tulio Ramírez y Blanca Delia Díaz Contreras por lo que esta es
quien tiene mayor posibilidad para el reconocimiento de la sustitución pensional.

Afirmó que en la sentencia apelada se echa de menos el análisis jurisprudencial y
normativo, con el cual el resultado hubiera sido diferente.

5. La sentencia objeto de revisión2

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 2 de febrero de 2016
decidió: (i) negar las excepciones propuestas por la demandada; (ii) revocar la
sentencia proferida en primera instancia; (iii) declarar la nulidad parcial de las
Resoluciones 31433 de 27 de diciembre de 2004 y 1365 de 18 de marzo de
2005; (iv) condenar a Cajanal a reconocer y pagar a la señora Esperanza Yañez
Segura la sustitución pensional de jubilación, en calidad de cónyuge de Marco
Tulio Ramírez Fernández, a partir del día siguiente al fallecimiento del causante,
es decir, desde el 22 de febrero de 2004; (v) negar las demás pretensiones de la
demanda.

Indicó que el señor Marco Tulio Ramírez Fernández contrajo matrimonio católico
con Blanca Delia Díaz Contreras el 25 de octubre de 1957, del cual nacieron 6
hijas. Posteriormente, mediante sentencia del 9 de septiembre de 1992 proferida
por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Villavicencio decretó la
separación indefinida de cuerpos y declaró disuelta la sociedad conyugal de los
esposos.

De los testimonios de Francisco Javier Romero Hernández, Adan Bernal Chitiva,
Euripides Serrato Benites, obrantes dentro del proceso de separación de
cuerpos, el cual fue allegado como prueba trasladada, muestran que la señora
Blanca Díaz no convivía con el señor Marco Tulio Ramírez desde hace muchos
años.

En cuanto a lo alegado por la señora Blanca Delia Díaz, sobre la supuesta falta
de notificación del proceso de familia trasladado, concluyó que la decisión
tomada en dicho asunto se encuentra en firme y hace tránsito a cosa juzgada.

Indicó que el señor Marco Tulio Ramírez y la señora Esperanza Yañez Segura

2
Folios 11-22.

5

Número interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: UGPP
Fallo

contrajeron matrimonio civil el 21 de diciembre de 1994 y la relación duró hasta el
fallecimiento del señor Ramírez, que ocurrió el 21 de febrero de 2004.

Señaló que mediante la Resolución 31433 del 27 de diciembre de 2004, Cajanal
dejó en suspenso el 50% de la pensión causada por el señor Marco Tulio
Ramírez Fernández, como quiera que las señoras Esperanza Yañez Segura y
Blanca Delia Díaz Contreras presentaron solicitud de reconocimiento de la
sustitución pensional.

Aseguró que la señora Esperanza Yañez Segura acreditó los presupuestos
exigidos para el reconocimiento y pago de la pensión reclamada, en razón a que
fue probada la convivencia con Marco Tulio Ramírez Fernández hasta el día de
su fallecimiento, según las declaraciones extra proceso rendidas por los señores
Héctor Fabio Herrera Parra y Norberto Caro Olarte, vecinos en la ciudad de
Villavicencio.

En cuanto a la señora Blanca Delia Díaz, indicó que, según el material probatorio,
se acreditó que abandonó el hogar, razón por la cual el señor Marco Tulio
Ramírez inició proceso de separación de cuerpos.

Indicó que el testimonio rendido por el señor Manuel Antonio Ramírez Moreno,
hijo del causante, no ofrece credibilidad por las contradicciones que presenta,
pues, entre otras cosas, plantea por un lado que la señora Blanca Delia vivió con
su progenitor hasta el fallecimiento del mismo, pero al mismo tiempo indica que
ella vivía en Acacías y el causante en Villavicencio.

Resaltó que, según la jurisprudencia sobre la materia, el cónyuge sobreviviente
no tiene derecho a la sustitución pensional cuando se disolvió la sociedad
conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos.

6. El recurso extraordinario de revisión3

La señora Blanca Delia Díaz Contreras interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia dictada el 2 de febrero de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Meta, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

3
Folios 1-7 y 50-55.

6

Número interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: UGPP
Fallo

Administrativo, según la cual es causa de revisión: “5. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Señaló que a lo largo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
probó que la señora Blanca Delia no fue notificada en legal forma del proceso de
separación indefinida de cuerpos y disolución de la sociedad conyugal
adelantado ante el juez de familia, sin embargo, dicha situación no fue analizada
por el Tribunal Administrativo del Meta.

Consideró que la sentencia recurrida se encuentra inmersa en la causal invocada
porque contraría “múltiples jurisprudencias del Honorable Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional en que, se favorecen tanto a las esposas como a las compañeras
permanentes, así estuvieran conviviendo simultáneamente con el causante”.

Afirmó que el Tribunal debió realizar la labor interpretativa a la luz de las
disposiciones legales y bajo los postulados constitucionales con el fin de evitar la
vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, siendo así que pudo
armonizar el contenido de la disposición legal aplicable con la prevalencia de las
garantías constitucionales a la igualdad, la familia y la seguridad social.

Igualmente, señaló que en la decisión recurrida se desconoció la finalidad de la
sustitución pensional como mecanismo de protección de quienes dependen
económicamente de la pensión reconocida a quien fallece, lo cual quedó probado
en el asunto con los testimonios aportados, según los cuales la señora Blanca
Delia era la esposa legítima, de la tercera edad y quien dependía
económicamente del causante y su familia para su subsistencia.

Aseguró que en la sentencia no se analizaron todas las pruebas arrimadas al
expediente, no se tuvieron en cuenta las pretensiones de las interesadas en
obtener el reconocimiento de la pensión, ya que la señora Esperanza Yañez
solicitó el 50% y la señora Blanca Delia Díaz pidió el 100% de la pensión, pues
para esa época ya había fenecido el derecho del 50% reconocido al hijo del
causante.

Indicó que se desconoció el artículo 29 de la constitución, toda vez que la
recurrente convivió desde 1957 con el causante y hasta el día del fallecimiento
del mismo, con quien tuvo 6 hijas.

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Número interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: UGPP
Fallo

Agregó que en la sentencia se desconoció la edad de las dos reclamantes y “se
prefirió a quien NACIO en el mismo año en que, el hoy causante se había casado por lo
católico con mi representada”; y se dejaron de lado circunstancias de dependencia,
edad, afecto de esposa y madre de la señora Blanca Delia, quien tiene más de 80
años de edad, que no tiene recursos para subsistir y quien fue discriminada por
“haber sido quien abandonó su hogar”.

7. Trámite del recurso extraordinario de revisión

Mediante auto del 29 de septiembre de 2017 se inadmitió el recurso
extraordinario de revisión y se concedió un plazo de 10 días a la parte recurrente
para que clarifique los hechos en que se funda el recurso y desarrolle la causal
invocada, con las pruebas que la soportan4. A través de auto del 28 de noviembre
de 2019 se admitió el recurso extraordinario de revisión5.

A través de providencia del 20 de mayo de 2021 se solicitó a la apoderada de la
señora Blanca Delia Díaz que allegara certificado de defunción de la recurrente y
que requiera al cónyuge o herederos para que continuara en el proceso de la
referencia como sucesor procesal6.

Por auto del 24 de febrero de 2022 el Despacho Sustanciador prescindió del
periodo probatorio y tuvo como sucesoras procesales de la parte actora a las
señoras Melba Esperanza Ramírez Díaz y Nora Alba Ramírez Díaz7.

8. Oposición al recurso extraordinario de revisión8

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, a través de apoderado, se opuso a la
prosperidad del recurso extraordinario de revisión, al considerar que lo pretendido
por la parte recurrente es reabrir el debate jurídico, pues se refiere a unas
pruebas que a su juicio fueron mal valoradas por el Tribunal, pero no invoca una
causal ni fundamentos o razones para acceder a lo pretendido.

Agregó que la recurrente no indicó cuál es la supuesta norma legal que presenta
4
Folios 44-reverso.
5
Folios 61-62.
6
Folios 100-reverso.
7
Folios 104-reverso.
8
Folios 89-96.

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Demandado: UGPP
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contradicción de una norma de rango constitucional, sino que se limita a afirmar
que el Tribunal no realizó la labor interpretativa a la luz de las normas legales y
constitucionales, lo cual no es cierto ya que, al analizar la sentencia recurrida, se
evidencia que se aplicaron las normas correspondientes al caso particular.

Propuso como excepciones: (i) la inexistencia de la demandante por
fallecimiento; (ii) ineptitud del recurso extraordinario de revisión por falta de
requisitos formales; (iii) cosa juzgada.

9. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no conceptuó de fondo en el presente asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 2 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249 ídem.

2. Oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión

Respecto de la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión,
la Sala advierte que el inciso primero del artículo 251 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que
podrá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo respectivo.

En el sub lite la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta se profirió el 2 de
febrero de 2016, se notificó por edicto fijado el 10 de febrero de 2016 y desfijado
el 12 de febrero del mismo año; mientras que, según lo indicado a folio 7 del
expediente, el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 2 de febrero de
2017. Por consiguiente, el recurso se interpuso en el término previsto legalmente.

3. Problema Jurídico

En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe

9

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Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: UGPP
Fallo

establecer si procede infirmar la sentencia del 2 de febrero de 2016, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta que revocó el fallo dictado el 30 de septiembre
de 2014 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Villavicencio, que negó las pretensiones de la demanda.

Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 2 de
febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Meta, se incurrió en la causal
de revisión alegada por la recurrente, contenida en el numeral quinto del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta que, en criterio de la señora Blanca Delia Díaz
Contreras, en la providencia dictada en segunda instancia se desconoció el
precedente jurisprudencial y se realizó una indebida valoración probatoria.

Con el propósito de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión; 2.2
Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 2.3 Caso
concreto.

3.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión

La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.

Con ese objetivo el artículo 250 del CPACA regula los eventos, de manera
taxativa, que, al configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa
juzgada y permita restablecer materialmente el derecho quebrantado por la
decisión recurrida, en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia
material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia
ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que
constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia

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Demandado: UGPP
Fallo

constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que
afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia.9 Más que un recurso, es un
verdadero proceso10 sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de
proferir la sentencia cuestionada11”12.

Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección
de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
pese a que el trámite judicial haya finalizado13, y salvo la causal 4ª del artículo
25014, “ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo
se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la
labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos
que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°”15.

Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está
obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden
el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de
errores ‘in judicando’16. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso
extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro
del proceso ordinario.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios17.

3.2. Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

9
C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
10
C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez.
11
C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
12
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
16
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

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Bajo el mismo criterio restrictivo que demanda el recurso extraordinario de
revisión, como se vio en la jurisprudencia transcrita, es necesario examinar la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente en “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.

Las nulidades procesales son irregularidades que se presentan durante el trámite
de una actuación, y que, por su connotación, tienen la entidad de vulnerar el
derecho fundamental al debido proceso. En razón a su gravedad, el legislador
estableció la posibilidad, a modo de sanción, de que todas aquellas actuaciones
que se adelantaron viciadas sean invalidadas, con el fin de salvaguardar los
intereses superiores de las partes.

Dada su importancia en el marco de la normativa procesal, especialmente por su
función protectora, el legislador permitió que las nulidades fueran incluidas como
motivo válido para acudir ante las autoridades jurisdiccionales en revisión, pues,
inclusive en la sentencia que pone fin a los procedimientos, es posible que se
presente una irregularidad que no es subsanable.

En este contexto, es importante señalar que la nulidad debe darse en la
sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan pudieron
ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos, o adoptar las medidas
necesarias para llevar a cabo un debido proceso. Así, y como lo señaló la Sala 8
Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado, en
pronunciamiento que se reitera, “para que esta causal de revisión prospere, entre
otras, debe tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o
bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y que deben tener una
influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de causales
que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y
no con posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades
procesales generadas en la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al
cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas dan lugar a que se configure
aquella; que se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso
terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece

12

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firmada con menor o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos
no previsto en la ley o expedida completamente sin motivación, con violación al principio
de la non reformatio in pejus”18.

Para ello, es necesario que el recurrente aduzca una anomalía que se haya
configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de algún hecho
o circunstancia de carácter procesal que implique el desconocimiento de alguna
ritualidad propia de la actuación con el fin de estudiar con claridad el vicio que se
presenta, con la consecuencia que el mismo acarrearía.

Sobre esta causal, la Sala Plena en la sentencia que se citó en párrafos
anteriores, del 2 de marzo de 2010, señaló:

“Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden
considerarse nulidad originada en la sentencia, es pertinente la siguiente
ilustración de esta Sala Plena:

“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de
acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso
terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se
condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere
estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un
número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre
aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de
jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece
completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional
ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada´. […]

En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse
motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso
extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso
taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo en
aquella oportunidad:

“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el
proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición
referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez
jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación,
se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en
firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por
el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de
2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.

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en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se
pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos. […]

Y, en otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte jurisprudencial,
esta Sala anotó:

Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente
Rev-93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que afectan
la sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son los
establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. […]

En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente
manera:

[…]

En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para resolver
el recurso propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción o
competencia tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el
vicio se habría originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la
contrademanda y en esta hipótesis no sería causal de revisión […]”19.

De acuerdo con lo anterior, la causal de revisión por nulidad originada en la
sentencia que ponga fin al proceso contra la cual no proceda recurso de
apelación, debe corresponder a un vicio que se debe presentar al momento de
dictar la providencia recurrida, porque de lo contrario se estaría ante una
situación que pudo haber sido alegada y estudiada en el curso del proceso.

Así mismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay otros
motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del Código General del
Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que no procede
ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso, derecho
fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Así lo ha señalado, por ejemplo, la Sala Especial de Decisión Veintidós de la Sala
Plena del Consejo de Estado, al considerar que: “la violación al debido proceso
constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento,
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede
configurar la causal de revisión en comento. Así también lo entendió esta Sala Especial

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-
000-2001-00091-01(REV).

14

Número interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: UGPP
Fallo

de Decisión en reciente fallo de 7 de febrero de 201720: ‘En este caso, el juez no está
creando una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del
desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la
nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la
potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso’”21.

La violación al debido proceso se configura cuando la sentencia impugnada
desconoce alguna de las siguientes premisas fundamentales: i) la garantía de ser
juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante autoridad
judicial competente y según las formas propias de cada juicio; ii) la aplicación de
la ley más permisiva o favorable, antes que la restrictiva o desfavorable, aunque
aquella sea posterior, en los casos que ello sea procedente; iii) la presunción de
inocencia; iv) el derecho de defensa y de ser asistido por un abogado en aquellos
casos que la ley lo indique; v) un proceso sin dilaciones injustificadas; vi) el
principio del non bis in ídem; vii) la posibilidad de presentar, conocer y controvertir
las pruebas dentro del trámite procesal; viii) la posibilidad de impugnar aquellas
providencias condenatorias; y ix) la nulidad de pleno derecho de la prueba que
haya sido obtenida ilícitamente22.

En todo caso, aun, bajo el amparo de invocar una nulidad constitucional, al igual
que cualquier causal que implique la nulidad originada en la sentencia, se
requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma providencia; que se trate
de una irregularidad procesal y que sea de tal envergadura que, de no haberse
presentado, la decisión a adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para este
evento, que, so pretexto de aducir la violación al debido proceso constitucional,
se utilice el recurso extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico o
probatorio que se dio en la instancia correspondiente.

Sobre el parámetro temporal de la causal de nulidad, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, en sentencia del
23 de julio de 2019, señaló que este debe ocurrir en “la expedición del fallo mismo,

20
Expediente 11001-03-15-000-2016-02260-00 C.P (E). Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 4 de abril
de 2017. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013,
Exp. 11001-03-15-000-2008-01027-00.

15

Número interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
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Fallo

y no en instancias o etapas anteriores, salvo “… que el afectado no haya tenido la
oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando se dictó la
sentencia recurrida” 23 , comoquiera que lo contrario desnaturalizaría la esencia de la
causal, pues la norma que la consagra es suficientemente explícita en la oportunidad de
configuración. Esta concepción impide el acaecimiento de la inexorable confusión entre
el instrumento de corrección y saneamiento del proceso con el de realización de la
justicia material que subyace al recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la
decisión judicial que puso fin a la litis”24.

Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo también comprende la violación
del principio de congruencia, que puede presentarse, verbi gratia cuando el
accionado es condenado por una cantidad superior a la pretendida en la
demanda, o por objeto y causa diferentes a los invocados en ésta; igualmente se
configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos
litigiosos objeto del debate25.

Sobre el principio de congruencia de la sentencia, el artículo 281 del Código
General del Proceso, establece que la providencia debe estar acorde con los
hechos y pretensiones de la demanda, así:

“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.

[…]”

El citado principio tiene dos ámbitos de aplicación, la congruencia interna y la

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M. P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, sentencia de 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-00888-00(REV).
24
Expediente No. 11001-03-15-000-2018-04345-00(REV) M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25
Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa
Palacio, proceso con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01

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externa. La primera consiste en la coherencia entre la motivación del fallo y la
parte resolutiva; y la segunda trata de la armonía entre lo expresado por las
partes y lo decidido por el fallador26.

Entonces, la falta de coherencia de la sentencia puede acarrear la invalidez de la
decisión, siempre y cuando sea de tal envergadura la incongruencia que sea
necesario corregirla mediante su anulación, por ello “el juez de la revisión debe
cuidarse de no incurrir en el error de confundir la disconformidad que puedan tener los
sujetos procesales frente a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta
de armonía sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario
debe negarse, pues el mismo se estaría empleando como una tercera instancia -propia
de los recursos ordinarios o de la discusiones de instancia-, y no para enervar la
inmutabilidad del fallo a partir de la naturaleza especial del recurso extraordinario”27.

De todo lo anterior se concluye que para que sea procedente infirmar la sentencia
cuestionada en sede de revisión, con base en esta causal de nulidad originada
en la sentencia, es necesario: (i) que la nulidad se origine en la sentencia o por
hechos posteriores a ella, ya que no puede darse en un momento previo, pues en
tal caso las partes deben poner el hecho en conocimiento del juez conductor del
proceso, salvo que no se pudieron invocar antes porque solo se tuvo
conocimiento de ellos cuando se dictó la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada
sea de tal entidad, que influya en la decisión a adoptar, ello en razón a que no
cualquier irregularidad tiene la fuerza suficiente de romper esa cosa juzgada de la
que la sentencia está investida.

4. Caso concreto

La censura frente al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, objeto
del presente recurso extraordinario, se fundamenta en que la señora Blanca Delia
Díaz considera que en dicha sentencia se desconoció el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la
sustitución pensional, en los cuales se reconoce el derecho a la esposa y a la
compañera permanente.

26
Consultar sentencia del 1 de octubre de 2019, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2; M.P. César Palomino
Cortés; proceso: 11001-03-15-000-2013-02216-00
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV)

17

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Fallo

Igualmente, considera que el Tribunal debió realizar una labor de interpretación a
la luz de disposiciones legales y principios de orden constitucional para evitar la
vulneración de derechos fundamentales, razón por la cual era viable dar
aplicación al artículo 4 Constitucional, pues en la decisión recurrida se “hubiera
podido armonizar el contenido de la disposición legal con la prevalencia de las garantías
constitucionales a la igualdad, la familia y la Seguridad Social al advertir que una
interpretación literal del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 implicaba darle un trato distinto
a la familia formada por vínculo jurídico al privilegiar a la compañera permanente en el
reconocimiento de la pensión en caso de convivencia simultánea”.

También consideró que en la decisión se realizó una indebida e incompleta
valoración probatoria de los documentos y testimonios obrantes dentro del
proceso, desconociendo su calidad de cónyuge del causante, su edad, que no
tiene recursos económicos para su subsistencia, e incluso las pretensiones de la
demanda.

Para resolver el cargo planteado, la Sala advierte que el desconocimiento de un
precedente judicial no puede considerarse como un presupuesto configurativo de
la causal quinta de revisión consistente en existir nulidad originada en la
sentencia.

Ciertamente, el desconocimiento del precedente es solo una inconformidad de
quien la recurre frente a las consideraciones y decisión plasmadas por el Ad
quem en la sentencia de segunda instancia, como consecuencia de haber
resuelto de manera desfavorable sus pretensiones. Para la Sala, este argumento
de controversia no constituye un vicio formal de la sentencia, en el que se pueda
sustentar alguna de las causales previstas por el legislador para la procedencia
del recurso extraordinario de revisión.

Sobre la improcedencia del recurso extraordinario de revisión por
desconocimiento del precedente judicial, la Sala 13 Especial de Decisión en
sentencia del 7 de abril de 2015, consideró:

“Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial
–esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o sentencias que
tengan la entidad de precedente-, la legislación prevé el denominado recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, procedente, sí, contra las
sentencias de única y segunda instancia proferidas por los tribunales

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Fallo

administrativos, cuando contraríen o se opongan a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado, en los términos de los artículos 256 a 268 del CPACA.

De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tendría
cabida la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar la aplicación
de una sentencia de unificación o de un precedente judicial, en los términos
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, con el fin de
proteger el derecho fundamental de igualdad.

Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de
tutela contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del
precedente y, por ende, por la violación del derecho a la igualdad, al considerar
que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo judicial idóneo para
atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el legislador
como una causal de dicho recurso28.

Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del recurso
extraordinario de revisión”.

Así las cosas, como no es posible, a través de este mecanismo excepcional,
hacer un estudio sobre la jurisprudencia aplicable al caso, pues ello no
corresponde a la finalidad del recurso extraordinario de revisión, la Sala entrará
revisar los demás argumentos expuestos en el recurso.

Al respecto, se observa que la recurrente también plantea que se debe dar
aplicación prevalente a las normas y principios constitucionales, sin entrar a
establecer frente a que normas surge una supuesta incompatibilidad, pues de
forma confusa indica que existió convivencia simultánea entre la cónyuge y la
compañera permanente, pero también afirma que fue ella en su condición de
cónyuge quien convivió con el causante hasta el fallecimiento de este,
planteamiento que fue el que sostuvo a lo largo del proceso ordinario, razón por
la cual resulta sorpresivo en este momento.

A juicio de la Sala, lo pretendido por la recurrente con los diferentes argumentos,
alusivos a la supuesta violación del artículo 29 de la Constitución Política, o al
desconocimiento de derechos y principios constitucionales alegados en el
recurso, se basan en la inconformidad frente al análisis probatorio efectuado por
el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia de segunda instancia, sin
embargo, estudiar el recurso en los términos planteados conllevaría a que se
convierta en una “tercera instancia” para debatir la posición que, en criterio de la
parte vencida, debió adoptarse en el proceso, sin que se evidencie que dicha

28
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012, entre otras.

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Fallo

situación generó una vulneración del derecho al debido proceso o de algún
derecho de la interesada, pues los argumentos expuestos en el recurso
demuestran la inconformidad frente a la decisión adoptada por el Tribunal, y no
un error de tal magnitud que haga procedente el análisis de lo alegado a través
de este mecanismo.

Ahora bien, se debe resaltar que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una instancia adicional del proceso contencioso que se ha adelantado
ante los jueces competentes, sino que se trata de un mecanismo extraordinario,
que se funda en la configuración de alguna de las causales taxativamente
señaladas por el legislador, con el fin de revisar una decisión judicial y evitar la
afectación de los derechos fundamentales de alguno de los sujetos procesales y
no se puede emplear como una oportunidad de alguna de las partes para discutir
nuevamente un aspecto de la litis, cuestionar el sustento jurisprudencial aplicado
por el juez o la valoración efectuada por el mismo sobre las pruebas obrantes en
el proceso.

Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la causal
invocada, sin que haya lugar a condenar en costas debido a que en virtud de lo
establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa
remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el
sub lite.

III. DECISION

Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por la señora Blanca Delia Díaz Contreras y no condenará en costas
a la parte recurrente.

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Número interno: 2301-2017
Demandante: Blanca Delia Díaz Contreras
Demandado: UGPP
Fallo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Blanca Delia Díaz Contreras contra la sentencia de 2 de
febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de acuerdo con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas a la parte recurrente.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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