Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00954-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00954-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00954-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
4 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2017-00954-00 (4982-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Flor Alba Díaz Díaz
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, IBL Rama Judicial
SENTENCIA
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala de
Descongestión, Sección Primera, de 27 de mayo de 2004, que, en única instancia,
accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
La UGPP, a través de apoderado judicial, interpuso acción de revisión en contra de la
providencia indicada en el párrafo precedente, para lo cual invocó las causales contenidas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de
sentencias ejecutoriadas cuando, por medio de estas, el derecho se reconoce con
«violación al debido proceso» o «(...) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.1
En virtud de estas, pidió revocar (infirmar) la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y declarar que «existió falta de legitimación en la causa (...) pues Cajanal
EICE en Liquidación no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la
1 Folio 237 de la acción de revisión.
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Demandante: UGPP
demanda, habida cuenta de no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos
que se recaudan para la Seguridad Social en salud».2
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad accionante señaló los siguientes:
i) La señora Flor Alba Díaz nació el 15 de junio de 19463 y prestó sus servicios al Estado,
en las siguientes entidades y periodos: (i) en la Rama Judicial, desde el 24 de febrero de
1975 hasta el 15 de agosto de 1976, y del 1 de mayo de 1980 al 20 de agosto de 1997; (ii)
en la Procuraduría General de la Nación, desde el 20 de agosto de 1997 hasta el 20 de
abril de 2001, y su último cargo fue el de procuradora 161 judicial II penal.4
ii) El 23 de enero de 2001, mediante la Resolución 000558, la extinta Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal) le reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación, en
cuantía de $ 3.113.488,71, efectiva a partir del 1 de mayo de 2000 y condicionada al retiro
definitivo del servicio. Lo anterior, teniendo en cuenta «el 75% del promedio de lo
devengado sobre el salario promedio de 6 años 1 mes conforme a lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100/93 y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte
Constitucional (...)».5
iii) El 3 de febrero de 2001, la señora Díaz interpuso recurso de apelación contra el
anterior acto administrativo, a fin de que le fuera reliquidada su pensión con la inclusión
de todos los factores salariales que percibió en su último año de servicios, en aplicación
de los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, en concordancia con el artículo 1 de la Ley
33 de 1985 y el artículo 4 del Decreto 2527 de 2000.6
iv) El 6 de junio de 2001, a través de la Resolución 0002720, Cajanal reliquidó la pensión
de la señora Díaz y aumentó su mesada a la suma de $ 3.789.431,78 «por nuevos
tiempos y factores», pero sin tener en cuenta las primas de servicios, vacaciones y
navidad, porque «el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994» no los contempla como
factores.7
v) El 10 de septiembre de 2001, la señora Flor Alba Díaz, por conducto de apoderado,
promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra Cajanal EICE en
Liquidación, con el ánimo de obtener la nulidad de las resoluciones 000558 del 23 de
enero de 2001 y 002720 del 6 de junio de 2001; y, como restablecimiento del derecho, la
reliquidación de su pensión de vejez conforme al Decreto 546 de 1971, en monto igual al
75% de la asignación mensual más elevada por ella devengada en el último año de
servicio e incluyendo los factores salariales previstos en el artículo 12 del Decreto 717 de
1978.
2 Folio 238 de la acción de revisión.
3 Conforme a la copia simple de su Cédula de Ciudadanía, visible en el folio 23 de la demanda de revisión.
4 Según la Resolución 0558, de 23 de enero de 2001, expedida por Cajanal, folios 30 y 31 ibídem.
5 Folios 30 y 31 ibídem.
6 Folios 33 y 34 ibídem.
7 Folios 38 al 43 ibídem.
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Demandante: UGPP
vi) El 27 de mayo de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala de Descongestión, en única instancia,8 accedió a las pretensiones de la
demanda.
vii) El 31 de mayo de 2005, la extinta Cajanal, en cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expidió la Resolución 2993, a través de la cual,
reliquidó la pensión de la señora Díaz, por nuevos factores salariales, y elevó la suma de
la mesada a $ 5.720.000, con efectividad a partir del 1 de agosto de 2001.9
viii) El 10 de octubre de 2005, mediante la Resolución 6678, Cajanal modificó la
Resolución 2993, y aumentó el monto pensional a $6.293.986,71, con efectos desde el 1
de agosto de 2001.10
ix) El 3 de enero de 2006, Cajanal expidió la Resolución 0061, por medio de la cual
revocó la Resolución 6678 de 2005 y modificó la Resolución 2993 de 2005, en el sentido
de corregir la mesada pensional de la señora Díaz, para elevarla a la suma de $
7.213.665, con efectos a partir del 1 de agosto de 2001, «en cumplimiento del fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca». Además, dentro del acto
administrativo, la entidad señaló lo siguiente: «No obstante lo anterior, habida cuenta de la
forma en que fue redactada la orden impartida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el sentido que sea incluido el factor salarial Bonificación por Servicio,
procederá este Despacho a incluir el valor total del mencionado factor, aun cuando, se
reitera, no se comparte tal premisa, por cuanto hacerlo de tal manera, implica que se
reconozca la totalidad de un valor que fue devengado por la recurrente para el término de
doce (12) meses, y no para un solo mes (…)».11
1.1.3. La sentencia objeto de revisión12
Se somete a revisión la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala de Descongestión, Sección Primera, de 27 de mayo de 2004, que en única
instancia,13 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
señora Flor Alba Díaz Díaz contra Cajanal EICE en Liquidación, accedió a las
pretensiones de la demanda. Los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión fueron
los siguientes:
i) La demandante es beneficiaria del régimen de transición, toda vez que a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años de edad y
«aproximadamente con 16 años de servicio»; por lo que tiene derecho a que su pensión
se reconozca y liquide bajo las condiciones del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y del
artículo 12 del Decreto 717 de 1978.
ii) De conformidad con las pruebas allegadas al proceso (folio 99), se tiene que la
asignación mensual más elevada que devengó la demandante en el último año de servicio
corresponde a la del empleo de procuradora 161 judicial II Penal, código OPJ-ES, y los
8 Por razón de la cuantía, de conformidad con el Decreto 597 de 1988. F. 167 del Cuaderno 5 ordinario.
9 Folios 223 al 225 de la acción de revisión.
10 Folios 110 al 112 de la acción de revisión.
11 Folios 114 al 116 ibídem.
12 Folios 145 al 160 del cuaderno 5 ordinario.
13 Por razón de la cuantía, de conformidad con el Decreto 597 de 1988. F. 167 del Cuaderno 5 ordinario.
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Demandante: UGPP
emolumentos recibidos fueron asignación básica, gastos de representación, prima
especial de servicios, bonificación por compensación, bonificación por servicios y, en
forma proporcional, las primas de vacaciones, servicios y Navidad.
iii) El ente de previsión debe calcular la pensión sobre el 75% de la asignación básica
mensual más elevada devengada por la señora Díaz Díaz en su último año de servicio,
teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos en ese mismo periodo. A este
respecto, se aplicó el criterio del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21
de septiembre de 2000, radicado 0470-1999, consejero ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
iv) Como consecuencia de la declaración de nulidad, Cajanal debe liquidar la pensión de
vejez de la demandante «(...) aplicando el 75% a la asignación mensual más elevada
devengada entre el 31 de julio de 2000 y el 31 de julio de 2001, incluyendo todos los
factores salariales certificados, tales como prima especial de servicios, bonificación por
compensación, bonificación por servicios y, en forma proporcional, la prima de
vacaciones, prima de servicios y prima de Navidad, a partir de la fecha del retiro del
servicio es decir 1 de agosto del 2001 (...)».
La sentencia cobró ejecutoria el día 27 de agosto de 2004.14
1.1.4. Las causales de revisión invocadas
La UGPP considera que la providencia objeto de revisión está incursa en las causales de
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de una
sentencia judicial cuando a) «(…) el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso», y b) «(…) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 15 Lo
anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:
i) El desconocimiento del debido proceso se origina por la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación (hoy UGPP),
puesto que esa entidad no era «la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que
se recaudaban para la Seguridad Social en Salud».
ii) La cuantía de la reliquidación pensional excede lo debido de acuerdo con la ley, toda
vez que la sentencia objeto de revisión transgrede la Ley 100 de 1993, el Decreto 546 de
1971 y el Decreto 1158 de 1994, en razón a que se aparta del tenor literal de las normas
aplicables en relación con el ingreso base de liquidación que se debe tomar para el
cálculo de la prestación, con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de
acuerdo con la interpretación que al respecto ha dado la Corte Constitucional.
iii) (…) frente al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
ordenó liquidar la pensión de vejez incluyendo la bonificación por servicios y mediante
los actos administrativos de cumplimiento, particularmente, el último de reliquidación
14 Según el Oficio 1099 de 27 de septiembre de 2004, de la Secretaría General Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, obrante en el folio 170 del cuaderno 5 ordinario.
15 Folios 237 de la acción de revisión.
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Demandante: UGPP
Resolución No. 0061 del 3 de enero de 2006, en donde se incluyó el factor salarial al
100%, se puede determinar que el mismo se aparta de las normas que rigen el sistema
pensional, en virtud a que dicha bonificación se reconoce y paga al empleado cada vez
que cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial, es decir, es anual, y
por tanto su cómputo para determinar el ingreso base de liquidación de la mesada
pensional, debió y debe ser, correspondiente únicamente a una doceava (1/12) parte
del mencionado factor salarial».16
vi) El restablecimiento del derecho ordenado en la providencia excede lo debido de
acuerdo con la ley, al haber accedido a una reliquidación pensional en contravía de lo
dispuesto por la Ley 100 de 1993, pues si bien «es indiscutible que el régimen especial
contemplado en el Decreto 546 de 1971 le es aplicable a la interesada (...)», debe tenerse
en cuenta lo establecido recientemente por la Corte Constitucional en la sentencia SU-230
de 2015, según la cual el ingreso base de liquidación (IBL) no hace parte de la transición.
v) La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca atenta contra la sostenibilidad
fiscal del Estado, comoquiera que el reconocimiento pensional no atendió debidamente al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a los precedentes vinculantes de la Corte
Constitucional respecto de la forma de liquidar el ingreso base de liquidación de las
personas sujetas al régimen de transición, en concreto, a la sentencia de la Corte
Constitucional C-258 de 2013, que declaró la inexequibilidad de los apartes «durante el
último año y por todo concepto, contenidas en el inciso 1 del artículo 17 de la Ley 4 de
1992 (...)».
1.2. Contestación a la acción de revisión17
Mediante escrito de 8 de julio de 2019, la señora Flor Alba Díaz, por conducto de su
apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó desestimar la acción de
revisión impetrada por la UGPP, con base en las siguientes razones:
i) Las causales invocadas por la UGPP resultan infundadas, toda vez que la sentencia,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las
resoluciones demandadas y ordenó la reliquidación de su pensión, se profirió en armonía
con la normativa y la jurisprudencia vigentes, por lo que no existe ningún motivo para que
se admita el análisis o la modificación de una sentencia ejecutoriada.
ii) Tanto la pensión como la reliquidación ordenada con la sentencia constituyen un
derecho adquirido de forma suficiente; no con abuso o fraude a la ley, pues, como quedó
probado dentro del proceso ordinario, la señora Díaz obtuvo su derecho de conformidad
con la ley vigente y cumpliendo todos los requisitos legales, bajo la convicción de estar
actuando de buena fe.
iii) «En el caso concreto, la Bonificación Especial para obtener el promedio de lo
devengado en los últimos seis (6) meses para la pensión de los funcionarios de la
Contraloría General de la República, debe aplicarse la misma solución a la pensión de los
funcionarios de la Rama Judicial, es decir, que la Bonificación por servicios que se causa
16 Negrillas fuera del texto.
17 Folios 280 al 291 ibídem.
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y se paga en un año, para efectos del cálculo de la asignación más alta del último año,
debe estimarse en un 100%, como lo han definido los distintos tribunales contenciosos
administrativos del país».
iv) Como excepciones, propuso las de caducidad de la acción e innominada. La primera,
porque el plazo de los cinco años, previsto por el artículo 251 del CPACA para las
causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, vencía el 11 de junio de 2009; la segunda,
la que se llegue a demostrar en el transcurso del proceso y el juez declare de oficio.
v) Por último, al caso no debe aplicarse la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, toda vez que en ella se dispuso que los casos en que ha operado la cosa juzgada,
como el presente, son inmodificables en virtud del principio de la seguridad jurídica.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La demanda, que en ejercicio de la acción de revisión ocupa la atención de la Sala, fue
interpuesta el 4 de diciembre de 2017,18 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),19 por lo que esta
corporación es competente para conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 249 ejusdem20. Asimismo, atendiendo al criterio de especialización,
por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la
que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso
extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de
2019.21
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de
Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que
hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza (…) a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación».22
2.1.2. Legitimación
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, consideró que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
18 Folio 258 de la acción de revisión.
19 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
20 «Artículo 249. Competencia. […]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
21 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
22 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP
como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las
cuales se haya incurrido en un abuso del derecho.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas
Especiales de Decisión,23 ha admitido expresamente que la UGPP está habilitada para
adelantar esta clase de procesos. Adicionalmente, es conveniente resaltar que, según el
numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013,24 la UGPP tiene competencia para
adelantar o asumir acciones de esta naturaleza.
2.1.3. Oportunidad
La UGPP invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En ese sentido, puesto que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 27 de agosto de 2004,25 y la
acción especial de revisión se interpuso el 4 de diciembre de 2017,26 la demanda, a priori,
estaría fuera del término de los dos años establecido por el artículo 187 del CCA para
estos eventos.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, en la sentencia
SU-427 de 2016, determinó que el plazo para acudir a la revisión de las decisiones
judiciales, por las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debía
contabilizarse a partir del momento en que la UGPP asumió la defensa judicial de los
asuntos a cargo de Cajanal, esto es, el 12 de junio de 2013 (fecha en la cual inició la
sucesión procesal entre estas dos entidades), la presente demanda se encuentra dentro
del término previsto por la señalada providencia. De ahí que no se configure la caducidad
de la acción propuesta por la parte demandada.
2.1.4. Cuestión previa
Si bien, dentro del apartado jurisprudencial de la acción especial de revisión, la UGPP trae
consideraciones de la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013 relacionados
con «los topes pensionales», lo cierto es que no sustenta la configuración de las causales
en ese aspecto; pues su pretensión solamente está encaminada a discutir la orden del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca de incluir, en la reliquidación pensional de la
señora Flor Alba Díaz, la bonificación por servicios en un 100%. Por este motivo, la Sala
advierte que centrará el examen del presente asunto, únicamente, sobre esta última
cuestión.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de
julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
24 «Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) cumplirá con las siguientes funciones: […] 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen. […]»
25 Según el Oficio 1099 de 27 de septiembre de 2004, de la Secretaría General Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, obrante en el folio 170 del cuaderno 5 ordinario.
26 Folio 258 de la acción de revisión.
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2.2. Problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala de Descongestión, Sección Primera, de 27 de
mayo de 2004, está inmersa en las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la revisión cuando el derecho al reconocimiento
pensional se ha obtenido con «violación al debido proceso» o «Cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 200327 estableció la posibilidad de revisar las providencias
judiciales que hubieran decretado (o decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las
siguientes circunstancias:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <APARTES TACHADOS INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.12
Como puede observarse, si bien el precepto jurídico transcrito indica que la acción de
revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión, actualmente regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es
que presenta ciertas particularidades que han sido advertidas y señaladas tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, de la siguiente
manera:
27 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
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Demandante: UGPP
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de
providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, como los
autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de
acuerdos, tales como los de transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20 de la
Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del
tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así
como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) No se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate jurídico sobre el
derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos
concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal
b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor
mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica, por lo que constituyen una
excepción que solo debe admitirse frente a un fin legítimo, como lo es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró28 que el recurso extraordinario de
revisión procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el
restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general
de la cosa juzgada».
En definitiva, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el
legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por
ende, la acción especial que en este caso se impetra.
28 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto
pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la
acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia,
pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin
último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
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2.3.2. Las causales de revisión invocadas
La entidad demandante invocó como sustento de la acción de revisión las causales
previstas en el los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor
señalan lo siguiente:
Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública.
[…]
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Sobre el particular, cabe recordar que en la exposición de motivos 29 de la Ley 797 de
2003, que introdujo en el ordenamiento la acción de revisión, se precisó que el propósito
de las causales de revisión era contrarrestar los graves casos de corrupción que se
estaban presentando en los reconocimientos pensionales en todo el país, de manera que
se evitaran los perjuicios que por esta razón sufriera el erario. La siguiente fue la
explicación sobre el particular:
Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la
posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones
que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la
ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente
otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. (Resalta la Sala)
Al respecto, esta corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste
en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control,
de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)».30 Adicionalmente, la jurisprudencia de esta
Subsección considera que el objeto de la citada norma «(...) consistió en incluir causales
cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las
pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario».31
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
extendió la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos
eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez
determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadren
en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún
29 Publicada en la Gaceta del Congreso No. 428 del 11 de octubre de 2002
Véase también: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/xp_exm_l0797003.htm#Art%C3%ADculos%2020%20y%2021
30 Así en la sentencia del 5 de diciembre de 2017, proferida por la Sala Cuatro Especial de Decisión, radicado 2017-
01529 (REV), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-00845-00
(2743-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
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caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias
ordinarias o subsanar falencias de la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente,
se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no
corresponda a lo previsto y ordenado en la ley aplicable.
En relación con la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la
Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen.32 Sin embargo, si lo
planteado por el recurrente es que la sentencia objeto de revisión excede lo debido de
acuerdo con la ley, su examen se debe realizar en el marco de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Adicionalmente, conviene recordar que no cualquier ente fue legitimado para incoar la
acción, sino que esta se limitó a unos cuantos, entre ellos: el Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. Sin embargo, el
numeral 633 del artículo 6 del Decreto 575 de 201334 atribuyó a la UGPP la competencia
para iniciar acciones de tal naturaleza.
2.3.3. Efectos de la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de
2020, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020,35 la
Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en interés de unificar su
jurisprudencia respecto de los criterios interpretativos del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a la aplicación del régimen especial de los servidores y exservidores de la
Rama Judicial y del Ministerio Público, cobijados bajo el Decreto 546 de 1971, estableció
las siguientes reglas:
El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho
a la pensión, siempre que:
i) Para el 1.o de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el
ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito
territorial, tenga: a) 40 años de edad si hombre, 35 años de edad si es mujer o; b)
15 años o más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.o del Decreto 546 de 1971 para
consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si
es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o
discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar
el 16 de julio de 1971; 296 c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo
32 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2018-01884-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
33 «6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas
que la adicionen o modifiquen».
34 «Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias».
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de unificación de 11 de junio
de 2020; radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).
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hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades.
En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la siguiente manera:
iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.o del
Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es
hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores
o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo
menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el
ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la
Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con
base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para
adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante
todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC
certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4a.
de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998;
1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900
de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o
empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público.
Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta corporación, según la
Constitución Política,36 la ley y la Corte Constitucional,37 tiene fuerza vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone tiene características de permanencia, identidad y obligatoriedad. En virtud de ello,
la Sala de la Sección Segunda estableció como efectos de la mentada decisión, los
siguientes:
Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
cual replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia
ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia
diferente a la ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada,
sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del
CPACA. (Resalta la Sala)
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020 se aplican a todos los casos pendientes de solución,
tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones ordinarias. En
consecuencia, solo se excluyen aquellos asuntos pendientes de resolver en recurso
extraordinario, ya que para salvaguardar el principio de la seguridad jurídica, los efectos
de la citada providencia no operan respecto de situaciones definidas y que hicieron
tránsito a la cosa juzgada; es decir, que ante una sentencia ejecutoriada prevalece el
carácter de cosa juzgada.
36 Constitución Política, Articulo 237, ordinal 1.
37 Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
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2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.4.1. De la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
De acuerdo con lo manifestado por la entidad demandante, esta causal se encuentra
configurada debido a que, al no ser la destinataria ni depositaria de los recursos que se
recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en salud, Cajanal carecía de
legitimación en la causa por pasiva en relación con la orden de reliquidación del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, lo cual implica el desconocimiento de su derecho al
debido proceso.
Al respecto, se debe advertir que las resoluciones 000558 del 23 de enero de 2001 y
002720 del 6 de junio de 2001, a través de las cuales se reconoció y reliquidó la pensión
de vejez de la señora Flor Alba Díaz, fueron expedidas por la extinta Cajanal, por lo que
es claro que las pretensiones que se plantearon contra las decisiones allí contenidas
debía soportarlas esa misma entidad. Adicionalmente, el Decreto 65 de 15 de enero de
200438 preveía expresamente que a esa caja de previsión le correspondía, entre otras
funciones, la de «[e]fectuar el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en
los términos establecidos por la ley» (numeral 5 del artículo 2).39
Sumado a lo anterior, cabe señalar que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 1100123250102001815300, que dio origen a la sentencia que
hoy se somete a revisión, no se debatió lo relativo al recaudo de las cotizaciones
obligatorias para el sistema integral de la Seguridad Social en salud; por lo tanto, no sería
del resorte de esta demanda extraordinaria entrar a discutir si Cajanal era la destinataria o
depositaria de los recursos que se recaudaban para el mencionado sistema.
Así las cosas, comoquiera que la Sala no advierte la vulneración del derecho al debido
proceso que se invoca, pues la extinta Cajanal sí estaba legitimada para comparecer al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2001-8153-01 como parte demandada,
se declarará infundada la acción de revisión frente a la causal prevista en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En definitiva, no se configura la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, en la sentencia impugnada en vía extraordinaria, toda vez que la falta de
legitimación en la causa por pasiva, que la hoy demandante acusó como violatoria del
derecho al debido proceso, no se presentó.
38 «Por el cual se modifica la estructura de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial y Comercial
del Estado».
39 En providencia de 21 de junio de 2018, la subsección A de la sección segunda de esta Corporación, C. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, expediente 11001-03-25-000-2013-00901-00 (1953-2013), desató idéntica discusión en los
siguientes términos: «[…] como el acto administrativo que se acusó en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho […] fue expedido por el líder de Grupo de Nómina de Pensionados de la Caja Nacional de Previsión Social, era
esta la autoridad administrativa que estaba llamada a fungir como demandada en el aludido proceso.
Adicionalmente, la competencia para realizar las deducciones de la mesada pensional por concepto de las cotizaciones
obligatorias […], entre ellas, el aporte destinado al Sistema de Seguridad Social en Salud, fue encomendada, en su
momento, a la Caja Nacional de Previsión Social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2, numeral 5, del Decreto 65 de
2004 […]».
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2.4.2. De la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Como se indicó en el apartado de antecedentes, en el presente asunto se somete a
revisión la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala de Descongestión, Sección Primera, de 27 de mayo de 2004, a través de la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la señora Flor Alba Díaz Díaz contra la extinta Cajanal.
En la providencia, el órgano colegiado consideró que a la demandante le resultaba
aplicable, para efectos de su liquidación pensional, la normativa anterior de manera
inescindible, esto es, el Decreto 546 de 197140 y el Decreto 717 de 1978,41 en cuya virtud,
la pensión de vejez pretendida se debía liquidar con el 75% de la asignación más elevada
devengada en el último año de servicios y con la inclusión de la totalidad de los factores
salariales percibidos en ese mismo periodo.
Frente a ello, la ahora recurrente (UGPP) discrepa de tales conclusiones, pues sostiene
que la decisión del tribunal desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015), según la cual a los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo debía tenerse
en cuenta la edad, el tiempo de servicios y el monto salarial, ya que todas las demás
condiciones y requisitos aplicables a las personas que se encuentran amparadas por el
mencionado precepto, entre ellos el IBL, se rigen por las disposiciones contenidas en
dicha ley y en el Decreto 1158 de 1994. Además, porque el factor bonificación por
servicios, incluido por el tribunal en un 100% en la orden de reliquidación, debió
reconocerse en una doceava parte (1/12), por ser un emolumento devengado por la
demandada en un período de 12 meses.
Establecido lo anterior, la Sala encuentra procedente abordar el análisis de la acción de
revisión interpuesta por la UGPP, comoquiera que fue formulada (i) con fundamento en
una de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y (ii) contra una
sentencia ejecutoriada, que puso fin a un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.42
Siendo así las cosas, luego de examinarse los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub
lite, la Sala encuentra mérito suficiente para declarar parcialmente fundada la acción de
revisión, de conformidad con las siguientes razones:
En primer lugar, la Sala debe precisar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
tomando como sustento la otrora jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en particular, la sentencia del 21 de septiembre de 2000, radicado interno 0470-
1999 y consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, determinó que la entonces
demandante «(...) está sometida al Decreto 546 de 1971, que (...) prevé que la pensión
será equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada del último año de servicio
(...)», y con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en forma habitual y
40 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.»
41«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente a dichos cargos, y se
dictan otras disposiciones.»
42 La sentencia recurrida cobró ejecutoria el día 27 de agosto de 2004.
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periódica, de conformidad con lo establecido en el Decreto 717 de 1978. Para ello, expuso
los siguientes motivos:
Se puede concluir que la liquidación de la pensión de la demandante debe realizarse
atendiendo lo ordenado en el artículo 6º del decreto ley 546 de 1971 (sic), tomando el 75%
de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio, tal como lo solicitó en la demanda, periodo que comprende desde el 8 de marzo
de 2000 al 8 de marzo de 2001, toda vez que la petición de reconocimiento la presentó en
esta fecha, es decir, el 8 de marzo de 2001, de donde se entiende que allí se presentó el
corte para el reconocimiento, sin perjuicio que si continuó laborando, se realizará una
nueva reliquidación para actualizar la mesada con el salario más elevado en el año anterior
al retiro definitivo.
[…]
De las pruebas documentales allegadas al proceso, se tiene que la asignación mensual
más elevada que devengó la demandante en el último año de servicio, corresponde a la
del empleo Procuradora 161 Judicial II Penal, código OPJ-ES, y los emolumentos recibidos
corresponden a la asignación básica, gastos de representación, prima especial de
servicios, bonificación por compensación, bonificación por servicios, y en forma
proporcional la prima de vacaciones, prima de servicios y prima de Navidad factores que
integran el salario mensual o asignación mensual más elevada sobre los cuales debe
liquidarse que el 75%.
En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones disímiles
respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable a las personas
beneficiarias del régimen de transición allí previsto. Sin embargo, la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Consejo de Estado, en la Sentencia CE-SUJ-S2-021-20,
de 11 de junio de 2020,43 unificó su jurisprudencia y estableció, como una de las reglas
para el reconocimiento pensional de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, los
factores de liquidación contemplados por el articulo 1 del Decreto 1158 de 1994 y otros
cuya incidencia pensional está expresamente señalada en normas aplicables a los
funcionarios y servidores de la Rama Judicial.
No obstante lo anterior, en la citada sentencia también se estableció que, en procura de la
protección del principio de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada, las reglas
jurisprudenciales en ella fijadas no serían exigibles para aquellas situaciones ya resueltas
en las instancias ordinarias, por lo que debían excluirse de su ámbito de aplicación los
asuntos que se encontraran por resolver mediante el recurso extraordinario de revisión.
En tercer lugar, en función de la finalidad de la Ley 797 de 2003 (a la que se hizo mención
en el marco normativo de esta providencia), la Sala tiene el deber jurídico de examinar si
se excede lo debido en el reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Flor
Alba Díaz.
Por ello, al efectuarse el respectivo análisis de las pruebas, se observa que en la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación y sobre la cual hay cosa
juzgada, el tribunal aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo como
fundamento los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, con una tasa de retorno del 75% y
43 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de unificación de 11 de
junio de 2020; radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).
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la inclusión de todos los factores percibidos en el último año de labores: asignación
básica, gastos de representación, prima especial de servicios, bonificación por
compensación, bonificación por servicios y, en forma proporcional, la prima de
vacaciones, la prima de servicios y la prima de Navidad. En ese sentido, la Sala corrobora
que los mencionados factores salariales fueron debidamente acreditados por el tesorero y
el jefe de División de Gestión Humana, de la Procuraduría General de la Nación, mediante
la Certificación núm. 0202, obrante en el folio 99 del proceso ordinario.
Finalmente, respecto del presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es preciso señalar que no resultan aplicables las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015, en razón a que son providencias proferidas con posterioridad al
fallo recurrido (de 27 de mayo de 2004) y, por lo tanto, no admiten su invocación como
precedente jurisprudencial.
De igual modo, conviene recordar que para la época de expedición de la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Corte Constitucional, a través de sus salas
de revisión de tutelas,44 consideraba que las pensiones también se liquidaban según las
normas anteriores, incluso en los casos de servidores de la Rama Judicial.
2.4.2.1. De la bonificación por servicios prestados
No obstante lo hasta aquí expuesto, teniendo en cuenta que en la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se ordenó la inclusión, como factor salarial, de la
bonificación por servicios prestados en un 100% (porcentaje respecto del cual, a pesar de
no estar conforme la extinta Cajanal en la Resolución 0061 del 3 de enero de 2006,
procedió a incluirlo en tal forma en la reliquidación pensional de la hoy demandada), la
Sala considera que le asiste razón a la entidad accionante cuando sostiene que el
reconocimiento de ese emolumento debió efectuarse en una doceava parte, y no como lo
dispuso el órgano colegiado, en atención a los siguientes motivos:
En primer lugar, la bonificación por servicios prestados fue creada a través del Decreto
1042 de 1978, «por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los
empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se
fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras
disposiciones», así:
Artículo 45. De la bonificación por servicios prestados. A partir de la expedición de
este Decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que
se refiere el artículo 1.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año
continuo de labor en una misma entidad oficial.
Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el
artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para
44 A este respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-651-04. En la última citada, la Corte Constitucional consideró:
«Así mismo, ha dicho la Corte que el monto de la pensión corresponde al 75% de la asignación mensual más elevada
devengada en el último año de servicios, sin que le sea dable al fondo de pensiones aplicar dicho porcentaje sobre una
base de liquidación distinta a la anotada en el decreto, puesto que ambos componentes, base y porcentaje, son
inseparables.»
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efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de
continuidad en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva
posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y
no será acumulativa. (Negrillas fuera del texto).
Por su parte, el artículo 46 ejusdem determinó la cuantía de la aludida bonificación, en los
siguientes términos:
Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación
por servicios prestados será equivalente al veinticinco por ciento de la asignación básica
que esté señalada por la ley para el cargo que ocupe el funcionario en la fecha en que se
cause el derecho a percibirla.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio.
Cuando el funcionario perciba los incrementos de salario por antigüedad a que se refieren
los artículos 49 y 97 de este Decreto, la bonificación será equivalente al veinticinco por
ciento del valor conjunto de la asignación básica y de dichos incrementos. (Negrillas fuera
del texto)
En segundo lugar, la aludida bonificación se consagró como factor de salario para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del ministerio público en virtud de lo
dispuesto en el artículo 1° del Decreto 247 de 1997, así:
Artículo 1. Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación,
Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales de la
Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en los
mismos términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-ley 1042
de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a
partir del 1º de enero de 1997.
La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de
determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones,
auxilio de cesantía y pensiones. (Negrillas fuera del texto)
Como se desprende de las disposiciones normativas analizadas, el reconocimiento de la
bonificación por servicios prestados procede cada vez que el empleado cumple un año de
servicios, lo cual significa que el valor que se percibe por ese concepto remunera 1 año o
12 meses de servicio y, por ende, debe incluirse como factor de liquidación pensional tan
solo en una doceava (1/12) parte, y no en un 100 %, pues, considerar lo contrario, no solo
desconoce el período que se pretende remunerar con su reconocimiento, sino que vulnera
el principio de sostenibilidad presupuestal del sistema pensional, como lo ha entendido,
de manera reiterada y pacífica, la jurisprudencia de esta corporación.45
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 29 de junio de 2006, Rad. 2000-02396-01, C.P. Tarsicio Cáceres
Toro; sentencia de 8 de febrero de 2007, Rad. 2003-06486-01, C.P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 14 de agosto
de 2008, Rad. 2005-03346-01, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; sentencia de 27 de febrero de 2014, Rad. 2010-
00405-01, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Paéz; sentencia de 9 de noviembre de 2017, Rad. 2012-00816-02, C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de 10 octubre de 2019, Rad. 2013-00330-01, C.P. César Palomino Cortés;
sentencia de 5 de noviembre de 2020, Rad. 2017-00297-00, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia de 18 de
noviembre de 2020, Rad. 2015-00071-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, entre otras.
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Así las cosas, dado que la decisión objeto de revisión ordenó la inclusión de la
bonificación por servicios prestados por la hoy accionada en un porcentaje del 100%, en
contravía de la jurisprudencia de esta corporación y de los artículos 45 y 46 del Decreto
1042 de 1971, que en virtud de su causación anual establecen una liquidación para el
cómputo de la pensión en una doceava (1/12) parte, en el presente asunto se configuró el
reconocimiento de un derecho que excede lo debido de acuerdo a la ley, lo que se
encuadra en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por los anteriores motivos, la Sala considera procedente declarar fundada la acción de
revisión, pero solo en lo que a dicha pretensión respecta; en consecuencia, infirmará
parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de 27 de mayo de
2004, y proferirá la siguiente decisión de reemplazo:
2.5. Sentencia de reemplazo
La Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia
del 27 de mayo de 2004, accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la
señora Flor Alba Díaz Díaz contra la extinta Cajanal, al encontrar acreditado que la
demandante, dentro del proceso ordinario, era beneficiaria de la transición de la Ley 100
de 1993 y, por tanto, el sistema anterior que le resultaba aplicable era el previsto por el
Decreto 546 de 1971.
En ese sentido, el tribunal ordenó a favor de la señora Díaz la reliquidación de la pensión,
que le fue reconocida por la Resolución 000558 de 23 de enero de 2001, teniendo en
cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada percibida por aquella en el último
año de servicios (del 31 de julio de 2000 al 31 de julio de 2001), incluyendo todos los
factores salariales certificados, tales como «prima especial de servicios, bonificación por
compensación, bonificación por servicios y, en forma proporcional, la prima de
vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, a partir de la fecha del retiro del
servicio es decir 1 de agosto del 2001 (...)».
Pues bien, de acuerdo con lo expuesto por el ente previsional en la acción de revisión, la
Sala advierte que, por disposición judicial, a la demandada se le reliquidó la pensión con
la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados, en contravía de las
disposiciones legales y jurisprudenciales que regulan la materia, y a través de las cuales
se establece, que por ser un factor que se causa anualmente, este solo debe ser tenido
en cuenta para la liquidación del derecho pensional, en una doceava parte.
En efecto, en atención a la orden impartida por el fallo objeto de revisión, la Caja Nacional
de Previsión Social, a través de la Resolución 0061 del 3 de enero de 2006, reliquidó la
pensión de la señora Díaz Díaz y tuvo en cuenta el 100% del factor bonificación por
servicios, cuya suma, correspondiente al valor total devengado por dicho emolumento en
el último año de servicios (31 de julio de 2000 al 31 de julio de 2001), es de $1.316.105,
según consta en la certificación expedida el 10 de mayo de 2001 por el tesorero y el jefe
de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, que obra a
folio 99 del expediente.
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Demandante: UGPP
Así las cosas, dado que la ejecución de la orden impartida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia del 27 de mayo de 2004, comportó un
reconocimiento que excede lo debido de acuerdo a la ley, se hace necesario modificar la
decisión recurrida para, en su lugar, ordenar la inclusión de la bonificación por servicios
en una doceava parte (1/12), y no en un 100%.
2.5.1. De la condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA, y dado que se ventila un asunto de interés
público, pues la UGPP busca controvertir una providencia judicial que ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia con cargo al erario, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la entidad demandante.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye que
en el presente caso se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar la sentencia recurrida liquidar la pensión de la
demandada en cuantía equivalente al 75% de la asignación más alta devengada durante
su último año de servicios, con la inclusión del factor bonificación por servicios en un
100%, cuando lo procedente, según la normativa y la jurisprudencia aplicables, era su
reconocimiento en una doceava (1/12) parte. Sin condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar parcialmente fundada la acción especial de revisión por la causal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentada por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala de
Descongestión, Sección Primera, de 27 de mayo de 2004, que accedió a las pretensiones
de la demanda. Declarar infundada la causal a).
Segundo. Modificar el numeral segundo de la sentencia objeto de revisión, únicamente
en el sentido de indicar que la bonificación por servicios, cuya inclusión fue ordenada en
la referida sentencia, lo sea en una doceava (1/12) parte. En lo demás, se confirma la
decisión de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas.
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Demandante: UGPP
Cuarto. Devolver al tribunal de origen el proceso 1100123250102001815300, que fue
enviado en calidad de préstamo a esta corporación. Cumplido lo anterior, archivar el
expediente.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437
de 2011.
CBT
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