Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00821-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00821-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00821-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
9 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017)
Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Traslados de servidores judiciales
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por el señor Hernán Darío Torres Carrascal contra la Nación, Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el mencionado ciudadano,2 actuando en nombre propio, solicitó declarar la
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2 Mediante auto del 9 de septiembre de 2021, se tuvieron como coadyuvantes del demandante a los señores July Pauline
Obando Paz, Carolina Luna de la Espriella, Ana María Narváez Arcos, Mario Fernando Barrera Fajardo y Edwin Hernando
Medina Cuesta (folios 81 a 86).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017)
Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
nulidad de la expresión «pequeñas causas laborales» contenida en el artículo 24
del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, «por el cual se compilan los reglamentos de traslados de
los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
El demandante sostuvo que la expresión demandada vulneró los artículos 6, 29, 53,
83, 122, 125, 150 (numerales 1 y 23), 153, 157, 241 (numeral 8) y 256 de la
Constitución Política; 85, 134 y 156 de la Ley 270 de 1996.
Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:
i) El artículo 134 de la Ley 270 de 1996 establece cuatro requisitos concurrentes para
el traslado de servidores judiciales, a saber: a) vacancia definitiva del empleo objeto
de traslado; b) que el cargo de destino sea de la misma categoría de la cual se
pretende apartar el funcionario; c) que el empleo de origen en propiedad y el de
destino exijan iguales requisitos; y, d) que los dos empleos tengan funciones afines.
ii) El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para determinar las
afinidades funcionales que habilitan los traslados entre los distintos juzgados, pues
esta materia debe ser desarrollada exclusivamente por el legislador. En efecto, dichas
afinidades están previstas en los códigos procesales que fijaron las competencias a
los juzgados, tribunales y altas cortes del país.
iii) Conforme a los artículos 17 y 18 del Código General del Proceso, 2 y 12 del Código
Procesal del Trabajo, no es posible predicar afinidad funcional entre los juzgados de
pequeñas causas laborales y los juzgados promiscuos municipales, toda vez que los
primeros no se ocupan de asuntos civiles, comerciales o agrarios y los segundos no
conocen de procesos laborales.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017)
Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
iv) Conforme a la Convocatoria 22, efectuada mediante el Acuerdo PSAA 13-9939 del
25 de junio de 2013, los requisitos para ser juez laboral de pequeñas causas son
acreditar estudios de especialización en derecho laboral, seguridad social, derecho
médico sanitario y derecho del trabajo, mientras que para aspirar al cargo de juez
promiscuo municipal aplican diferentes especialidades «excepto las específicas para
la especialidad contencioso administrativa y laboral».
v) En este orden de ideas, un traslado entre los despachos objeto de comparación
desconoce la especialidad laboral de los juzgados de pequeñas causas, como
también pasa por alto la ausencia de identidad de requisitos y afinidad funcional que
debe existir entre los cargos, es decir, que se viabiliza un traslado que solo cumple
con la exigencia de que los empleos pertenezcan a igual categoría, que en este caso
es la municipal.
vi) El acto parcialmente acusado vulneró la confianza legítima de los aspirantes que
participaron en la Convocatoria 22, pues se expidió con posterioridad y varió sus
reglas, ya que el número de vacantes ofertadas se disminuyó como consecuencia de
la implementación de la nueva tabla de afinidades. De este modo, los cargos
convocados serán provistos con los jueces promiscuos municipales que soliciten el
traslado y no con quienes ocupen los primeros lugares en la lista de elegible, en
contravía de los principios de legalidad, debido proceso, igualdad, buena fe y mérito
que deben orientar el acceso a los empleos oficiales.
vii) La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-295 de 2012, explicó que el
traslado no implica la desaparición absoluta de la vacante, «pues quienes concursan
y hacen parte de la lista de elegibles, podrán acceder a cualquiera de las vacantes
dejadas por quienes hayan sido beneficiados con el correspondiente traslado»; sin
embargo, el Acuerdo demandando desconoce el precedente constitucional en
comento, ya que prevé que es posible que los jueces promiscuos municipales se
trasladen al cargo de juez laboral de pequeñas causas pero no a la inversa.
3
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Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
viii) El acto enjuiciado no fue motivado, pese a que era necesario identificar los
argumentos que permitían predicar la afinidad funcional en comento. Tampoco se
indicaron las razones que impiden a los jueces de pequeñas causas laborales solicitar
un traslado a los juzgados promiscuos municipales.
1.2. Contestación de la demanda
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por intermedio de apoderada,
contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en los siguientes razonamientos: 3
i) El Consejo Superior de la Judicatura expidió el acuerdo demandado con
fundamento en las competencias fijadas por la Constitución Política y la Ley 270 de
1996, cuyo objetivo fue permitir la administración de los recursos humanos y físicos
de la Rama Judicial sin la intervención del legislador.
ii) La tabla de afinidades prevista en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 permite
garantizar los traslados de los servidores judiciales bajo parámetros objetivos y se
ajusta a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-295 de 2002.
iii) La afinidad de los empleos también está relacionada con la especialidad de los
conocimientos que requiera cada cargo en aras de salvaguardar la adecuada
prestación del servicio.
iv) La tabla en comento se realizó teniendo en cuenta que los jueces promiscuos
municipales estudian en sede de tutela la estabilidad laboral reforzada; ordenan el
pago de indemnizaciones por despidos sin autorización del Ministerio del Trabajo;
conocen las declaraciones extra juicio que son aportadas como prueba a los
procesos laborales y adelantan las diligencias para las cuales son comisionados.
3 Folios 69 a 76.
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Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
v) Los aspirantes al realizar el curso concurso para optar a los cargos de jueces de
la república estudian todas las áreas del derecho con el fin de cumplir
adecuadamente la función encomendada y garantizar que la lista de elegibles se
conforme con las personas que acrediten mayores conocimientos, dedicación y
experiencia.
vi) Las convocatorias no se realizan para un número determinado de empleos sino
para todos aquellos que, teniendo la misma denominación y categoría, estén
vacantes ya sea al momento de abrir la convocatoria, de proveer los cargos con la
lista de elegibles o dentro de la vigencia de los registros, que es de cuatro años,
término dentro del cual los concursantes pueden ser nombrados como jueces de
pequeñas causas laborales, es decir, que la figura del traslado no afecta su derecho
al acceso al empleo público.
vii) Contrario a lo sostenido por el accionante, el acto demandado se motivó en las
facultades previstas en los artículos 85, 134 y 152 de la Ley 270 de 1996.
1.3. Medida cautelar y sentencia anticipada
Por auto del 19 de julio de 2018, el magistrado conductor del proceso decretó la
medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la expresión
«pequeñas causas laborales», contenida en el artículo 24 del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 18 de septiembre de 2017.
La parte accionada interpuso recurso de súplica contra la anterior decisión, la cual
fue confirmada por auto del 17 de noviembre de 2022.
Mediante auto del 9 de septiembre de 2021, el despacho ponente evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En
5
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017)
Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
consecuencia, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem
y se fijó el litigio en la siguiente forma:4
[…] el objeto de la controversia que se presenta en el caso sub judice, recae en
determinar i) si la expresión «pequeñas causas laborales» contenida en el artículo 24
del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, proferido por la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, se expidió con falta de
competencia; infringió normas superiores; no se motivó o contiene motivos falsos que
provoquen su anulación. Por el contrario, ii) si dicha norma se encuentra ajustada a
derecho y se emitió en el marco de las facultades que constitucional y legalmente se
le confirieron a la entidad demandada.
1.4. Alegatos de conclusión
La parte demandante guardó silencio. La entidad demandada reiteró los argumentos
expuestos en las respectivas etapas del proceso y agregó que la expresión
«pequeñas causas laborales», contenida en el artículo 24 del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017, perdió fuerza ejecutoria y «dejó de producir efectos jurídicos con la
expedición del Acuerdo PCSJA22-11956 de 17 de junio de 2022», que modificó el
acto parcialmente enjuiciado.
1.5. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
En atención a los alegatos de conclusión presentados por la entidad accionada, es
oportuno indicar que el Acuerdo PCSJA22-11956 del 17 de junio de 2022, proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura, modificó el artículo 24 del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017, en los siguientes términos:
4 Folios 81 a 86.
5 Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 89 del expediente y de la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.
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Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
ARTÍCULO 2º. Modificar el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de
septiembre de 2017, el cual quedará así:
“ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Tabla de afinidades. Para decidir sobre las peticiones de
traslado de funcionarios y empleados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
134 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se deberá observar la
siguiente tabla de afinidades.
Afinidades
Cargo de Origen en Propiedad Cargo Destino del Traslado
Juez Promiscuo Municipal Juez civil municipal / pequeñas causas y
competencia múltiple / penal municipal (con
función de Control de garantías, función de
conocimiento o mixto) / penal municipales
de adolescentes de control de garantías.
[…] […]
[…]
Bajo este escenario, la disposición parcialmente enjuiciada fue subrogada por el
Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022, pues rediseñó la tabla de afinidades para los
traslados de los servidores judiciales y eliminó la afinidad que antes existía entre el
juez promiscuo municipal y el juez de pequeñas causas laborales.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 91, numeral 5, del CPACA, la fuerza ejecutoria
de los actos administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al respecto, esta
corporación ha explicado que «si la norma ha dejado de regir por haber sido
sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de ser aplicable
por la administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio para los
asociados».6
A pesar de que la norma parcialmente acusada perdió fuerza ejecutoria, por razón
de la subrogación, es importante resaltar que ello no impide estudiar su legalidad,
por cuanto el medio de control de nulidad no está condicionado a la vigencia del
acto, sino que su finalidad consiste en verificar la legalidad objetiva en aras de
mantener el imperio del orden jurídico.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicado 25000-23-24-000-
2009-00068-02 (2635-2013).
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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017)
Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
En tal sentido, esta corporación ha expresado que la derogación o subrogación de
un acto administrativo ocasiona la cesación de sus efectos hacia el futuro, situación
que en nada afecta la posibilidad de resolver sobre su legalidad, pues ello
«comprende la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si nació
o no válido a la vida jurídica».7
2.2. El problema jurídico
Consiste en establecer si la expresión «pequeñas causas laborales» contenida en
el artículo 24 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 se encuentra viciada de nulidad
por las razones alegadas en la demanda de la referencia y que, en síntesis,
reconducen a los cargos de falta de competencia, infracción de normas superiores,
ausencia y/o falsa motivación, por cuanto no se respetaron los criterios de
especialidad y afinidad funcional para el traslado de los servidores judiciales.
2.3. Contenido de la norma parcialmente acusada
ACUERDO PCSJA17-10754
Septiembre 18 de 2017
“Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se
dictan otras disposiciones en la materia”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los
artículos 85 numerales 17, 22 y 24; 134 y 152 numeral 6 de la ley 270 de 1996,
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, radicado: 11001-03-26-000-2016-
00017-00 (56307). En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia del 14 de enero de 1991,
Expediente S-157, sostuvo:
Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por la segunda de
ellas, pues no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma, como ocurriría si se
mantiene la posición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma
administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal. Pues, contrario a lo que se había
afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado,
sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo, aún si ha sido
derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento
anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la
derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello, además, se ve confirmado
por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante
la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio, restableciéndose por tal razón el
imperio de la legalidad.
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Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
modificada por la Ley 771 de 2002 y de conformidad con lo aprobado en la sesión del
24 de agosto de 2017,
ACUERDA:
[…]
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Tabla de afinidades. Para decidir sobre las peticiones de
traslado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, se deberá observar la siguiente tabla de afinidades.
Afinidades
Cargo de Origen en Propiedad Cargo Destino del Traslado
Juez Promiscuo Municipal Juez civil municipal/ pequeñas
causas y competencia múltiple/
pequeñas causas laborales/ penal
municipal (con función de Control de
garantías, función de conocimiento o
mixto) / penal municipales de
adolescentes de control de garantías.
[…] […]
[…] [Se subraya el aparte demandado]
2.4. Marco normativo
El artículo 256 de la Constitución política, derogado parcialmente por el artículo
17 del Acto Legislativo 2 de 2015, dispuso que al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde administrar la carrera judicial.
A su vez, el artículo 257 ibidem precisó que dicha corporación debía dictar los
reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de
justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los
distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se
adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
En desarrollo de los anteriores mandatos, el artículo 85 de la Ley 270 de 1996
asignó múltiples competencias a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, de las cuales se destacan las siguientes:
✓ Determinar la estructura y las plantas de personal de las corporaciones y
juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en
la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su
desempeño que no hayan sido fijados por la ley.
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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017)
Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
✓ Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones internas
asignadas a los distintos cargos.
✓ Administrar y reglamentar la carrera judicial de acuerdo con las normas
constitucionales y la Ley 270 de 1996.
✓ Elaborar y desarrollar el plan de formación, capacitación, y adiestramiento de
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
A partir del citado marco normativo, la Corte Constitucional ha indicado que la
facultad del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar la carrera judicial,
atañe a la denominada «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales» y
se concreta en la expedición de las normas de carácter general que sean necesarias
para desarrollar el sentido de la Ley 270 de 1996 y hacerla ejecutable.8 Al respecto,
se ha sostenido lo siguiente:9
Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad
reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad
de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable,
en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en
cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al Consejo
Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del
legislador”10.
7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden ser
otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y humanos
de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de reglamentar
algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial, siempre y
cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los
términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su actividad en
esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama judicial de los
ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones laborales más
propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo.
8 Sentencias C-917 de 2002 y SU-553 de 2015.
9 Sentencia SU-539 de 2012.
10 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número 58 de 1994
(Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017)
Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
De acuerdo con lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura tiene una función
de alta relevancia para el cumplimiento de los fines estatales, pues debe dictar los
reglamentos tendientes a disponer los recursos humanos y físicos necesarios para
que el servicio de la administración de justicia se preste bajo altos estándares de
eficiencia, moralidad, corrección e idoneidad en aras de cumplir la misión
institucional que se ha asignado a la Rama Judicial, esto es, «hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de
realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional».11
En similar sentido, esta corporación ha expresado que el Consejo Superior de la
Judicatura tiene la potestad de «regular12, reglamentar y administrar la carrera
judicial, en virtud de lo cual, tiene competencia para dictar autónomamente, y de
manera excepcional y exclusiva, las regulaciones y los reglamentos necesarios para
el eficaz funcionamiento de la Administración Judicial, en los aspectos no previstos
por el legislador».13
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
En atención a que el medio de control de la referencia se circunscribe a reprochar
la ausencia de afinidad funcional entre los jueces promiscuos municipales y los
jueces de pequeñas causas laborales para viabilizar los traslados de dichos
servidores, es pertinente citar el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por
el artículo 1 de la Ley 771 de 2002, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 134. Traslado. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un
funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma
categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede
11 Artículo 1 de la Ley 270 de 1996. Frente a las competencias del Consejo Superior de la Judicatura puede consultarse la
siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de marzo de 2016, radicado:
110010325000201500010600 (0238-2015).
12 Esta competencia, facultad o potestad reguladora de carácter administrativo, que para el caso del Consejo Superior de
la Judicatura, Sala Administrativa, se encuentra establecida tanto en la Constitución como en la Ley 270 de 1996, ha sido
descrita por el profesor y tratadista Jorge Enrique Ibáñez Najar, como expresión del fenómeno que el denomina
“deslegalización”, según el cual, en nuestro ordenamiento jurídico es constitucional y legalmente posible, que además del
legislador que detenta la cláusula general de competencia de regulación normativa, una autoridad administrativa ejerza
funciones de regulación respecto de una materia determinada.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de marzo de 2016, radicado 110010325000201500010600 (0238-
2015).
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Radicación: 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017)
Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
territorial. Nunca podrá haber traslados entre las dos Salas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura.
Procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el interesado lo solicite por razones de salud o seguridad debidamente
comprobadas, que le hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas
razones se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañera o compañero
permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único
civil, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el funcionario
y medie su consentimiento expreso.
2. Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca funcionarios o empleados de
diferentes sedes territoriales, en cuyo caso sólo procederá previa autorización de la
Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura.
Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a
distintas autoridades, sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas.
3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre
vacante en forma definitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes de
abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté soportada en un hecho que por
razones del servicio la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
califique como aceptable.
De acuerdo con la anterior disposición, en concordancia con el artículo 132 de la
Ley 270 de 1996, los cargos en la Rama Judicial se proveen de tres formas, a saber:
a) en propiedad; b) en provisionalidad; y c) en encargo. En lo que atañe al presente
estudio, es oportuno hacer referencia a la primera de las citadas modalidades, la
cual se presenta por la designación de quien superó todas las etapas del proceso
de selección, si el cargo es de Carrera, «o se trate de traslado».
A su vez, para proceder al traslado de un servidor que ocupa un cargo en propiedad,
se exigen los siguientes requisitos: i) afinidad de funciones entre los cargos de
origen y destino del traslado; ii) igualdad de categoría entre los empleos; y iii)
identidad de requisitos para acceder a los cargos.
Ahora bien, cuando el legislador exige «funciones afines» entre los cargos objeto
del traslado ello también comprende los criterios de jurisdicción o especialidad. Al
respecto, es preciso tener en cuenta que el traslado es una forma de provisión del
empleo público en propiedad y, por lo tanto, debe sujetarse a altos estándares de
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Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
eficiencia y respeto del principio del mérito como rector de la carrera judicial para el
ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.
En efecto, bajo el faro orientador del principio del mérito se garantiza la correcta
prestación del servicio público de administración de justicia, se materializan los fines
esenciales del Estado y se salvaguarda el interés general, por ende, el traslado de
los servidores judiciales también debe sujetarse a dichos postulados. En
consecuencia, resulta imperioso garantizar que solo las personas más idóneas
accedan a la función pública y que el desempeño del empleo se verifique en
términos de excelencia.
En tal sentido, esta corporación ha sostenido que la identidad funcional entre los
cargos también implica que estos se ejerzan «dentro de una misma área del
conocimiento o área temática y coincid[a]n en el grado de complejidad y
responsabilidad».14
Igualmente, es relevante indicar que las funciones de los despachos judiciales están
determinadas por las normas procesales expedidas por el legislador en las que se
definen las reglas de jurisdicción y competencia, para que los asuntos se distribuyan
de acuerdo con las diferentes áreas del derecho, «en razón de la especificidad o
particularidad de la materia»,15 dependiendo la naturaleza de los litigios o, inclusive,
la calidad de los sujetos procesales, pues las causas revisten características
diferentes desde la forma en que se tramitan hasta la decisión de fondo que deba
adoptarse.
A modo de ejemplo, se identifican las siguientes jurisdicciones: especial para la
paz,16 disciplinaria,17 ordinaria,18 contencioso administrativa,19 constitucional,20 y
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2007, radicado 66001-23-31-000-
2002-00448-01 (7844-2005).
15 Sentencia C-392 de 2000.
16 Acto Legislativo 1 de 2016.
17 Artículo 257 de la Constitución Política.
18 Artículos 234 y 235 de la Constitución Política.
19 Artículos 236, 237 y 238 de la Constitución Política.
20 Artículos 239 a 245 de la Constitución Política.
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especial; esta última, conformada por la jurisdicción indígena21 y por los jueces de
paz,22 cada una de las cuales tiene atribuido un marco específico de competencias
de cara a la naturaleza de los conflictos que se ventilan. Igualmente, entre las
especialidades se destacan los asuntos de familia, penales, laborales, civiles,
agrarios, disciplinarios y contencioso administrativos.
El desenvolvimiento de dichas jurisdicciones ha sido regulado en el Código General
del Proceso, el Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el Código de Comercio, entre otras normas.
En dicho marco normativo, se evidencia el interés del legislador de acoger los
criterios de jurisdicción y especialidad para asignar el conocimiento de los diferentes
asuntos que se ventilan en sede judicial dependiendo del área del derecho que rija
la materia, a modo de ejemplo pueden citarse los siguientes: juzgados civiles
municipales y del circuito; juzgados de familia; juzgados de pequeñas causas y
competencia múltiple; juzgados penales municipales, de circuito, de circuito
especializados y de ejecución de penas y medidas de seguridad; juzgados
laborales; juzgados administrativos; tribunales superiores en sus Salas Civil,
Familia, Laboral y Penal; tribunales administrativos; Corte Suprema de Justicia en
sus Salas de Casación Civil y Agraria, Penal y Laboral; Consejo de Estado en sus
Secciones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta; Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, Tribunal Especial para la Paz y Salas de Justicia de la
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.23
La anterior distribución en diferentes jueces para el conocimiento de las múltiples
causas que se tramitan en sede judicial es consonante con la interpretación
21 Artículo 246 de la Constitución Política.
22 Artículo 247 de la Constitución Política.
23 Leyes 1820 de 2016, 1922 de 2018 y 1957 de 2019.
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elaborada por la doctrina24 y la jurisprudencia en relación con los conceptos de
jurisdicción y competencia. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:25
Cabe preguntarse ¿Cuál es el sentido y el fin del establecimiento de las jurisdicciones
y de las especialidades dentro de una jurisdicción?. Se trata de asegurar el
cumplimiento de los fines del Estado, la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución, además las autoridades tienen el deber de
proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos
y libertades, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares, así lo establece la propia Constitución. Por tanto, el fin de la
administración de justicia es hacer efectivos los derechos de las personas a través de
los procedimientos. Este argumento ha sido reiterado entre otras en la Sentencia C-
1149/0126. Las disposiciones que regulan procedimientos como el establecimiento de
una determinada competencia protegen la seguridad jurídica al imponer que
determinados jueces de una determinada especialidad conozcan de los asuntos
justamente para los cales (sic) fueron institucionalizados.
Esta Corporación ha establecido que “La jurisdicción en general consiste en la
potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de
que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que
todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito
propio de la competencia que le asigna la ley27.
“(…) Razones de naturaleza política, y la necesidad de asegurar la mayor eficacia de
la administración de justicia por el Estado mediante la distribución del trabajo,
justifican la existencia de jurisdicciones especiales autorizadas por la Constitución,
que forman parte de la rama judicial; pero la diversidad de jurisdicciones especiales
no implica rompimiento de la unidad ontológica de la jurisdicción del Estado”. (C-392
de 2000).
De acuerdo con la anterior directriz jurisprudencial, se concluye que las distribución
de competencias en las diferentes jurisdicciones y especialidades no son
caprichosas, sino que obedecen a razones de eficiencia y atienden el interés de los
asociados que deben acudir a la administración de justicia para dirimir sus
24 «En consecuencia, ante la imposibilidad de que las autoridades judiciales puedan conocer indistintamente de toda clase
de conflictos, dada su múltiple variedad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado ha tenido que ser
sistematizado por la ley, atribuyéndole a los diferentes jueces y tribunales el conocimiento de determinados asuntos, toda
vez que aún cuando dicha potestad, en sí misma y en abstracto, es única e idéntica, lo cierto es que no todo órgano
investido de ella puede hacerla actuar indiferentemente respecto de cualquier acto o litigio, ni donde quiera que fuere.
La alta función de administrar justicia que la República ejerce por intermedio del poder judicial, debe distribuirse, pues,
por las leyes de procedimiento que, con tal propósito, fijan las reglas de competencia atendiendo a razones de interés
público o privado, a motivos de economía funcional, a presunciones de mayor o menor capacidad técnica o aptitud
personal para afrontar el proceso, a necesidades de orden o comodidad de prueba o a criterios de garantía que faciliten
la defensa en juicio». Derecho Procesal Civil, Parte General, Alfonso Rivera Martínez, editorial Leyer, décima tercera
edición, página 118.
25 Sentencia C-985 de 2005.
26 M.P. Jaime Araujo Rentería.
27 C-392 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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conflictos, los cuales revisten variadas naturalezas. Además, dicha medida permite
la racionalización del trabajo en la rama judicial,28 por ende, es legítima e idónea
para alcanzar altos objetivos constitucionales en lo que respecta al acceso a la
administración de justicia y la efectividad de los derechos.
En concordancia con este diseño institucional, la Corte Constitucional ha avalado el
requerimiento de que el traslado de los funcionarios judiciales respete la afinidad
funcional, entendida también como la necesidad de que el cargo de origen y el de
destino correspondan a la misma jurisdicción y especialidad.29
A su vez, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que «es razonable la
negativa a un traslado de un servidor judicial, en aquellos casos en que se pretende
ejercer en un despacho con especialidad distinta a la que previamente concursó,
pues evidentemente los ejes temáticos que se tratan en el desarrollo del concurso,
van a variar entre uno y otro, lo que de entrada, implica, que en el desarrollo de la
convocatoria el concursante deba demostrar su capacidad para ejercer el cargo
para el cual aspiró, y es ese parámetro con el que se debe medir la afinidad entre
un cargo y otro».30
Las anteriores conclusiones son consonantes con el criterio de especialidad que ha
adoptado el Consejo Superior de la Judicatura para diseñar los concursos de
méritos. Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido que se trata de una
estructuración acorde con la misión de la Rama Judicial y garante del principio del
mérito para el acceso, permanencia y promoción en el empleo público, lo cual
redunda en la adecuada prestación del servicio y la capacitación de los funcionarios.
Textualmente, se ha explicado lo siguiente:31
28 Sentencia C-879 de 2003.
29 Sentencia T-302 de 2019.
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia STL6767-2020 del 21 de agosto de 2020, radicado: 2020-
00552.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de 2014, radicado: 110010325000200800024 00 (0606-2008). En
similar sentido puede consultarse la sentencia del 6 de julio de 2015, proferida por la misma sección, radicado:
1100103255000201301524 00 (3914-2013).
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[…] considera la Sala que, la medida adoptada por el CSJ en la convocatoria objeto
de análisis consistente en limitar la inscripción a un solo curso de formación judicial
especializado por razón del área o especialidad no comporta un sacrificio injustificado
del derecho de los participantes a continuar en el proceso de selección para los
demás cargos de su preferencia, porque la finalidad del curso es la formación
judicial de los concursantes para el adecuado desempeño de la función judicial,
la cual sólo podrá ejercerse en un (1) cargo de la Rama Judicial, dentro de un
área o especialidad determinada, y no en todos aquellos para los cuales el
aspirante concursó, de modo que no se ve reducida la expectativa de los
participantes frente al acceso a los cargos convocados.
De suerte que encuentra la Sala que tal medida se ajusta a la finalidad del curso
de formación judicial cual es la formación judicial de los concursantes para el
adecuado desempeño de la función judicial en el área o especialidad
seleccionada, y a la cual podía acudir el Consejo Superior de la Judicatura en
ejercicio de la facultad reglamentaria que le asiste. (Resalta la Sala).
De acuerdo con la anterior directriz, el marco normativo que regula el acceso a los
empleos en la Rama Judicial y la figura del traslado como una de las formas para
proveerlos, se observa que el sistema de carrera debe estudiarse en forma integral
y no aislada, por ende, resulta válido exigir el respeto al criterio de especialidad para
viabilizar los traslados, pues este también es presupuesto de vinculación al servicio
y fue acogido por el legislador para distribuir las competencias entre los diferentes
despachos.
De esta manera se garantiza que el funcionario cuente con todos los conocimientos
y experiencia necesarios para acceder al cargo, los cuales seguramente se van
aquilatando en la medida en que lo desempeña, por ende, debe verificarse que su
traslado no afecte la prestación del servicio, sino que el interesado acredite las
habilidades y competencias que exige el empleo al cual aspira ser trasladado en
aras de que haya continuidad en la labor que venía desempeñando de impartir
pronta y cumplida justica en términos de corrección tanto éticos como cognoscitivos.
La Sala no desconoce que el abogado es integral y su título le permite
desempeñarse en diferentes ámbitos y especialidades; sin embargo, es sabido que
el derecho es basto y en el ejercicio profesional esta disciplina termina
especializándose, como lo ha reconocido el legislador al establecer las
jurisdicciones y competencias, así como el Consejo Superior de la Judicatura al
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diseñar los concursos públicos para acceder a la carrera judicial, los cuales han sido
avalados por el Consejo de Estado, bajo el entendido que el criterio de especialidad
promueve la eficiente prestación del servicio público y la adecuada administración
de los recursos humanos y físicos que hacen posible la actividad jurisdiccional.
De otro lado, es oportuno indicar que el legislador32 y la Corte Constitucional33 han
aludido a la posibilidad de que un juez que en principio no pertenece a una
especialidad pueda conocer de determinados asuntos especiales, como ocurre con
los jueces civiles del circuito que tienen asignadas competencias en materia laboral
en los lugares donde no funcionan los jueces laborales del circuito. 34 Igualmente,
los artículos 9035 y 9136 de la Ley 270 de 1996 previeron que el Consejo Superior
de la Judicatura podría transformar y fusionar despachos judiciales sin atender a la
especialidad; sin embargo, estas situaciones se han establecido como una
eventualidad excepcional de cara a las necesidades de oferta y demanda para la
prestación del servicio.
En otras palabras, en condiciones de normalidad, debe seguirse la regla general
tendiente a que el funcionario judicial ocupe un cargo en la especialidad escogida,
pues la necesidad personal del servidor que solicite la aplicación de dicha figura
debe conducirse dentro del marco legal que ha distribuido las competencias de los
despachos judiciales en atención a la jurisdicción y a las diferentes especialidades.
32 Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
33 C-828 de 2002.
34 Ibidem.
35 Artículo 90. Redistribución de los despachos judiciales. La redistribución de despachos judiciales puede ser territorial o
funcional, y en una sola operación pueden concurrir las dos modalidades.
[…]
En ejercicio de la redistribución funcional, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura puede disponer que
los despachos de uno o varios magistrados de tribunal, o de uno o varios juzgados se transformen, conservando su
categoría, a una especialidad distinta de aquella en la que venían operando dentro de la respectiva jurisdicción.
[…].
36 Artículo 91. Creación, fusión y supresión de despachos judiciales. […].
La fusión se hará conforme a las siguientes reglas:
1. Sólo podrán fusionarse Tribunales, Salas o Juzgados de una misma Jurisdicción.
2. Los despachos que se fusionen deben pertenecer a una misma categoría.
3. Pueden fusionarse tribunales, Salas y Juzgados de la misma o de distinta especialidad.
[…].
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A su vez, esta relevancia del criterio de especialidad de cara a la definición funcional
de los cargos, también encuentra respaldo en el artículo 92 de la ley 270 de 1996
en tanto dispone que cuando se suprima un cargo de un servidor judicial
escalafonado en carrera administrativa, únicamente procederá su reubicación
cuando se produzca una vacante «de su misma denominación, categoría y
especialidad», advirtiendo que en caso de que ello no sea posible habrá lugar a
reconocer la correspondiente indemnización.37
Ahora bien, conforme lo ha expuesto esta Subsección en anteriores
oportunidades,38 el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 se inclinó por los criterios de
especialidad y jurisdicción para viabilizar los traslados entre servidores judiciales.
Al respecto, se ha sostenido que dicha medida i) se enmarca dentro del ámbito
reglamentario del Consejo Superior de la Judicatura; ii) atiende al concepto de
afinidad funcional establecido por el legislador para que operen los traslados; iii)
obedece a criterios de razonabilidad; y iv) se encamina a cumplir un fin legítimo
como lo es la garantía del principio del mérito para la provisión de los empleos
públicos y su correlación con la salvaguarda del interés general.
Sin embargo, la Sala considera que el acto parcialmente demandado no respetó el
criterio de especialidad al establecer la afinidad entre el juez promiscuo municipal y
el juez de pequeñas causas laborales.
Al respecto, es pertinente citar el artículo 22 de la Ley 270 de 1996, modificado por
el artículo 8 de la Ley 1285 de 2009, cuyo tenor es el siguiente:
37 Artículo 92. Supresión de cargos. En el evento de supresión de cargos de funcionarios y empleados escalafonados en la
carrera judicial ellos serán incorporados, dentro de los seis meses siguientes en el primer cargo vacante definitivamente
de su misma denominación, categoría y especialidad que exista en el distrito, sin que al efecto obste la circunstancia de
encontrarse vinculado al mismo, persona designada en provisionalidad.
Si vencido el período previsto en el anterior inciso no fuese posible la incorporación por no existir la correspondiente
vacante, los funcionarios y empleados cuyos cargos se supriman tendrán derecho al reconocimiento y pago de una
indemnización en los términos y condiciones previstas en esta Ley.
[…].
38 Ver las sentencias del 9 de septiembre de 2021, radicados 11001-03-25-000-2016-00260-00 (1475-2016) y 11001-03-
25-000-2015-00631-00 (1876-2015).
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Artículo 22. Régimen de los juzgados. <Modificado por el artículo 8 de la Ley 1285
de 2009> <Inciso condicionalmente exequible39> Los Juzgados Civiles, Penales, de
Familia, Laborales, de Ejecución de Penas, y de Pequeñas Causas que de
conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para el cumplimiento de las
funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la
Jurisdicción Ordinaria. Sus características, denominación y número serán los
establecidos por dichas Corporaciones.
Cuando el número de asuntos así lo justifique, los juzgados podrán ser promiscuos
para el conocimiento de procesos civiles, penales, laborales o de familia.
[…].
Conforme a la anterior disposición, los juzgados que componen la jurisdicción
ordinaria, en sus distintas especialidades, deben cumplir las «funciones que prevea la
ley procesal en cada circuito o municipio», es decir, que para delimitar el contenido y
alcance de las funciones de cada despacho es necesario acudir a la norma que expida
el legislador en aras de fijar el marco de competencias de los funcionarios judiciales.
Es así como el artículo 1 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en
adelante CPTSS, precisó que dicha normativa se aplicaría a aquellos asuntos de que
conoce la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social.
A su turno, el artículo 2 ibidem, enlistó las siguientes materias:
Artículo 2o. Competencia general. <Modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de
2001> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social
conoce de:
1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de
trabajo.
2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación
laboral.
3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro
sindical.
4. <Numeral modificado por del artículo 622 de la Ley 1564 de 2012> Las
controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se
39 La Corte Constitucional, mediante sentencia C-713 de 2008, se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 8 de la Ley
1285 de 2009, así:
Noveno: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “previa concertación con la Corte Suprema de Justicia”, del inciso
primero del artículo 8º del proyecto de ley estatutaria No. 023 de 2006 Senado y No. 286 de 2007 Cámara, “por la
cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”, y EXEQUIBLE el resto del mismo
inciso, en el entendido de que estas atribuciones le corresponden exclusivamente al Consejo Superior de la
Judicatura. Declarar EXEQUIBLE el resto del mismo artículo.
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susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los
relacionados con contratos.
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de
seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.
6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios
o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la
relación que los motive.
7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje,
por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices,
dictadas conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994.
8. El recurso de anulación de laudos arbitrales.
9. El recurso de revisión.
10. <Numeral adicionado por el artículo 3 de la Ley 1210 de 2008> La calificación de
la suspensión o paro colectivo del trabajo.
Igualmente, el CPTSS asignó la competencia para conocer de los asuntos laborales y
de seguridad social a diferentes despachos, atendiendo a la calidad de las partes
(factor subjetivo),40 la naturaleza del asunto y cuantía (factor objetivo),41 la categoría
del juez (factor funcional),42 y el factor territorial.43 Entonces, dependiendo de los
criterios antes anotados, el conocimiento de estas materias fue radicado en los
siguientes funcionarios:
i) Juzgados municipales de pequeñas causas y competencia múltiple.
ii) Juzgados civiles del circuito.
iii) Juzgados laborales del circuito.
iv) Salas Laborales de los Tribunales Superiores.
v) Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Es pertinente resaltar que el artículo 12 del CPTSS reguló las competencias por razón
de la cuantía en materia laboral y precisó que «[l]os jueces municipales de pequeñas
causas y competencia múltiple, donde existen conocen en única instancia de los
negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo
legal mensual vigente». Esta disposición constituye la única mención que hace
el CPTSS a los juzgados de pequeñas causas.
40 Artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del Código Procesal del Trabajo.
41 Artículos 12 y 13 del Código Procesal del Trabajo.
42 Artículo 15 del Código Procesal del Trabajo.
43 Artículo 5 del Código Procesal del Trabajo.
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Asimismo, es oportuno indicar que el CPTSS no mencionó la expresión «juzgados de
pequeñas causas laborales», que se encuentra demandada en el sub lite, sino que se
refirió a «juzgados municipales de pequeñas causas y competencia múltiple»; sin
embargo, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante diferentes acuerdos44 ha
aludido indistintamente a la categoría de juzgados laborales municipales de pequeñas
causas o juzgados de pequeñas causas laborales con el fin de asignarles la
competencia que en materia laboral estableció el CPTSS a los juzgados municipales de
pequeñas causas y competencia múltiple. Este entendimiento también ha sido
utilizado por la Corte Suprema de Justicia para dirimir conflictos de competencias en
los que se encuentran involucrados juzgados municipales de pequeñas causas
laborales.45
De esta manera, es válido entender que los juzgados laborales municipales de
pequeñas causas o juzgados de pequeñas causas laborales son los «juzgados
municipales de pequeñas causas y competencia múltiple» a los que se refirió el
artículo 12 del CPTSS para asignarles competencias en asuntos laborales. Además, el
legislador los creó con el objetivo de descongestionar la jurisdicción ordinaria en la
especialidad laboral.
En tal sentido, la exposición de motivos del Proyecto de Ley 197 de 2008 Senado, que
culminó con la expedición de la Ley 1395 de 2010, modificatoria del artículo 12 del
CPTSS, expresó lo siguiente: 46
• En el capítulo relacionado con atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, se
establece que este dará prioridad a la creación y puesta en funcionamiento de los
juzgados municipales de pequeñas causas y competencia múltiple; por su parte, en las
reformas a los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, se les atribuye a los mismos competencias en materia civil y laboral.
[…]
44 Ver Acuerdos 10402 del 29 de octubre de 2015 y PCSJA20-11650 del 28 de octubre 10 de 2020.
45 Ver las siguientes providencias: i) Auto AL5539-2022 del 2 de noviembre de 2022, radicación 94892; ii) Auto AL2695-
2022 del 11 de mayo de 2022, radicación 92987; iii) Auto AL3289-2021 del 4 de agosto de 2021, radicación 89745; y iv)
Sentencia STL12840-2016 del 7 de septiembre de 2016, radicación 68375.
46 Ver Gaceta del Congreso 825 de 19 de noviembre de 2008 y Gaceta del Congreso 481 del 10 de junio de 2009.
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Así mismo, a los juzgados se les atribuye competencia, en materia laboral, para conocer
en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda de 22 salarios mínimos
legales mensuales.
[…]
Así mismo, a los juzgados se les atribuye competencia, en materia laboral, para
conocer en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda de 22 salarios
mínimos legales mensuales.
Con esta medida se pretende lograr descongestión de los juzgados civiles
municipales y de los juzgados laborales del circuito, sobrecargados hoy con estos
procesos.
[…]
En materia laboral, el proyecto de ley prevé varias reformas.
• Fuera de la modificación de la cuantía, en el caso de los procesos de mínima cuantía
de los que conocen, en única instancia, los jueces municipales de pequeñas causas y
competencia múltiple (artículo nuevo del Código), se modifica el denominado fuero
electivo de la competencia por razón del lugar (artículo 5º del Código). Actualmente se
le atribuye al juez laboral para conocer de los asuntos, bien por el último lugar donde
se haya prestado el servicio o bien por el domicilio del demandado, a elección del
demandante, fuero que ha terminado congestionando los juzgados laborales de las
grandes y medianas ciudades, ya que estas poblaciones son, por lo general, el domicilio
de los empleadores y de los abogados del demandante.
Por tal razón, en el proyecto de ley se prevé que la demanda debe presentarse en el
último lugar donde se haya prestado el servicio, lo que redundará en una mejor
distribución, desde el punto de vista territorial, de las cargas de los juzgados laborales.
[Resalta la Sala].
Así las cosas, los «juzgados municipales de pequeñas causas y competencia
múltiple» a que alude el artículo 12 del CPTSS fueron creados por el Consejo Superior
de la Judicatura como juzgados laborales municipales de pequeñas causas o
juzgados de pequeñas causas laborales con la finalidad de conocer los asuntos
laborales y de seguridad social que regula ese estatuto.
Bajo este escenario, se concluye que los juzgados promiscuos municipales carecen
de competencia para conocer los litigios laborales y de seguridad social a que se
refiere el CPTSS. Esta tesis se acompasa con el criterio de la Corte Constitucional
según el cual «en aquellos lugares en los que no existan jueces de pequeñas causas
y competencia múltiple, el competente es el juez laboral del circuito».47
47 Auto 452 del 18 de julio de 2018.
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Por lo tanto, no es posible predicar una afinidad funcional entre los jueces promiscuos
municipales y los jueces de pequeñas causas laborales.
Además, contrario a lo sostenido por la parte demandada, dicha afinidad no deviene
por el hecho de que los jueces promiscuos municipales puedan conocer de acciones
de tutela relacionadas con asuntos laborales, pues se trata de un trámite subsidiario
cuyo objetivo es proteger derechos fundamentales48 y todos los jueces del país
pueden conocer del mecanismo de amparo, pero ello no desdibuja la existencia de
especialidades y jurisdicciones. Al respecto, esta Subsección explicó lo siguiente:49
[…] la competencia en tutela no determina la afinidad funcional entre juzgados
promiscuos municipales y de pequeñas causas laborales, ya que esta se determina de
acuerdo con las disposiciones en materia de competencia que se encuentran tanto en
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en los diferentes Códigos
Procesales.
En este orden de ideas, se reafirma que los estatutos procesales no les asignaron
competencias en asuntos laborales a los jueces promiscuos municipales, por ende, si
llegan a conocer de tales materias será en razón a la necesidad de proteger un
derecho fundamental, conforme lo haría cualquier otro juez sin importar su categoría
o especialidad.
Tampoco puede prosperar el argumento de la parte accionada en el sentido de que
los jueces promiscuos municipales conocen de declaraciones extra juicio y son
comisionados para practicar pruebas en procesos laborales, pues se trata de
actuaciones residuales y de ninguna manera pueden confundirse con una atribución
expresa del legislador en materia laboral como la que hace el CPTSS para los juzgados
municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, civiles del circuito, laborales
del circuito y las Salas Laborales de los Tribunales Superiores y de la Corte Suprema
de Justicia.
48 Artículo 86 de la Constitución Política.
49 Auto del 17 de noviembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017).
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Así las cosas, no puede predicarse una afinidad funcional entre los jueces promiscuos
municipales y los jueces de pequeñas causas laborales; por lo tanto, no se cumple
con uno de los presupuestos establecidos por el artículo 134 de la Ley 270 de 1996
para que proceda el traslado de esos funcionarios judiciales.
En consecuencia, la Sala anulará la expresión «pequeñas causas laborales»
contenida en el artículo 24 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, pues el Consejo
Superior de la Judicatura habilitó el traslado de los mencionados servidores sin
atender al requisito de la afinidad funcional, por lo que contravino el mencionado
mandato legal.
2.6. La condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18850 del CPACA.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en
consonancia con el requisito de afinidad funcional que instituyó el legislador para
viabilizar el traslado de los servidores judiciales, se concluye que debe anularse la
expresión «pequeñas causas laborales» contenida en el artículo 24 del Acuerdo
PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
50 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
25
Radicación: 11001-03-25-000-2017-00821-00 (4363-2017)
Demandante: Hernán Darío Torres Carrascal
F A L L A:
Primero. Declarar la nulidad de la expresión «pequeñas causas laborales»
contenida en el artículo 24 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de
2017, «por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores
judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia», expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Reconocer personería al abogado César Augusto Contreras Suárez como
apoderado de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en los términos y para los efectos del poder que obra en la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
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