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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00710-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00710-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la caducidad de la acción especial de revisión presentada por la Ugpp con sustento en la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia del 23 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-33-002-2013-00099-02. Segundo. Declarar infundada la acción especial de revisión por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que la Ugpp presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 23 de octubre de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Tercero. No condenar en costas. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 21

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00710-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Sodad Rentería Chaverra

Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del
29 de enero de 2003, y en el numeral 7 del artículo 250 del
CPACA. Reconocimiento de pensión gracia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 23 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Chocó2, por
medio de la cual se revocó la decisión del 31 de julio de 2013, emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, y se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda presentada por Sodad Rentería Chaverra.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia del 23 de octubre de 2014

1 En adelante Ugpp.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 27001-33-33-002-2013-00099-02;
actor: Sodad Rentería Chaverra, demandado: Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se revocó la
decisión del 31 de julio de 2013, emitida por el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Quibdó, y en su lugar, se ordenó el reconocimiento de la pensión
gracia de Sodad Rentería Chaverra a partir del 30 de junio de 2006, liquidada con
los factores devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su
estatus pensional.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó: i) la revocatoria de la aludida
sentencia; y ii) la declaratoria de que «existió falta de legitimación en la causa en la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho […] pues Cajanal en liquidación no era la
entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda» [sic].

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1 Sodad Rentería Chaverra nació el 30 de junio de 1952 y desde el 1° de febrero
de 1980 prestó sus servicios como docente, así:

Entidad Desde Hasta
Secretaría de Educación de
1° de febrero de 1980 30 de noviembre de 1991
Riosucio
Secretaría de Educación de
1° de febrero de 1992 30 de noviembre de 1994
Riosucio
Secretaría departamental del
23 de enero de 1995 6 de julio de 2016
Chocó

3.2 El último cargo fue como docente en la Escuela Francisco José de Caldas de
Quibdó (Chocó).

3.3 Mediante Resolución UGM 18445 del 25 de noviembre de 2011, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social4 le negó el reconocimiento de la pensión gracia, toda
vez que no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley,
específicamente, la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980.

3.4 El 5 de noviembre de 2012, Sodad Rentería Chaverra solicitó la revocatoria
directa de la Resolución UGM 18445 de 2011. Dicha solicitud fue resuelta
desfavorablemente por la Ugpp con la Resolución RDP2050 del 18 de enero de
2013, por no enmarcarse en las causales previstas por la Ley 1437 de 2011, para
tal fin.

3 Se sintetizarán con base en los elementos probatorios allegados al proceso.
4 En adelante Cajanal.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

3.5 Inconforme con lo anterior, presentó demanda contra la UGPP en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-
Administrativo5, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones UGM
18445 de 2011 y RDP2050 del 18 de enero de 2013. En consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de la prestación. Este asunto
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó, que en
sentencia del 31 de julio de 2013 negó las pretensiones de la demanda.

3.6 El 10 de junio de 2014, la interesada presentó una tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Chocó por presunta vulneración de sus derechos al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, toda vez que incurrió en
una indebida valoración probatoria pues las certificaciones expedidas por el alcalde
de Riosucio, la secretaría general y de gobierno del municipio y de educación daban
cuenta del servicio como docente territorial entre el 1° de febrero de 1980 al 30 de
noviembre de 1994.

3.7 En sentencia de tutela del 13 de agosto de 2014 la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso
invocado por Sodad Rentería Chaverra; dejó sin efecto la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó el 28 de marzo de 2014; y ordenó a esa autoridad
judicial emitir una nueva. Esta decisión no fue impugnada por las partes.

3.8 En cumplimiento de la sentencia de tutela, el Tribunal Administrativo del Chocó
en la sentencia del 23 de octubre de 2014, i) revocó la sentencia de primera
instancia; ii) declaró la nulidad de las resoluciones UGM18445 del 25 de noviembre
de 2011 y RDP2050 del 18 de enero de 2013; y iii) ordenó a la Ugpp a reconocer y
pagar a Sodad Rentería Chaverra la pensión gracia a partir del 30 de junio de 2006,
liquidada con base en los factores salariales devengados en el año anterior a la
fecha de adquisición del estatus.

3.9 La anterior decisión quedó ejecutoriada el 18 de noviembre de 2014.

3.10 A través de la resolución RDP005252 del 10 de febrero de 2015, la Ugpp negó
una solicitud de cumplimiento del fallo judicial, porque no «se allegó el original o copia
autentica de la liquidación de costas, el original o copia autentica de la liquidación de costas,
el original o copia autentica del auto que las aprueba y el original o copia autentica del
certificado de factores salariales del año 2005» [sic].

3.11 Con auto ADP006036 del 3 de julio de 2015, la entidad rechazó por

5 En adelante CPACA.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

extemporáneo el recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por
Sodad Rentería Chaverra. Dicho acto fue confirmado con auto ADP012097 del 30
de septiembre de esa anualidad.

3.12 Por medio de la Resolución RDP052785 del 11 de diciembre de 2015, por
segunda vez, la Ugpp negó la solicitud de cumplimiento del fallo y ordenó oficiar a
la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó y al peticionario para que
aportara «original o copia autentica del certificado de información laboral en formato del
Fomag, donde coste el tipo el tipo de vinculación a la docencia» [sic].

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo del Chocó en la sentencia dictada el 23 de octubre de
2014, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Sodad Rentería Chaverra,
revocó la decisión del 31 de julio de 2013 emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, al considerar que se había demostrado plenamente los requisitos
necesarios para acceder a la pensión gracia, como son el hecho de haber prestado
servicios como docente en planteles del orden territorial o nacionalizado por 20
años, toda vez que fue vinculada antes del 31 de diciembre de 1980, contaba con
50 años de edad y observó una buena conducta en su desempeño. Para tal efecto,
se pronunció en los siguientes términos6:

4.1. De conformidad con la sentencia de tutela proferida el 13 de agosto de 2014 por
el Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección A, el tiempo de servicio para
obtener el beneficio de la pensión gracia se puede acreditar con una prueba
documental diferente del decreto de nombramiento o acta de posesión.

4.2. El tiempo laborado en la Escuela Mixta de Villa Rufina (desde el 1° de febrero
de 1980 al 30 de noviembre de 1994) es idóneo para acreditar su vinculación como
docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, pues si bien no se
aportó el decreto de nombramiento o acta de posesión, lo cierto es que «el certificado
del 2 de octubre de 2012, suscrito por el alcalde municipal de Riosucio» da cuenta del
tiempo y el tipo de vinculación de la demandante para ese lapso «y por tal motivo
dicho tiempo debe ser tenido en cuenta, para determinar la actora tiene derecho o no a la
pensión gracia» [sic].

6 Samai, índice 52,
40_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CUAD2RAD2700133330(.pdf) NroActua
52, folios 43 al 58.

4

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Demandante: UGPP

1.2. Las causales de revisión invocadas

5. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, mediante auto del 27 de abril de
20187 se inadmitió porque «la situación planteada no encuadra[ba] en las causales
invocadas».

6. Con escrito de subsanación del 12 de junio de 20188, la entidad insistió en señalar
como causales las previstas en los literales a)9 y b) del artículo 20 ibidem, pero,
además, invocó la contenida en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA que alude
a «[n]o tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».

7. Para sustentar la acción expuso los siguientes argumentos:

7.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto que
existía falta de legitimación por pasiva respecto de la entidad demandada en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Sodad
Rentería Chaverra «por no ser la entidad a satisfacer las pretensiones de la demanda,
por ser esta la destinataria ni depositaria de los fondos que recaudan para la seguridad
social en salud» [sic].

7.2. La causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se
configuró porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido al reconocimiento y pago de la pensión gracia sin el
cumplimiento de los requisitos previstos por la ley para tal fin, especialmente en lo
relativo a los 20 años de servicios como docente territorial, pues los servicios
certificados expedidos por la «Secretaría de Educación Departamental del Chocó no
pueden ser considerados para efectos del reconocimiento pensional, ya que los mismos
son de carácter nacional» [sic].

7.3. Sodad Rentería Chaverra no cumplía con los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia ordenada por el Tribunal Administrativo del
Chocó, pues si bien entre el 1° de febrero de 1980 y el 30 de noviembre de 1994,
con interrupción entre el 1° de diciembre de 1991 y el 31 de enero de 1992, fungió

7 Folios 235 al 240.
8 Folios 244 al 257.
9 Frente a esta causal, el despacho sustanciador en auto del 21 de enero de 2019 concluyó que no

habría lugar a emitir pronunciamiento comoquiera que los argumentos expuestos relativos a la
entidad legitimada en la causa por pasiva» no fueron objeto de discusión en el proceso ordinario ni
ordenado en la sentencia recurrida.

5

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

como docente con vinculación territorial, lo cierto es que el lapso que va desde el
23 de enero de 1995 hasta el 6 de julio de 2016 era del orden nacional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

8. Sodad Rentería Chaverra se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las
razones que se expresan a continuación10:

8.1. En el expediente administrativo obra certificación expedida por el alcalde de
Riosucio en el que se acreditó el lapso y tipo de vinculación, documento en virtud
del cual «el Consejo de Estado anuló la sentencia proferida por el tribunal administrativo,
como se afirmó en aquella ocasión, dicha certificación resulta idónea para probar el tiempo
servido como docente territorial» [sic].

8.2. Los medios procesales recaudados en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho dan cuenta que haberse desempeñado por más de 20 años como
docente territorial y que se vinculó al servicio desde el 1° de febrero de 1980
«situación que la hace merecedora de la pensión gracia […] por eso no son de recibo los
nuevos argumentos esgrimidos por la Ugpp» [sic].

8.3. Por último, puso de presente que «la Ugpp de manera sistemática se ha venido
rehusando en acatar la orden judicial proferida por la autoridad competente, en el presente
caso expidió más de 5 resoluciones y autos declarando la imposibilidad de ejecutar la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo, bajo la presunta excusa de la ausencia
de los requisitos […] y solo en el 2018 expidió la Resolución RDP42192 de 2018, mediante
el cual pretendió acatar la sentencia, pero reconoció la pensión en cuantía inferior al valor
correspondiente, le asignó una pensión de $691.199 cuando en realidad le correspondía
una de $1.728.000 mensuales» [sic].

1.4. Concepto del Ministerio Público

9. En esta oportunidad no se pronunció.

10 Folios 284 al 292.

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Demandante: UGPP

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA11.

11. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

12. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del
día siguiente de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento
del acuerdo transaccional o conciliatorio; sin embargo, cuando se trata de la causal
7 del artículo 250, esto es, «no tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida»,
el recurso «deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que
dan lugar al recurso».

13. La configuración de la ejecutoria aludida se encuentra reglada en el artículo 302
del Código General del Proceso13 de la siguiente manera:

«Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin

11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
13 En lo que sigue CGP.

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Demandante: UGPP

haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada
la providencia que resuelva los interpuestos».

14. Ciertamente, la ejecutoria de una sentencia se materializa trascurridos 3 días
después de su notificación cuando contra ella ya no proceden recursos o vencieron
los términos para presentarlos y no se radicaron o cuando queda ejecutoriada la
providencia que resuelva los recursos interpuestos.

15. A su vez, la norma prevé que la ejecutoria solo se suspende en el evento en que
se solicita la aclaración o la complementación de la providencia, figuras regladas en
los artículos 285 y 287 del CGP y hasta que se resuelva la solicitud. El estatuto
procesal y, específicamente, su artículo 302, no admite otras causales de
suspensión de la ejecutoria de la sentencia. En consecuencia, como el sentido de
la norma procesal es claro14, no caben interpretaciones que lleven a suspender el
término de ejecutoria por causas distintas de las previstas en aquella.

16. En el subjudice la sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 23 de octubre de 2014 quedó ejecutoriada el 18 de
noviembre de 201415, y la acción de revisión se presentó el 1° de septiembre de
201716, lo que permite concluir que i) respecto de las causales de revisión del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, fue interpuesta en la oportunidad señalada por los incisos
3 y 4 del artículo 251 del CPACA; y ii) frente a la causal 7 del artículo 250 del CPACA
fue incoado por fuera del término, toda vez que se hizo 2 años y 9 meses después
de vencido el año desde que la sentencia quedó ejecutoriada.

17. En consecuencia, la Sala rechazará la solicitud de revisión respecto de la causal
7 del artículo 250 del CPACA, por haberse presentado por fuera del término previsto
por el artículo 250 ibidem y, en consecuencia, procederá a realizar el estudio frente
a las de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.3. El problema jurídico

18. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó que accedió a las suplicas de la demanda presentada por
Sodad Renteria Chaverra se encuentra incursa en la causal de revisión contenida
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al haberse ordenado el
reconocimiento y pago de una prestación en una cuantía que excede los parámetros
establecidos por la ley?

14 Código Civil, artículo 27 declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-054 de

2016.
15 Folio 88 reverso.
16 Folios 232 reverso.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2017 de la Ley 797 de 200318 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

20. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

21. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen19.

17 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
18 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
19 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

22. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.

23. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

24. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes20:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de

20 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

10

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

25. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»21.

26. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación22 han admitido
expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».

27. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»23.

21 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

11

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

2.4.2. En torno a la pensión gracia

28. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.

29. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191324 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

30. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

25
31. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193326, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

32. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

24 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
25 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
26 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos

empleados».

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

33. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

34. Enefecto, la Ley 60 de 199327 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los

27 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los

13

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al FOMAG, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.

35. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada
de los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una
cuenta especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja28, lo que se
traduce en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente
territorial ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales
(FER), creados por el Decreto 3157 de 196829, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos30 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199431 (artículo 179, literal d).

36. Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al FOMAG, tanto las que provenían
del situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

37. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al FOMAG se
reglamentó con el Decreto 196 de 199532, a través del cual se identificaron las

distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
28 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.

Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
29 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo

de la Nación»
30 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
31 «Por la cual se expide la ley general de educación»
32 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo

176 de la Ley 115 de 1994»

14

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

37.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del FOMAG, luego de su afiliación.

37.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:

37.2.1. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al FOMAG, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.

37.2.2. Por otra, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.

37.2.3. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados
con recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el FOMAG.

33
38. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
34
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

35
39. Por su lado, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que

33 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
34 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
35 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.

15

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

40. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala36 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198937 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]

36 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
37 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

41. Aunado, a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201838, así:

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».

42. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202239 indicó:

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».40

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el

38 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
40 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

17

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]

43. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

2.5. Caso concreto

44. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

45. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra necesario precisar que, los argumentos
expuestos por la entidad recurrente van dirigidos a cuestionar la decisión mediante
la cual el tribunal declaró la nulidad de las resoluciones UGM 18445 de 2011 y
RDP2050 del 18 de enero de 2013, respectivamente, a través de las cuales la Ugpp
le negó a Sodad Rentería Chaverra el reconocimiento de la pensión gracia en
consideración al incumplimiento de los requisitos para ello.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

46. Al respecto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de análisis de
la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un derecho, pues su
propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía proveniente de una
prestación ya otorgada y respecto del cual (en torno al derecho subjetivo y
particular) no hay discrepancias; contrario a lo ocurrido en el presente asunto, pues
en la aludida providencia se definió que Sodad Renteria Chaverra había cumplido
con los requisitos para beneficiarse de la pensión gracia, de manera que la esencia
de las pretensiones del medio de control revisado no guardan relación con la forma
en que debió realizarse la liquidación de la pensión sino con la aptitud legal para
beneficiarse de la prestación.

47. En efecto, lo que se desprende de la demanda [en la acción especial de revisión]
es el cuestionamiento dirigido a provocar el estudio del cumplimiento de los
requisitos por parte de la docente para ser acreedora de la pensión gracia,
pretensión que, en el término de oportunidad previsto por la ley, pudo ser invocada
en la causal 7 del artículo 250 del CPACA que dispone:

«Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:

(…)

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».

48. En ese sentido, la causal invocada en esta acción especial no resulta idónea
respecto de los argumentos expuestos en el escrito de la acción de revisión y el
derecho subjetivo reconocido en la sentencia revisada.

49. Sobre el particular, la Sala encuentra pertinente precisar que el principio de la
cosa juzgada no tiene carácter absoluto, pues en su camino se encuentra el debido
proceso sustantivo o la justicia material, en el cual pueden converger hechos y
conductas que una vez consolidados desvirtúan la oponibilidad de una decisión que
ya cobró firmeza, situación para la cual se ha dispuesto la posibilidad de invalidarla
y así revivir un proceso ya fenecido, con el único fin de evitar la prevalencia de una
injusticia, todo esto mediante la acción de revisión.

50. Asimismo, ese mecanismo excepcional permite que la sentencia ejecutoriada u
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, sean objeto de enmienda con ocasión de alguna ilicitud, con el fin de
restituir el derecho al afectado y, de paso, evitar un grave perjuicio patrimonial al

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

erario, a través de una nueva providencia que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico.

51. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un recurso o una tercera
instancia que implique la oportunidad de reabrir debates ya concluidos en las
etapas procesales instituidas para ello, en ese orden, el legislador fijó derroteros de
procedencia de ese mecanismo excepcional de manera taxativa denominados
causales, con el fin de evitar escenarios de interpretación que den lugar a la
discrecionalidad del juzgador para encuadrar o aproximarse al marco de alguna de
ellas previstas en el ordenamiento, lo cual resulta razonable debido al alcance de
la acción, esto es, infirmar providencias amparadas por el principio de cosa
juzgada41.

52. En ese orden de ideas, de los argumentos y las pretensiones expuestas en el
proceso no se evidencia que el mecanismo excepcional incoado esté dirigido a
cuestionar el cómputo de la cuantía proveniente del reconocimiento de algún
derecho, de suerte que no se encuadra en la causal de revisión invocada por la
Ugpp, y ante la imposibilidad de esta Sala para realizar una adecuación respecto
de la causal idónea o de reabrir un debate concluido en una etapa procesal ya
fenecida se declarará improcedente la acción de revisión interpuesta.

2.5. Costas

34. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

3. Conclusión

35. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la causal invocada no es
la idónea para cuestionar el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
docente Sodad Renteria Chaverra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre

41 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación se ha expresado en

ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo de 2021
en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con radicación 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se ha pronunciado en igual
sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003.

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Radicado: 11001-03-25-000-2017-00710-00 (3609-2017)
Demandante: UGPP

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar la caducidad de la acción especial de revisión presentada por la
Ugpp con sustento en la causal prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA,
contra la sentencia del 23 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 27001-33-33-002-2013-00099-02.

Segundo. Declarar infundada la acción especial de revisión por la causal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que la Ugpp presentó contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó el 23 de octubre de 2014, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.

Tercero. No condenar en costas.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

21

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