Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00329-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00329-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00329-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00329-00(1353-2018)1
Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros2
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil3, Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales4 y Corporaciones Autónomas Regionales5
Tema: Nulidad del Acuerdo CNSC-20161000001556 del 13 de diciembre
de 2016, sus acuerdos modificatorios CNSC-20171000000066 del
20 de abril de 2017 y CNSC-20171000000076 del 10 de mayo de
2017, la Resolución CNSC-20172210040705 del 22 de junio de
2017, y la OPEC, expedidos en el marco de la Convocatoria 435
de 2016 – CAR y ANLA.
Sentencia
Asunto
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta por Yolanda Gámez Urueña y otros
en contra del Acuerdo CNSC-20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, sus
acuerdos modificatorios CNSC-20171000000066 del 20 de abril de 2017 y CNSC-
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Resolución CNSC-20172210040705 del
22 de junio de 2017 y la OPEC, expedidos en el marco de la Convocatoria 435 de 2016
– CAR y ANLA.
1. Antecedentes
1.1. Demandas
1.1.1. Las pretensiones
1. Yolanda Gámez Urueña y otros presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA en orden a que se declarara
la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Acuerdo CNSC-20161000001556 del 13 de diciembre de 2016 «[p]or el cual se
convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
1 Procesos acumulados números internos (i) 0036-2020: Celso Javier Ramírez Martínez; (ii) 3094-2018:
José Antonio Moreno Muñoz; (iii) 2587-2018: Jenny Paola Naranjo Niño; (iv) 4680-2018: Sindicato de
Trabajadores y Pensionados del Sistema Nacional Ambiental -Sintrambiente-; (v) 0567-2018: Ricardo
Javier Tapia Reales; (vi) 0655-2018: Wilmen José Vásquez Molina; (vii) 3037-2018: Jackelin Mahecha
Galindo; y (viii) 4710-2018: Javier Alexander Daza Ripoll.
2 Ibidem
3 En adelante CNSC
4 En lo que sigue ANLA
5 En lo sucesivo CAR
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Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las
Corporaciones Autónomas Regionales – CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA».
1.2. Acuerdo CNSC-20171000000066 del 20 de abril de 2017 « [p]or el cual se modifican
los artículos 1, 2, 3, 4, 10, el parágrafo 2 del artículo 9, el numeral 12 del artículo 13, el
parágrafo del artículo 15 y los artículos 27, 29, 30 y 31 del Acuerdo No. 20161000001556 del
13 de diciembre de 2016».
1.3. Acuerdo CNSC-20171000000076 del 10 de mayo de 2017 « [p]or el cual se modifica
parcialmente el artículo 1º, del Acuerdo 20171000000066 del 20 de abril de 2017».
1.4. Resolución CNSC-20172210040705 del 22 de junio de 2017 « [p]or la cual se corrigen
unos errores formales de digitación, transcripción u omisión de palabras en el ingreso de la
información de un empleo de la Oferta Pública de Empleo – OPEC de la Convocatoria 435 –
CAR – ANLA, en el Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO y en el Artículo
43º del Acuerdo 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016».
1.5. Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de las CAR y de la ANLA.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
2. Como tales se citaron el preámbulo y los artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la
Constitución Política; 8 de la Ley 22 de 1984; 31 de la Ley 909 de 2004; 1 del Decreto
2531 de 1986; y 2.2.6.34. del Decreto 1083 de 2015.
3. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos:
3.1. La CNSC convocó el proceso de selección para proveer de manera definitiva 2.371
vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa de las CAR y de la ANLA,
identificado como convocatoria 435 de 2016. No obstante, los actos administrativos
expedidos en su desarrollo solamente fueron firmados por el presidente de la CNSC,
pese a que los jefes de las CAR y de la ANLA también debían suscribirlos. Con lo
anterior, se incumplió con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004, en
cuanto disponía que «la convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo».
3.2. En igual sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió
el concepto 2307 del 19 de agosto de 2016 en el que se indicó que las autoridades
administrativas tienen la obligación de actuar dentro del marco de su competencia, y
que al ser éste un elemento esencial y no accidental su inobservancia afecta la
garantía del debido proceso, la validez de las decisiones y constituye una causal de
nulidad.
3.3. En el contexto de los concursos de méritos, la Corporación manifestó que lo
previsto en el citado artículo establece de forma imperativa que el acto de convocatoria
debe ser suscrito conjuntamente por la CNSC y el jefe de la entidad u organismo
beneficiario, pues ello refleja la concurrencia de voluntades según las competencias
asignadas a cada una de ellas. En consecuencia, la omisión de la firma de la entidad
u organismo supone un defecto orgánico por falta de competencia en el acto de
convocatoria, que constituye una causal de nulidad por desconocimiento directo de un
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Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros
mandato legal, y que no se supera con una certificación expedida por el jefe de cada
organismo respecto de la oferta pública de sus empleos.
3.4. Finalmente, con los actos acusados se desatendió la regulación de la profesión de
biología dispuesta en la Ley 22 de 1984 y en el Decreto 2531 de 1986, así como el
principio de igualdad, toda vez que se fomentó un proceso de selección « en términos
desiguales con las carreras profesionales», en razón a que se excluyó a los biólogos de
los criterios específicos de «la naturaleza de los cargos requeridos». «[S]olamente en uno
de los núcleos de carrera de la convocatoria [se hizo] relación a la profesión de la biología de
donde se desprende un anunciamiento escueto y ambiguo, de donde no se puede inferir con
claridad y simpleza la vinculación de los parámetros normativos de la Ley 22 de 1984», lo que
ocurrió en la CAR de Santander. Asimismo, se desconoció la biología como profesión
legalmente reconocida en los manuales de funciones de las entidades, lo que
evidencia «un asentimiento expreso a las [sic] transgresión en que incurre la CNSC, y los
entes que celebraron el convenio»6.
1.2. Contestaciones de las demandas
4. La ANLA contestó la demanda y expuso7:
4.1. La convocatoria al concurso de méritos se llevó de conformidad con los
procedimientos establecidos en la Ley 909 de 2004 y se aseguró de que quienes
pretendieran acceder a los cargos ofertados lo hicieran en igualdad de condiciones y
en garantía del debido proceso. Por lo que, el reproche aducido en las demandas
relativo a la falta de firma del jefe del organismo beneficiario del proceso de selección
en los actos de convocatoria constituye un vicio de forma que no tienen la entidad
suficiente para prosperar, en tanto, de un análisis de legalidad teleológica de los actos
acusados, éstos fueron expedidos conforme con los fundamentos y fines de la
administración pública, esto es para satisfacer los postulados de la carrera
administrativa.
4.2. El concepto 2307 del 19 de agosto de 2016 emitido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado abarcó solo un estudio de legalidad formal del
acto administrativo de convocatoria, contrario a lo aducido por la Sección Segunda de
esa Corporación8 que precisó que la exigencia que alude a la firma del jefe de la
entidad u organismo beneficiario en el acuerdo de convocatoria tiene por objeto
«alcanzar el efectivo cumplimiento y garantía de los principios constitucionales de
colaboración y coordinación interadministrativa». En esa medida, solo procedería la
nulidad de no alcanzarse el efectivo cumplimiento de los mencionados principios.
4.3. En todo caso, el proceso administrativo que antecedió a la expedición de la
convocatoria se surtió de manera conjunta con la CNSC. Es así, por cuanto se advierte
que la CNSC emitió la Resolución 20161000045335 del 13 de diciembre de 2016
mediante la cual dispuso el recaudo de unos recursos por parte de la ANLA para
financiar los costos del proceso de selección y, antes de ello, ésta había remitido a la
CNSC los tipos de pruebas que se debían adelantar, el carácter, su ponderación, y el
mínimo aprobatorio, así como la ciudad de aplicación. En esa comunicación la ANLA
6 Argumento expuesto en el proceso con número interno 0567-2018, demandante: Ricardo Javier Tapia
Reales.
7 Samai, índice 381.
8 Radicado 11001-03-25-000-2017-00212-00(1219-2017), C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez.
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Radicado:11001-03-25-000-2018-00329-00(1353-2018)
Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros
también puso de presente que «la Matriz de Agrupación de Pruebas y Ejes Temáticos
corresponden al resultado del trabajo realizado durante el proceso de planificación de la
Convocatoria el cual fue adelantado en forma conjunta con el equipo de trabajo de la Comisión
Nacional del Servicio Civil e informa la ANLA a la Comisión que el número de cargos a proveer
es de 52, esto es 1 asesor, 45 profesionales,3 técnicos y 3 de nivel asistencial, cargos que van
certificados por la Directora de la ANLA en anexo a esta comunicación» (sic);
posteriormente, continuaron con las actividades necesarias para la preparación del
concurso, entre otras, ajustes por inconsistencias en el manual de funciones y el
cargue de la OPEC en el aplicativo SIMO.
4.4. En esa medida, no todas las formalidades tienen la virtualidad de invalidar las
decisiones de la administración9 y en el caso particular el vicio aludido en la demanda
no implicó la vulneración de los principios que se garantizan con la exigencia contenida
en la Ley, pues estos se protegieron.
4.5. Propuso las excepciones de i) cumplimiento de un deber legal; ii) legalidad de [los]
actos administrativos demandados; iii) inexistencia de vicios de invalidez; e iv)
innominada.
5. La CNSC contestó la demanda para oponerse a las pretensiones de nulidad, con
fundamento en las siguientes razones10:
5.1. En este caso, antes de suscribir la Convocatoria 435 de 2016 se efectuó la etapa
de planeación con aplicación de los principios de colaboración armónica y coordinación
con las CAR y la ANLA. Entidades que a través de sus directores y jefes certificaron la
OPEC, en esas condiciones, las entidades interesadas le informaron a la CNSC sobre
los cargos que se encontraban provistos en provisionalidad, con el fin de adelantar el
concurso de méritos. Se configuraron las siguientes excepciones:
5.1.2. «Inepta demanda»: en este caso, «la demandante» incumplió con la carga de
identificar con toda precisión la causal de nulidad con fundamento en la cual pretendió
estructurar su pretensión. Con ello se permitía el ejercicio del derecho de defensa y el
de control por parte del juez. Este requisito previsto en el artículo 162 del CPACA
garantizaba el debido proceso pues era necesario para delimitar el debate.
5.1.3. «Errada interpretación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004»: la CNSC era un ente
autónomo, de carácter permanente y del orden nacional. Se trataba de un órgano
técnico de dirección y administración de la carrera. La sentencia C-746 de 1999 de la
Corte Constitucional precisó el alcance de las competencias de la entidad, para
concluir que debían recaer sobre todos los sistemas de carrera.
5.1.4. Por lo tanto, el alcance del citado artículo 31 de la Ley 909 de 2004 no podía
determinarse a partir de su literalidad, puesto que su aplicación exegética vulneraría
el artículo 130 de la C.P. En ese caso, la CNSC quedaría despojada de su competencia
«para disolverla en una concurrencia inaceptable con los jefes de las entidades».
5.1.5. «Inexistencia [de] vulneración a derecho alguno»: la CNSC es responsable de la
administración y carrera de los servidores públicos, salvo los de carácter especial y en
9 Consejo de Estado, Radicado: 11001-03-25-000-2017-00212-00(1219-2017).
10 Folios 1122 a 1145 cuaderno principal 2, contestación de la demanda del auto admisorio del 23 de
mayo de 2018 e índice 373 de Samai, contestación de la demanda del auto que acumuló otros procesos
del 2 de febrero de 2023.
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desarrollo de tal mandato debe actuar bajo los principios de objetividad, independencia
e imparcialidad. Es así como no depende de ninguna otra entidad, no obstante, para
demostrar la transparencia y la comunicación directa con las entidades y los
concursantes la convocatoria es el llamado a participar en los concursos de méritos
que se les hace a todas las personas en igualdad de condiciones y desarrolla las
etapas del proceso en conjunto con las entidades.
5.1.6. La finalidad de la norma invocada era la de garantizar los derechos
fundamentales de los aspirantes en los procesos de selección, en la medida en que la
firma del representante legal de la entidad destinataria significaba que incidió en la
voluntad de convocar al concurso. Así pues, la garantía era que se pudiera acceder a
él, lo que no estaba dado por la firma, sino por la transparencia e igualdad en el
desarrollo del proceso de selección.
5.1.7. La jurisprudencia de la Corte Constitucional avaló la autonomía e independencia
de la CNSC11 como garantía de la imparcialidad y transparencia en la construcción y
desarrollo de los procesos de selección por el mérito.
5.1.8. El asunto en discusión ya fue resuelto a través de una línea jurisprudencial
consolidada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que no ha sido
modificada. La Corte12 ha expuesto que la elaboración y modificación de las
convocatorias son de competencia exclusiva de la CNSC, que exigir la firma de los
jefes de la entidad beneficiaria del concurso seria contrario a la constitución, pues
limitaría tales prerrogativas, y que la condición expresada en el artículo 31 de la Ley
909 del 2004 se circunscribe a cumplir con el principio de planeación.
5.1.9. A su vez, el Consejo de Estado ha señalado que la ausencia de los requisitos de
existencia, validez y eficacia de los actos administrativos que convocan a concurso,
cuando menos en los que hacen relación a los contenidos no esenciales, no los
invalidan. La interpretación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 indica que la
expedición de la convocatoria implica varias actuaciones administrativas de las
entidades involucradas, sin embargo, la CNCS es el órgano encargado de manifestar
la voluntad administrativa, por lo que, no resultaba necesaria la suscripción por parte
del jefe de la entidad beneficiaria del proceso de selección. En el caso particular, no
se planteó un elemento nuevo de discusión y, en todo caso, el sustento de los
argumentos con base en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado no varía lo expuesto, toda vez que estos no tienen carácter
vinculante.
6. La Universidad Manuela Beltrán contestó la demanda y manifestó:
6.1. Dentro de la preparación y desarrollo de la convocatoria 435 de 2016 los diferentes
directores de las CAR y la ANLA desarrollaron los actos necesarios para el correcto
perfeccionamiento de esta y hasta su fase final se surtió bajo los parámetros
establecidos, sin que existiera oposición de tales entidades frente a los procesos
adelantados por la CNSC, y coadyuvados por ellas.
6.2. «[N]o es posible que se tenga como cargo la delimitación a una forma, que conforme lo
plantean los demandantes, es la firma de un documento, pues de ese modo se desconocería
11 Citó la sentencia C-372 de 1999 de la Corte Constitucional.
12 En la sentencia C-183 de 2019.
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también el principio constitucional de prevalencia de lo material sobre las formas, pues de
prosperar el cargo, se desconocería tal principio, en cuanto se reconocería una formalidad
como impedimento para alcanzar los fines que fueron reconocidos desde un principio por las
Corporaciones Autónomas Regionales, la ANLA y la CNSC» (sic).
6.3. Frente a la vulneración al principio de igualdad por el trato discriminatorio al no
incluir la profesión de biólogo dentro de los cargos ofertados, limitándolo solo a un
núcleo, la universidad no está legitimada porque el asunto tiene relación directa con
un acto que no fue creado o constituido por ella.
7. Las siguientes Corporaciones Autónomas Regionales contestaron la demanda y
en resumen señalaron que:
Corporaciones Contestación de la demanda
Autónomas
Regionales
Del Valle del Cauca - Con la finalidad de garantizar el principio del mérito se adelantó el
CVC13 proceso de selección y previo a la expedición del acuerdo se realizaron
las siguientes actuaciones: i) mediante oficio con radicado
022015EE2276 del 2 de febrero de 2015; ii) la CNSC solicitó
información de las plantas de personal para convocatoria; iii) mediante
correo electrónico del 13 de abril de 2015, la CVC envió información
sobre reporte de empleos públicos e información específica de la
entidad y en medio magnético se enviaron manuales específicos de
funciones; iv) mediante oficio con radicado de salida 2015EE33875 del
1 de diciembre de 2015 la CNSC solicitó a la CVC información sobre
la entidad y el registro de la oferta pública de empleos de carrera -
OPEC-; v) la CNSC mediante oficio con radicado de salida 2015EE
35933 del 18 de diciembre de 2015, reiteró la solicitud a la CVC sobre
las vacantes definitivas, pruebas a aplicar, OPEC certificada y ejes
temáticos; vi) la CNSC remite a la CVC el cronograma de planeación
de la convocatoria; vii) la CVC mediante correos electrónicos del 23 y
26 de febrero de 2016 remitió al Doctor Salvador Mendoza, gerente de
la convocatoria, los manuales de funciones de las vacantes definitivas
de la Corporación; viii) dentro de la etapa de planificación de la
convocatoria, la CNSC citó a todas las Corporaciones Autónomas
Regionales del país a un taller con el fin de trabajar en la definición de
los ejes temáticos y construir la matriz de pruebas, el cual se llevó a
cabo el 8, 9 y 10 de junio de 2016 en la ciudad de Bogotá y
posteriormente a una segunda jornada los días 7 y 8 de julio de ese
año en Medellín; ix) posteriormente, la CNSC publicó el manual de
usuario administrador de la entidad, para el respectivo cargue de la
OPEC; x) con oficio 0330-810192016 del 23 de noviembre de 2016, la
Dirección General de la CVC envió a la CNSC los insumos para la
convocatoria.
De Risaralda -CADER14 Las etapas del proceso de selección se llevaron a cabo de conformidad
con los principios de legitimidad, legalidad y transparencia. La CAR
siguió los lineamientos para proveer los cargos vacantes de la entidad
e informó a través de un oficio suscrito por el entonces director general
y el profesional especializado de la Oficina de Talento Humano a la
CNSC la lista de las plazas vacantes con el fin de que se adelantara el
proceso de selección. En conclusión, siguió el procedimiento
establecido por la CNSC, la Constitución y la ley para llevar hasta la
culminación el concurso de méritos.
Para el Desarrollo Inicialmente, adujó que las pretensiones de la demanda estaban
Sostenible del Área de llamadas a prosperar, debido a que «los actos administrativos
Manejo Especial de la demandados carecen de un requisito sustancial establecido en la norma y
Macarena - respecto del acto administrativo que dio apertura a la convocatoria No.435 de
Cormacarena15 2016 para proveer empleos en entidades del sector ambiente, toda vez que
éste (…) no fue suscrito por su representante legal ( o Directora general),
contrariando de tal manera lo dispuesto en las normas acusadas (numeral 1°
13 Folios 789 a 792 cuaderno principal 2
14 Folios 799 a 802 cuaderno principal 2
15 Folios 838 a 849 cuaderno principal 2. Samai, Índice 398.
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Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros
del artículo 31 909 de 2004, así como el artículo 2.2.6.34. del Decreto 1083 de
2015»16. Posteriormente, señaló que los argumentos de las demandas
pretenden obviar los pronunciamientos que sobre el particular ha
emitido el Consejo de Estado17 y la Corte Constitucional18 según los
cuales la firma del jefe de la entidad beneficiaria en una convocatoria
no es un requisito indispensable para la existencia y validez del acto
administrativo que incorpora la convocatoria a un concurso de méritos,
pues la participación y colaboración de la entidad beneficiaria y la
CNSC no se agota solo con «la rúbrica » echada de menos19. Corponariño20 Se adelantaron todas las actuaciones tendientes a la realización del
concurso de méritos y se siguieron los protocolos exigidos por la
CNSC, por lo que, resultaría perjudicial desconocer eso únicamente
por la falta de una firma. «A parte de este requisito (…), se ha cumplido con
todas las demás formalidad[es], es decir; se hizo la publicación e inscripción
de los aspirantes en su debido tiempo, igualmente se realizaron todas las
pruebas conforme se había establecido, y resultaría contrario al mérito y al
derecho al trabajo que solo por ese requisito formal no se diera terminación
con el concurso». Corpochivor21 La corporación autorizó y participó del trámite efectuado para llevar a
cabo la convocatoria 435 de 2016. En cuanto a las actuaciones previas
a la expedición de tal acto, la CAR, entre otras, envió el manual de
funciones y competencias laborales a la CNSC, reportó los empleos
vacantes, ante la dificultad en la construcción de los ejes temáticos por
la inclusión de nuevas vacantes, solicitó orientación a la CNSC para la
actualización del manual de funciones, participó de talleres para la
construcción de los ejes temáticos. Asimismo, el 28 de marzo de 2017
la CNCS le remitió para revisión y validación el Acuerdo
20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, con el fin de
presentarlo a la Sala Plena de Comisionados para su aprobación y
divulgación. Igualmente, la CNSC le comunicó sobre el proyecto de
modificación de aquel; y el 25 de abril de 2017 la CNSC certificó la
socialización de la convocatoria y sus modificaciones. De lo anterior,
se acreditó la coordinación que se mantuvo durante todo el proceso
con la CNSC. Para la Defensa de la Las normas citadas como desconocidas en la demanda no se
Meseta de quebrantaron, comoquiera que la corporación desarrolló actividades
Bucaramanga - CDMB22 dentro del proceso de selección.
En lo que corresponde a las
efectuadas antes de la expedición de la convocatoria se tiene que: i) a
través de la Coordinación de Gestión de Talento Humano remitió a la
CNSC el reporte de las vacancias definitivas existentes a la fecha de
la planta de personal global y del manual de funciones y competencias
laborales; ii) el 23 de noviembre de 2015 remitió en formato la cantidad
de empleos en vacancia definitiva, las pruebas a aplicar con su
carácter peso y calificación aprobatoria, de las vacantes registradas en
la OPEC; iii) la CNSC le informó el valor estimado de costos a cargo
de la CDMB; iv) en marzo de 2016 recibió el cronograma de
planificación de la convocatoria con las fechas posibles en el cual
estaban especificadas las etapas, actividades con periodo de
ejecución y ejecutor; v) el 8 de abril de 2016 el director general de la
CDMB le comunicó a la CNSC el cronograma de trabajo para el
proceso de rediseño organizacional de la entidad y solicitó un nuevo
plazo para permitir su participación en la convocatoria; vi) el personal
del área de Gestión de Talento Humano de la corporación participó en
la realización de los ejes temáticos y construcción de la matriz de
pruebas en la ciudad de Bogotá, del 8 al 10 de junio de 2016; vii) una
vez cerrado el 26 de abril de 2016 el aplicativo Registro OPEC y
efectuada la migración de entidades, perfiles a la OPEC en el nuevo
sistema de apoyo para la igualdad el mérito y la oportunidad "SIMO",
en el mes de agosto de 2018 se cargó nuevamente las vacantes
definitivas incluidas otras que quedaron disponibles por situaciones
16 Contestación de la demanda del auto admisorio del 23 de mayo de 2018, visible a folios 838 a 849
cuaderno principal 2
17 Sección Segunda, Radicado: 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016)
18 C-183 de 2019
19 Contestación de la demanda del auto que acumuló otros procesos del 2 de febrero de 2023, visible a
índice 398 de Samai.
20 Folios 890 y 891 cuaderno principal 2
21 Folios 890 y 894 cuaderno principal 2 (mal foliados).
22 Folios 902 a 905 cuaderno principal 2
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sobrevinientes. En esas condiciones, se advierte que la CNSC
adelantó en coordinación con la CDMB la etapa de planeación y
estructuración del concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa, proceso
que fue avalado por el representante legal de la CDMB y, de ahí,
continuaron con las actividades necesarias para la ejecución del
proceso de selección.
Del Atlántico - CRA23 La CNSC, en uso de sus competencias legales, desarrolló en conjunto
con los delegados de las CAR y de la ANLA, la etapa de planeación de
la convocatoria para adelantar un concurso abierto de méritos para
proveer las vacantes definitivas de los empleos del Sistema General
de carrera administrativa. En lo que corresponde a la CRA, envió la
OPEC de los empleos de carrera en vacancia definitiva que existían a
la fecha en la entidad, la cual fue suscrita por el representante legal de
la entidad. De lo anterior, se evidenció que las entidades beneficiarias
del proceso de selección manifestaron la voluntad inequívoca de que
se adelantara el concurso y, a partir de ello, se cumplieron con todas
las etapas previstas en la convocatoria.
Corpoboyacá24 Los actos demandados se fundamentaron en la normativa establecida
para el empleo público, así como en la competencia de la CNSC para
fijar los lineamientos generales con los que desarrollan los procesos
de selección. Se desvirtuó la ausencia de voluntad administrativa de
Corpoboyacá en la expedición de los actos acusados, así como de la
OPEC definitiva de la corporación por cuanto esta fue generada por la
jefe de Talento Humano a través del aplicativo Simo-rol cargador de
ofertas y suscrita por el director general de Corpoboyacá,
posteriormente escaneada y enviada a la CNSC. Asimismo, la entidad
surtió diferentes actuaciones respecto de los trámites requeridos por la
CNSC antes de la expedición de la OPEC, así como las posteriores y
que se relacionaron con el acuerdo (para lo cual se presentó un
cronograma de las actividades desarrolladas para la convocatoria).
De Santander - CAS25 Resulta inconstitucional la estricta aplicación del artículo 31 de la Ley
909 de 2004 con respecto a la falta de firma del jefe de la entidad
beneficiaria del proceso de selección pues, contrario a lo solicitado en
las demandas, una visión constitucional y no simplemente legal
conllevaría a una decisión ajustada a las normas y principios
constitucionales y a la negativa de las pretensiones invocadas. Lo
anterior, toda vez que la disposición mencionada es excesivamente
restrictiva con relación a los preceptos definidos en la Constitución que
otorgan a la CNSC prerrogativas para administrar y vigilar el sistema
de carrera.
si bien es cierto, en principio, la ausencia de la rúbrica del jefe de las
entidades participantes o interesadas en ser provistas de las
respectivas vacantes a través de la convocatoria pudo representar una
falta de voluntad, lo cierto es que ésta no puede entenderse
materializada únicamente con ese simple hecho, ya que, previo a la
expedición del acuerdo, hubo una plena intención de llevar a cabo el
proceso de selección a través de la etapa de planeación, lo cual se
observó con las distintas solicitudes y comunicados que de manera
coordinada realizaron las entidades y que estuvieron dirigidas a definir
las condiciones y especificidades de los cargos a proveer.
Además, «en razón de las solicitudes elevadas por varias de las
Corporaciones Autónomas Regionales participantes del proceso, incluida la
presente, se pidió a la CNSC, la adecuación y modificaciones de algunos
cargos a provisionar, motivando estos hechos a que la CNSC profiriera los
Acuerdos No.20171000000066 del 20 de abril de 2017 y No. 20171000000076
del 10 de mayo de 2017, que en resumidas cuentas modifican algunos apartes
del acuerdo inicial entre otras, reflejando sin lugar a dudas aquella conducta,
una participación coordinada entre las entidades interesadas de proveer los
cargos a sus dependencias, y a la Comisión».
Del Centro de Antioquia Los actos administrativos gozan de presunción de legalidad y, por lo
• Corantioquia26 tanto, hasta tanto no se pruebe lo contrario fueron expedidos de
conformidad con el ordenamiento jurídico. además, la corporación
23 Folios 918 a 931 cuaderno principal 2
24 Folios 962 a 967 cuaderno principal 2
25 Folios 1057 a 1073 cuaderno principal 2
26 Folios 1075 a 1081 cuaderno principal 2
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actuó con respeto a los derechos de los trabajadores y los principios
constitucionales. Finalmente, desarrolló un trabajo coordinado con la CNSC para llevar
a cabo el proceso de selección tanto en la etapa de planeación, como
en las posteriores. Ejecutó actuaciones como: remitió la relación de
vacantes, registró la OPEC en la página de la CNSC, envió el manual
de funciones y competencias laborales, participó en los talleres de la
construcción de las matrices de ejes temáticos y de pruebas, realizó el
pago de la financiación en la parte que le correspondía para la
ejecución de la convocatoria. Corpocaldas27 Si bien los actos administrativos reprochados no fueron suscritos por
el director general de la corporación, se llevaron a cabo actuaciones
que dieron cuenta de la voluntad inequívoca en impulsar, apoyar,
participar y desarrollar la convocatoria 435 de 2016. En lo que
corresponde a la corporación, entre otras, participó de los llamados e
invitaciones realizadas por Asocars y la CNSC, remitió la información
requerida por éstas, hizo parte de las videoconferencias y talleres en
los que se trataron aspectos sobre la construcción de ejes temáticos y
remitió las propuestas en torno a ello, el 7 de junio de 2016 el director
general y el jefe de personal certificaron la OPEC de la corporación, se
expidió el certificado de disponibilidad presupuestal para asumir los
costos del proceso. En esa medida, se tiene que la suscripción del acto
administrativo de convocatoria busca garantizar que las entidades
participantes actúen de forma coordinada hacia un objetivo común, lo
que en todo caso se probó. Existen situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos,
debido a que el concurso de méritos llegó a su fin y se expidieron actos
administrativos contentivos de las listas de elegibles. Asimismo, se
expidieron actos de nombramientos y se efectuaron las posesiones en
periodo de prueba. Corporinoquia28 «En cumplimiento de la Ley 909 de 2004, la Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquia - Corporinoquia-, junto con las demás CAR y la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, acordaron con la Comisión
Nacional del Servicio Civil -CNSC, adelantar la Convocatoria para la provisión
de los empleos que se encuentren en vacancia definitiva y que pertenecen al
Sistema General de Carrera Administrativa de las Plantas Globales de
personal de esas entidades. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión
nacional del Servicio Civil emitió el Acuerdo No. CNSC-20161000001556 del
13-12-2016, por el cual se convoca a Concurso Abierto de Méritos para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema de
Carrera Administrativa de las plantas de personal de las CAR y de la ANL». Del Cauca - CRC29 Las actuaciones de la entidad y los documentos generados para
adelantar la convocatoria 435 de 2016, se efectuaron bajo los
lineamientos establecidos por la CNSC. Igualmente, la corporación
desarrolló actuaciones previas a la expedición de la convocatoria, tal y
como la certificación expedida por el director general y el jefe de
Talento Humano en la que se reportaron los empleos de carrera
administrativa que se encontraban vacantes. Del Alto Magdalena - La falta de la firma del representante legal de la corporación en los
CAM30 actos administrativos demandados no afectó su legalidad, comoquiera
que la convocatoria al concurso público de los cargos vacantes en la
planta de personal fue el resultado de un proceso planificado y
concertado con la CNSC y, la ausencia de la mencionada exigencia no
evidenció la vulneración de los derechos de los concursantes. En
conclusión, los actos demandados no fueron producto de una decisión
unilateral y arbitraria de la CNSC, sino del proceso planificado y
coordinado con las entidades beneficiarias del concurso.
Con el trámite
adelantado no se violaron los derechos y garantías de los
concursantes y pese a la existencia de una irregularidad formal, ésta
no tiene la entidad suficiente para declarar su nulidad, en tanto, el
principio de legalidad debe atender criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y garantía de los derechos fundamentales. Del Sur del Bolívar - El criterio expuesto en la demanda se basó en un concepto y que, por
CSB31 lo tanto, no tiene fuerza vinculante. «[D] del artículo 31 de la Ley 909 de
2.004 en diferentes fuentes, incluido el texto normativo publicado en el Diario
27 Folios 1152 a 1161 cuaderno principal 2
28 Folios 1165 y 1166 cuaderno principal 2
29 Folios 1184 y 1187 cuaderno principal 2
30 Folios 1212 a 1215 cuaderno principal 2
31 Folios 1232 a 1238 cuaderno principal 2
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Oficial No 45.680 del 23 de septiembre de 2.004, el tan citado artículo 31 de la
Ley 909 de 2.004 dice textualmente: ETAPAS DEL PROCESO DE
SELECCIÓN O CONCURSO. - El proceso de selección comprende: 1.-
Convocatoria. - La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, el jefe de la entidad u organismo es norma
reguladora de todo concurso" No dice: y el jefe... Expresamente no incluye al
representante legal de otra entidad distinta a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, por lo que no pueden ser de recibo las pretensiones de la actora ». Asimismo, «Cuando la Constitución le asigna a la Comisión Nacional del
Servicio Civil esa cláusula general de competencia de ser responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con
excepción hecha de las que tengan carácter especial, tal administración
incluye no solo la atribución de dirigir, organizar o coordinar, sino que además
le permite realizar actos de disposición, como el de convocar a concursos
abiertos de méritos para la provisión de cargos de carrera administrativa en las
entidades públicas». De Cundinamarca - La CNCS es la entidad responsable de la administración y vigilancia
CAR32 de la carrera administrativa de los servidores públicos. El Consejo de Estado33 se pronunció con anterioridad en un asunto
similar en el que se precisó que, pese a que la convocatoria no hubiese
sido suscrita por el jefe de la entidad convocante, se cumplió con el
propósito del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, es decir, se logró el
efecto útil de la disposición el cual es garantizar la coordinación y
colaboración de la CNSC y las entidades beneficiarias de los procesos
de selección. No obstante, en la demanda se hizo referencia a un
concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de igual
corporación, por lo que, se observó la necesidad de que la jurisdicción
contenciosa emita un criterio unificador. Del Magdalena - Los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme
Corpamag34 con la ley, la normativa en que debían fundarse, y no incurrieron en un
vicio que ameritara la declaratoria de su nulidad. Tanto la Corte Constitucional en sentencia C- 183 de 2019, como el
Consejo de Estado al interpretar el artículo 31 de la Ley 909 de 2004
han indicado que la firma del jefe de la entidad beneficiaria del proceso
de selección no es un requisito para la existencia y validez del acto
administrativo de convocatoria, pero no quiere decir que la entidad se
abstenga de participar y colaborar en la planeación y preparación de
ésta. Las CAR tuvieron participación en el desarrollo del proceso de
selección puesto que solicitaron modificaciones, adicionales y elevaron
comunicaciones que fueron atendidas por la CNSC. Actuaciones con
las que concretaron los principios de coordinación, colaboración y
planeación. En cuanto a la vulneración por exclusión de la profesión de biólogo en
la convocatoria, el demandante luego de tal afirmación reconoció que
sí se incluyó tanto la profesión como en los núcleos de la carrera. Además, no expuso cuáles fueron los parámetros normativos
contenidos en la Ley 22 de 1984 que no se tuvieron en cuenta. Máxime
porque la norma reconoció la profesión, pero no los criterios de
contratación de esta. Del Canal del Dique - Los actos administrativos acusados, expedidos por la Comisión, no
Cardique35 quebrantaron normas constitucionales, legales y reglamentarias en las
que debían fundarse. La CNCS es la entidad responsable de la
administración y vigilancia de las carreras administrativas y en uso de
sus competencias legales desarrolló la etapa de planeación. La
Convocatoria 435 de 2016 terminó con la provisión de los cargos
vacantes ofertados.
La falta de firmas en la convocatoria por los
representantes de las CAR y la ANLA no generó vicios de legalidad,
«pues debe prevalecer el principio de primacía de la realidad sobre las formas
se debe entender como aquel por el cual en caso de divergencia entre lo que
ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse
prevalencia a lo que surge en la práctica». De los de los Valles del Los actos administrativos proferidos por la CNSC y que dieron lugar a
Sinú y San la convocatoria se surtieron con el lleno total de los requisitos legales,
Jorge - CVS36 los procedimientos que fueron organizados y planeados con las
32 Folios 1246 a 1249 cuaderno principal 2
33 Sección Segunda, sentencia del 27 de junio de 2018, número interno (3297-17), C.P. Sandra Lisseth
Ibarra Vélez.
34 Samai, índice 326 y 380.
35 Samai, índice 368.
36 Samai, índice 377.
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entidades, objetos del concurso y sin violación al debido proceso o
derecho algunos de los concursantes. «[L]os concursos de méritos y
procesos de selección y vigilancia (…) son competencia exclusiva de la
Comisión Nacional del Servicio Civil».
Corpoamazonía37 Los demandantes citaron el Concepto 2307 del 19 de agosto de 2016
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para
fundamentar sus pretensiones, sin embargo, estos no tienen carácter
vinculante.
A su vez, desconocieron la sentencia C-183 de 2019 en la que se
precisó que, si bien la suscripción de la convocatoria por parte del jefe
de la entidad u organismo constituye una manifestación del principio
de colaboración armónica, no es un requisito indispensable para la
validez de esta. Y que, en todo caso, la CNSC no podría disponer de
la realización del concurso sin que previamente la entidad beneficiaria
haya remitido los cargos a proveer y cumplido con los presupuestos de
planeación y presupuestales.
La realización del proceso de selección para la provisión de cargos en
la planta de personal de Corpoamazonía fue concertada con la CNSC,
lo que se advierte de las consideraciones expuestas en el Acuerdo
20171000000066 de 20 de abril de 2017 en el que se tuvo en cuenta
una solicitud de «modificaciones y adicionales» propuestas por la
corporación. En consecuencia, participó del proceso y concurrió con
su voluntad administrativa en el proceso.
Para el Desarrollo «[N]o le asiste la razón al demandante cuando indica que las Corporaciones
Sostenible de la Mojana no tuvieron concurrencia de voluntad administrativa, toda vez que la
y el San Jorge - suscripción de la convocatoria por parte de las entidades convocantes no es
Corpomojana38 necesaria ni pertinente ya que estaría usurpando las funciones que la
Constitución y las leyes han otorgado a la Comisión».
1.3. Medida cautelar
8. A través del auto del 17 de octubre de 2023 se negó el decreto de la medida de
suspensión provisional solicitada con las demandas39. La providencia indicó, en
síntesis, que40:
8.1. En línea con el criterio jurisprudencial expuesto por el Consejo de Estado, en
relación con el sentido y alcance de la expresión que indicaba que la convocatoria
«deberá» estar suscrita por la CNSC «y» el «jefe de la entidad u organismo» contenida
en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004, la Corte Constitucional declaró su
exequibilidad en la sentencia C-183 de 2019.
8.2. De acuerdo con el mencionado pronunciamiento, debía interpretarse que el
legislador pretendió garantizar el cumplimiento de los principios de coordinación y
colaboración interinstitucional en el desarrollo de las actuaciones administrativas, esto
con el fin de conservar la integridad del ordenamiento jurídico y los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
8.3. En esas condiciones, debía entenderse que el requisito impuesto en el artículo 31.1
de la Ley 909 de 2004, relativo a la concurrencia de firmas tanto de la CNSC como
entidad encargada de la coordinación, planeación y ejecución de los concursos de
méritos, como de las entidades beneficiarias, de conformidad con la jurisprudencia
mencionada, se tenía por cumplido en la medida en que firmara la respectiva
37 Samai, índice 397.
38 Samai, índice 400.
39 En los procesos 1353-2018, 0036-2020, 4680-2018, 3037-2018, 4710-2018, 3094-2018, 2587-2018,
se solicitó la suspensión del Acuerdo CNSC-20161000001556 del 13 de diciembre de 2016 y, en el
proceso 0567-2018, la parte demandante, además del anterior, pidió que se extendiera la medida
cautelar a los Acuerdos 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y 20171000000076 del 10 de mayo
de 2017.
40 Samai, índice 408.
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convocatoria o se ejecutaran actos inequívocamente dirigidos a participar activa y
coordinadamente en su expedición.
8.4. Comoquiera que se acreditó que la CNSC y las entidades convocantes adelantaron
un proceso conjunto y coordinado para llevar a cabo el concurso de méritos resultó
claro el cumplimiento de los principios constitucionales de planeación, colaboración y
coordinación interinstitucional que se buscaban garantizar con el artículo 31.1 de la
Ley 909 de 2004.
8.5. Aunque la convocatoria remitió al manual de funciones para establecer las
profesiones y requisitos exigidos a los aspirantes, no fue la que los determinó, por ello,
el cargo más que dirigirse contra el acuerdo, cuestionó la legalidad del manual de
funciones. Lo anterior, se explica porque las disciplinas académicas y profesionales
previstas en los manuales son técnicas y responde a una evaluación previa de las
funciones y del área de desempeño de cada empleo, actividad que no fue desarrollada
por la CNSC en el acto administrativo mediante el cual se convocó al concurso de
méritos.
8.6. Asimismo, el Decreto 1083 de 2015 determinó que corresponde a las entidades y
organismos de la administración pública «verificar que la disciplina académica o profesión
pertenezca al respectivo Núcleo Básico del Conocimiento NBC - señalado en el manual
específico de funciones y de competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las
funciones del empleo o el área de desempeño» (sic).
1.4. Decisión sobre excepciones previas
9. El auto del 28 de febrero de 2024 resolvió las excepciones previas y las declaró no
probadas, así:
9.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva: «el acuerdo de convocatoria es el
resultado de una etapa de planeación conjunta entre la CNSC y las entidades beneficiarias del
proceso de selección, cuyo fin último es proveer los empleos vacantes pertenecientes a sus
plantas de personal. Para ello, las entidades no sólo reportaron los cargos que debían ser
provistos, sino que proporcionaron los recursos necesarios para adelantar el proceso de
selección. Por lo tanto, comoquiera que la eventual anulación de la convocatoria afecta a las
entidades demandadas de forma directa es clara su legitimación para actuar en el proceso».
9.2. En torno a la Universidad Manuela Beltrán señaló « si bien la universidad no tuvo
injerencia en creación de los acuerdos demandados en estos se determinaron las etapas del
proceso de selección y la universidad fue la institución encargada, entre otras, de adelantar
las etapas de la convocatoria, bajo las instrucciones de la CNSC, así como de elaborar y
realizar las pruebas, verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes, y
dar cumplimiento a los requerimientos judiciales que se presenten respecto el proceso de
selección, en ese sentido, la eventual anulación de la convocatoria afectaría el desarrollo del
proceso de selección en la etapa en la que se encuentre» (sic);
9.3. Ineptademanda: en la demanda se afirmó que los actos acusados «fueron
expedidos con infracción de la normatividad en la que deben fundarse», esto es, i) el
preámbulo y los artículos 2, 13,29, 125 y 209 Superiores y; ii) artículo 31 de la Ley 909
de 2004 y iii) el concepto 2307 del 19 de agosto del Consejo de Estado. Luego,
contenía el concepto de violación de las normas invocadas, la precisión de los hechos
u omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones y una causal de nulidad; y
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9.4. Restablecimiento automático en favor de los demandantes y adecuación del medio
de control y su consecuente caducidad: los conceptos de violación estuvieron
encaminados a atacar la legalidad en abstracto de la convocatoria censurada, de lo
que no se advirtió la configuración de un restablecimiento automático de derechos.
Iguales argumentos fueron expuestos en el auto del 27 de julio de 2022 que resolvió
el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda.
10. En cuanto a los demás medios exceptivos presentados41, la providencia indicó que
eran argumentos de defensa y, por lo tanto, se considerarían al momento de resolver
el fondo del asunto.
1.5. Trámite de sentencia anticipada
11. Con auto del 24 de mayo de 2024 se impartió el trámite de sentencia anticipada.
Con esa finalidad, se pronunció sobre el decreto de pruebas; fijó el litigio; y corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. El problema
jurídico que habría de resolverse en la sentencia de fondo se delimitó así: «¿se debe
declarar la nulidad de los acuerdos CNSC 2016000001556 del 13 de diciembre del 201649,
20171000000066 del 20 de abril del 201750, 20171000000076 del 10 de mayo de 201751; de
la Resolución CNSC 20172210040705 del 22 de junio de 201752; y de la Oferta Pública de
Empleos de Carrera OPEC de las CAR y de la ANLA por: i) haber sido proferidos con
desconocimiento de las normas en que debía fundarse?; y ii) ¿por haberse proferido el acto
administrativo de convocatoria firmado únicamente por el representante legal de la CNSC sin
que se evidencie firma del jefe de la ANLA o de cada CAR correspondiente?»42 (sic).
1.6. Alegatos de conclusión
12. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión:
Corporaciones Alegatos de conclusión
Autónomas
Regionales
Corpoboyacá43 Dio cumplimiento a la etapa previa de planeación, presupuestales y
coordinación interinstitucional de acuerdo con los condicionamientos
expuestos en la sentencia C-183 de 2019 proferida por la Corte
Constitucional por medio de la cual declaró la exequibilidad del numeral
1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
De Cundinamarca - La Corte Constitucional al efectuar el examen de constitucionalidad del
CAR44 artículo 31 de la Ley 909 de 2004 a través de la Sentencia C-183 de
2019 señaló que la validez de la convocatoria no depende de la firma
del jefe de la entidad u organismo, por razón de la competencia que
ostenta la CNSC como autor exclusivo de la convocatoria. Por lo tanto,
no existe argumento válido para declarar probada alguna causal de
nulidad respecto de los actos administrativos demandados, pues fueron
expedidos con apego a la normatividad que regula los concursos
41 «cumplimiento de un deber legal», «legalidad de los actos administrativos», «inexistencia de vicios
de invalidez», «suficiencia de motivación fáctica y jurídica del acto demandado», «excepción de
inconstitucionalidad parcial», «coordinación, cooperación y colaboración institucional entre la CNSC y
CAR», «cumplimiento cabal de los requisitos establecidos en la ley para adelantar concurso público»,
«existencia de situaciones jurídicas consolidadas y de derechos adquiridos», «inexistencia de causal de
nulidad de los actos administrativos», «buena fe», «improsperidad de la censura», «indebida
interpretación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004»,, «Inexistencia de vulneración de la Ley 22 de
1984», «inexistencia de transgresión de la norma en los actos administrativos» e «inexistencia del daño
invocado»
42 Samai, índice 451.
43 Samai, índice 473.
44 Samai, índice 484.
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generales de carrera administrativa y particularmente a los criterios que
legal y jurisprudencialmente prestablecidos. De Risaralda - El requisito previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, es
CADER45 meramente formal y su ausencia no tiene la entidad de afectar la validez
de la convocatoria. Con las actuaciones adelantadas por la CARDER y
por las otras CAR, se evidenció la participación y voluntad administrativa
para que se adelantara la convocatoria, en igual sentido, el grado de
coordinación y colaboración armónica entre las entidades beneficiarias
y la CNSC. Se cumplió a cabalidad con los parámetros normativos
establecidos para el empleo público y se garantizaron los principios de
la función pública y el mérito. Los conceptos de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado no son de obligatorio cumplimiento. El requisito de la firma excede la restricción de los derechos y principios
democráticos, la carrera administrativa, la igualdad, la meritocracia entre
otros. Corponariño46 Asistió a todos los llamados efectuados por la CNSC, le remitió la
información solicitada, de lo que deviene claramente su voluntad de
someterse y aportar al proceso. No existe prueba si quiera sumaria de
que alguna de las entidades haya presentado oposición al proceso de
selección, pues es la CNSC el único órgano facultado para administrar
y vigilarla carrera administrativa. La ausencia de la firma no ataca en si
la ejecución del concurso más aún cuando a la fecha ya se han
nombrado a las personas que se encuentran en la lista de elegibles que
adquirieron derechos de la carrera administrativa. Del Atlántico - CRA47 El requisito cuyo cumplimiento se exige y que esta contenido en el
artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004, se entiende cumplido en la medida
en que firma la respectiva convocatoria o se ejecuten actos
inequívocamente dirigidos a participar en la expedición de esta. En
cuanto a la presunta violación de la Ley 22 de 1984, del Decreto 2531
de 1986 y del principio de igualdad, se observó que, aunque la
convocatoria se remitió al manual de funciones para establecer las
profesiones y requisitos que debían cumplir los aspirantes, no fue la que
los determinó y, por ello, debe entenderse que el cargo, más que
dirigirse en contra del acuerdo, cuestionó la legalidad del manual de
funciones, el cual no se demandó en este proceso. Corporinoquia48 En relación con el requisito previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de
2004 y respecto del cual se alega su ausencia, se tiene que es formal y
su omisión no afecta la validez del acto; comoquiera que las actuaciones
adelantadas por las CAR dieron cuenta de la participación y voluntad
administrativa para que se adelantara la convocatoria. La condición de
la firma en la convocatoria de las entidades beneficiarias del concurso
restringe los derechos y principios democráticos, la carrera
administrativa, la igualdad y la meritocracia. Asimismo, la Corte
Constitucional en la sentencia C-183 de 2019 zanjó la discusión y trazó
los presupuestos para encontrar acreditado el requisito, los cuales se
cumplieron en el presente asunto. Del Río Grande del se cumplió con el deber legal, toda vez que el proceso de convocatoria
Magdalena – a concurso se llevó a cabo según los procedimientos establecidos en la
Cormagdalena49 Ley 909 de 2004, se aseguró que quienes pretendieran acceder a los
cargos ofertados concurrieran en igualdad de condiciones y
otorgándoseles todas las garantías propias del debido proceso, lo que
se traduce en la legalidad material de los actos acusados con los que se
buscó el cumplimiento de los fines del Estado, como lo es el asegurar
que los empleos públicos se provean acorde con el régimen de carrera
administrativa. Por lo tanto, se presume su legalidad. Además, la
corporación cumplió las funciones a ella encomendadas en la
constitución y la ley.
Corpocesar50 Hubo participación en la etapa de planeación de la convocatoria 435 de
2016, sin que se considerara requisito sine qua non la firma de los jefes
de las CAR y de la ANLA en los actos administrativos para que aquellos
se consideraran como válidos y ajustados al ordenamiento jurídico. La firma del jefe de la entidad en la convocatoria del concurso era una
facultad, pues la obligación recaía en el deber de participar y colaborar
45 Samai, índice 487.
46 Samai, índice 488.
47 Samai, índice 489.
48 Samai, índice 519.
49 Samai, índice 482.
50 Samai, índice 485.
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en la planeación, preparación y ejecución del proceso de selección,
como en efecto sucedió. Además, se cumplió el procedimiento
establecido en la Ley 909 de 2004.
Cortolima51 A pesar de que la convocatoria 435 de 2016 y los acuerdos
20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, 20171000000066 del 20
de abril de 2017 y 20171000000076 del 10 de mayo de 2017 no fueron
suscritos por los jefes de las entidades beneficiarias del concurso, esto
no implica una invalidez o inexistencia, de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional52 y el Consejo de Estado53. Sin embargo, es
incuestionable que la corporación participó en la planeación y ejecución
del proceso de selección.
Corpoguajira54 Realizó todas las gestiones administrativas encaminadas a atender a las
indicaciones y requerimientos de la CNSC, esto es la identificación de
los empleos a proveer, la revisión del manual de funciones y
competencias, al cual se le realizaron ajustes de conformidad con las
recomendaciones de la CNSC, se cargó la información de los empleos
a Simo, participó de los talleres para la realización de los ejes temáticos,
entre otras. Además, el Consejo de Estado ha señalado que la firma de
la convocatoria por parte del jefe del organismo beneficiario no es un
requisito para la existencia y validez del acto administrativo, pero no
quiere decir que se abstenga de participar y colaborar en la planeación
y preparación de la convocatoria. Lo que se probó, pues participó en la
planeación de la convocatoria n conjunto con la CNSC.
Corpoguavio55 La CNCS es el único órgano facultado para administrar y vigilar la
carrera administrativa de carácter general, y aunque concurran al
proceso de selección otros organismos sus funciones son limitadas. No
obstante, los diferentes actores del proceso de convocatoria contribuyen
en la realización del concurso, bien con la firma de la convocatoria o bien
con la ejecución de actos dirigidos a participar de manera armónica y
coordinada en la realización del concurso. En el caso particular, el
proceso se ha adelantado en forma conjunta y coordinada entre la
CNSC y las entidades, de donde se observa el cumplimiento de los
principios de planeación, colaboración y coordinación.
13. Por su parte, la CNSC56, y las CAR de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS57, del
canal del Dique - Cardique58, para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB59,
del Centro de Antioquia - Corantioquia60, del Alto Magdalena - CAM61, de Santander –
CAS62, del Magdalena - Corpamag63, Corpocaldas64, reiteraron los argumentos
expuestos en las contestaciones de la demanda. En cuanto a Cormacarena el
documento remitido no tenía archivo adjunto65.
14. Finalmente, la ANLA y la Universidad Manuela Beltrán señalaron que:
ANLA66 La interpretación literal del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 conlleva a
la vulneración de lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución
Política, el cual otorga a la CNCS competencia para administrar y vigilar
el sistema general de carrera administrativa y, además, debilita la
51 Samai, índice 504.
52 Sentencia C-183 de 2019
53 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado: 11001-03-25-
000-2019-00039-00(0102-19).
54 Samai, índice 506.
55 Samai, índice 514.
56 Samai, índice 474.
57 Samai, índice 475.
58 Samai, índice 487.
59 Samai, índice 495.
60 Samai, índice 497.
61 Samai, índice 507.
62 Samai, índice 508. Se acogieron y reiteraron los argumentos expuestos en el auto que negó la medida
cautelar.
63 Samai, índice 510.
64 Samai, índice 491.
65 Samai, índice 493.
66 Samai, índice 499.
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eficacia de los mandatos constitucionales que imponen el deber de
implementar el régimen de carrera para el acceso a los cargos públicos.
El concepto invocado en la demanda, emitido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, carece de carácter vinculante, a
diferencia de la sentencia C-183 de 2019, en la cual la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 31 de
la Ley 909 de 2004, bajo el entendimiento de que, para llevar a cabo los
concursos de la carrera administrativa, deben concurrir diversas
competencias que deben ser ejercidas de manera coordinada. Sin
embargo, esto no significa que la suscripción de la convocatoria por
parte del jefe de la entidad beneficiaria constituya un requisito
indispensable para su validez. Criterio reiterado con posterioridad por
salas jurisdiccionales del Consejo de Estado. Cada uno de los
procedimientos seguidos para proveer de manera definitiva los cargos
vacantes de carrera administrativa en la ANLA fueron desarrollados de
manera conjunta y con su plena participación.
Universidad Manuela El proceso de selección cumplió rigurosamente lo establecido en la ley.
Beltrán67 Tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la del Consejo
de Estado han precisado que la firma de la entidad beneficiaria del
concurso no es un requisito sine qua non para la existencia y validez del
acto administrativo que contiene la convocatoria, pues lo pretendido es
que se garantice entre esta y la CNCS actividades conjuntas de
planeación y colaboración para su desarrollo.
En la convocatoria se ofertaron múltiples cargos, todos los cuales,
incluyeron profesiones afines como es entre otras la biología, lo cual
implica que estos profesionales podían acceder a múltiples cargos,
ubicados en diferentes dependencias y pertenecientes a varios niveles
jerárquicos. En todo caso, resultaría irrazonable y desproporcionado
señalar que una convocatoria carece de validez por el hecho de no
nombrar taxativamente una profesión, menos aun cuando esta no fue
excluida del proceso en forma taxativa y tampoco limitada al interior del
proceso y sus etapas.
15. El Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
16. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de
especialidad, los artículos 1368, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 69 señalan que la
Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.
2.2. Los problemas jurídicos
17. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el trámite
de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los sujetos
procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor precisión
conceptual, para señalar que los problemas jurídicos se contraen a resolver los
siguientes interrogantes:
67 Samai, índice 479.
68 Reglamento interno del Consejo de Estado.
69 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le
adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
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17.1. ¿el Acuerdo CNSC-20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, sus acuerdos
modificatorios CNSC-20171000000066 del 20 de abril de 2017 y CNSC-
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Resolución CNSC-20172210040705 del
22 de junio de 2017 y la OPEC expedidos en el marco de la convocatoria 435 de 2016,
para proveer los empleos vacantes de las plantas de personal de carrera administrativa
de las CAR y la ANLA, deben anularse por haber sido expedidas con infracción del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 porque no fueron firmadas por los representantes de
las entidades beneficiarias del concurso?
17.2. ¿se violó el derecho a la igualdad al excluir de la mayoria de los empleos ofertados
por la Corporación Autónoma Regional de Santander la profesion de biología, con lo
que se desconoció la Ley 22 de 1984 y el Decreto 2531 de 1986 por medio de los
cuales se reconoció y reguló la profesión?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La Comisión Nacional del Servicio Civil
18. Para cumplir con sus fines esenciales70, el Estado desarrolla sus funciones a través
de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores específicas, lo
cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el ejercicio de las
labores que les asignan la ley y los reglamentos71. En atención a la trascendencia de
las funciones públicas, como regla general, la Carta Política ordena que el personal
que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de carrera administrativa72.
19. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente
delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada aspirante.
Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se desenvuelva bajo
los principios de moralidad administrativa, imparcialidad política de los funcionarios,
igualdad de oportunidades para quienes aspiren a ocupar empleos públicos y la
estabilidad en ellos73. La finalidad de la selección de acuerdo con el principio del mérito
fue reconocida por la jurisprudencia constitucional, en los siguientes términos:
«[…] busca que la administración pública cuente con servidores de las más altas
calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la Constitución y las
leyes han confiado a las entidades del Estado74, responsabilidades que exigen,
para su adecuado cumplimiento, “la aplicación de criterios de excelencia en la
administración pública que posibiliten la realización de los fines y objetivos
estatales más próximos, como lo son el servicio a la comunidad, la satisfacción
del interés general y la efectividad de los principios, derechos y deberes que la
70 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.»
71 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»
72 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. […]»
73 Sentencia C-1230 de 2005.
74 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002»
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propia constitución reconoce a todos y cada uno de los habitantes del territorio
nacional” 75 [...]»76
20. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos,
con excepción de las de carácter especial. Se trata de la Comisión Nacional del
Servicio Civil cuya naturaleza se encuentra descrita en el artículo 7 de la Ley 909 de
200477 en los siguientes términos:
«[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional
del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable
de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales,
es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público
en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel
nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público
de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo
con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. […]»
21. Lasfunciones concretas de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la
administración de la carrera administrativa están descritas en el artículo 11 de la Ley
909 en mención, así:
«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales
con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los
empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la
presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la
presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos
de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente
ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el
Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan
sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos
de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores,
las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la
información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en
carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
75 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002»
76 Sentencia C-1320 de 2005
77 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones»
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h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que
regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de
las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que
contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión
del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras
y la evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa.»
22. De otra parte, las labores propias de la atribución de vigilancia de aplicación de las
normas sobre carrera administrativa que debe atender la Comisión Nacional del
Servicio Civil son las siguientes:
«a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en
cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de
verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su
adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente
el respectivo proceso, mediante resolución motivada;
b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se
compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan
producido actos administrativos de contenido particular y concreto relacionados
con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea atribuible al
seleccionado dentro del proceso de selección impugnado;
c) Recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas a través de los
medios autorizados por la ley y, en virtud de ellas u oficiosamente, realizar las
investigaciones por violación de las normas de carrera que estime necesarias y
resolverlas observando los principios de celeridad, eficacia, economía e
imparcialidad. Toda resolución de la Comisión será motivada y contra las mismas
procederá el recurso de reposición78;
d) Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a su
conocimiento en asuntos de su competencia;
e) Conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el Registro de Empleados
Públicos, de los empleados de carrera administrativa a quienes se les aplica la
presente ley;
f) Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del
desempeño de los empleados de carrera;
g) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos
de violación de las normas de carrera, para efectos de establecer las
responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar;
h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación
de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera
de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la presente ley;
i) Presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los diez (10)
primeros días de cada legislatura, o cuando este lo solicite, sobre sus actividades
y el estado del empleo público, en relación con la aplicación efectiva del principio
de mérito en los distintos niveles de la Administración Pública bajo su
competencia.
78 Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1265 de 2005,
únicamente por los cargos formulados.
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Parágrafo 1º. Para el correcto ejercicio de sus competencias en esta materia, la
Comisión Nacional del Servicio Civil estará en contacto periódico con las unidades
de personal de las diferentes entidades públicas que ejercerán sus funciones de
acuerdo con lo previsto en la presente ley.
Parágrafo 2º. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá imponer a los
servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de multa,
previo el debido proceso, cuando se compruebe la violación a las normas de
carrera administrativa o la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas
por ella. La multa deberá observar el principio de gradualidad conforme el
reglamento que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyos mínimos
serán cinco (5) salarios mínimos legales vigentes y máximos veinticinco (25)
salarios mínimos legales vigentes.»79
23. En línea con lo anterior, el artículo 17 de la misma ley establece como uno de los
instrumentos de ordenación del empleo público los planes de previsión de recursos
humanos, elaborados y actualizados anualmente, por las unidades de personal. Dicho
instrumento debe contener:
«[…]
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles
profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de
atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus
competencias;
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas
de personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso,
capacitación y formación;
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores
y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado […]»
24. La misma norma señala que todas las entidades deben mantener actualizadas las
plantas de personal que requieren para cumplir de forma eficiente con sus funciones
de acuerdo con las medidas de racionalización del gasto. Esta labor implica, al mismo
tiempo, observar el concepto de «empleo público» así como los aspectos que se deben
tener en cuenta para su diseño, materias que están desarrolladas en el artículo 19 de
la Ley 909 de 2004.
25. En efecto, el empleo público se traduce en el « conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas
a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines
del Estado». De ahí que en su diseño, se deban tener en cuenta la descripción de las
funciones que tendrá a su cargo, así como el perfil de competencias requeridas para
su desempeño.
26. Ahora, el plan anual de previsión de recursos humanos, elaborado y actualizado por
las unidades de personal se constituye a su vez en un insumo para que el
Departamento Administrativo de la Función Pública elabore el plan anual de empleos
vacantes y lo traslade a la CNSC, según lo dispuesto en el artículo 14, literal d) de la
Ley 909 de 2004. Sobre esta obligación la Sección Segunda concluyó:
«Así pues, en criterio de esta Sala, las entidades cuyos sistemas de carrera sean
administrados por la CNSC, están en la obligación de reportar a esta y al DAFP de
manera anual, la totalidad de los cargos de carrera administrativa que requieran ser
79 Artículo 12 de la Ley 909 de 2004.
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provistos mediante concurso público de méritos, así como a priorizar el gasto para
adelantar el respectivo proceso de selección»80
2.3.2. El principio de colaboración para la expedición del acto de convocatoria a
concurso de méritos
27. Como antes se mencionó, la CNSC es la entidad encargada de la elaboración de
las convocatorias a concurso para el acceso al desempeño de empleos públicos. Esta
competencia se reitera en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, con la precisión de los
costos que genere el proceso de selección que estarán a cargo de la entidad para la
cual se adelante. Esta labor se desarrolla a través de contratos o convenios
interadministativos suscritos con universidades o instituciones de educación superior
acreditadas para ello.
28. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, para que una persona
logre su inscripción en el escalafón de carrera administrativa, deberá superar las
etapas del concurso de méritos, estas son: convocatoria, reclutamiento, práctica de
pruebas, elaboración de lista de elegibles y nombramiento en período de prueba.
29. En lo relevante al particular, es importante precisar que el numeral 1 del citado
artículo 31 de la Ley 909 dispone: «[l]a convocatoria, que deberá ser suscrita por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora
de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la
realización del concurso y a los participantes». La expresión destacada ha sido objeto de
estudio por esta corporación y por la Corte Constitucional.
30. En relación con la suscripción de la convocatoria a concurso por parte del jefe de la
entidad como requisito de la validez del acto, la sentencia del 31 de enero de 2019 81
de la Sección Segunda consideró que la «ausencia formal de este requisito» podía
subsanarse. En este sentido, era necesario que con otros medios probatorios pudiera
verificarse la participación de la entidad beneficiaria del proceso de selección de
personal en el «iter administrativo que culminó con la convocatoria pública».
31. Sobre el punto, el fallo destacó que, aunque la CNSC es la encargada de
administrar los concursos públicos de méritos, el órgano beneficiario del proceso debe
participar activamente en el proceso de planeación y preparación del instrumento
jurídico. Esta intervención se considera cumplida cuando el último firma el documento
o realiza actuaciones que demuestran su colaboración activa y coordinada en su
emisión82.
32. Esta posición se reiteró en el auto del 7 de marzo de 201983. En esta providencia la
misma Sección Segunda hizo un recuento de las tesis que hasta ese momento se
habían expuesto sobre la interpretación del artículo 31.1 de la Ley 909 y destacó la
validez del criterio adoptado en la sentencia del 31 de enero de ese mismo año.
80 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-25-000-
2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo (CNIT).
81 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicación: 11001-03-25-
000-2016-01017-00, demandante: Ginna Johanna Riaño García.
82 Cfr. Ibidem.
83 Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-25-
000-2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo (CNIT).
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33. En esta misma línea, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada
de la expresión «el Jefe de la entidad u organismo» en la sentencia C-183 del 8 de mayo
de 2019, en los siguientes términos:
«Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “el jefe de la
entidad u organismo”, contenida en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004, bajo el entendido de que, (i) el jefe de la entidad u organismo puede suscribir
el acto de convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica,
y (ii) en todo caso la Comisión Nacional de Servicio Civil no puede disponer la
realización de un concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad
destinataria los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley,
en los términos del fundamento jurídico 4.6.2. de esta sentencia».
34. Precisamente, el fundamento jurídico 4.6.2. de la providencia en mención consideró
que pese a que la CNSC era la única competente para fijar la norma reguladora del
concurso, algunos elementos necesarios para la expedición del acto de convocatoria
correspondían a otras entidades. Entre ellos, la elaboración del plan anual de empleos
vacantes era responsabilidad del Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP) y las Unidades de Personal de las Entidades (UPE), mientras que la
financiación de los costos del concurso correspondía a cada entidad u organismo.
35. Las UPE tenían responsabilidades como determinar los perfiles de los cargos,
elaborar los planes de vacantes y los manuales de funciones, y estimar los costos de
cubrir dichos cargos. Por su parte, el DAFP se encargaba de la política, planeación y
coordinación del recurso humano, y de apoyar a la CNSC cuando fuera necesario.
36. Igualmente, la Corte destacó que la financiación adecuada era un requisito
indispensable para la realización del concurso, y la falta de disponibilidad presupuestal
podría hacer inviable aquel. Sin embargo, el jefe de la entidad u organismo no tenía
competencia sobre el contenido de la convocatoria, aunque sí debía garantizar la
financiación del concurso.
37. En suma, la convocatoria era competencia exclusiva de la CNSC y la colaboración
armónica entre las diferentes entidades es esencial para el cumplimiento de los fines
del Estado. En este sentido, la sentencia C-645 de 2017 indicó que la competencia del
jefe de la entidad [en ese caso el INPEC] para hacer la convocatoria era exequible,
bajo el entendido de que concurría «como participante para planear y presupuestar la
convocatoria, pero la competencia relacionada con asegurar la implementación y velar por el
adecuado funcionamiento de la realización del concurso, así como su administración y
vigilancia recae exclusivamente sobre la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC».
38. Finalmente, la sentencia C-183 de 2019 concluyó que la firma de la convocatoria
por parte del jefe de la entidad u organismo no afectaba su validez, puesto que la
competencia para elaborar y administrar la convocatoria recaía exclusivamente en la
CNSC.
39. De acuerdo con lo anterior, la convocatoria al concurso de méritos supone el
ejercicio de funciones separadas e independientes de la CNSC y de las entidades
beneficiarias de aquel. Sin embargo, aquellas deben coordinarse de forma armónica
con el fin de desarrollar la actuación administrativa que permita la selección del
personal más idóneo para el desarrollo de las funciones públicas.
2.4. La legalidad del acto acusado
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40. La parte demandante aseguró que los actos acusados fueron expedidos con
vulneración del debido proceso por haber desconocido la obligación impuesta en el
artículo 31.1. de la Ley 909 de 2004, toda vez que solo fueron firmados por el
presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil y no por los jefes de las CAR y la
ANLA.
41. En este caso, se allegaron los siguientes antecedentes administrativos:
41.1. La ANLA84:
40.1.1.Los radicados 2016080754-2-000 del 5 de diciembre del 2016 en la cual consta
el «envío insumos convocatoria ANLA»; 20163010402741 del 20 de diciembre del
2016 en la cual consta la «comunicación Acto Administrativo proferido por la CNSC»;
2016086558-2-001 del 27 de enero del 2017 según el cual «su oficio Radicado No.
2016086558-1-000 Comunicación Acto Administrativo proferido por la CNSC»;
20172020063291 del 18 de febrero del 2017 que dio «respuesta a radicado de entrada
201760000093862 del 2 de febrero de 2016»; 2017013737-2-001 del 24 de marzo de
2017 que dio «respuesta al radicado ANLA No. 2017013737-1-000, radicado CNSC
No. 20172020063291. Cargue de la Oferta Pública de Empleo en el aplicativo SIMO y
remisión de Manual de Funciones y Competencias Laborales»; y 20172210464561 del
20 de octubre de 2017 en la cual constan «observaciones proceso de verificación de
requisitos mínimos OPEC No. 53094».
40.2. La CAR del Valle del Cauca85:
40.2.1.solicitudes de información de las plantas de personal para la convocatoria bajo
radicado 02-2015 2276 del 2 de febrero del 2015; información de las plantas de
personal, Circular 004 de 2015 con radicado de salida 2015EE 33875 del 1 de
diciembre del 2015; requerimiento al concurso público de méritos para la provisión de
empleos vacantes de la planta de personal de la corporación con radicado 02-2015 EE
35933 del 18 de diciembre del 2015; cronograma de planificación de la convocatoria;
«manual de usuario administrador- entidad»; envío de insumos convocatoria del 23 de
noviembre de 2016 radicado 0330-810192016; invitación taller para la definición de
ejes temáticos y construcción de la matriz de pruebas – segunda parte; solicitud
apertura aplicativo SIMO del 16 de marzo de 2017 con radicado 0330-308672017;
validación ajuste de la matriz de pruebas básicas -Convocatoria 435 de 2016 CAR-
ANLA; consulta de empleos OPEC de la CVC; certificado de disponibilidad
presupuestal 1343 de la CVC; Resolución 100 0330 0241 del 20 de abril de 2017 «por
la cual se ordena un pago para cubrir los costos que corresponden a la CVC en desarrollo del
proceso de selección para proveer por mérito los empleos de carrera administrativa vacantes
en forma definitiva en la planta de personal de la misma».
40.3. Cormacarena86
Reporte de la OPEC, suscrito por la directora general y de la subdirectora
40.3.1.
Administrativa y Financiera; comprobante de egreso 04313 pagado a la CNSC y
consignación bancaria número 38706811 del 15 de diciembre de 2016; solicitud de
84 Folios 630 al 658 del cuaderno 2.
85 Folios 660 al 792 del cuaderno 2
86 Folios 805 al 849 del cuaderno 2
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disponibilidad presupuestal y certificado de disponibilidad presupuestal 2270 del 15 de
diciembre de 2016; registro presupuestal 2170 del 15 de diciembre de 2016 y giro
presupuestal 4024 del 15 de diciembre de 2016; resolución CNCS-20161000045385
del 13 de diciembre de 2016 «por la cual se dispone el recaudo de unos recursos por parte
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Área de Manejo Especial la Macarena –
Cormacarena, para financiar los costos que le corresponden en desarrollo del proceso de
selección por mérito para proveer los empleos vacantes de la planta de personal»; y
certificación expedida en diciembre del 2016 por Jorge Ariel Ladino, técnico
administrativo de la corporación.
40.4. Corponariño87
40.4.1. Memorando según el cual se requiere al subdirector de intervenciones para la
sostenibilidad ambiental la revisión de la propuesta de ejes temáticos enviado por la
CNSC del 1° del abril de 2016; requerimiento de actualización del registro público de
carrera efectuado por la comisión; comunicación de la directora general de la
corporación en la que se informa a la comisión que se ha decidido no incluir prueba
adicional y se modificó el peso de las pruebas a aplicar; envío de insumos para la
convocatoria, en el que consta el tipo, carácter, ponderación y mínimo de aprobación
de las pruebas, ciudad de aplicación de esta, matriz de agrupación y ejes temáticos,
financiación y OPEC; certificación de la OPEC; correo electrónico de la invitación a la
videoconferencia y del taller de la CNSC para la construcción de ejes temáticos; oficio
en el que se informa estar de acuerdo con la propuesta de ejes temáticos y se solicita
incluir algunos temas; envío de manual de funciones y relación de empleos vacantes;
consulta de empleos OPEC; correos electrónicos en el que se envían ejes temáticos
con sugerencias de adición de temas, objetivos estratégicos de la corporación.
40.5. La CAR para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga88
40.5.1.Radicado 2121 del 2016 por medio del cual la CDMB informó a la CNSC la
planta de cargos; certificada en la OPEC para la convocatoria; Resolución 116 del 22
de febrero del 2017, por la cual se transfiere los recursos para financiar los costos del
proceso de selección; certificado de disponibilidad presupuestal; registro presupuestal;
comunicación de la CNSC a la CDMB en relación con la resolución que dispone el
recaudo de unos recursos.
40.6. La CAR del Atlántico89
40.6.1. Inscripción en el sistema de Apoyo SIMO por la CRA; envío de la OPEC que
corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en
la entidad suscrita por el representante legal.
40.7. La CAR de Boyacá90
Cronograma de planificación de la convocatoria; propuesta de ejes temáticos,
40.7.1.
pruebas, competencias funcionales de la CNSC; Circular 5 de 2016 sobre el
«cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera administrativa –
concurso de méritos» del 22 de septiembre de 2016; Circular 42015 OPEC del 12 de
agosto del 2015 bajo el asunto de registro de la oferta pública de empleos de carrera
87 Folios 852 al 892 del cuaderno 2
88 Folios 902 al 916 del cuaderno 2
89 Folios 918 a 960 del cuaderno 2
90 CD a folio 967
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vacantes- OPEC; Circular 20161000000057 del 22 de septiembre de 2016 bajo el
asunto de cumplimiento de las normas constitucionales y legales en materia de carrera
administrativa, concurso de méritos; comentarios sobre el manual de funciones por el
despacho comisionado; cronogramas 1 y 2 de planificación de la convocatoria;
invitación de la CNSC al taller para la definición de ejes temáticos y construcción de la
matriz de pruebas a Corpoboyacá; envío del manual de funciones Corpoboyacá
versión 26 del 30 de marzo del 2017; matrices definitivas contentivas de: resumen
OPEC, ejes temáticos, nivel asistencial, nivel ténico apoyo, nivel técnico misional;
profesional apoyo y profesional misional; - OPEC consolidada de las CAR V.1 de la
convocatoria; y reporte final enviado sobre las OPEC.
40.8. La CAR de Santander91
40.8.1. Memorando O-P 192/2018 referido a las actuaciones administrativas llevadas a
cabo por la CAS y la CNSC, en el que se manifestó que envió a la CNSC el manual de
funciones, los actos por medio de los cuales se modificó la planta de personal,
modificación, revisión y ajuste del manual de funciones de acuerdo con las
observaciones de la Comisión, participación en los talleres sobre la construcciones de
los ejes temáticos; envío de registro de OPEC y de insumos de la convocatoria, entre
ellas, las pruebas, las ciudades de aplicación, matriz de agrupación y ejes temáticos,
y actualización de la OPEC; pago de los costos del proceso de selección.
40.9. Corantioquia92
40.9.1. Radicado 2015EE26644 del 24 de septiembre del 2015; radicado interno
Corantioquia 150TH-1510-12633 del 1 de octubre de 2015; oficio del presidente
encargado de la CNSC sobre solicitud de información de las plantas de personal para
la convocatoria; correo electrónico del 6 de noviembre del 2015 como respuesta de
Corantioquia al radicado supra en el que hizo entrega de: la relación de funcionarios
para la verificación de inscripción en la carrera administrativa, la relación de vacantes
297, el registro de la OPEC de Corantioquia y el anexo de manual de funciones y
competencias laborales de Corantioquia; Circular de la CNSC del 15 de abril de 2016
para cargar de la información de OPEC en el módulo aplicativo del SIMO;
certificaciones de la CNSC sobre asistencia de funcionarios delegados por
Corantioquia para la realización del taller de construcción de matriz de ejes temáticos
y matriz de pruebas para la convocatoria de Myriam del Socorro López Montoya, Juan
Fernando Espinal Ramírez y Juan Carlos López Noreña; Circular de la CNSC
2016000000057 del 22 de septiembre del 2016 acerca del cumplimiento de las normas
constitucionales y legales en materia de carrera administrativa y concurso de méritos,
entre otras, el deber de las entidades de apropiar los recursos en los presupuestos
respectivos para financiar los costos de la convocatoria y suministrar a la CNSC la
información de las vacantes definitivas de empleo OPEC a través de SIMO a más
tardar el 30 de noviembre de 2016; Oficio 150-1611-7933 del 23 de noviembre de 2016
dirigido a la CNSC sobre la remisión de insumos de Corantioquia para la convocatoria,
así: pruebas, ciudad de aplicación, matriz de agrupación de pruebas y ejes temáticos;
comprobantes de egreso de Corantioquia para pago de recursos a la CNSC para
financiar los costos de la convocatoria por valor de $744.927.358,00; correo electrónico
del 6 de marzo de 2017 remitido por Corantioquia a la CNSC para la certificación de
OPEC Corantioquia; y correo electrónico del 15 de noviembre de 2017 sobre informe
91 Folios 969 al 1073 del cuaderno 2
92 Folios 1075 al 1115 del cuaderno 2
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consenso propuesta ajuste de la matriz de pruebas básicas de la Convocatoria 435 de
2016 CAR-ANLA.
40.10. Corpocaldas93
40.10.1. Oficio 2015-IE-00031627 del 2 de diciembre del 2015; correo electrónico de la
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y del Desarrollo Sostenible de
invitación a videoconferencia de procesos de la provisión de empleos CNSC del 10 de
febrero de 2016; correo electrónico de Asocars sobre propuesta de cronograma del 10
de febrero de 2016; cronograma de planificación de la convocatoria; correo electrónico
del 10 de marzo de 2016 del Comisionado Salvador Mendoza Suárez – CAR,
comentarios manuales de funciones, ejes temáticos y cronograma; comentarios sobre
manual de funciones de la comisionada Blanca Clemencia Romero Acevedo;
propuestas de Corpocaldas de ejes temáticos, pruebas y competencias funcionales, y
de los procesos de apoyo al sector público; reporte acerca de lo adelantado por las
CAR en lo referido a la convocatoria; correo electrónico del 27 de abril de 2016 de
Asocars de invitación a la videoconferencia sobre la convocatoria; correo electrónico
del 12 de mayo de 2016 sobre la propuesta de ejes temáticos presentada por
Corpocaldas a Asocars y a la CNSC; correo electrónico del 12 de mayo del 2016 de la
CNSC en el que se informó aplazamiento de una actividad; correo electrónico del 6 de
junio de 2016 en el que la corporación remitió la OPEC, y posteriormente la
consolidada; Oficio 2016 IE-00009429 del 11 de abril de 2016 en el cual remitió la
oferta pública de empleos; correo electrónico del 20 de septiembre del 2016 en el cual
la CNSC informa a Corpocaldas sobre la apertura del aplicativo SIMO; correo
electrónico del 8 de noviembre de 2016 de la CNSC acerca de la revisión final de la
matriz de pruebas de la Convocatoria de las CAR; correo electrónico del 1 de diciembre
de 2016 acerca del costo preliminar de la convocatoria para proveer las vacantes;
Oficio de la CNSC del 23 de junio de 2016 con invitación al taller en la ciudad de
Medellín acerca de la Convocatoria de las CAR; correo electrónico del 17 de febrero
de 2017 de Corpocaldas remitido a la CNSC sobre el registro en el aplicativo SIMO;
presentación de la videoconferencia del reporte OPEC de las CAR; anexo «15.16.3.
Propuesta ejes temáticos pruebas competencias funcionales»; correo electrónico de
Corpocaldas del 27 de febrero de 2017 sobre las novedades en la OPEC; comentarios
de la CNSC acerca de los manuales de funciones; correo electrónico del 10 de febrero
de 2016 de la CNSC con invitación a la videoconferencia de procesos de provisión de
empleos CNSC; correo electrónico del 22 de julio de 2016 sobre la matriz ajustada
CAR occidente; correo electrónico del 10 de mayo de 2017 de la CNSC sobre la matriz
de ejes temáticos de la convocatoria CAR-ANLA; correo electrónico del 10 de marzo
de 2017 de la CNSC sobre la modificación del Acuerdo 155 del 2016 CAR-ANLA;
correo electrónico del 10 de febrero de 2016 de Asocars sobre el proceso de provisión
de empleos CNSC; correo electrónico de ASOCAR del 23 de febrero de 2017 sobre el
resumen de lineamientos videoconferencia del 21 de febrero de 2016; y copia del CDP
139 del 14 de marzo de 2017.
40.11. La CAR del Cauca94
40.11.1. Reporte de los empleos vacantes de la CRC dirigida a la CNSC del 6 de
diciembre del 2016; y formato con el reporte de empleos vacantes de la CRC según
93 Folios 1147 al 1162 del cuaderno 2
94 Folios 1169 al 1188 del cuaderno 2
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las competencias por nivel jerárquico, estado de provisión y con la información de cada
uno de los cargos.
40.12. La CAR de Cundinamarca
40.12.1. Manual de funciones de la CAR de Cundinamarca.
40.13. La CAR del Canal del Dique95
40.13.1. Informe de estado de la Convocatoria 435 del 2016; proferido el 21 de mayo de
2023 en el cual se indica que dentro de la convocatoria en cuestión se ofertaron los
siguientes cargos que se encontraban en vacancia definitiva: i) nivel profesional 45; ii)
técnico 15; y iii) asistencial 30.
40.14. La CAR de los Valles del Sinú y San Jorge96
40.14.1. Hojas de vida del personal nombrado en la CAR CVS en cumplimiento de las
resoluciones de la lista de elegibles de la CNSC en la Convocatoria 435 del 2016,
visibles a 28 links de archivos pdf.
40.15. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía97
40.15.1. Copia de la consulta de empleos OPEC, suscrita por talento humano y el
director general de la corporación
2.5. Análisis de la Subsección
2.5.1. En torno a la suscripción de la convocatoria por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil y de la entidad u organismo beneficiario del proceso
de selección
41. La convocatoria a concurso supone el ejercicio de funciones separadas e
independientes de la CNSC y de las entidades beneficiarias. Estas competencias
deben coordinarse para lograr la finalidad propuesta, esto es, la selección del personal
que desempeñará empleos públicos con base en el principio del mérito. De acuerdo
con el marco jurídico expuesto, el solo hecho de que la convocatoria a concurso no
estuviese suscrita por el jefe de la entidad o el órgano de la entidad beneficiaria, no
comportaba la invalidez del acto, por el desconocimiento del requisito previsto en el
artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004.
42. Al respecto, ha quedado aclarado que el alcance de tal previsión no puede
desprenderse de su interpretación gramatical, sino que debe entenderse desde su
teleología la cual permite comprender que en la formación del acto de convocatoria a
un concurso público de méritos deben concurrir ambas entidades [tanto la CNSC como
la o las beneficiarias] bajo los principios de planeación y colaboración armónica.
43. De acuerdo con las actuaciones referidas, el proceso de planeación de la
Convocatoria 435 de 2016 se inició desde el año 2015, por solicitudes que la CNSC
95 Samai, índice 368.
96 Samai, índice 377
97 Samai, índice 397
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realizó a las CAR y a la ANLA sobre las plantas de personal. En ellas, requirió a las
entidades que allegaran la relación de los empleados que contaran con derechos de
carrera y de las vacantes definitivas, así como del manual de funciones y competencias
laborales. Asimismo, señaló que «el proceso para llevar a cabo una Convocatoria de
Empleo Público a través del mérito requiere adelantar una etapa de planeación, para la cual
es de vital importancia que la entidad realice el registro de la Oferta Pública de Empleos de
Carrera» (sic). Por su parte, las mencionadas entidades beneficiarias del concurso
intervinieron en todo el proceso de planeación y estructuración de la convocatoria.
44. Ciertamente, se constata que las nominadoras adelantaron actividades para la
actualización de sus manuales de funciones y competencias laborales, las cuales
culminaron antes de la expedición de la convocatoria. Participaron en la elaboración
de los ejes temáticos para la preparación de las pruebas que se aplicarían en el
proceso de selección, para lo cual se programaron videoconferencias y talleres. En
general, se intercambió información y se remitieron insumos para la convocatoria
relacionados con: las pruebas [tipo, carácter eliminatorio-clasificatorio, ponderación y
mínimo aprobatorio], ciudades de aplicación de las pruebas, matriz de agrupación de
pruebas y ejes temáticos, financiación de la ejecución de la convocatoria e información
y certificación de la OPEC.
45. Adicionalmente, las CAR y la ANLA fueron las entidades responsables de la
financiación del proceso de selección y asumieron los costos proyectados para la
ejecución del proceso, y remitieron la OPEC para la provisión del total de las 2.371
vacantes definitivas que fueron objeto de la convocatoria. Asimismo, una vez expedido
el Acuerdo 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, el cual aducen las
entidades les fue socializado, algunas CAR presentaron solicitudes por modificaciones
en la OPEC, así:
46. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía -
Corpoamazonia adicionó 1 vacante; la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial de La Macarena – Cormacarena adicionó 1 vacante; la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare
adicionó 1 vacante; la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique
adicionó 2 vacantes; la Corporación Autónoma Regional de Caldas -Corpocaldas
adicionó 2 vacantes; la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -Corpoguajira
adicionó 1 vacante; la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima adicionó
1 vacante; la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -Corponor
adicionó 1 vacante; la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
adicionó 2 vacantes, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá -
Corpourabá adicionó 7 vacantes; la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga – CDMB adicionó 2 vacantes; la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia adicionó 1 vacante; la Corporación
Autónoma Regional de Santander – CAS adicionó 1 vacante; la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca – CVC adicionó 5 vacantes; y la Corporación Autónoma
Regional del Cesar – Corpocesar adicionó 4 vacantes.
47. En atención a lo anterior se expidió el acuerdo 20171000000066 del 20 de abril
de 2017 que modificó los artículos 1°, 2°, 3°, 4º, 10°, el parágrafo 2 del artículo 9, el
numeral 12 del artículo 13, el parágrafo del artículo 15 y los artículos 27, 29, 30 y 31
del acuerdo 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016 con el fin de ajustar el
número de empleos que se encontraban en vacancia definitiva en las entidades partes
de la convocatoria 435 de 2016.
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48. Posteriormente, se presentaron otras solicitudes de modificaciones de la OPEC
elevadas por las CAR, Corpocesar, Corponariño, del Río Grande de la Magdalena -
Cormagdalena, para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico - CDA,
de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -Cornare, del Centro de Antioquia -
Corantioquia, para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La
Macarena - Cormacarena, y Corpocaldas, las cuales fueron atendidas mediante el
acuerdo 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, «[p]or el cual se modifica
parcialmente el artículo 1º, del Acuerdo 20171000000066 del 20 de abril de 2017».
49. En esas condiciones, es posible deducir que las actuaciones que las entidades
desplegaron fueron coordinadas con la CNSC, la cual suscribió los acuerdos
expedidos en el marco de la Convocatoria 435 de 2016.
50. De todo lo expuesto, se observa que, si bien la Convocatoria 435 de 2016 –
CAR y ANLA se expidió antes de que la Corte Constitucional profiriera la sentencia C-
183 de 2019, lo cierto es que se ajustó a los aspectos allí señalados. En efecto, el
acuerdo bajo estudio fue producto de la coordinación de actividades de las CAR y de
la ANLA como participantes en la planeación y financiación del concurso, desarrolladas
bajo el principio de colaboración armónica en conjunto con la CNSC, como entidad
encargada de asegurar la implementación y velar por el adecuado funcionamiento de
la realización del concurso, así como su administración y vigilancia. En esa medida, el
cargo formulado por los demandantes sobre el presunto desconocimiento del artículo
31.1 de la Ley 909 de 2004 no tiene vocación de prosperidad.
51. Valga precisar que la OPEC forma parte integral de los acuerdos, tal y como lo
previó el artículo 10 del Acuerdo 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016 y sus
modificaciones, y en ella se identificó de manera precisa cada uno de los empleos a
proveer, esto es la denominación, el grado, el código y el número de vacantes, sin que
en las demandas se expusieran argumentos concretos encaminados a cuestionarla.
52. Finalmente, si bien es cierto la parte demandante acudió al preámbulo y a los
artículos 2, 29, 125 y 209 de la Constitución Política, lo cierto es que los argumentos
se dirigen, esencialmente, a fundamentar la violación del artículo 31 de la Ley 909 de
2004; además, no se expuso el porqué de tal consideración.
2.5.2. En relación con la inclusión de la profesión de biología en la OPEC de la
CAS
53. Por medio del Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.2.6.2. señala que el
manual de funciones debe incluir como mínimo: 1) la identificación y ubicación del
empleo; 2) el contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la
descripción de funciones esenciales del empleo; 3) los conocimientos básicos o
esenciales y 4) los requisitos de formación académica y de experiencia.
54. En consonancia con lo anterior, el artículo 2.2.2.4.9. prevé que, para el ejercicio
de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en
educación superior, en el manual específico de funciones y de competencias laborales
se identificarán los núcleos básicos del conocimiento (NBC), que contengan las
disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en
el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).
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55. La disciplina académica de biología se encuentra clasificada en el núcleo básico
de conocimiento, pertenece al área de conocimiento de «matemáticas y ciencias
naturales», en el que también están incluidas física, geología, otros programas de
ciencias naturales, matemáticas, estadísticas y afines, química y afines.
56. A partir de esta información, cada entidad, según la naturaleza de las funciones
del empleo o área de desempeño, tiene el deber de verificar que la disciplina
académica o profesión que se exija como requisito de formación pertenezca
efectivamente al correspondiente núcleo básico del conocimiento señalado en los
manuales.
57. Ahora bien, la Ley 22 de 1984 reconoció la biología como una profesión de
educación superior, en su artículo 2 señala:
«Artículo 2. Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la profesión de
Biólogo la utilización de los principios, conocimientos y técnicas propios de las diferentes
disciplinas que conforman la Biología, tales como la Biología Celular, la Biología Molecular,
la Morfofisiología, la Genética, la Ecología para:
a) La investigación, la aplicación práctica, la enseñanza, la asesoría o consultoría y la
administración en materias referentes a los seres vivos, a su naturaleza, su composición,
sus propiedades, su funcionamiento o sus transformaciones; a las relaciones entre los seres
vivos y a las de éstos y el ambiente que los rodea. b) El desarrollo, evaluación o adopción
de tecnología en el campo de la Biología o para el establecimiento de nuevas técnicas en
ese campo. c) El desempeño de cargos, funciones o comisiones en actividades en las que
predomine el componente biológico».
58. Por su parte, el Decreto 2531 de 1986, por medio del cual se reguló la profesión,
prevé:
«ARTÍCULO 1o. Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la Profesión de
Educación Superior de Biología toda actividad relacionada con la utilización de los
principios, conocimientos y técnicas propias de las diferentes disciplinas que conforman la
Biología, establecidas en el artículo 2º de la Ley 22 de 1984, dentro de las siguientes áreas
de trabajo intelectual y físico:
a) Dirección y ejecución de la investigación científica, pura o aplicada, en los campos de la
Biología Celular; Biología Molecular; Morfofisiología Vegetal y Animal; Biotecnología;
Biofísica; Sistemática Vegetal y Animal; Genética; Microbiología; Ecología; Recursos
Naturales Renovables; Recursos Hídricos; Flora; Fauna; Medio Ambiente; Control
Biológico; Productos Naturales; Etología; Histología; Embriología; Utilización e
Industrialización de Plantas y Animales; Tecnología de Recursos Alimenticios;
Mejoramiento Genético; Nuevas Fuentes de Alimentos; Manejo de Recursos
Agrosilviculturales; Cuencas Hidrográficas y Fenómenos de Impacto Ambiental;
b) Aplicación técnica de los conocimientos y métodos de la Biología en los ensayos, análisis,
control y tratamiento de los residuos industriales o domésticos;
c) Dirección técnica y científica en laboratorios biológicos, jardines botánicos y zoológicos;
institutos de ciencias naturales; estaciones biológicas experimentales; bioterios;
zoocriaderos; viveros, bancos de germoplasma; Instituto de Manejo de Recursos Naturales
Renovables; museos de ciencias naturales;
d) Estudio, planeación, proyección, especificación, dirección, fiscalización, contratación,
inspección, supervigilancia, ejecución y evaluación de obras materiales que se rijan por la
ciencia o técnica biológica en los campos especificados en el literal a);
e) Dirección, supervisión y ejecución de labores cuyo resultado final sea un documento
técnico o de carácter biológico;
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f) Ejecución en su propio nombre o en el de otros, de concesiones para la utilización de
técnicas basadas en la aplicación de las áreas descritas en el literal a);
g) Desempeño de cargos de consejeros y delegados en misiones y comisiones que se
designen para representar al país en reuniones internacionales destinadas a estudiar,
regular y dirigir las actividades científicas, industriales o técnicas relacionadas con la
Biología;
h) Desempeño de cargos, funciones o comisiones con la denominación de BIOLOGO en
cualquiera de las ramas de la administración pública o privada;
i) Asesoría y consultoría a las entidades oficiales y privadas vinculadas al nivel científico y
tecnológico con recursos naturales y medio ambiente, en la inspección de la calidad de los
trabajos que les sean encargados, en los proyectos de investigación y otros proyectos de
carácter técnico que desarrollen dentro del ámbito de la Biología;
j) Participación en los peritazgos dentro de los procesos jurídicos y legales relativos a las
áreas contempladas en el literal a)» (sic).
59. En lo que tiene que ver con la OPEC de la Corporación Autónoma Regional de
Santander – CAS, según la transcripción realizada en la demanda, se tiene:
Nivel Propósito OPEC Requisitos
/Denominación
Profesional Coordinar, promover y 40039 Título profesional en: Derecho, del Núcleo
especializado participar en la ejecución Básico del Conocimiento en: Derecho y
de las políticas Afines. Ingeniería Agrícola, Ingeniería
encaminadas a la Forestal, del Núcleo Básico del
administración ambiental Conocimiento en: Ingeniería Agrícola,
autoridad ambiental en el Forestal y Afines. ingeniería Ambiental,
territorio de su jurisdicción Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
de conformidad con la Básico del Conocimiento en: Ingeniería
normatividad vigente. Ambiental, Sanitaria y Afines.
Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, Administración de Empresas,
Administración de Empresas
Agropecuarias, del Núcleo Básico del
Conocimiento en Administración. Ingeniería
Civil, del Núcleo Básico del Conocimiento
en: Ingeniería Civil y Afines. Agronomía, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Agronomía. Medicina Veterinaria, Medicina
Veterinaria y Zootecnia, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia. Título de postgrado en
modalidad de especialización áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matricula profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Profesional Coordinar, promover y 39980 Título profesional en: Derecho, del Núcleo
especializado participar en la ejecución Básico del Conocimiento en: Derecho y
de las políticas Afines. Ingeniería Agrícola, Ingeniería
encaminadas a la Forestal, del Núcleo Básico del
administración ambiental Conocimiento en Ingeniería Afines.
autoridad ambiental en el Agrícola, Forestal e Ingeniería Ambiental,
territorio de su jurisdicción Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
de conformidad con la Básico del Conocimiento en: Ingeniería
normatividad vigente. Ambiental, Sanitaria y Afines.
Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, Administración de Empresas,
Administración de Empresas
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Agropecuarias, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Administración. Ingeniería
Civil, del Núcleo Básico del Conocimiento
en: Ingeniería Civil y Afines. Agronomía, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Agronomía. Medicina Veterinaria, Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Zootecnia, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Medicina Veterinaria, Zootecnia. Título de
postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo Tarjeta o matricula
profesional en los casos reglamentados por
la ley
Profesional Coordinar, promover y 4003 Título profesional en: Derecho, del Núcleo
especializado participar en la ejecución Básico del Conocimiento en: Derecho y
de las políticas Afines. Ingeniería Agrícola, Ingeniería
encaminadas a la Forestal, del Núcleo Básico del
administración ambiental Conocimiento en: Ingeniería Agrícola,
autoridad ambiental en el Forestal y Afines. Ingeniería Ambiental,
territorio de su jurisdicción Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
de conformidad con la Básico del Conocimiento en: Ingeniería
normatividad vigente. Ambiental, Sanitaria y Afines.
Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, Administración de Empresas, de
Empresas Agropecuarias, del Núcleo
Básico del Conocimiento en:
Administración. Ingeniería Civil, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingeniería Civil
y Afines. Agronomía, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Agronomía. Medicina
Veterinaria, Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Zootecnia, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia. Título de postgrado en la
modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matricula profesional en los casos
reglamentados por la ley
Profesional participar en las 6755 Título profesional en: DERECHO del Núcleo
universitario actividades emanadas de Básico del Conocimiento en: Derecho y
los procesos afines. Tarjeta o matricula profesional en los
procedimientos casos reglamentados por la ley.
disciplinarios a que haya
lugar, de conformidad con
la normatividad vigente y
las directrices de la
corporación
Profesional Coordinar, promover 40073 Título profesional en: Derecho, del Núcleo
especializado participar en la ejecución Básico del Conocimiento en: Derecho y
de las políticas Afines. ingeniería Agrícola, Ingeniería
encaminadas a la Forestal, del Núcleo Básico del
administración ambiental Conocimiento en: Ingeniería agrícola,
autoridad ambiental en el Forestal y Afines. Ingeniería Ambiental,
territorio de su jurisdicción Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
de conformidad con la Básico del Conocimiento en: Ingeniería
normatividad vigente Ambiental, Sanitaria y Afines.
Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, Administración de Empresas,
Administración de Empresas
Agropecuarias, del Núcleo Básico del
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Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros
Conocimiento en: Administración. Ingeniería
Civil, del Núcleo Básico del Conocimiento
en: Ingeniería Civil y Afines. Agronomía, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Agronomía. Medicina Veterinaria, Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Zootecnia, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Medicina Veterinaria, Zootecnia. Título de
postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo. Tarjeta o matricula
profesional en los casos reglamentados por
la ley
Profesional participar en la ejecución 15278 Título Profesional en: Ingeniería Ambiental,
especializado de las políticas Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
encaminadas al manejo, Básico del Conocimiento en: Ingeniería
control y seguimiento de Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingeniería
los recursos naturales Forestal, Ingeniería Agrícola, del Núcleo
renovables disponibles en Básico del Conocimiento Agrícola, en:
la jurisdicción de la Ingeniería Forestal y Afines. Agronomía, del
corporación de Núcleo Básico del Conocimiento en:
conformidad con la Agronomía. Medicina Veterinaria y
legislación vigente y en el Zootecnia, Medicina Veterinaria, Zootecnia,
desarrollo de planes de del Núcleo Básico del Conocimiento en:
control y seguimiento de Medicina Veterinaria, Zootecnia. Geología,
los mismos. del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Geología, otros programas de Ciencias
Naturales. Biología, Microbiología, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Biología, Microbiología y Afines.
Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, Administración de Empresas
Agropecuarias, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Administración. Derecho,
del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Derecho y Afines. Título de postgrado en la
modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta matrícula profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Profesional Coordinar У garantizar el 11874 Título profesional en: Ingeniería Ambiental,
universitario cumplimiento del control Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
ambiental dentro de la Básico del Conocimiento en: Ingeniería
jurisdicción de la Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingeniería
corporación de Civil, del Núcleo Básico del Conocimiento
conformidad con la en: Ingeniería Civil y Afines. Geología, del
normatividad vigente y las Núcleo Básico del Conocimiento en:
directrices internas de la Geología, Otros Programas de Ciencias
alta dirección en materia Naturales. Ingeniería Química, del Núcleo
de hidrocarburos, - recurso Básico del Conocimiento en: Ingeniería
hídrico y vertimientos Química y Afines. Ingeniería de Petróleos,
(sólidos, líquidos y del Núcleo Básico del Conocimiento en:
gaseosos) Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines.
Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, Administración de Empresas
Agropecuarias, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Administración. Tarjeta o
matricula profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Profesional participar en el desarrollo 12554 Título Profesional en: Ingeniería Ambiental,
especializado de políticas У estrategias Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros
para el uso, Básico del Conocimiento en: Ingeniería
aprovechamiento de los Ambiental, Sanitaria y Afines.
recursos naturales Administración Ambiental y de los Recursos
renovables, ordenamiento Naturales, Administración de Empresas
ambiental del territorio en Agropecuarias, del Núcleo Básico del
la jurisdicción de la Conocimiento en: Administración. Ingeniería
corporación de agrícola, Ingeniería Forestal, del Núcleo
conformidad con Básico del Conocimiento en: Ingeniería
directrices institucionales, Agrícola, Forestal y Afines. Título de
normativas políticas postgrado en la modalidad de
nacionales que rigen la especialización en áreas relacionadas con
materia las funciones del cargo. Tarjeta o matricula
profesional en los casos reglamentados por
la ley
Profesional Coordinar realizar el 6752 Título profesional en: Ingeniería Ambiental,
universitario seguimiento al Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
cumplimiento de los Básico del Conocimiento en: Ingeniería
permisos, concesiones, Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingeniería
autorizaciones y licencias Forestal, Ingeniería Agrícola, del núcleo
otorgados negados, y las Básico del Conocimiento en: Ingeniería
obligaciones que de allí se Agrícola, Forestal y Afines. Administración
deriven y liquidar las tarifas Ambiental y de los Recursos Naturales,
de seguimiento ambiental, Administración de Empresas
en la forma establecida en Agropecuarias, del Núcleo Básico del
la ley. Conocimiento en: Administración. Tarjeta o
matrícula profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Profesional Coordinar garantizar el 11875 Título profesional en: ingeniería Ambiental,
universitario cumplimiento del - control Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
ambiental dentro de la Básico del Conocimiento en: Ingeniería
jurisdicción de la- Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingeniería de
corporación de Minas, del Núcleo Básico del Conocimiento
conformidad con la en: Ingeniería de Minas y Afines. Ingeniería
normatividad vigente y las Civil, del Núcleo Básico del Conocimiento
directrices internas de la en: Ingeniería Civil y Afines. Geología, del
alta dirección en materia Núcleo Básico del Conocimiento en:
de ecosistemas, Geología, Otros Programas de Ciencias
biodiversidad y ordenación Naturales. Biología Microbiología, del
del territorio Núcleo Básico del Conocimiento en:
Biología, Microbiología Afines.
Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Administración. Ingeniería
Forestal, Ingeniería Agrícola, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines. Tarjeta o
matrícula profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Profesional Participar en la gestión 6751 Título profesional en: Ingeniería Ambiental,
universitario técnica ambiental de los Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
procesos de evaluación, Básico del Conocimiento en: Ingeniería
control seguimiento Ambiental, Sanitaria y Afines.
ambiental en su Administración Ambiental y de los Recursos
jurisdicción de Naturales, Administración de Empresas
conformidad con las Agropecuarias, del Núcleo Básico del
políticas internas de la Conocimiento en: Administración. Ingeniería
dirección general y la Civil, del Núcleo Básico del Conocimiento
normatividad vigente en: Ingeniería Civil y Afines. Ingeniería de
Minas, Ingeniería de Petróleos, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingeniería de
Minas, Metalurgia y Afines. Geología, del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado:11001-03-25-000-2018-00329-00(1353-2018)
Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Geología, Otros Programas de Ciencias
Naturales. Agronomía, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Agronomía. Medicina
Veterinaria, Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Zootecnia, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia. Ingeniería Química, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingeniería
Química y Afines. Ingeniería Forestal,
Ingeniería Agrícola, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingeniería agrícola,
Forestal y Afines. Tarjeta o matricula
profesional en los casos reglamentados por
la ley.
60. De lo anterior, se observa que en el proceso de selección y, específicamente,
en la provisión de cargos en la CAS sí se tuvo en cuenta la profesión de biología, según
las prerrogativas dispuestas en la Ley 22 de 1984 y en el Decreto 2531 de 1986,
normas que regulan la mencionada profesión y que reconocen su idoneidad en
diferentes actividades, tales como la investigación científica, la aplicación técnica de
los conocimientos y métodos para analizar, controlar y tratar residuos industriales o
domésticos, la dirección técnica y científica de espacios o centros relacionados con la
biología y con recursos naturales, la supervisión y ejecución de labores en las que se
producen documentos técnicos relacionados con el área de estudio de la profesión,
incluso, la asesoría y consultoría de autoridades oficiales y privadas vinculadas al nivel
científico y tecnológico con recursos naturales y medio ambiente, entre otras.
61. En ese sentido, la OPEC en mención tuvo en cuenta la inclusión de la profesión
de biología en empleos cuyas funciones estaban relacionadas con actividades propias
del control de los recursos naturales renovables y control ambiental en materia de
ecosistemas, biodiversidad y ordenación del territorio. En consecuencia, la
mencionada profesión fue incorporada como núcleo básico del conocimiento, por lo
menos en 2 empleos, con lo que se tiene que la corporación no desconoció el
reconocimiento de la biología como una profesión.
62. Ahora bien, el hecho de que la profesión no se incluyera como núcleo básico
del conocimiento en todos o, en más empleos a proveer no implicó la vulneración del
derecho a la igualdad. Lo anterior, en atención a que, como se advierte de lo transcrito,
algunos de los empleos ofertados tenían propósitos distintos o, en su defecto,
específicos. Por ejemplo, algunos estaban orientados principalmente a coordinar,
promover y participar en la ejecución de políticas encaminadas a la administración
ambiental, a participar en actividades relacionadas con procesos y procedimientos
disciplinarios, a ejercer un control ambiental, pero en materia de hidrocarburos,
recursos hídricos y vertimientos [en el que se incluyó la geología y la química], entre
otros. Asuntos, que requirieron de perfiles con formación en áreas de conocimiento
distintos o, incluso, de igual área de conocimiento, pero como se señaló con propósitos
distintos o específicos a los abarcados por la profesión de biología.
63. En esa medida, resulta necesario indicar que el área de conocimiento es la
agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta
afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, y en los
campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conducen
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Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros
a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas 98. No
obstante, lo anterior, no significa que necesariamente la inclusión de una de las
disciplinas como requisito para la provisión de cargos perteneciente a un área de
conocimiento específico conlleve a que todas las abarcadas en igual área satisfagan
los propósitos y necesidades de un mismo empleo.
64. La diferencia de los requisitos exigidos responde a criterios objetivos y
razonables, pues a los organismos y entidades de la administración pública les
corresponde especificar en el manual de funciones y competencias laborales cuáles
son los conocimientos esenciales para determinado cargo. Estos conocimientos están
organizados en núcleos básicos del conocimiento, que contienen las disciplinas
académicas profesionales que deben estar relacionadas con el cargo a proveer.
Además, estos núcleos deben identificarse según la clasificación del SNIES, lo que
garantiza que las funciones del cargo estén alineadas con la formación académica que
exige la ley. Es decir, la entidad debe asegurarse de que el empleo este asociado al
área de conocimiento según la carrera profesional reconocida, para lo cual debe tener
en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área de desempeño y las
necesidades del servicio y de la institución.
65. Así pues, no todos los núcleos básicos de conocimiento incluidos en igual área
de conocimiento especifico satisfacen idénticas necesidades.
66. En conclusión, la exclusión de la biología como núcleo básico de conocimiento
en algunos de los empleos ofertados en la convocatoria 435 de 2016 no configura un
trato discriminatorio comoquiera que, los cargos ofertados no están en situaciones
fácticas equivalentes pues tienen propósitos o enfoques funcionales diferentes.
2.6. Conclusión
67. El Acuerdo CNSC-20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, sus acuerdos
modificatorios CNSC-20171000000066 del 20 de abril de 2017 y CNSC-
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Resolución CNSC-20172210040705 del
22 de junio de 2017, y la OPEC, expedidos en el marco de la Convocatoria 435 de
2016 – CAR y ANLA no vulneró el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. Si bien el acto
no fue suscrito por los representantes de las entidades beneficiarias del concurso, lo
cierto es que estas intervinieron en el proceso de formación de los actos
administrativos, para lo cual desplegaron actividades para la planeación administrativa
y financiera del proceso de selección, en coordinación con la CNSC.
68. Asimismo, no desconoció el derecho a la igualdad de quienes ejercen la
profesión de biología, pues esta fue incluida en la OPEC de la CAS y, en todo caso, el
hecho de que no se hubiese incluido como requisito para otros empleos no implicó un
trato discriminatorio, sino que el propósito de los empleos requeridos eran diferentes
a los que abarcan la profesión de biología.
69. En consecuencia, se negará la pretensión de nulidad formulada en la demanda.
98 https://snies.mineducacion.gov.co/portal/DOCUMENTOS/Glosario/
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Demandantes: Yolanda Gámez Urueña y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. – Negar la pretensión de nulidad del del Acuerdo CNSC-20161000001556
del 13 de diciembre de 2016, sus acuerdos modificatorios CNSC-20171000000066 del
20 de abril de 2017 y CNSC-20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Resolución
CNSC-20172210040705 del 22 de junio de 2017, y las OPEC, formuladas en las
demandas interpuestas por Yolanda Gámez Ureña y otros contra la Comisión Nacional
del Servicio Civil, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corporaciones
Autónomas Regionales.
Segundo. – Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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