Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00613-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00613-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00613-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
18 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00613-00 (2961-2017)
Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales
Demandado: Nación - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales
Temas: Seguro por muerte
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
contra sí mismo.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en
adelante IDEAM, actuando por intermedio de apoderada, solicitó declarar la nulidad
del artículo 1, numeral 1, del Acuerdo 027 del 13 de julio de 1977, suscrito por la
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00613-00 (2961-2017)
Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Junta Directiva del extinto Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y
Adecuación de Tierras – HIMAT.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
La Nación - IDEAM sostuvo que el acuerdo parcialmente enjuiciado quebrantó los
artículos 76 de la Constitución Política de 1886; 11 del Acto Legislativo 1 de 1968;
1, 2, 4, 13, 150 y 209 de la Carta Magna de 1991; 1, 2 y 10 de la Ley 4 de 1992; y
26 del Decreto 1050 de 1968.
Al desarrollar el concepto de violación, la parte actora planteó los siguientes
cargos:
i) La disposición acusada creó un seguro por muerte para los empleados del
HIMAT, cuya naturaleza es una prestación social y no un salario, ya que no
pretende remunerar directamente el servicio.
ii) La Junta Directiva del HIMAT carecía de competencia para regular el régimen
prestacional de sus servidores, pues tal atribución únicamente fue radicada en
cabeza del congreso, según el artículo 76 de la Constitución Política de 1886,
modificado por el Acto Legislativo 1 de 1968.
iii) Los funcionarios del HIMAT fueron trasladados al IDEAM por lo que mantienen el
régimen prestacional del Acuerdo 027 de 1977, pese a que es contrario al
ordenamiento superior.
iv) En vigencia de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas tampoco
cuentan con facultades para desarrollar el régimen prestacional de sus servidores,
pues ello concierne al Gobierno nacional con sujeción a los parámetros que le fije
el Congreso mediante una ley marco.
v) Al tenor del artículo 10 de la Ley 4 de 1992, el acuerdo parcialmente
2
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
demandado sufrió una derogatoria tácita, pues contradice la normativa vigente.2
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por intermedio de
apoderado, contestó la demanda y solicitó que se accediera a las pretensiones,
con fundamento en los siguientes razonamientos:3
i) Los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos impactan
significativamente las finanzas del Estado, motivo por el que es necesario que esta
materia sea regulada por las autoridades competentes.
ii) Solamente el Congreso y el Gobierno nacional tienen facultades para definir la
política salarial de los empleados del Estado, por ende, las entidades
descentralizadas deben mantenerse al margen de esta temática.
iii) El IDEAM actuó correctamente al cuestionar el Acuerdo 027 de 1977 y la
demanda tiene un fundamento legal sólido.
1.2.2. El Sindicato de Empleados Públicos del IDEAM – SINTRAIDEAM se vinculó al
proceso como coadyuvante de la parte demandada y solicitó negar las
pretensiones del ente accionante, con base en los siguientes argumentos:4
i) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante Concepto
865 del 15 de agosto de 1996, se refirió al régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos del IDEAM y ratificó la aplicabilidad del Acuerdo 027 de 1977.
ii) No es posible anular el acto administrativo en el aparte demandado, por cuanto
el seguro por muerte es un derecho adquirido que forma parte del patrimonio de
los empleados del IDEAM.
2 La entidad demandante apoyó su argumento en la Sentencia C-402 de 2013, proferida por la Corte Constitucional.
3 Folios 65 a 67.
4 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
iii) Debe seguirse la línea jurisprudencial que ha salvaguardado la presunción de
legalidad de los acuerdos expedidos por las juntas directivas de las entidades
oficiales y que establecieron prestaciones extralegales a favor de sus
colaboradores, sin importar que estas disposiciones con posterioridad hubieran
sido modificadas o derogadas.
1.3. Medida cautelar y sentencia anticipada
Mediante auto del 2 de julio de 2019, el magistrado conductor del proceso decretó
la suspensión provisional del artículo 1, numeral 1, del Acuerdo 027 del 13 de julio
de 1977, en consideración a que fue expedido sin competencia.5
Por auto del 14 de octubre de 2021, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se
prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio
en la siguiente forma:6
Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los
del coadyuvante, se concluye que el objeto de la controversia que se presenta en el
caso sub judice, recae en determinar si el artículo 1.º del Acuerdo 27 de 1977, fue
expedido sin competencia por la Junta Directiva del HIMAT o, por el contrario, si
dicha norma se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico y constituye derechos
adquiridos de los funcionarios y empleados del IDEAM, de conformidad con el
Concepto 865 del 16 de agosto de 1996, emitido por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado.
1.4. Alegatos de conclusión
El IDEAM, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y SINTRAIDEAM reiteraron los
argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.7 El sindicato agregó
5 Folios 24 a 29, cuaderno de medida cautelar.
6 Folios 75 a 79.
7 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Demandante: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
que deben aplicarse los principios de condición más beneficiosa, armonización
concreta o de concordancia práctica, progresividad y no regresividad.8
1.5. El Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada para asuntos administrativos rindió concepto
en el sentido de solicitar que se declare la nulidad de la norma parcialmente
enjuiciada, con fundamento en los siguientes razonamientos:9
i) La jurisprudencia ha sido pacífica en cuanto a la competencia exclusiva y
excluyente que tienen el legislativo y el ejecutivo nacional para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, exceptuando los trabajadores
oficiales.
ii) La Junta Directiva del HIMAT no estaba facultada legalmente para crear una
prestación social como la que es objeto de debate y, por lo tanto, el acto acusado
se encuentra viciado de nulidad por haberse expedido sin competencia.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el artículo 1, numeral 1, del Acuerdo
027 del 13 de julio de 1977, suscrito por la Junta Directiva del extinto HIMAT,
mediante el cual se creó el seguro por muerte para los servidores de dicho
instituto, hoy IDEAM, fue expedido sin competencia y, por lo tanto, debe declararse
su nulidad o si, por el contrario, puede conservar su presunción de legalidad en los
términos solicitados por SINTRAIDEAM.
8 SINTRAIDEAM se apoyó en las siguientes fuentes normativas y jurisprudenciales: i) Constitución Americana sobre DDHH de
1969 (artículo 26 de la Ley 16 de 1972): ii) Protocolo de San Salvador de 1988 (artículos 4 y 7 de la Ley 319 de 1996); iii)
Constitución Política, artículos 53 y 215; iv) Consejo de Estado, Sección II, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado
0112-2009; v) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencias del 8 de mayo de 2012 (radicado 35319),
20 de junio de 2012 (radicado 42540) y SL1938 del 10 de junio de 2020; vi) Corte Constitucional, Sentencias C-168 de
1995, C-251 de 1997, SU-225 de 1998, C-1489 de 2000, T-1318 de 2005, C-377 de 2008, C-428 de 2009 y C-727 de 2009.
9 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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2.2. Contenido del acto parcialmente demandado
ACUERNO No. 27
(13 de julio de 1977)
“Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para el Instituto Colombiano
de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras”
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y
ADECUACIÓN DE TIERRAS -HIMAT-
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
[…]
Que es necesario unificar y determinar el régimen de prestaciones sociales para el
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras -HIMAT-,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Todos los funcionarios al servicio del HIMAT tendrán derecho a
las siguientes prestaciones sociales:
1. Seguro por muerte.- En caso de muerte de un funcionario, sus
beneficiarios, que serán los que determine la ley, tendrán derecho a que se
les reconozca y pague una compensación equivalente a VEINTICUATRO (24)
meses del último sueldo o salario devengado por el causante. Si la muerte
ocurriere por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la
compensación será de SESENTA (60) meses del último sueldo o salario
devengado. (El aparte resaltado corresponde a la norma acusada).
2.3. Marco normativo
2.3.1. Competencias en materia salarial y prestacional
La jurisprudencia ha sostenido que «la valoración del ejercicio de una
competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el
cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por
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constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de su
ejercicio».10
Con base en el anterior criterio y teniendo en cuenta que el Acuerdo 27 de 1977,
parcialmente enjuiciado en el sub lite, fue expedido antes de promulgarse la
Constitución Política de 1991, la Sala resolverá la controversia a la luz de la
distribución de competencias para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos en los términos establecidos en la Carga Magna de 1886.
Es preciso anotar que el referido acto se propuso regular el régimen prestacional
de los servidores del HIMAT, cuya naturaleza fue definida por el Decreto 132 de
196, en los siguientes términos:
Artículo 2°. El Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de
Tierras -HIMAT-, es un establecimiento público dotado de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente. Tendrá duración indefinida,
competencia en todo el territorio nacional, su sede será la ciudad de Bogotá D.E. y
estará adscrito al Ministerio de Agricultura.
Entonces, el HIMAT era un establecimiento público del orden nacional y las
personas que prestaban sus servicios en ese instituto tenían la condición de
empleados públicos, pues así lo consagró como regla general el artículo 5 del
Decreto 3135 de 1968 con excepción de los trabajadores oficiales, esto es,
quienes ejercieran labores de construcción y sostenimiento de obras públicas.
Por su parte, el artículo 76 ibidem, modificado por el Acto Legislativo 1 de 1968,
dispuso lo siguiente:11
Artículo 76.- Corresponde al Congreso hacer las leyes.
Por medio de ellas ejercer las siguientes atribuciones:
[…]
9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de
Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las
10 Corte Consitucional, Sentencia C-014 de 1993. Igual criterio ha sido sostenido por el Consejo de Estado en las
siguientes sentencias: i) del 5 de mayo de 2022, radicado 250002325000201000909 02 (5194-2019); ii) del 13 de mayo
de 2021, radicado 11001-03-25-000-2014-01431-00 (4668-2014); iii) del 12 de abril de 2018, radicado 05001-23-31-000-
2005-00974-01(1231-14) y 05001-23-31-000-2005-07606-02(0091-12).
11 https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1826862
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escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos,
así como el régimen de sus prestaciones sociales;
[…]
Entonces, el ordenamiento constitucional de 1886 previó que el Congreso era el
competente para establecer las escalas de remuneración y el régimen prestacional
de los servidores públicos en el orden nacional. A su vez, tal responsabilidad no
podía ser desarrollada por una autoridad distinta, pues ello implicaba una
extralimitación de funciones y una invasión de las atribuciones que habían sido
claramente definidas por la Carta Magna.
Este criterio ha sido acogido por esta Subsección al expresar que «las Juntas o
Consejos Directivos de entidades descentralizadas, no tienen la atribución de fijar
el régimen salarial o prestacional de sus servidores. Tal facultad corresponde al
legislador ordinario o extraordinario, por mandato del artículo 76, ordinal 9°, para la
entonces Constitución de 1886 y art. 150 numeral 19 literal e) de la Constitución
Política de 1991».12
2.3.2. Seguro por muerte
El Decreto 3135 de 1968 reguló el régimen prestacional de los empleados públicos
y trabajadores oficiales y en su artículo 14 determinó que la entidad de previsión
social a la cual estuvieren afiliados tendría a su cargo el reconocimiento y pago del
seguro por muerte.
La norma en cita precisó que el aludido seguro tenía el carácter de «prestación» y
el artículo 35 ibidem lo reguló de la siguiente forma:
Artículo 35. En caso de muerte de un empleado público o trabajador oficial en
servicio, sus beneficiarios, en el orden establecido en el artículo anterior, tienen
derecho a que por la respectiva entidad de previsión se les pague una
compensación equivalente a doce (12) meses del último sueldo devengado por el
12 Auto del 2 de mayo de 2018, radicado 11001-03-25-000-2013-00480-00(0983-13). En igual sentido puede consultarse
las siguientes sentencias: i) del 29 de julio de 1991, radicado 2141, C.P. Dr. Reynaldo Arciniegas Baedecker, actor: Pablo
Segundo Galindo Nieves, demandado: Empresa de Puertos de Colombia; y ii) del 1 de septiembre de 2022, radicado
25000-23-42-000-2015-03958-02 (4062-2021).
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causante; si la muerte ocurriere por accidente de trabajo o enfermedad profesional,
la compensación será de veinticuatro (24) meses del último sueldo devengado.
Además, tendrán derecho los beneficiarios al pago de la cesantía que le hubiere
correspondido al causante.
Por su parte, el Decreto 1848 de 1969, por el cual se reglamentó el Decreto 3135
de 1968, se refirió al seguro por muerte en los siguientes términos:
Artículo 28.- Prestación en el caso de muerte. Si el empleado oficial falleciere como
consecuencia de enfermedad profesional o de accidente de trabajo, sus
beneficiarios, si los hubiere conforme a la ley, tendrán derecho a percibir, a título de
indemnización, el seguro por muerte, reglamentado en el capítulo X de este
Decreto, siempre que el deceso se produzca dentro de los términos legales
señalados en dicho capítulo.
CAPÍTULO X
SEGURO POR MUERTE
Artículo 52.- Valor del seguro.
1. Todo empleado oficial en servicio goza de un seguro por muerte, equivalente a
doce (12) mensualidades del último salario devengado.
2. El valor de dicho seguro será equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del
último salario devengado, en el evento de que el empleado oficial fallezca como
consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional y excluye la
indemnización a que se refieren los artículos 16 y 23, a menos que el accidente de
trabajo o la enfermedad profesional se hayan ocasionado por culpa imputable a la
entidad o empresa empleadora, en cuyo caso habrá lugar a la indemnización total y
ordinaria por perjuicios. Si prosperare esta indemnización, se descontará de su
cuantía el valor de las prestaciones e indemnizaciones en dinero pagadas en razón
de los expresados infortunios de trabajo.
Artículo 53.- Derecho al seguro por muerte. En caso de fallecimiento del empleado
oficial en servicio, sus beneficiarios forzosos tienen derecho a percibir el valor del
seguro por muerte a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con la siguiente
forma de distribución:[…]
Artículo 54.- Efectividad del seguro.
1. El seguro por muerte a que se refiere este capítulo será satisfecho por la entidad
de previsión social a la cual estuvo afiliado el empleado oficial al tiempo de su
fallecimiento, dentro de los tres (3) meses siguientes, a partir de la fecha en que se
ordena el reconocimiento y pago correspondiente.
2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al
tiempo de su fallecimiento, el seguro por muerte se pagará directamente por la
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entidad, establecimiento o empresa oficial a la cual prestaba sus servicios el
causante, dentro del mismo término señalado en el inciso anterior.
Artículo 55.- Tiempo a que se extiende la protección del seguro. El seguro por
muerte ampara al empleado oficial durante la vigencia de su relación jurídica con la
entidad, establecimiento o empresa a la cual presta sus servicios y se extingue a la
terminación de dicho vínculo, excepto en los siguientes casos:
a) Si la relación jurídica se extingue por despido injusto o estando afectado el
empleado por enfermedad no profesional, la protección del seguro se extiende hasta
tres (3) meses después, contados a partir de la fecha en que termina dicha relación;
y
b) Cuando la relación jurídica se extingue estando afectado el empleado por
enfermedad profesional o por accidente de trabajo, el amparo del seguro se
extiende hasta seis (6) meses después, contados a partir de la fecha en que termina
dicha relación.
En este punto de las consideraciones, es necesario resaltar que el Decreto 3135
de 1968 fue expedido por el presidente de la República en ejercicio de facultades
extraordinarias otorgadas por el Congreso, por ende, el seguro por muerte fue
establecido en una disposición con fuerza material de ley.
Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema de Seguridad Social
Integral como «el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y
procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para
pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios
que se definen en la presente ley».13
Dicho sistema se encaminó a asegurar los riesgos de invalidez, vejez y muerte a
los que se encuentra expuesta la población; sin embargo, no reguló el seguro por
muerte, sino que garantizó otras prerrogativas para los familiares del empleado
que fallece, dependiendo de si el causante pertenecía al RPMPD14 o al RAIS.15 Para
efectos ilustrativos pueden citarse la pensión de sobrevivientes,16 indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes,17 giro de aportes a la masa sucesoral18
y devolución de saldos.19
13 Artículo 8.
14 Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
15 Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
16 Artículo 46.
17 Artículo 49 y 255.
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Por su parte, el Decreto Ley 1295 de 1994 precisó que el Sistema General de
Riesgos Profesionales allí instituido forma parte del Sistema de Seguridad Social
Integral. Además, derogó el artículo 35 del Decreto 3135 de 1968, es decir, el
seguro por muerte al que se venía haciendo mención en esta providencia. Al
respecto, esta corporación ha explicado lo siguiente:20
El artículo 34 del Decreto 3135 de 1968 estuvo vigente hasta el 22 de junio de 1994,
fecha en la cual entró en vigencia el Decreto 1295 de 1994. A partir de 1994, la
regulación de las prestaciones sociales derivadas de la muerte en servicio de los
servidores públicos se sometió a la regulación del Decreto 1295 de 1994, normativa
que modificó totalmente dicha prestación al desarrollar el actual Sistema General de
Riesgos Profesionales.
Debe anotarse la existencia de la Ley 776 de 2002 por la cual se dictan normas sobre
la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales que en su artículo 1° prescribe, que todo afiliado al Sistema General de
Riesgos Profesionales que, en los términos de dicha ley o del decreto 1295 de 1994,
sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de
ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le
preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que
se refieren el mencionado decreto 1295 de 1994 y la ley 776 de 2002.
A partir del anterior lineamiento, en consonancia con el marco legal antes
desarrollado, esta Subsección ha afirmado que el seguro por muerte regulado en
el Decreto 3135 de 1968 perdió eficacia desde la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994.21
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
El IDEAM solicitó la anulación del artículo 1, numeral 1, del Acuerdo 027 del 13 de
julio de 1977, mediante el cual se creó el seguro por muerte para los servidores
18 Artículo 76.
19 Artículos 78 y 256.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de marzo de 2009, radicado 13001-23-31-000-
2002-00136-01 (0862-07).
21 Sentencia del 8 de octubre de 2020, radicado 15001-23-33-000-2013-00130-02 (1136-18). En igual sentido, puede
consultarse la sentencia del 30 de julio de 2009, radicado 25000-23-25-000-2002-13392-01 (0761-08).
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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00613-00 (2961-2017)
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del HIMAT, hoy IDEAM. La demanda se fundó en que dicho acto fue expedido sin
competencia.
La Sala considera que le asiste razón a la entidad accionante y, por lo tanto, el
referido acuerdo debe extraerse del ordenamiento jurídico. Esta conclusión se
deriva del marco normativo y jurisprudencial antes expuesto, en armonía con
razonamientos adicionales que se expondrán, a continuación:
i) El Consejo de Estado ha explicado que los servidores públicos en el curso de su
vinculación se hacen acreedores no solo al pago de su asignación básica
mensual, sino también de las denominadas prestaciones sociales, que han sido
entendidas de la siguiente forma:22
Ahora bien, las prestaciones sociales a diferencia del salario, han sido establecidas
por el legislador para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador originadas a lo
largo de la relación laboral que no retribuyen directamente el servicio prestado.
Estas pueden estar representadas en dinero, servicios u otros beneficios con los
cuales se busca amparar las contingencias a que suele verse sometida la
persona que labora al servicio de un empleador.
La Honorable Corte Suprema de Justicia en diversas sentencias sobre el tema, las
ha definido como aquello que debe el patrono al trabajador en dinero, especie,
servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en
convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de trabajo, o
establecida en el reglamento interno de trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier
acto unilateral del patrono; para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador
que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. 23
El artículo 14° del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 5° del Decreto 1045 de 1978,
reformados por la Ley 100 de 1993, enumeran las siguientes: “asistencia médica,
auxilio por enfermedad, indemnización por accidente de trabajo, enfermedad
profesional, auxilio de maternidad, vacaciones, prima de vacaciones, prima de
navidad, auxilio de cesantía, pensión de jubilación, pensión de invalidez, pensión de
retiro por vejez, auxilio funerario, seguro por muerte”, unas prestaciones están a
cargo del patrono y otras de la seguridad social. [Resalta la Sala].
De acuerdo con el anterior criterio jurisprudencial, las prestaciones sociales no
buscan remunerar directamente el servicio, sino amparar riesgos, necesidades o
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2014, radicado 05001-23-31-000-
2004-05402-01 (2085-2010).
23 Ver entre otras las sentencias 8347 del 30 de mayo de 1996, 30745 del 19 de agosto de 2009, 36108 del 25 de junio de
2009.
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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00613-00 (2961-2017)
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contingencias adversas a las que pueda verse expuesto un trabajador. Además,
pueden otorgarse en dinero o a través de otros beneficios.
En el presente caso se demanda el seguro por muerte que fue creado para los
servidores del HIMAT, hoy IDEAM, bajo la previsión de que en caso de fallecer sus
beneficiarios tendrán derecho al pago de 24 meses del último sueldo o salario
devengado por el causante. Además, si la muerte ocurre por accidente de trabajo
o enfermedad profesional, la compensación ascenderá a 60 meses.
Entonces, el mencionado seguro por muerte es una prestación social de carácter
económico, pues no solo así se catalogó en el acuerdo de creación, sino que tal
naturaleza deriva de su finalidad, ya que busca amparar el riesgo de la muerte
para proteger a los beneficiarios del trabajador que fallece en servicio por causas
de origen común o profesional.
ii) Para la fecha en que fue expedido el acuerdo enjuiciado, el régimen
prestacional de los empleados del orden nacional era competencia única y
exclusiva del legislador ordinario o extraordinario, es decir, que la prestación social
del seguro por muerte únicamente podía ser creada a través de una ley o un
decreto con fuerza material de ley, al tenor del artículo 76 de la Carta Magna de
1886.
Esta distribución de competencias permite concluir que la Junta Directiva del HIMAT
creó dicho seguro sin contar con autorización constitucional para ello y, por ende,
el acto que lo consagró se encuentra viciado de nulidad, de acuerdo con el artículo
137 del CPACA.
iii) El mencionado órgano de administración desconoció el ordenamiento superior,
pues no solo reguló una materia que estaba fuera del ámbito de sus atribuciones,
sino que aquella había sido desarrollada por la autoridad competente, es decir, por
el legislador extraordinario a través del Decreto 3135 de 1968.
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Es así como el acuerdo acusado creó un seguro por muerte a cargo del HIMAT
como entidad empleadora, pese a que el mencionado decreto había determinado
que su pago correspondía a la entidad de previsión a la que estuvieran afiliados.
Además, se incrementó el monto del beneficio económico, ya que el legislador
extraordinario lo estableció en 12 meses de salario cuando la muerte fuera
causada por enfermedad o accidente de origen común y en 24 meses si era por
enfermedad profesional o accidente de trabajo; en contraste, la decisión
demandada lo hizo en 24 y 60 meses, respectivamente.
iv) La junta directiva del HIMAT desconoció la distribución de competencias
establecida por la Constitución Política de 1886 y reguló el régimen prestacional
de los servidores públicos, pese a que en ese entonces tal materia se había
confiado al legislador debido a las consecuencias que ello trae para el manejo de
las finanzas públicas y la inversión de los recursos del Estado.
Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que existe una relación entre el
diseño de la política macroeconómica del país y el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, con fundamento en los siguientes argumentos:24
12. La determinación de la remuneración de los servidores del Estado tiene hondas
implicaciones en la política económica. En efecto, de los niveles de los salarios
depende en buena medida el equilibrio fiscal. Y, como es sabido, la situación de las
finanzas públicas afecta fundamentalmente el estado de la economía en general. De
ahí que sea congruente que al Presidente, que, como se ha visto, tiene una
responsabilidad destacada en materia de política económica, se le asigne también
la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de
los miembros del Congreso y de la fuerza pública, y la de determinar el régimen de
prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales (CP, art. 150, num. 19,
literales e) y f).[…].
Así las cosas, se hace imperioso respetar la distribución de competencias que el
constituyente ha instituido para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos, pues es un aspecto que se encuentra estrechamente ligado a
la política macroeconómica del país, por lo que es necesario que tales decisiones
estén a cargo de órganos que representen la voluntad general, actúen con rigor
24 Sentencia C-312 de 1997.
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técnico y concilien los diferentes intereses en juego, especialmente el derecho al
trabajo y la sostenibilidad financiera, pues el relacionamiento armónico de ambos
repercute en el logro de los fines esenciales del Estado, el acceso de toda la
población a los servicios públicos, la prosperidad general y la vigencia de un orden
político, económico y social justo.25
v) Bajo este hilo argumentativo, el vicio de competencia con el que actuó la Junta
Directiva del HIMAT impone la extracción inmediata del acto acusado del
ordenamiento jurídico, sin que puedan esgrimirse derechos adquiridos y demás
prerrogativas de orden laboral que se limitó a enlistar SINTRAIDEAM en sus escritos
de contestación de demanda y alegatos de conclusión.
En efecto, se encuentra suficientemente acreditado que el acuerdo demandado
vulneró el orden constitucional y legal, por lo que no pueden oponerse intereses
particulares y mucho menos es viable predicar derechos frente a actos generales
que fueron expedidos sin competencia y en contravía de los mandatos legales en
que debían fundarse.26 Esta conclusión fue esgrimida por la Corte Suprema de
Justicia, con fundamento en los siguientes argumentos:27
Como según la Constitución Nacional de 1886 el derecho merece la tutela del
Estado cuando es adquirido con justo título y con arreglo a la ley, de no haberse
expedido el parágrafo del artículo 43 de la Ley 11 citada, la inconstitucionalidad de
los acuerdos municipales en materia prestacional habría podido conducir a la
ilegalidad de las prestaciones reconocidas con base en ellos.
De acuerdo con lo anterior, el espíritu que informó la expedición de la Ley 11 de
1986 no fue mantener la vigencia de los acuerdos municipales que crearon un
régimen prestacional, sino, únicamente, darle un viso de legalidad a las situaciones
definidas por ellos. Por eso la parte recurrente acierta al encontrar el significado del
término “definidas” que utiliza el parágrafo del artículo 43 de la Ley 11 de 1986, pero
se equivoca al referirlo a los acuerdos municipales, porque el sentido y alcance de la
fórmula legislativa es otro, ya que fueron las situaciones jurídicas laborales
definidas, o consolidadas que es lo mismo, por disposiciones municipales, las que
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado 11001-03-25-
000-2014-00103-00 (0209-2014).
26 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A y B: i) del 5 de agosto de 2010,
radicado 05001-23-31-000-1998-00307- 01 (4935-05); ii) del 19 de febrero de 2018, radicado 11001-03-25-000-2011-
00167-00 (0580-2011).
27 Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de junio de 2004, radicado 22557. Esta postura fue reiterad por esa
corporación en sentencia del 10 de junio de 2009, radicado 35451 y también por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en sentencia del 5 de agosto de 2010, radicado 05001-23-31-000-1998-00307- 01 (4935-05).
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quedaron tuteladas por la citada Ley 11, mas no los acuerdos, porque ellos, como lo
dijera acertadamente el Tribunal, se tomaron sin base jurídica una facultad del
Congreso.
La anterior providencia resulta relevante en el presente caso, pues versó sobre
beneficios prestacionales creados sin competencia cuando regía la Constitución
Política de 1886, ordenamiento que se está aplicando en el sub lite.
De acuerdo con dicho pronunciamiento, no es posible mantener la vigencia del
Acuerdo 027 de 1977, expedido por el HIMAT, ya que estableció una prestación
social para sus servidores públicos, pese a que carecía de tal atribución, por lo
que no puede reputarse como una fuente válida de derecho, ni mucho menos
conservar indefinidamente en el tiempo su carácter vinculante para la
administración.
Por otra parte, SINTRAIDEAM sostuvo que no era posible acceder a las súplicas de la
demanda con apoyo en el Concepto 865 del 16 de agosto de 1996, emitido por la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el cual se sostuvo:
Por lo tanto, mientras no se modifique el régimen salarial de que venían disfrutando
los empleados y trabajadores trasladados o reubicados en las nuevas entidades u
organismos del Sistema Nacional Ambiental (SINA), o se fije un nuevo régimen
salarial y prestacional, debe seguírseles reconociendo los salarios y prestaciones
vigentes al momento del traslado o de la reubicación.
Ello sin perjuicio de que la administración pueda impugnar en cualquier tiempo los
actos administrativos mediante los cuales las juntas directivas reconocieron
prestaciones extralegales, ante la jurisdicción contencioso - administrativa […]
LA SALA RESPONDE
[…]
2. Las prestaciones salariales que se venían reconociendo en el HIMAT y en el
INDERENA, deben continuar pagándose hasta tanto se modifique el régimen
vigente al momento del traslado o la reubicación. Ello sin perjuicio de que la
administración impugne ante la jurisdicción los actos administrativos que
reconocieron tales prestaciones.
De acuerdo con la anterior transcripción, se concluye que, contrario a lo sostenido
por SINTRAIDEAM, la Sala de Consulta y Servicio Civil anticipó la posibilidad de que
el HIMAT solicitara la anulación de las normas que regularon el régimen
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prestacional de sus servidores, en tanto consagraron beneficios extralegales,
conforme lo hizo al interponer el medio de control de la referencia.
También es relevante resaltar que SINTRAIDEAM no se encamina a la protección de
situación jurídicas definidas, sino a mantener un régimen prestacional fijado en un
acto administrativo de contenido general; sin embargo, este argumento no está
llamado a prosperar, pues incluso cuando los beneficios laborales fueron creados
válidamente por el legislador, la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener
que este no se encuentra obligado a mantener en el tiempo las expectativas que
tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado,
esta conclusión se ha fundado, entre otras, en las siguientes premisas:
i) Por encima de los intereses particulares, debe primar la potestad de
configuración que tiene el Congreso con miras a priorizar la realización de otros
valores y principios que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado Social de Derecho.28
ii) La intangibilidad de los derechos adquiridos no puede traducirse en que «la
legislación deba permanecer petrificada indefinidamente y que no pueda sufrir
cambios o alteraciones, y tampoco que toda modificación normativa per
se desconozca derechos adquiridos, “pues nadie tiene derecho a una cierta y
eterna reglamentación de sus derechos y obligaciones, ni aún en materia
laboral en la cual la regla general, que participa de la definición general de este
fenómeno jurídico, en principio hace aplicable la nueva ley a todo contrato en
curso, aun si se tiene en cuenta aspectos pasados que aún no están
consumados, y tiene por lo tanto efectos retrospectivos, de un lado, y pro futuro,
del otro”».29
iii) El principio de progresividad es fundamental para la realización de los fines
esenciales del estado y salvaguardar las condiciones de vida digna de la
población, por lo que la regresividad está proscrita salvo que se encuentre
28 C-789 de 2002.
29 C-781 de 2003.
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debidamente justificada en términos de razonabilidad, proporcionalidad y
materialización de otros derechos fundamentales.30 Además, dicha prohibición
«implica un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho con
relación a las implicaciones colectivas de la medida».31
Por las razones antes expuestas, la Sala anulará artículo 1, numeral 1, del
Acuerdo 027 del 13 de julio de 1977, suscrito por la Junta Directiva del extinto
HIMAT, que creó el seguro por muerte para los servidores de dicha entidad.
2.5. La condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.32
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y en
el acervo probatorio, se concluye que debe anularse el acto administrativo
parcialmente demandado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la nulidad del artículo 1, numeral 1, del Acuerdo 027 del 13 de
julio de 1977, suscrito por la Junta Directiva del extinto Instituto Colombiano de
30 Corte Constitucional, Sentencia C-277 de 2021.
31 Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013.
32 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras – HIMAT, por el cual se creó el
seguro por muerte para los servidores de la entidad, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Reconocer personería a los abogados Nancy Patricia Bravo Idrobo y
Juan José Martínez Guerra como apoderados de la Nación, Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales y del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, respectivamente, para los efectos de los poderes que obran en la
plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
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