Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00236-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00236-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00236-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00236-00 (0942-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Demandado: Argemira Acevedo de Páez
Temas: Artículo 20 Ley 797 de 2003/ Reintegro de aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud en pensión gracia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (en adelante UGPP) contra la sentencia de segunda instancia del 18 de
octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la
cual se revocó la decisión del Juzgado 11 Administrativo del Circuito de
Bucaramanga del 18 de febrero de 2011, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La UGPP, interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de
2003, contra la sentencia del 18 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, para lo cual invocó las causales contenidas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
La acción se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Argemira Acevedo de Páez, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Caja Nacional de
Previsión Social -EICE en liquidación- (en adelante CAJANAL) con el fin de obtener
la nulidad del Oficio N°PABF CDP 2009-011767 del 30 de septiembre de 2009, a
través del cual CAJANAL negó la devolución del porcentaje deducido de sus
mesadas pensionales por concepto de servicios de salud (médico-asistenciales).
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Que como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada
a: i) reintegrar y dejar de aplicar el 12.5% de descuento efectuado sobre su pensión
gracia por concepto de aportes a salud; ii) pagar la indexación sobre las sumas
adeudadas; iii) reconocer los intereses moratorios, de acuerdo con el artículo 177
del Código Contencioso Administrativo (CCA) y iv) pagar las costas que resulten el
proceso.
Que el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el 18 de febrero de
2011, profirió sentencia de primera instancia a través de la cual negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que si bien es cierto que la pensión
gracia hace parte del régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989 y que esta
prevé el aporte a salud en un 5% de la mesada pensional, también lo es que dicha
norma fue derogada en virtud del Decreto 2341 de 2003, reglamentario de la Ley
812 de la misma anualidad, razón por la cual las cotizaciones deben efectuarse con
el 12% del valor de la prestación, conforme al régimen general de la Ley 100 de
1993, pues la especialidad de la pensión gracia no la exime de la aplicación del
principio de solidaridad que rige la seguridad social.
Inconforme con la decisión del juzgado, la parte demandante presentó el recurso
de apelación, en el cual reiteró los argumentos de la demanda.
El 18 octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Santander, al resolver la
apelación1, revocó la sentencia del a quo en su integridad2; decisión que quedó
ejecutoriada el 31 de octubre de 20113.
El 25 de julio de 2016, la UGPP se negó a dar cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Administrativo de Santander, a través de la Resolución RDP N°0270124,
al señalar que se cumplían los requisitos para objetar la legalidad del fallo judicial.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la sentencia del 18 octubre de 2011 el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión adoptada por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de
Bucaramanga y en su lugar, dispuso declarar la nulidad del acto demandado y
ordenó a CAJANAL abstenerse de continuar descontando de la pensión gracia de
la señora Acevedo de Páez, un porcentaje superior al 5% por concepto de salud;
imponiéndole a además la obligación de reintegrar lo descontado en exceso desde
el 12 de diciembre de 2005.
Expresó que, los docentes afiliados al FOMAG al estar exceptuados de la aplicación
de la Ley 100 de 1993, en virtud del artículo 279 ibidem, se sujetan a lo dispuesto
en la Ley 91 de 1989.
1 Folios 82 a 84 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 Folios 126 a 130 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
3 Folio 149 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
4 Folios 288 a 295 del cuaderno principal.
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Que el Decreto 1703 de 2002 no origina la obligación de aportar sobre la pensión
gracia, comoquiera que se refiere únicamente a los ingresos adicionales percibidos
por los afiliados a los regímenes de excepción, categoría a la que no pertenece la
pensión en tanto corresponde a una liberalidad del legislador, en virtud de la Ley
114 de 1913, lo que la diferencia en su origen y ratio, sin conexión alguna con el
grupo de prestaciones sociales asistenciales.
Que, a pesar de que la Ley 812 del 2003, niveló el monto de los aportes que deben
hacerse por los destinatarios del régimen especial del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), contenido en la Ley 91
de 1989, con los que deben hacer todos los del régimen contributivo de la Ley 100
de 1993, no hizo referencia a la pensión especial de gracia; sin perjuicio de los
derechos del personal docente oficial vinculado con anterioridad a su promulgación,
quienes continuarían disfrutando del régimen prestacional regido por las
disposiciones anteriores.
Por tal razón señaló que, aun cuando los docentes se encuentran exceptuados del
régimen de la Ley 100 de 1993, únicamente están obligados a cotizar al Sistema
de Seguridad Social en Salud quienes fueran vinculados como docentes del sector
oficial a partir del 27 de junio de 2003- fecha de promulgación de la ley-.
Igualmente explicó que los docentes vinculados al servicio oficial con anterioridad
al año 1980, que son beneficiarios de la pensión gracia, no les es aplicable la Ley
1122 de 2007, que modificó la Ley 100 de 1993 en torno al ingreso base de
cotización al régimen contributivo en salud, pues de lo contrario se vulnerarían los
principios de favorabilidad e irretroactividad de la ley.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en
las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación5.
Indicó que existió falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad
demandada en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral instaurada por la señora Argemira Acevedo de Páez, pues CAJANAL no era
la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda, habida cuenta que
no es la destinaria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para el
Sistema de Seguridad Social en Salud- artículo 14 del Decreto 1703 de 2002-.
Frente a los descuentos efectuados con destino al Sistema General de Seguridad
Social en Salud señaló que tenían fundamento en los artículos 157, 202 y 203 de
la Ley 100 de 1993, según los cuales los pensionados deben encontrarse afiliados
5
Folios 164 del cuaderno principal de la acción de revisión.
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y, por ende, realizar las cotizaciones, de conformidad con el artículo 160, numeral
3 de dicha ley
Que el aporte al régimen contributivo, establecido por el artículo 204 de la
mencionada Ley 100 en un 12%, modificado por la Ley 1122 de 2007 a un 12.5%,
y luego por la Ley 1250 de 2008 en un 12%, debe efectuarse a los docentes
beneficiarios de la pensión gracia, toda vez que estos no se encuentran dentro de
la excepción que prevé el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
Que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 exceptúa de la aplicación de las normas
de la Ley 100 de 1993, en materia de salud, a los docentes oficiales vinculados con
anterioridad a la vigencia de dicho estatuto; sin embargo, tal preceptiva hace
referencia al FOMAG, es decir que no abarca la pensión gracia, comoquiera que
esta prestación estaba a cargo de la extinta CAJANAL.
En definitiva, consideró que como quiera que no existe ninguna norma que exima
a los docentes de tal obligación, el aporte a salud no puede constituir una carga
excesiva para estos.
Contestación a la acción de revisión
A la señora Argemira Acevedo de Páez, no fue posible notificarle la presente acción,
por lo que fue necesario designarle curador ad litem, el cual, contestó refiriéndose
a cada uno de los hechos y manifestando su oposición a las pretensiones. Explicó
que esta instancia no puede convertirse en una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, suplir la deficiencia probatoria, ni para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias, como lo pretende la entidad y que, en
todo caso, los argumentos del juzgador fueron conformes a derecho.
Citó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 para anotar que dicha norma excluye a
los docentes del ámbito de aplicación del régimen general de Seguridad Social,
razón por la cual debe atenderse a la norma especial, toda vez que le resulta más
favorable.
Que el Tribunal Administrativo de Santander adoptó su decisión con fundamento
en las normas anteriores a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social
creado por la Ley 100 de 1993, entre ellas, la Ley 91 de 1989, que prevé que el
aporte de los pensionados beneficiarios de este régimen especial al Sistema de
Seguridad Social en salud es del 5% de cada mesada pensional.
Finalmente, expresó que no se configuró falta de legitimación en la causa por pasiva
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se produjo la
sentencia objetada, toda vez que la extinta CAJANAL era la llamada a atender las
pretensiones, comoquiera que emitió los actos administrativos mediante los cuales
reconoció y liquidó la pensión en torno a la cual surgió el litigio.
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Concepto del Ministerio Público
La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Debe la Sala determinar si la sentencia objeto de recurso- providencia del 18 de
octubre de 2011- está incursa en alguna de las causales de revisión previstas en
los literales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; iii) Aspectos
generales de la pensión gracia y apreciaciones sobre aporte a salud del 12% sobre
el valor de la mesada y, finalmente, iv) se examinará el caso concreto a la luz de
esas premisas.
Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones6 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.
Conviene precisar que está acción, tal como el recurso extraordinario de revisión,
tiene como finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se
encuentra ejecutoriada, motivo por el cual se presenta como excepción al principio
de la cosa juzgada.
Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial7, por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
de quien está habilitado para ejercerla.
6 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
7 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
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En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»8. Frente a las causales para interponer
el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos
250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados
en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.
En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido
que son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación9.
Con todo, conviene señalar la norma fue creada para contrarrestar los graves casos
de corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales en todo el país. La acción de revisión no fue creada para reabrir el
debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar
judicialmente las pensiones que hayan sido reconocidas con violación al debido
proceso y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.
Así, el fin principal es salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira10.
Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
El apoderado de la UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los
cuales disponen:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».
Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar
que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadren en
las causales taxativamente previstas por el legislador, para dilucidar si la pensión
fue irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley. En
8 Ibidem.
9 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N°4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
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ese orden, el análisis de procedencia de las causales en la acción será de carácter
taxativo y restringido a la finalidad para la cual fue creada.
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.
En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del
tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las
actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos,
con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.
Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado11 como la Corte Constitucional12 son
concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el
derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política,
comprende como menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las
garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que
se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía
de non bis in idem».
Acerca de la segunda causal, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión
sobre una cuantía excesiva, la exposición de motivos del proyecto que direccionó
la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en
el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]». De igual manera, se
advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se
estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un
mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que
no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en
esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba dirigido a reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
11Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV)
12 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
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Aspectos generales de la pensión gracia y apreciaciones sobre aporte a salud
del 12% sobre el valor de la mesada
La Ley 114 de 1913 estableció la pensión gracia como una prestación vitalicia a
favor de los docentes de escuelas primarias oficiales que hayan servido al
magisterio por un lapso no menor de 20 años. En su artículo 4º dispuso que para
gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
«1º. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2º. Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y
costumbres.
3º. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda
recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y
por un departamento.
4º. Que observe buena conducta »
Posteriormente, este mismo beneficio se extendió con la Ley 116 de 1928 a los
empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción
pública.
Con la expedición de la Ley 37 de 1933, artículo 3º el reconocimiento de la pensión
gracia se hizo extensivo a quienes hubieren completado el tiempo de servicios en
establecimientos de enseñanza secundaria, bajo los mismos requisitos expuestos.
El carácter especial que rige a la pensión gracia la excluye de la aplicación de la
Ley 33 de 1985. En efecto, el artículo 1 de la misma ley estableció: « (...) No quedan
sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado
expresamente, ni aquéllos que por ley disfruten de un régimen especial de
pensiones. »
Como se observa, la norma es clara en excluir a quienes tienen un régimen especial
de pensiones, como acontece con los beneficiarios de la pensión gracia; así pues,
es la misma legislación la que consagra la excepción en cuanto a las pensiones de
régimen especial.
Con posterioridad, la aludida pensión fue abordada por la Ley 91 de 198913 en los
siguientes términos:
«Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]
2.- Pensiones:
13
«Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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1. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
2. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Ahora bien, ante existencia de diversos regímenes pensionales, el Congreso de la
República expidió la Ley 100 de 1993 con el fin de concentrar el Sistema de
Seguridad Social; sin embargo, con el objetivo de evitar el menoscabo de los
derechos de las personas que se encontraban próximas a pensionarse o tuviesen
cierto tiempo de servicios, creó un régimen de transición y estableció ciertas
excepciones para la aplicación de la Ley, en los siguientes términos:
«Artículo 279. Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se exceptúa a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado
por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con
pensiones o cualquier clase de remuneración (…)» (Negrillas fuera del texto).
En esa línea, a partir de lo dispuesto en el numeral 1 del literal A del artículo 157
de la Ley 100 de 1993, son afiliados al régimen contributivo de ese sistema y por
tanto obligados a la cotización en salud:
«Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad
social en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano
participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes
vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del
régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley»
De lo anterior se concluye que las pensiones a cargo del FOMAG quedarían
exceptuadas de dicho sistema integral; no obstante, esta excepción no comprendió
la pensión de jubilación gracia, pues, como ya se indicó, esta es una prestación
cuyo reconocimiento corresponde a CAJANAL (hoy UGPP). A ello hay que añadir
que el artículo 130 de la citada Ley 100 de 1993 creó el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional, como una cuenta de la Nación adscrita al entonces
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serían administrados
mediante encargo fiduciario para sustituir a CAJANAL y a los demás entes de
previsión o fondos insolventes del sector público del orden nacional en lo
relacionado con el pago de las pensiones14.
En lo atinente a los descuentos con destino a salud, debe tenerse presente que con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no era uniforme la
regulación acerca la cotización que se ordenaba pagar y se atenía, por tanto, al
régimen al cual se hallaba afiliado el jubilado. De ahí, que el legislador pretendiera,
como en efecto lo hace con la expedición de la Ley 100 de 1993, unificar las
cotizaciones para todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
salud.
Obsérvese que la mencionada ley en su artículo 280, estableció, a partir del 1 de
abril de 1994, una tasa de cotización del 12% con destino al subsistema en salud y
para todos los casos sin ningún tipo de excepción:
«(…) Artículo 280. Aportes a los fondos de solidaridad. Los aportes para los fondos
de solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en los
artículos 27 y 204 de esta Ley serán obligatorios en todos los casos y sin
excepciones. Su obligatoriedad rige a partir del 1 de abril de 1994 en las
instituciones, regímenes y con respecto también a las personas que por cualquier
circunstancia gocen de excepciones totales o parciales previstas en esta Ley.
En consecuencia, a partir del 1 de abril de 1994, el aporte en salud pasará del
7 al 8%* y cuando se preste la cobertura familiar, el punto de cotización para
solidaridad estará incluido, en todo caso, en la cotización máxima del 12%
(…)» (Negrillas fuera del texto).
En tal virtud, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en
establecer que los beneficiarios de la pensión gracia sí están obligados a realizar
las cotizaciones con destino al Sistema de Seguridad Social en salud, en el monto
establecido en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, esto es, el 12% de su mesada
pensional- vigente según la Ley 1250 de 200815-; criterio que ha compartido esta
Sección en diversas ocasiones16.
Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, se entrará a analizar si en el
presente caso era necesario exigirle a la demandante, en su condición de
beneficiaria de la pensión gracia, cotizar el 12% sobre su mesada como aporte al
Sistema de la Seguridad Social en salud, con fundamento en la Ley 100 de 1993.
14 Mediante Decreto 1132 de 1994, se reglamenta el fondo de pensiones públicas del nivel nacional y en él se
ratifica la naturaleza jurídica del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional como una cuenta especial de
la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuyos recursos serían
administrados a través de encargo fiduciario.
15 «Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la
Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6 de la Ley 797
de 2003».
16 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado 11001-
03-25-000-2013-00901-00 (1953-2013) y Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección B; C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter, radicado 11001-03-25-000-2014-00869-00 (2675-2014)
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Caso concreto
Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse
en cuenta, en primer lugar, que lo pretendido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue la
exención del descuento que para salud dispuso efectuar la CAJANAL sobre las
mesadas de la pensión gracia y la devolución de valores que ya le habían sido
retenidos por dicho concepto.
Atendiendo a las causales planteadas por el recurrente, la Sala, en primer lugar, se
ocupará de determinar si, en efecto, la UGPP (antes CAJANAL) carecía de
legitimación en la causa por pasiva y, de resultar procedente, establecerá si la
circunstancia alegada por la entidad puede comportar una trasgresión al derecho
constitucional invocado.
Al respecto, la legitimación en la causa por el lado pasivo es la identidad del
demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho. La
legitimación es, por lo tanto, un presupuesto material de la sentencia de mérito
favorable al demandante o al demandado17.
Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha sostenido que esta figura procesal
puede ser analizada tanto desde una perspectiva formal como material o sustancial.
La primera arista “es entendida como la relación procesal que se establece entre el
demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, es
una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de
la notificación de esta al demandado”18. Por su parte, la legitimación material en la
causa alude a la participación real de las personas en el hecho origen de la
formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan
demandado o que hayan sido demandadas.
De lo establecido en el expediente se logra evidenciar que la entidad realizó los
referidos descuentos y se negó al reintegro del porcentaje efectuado por concepto
de salud, con base en los artículos 157, 202, 203, 204, 279 y 280 de la Ley 100 de
1993, los cuales entregaban a las administradoras de pensiones, como pagadoras
de la prestación, tal competencia. En el caso particular de la demandante, el artículo
2, numeral 5 del Decreto 65 de 2004 le atribuyó la función de «[…] Efectuar el
recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos
establecidos por la ley […]».
El inciso 3° del artículo 42 del Decreto 692 de 1994, hoy compilado de forma literal
en el artículo 42 2.2.1.2.2. del Decreto 1833 de 2016 relativo a las normas del
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, CP: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación número: 05001-23-26 000-
1994-00928-01(18279)
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de marzo de 2010, Expediente 05001-23-31-000-
2000-02571-01 (1275-08), MP. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
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Sistema General de Pensiones, establece respecto del reajuste pensional por
incremento de aportes en salud, lo siguiente:
“Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud, y transferirlo
a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente,
deberán girar un punto porcentual de la cotización al Fondo de Solidaridad y
Garantía en Salud.”
En similares términos, el artículo 14, inciso 2 del Decreto 1703 de 2002, norma que
se encuentra actualmente derogada por el Decreto 2353 de 2015 19, artículo 89 y
modificada por el Decreto 57 de 2015, artículo 1°, indicaba que “[c]uando la persona
afiliada como cotizante a un régimen de excepción tenga una relación laboral o
ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, su empleador o administrador de pensiones deberá
efectuar la respectiva cotización al Fosyga en los formularios que para tal efecto
defina el Ministerio de Salud.”.
Es claro que, aunque CAJANAL como pagador estaba llamado a hacer efectiva tal
retención y trasladarla al FOSYGA, donde se le daría destinación determinada por
Ley, no es menos cierto es que quien determinó efectuar los descuentos que el
Tribunal Administrativo de Santander consideró no ajustados a derecho fue
CAJANAL (hoy UGPP).
Aunado a ello, el hecho de que el Gobierno Nacional pueda destinar las sumas
recaudadas por concepto de aportes en el subsistema de salud conforme a la ley,
no implica que la extinta CAJANAL (hoy UGPP) no tenga legitimidad en la causa
para responder por los descuentos ordenados a través de los diferentes actos
administrativos que reconocieron la pensión gracia: Resolución N°004599 de
199820 y Resolución N°17241 de 200821 y que además fueron objeto de petición y
generaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho como la presente
acción especial de revisión.
Por ello, resulta improcedente el argumento de la recurrente frente a su legitimación
pues, tuvo injerencia y participación directa en los hechos de la demanda y por ello,
estaba legitimada en la causa para obrar dentro del proceso contencioso por ser la
entidad competente para soportar las pretensiones de la demanda.
Adicionalmente, siguiendo los pronunciamientos que la Sección ha efectuado al
estudiar casos similares al que es hoy objeto de análisis, ciertamente resulta
desproporcionado tenerle que imponer “(…) al pensionado la carga de reclamar ante el
FOSYGA el reintegro del dinero que, a juicio del ad quem, le fue descontado de sus
19 Actualmente la norma consagra: “(…) cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen especial o de
excepción o su cónyuge, compañero o compañera permanente, tenga una relación laboral o ingresos
adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
el aportante deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). (…)”.
20 Fl. Folios 51 y 52 del cuaderno principal
21 Folios 89 y 90 ibidem.
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mesadas sin justificación jurídica por la CAJANAL, a quien, en virtud de la sentencia objeto
del actual recurso, le correspondía proceder con la devolución ordenada para, en un
segundo momento, iniciar un trámite administrativo ante el FOSYGA tendiente a la
devolución de tales recursos”22.
Así las cosas, la Sala advierte que resultan insuficientes los argumentos que se
expusieron en sede revisión respecto de la configuración de la causal contenida en
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la sentencia impugnada en vía
extraordinaria, toda vez que la falta de legitimación en la causa por pasiva que la
hoy demandante acusó como violatoria del derecho al debido proceso no se
presentó.
Resuelta la anterior situación se continuará el estudio frente a la presunta
configuración de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En consideración a las razones expuestas en la parte considerativa de esta
decisión, para esta Sala no hay duda que las mesadas pagadas por concepto de
pensión gracia sí están sujetas a los descuentos que sobre ellas se realicen con
destino al Sistema de la Seguridad Social en Salud; cualquier interpretación
diferente resulta en disonancia con lo establecido artículo 143 de la Ley 100 de
1993, que, en virtud del incremento en la tasa de cotización a salud, ordenó el
reajuste de las pensiones en la misma proporción.
En este orden de ideas, le asiste razón a la entidad recurrente al pretender que la
pensión gracia de la cual es beneficiaria la demandante, sea sujeta de los
descuentos que por salud le corresponde, como también a que se mantenga el
porcentaje destinado al pago de aquél, pues se reitera que no existe disposición
jurídica alguna que exima a los beneficiarios de la pensión gracia de la obligación
de cotizar para salud; y, por lo tanto, se debe efectuar en los términos que indica la
legislación vigente.
Comoquiera que desde el 27 de noviembre de 2008 -fecha de entrada en vigor de
Ley 1250 de 2008-, las cotizaciones por Seguridad Social en Salud se establecieron
en un 12%, se advierte de forma manifiesta que la orden del Tribunal Administrativo
de Santander tendiente a reintegrar la señora Argemira Acevedo de Páez las sumas
que fueron objeto de descuento de la pensión gracia por concepto de cotizaciones
en salud y la suspensión de las mismas, desconoce la normativa aplicable al
asunto, afecta el patrimonio público e impacta la cobertura del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
22 Al respecto consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, CP: William Hernández Gómez, providencia del 17 de junio de 2021.
Radicación número: 11001-03-25-000-2013-01423-00(3603-13); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP: Gabriel Valbuena Hernández, providencia del 11 de
noviembre de 2021, Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00658-00(2057-14).
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00236-00 (0942-2018)
En definitiva, si esta Sala permitiera que la señora Argemira Acevedo de Páez
continuara sin cumplir con el deber legal que le impone efectuar la respectiva
cotización en salud por su pensión gracia en monto del 12 %, estaría avalando un
exceso en la cuantía pensional que le fue reconocida, cual es precisamente lo que
proscribe la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Con fundamento en lo anterior, se declarará fundada la acción de revisión
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP (antes CAJANAL
EICE), contra la sentencia del 18 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.
Sentencia de reemplazo
Según lo explicado en el acápite anterior, la señora Argemira Acevedo de Páez, en
su condición de beneficiaria de la pensión gracia, sí está obligada a cotizar el 12%
sobre su mesada como aporte al sistema de la Seguridad Social en salud, con
fundamento en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican y/o
complementan.
Al respecto, es claro que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no exceptúa de la
aplicación del Sistema General de Seguridad Social a los docentes beneficiarios de
la pensión gracia, dado que los beneficios que protege la excepción establecida en
el inciso 2º de la norma ejusdem son aquellos derivados de la afiliación del FOMAG
y no aquellos provenientes de la “recompensa” que el legislador otorgó a un grupo
determinado de trabajadores, pues, está última prestación configura una situación
jurídica diversa e independiente a la primera, en virtud de la cual el beneficiario se
ve en la obligación de someterse a las disposiciones del Sistema General en Salud,
entre ellas, las de cotizar al subsistema de salud.
Sumado a lo anterior, el artículo 157, literal a), numeral 1 de la Ley 100 de 1993
prevé que los pensionados, caso de aquellos que les fue reconocida una pensión
gracia, deben afiliarse al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y en consecuencia surge la obligación de cotizar al mismo.
Así pues, al encontrarse cobijadas por la Ley 100 de 1993 las mesadas de
pensiones gracia de que sean beneficiarios los docentes, estas también deben
ser objeto de la tasa de cotización del 12% que estableció el legislador, sin que
sean de recibo para esta Sala la teoría del caso que manejó la parte demandada
según la cual la obligación es inexistente ni mucho menos aquella atinente a la
procedibilidad de la suspensión de los descuentos que en lo sucesivo se causen.
Por lo tanto, es necesario revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander de 18 de octubre de 2011 y, en su lugar, confirmar la sentencia del 18
de febrero de 2011, proferida por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de
Bucaramanga el día 18 de octubre de 2011, dentro del proceso de nulidad y
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restablecimiento del derecho instaurado por la señora Argemira Acevedo de Páez
en contra de la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación (hoy
UGPP) que negó las pretensiones de la demanda.
De la devolución de dineros recibidos de buena fe
En aplicación del numeral 1, literal c), del artículo 164 del CPACA, en el evento en
que la UGPP hubiese procedido a la devolución de los descuentos por concepto de
aportes con destino a salud, no hay lugar a ordenar su reintegro pues, cabe
entender que los dineros fueron recibidos de buena fe ya que le correspondía a la
parte actora probar debidamente que la demandada cuando solicitó la devolución
referida actúo de mala fe y ello no ocurrió así.
De la condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, en el entendido que la UGPP busca controvertir una providencia
judicial que ordenó eximir a la hoy accionada de los descuentos de salud y obligado
a la entidad recurrente al pago de reintegrar lo descontado en exceso por aportes
al Subsistema mencionado con cargo al erario, la Sala se abstendrá de condenar
en costas a la entidad demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, de
18 de octubre de 2011, que negó las súplicas de la demanda.
Segundo: Infirmar la sentencia del 18 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander. En consecuencia, se dicta sentencia de reemplazo en
los siguientes términos:
Confirmar la sentencia del Juzgado 11 Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, del 18 de febrero de 2011, que negó las pretensiones
de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Declárese que no hay lugar a ordenar devolución de los reembolsos que
por concepto de aportes con destino a salud hubiese efectuado la UGPP, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00236-00 (0942-2018)
cumplimiento del fallo que ahora se infirma, a la señora Argemira Acevedo de Páez,
según las razones antes expuestas.
Cuarto. Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión.
Quinto. Sin condena en costas.
Sexto. Reconocer personería a la abogada Lucia Arbeláez de Tobón, como
apoderada de la UGPP, de conformidad y para los efectos del poder que obra en
el índice 69 de la Plataforma SAMAI.
Séptimo. Una vez en firme esta providencia, realizar las correspondientes
anotaciones en el aplicativo SAMAI y archivar la acción de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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