Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00142-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00142-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00142-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00142-00 (0417-2018)
Demandante: Juan Andrés Duque Ángel
Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de
Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la
Función Pública – y Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios.
Decisión: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el 21 de
septiembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, radicado: 11001-03-25-000-2018-
01101-00 (3974-2018).
1. Mediante auto del 7 de marzo de 2025, proferido por el conjuez Carlos Mario
Isaza Serrano, se ordenó remitir el expediente de la referencia al despacho de
origen para que asumiera su trámite. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 116 del CPACA, el cual señala que cuando se modifica la integración
de la Sala los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.
2. Remitido el expediente al Despacho ponente de esta decisión y ante
ausencia de causal de impedimento por parte de los integrantes de la Sala, se
procede a resolver la demanda de nulidad de la referencia.
I. ANTECEDENTES
3. Se promovió demanda contra diferentes actos administrativos, en ejercicio
de los medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrados en los artículos 137 y 138 del CPACA.
4. Mediante auto del 27 de noviembre de 2019, se escindió la demanda; ordenó
remitir copia de esta al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
conociera de las pretensiones de carácter particular, y admitió, en única instancia,
el medio de control de nulidad simple.
Pretensiones
5. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00142-00 (0417-2018)
Demandante: Juan Andrés Duque Ángel
(I) Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16; Decreto 108 de 1994 artículos
7 y 18; Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17; Decreto 108 de 1996
artículos 7 y 17; Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17; Decreto 50 de
1998 artículos 7 y 18; Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17; Decreto
2743 de 2000 artículos 8 y 17; Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
y Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16, cuyo texto común es el
siguiente:
«El treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como prima especial de servicios sin
carácter salarial […]»
(II) Decreto 3549 de 2003 artículo 15; Decreto 4180 de 2004 artículo 15;
Decreto 943 de 2005 artículo 15; Decreto 396 de 2006 artículo 15;
Decreto 625 de 2007 artículo 15; Decreto 665 de 2008 artículo 15;
Decreto 730 de 2009 artículo 16; Decreto 1395 de 2010 artículos 16;
Decreto 1047 de 2011 artículo 15; Decreto 875 de 2012 artículo 15;
Decreto 1035 de 2013 artículo 15, Decreto 205 de 2014 artículo 15,
Decreto 1087 de 2015 artículo 16; Decreto 219 de 2016 artículo 16 y
Decreto 989 de 2017 artículo 17, cuyo texto común es el siguiente:
«Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en
consecuencia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.
Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos»
Hechos y concepto de la violación
6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
7. Que el Gobierno Nacional, a través de los actos acusados, inobservó los
lineamientos previstos en la Ley 4ª de 1992 para fijar el régimen salarial y
prestacional de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
8. Que las disposiciones censuradas desconocieron el concepto de salario, la
naturaleza de las primas y vulneraron los derechos de carácter laboral, así como
los principios de progresividad, favorabilidad y no regresividad.
9. Que se vulneraron los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123,
150 numeral 19 literales e) y f), 189 numeral 11, 209, 228 y 253 de la Constitución
Política; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Convenio 95
Sobre la Protección del Salario; 4 del Protocolo de San Salvador; 152 numeral 7 de
la Ley 270 de 1996; 11, 13, 21, 127 y 128 del CST; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 de la Ley 4ª
de 1992.
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Demandante: Juan Andrés Duque Ángel
10. Que las normas demandadas desatendieron los lineamientos que prevé la
Ley 4ª de 1992 para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la
Fiscalía. Particularmente, el que dispone que en ningún caso podrán desmejorarse
los salarios y prestaciones sociales de los funcionarios.
11. Que el Gobierno Nacional excedió las facultades de configuración otorgadas
por el legislador. En primer lugar, cuando reconoció la prima especial de servicios,
entre 1993 y el 2002, como una parte integrante de la asignación básica, disminuyó
el valor de esta, y, en consecuencia, el monto de las prestaciones sociales que de
ella se derivan, desconociendo con ello la naturaleza del salario y de las primas.
Luego, al suprimirla, a partir del 2003, vulneró los derechos que le asisten a los
beneficiarios de esta, pues dejó de reconocer un emolumento que hace parte de
los rubros que los funcionarios de la fiscalía tienen derecho a percibir, según lo
dispone el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
12. Que se vulneraron los principios de i) irrenunciabilidad de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales, ii) situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del
derecho, iii) progresividad y iv) favorabilidad.
Contestaciones de la demanda
13. El Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó negar las
pretensiones de la demanda porque, según lo prevé de forma expresa la Ley 4ª de
1992, los fiscales que optaron por el régimen salarial de la fiscalía o que ingresaron
al servicio de esta con posterioridad a 1993 no tienen derecho a recibir la prima
especial de servicios.
14. Propuso como excepciones las denominadas: i) «trámite inadecuado de la
demanda», al considerar que de la nulidad de los actos generales se deriva un
restablecimiento automático en favor de la demandante y no la protección del orden
jurídico en abstracto. En razón a lo anterior, explica que la demanda presentada
inicialmente ante el Consejo de Estado con pretensiones acumuladas de nulidad y
nulidad y restablecimiento del derecho, no debió escindirse; ii) caducidad, al
considerar que la demanda de nulidad fue presentada por fuera de los 4 meses que
para el efecto prevé el CPACA, pues el último acto general fue publicado el 9 de
junio de 2017 y la demanda se radicó hasta el 6 de diciembre de 2017; iii) «cosa
juzgada material y absoluta», porque el Consejo de Estado a través de las
sentencias del 14 de febrero de 2002, 15 de abril de 2004, 15 de julio de 2004, 3
de marzo de 2005 y 13 de septiembre de 2007 declaró la nulidad de las normas
acusadas contenidas en los decretos expedidos entre 1993 al 2002, bajo el
argumento de que los fiscales no tienen derecho al pago de la prima especial del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y, iv) «genérica».
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15. El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a las pretensiones,
expresando que resulta improcedente la pretensión de nulidad, toda vez que los
actos demandados fueron proferidos conforme lo prevén el artículo 150 de la
Constitución y la Ley 4ª de 1992.
16. Que desde 1993 la prima especial ha sido reconocida en favor de los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación como un aumento de su
asignación, sin que de manera alguna se disminuya su ingreso mensual. De ahí
que no resulten aplicables las decisiones emitidas por el Consejo de Estado el 2 de
abril de 2009 y 29 de abril de 2014.
17. Formuló la excepción denominada cosa juzgada, porque los artículos
acusados de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52
de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001 y 685 de 2002
fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, a través de las sentencias del
14 de febrero de 20021, 15 de abril de 20042, 15 de julio de 20043, 3 de marzo de
20054 y 13 de septiembre de 2007.
18. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se negaran las pretensiones
de la demanda bajo el argumento de que los actos demandados fueron expedidos
con observancia de la Constitución y la Ley. El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no
previó como beneficiarios de la prima especial a los funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación.
19. Propuso la excepción denominada cosa juzgada, toda vez que el Consejo
de Estado, a través de las sentencias del 3 de marzo de 2005, 14 de febrero de
2002, 15 de abril de 2004, 15 de julio de 2004 y 13 de septiembre de 2007, declaró
la nulidad total de los actos expedidos entre 1993 y 2002, que hoy son objeto de
demanda, bajo el argumento de que los fiscales no son beneficiarios de la prima
especial por voluntad del legislador, por lo que, al incluirlos, el Gobierno Nacional
excedió sus facultades de configuración. En razón a ello, a partir de 2003 no se
incluyó la prima del 30% como un emolumento en favor de los fiscales.
20. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones
de la demanda porque, en su concepto, los actos administrativos cuestionados ya
fueron objeto de control judicial, lo cual configura el fenómeno de cosa juzgada. A
su juicio existe identidad de objeto y causa con decisiones previamente adoptadas
por la jurisdicción administrativa.
21. Señaló que, mediante sentencias del 3 de marzo de 2005, 14 de febrero de
2002, 15 de abril de 2004, 15 de julio de 2004 y 13 de septiembre de 2007, se
1 Radicado: 11001032500019990031 00 (197-99).
2 Radicado: 11001032500020010043 01 (712-01).
3 Radicado: 11001032500020020178 01 (3531-02).
4 Radicado: 110010325000199717021 01 (17021).
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anularon una serie de artículos de los decretos anuales de fijación salarial, que son
los mismos actos demandados en este caso por la parte actora.
22. Sostuvo que, conforme al artículo 189 del CPACA, la sentencia que declare
la nulidad de un acto administrativo produce efectos erga omnes, razón por la cual
no pueden prosperar nuevas acciones que pretendan reabrir el debate sobre actos
ya invalidados por sentencia ejecutoriada.
23. Propuso la excepción de cosa juzgada, solicitando que se declare la
existencia de esta figura respecto de los actos ya anulados.
Trámite en única instancia
24. Por auto del 26 de enero de 2026, se evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA; se decretaron
las pruebas; se fijó el correspondiente litigio, y se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión.
Alegatos de conclusión
25. La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda tendiente a que se declare la cosa juzgada.
26. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó estarse a lo decidido en la
sentencia del 21 de septiembre de 2002, radicado núm. 11001-03-25-000-2018-
01101-00, al considerar que las disposiciones demandadas fueron anuladas en
dicha providencia.
27. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público insistió en que los actos
administrativos acusados ya fueron objeto de control judicial, por lo que en su
criterio se encuentra configurada la excepción de cosa juzgada.
28. El Departamento Administrativo de la Función Pública guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo No. 080 de 2019, que establece el reglamento interno del Consejo de
Estado, consigna que la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos
de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
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Problema Jurídico
30. De conformidad con las pretensiones de la demanda y el objeto del litigio
fijado, en principio la Sala debería establecer si los decretos demandados fueron
expedidos de manera irregular por no tener el Ejecutivo competencia para
reglamentar dicho asunto y si lo regulado en estos actos desconoció las normas
superiores, al no otorgar carácter salarial a la prima especial creada para los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
31. Sin embargo, antes de abordar el problema jurídico planteado, la Sala
deberá analizar si conforme a lo señalado por varias de las entidades que
conforman el extremo procesal demandado, en este caso se presenta el fenómeno
jurídico de la cosa juzgada porque los actos demandados fueron declarados nulos.
Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada
32. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual las
decisiones contenidas en una providencia judicial adquieren el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Este fenómeno impide que el juez conozca de
una nueva controversia al advertir que la misma fue resuelta previamente por otra
autoridad judicial competente, mediante decisión en firme.
33. Esta figura tiene por finalidad garantizar el principio de seguridad jurídica, en
cuanto asegura la estabilidad de las decisiones judiciales, evita la reiteración
indefinida de litigios sobre un mismo asunto y delimita la competencia del juez para
emitir un nuevo pronunciamiento de mérito. En tal sentido, la cosa juzgada cumple
una función negativa, consistente en prohibir a los funcionarios judiciales conocer,
tramitar y decidir sobre lo ya resuelto, y una función positiva, orientada a dotar de
estabilidad a las relaciones jurídicas.
34. Para que una decisión judicial adquiera el carácter de cosa juzgada se
requiere: a). Identidad de partes, esto es, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que
constituye cosa juzgada. b). Identidad de causa petendi, entendida como la
coincidencia de los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada; c). Identidad de objeto, lo que implica que la
demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual
se predica la cosa juzgada.
35. El artículo 189 del CPACA dispone que: «La sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi juzgada […]». Ello implica que, una vez declarada la
nulidad de un acto administrativo, esta decisión tendrá efectos erga omnes, es
decir, que será oponible a todos, por lo que no será posible efectuar un nuevo
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pronunciamiento respecto del acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento
jurídico.
36. En el presente caso se advierte que la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado, a través de la sentencia del 21 de septiembre de 2022, emitida dentro del
proceso de nulidad simple núm. 11001-03-25-000-2018-01101 00 (3974-2018),
declaró la nulidad de los actos administrativos que son objeto de demanda en el
proceso de la referencia. Expresamente indicó:
«[…] las normas demandadas violan las normas superiores en las
cuales se debían fundar, motivo por el cual las anulará, las retirará del
ordenamiento jurídico, con efectos erga omnes, de manera que futuros
procesos contra estas mismas disposiciones deben estarse a lo aquí
resuelto.
[…]
SEGUNDO. - ANULAR las siguientes normas:
1. Del Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
2. Del Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
3. Del Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
4. Del Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
5. Del Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
6. Del Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
7. Del Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
8. Del Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
9. Del Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
10. Del Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
11. Del Decreto 3549 de 2003 artículos 15
12. Del Decreto 4180 de 2004 artículos 15
13. Del Decreto 943 de 2005 artículos 15
14. Del Decreto 396 de 2006 artículos 15
15. Del Decreto 625 de 2007 artículos 15
16. Del Decreto 665 de 2008 artículos 15
17. Del Decreto 730 de 2009 artículos 16
18. Del Decreto 1395 de 2010 artículos 16
19. Del Decreto 1047 de 2011 artículos 15
20. Del Decreto 875 de 2012 artículos 15
21. Del Decreto 1035 de 2013 artículos 15
22. Del Decreto 205 de 2014 artículos 15
23. Del Decreto 1087 de 2015 artículos 16
24. Del Decreto 219 de 2016 artículos 16
25. Del Decreto 989 de 2017 artículos 17 […]» (Negrillas del texto original)
37. Las principales consideraciones expuestas en la sentencia citada se
sintetizan así:
(I) No existe cosa juzgada respecto de las sentencias C-521 de 1995, C-079 de
1996, C-710 de 1996 y C-052 de 1999, proferidas por la Corte Constitucional,
porque el hecho de que en ellas se haya avalado que el legislador conserva una
cierta libertad para establecer qué componentes constituyen salario o no, no implica
que en lo sucesivo todos los beneficios adicionales en favor del trabajador carecerán
de este carácter. Así como tampoco que le haya otorgado al Gobierno Nacional la
facultad de considerar que la prima especial de servicios corresponde al 30% del
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salario básico, en tanto que ello generaría una desmejora del mismo. Igualmente,
advirtió que el estudio que en ellas se efectuó no incluyó el contenido de los 25
decretos que son objeto de nulidad.
(II) En cuanto al concepto de prima, el Consejo de Estado, a través de las
sentencias del 2 de abril de 2009, 19 de marzo de 2010, 31 de octubre de 2012 y
29 de abril de 2014, ha sostenido que constituye un fenómeno retributivo de carácter
adicional al salario, es decir, que es entendido como un plus en el ingreso de los
servidores, sin importar que en la definición normativa sea o no definido su carácter
salarial.
(III) Según lo sostuvo la misma Corporación, mediante sentencia del 15 de
diciembre de 2020, a partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los
empleados de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento
del salario básico y/o asignación básica, no como parte de este, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el
cargo correspondiente.
(IV) Las disposiciones demandadas violaron las normas superiores en que
debían fundarse, en tanto que la prima especial debe constituir un incremento de la
asignación y no ser imputada como parte de esta, motivo por el que procede su
anulación.
(V) La declaratoria de nulidad no implica que la prima especial haya
desaparecido, por el contrario, esta sigue vigente, pero en los términos explicados.
38. En el presente asunto, por ser un proceso de simple nulidad, la identidad de
partes se satisface únicamente al evidenciarse que los actos controvertidos son los
mismos sobre los cuales se tomó una decisión en la sentencia del 21 de septiembre
de 2022. Además, se advierte que existe identidad de causa petendi porque el
reproche planteado es similar y apunta a que los actos demandados son ilegales al
otorgar al 30% de lo percibido por los empleados de la Fiscalía General de la Nación
el carácter de prima especial. Finalmente, tanto en este caso como en el resuelto
previamente se pretende lo mismo, la declaratoria de ilegalidad de los actos
demandados.
39. En consecuencia, dado que mediante la sentencia del 21 de septiembre de
2022 la Sala de Conjueces de esta Corporación anuló las normas objeto de
demanda en el presente proceso, debe declararse configurado el fenómeno de la
cosa juzgada. En efecto, una vez declarada la nulidad de las disposiciones
acusadas, no resulta jurídicamente posible efectuar un nuevo juicio de legalidad
sobre ellas.
Condena en costas
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Demandante: Juan Andrés Duque Ángel
40. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA5.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 21 de septiembre de 2022,
radicado: 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018).
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
5 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
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