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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00419-00

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00419-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar parcialmente fundada la acción especial de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Infirmar parcialmente la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en lo que respecta al numeral tercero, el cual quedará de la siguiente forma: Tercero. Modificar la sentencia del 9 de diciembre de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Manizales, en el sentido de indicar que la pensión de jubilación del señor Jorge Eduardo Valencia Merchán debe liquidarse en el equivalente al 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio; sin embargo, en caso de que esta forma de liquidación resulte superior a la ordenada en primera instancia, deberá mantenerse el monto pensional dispuesto por el a quo, en aras de no afectar el principio de la no reformatio in pejus. Tercero Bis. Confirmar en lo demás el proveído apelado. Tercero. Se aclara que los efectos del presente fallo regirán hacia el futuro, con el objeto de salvaguardar los derechos del señor Jorge Eduardo Valencia Merchán que fueron reconocidos al amparo de la sentencia del 28 de agosto de 2014. Cuarto. Negar las demás pretensiones de la acción especial de revisión. Quinto. Sin condena en costas. Sexto. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso ordinario con radicado 17001-33-31-002-2008-00519-02 al juzgado de origen y archivar el recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones de rigor. 39 Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018) Demandante: UGPP

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-00419-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

4 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Jorge Eduardo Valencia Merchán

Tema: Causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

Decide la Sala la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia del 28 de agosto de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, a través de la cual confirmó
parcialmente la providencia del 9 de diciembre de 2013, emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión de Manizales, que había accedido a las
pretensiones de la demanda, dentro del proceso radicado 17001-33-31-002-2008-
00519-02.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, la UGPP, por conducto de apoderada, solicitó lo siguiente: i) revocar
la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, a través de la cual confirmó la providencia del 9 de diciembre de 2013,

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Manizales; ii)
declarar que el señor Jorge Eduardo Valencia Merchán no tiene derecho a que se
le reliquide la pensión convencional en cuantía del 100% del promedio de lo
devengado en el último año de servicios, al tenor del artículo 19 del Decreto 1653
[sic] de 1977; iii) declarar que la pensión del demandado debe concederse al
amparo del régimen convencional previsto en la Resolución 1129 del 11 de marzo
de 2005, «sin ser posible que se otorguen condiciones convencionales y legales
simultáneamente»; y iv) declarar que el accionado no es destinatario de la pensión
especial prevista en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, «por no haberse
acreditado 20 años de servicio en calidad de funcionario de la seguridad social».

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló:

i) El señor Jorge Eduardo Valencia Merchán nació el 4 de junio de 1949 y prestó
sus servicios al Instituto de Seguros Sociales – ISS y a la ESE Rita Arango Álvarez
del Pino, en los siguientes tiempos:

CARGO - NOVEDAD EMPLEADOR DURACIÓN TIEMPO
AÑOS MESES DÍAS
Médico General grado 36 4 horas en 05/07/1976 0 8 27
Salamina ISS AL
1/04/1977
Médico General grado 36 2 horas en ISS 1 AL 0 1 0
Manizales 31/08/1977
Médico General grado 36 2 horas en 01/09/1977 0 6 5
Manizales ISS AL
05/03/1978
Médico Especialista (Cirugía 19/01/1985 0 6 0
General) grado 38 6 horas ISS AL
18/09/1985
Médico Especialista (Cirugía 17 8 6
General) grado 38 6 horas del ISS 21/10/1985
Departamento de Clínicas AL
Quirúrgicas – nombramiento 25/06/2003
indefinido
INTERRUPCIÓN LABORAL ISS 6 AL 0 0 3
8/12/1991
E.S.E. Rita Arango 1 5 20
Médico Especialista Grado 22 6 Álvarez del Pino 26/06/2003
horas Unidad Hospitalaria Clínica incorporado por AL
Villapilar - Manizales Decreto 1750 de 13/12/2004

2

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

2003, sin solución de
continuidad
TOTAL ISS 19 6 5
TOTAL E.S.E. 1 5 20
TIEMPO TOTAL 20 11 25

ii) El 11 de marzo de 2005, por Resolución 1129, la ESE Rita Arango Álvarez del
Pino le reconoció al demandado la pensión de jubilación convencional, con
fundamento en el Decreto 1750 de 2003 y la Sentencia C-314 de 2004, «teniendo
en cuenta los tiempos prestados sucesivamente en diferentes entidades públicas»,
en cuantía del 75% de los factores devengados en el último año de servicios.

iii) El interesado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
el fin de obtener la reliquidación de la prestación en el equivalente al 100% de los
factores percibidos en el año anterior a su desvinculación, conforme lo dispone el
artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajadores del ISS.

iv) La jurisdicción de lo contencioso administrativo accedió a la anterior pretensión,
pero en aplicación del Decreto 1653 de 1977.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 28 de agosto de
2014 confirmó parcialmente la providencia del 9 de diciembre de 2013, suscrita
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Manizales, con base
en los razonamientos que se resumen, a continuación:1

i) El demandante es beneficiario del régimen de transición previsto artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y, como trabajó durante más de 20 años como médico del ISS,
su pensión se rige por el Decreto 1653 de 1977, ya que tuvo la condición de
funcionario de la seguridad social. Esa disposición es más favorable al pensionado

1 Folios 205 a 215 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

y debe aplicarse de manera integral, conforme lo ha indicado el Consejo de
Estado.2

ii) La pensión del actor se reconoció con base en los factores enlistados en el
Decreto 1158 de 1994, pese a que debieron incluirse los previstos en el Decreto
1653 de 1977.

iii) En consecuencia, se confirma la sentencia apelada en tanto dispuso que el
accionante tiene derecho a que su pensión se liquide en los términos del artículo
19 ibidem, esto es, en cuantía del 100% de los factores devengados en el año
anterior al retiro del servicio.

iv) Sin embargo, el proveído recurrido debe revocarse parcialmente en el sentido
de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Nación - Ministerio de la Protección Social y la Fiduprevisora S.A.
y, en consecuencia, la reliquidación pensional ordenada estará a cargo
únicamente del ISS o quien haga sus veces.

1.2. La causal de revisión invocada

La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes
argumentos:

i) En sede judicial se reconoció una pensión en cuantía que excede lo debido, ya
que modificó «la liquidación y tasa de reemplazo de una pensión convencional
con condiciones establecidas para una pensión legal especial, como lo era la del
Decreto 1653 de 1977», por lo que el monto se determinó en «el 100% del IBL […]
con grave afectación del interés general y del erario». Además, el tribunal entendió
erradamente que el accionado era beneficiario del aludido régimen pensional,
pese a que no acreditaba los requisitos allí previstos para su disfrute.

2 El tribunal invocó las siguientes sentencias: i) del 15 de mayo de 2008, expediente 1708-07; ii) del 6 de agosto de 2008,

radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08); y iii) del 3 de marzo de 2011.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

ii) Al señor Jorge Eduardo Valencia Merchán se le reconoció la pensión de
jubilación conforme a la Convención Colectiva 2001-2004, suscrita entre el ISS y su
sindicato de trabajadores, ya que consolidó el estatus pensional antes del 31 de
octubre de 2004.

iii) La prestación se concedió en razón a que el ciudadano acreditó tiempos
prestados en diferentes instituciones de derecho público, a saber, el ISS y la
mencionada ESE, conforme lo permite el artículo 101 de la Convención.

iv) La sentencia recurrida ordenó reliquidar una pensión convencional con base en
una disposición legal, esto es, el Decreto 1650 de 1977; por lo tanto, se
desconoció la naturaleza de la prestación concedida.

v) Para acceder a la pensión especial prevista en el aludido decreto es necesario
que el interesado demuestre haberse desempeñado como funcionario de la
seguridad social durante más de 20 años,3 los cuales debían estar acreditados al
30 de octubre de 1996, ya que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-
579 de 1996, declaró inexequible esa categoría de servidor público.

vi) Para la referida fecha, el accionado contaba con 12 años, 2 meses y 2 días de
servicio como funcionario de la seguridad social, por lo que no era destinatario del
régimen especial consagrado para esa clase de empleados. Desde ese entonces,
el señor Valencia Merchán siguió laborando en el ISS como trabajador oficial, por
tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado.

vii) El Decreto 1750 de 2003 escindió el ISS y creó las empresas sociales del
Estado y, a partir de ese momento, el demandado adquirió la calidad de empleado
público.

3 La UGPP invocó la sentencia SL6494-2015 del 29 de abril de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de

Casación Laboral, Radicado 44524.

5

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

viii) En consecuencia, para efectos de completar los 20 años de servicios como
funcionario de la seguridad social, el señor Valencia Merchán no puede sumar
«los tiempos de servicio prestados después del 30 de octubre de 1996, y hasta el
25 de junio de 2003, por ser en tal período trabajador oficial, ni los servidos a la
E.S.E. Rita Arango del Pino, en los que era empleado público».

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La apoderada del señor Jorge Eduardo Valencia Merchán se opuso a las
pretensiones de la demanda en estos términos:4

i) El accionado es beneficiario del artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, ya que se
encuentra amparado por el régimen de transición pensional.

ii) El demandado prestó sus servicios como médico especialista, en condición de
funcionario de la seguridad social y todo el tiempo laboró sin solución de
continuidad, por lo que debe aplicarse el Decreto 2527 de 2000 en tanto dispone
que «la privatización de una entidad estatal no implica la pérdida de los beneficios
del régimen de transición para sus trabajadores, ni la alteración del régimen
aplicable para el efecto».

iii) De acuerdo con la anterior norma, la escisión del ISS no implicó que el señor
Jorge Eduardo Valencia Merchán perdiera los beneficios que le otorgaba el
régimen anterior al que pertenecía antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

iv) Se proponen las siguientes excepciones: 1) cumplimiento de los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación en cuantía del 100% del promedio de lo
percibido en el último año de servicios; 2) ausencia de responsabilidad del
demandado; 3) genérica; 4) buena fe; y 5) cumplimiento a sentencia.

2. Consideraciones

4 Folios 652 a 658.

6

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.5 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.6

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza publica la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación».7

Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), está legitimada para la interposición de este recurso,
teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando
haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo
reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

5 Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. «Artículo
249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.».
6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
7 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP como

sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».
En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 3 de septiembre
de 20148 y la acción especial de revisión se interpuso el 2 de abril de 2018,9 por lo
que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, se encuentra inmersa en la causal de revisión
contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite
acudir a la acción especial de revisión «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

8 Folio 266.
9 Folio 345 reverso.

8

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de
revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos
248 y siguientes del CPACA, lo cierto es que presenta aspectos que lo
particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de
Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

i) Son susceptibles del recurso las sentencias ejecutoriadas.

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor general de la República o del procurador general de la
Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar
el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección
de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad
del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo
inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra

9

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Demandante: UGPP

circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración
del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida
excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró10 que el recurso
extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,11
procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el
restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio
general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones
dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el
recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

10 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto

pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la
acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido.
Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
11 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se

encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia
laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En
materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo
57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.

10

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

2.4.2. Alcance de la causal de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se
contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De
esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».12

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de
la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de
pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la
corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales […]».13

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el
propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma
contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter
patrimonial al erario».14

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas
periódicas a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con

12 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV).
13 Ibidem.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-00845-00 (2743-

13).

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Demandante: UGPP

violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas,
corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos
por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el
legislador, sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan
plantear discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en
la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión
reconocida haya sido irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y
ordenado en la ley.

2.4.3. Funcionarios de la seguridad social

La Ley 90 de 1946 creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS) y el
Decreto Ley 2324 de 1948 reguló su régimen de administración de personal. Esta
última norma, en su artículo 4, dispuso que los empleados y obreros al servicio de
ese instituto, estaban clasificados como trabajadores particulares.

Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 433 de 1971 «por el cual se
reorganiza el Instituto de Seguros Sociales» se le dio al instituto la naturaleza de
establecimiento público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio15 y, a causa del cambio de naturaleza, el Decreto 1651 de 1977,
en su artículo 3,16 consagró una nueva modalidad de servidores, denominados
«funcionarios de la seguridad social».

15 El artículo 9 del aludido decreto prescribía: «El Instituto Colombiano de Seguros Sociales, creado por la Ley 90 de

1946, es una entidad de derecho social, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e
independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.E.»
16 El artículo citado consagraba: «De los servidores del Instituto de Seguros Sociales. Serán empleados públicos de libre

nombramiento y remoción, el Director General del Instituto, el Secretario General, los subdirectores y los Gerentes
Seccionales de la entidad. Tales empleados se sujetarán a las normas generales que rigen para los funcionarios de la
Rama Ejecutiva del Poder Público.
Las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente, se denominarán
funcionarios de seguridad social, con excepción de las personas que cumplan las funciones relacionadas con las
siguientes actividades que serán trabajadores oficiales, aseo, jardinería, electricidad, mecánica, cocina, celaduría,
lavandería, costura, planchado de ropa y transporte.

12

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

Las directrices que en materia de salarios y prestaciones sociales cobijarían a
tales funcionarios fueron previstas, entre otros, en el Decreto Ley 1653 de 1977,
en cuyo artículo 19 se estableció que tendrían derecho a una pensión de jubilación
equivalente al 100% del promedio devengado en el último año de servicios,
teniendo en cuenta los siguientes factores de salario: i) asignación básica
mensual; ii) gastos de representación; iii) primas técnica, de gestión y localización;
iv) auxilios de alimentación y transporte; v) valor de trabajo en dominicales y
feriados; vi) valor del trabajo suplementario en horas extras.

El Decreto 413 de 1980 reglamentó la carrera del funcionario de seguridad social
del ISS y en su artículo 2 dispuso que «las personas que presentan sus servicios
en el instituto de seguros sociales son: empleados públicos, funcionarios de
seguridad social y trabajadores oficiales».

El Decreto 2148 de 1992 reestructuró el ISS y precisó que funcionaría «como una
empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social».

Más adelante, el artículo 235 de la Ley 100 de 1993 estableció que los empleados
del ISS mantendrían la clasificación de «funcionarios de la seguridad social»;
además, el artículo 275 ibidem reiteró que la naturaleza jurídica de esa entidad era
la de una empresa industrial y comercial del estado y que el régimen de sus
empleados era el consagrado en el Decreto Ley 1651 de 1977.

No obstante, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-579 de 1996,
declaró inexequibles los artículos 235 de la Ley 100 de 1993 y 3, inciso 2, del
Decreto 1651 de 1977, en el aparte «las demás personas naturales que

Los funcionarios de seguridad social estarán vinculados a la administración por una relación legal y reglamentaria de
naturaleza especial, que les confiere el derecho a celebrar colectivamente con el Instituto Convenciones para modificar
las asignaciones básicas de sus cargos.»

13

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente, se denominarán
funcionarios de seguridad social», bajo los siguientes razonamientos:

Con fundamento en las consideraciones precedentes, es evidente que al haberse
transformado el Instituto de Seguros Sociales en una empresa industrial y comercial
del Estado, sus trabajadores tienen por regla general la calidad de trabajadores
oficiales, y excepcionalmente para quienes desempeñen cargos de dirección y
confianza, se les otorga la condición de empleados públicos, de conformidad con
sus estatutos, por lo que no es admisible una tercera modalidad de empleados,
como la establecida en el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, pues al
hacerlo quebranta el ordenamiento superior, salvo que la misma ley precise en
forma taxativa los empleos que son susceptibles de ser desempeñados por
funcionarios de libre nombramiento y remoción, como se hizo en el Decreto 2148 de
1992, según el cual el Presidente, Secretario General y demás funcionarios que
desempeñen cargos de dirección o confianza, ostentan la calidad de funcionarios
públicos.

[…]
De esta manera, al ordenar el parágrafo acusado que los trabajadores del Instituto
de Seguros Sociales mantendrán el carácter de empleados de la seguridad social,
los priva de la condición de trabajadores oficiales -adquirida por el cambio de
naturaleza jurídica de la entidad-, y los coloca, como ya se dijo, en situación de
desigualdad frente a los demás trabajadores oficiales de las empresas industriales y
comerciales del Estado, sin que exista para ello una justificación objetiva y
razonable entre los medios empleados y la finalidad perseguida.

Lo anterior quiere decir que, con la sentencia en cita, desapareció la clasificación
de los denominados «funcionarios de la seguridad social»,17 con el objeto de que
sus empleados pudieran beneficiarse de las prerrogativas concedidas en la ley
para los trabajadores oficiales, pues, esa era la clasificación de los servidores de
ese Instituto, para el momento de la expedición de la aludida providencia.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993, en su artículo 36, estableció un régimen de
transición, consistente en que los hombres que para la fecha de su entrada en
vigencia18 tuvieran 40 años de edad y las mujeres 35, y/o, en cualquier caso,
cumplieran 15 años o más de servicios, se regirían, en materia pensional, por las
normas anteriores que los cobijaban, en lo que respecta al cumplimiento de los

17 En sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 15954, actor: Jairo Villegas Arbeláez, la Sección Segunda del

Consejo de Estado, M.P. Dr. Silvio Escudero Castro, se sostuvo que a partir de la aludida sentencia de la Corte
Constitucional «la clasificación de sus servidores en empleados públicos, funcionarios de la seguridad social y
trabajadores oficiales, desapareció».
18 1 de abril de 1994, para los empleados del orden nacional y 30 de junio de 1995, a más tardar, para los del orden

territorial.

14

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

requisitos de la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y tasa de
reemplazo de la prestación.

Con posterioridad a la Sentencia C-579 de 1996, el Gobierno nacional expidió el
Decreto 416 de 1997, aprobatorio del Acuerdo 145 de 1997 proferido por el ISS, el
cual clasificó a los servidores de ese Instituto de la siguiente forma:

Artículo 1. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en
empleados públicos y trabajadores oficiales.

A. Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la
planta de personal del ISS:

1. Presidente del Instituto.
2. Secretario General y Seccional.
3. Vicepresidente.
4. Gerente.
5. Director.
6. Asesor.
7. Jefe de Departamento.
8. Jefe de Unidad.
9. Subgerente.
10. Coordinador Clase 1, ll, lll, IV y V.
11. Jefe de Sección.
12. Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de
servicios de Salud y Contratación de Servicios de Salud.
13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los
despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente,
Gerente y Director.

B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en el Instituto los
demás cargos.19

Adicionalmente, el Decreto 604 de 1997, «por el cual se dictan disposiciones en
materia salarial y prestacional para los empleados públicos de Instituto de Seguros
Sociales», en su artículo 2 expresó que los «funcionarios de la seguridad social»
conservarían el régimen salarial y prestacional, del que venían gozando en tal
calidad, conforme a lo resuelto en la sentencia C-579 de 1996.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

19 Los apartes tachados fueron declarados nulos por la Sección Segunda del Consejo de Estado, M.P. Dr. Silvio Escudero

Castro, en sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 15954, actor: Jairo Villegas Arbeláez.

15

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

En relación con la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, invocada por la entidad recurrente, esta Subsección ha precisado que
aquella parte del supuesto de que el beneficiario de la prestación reúne los
requisitos exigidos para ser acreedor del derecho. Además, la revisión se
encamina a verificar si existe o no un exceso en la cuantía decretada mediante
sentencia judicial.20

La Sala considera que los argumentos enunciados en el recurso extraordinario de
revisión ilustran con suficiencia en qué consiste la afectación del patrimonio
público.

En efecto, la UGPP expresó que en este caso el derecho pensional excedió lo
debido de acuerdo con la convención colectiva de la cual era beneficiario el señor
Jorge Eduardo Valencia Merchán. Específicamente, la entidad reprochó que los
jueces de instancia ordenaron la reliquidación de la pensión en el 100% de lo
devengado en el último año de servicios, al tenor del Decreto 1653 de 1977, pese
a que esta norma no era aplicable al presente asunto.

Al respecto, se observa que la ESE Rita Arango Álvarez del Pino (hoy UGPP), por
Resolución 1129 del 11 de marzo de 2005,21 reconoció la prestación con base en
la Convención Colectiva y en cuantía del 75% «del promedio de lo recibido en el
último año de servicios por concepto de los factores de remuneración que
constituyen salario».

A su turno, en esta jurisdicción la tasa de reemplazo se elevó al 100% del
promedio del salario mensual y demás factores enlistados en el artículo 19 del
Decreto 1653 de 1977.

De este modo, se generó un incremento del 25% en la tasa de reemplazo aplicado
a la pensión ahora debatida, lo cual implicó que se elevara su monto mensual. Al

20 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 27 de enero de 2022, radicado 110010325000201500816 00 (2987-2015); y Subsección B, sentencia del 6 de mayo
de 2021, radicado 20180074800 (2720-2018).
21 Folios 70 a 71.

16

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

respecto, la UGPP aclaró que la mesada inicialmente reconocida correspondía a
$3.387.181 y, como consecuencia del fallo recurrido, se aumentó a la suma de
$4.404.288.

Bajo este escenario, se encuentra debidamente sustentada la causal de revisión
invocada por la UGPP.

Para efectos de verificar si el accionado era beneficiario o no del régimen
pensional previsto en el Decreto 1653 de 1977 para los funcionarios de la
seguridad social, es pertinente aludir a los siguientes hechos que se encuentran
demostrados en el plenario:

• El señor Jorge Eduardo Valencia Merchán nació el 4 de junio de 1949, según se
indica en su acta de nacimiento22 y documento de identidad.23

• El 12 de agosto de 2004, el jefe del Departamento de Recursos Humanos del ISS,
Caldas, certificó:24

Que revisada la hoja de vida del Doctor JORGE EDUARDO VALENCIA MERCHÁN,
identificado con la cédula de ciudadanía 10.215.405 de Manizales, se pudo
constatar que laboró al servicio del ISS SC hasta el 25 de junio de 2003,
estableciendo de acuerdo a las normas vigentes el siguiente tiempo de servicios
computable para una futura pensión de jubilación así:

Como médico general grado 36, 4 horas en Salamina, del 5 de julio de 1976 al 1 de
abril de 1977.

Como médico general grado 36, 2 horas en Manizales, del 1 al 31 de agosto de
1977.

Como médico general grado 36, 2 horas en Manizales, del 1 de septiembre de 1977
al 5 de marzo de 1978.

Como médico especialista (Cirugía General) grado 38, 6 horas, del 19 de marzo al
18 de septiembre de 1985.

Del 21 de octubre de 1985 al 25 de junio de 2003, en el cargo de Médico
Especialista (Cirugía General), grado 38, 6 horas del Departamento de Clínicas
Quirúrgicas, con nombramiento a término indefinido.

22 Folio 47.
23 Folio 48 y 135.
24 Folio 49.

17

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

Que durante el tiempo laborado, presentó las siguientes interrupciones laborales:
Del 6 al 8 de diciembre de 1991.

• El 11 de agosto de 2004, el director de la Unidad Hospitalaria de la Clínica
Villapilar de Manizales certificó que el demandado «fue incorporado a la ESE Rita
Arango Álvarez del Pino sin solución de continuidad en el cargo de Médico
Especialista (Cirugía General), Grado 22, dedicación parcial 6 horas». Además,
«durante el tiempo laborado con la ESE, no ha presentado interrupciones».25

• El 11 de marzo de 2005, por Resolución 1129, la ESE Rita Arango Álvarez del
Pino reconoció la pensión del señor Valencia Merchán, en cuantía de $3.387.181,
efectiva a partir del 16 de diciembre de 2004, equivalente al 75% «del promedio de
lo percibido en el último año de servicios por concepto de todos los factores
salariales que constituyen salario». Al respecto, se consideró:

Que de conformidad con lo previsto en la Sentencia C-314 de 2004 proferida por la
Corte Constitucional a aquellos servidores que quedaron automáticamente
incorporados a la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado por
mandato del Decreto Ley 1750 de 2003, que hasta el 31 de octubre de 2004, fecha
de vencimiento de la Convención, acrediten los requisitos exigidos para el
otorgamiento de la pensión de jubilación prevista en la misma, como fuente de
derechos adquiridos, deberá reconocérseles su pensión de jubilación teniendo en
cuenta el setenta y cinco por ciento 75% del promedio de lo recibido en el último año
de servicio, por concepto de los factores de remuneración que constituyen salario en
cada caso.
[…]

Que teniendo en cuenta que los tiempos servidos fueron prestados sucesivamente
en diversas entidades de derecho público, deberá liquidarse la cuantía de la pensión
de jubilación teniendo en cuenta el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de
lo recibido en el último año de servicio por concepto de los factores de remuneración
que constituyen salario en cada caso.
[…]

Que por otro lado con los documentos pertinentes, se estableció que JORGE
EDUARDO VALENCIA MERCHÁN, laboró en las siguientes entidades de derecho público:

ENTIDAD TIEMPO DE SERVICIOS RETIRO A PARTIR DEL DÍAS
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 20 AÑOS, 6 MESES, 22 6,917
DÍAS
E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 1 AÑO, 5 MESES, 20 16 DE DICIEMBRE DE 530
PINO DÍAS 2004

25 Folio 50.

18

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

TOTAL DÍAS LABORADOS 7,447

ENTIDAD PERÍODO LABORADO INTERRUPCIÓN
INSTITUTO DE SEGUROS DEL 1-08-77 AL 5-03-78, DEL 19-03-85 AL 19- 3
SOCIALES 09-85, DEL 21-10-85 AL 25-06-03

E.S.E. RITA ARANGO DEL 26-06-03 AL 15-12-04 0
ÁLVAREZ DEL PINO
TOTAL INTERRUPCIONES 3
[…]

Que la prestación aquí reconocida tiene el carácter de compartida con la pensión de
vejez a cargo de la Administradora de Pensiones I.S.S. y, por tanto, al cumplimiento
de los requisitos mínimos exigidos en el sistema general de pensiones para el
otorgamiento de la pensión de vejez, la citada administradora asumirá su
reconocimiento y pago, siendo de cuenta del empleador jubilante, únicamente, la
diferencia que resulte entre el valor de la pensión de vejez y el valor de la pensión
de jubilación por él otorgada, si a ello hubiere lugar. [Resalta la Sala]

• Al plenario se allegó la siguiente «LIQUIDACIÓN TIEMPO PENSIONES DE JUBILACIÓN»:26

26 Folio 55.

19

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

Ahora bien, esta corporación ha explicado que en aras de verificar si un ciudadano
es beneficiario de la normativa pensional prevista en el Decreto 1653 de 1977 para

20

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

los funcionarios de la seguridad social,27 es necesario determinar si el interesado
está amparado por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

En el sub lite, se encuentra demostrada la anterior condición, pues, al 1 de abril de
1994, el señor Valencia Merchán contaba con 44 años de edad.

Una vez aclarado lo anterior, la Sala observa que el demandado laboró como
funcionario de la seguridad social, trabajador oficial y empleado público, en
diferentes épocas, mientras prestó sus servicios al ISS y a la ESE Rita Arango,
conforme se explica, a continuación:

i) Funcionario de la seguridad social. Del 5 de julio de 1976 al 20 de febrero de
1997.

La UGPP sostuvo que la figura del funcionario de la seguridad social solamente se
mantuvo hasta el 30 de octubre de 1996, fecha en la cual se profirió la Sentencia
C-579 de 1996, que eliminó esa categoría de servidores; sin embargo, esta
Subsección ha tomado como referente el 20 de febrero de 1997, cuando se
expidió el Decreto 416 de 1997, en tanto acató la mencionada providencia y
clasificó los empleos del ISS en servidores públicos y trabajadores oficiales.28

Durante este primer período el accionado laboró de manera interrumpida y, según
el tiempo de servicio que tuvo en cuenta el acto de reconocimiento pensional, en
armonía con el formato de «Liquidación Tiempo de Pensiones de Jubilación»
aportado por la UGPP,29 se concluye que el señor Jorge Eduardo Valencia Merchán
se desempeñó como funcionario de la seguridad social un total de 4535 días

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de mayo de 2000, radicado 13070, M.P. Dr. Nicolás

Pájaro Peñaranda. En igual sentido puede consultarse la sentencia del 4 de julio de 2019, radicado 25000-23-25-000-
2011-00780-01 (2444-14). Ver también Corte Suprema de Justicia, Sentencia CSJ SL14131 -2015, M.P. Dra. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo. Tesis que se sostuvo, igualmente, entre otras, en sentencias del 14 de octubre de 2015, CSJ SL 14131-
2015 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno; y del 23 de agosto de 2018, CSJ SL3571-2018, M.P. Ernesto Forero Vargas.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, radicado: 54001 2333 000

2014 00412 01 (3677-2018).
29 Folio 55.

21

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

equivalentes a 12 años, 7 meses y 5 días.30

ii) Trabajador oficial. Del 21 de febrero de 1997 al 25 de junio de 2003.

A partir de la expedición del Decreto 416 de 1997, el demandado dejó de
considerarse funcionario de seguridad social y adquirió la calidad de trabajador
oficial, toda vez que el cargo de médico que él ostentaba no fue clasificado como
empleado público, por ende, su naturaleza correspondía a la de trabajador oficial,
por estar vinculado a una empresa industrial y comercial del Estado.

En efecto, según el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, por regla general, las
personas que presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales del
Estado son trabajadores oficiales, salvo quienes desempeñen actividades de
dirección o confianza; sin embargo, en el expediente no está acreditado que el
señor Valencia Merchán ejerciera esa clase de funciones y su cargo tampoco fue
clasificado como de empleado público.

Por su parte, el Decreto 604 de 1997 estableció que quienes venían vinculados

30 Es pertinente aclarar que en este lapso el actor trabajó durante algunos períodos en jornadas de 2, 4 y 6 horas; sin

embargo, no se encuentra en discusión el cómputo del tiempo de servicio que hizo la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y,
en todo caso, la Sala no advierte una irregularidad en tal sentido. En efecto, por un lado, la jornada de 4 horas se toma
como completa para efectos pensionales (artículo 68 del Decreto 1848 de 1969); y, por otro lado, la jornada de 2 horas
fue contabilizada en la mitad, es decir, que aunque el pensionado laboró durante 216 días en esa modalidad, solamente
se le tuvieron en cuenta 108 días, los cuales inclusive son inferiores a los que debieron convalidarse, pues según la
fórmula que ha adoptado el Consejo de Estado la sumatoria debió corresponder a 122 días. Se aclara que, para arribar a
ese resultado, se tomaron 12 horas semanales, ya que conforme al Decreto 1042 de 1978 la semana laboral va de lunes
a sábado y en el expediente no se especificó que la jornada del pensionado solo fuera de lunes a viernes (frente a este
aspecto puede verse la sentencia del 12 de mayo de 2022, radicado 11001-03-25-000-2016-00482-00 [2215-2016]). Las
operaciones realizadas son las siguientes y atienden a la fórmula expuesta por el Consejo de Estado en sentencia del 19
de enero de 2023, radicado 08001-23-33-000-2016-00149-01 (4526-2021):

Días
Horas
Horas al Días laborados
laborada Semanas
Horas Meses mes laborados + días de
s (de laboradas Días de
Desde Hasta Días seman (días / (horas * (horas descanso
meses * para vacaciones
a 30) 4,29 laboradas)/ remunerad
horas al vacaciones
semana) 4) o y
mes)
vacaciones
1/8/1977 31/8/1977 31 1,033333 51,48 53,196 13,299 0,6027777 4,2194444 17,518444
12
33 78 44 44
1/9/1977 5/3/1978 185 6,166666 51,48 317,46 79,365 3,5972222 25,180555 104,54555
12
67 22 56 56
Total días laborados: 122.064 (Aproximados a 122)

22

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

como funcionarios de la seguridad social y pasaron a ser empleados públicos
conservarían «el régimen prestacional y factores salariales que venían disfrutando
como Funcionarios de Seguridad Social». Al respecto, esta Corporación ha
considerado:31

De lo dispuesto en los dos primeros artículos transcritos, los únicos servidores
de la entidad demandada que conservaron el régimen prestacional y los
factores salariales que venían disfrutando como funcionarios de seguridad
social, fueron exclusivamente los que adquirieron la calidad de empleados
públicos de acuerdo con el Decreto 416 de 1997.

Según el Artículo 3° del Decreto 604 de 1997, también transcrito, los demás
empleados públicos y quienes con tal calidad se vincularan a esa entidad en el
futuro, gozarían del régimen salarial y prestacional establecido por las normas
generales aplicables a los empleados públicos del orden nacional.

Lo anterior quiere decir que aquellos servidores que con antelación a la expedición
del Decreto 416 de 1997 tenían la condición de empleados públicos, quedaron
excluidos del régimen salarial y prestacional excepcional establecido en los
Artículos 1° y 2° del Decreto 604, toda vez que se hallan subsumidos dentro de lo
previsto en el Artículo 3° de este decreto, y por tanto les son aplicables las
disposiciones generales que en materia salarial y prestacional gobiernan a los
empleados públicos del orden nacional, pues, se reitera, solamente quienes a
partir de la expedición del decreto 416 de 1997 fungieron o fungen como
empleados públicos, en dichas materias, –prestacional y factores salariales-, les
sería aplicable, en caso de ser jurídicamente viable, lo previsto en el Artículo 2° del
Decreto 604 de 1997, esto es, el sistema salarial y prestacional vigente para los
funcionarios de seguridad social.

El anterior criterio jurisprudencial ha sido reiterado por esta corporación en varias
oportunidades.32 De esta manera, se ha sostenido que luego de la transformación
del ISS a empresa industrial y comercial del Estado, las prerrogativas consagradas
en favor de los funcionarios de seguridad social solo se hicieron extensivas a
aquellos servidores que pasaron a ser empleados públicos, pero no para aquellos
a los que se les otorgó la calidad de trabajadores oficiales.

En este orden de ideas, resulta claro que, luego de la expedición del Decreto 416
de 1997, el accionado adquirió la calidad de trabajador oficial y no de empleado

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Dr. Alberto Arango Mantilla, sentencia del 11 de julio de

2002, Expediente 76001-23-31-000-1997-0033-01(0631-2001), actora: Luz Elvira Uribe Bejarano.
32 Ver las siguientes sentencias: i) del 3 de marzo de 2011, radicado 25000-23-25-000-2007-01287-01(0507-10); ii) del 23

de junio de 2016, radicado 05001-23-31-000-2011-01958-01 (0805-14); iii) del 18 de noviembre de 2020, radicado:
54001 2333 000 2014 00412 01 (3677-2018); y iv) del 4 de julio de 2019, radicado 25000-23-25-000-2011-00780-01
(2444-14).

23

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

público y, por lo tanto, no tenía derecho a la aplicación del régimen prestacional de
los funcionarios de la seguridad social establecido en el Decreto 1653 de 1977,
pues esa condición la ostentó durante un lapso inferior los 20 años allí requeridos,
esto es, 12 años, 7 meses y 5 días.

iii) Empleado público. Del 26 de junio de 2003 al 15 de diciembre de 2004.

Al tenor del Decreto 1750 de 2003, el accionado fue incorporado a la planta de
personal de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y en virtud de ello su vinculación
varió a la de empleado público.

No obstante, dicha situación no lo hace beneficiario del régimen pensional
consagrado en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, pues desde la expedición
del Decreto 416 de 1997 había perdido el derecho a la aplicación de la normativa
especial y para ese entonces tampoco había cumplido los 20 años de servicio en
calidad de funcionario de la seguridad social.

A su turno, esta Subsección ha expresado que no existe fundamento jurídico
alguno que permita la aplicación del Decreto 1653 de 1977 «a funcionarios que ya
no eran beneficiarios del citado régimen pensional, al momento en que se escindió
el Instituto de Seguros Sociales».33

Es pertinente resaltar que la decisión judicial reprochada en esta oportunidad se
fundó en la sentencia del 3 de marzo de 2011, proferida por esta corporación;34 sin
embargo, el tribunal aplicó el precedente sin percatarse de que el asunto puesto a
su consideración no revestía supuestos fácticos análogos a los analizados en la
providencia aplicada.

En efecto, la decisión tomada como referente estudió el caso de una persona que
tuvo la condición de funcionario de la seguridad social y después de que el ISS se
transformó en empresa industrial y comercial del Estado ocupó un cargo

33 Sentencia del 18 de noviembre de 2020, radicado: 54001 2333 000 2014 00412 01 (3677-2018)
34 Radicado 25000-23-25-000-2007-01287-01 (0507-10).

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Demandante: UGPP

clasificado por el Decreto 416 de 1997 como de empleado público, esto es, Jefe
de Departamento. Además, en ese litigio el ISS certificó que el actor era un
«Empleado público en transición con régimen de funcionario de Seguridad Social
(Decreto 604 de 1997)».

Así las cosas, se encuentra demostrado que la decisión objeto de revisión ordenó
la reliquidación de la pensión del accionado en cuantía del 100% de los factores
salariales devengados en el último año de servicios, conforme al artículo 19 del
Decreto 1653 de 1977, pese a que esa norma no regía la situación pensional del
señor Jorge Eduardo Valencia Merchán, lo cual conllevó un incremento de la tasa
de reemplazo del 75% al 100%.

En consecuencia, se reconoció un derecho que excede lo debido, es decir, que se
encuentra fundada la acción especial de revisión promovida por la UGPP, bajo la
causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, al tenor del artículo
255 del CPACA, se proferirá sentencia de reemplazo.

2.6. Sentencia de reemplazo

De acuerdo con las consideraciones expuestas en el acápite anterior, sería
procedente infirmar la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas para revocar la providencia del 9 de diciembre
de 2013, emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Manizales y, en su lugar, negar las súplicas de la demanda.

Sin embargo, como en el sub lite se declara fundada la acción especial de revisión
por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esta Subsección debe tomar
la posición del fallador de segunda instancia y, en especial, atender al principio de
congruencia, en orden a que no se pierda de vista la forma en que se configuró el
litigio puesto a consideración de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

A partir de lo anterior, se observa que limitar el análisis de la controversia a la
posibilidad de reliquidar la pensión del señor Jorge Eduardo Valencia Merchán al

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

tenor del artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 implica una afrenta a su derecho
fundamental a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, ya
que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no se limitó a invocar
dicha norma, sino también la Convención Colectiva suscrita entre el ISS y su
sindicato de trabajadores, pacto que fue aplicado por la administración al
reconocer el derecho pensional del interesado.

En efecto, mediante el referido medio de control, el demandante solicitó la
reliquidación de su pensión de jubilación «en cuantía de un 100% del salario base
de liquidación». Esta pretensión se fundó en los siguientes hechos:

i) Los trabajadores del ISS son beneficiarios de la convención colectiva vigente
para los años 2001 a 2004 y «hace parte de los contratos de trabajo de los
trabajadores al servicio del ISS hoy ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO Clínica
Villapilar» y de la cual es beneficiario el actor, conforme lo previeron las
Sentencias C-314 de 2004 y C-349 de 2004.

ii) Los derechos convencionales reclamados a la referida ESE, «se fundamentan
en virtud de los derechos adquiridos, que provienen de una convención
colectiva firmada entre el anterior patrono con quien se tenía una relación
mediante un contrato de trabajo […], lo que por ende es lógico solicitar dicho
respeto convencional del nuevo empleador así sea una entidad pública».

iii) El Ministerio de la Protección Social y el ISS, mediante la Circular Externa
0019 del 4 de marzo de 2004 se pronunciaron frente al reconocimiento de la
pensión de jubilación convencional.

iv) Al momento de la escisión del ISS, el accionante acreditaba 20 años, 6
meses y 22 de servicio y consolidó el estatus pensional el 4 de junio de 2004,
«fecha para la cual se encontraba vigente la convención colectiva».

v) La Resolución 1129 del 11 de marzo de 2005 reconoció la pensión del señor
Jorge Eduardo Valencia Merchán en cuantía del 75% de lo percibido en el

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

último año de servicios, teniendo en cuenta la Sentencia C-314 de 2004 y que
la Convención estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004; sin embargo,
interpretó erróneamente dicho instrumento, pues determinó el monto de la
prestación con base en el artículo 101, cuando lo procedente era aplicar el
artículo 98.

vi) «Conforme a lo anterior, [el actor] tiene derecho a que se le reconozca la
pensión de jubilación en un 100% conforme a la convención colectiva en su
artículo 98».

vii) El demandante se encuentra dentro del régimen de transición pensional
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, es beneficiario del
Decreto 1653 de 1977.

En el acápite de normas violadas, el accionante invocó la Constitución Política;
los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; 36 de la Ley 100 de 1993; 2, 3 y 6 del
Decreto 813 de 1994; y 19 del Decreto 1653 de 1977.

Al desarrollar el concepto de violación, el señor Valencia Merchán citó apartes
de las normas antes enunciadas, reiteró que era beneficiario del régimen de
transición pensional y que su pensión debía liquidarse en el 100% de lo
devengado en el último año de servicios. Además, invocó una sentencia del
Consejo de Estado referente «a la redacción contradictoria del inciso 2 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993»,35 transcribió el artículo 4 del Decreto 2527 de 2000 y
concluyó que la administración no debió reconocer su pensión al amparo de
normas generales, sino con base en el régimen especial establecido en el Decreto
1653 de 1977.

Este recuento permite evidenciar que el actor solicitó reliquidar su pensión de
jubilación en el equivalente al 100% de los salarios percibidos en el último año de
servicios en atención a dos fuentes normativas plenamente identificables, a saber:

35 Sentencia del 21 de septiembre de 2000, expediente 470-99, M.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

i) el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 y ii) el artículo 98 de la Convención
Colectiva 2001-2004 suscrita por el ISS y su sindicato de trabajadores.

Por su parte, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Manizales
y el Tribunal Administrativo de Caldas centraron su análisis en la aplicación del
artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, pero esa disposición no regía la situación
pensional del interesado, por las razones expuestas en acápites anteriores.

Al encontrarse improcedente la reliquidación pensional con fundamento en dicha
norma, queda pendiente determinar si el ciudadano era beneficiario del artículo 98
de la referida Convención Colectiva.

Previo a resolver dicho interrogante, es relevante resaltar que esta jurisdicción en
casos análogos al presente ha reivindicado su competencia para conocer
pretensiones prestacionales elevadas por ex servidores del ISS y de las empresas
sociales que surgieron luego de su escisión.

En dichas ocasiones no se ha hecho una mención especial a las razones para
conocer de estos asuntos; sin embargo, es posible advertir que si bien en algún
momento dichos servidores ostentaron la condición de trabajadores oficiales y con
base en ello solicitan el reconocimiento de beneficios convencionales, prima el
hecho de que culminaron su vida laboral en condición de empleados públicos, son
beneficiarios del régimen de transición pensional y, por regla general, el debate ha
radicado en la disyuntiva de tener como fuente normativa el Decreto 1653 de 1977
o la Convención Colectiva, así como la incidencia que tuvo la escisión del ISS para
la aplicación de esta última, debido a que ello también implicó un cambio en la
naturaleza de la vinculación del personal. De manera que esta jurisdicción es
competente para resolver en integridad la cuestión litigiosa planteada.36

36 En las siguientes sentencias se ha analizado la solicitud de reconocer o liquidar pensiona al amparo del artículo 98 de

la Convención Colectiva 2001-2004 suscrita entre el ISS y su sindicato de trabajadores: i) del 15 de septiembre de 2011,
radicado 25000-23-25-000-2006-08157-01(0912-08); ii) del 6 de octubre de 2011, radicado 68001-23-31-000-2005-
02784-01 (1327-11); iii) 3 de mayo de 2012, radicado 17001-23-31-000-2007-00107-01(2571-11); iv) del 24 de junio de
2015, radicado 25000-23-25-000-2011-01102-01 (3372-14); v) del 28 de septiembre de 2017, radicado 05001-23-31-000-
2006-03059-01 (0758-14); vi) del 4 de julio de 2019, radicado 25000-23-25-000-2011-00780-01 (2444-14); vii) del 6 de

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

Para efectos metodológicos, la decisión se desarrollará en el siguiente orden: i)
Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2004. Destinatarios y vigencia; ii) análisis
de los artículos 98 y 101 del Convención; y iii) decisión de instancia.

2.6.1. Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2004. Destinatarios y vigencia

El 31 de octubre de 2001, se depositó ante el Ministerio del Trabajo la Convención
Colectiva suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL, vigente entre el 1 de
noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004,37 en la cual se pactaron diferentes
beneficios de orden salarial y prestacional, incluyendo la pensión de jubilación.

Estando en vigencia dicha convención, se expidió el Decreto 1750 de 2003, que
escindió el ISS y creó 7 empresas sociales del Estado. En relación con el régimen
de personal se dispuso:

Artículo 16. Carácter de los servidores. Para todos los efectos legales, los
servidores de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto
serán empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñen funciones
de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes
serán trabajadores oficiales.

Artículo 17. Continuidad de la relación. Los servidores públicos que a la entrada
en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de
Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los Centros de Atención
Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán automáticamente
incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de personal de las Empresas
Sociales del Estado creadas en el presente decreto. Los servidores que sin ser
directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y
de servicios generales conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución
de continuidad.

Parágrafo. El tiempo de servicio de los servidores públicos que pasan del Instituto
de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, creadas en el presente
decreto, se computará para todos los efectos legales, con el tiempo que sirvan en
estas últimas, sin solución de continuidad.

Artículo 18. Del régimen de Salarios y Prestaciones. El Régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado

agosto de 2020, radicado 52001-23-31-000-2011-00611-01(1870-17); viii) del 10 de septiembre de 2020, radicado
25000-23-42-000-2014-03509-01 (4606-2016).
37 Artículo 2 de la Convención Colectiva 2001-2004, celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos
adquiridos. Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las
situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales
causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales
no podrán ser afectadas.
[…]

La Corte Constitucional a través de la sentencia C-314 de 2004, realizó el examen
de constitucionalidad parcial de los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003, y
al respecto expresó:

Finalmente, el aparte final del inciso estudiado señala que "se tendrán como
derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas,
es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan
ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas", queriendo
significar con ello que si la prestación no ha ingresado en el patrimonio, no será
cobijada como derecho adquirido.

Aunque en principio esta expresión podría considerarse respetuosa de los criterios
jurisprudenciales esbozados en torno a los derechos adquiridos, esta Corporación
considera que la misma resulta restrictiva de la protección constitucional que la
Carta ofrece a las garantías laborales.
[…]

Para la Corte, la ambigüedad de la definición radica en que no existe una clara
diferencia entre la prestación que se ha causado y la que ha ingresado en el
patrimonio del trabajador, pues cuando una prestación o un derecho han sido
causados se entienden incorporados en el patrimonio del acreedor. […].

El carácter restrictivo de la expresión acusada no proviene únicamente de los dos
criterios vistos. Al definir los derechos adquiridos como aquellos que han ingresado
al patrimonio del servidor o que han sido causados, el legislador deja por fuera de
dicha definición los derechos obtenidos mediante convenciones colectivas de
trabajo celebradas por los trabajadores oficiales cuyo régimen fue transformado por
el de empleados públicos.
[…]

Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos
de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los
trabajadores cobijados por ellas, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo
menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia.

Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del decreto 1750 de
2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de
trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del
ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto
constitucional y, por tanto debe ser retirada del ordenamiento jurídico.
[...].

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

Conforme al anterior lineamiento interpretativo, los empleados públicos de las
empresas sociales del Estado no podrían participar en negociaciones colectivas;
sin embargo, quienes venían vinculados como trabajadores oficiales del ISS
tendrían la posibilidad de beneficiarse de la Convención Colectiva 2001-2004
hasta finalizar su vigencia (31 de octubre de 2004), debido a que no perdieron
tales derechos «por el simple hecho de que, por una decisión unilateral del
empleador, su vínculo con la administración cambió, pues dichas prerrogativas
constituían derechos adquiridos que debían respetarse, por el tiempo en que la
misma fue pactada».38

A igual conclusión arribó la Corte Constitucional en Sentencia C-349 de 2004, al
declarar exequibles condicionalmente «las expresiones “automáticamente” y “sin
solución de continuidad” contenidas en el artículo 17 y la expresión
“automáticamente” contenida en el parágrafo transitorio del artículo 18, en el
entendido que se respetarán los derechos adquiridos conforme se expuso en la
Sentencia C-314 de 2004». Este criterio fue reiterado por las Sentencias SU-897
de 2012, SU-086 de 2018 y SU-260 de 2021.

2.6.2. Análisis de los artículos 98 y 101 de la Convención Colectiva

Los artículos 98 y 101 de la Convención Colectiva 2001-2004 preceptúan lo
siguiente:39

ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN

El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo
al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y
cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en
cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se
indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:

(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de
diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos
años de servicio.

38 Corte Constitucional, Sentencia SU-260 de 2021.
39 Folios 4 a 73, Cuaderno 3.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de
diciembre de 2016, el 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres
últimos años de servicio.

(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, el 100% del
promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio.

Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:

a. Asignación básica mensual
b. Prima de servicios y vacaciones
c. Auxilio de alimentación y transporte
d. Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras
e. Valor del trabajo en días dominicales y feriados

ARTÍCULO 101. ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS

Los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades de
derecho público podrá acumularse para el cómputo del tiempo requerido para poder
tener derecho a pensión de jubilación y el monto correspondiente se distribuirá en
proporción al tiempo laborado en cada una de tales entidades.

En este caso, la cuantía de la pensión será del 75% del promedio de lo percibido en
el último año de servicios por concepto de todos los factores de remuneración que
constituyen salario.

De acuerdo con las anteriores transcripciones, se concluye que el artículo 98 de la
Convención le permite al trabajador, que cumpla 20 años de servicios y 55 de
edad, acceder a la pensión de jubilación en el equivalente al 100% del promedio
mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicios, siempre y cuando
consolide el derecho entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006.

Por su parte, el artículo 101 ibidem posibilita la acumulación de tiempos de
servicios en varias entidades de derecho público, pero en este caso el monto de la
pensión correspondería al 75% del promedio de lo percibido en el último año de
servicios.

En relación con el alcance de las citadas normas, esta corporación ha concluido:40

El Ministerio de la Protección Social y el Instituto de Seguros Sociales expidieron la
Circular No. 00052 de julio 16 de 2004, a través de la cual se fijaron las directrices

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de septiembre de 2011, radicado 25000-23-25-

000-2006-08157-01 (0912-08).

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

que en materia de liquidación pensional debían aplicarse a los funcionarios y
exfuncionarios que por efecto de la escisión pasaron del ISS a las empresas
sociales del Estado. Allí se consignó lo siguiente, acerca de los segundos:

“Con el propósito de aclarar la forma en la cual deberán liquidarse las pensiones
de los trabajadores oficiales de las Empresas Sociales del Estado, creadas por el
decreto 1750 de 2003, que fueron beneficiarios de la convención colectiva de
trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales – ISS y
Sintraseguridadsocial, habida cuenta de que los tiempos servidos fueron
prestados sucesivamente en diversas entidades de derecho público, deberá
liquidarse la cuantía de la pensión de jubilación teniendo en cuenta el 75% del
promedio de lo recibido en el último año de servicio, por concepto de los factores
de remuneración que constituyan salario en cada caso.

Igualmente, tal como lo señaló la Corte Constitucional respecto de los empleados
públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas mediante el Decreto 1750
de 2003, que también fueron beneficiarios de la citada convención colectiva de
trabajo, se aplicará la misma fórmula, siempre que tales servidores cumplan los
requisitos para acceder al beneficio pensional, antes de la fecha en la cual
termina la vigencia de la precitada convención, es decir, hasta el 31 de octubre
de 2004, como lo ordenó la sentencia de la Corte Constitucional...” (Subrayas
fuera de texto)

Como se observa, la Administración Nacional, parte de la base de que todos los
extrabajadores oficiales y ahora empleados públicos de las E.S.E.s, creadas por el
Decreto 1750 de 2003, se encuentran inmersos en el supuesto del artículo 101,
pues en verdad, un tiempo de servicios lo prestaron al ISS, y el resto en alguna de
las nuevas E.S.E.s.

Para la Sala, la aplicación del artículo 101 convencional, a los extrabajadores del ISS
que pasaron a las E.S.E.s, tan sólo se puede considerar a manera de hipótesis y no
como criterio absoluto a seguir, porque el hecho diferenciador que hace inaplicar
el artículo 98 ibídem, no es el tiempo servido a dos entidades distintas, sino la
acumulación de tiempos en sí misma para adquirir el derecho, pues, habiendo
laborado los veinte años al servicio del ISS, no opera acumulación alguna con
el tiempo servido a la E.S.E., y así el supuesto estaría enmarcado únicamente
en el artículo 98. [Resalta la Sala].

De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, los trabajadores del ISS que
fueron incorporados a las ESE surgidas a partir de la escisión de dicho instituto
tienen derecho a devengar la pensión de jubilación al amparo del artículo 98 de la
Convención Colectiva, siempre que hubieran prestado sus servicios durante 20
años en el ISS, ya que no estarían acumulando tiempos laborados en las ESE.

Posteriormente, en Sentencia T-435 de 2012, la Corte Constitucional analizó un
caso en el que una persona no cumplió los 20 años de servicio para acceder a la

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

pensión convencional mientras existía el ISS, sino que los completó cuando
trabajaba para una de las referidas ESE y dentro de la vigencia de la Convención.

En esa oportunidad, se concluyó que el interesado tenía derecho a acceder a la
pensión en el 100% del promedio de los salarios percibidos dentro de los dos
últimos años, al tenor del artículo 98 de la Convención Colectiva, pues existía una
expectativa legítima que debía protegerse hasta el 31 de octubre de 2004.

Esta corporación acogió el anterior criterio y razonó lo siguiente:41

Cabe recordar que los mecanismos de protección de las expectativas legítimas de
adquisición de derechos, se fundan en el reconocimiento de la calidad de los
aspirantes y protegen las esperanzas de personas que ingresaron a trabajar con
anticipación considerable, que han cotizado al sistema por lo menos la mitad de su
vida laboral y han cifrado parte de su futuro en un retiro próximo, con el anhelo de
disfrutar del mismo hasta una edad probable promedio. En este caso, fue la propia
Corte Constitucional la que concluyó en un pronunciamiento erga omnes que serían
justificadas aquellas expectaciones de acceder al reconocimiento de prestaciones
sociales a la luz de la Convención Colectiva, sólo durante el tiempo en que dicho
instrumento permaneciera vigente.

De otro lado, esta Sala considera que la aplicación del artículo 101 de la
Convención Colectiva resulta admisible solo en aquellos casos en donde el
trabajador por voluntad propia, vale decir, en ejercicio de escoger libremente su
profesión o su oficio, ha laborado en diversas entidades de derecho público y en el
Instituto de Seguros Sociales para efectos de completar los veinte años de servicios,
a fin de acceder a la pensión de jubilación. Por el contrario, la aplicación de dicha
preceptiva para aquellos trabajadores que fueron incorporados automáticamente y
sin solución de continuidad por un acto unilateral del Gobierno Nacional, en nuevas
entidades de derecho público que cumplen las mismas finalidades, constituye una
medida abiertamente lesiva de los derechos del trabajador próximo a pensionarse
en cuanto disminuye considerablemente la cuantía de su prestación.

En oposición al anterior criterio, para aplicar el artículo 98 de la referida
Convención, la Corte Suprema de Justicia ha exigido que los 20 años de servicio
hubieran sido cumplidos mientras los interesados estuvieron vinculados al ISS, sin
poder computar los servidos en las ESE que surgieron a raíz de su escisión.42

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 agosto de 2014, radicado 11001-03-15-000-2013-

02654-01. En igual sentido, ver las siguientes sentencias: i) del 3 de mayo de 2012, radicado 17001-23-31-000-2007-
00107-01(2571-11); y ii) del 24 de junio de 2015, radicado 25000-23-25-000-2011-01102-01 (3372-14).
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL6494-2015 del 29 de abril de 2015, radicado 44524.

34

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00419-00 (1789-2018)
Demandante: UGPP

2.6.3. Decisión de instancia

La Resolución 1129 del 11 de marzo de 2005 reconoció la pensión del señor Jorge
Eduardo Valencia Merchán, teniendo en cuenta que laboró durante 6.917 días en
el ISS y 530 en la ESE Rita Arango. Esta sumatoria coincide con la liquidación el
formato de «LIQUIDACIÓN TIEMPO PENSIONES» que se tuvo en cuenta para expedir
dicho acto; sin embargo, se observa una inconsistencia frente al tiempo laborado
en el Instituto, pues en el acto de reconocimiento se indicó que los 6.917 días
correspondían a 20 años, 6 meses y 22 días de servicio, pese a que equivalen a
19 años, 2 meses y 17 días de servicio.

Entonces, al 25 de junio de 2003, el mencionado ciudadano no contaba con los 20
años de servicio requeridos en el artículo 98 de la Convención Colectiva, pues le
faltaban 9 meses y 13 días, los cuales completó el 8 de abril de 2004, esto es,
antes del 31 de octubre de 2004. A su vez, el interesado alcanzó los 55 años de
edad antes de la mencionada fecha, esto es, el 4 de junio de 2004.

Bajo este escenario, en atención a los principios pro homine y favorabilidad, la
Sala mantendrá el criterio jurisprudencial que ha sostenido la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, en torno a la posibilidad de permitir acumular los 20 años
de servicio hasta el 31 de octubre de 2004 para efectos de acceder a la pensión
de jubilación al amparo del artículo 98 ibidem para aquellos extrabajadores del ISS
que fueron incorporados automáticamente a las empresas sociales del Estado.

Esta interpretación también es consonante con la forma en que se han entendido
los derechos adquiridos en casos análogos al presente. Al respecto, se resaltan
los siguientes apartes de la Sentencia SU-897 de 2012:

[…] por la especial situación de los empleados públicos de las ESEs –anteriormente
trabajadores oficiales del ISS y beneficiarios de la convención colectiva entre dichas
partes celebrada-, deben tenerse en cuenta mandatos constitucionales como el
respeto a los derechos adquiridos –artículo 58 de la Constitución- y el principio
de legalidad –artículo 1 y 29 de la Constitución-.

En este sentido resulta pertinente traer a colación la sentencia C-314 de 2004,
donde, con base en el análisis del artículo 16 del decreto 750 de 2003 que previó la

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Demandante: UGPP

condición de empleados públicos para los antiguos trabajadores oficiales del ISS
que se vincularan con las ESEs, se reiteró que i) el régimen laboral con el que se
está vinculado a la administración no constituye un derecho adquirido43; y, al
declarar inexequible la definición de derechos adquiridos, contenida en el artículo 18
del mismo decreto ley, manifestó que ii) una convención colectiva vigente es
fuente de derechos adquiridos por el tiempo en que, valga la redundancia,
dicha vigencia se mantenga44.

En estos términos, y en virtud del principio pro homine, la interpretación que mejor
se ajusta a las garantías constitucionales antes mencionadas –respeto por los
derechos adquiridos (artículo 58 de la Constitución) y principio de legalidad
(artículos 1º de la Constitución)-, es la que reconoce que, al ser asumida la
prestación del servicio público de salud por las ESEs, se mantuvieron los
beneficios derivados de la convención colectiva tantas veces mencionada.

Con base en los anteriores argumentos, se concluye que, si bien los empleados
públicos no pueden celebrar convenciones colectivas, los trabajadores oficiales
otrora pertenecientes a la Vicepresidencia de salud del ISS que eran beneficiarios
de la convención colectiva vigente hasta el año 2004, no perdieron las ventajas
que esta convención les reconocía por el simple hecho de que su vínculo con
la administración cambió, ya que dichas ventajas y prebendas constituían
derechos adquiridos que debían ser respetados por sus nuevos empleadores,
por el tiempo en que fue pactada la convención.

Estas son las razones por las cuales la Sala Plena de la Corte constitucional
concluye que la convención celebrada entre el ISS y sus trabajadores oficiales
pertenecientes a la vicepresidencia de salud estuvo vigente hasta el 31 de octubre
de 2004, no obstante haber desaparecido el ISS en el 2003 por virtud del tantas
veces mencionado decreto ley 750 de 2003. [Resalta la Sala].

De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, deben garantizarse los
principios de legalidad, favorabilidad y pro homine, así como los derechos
adquiridos del señor Jorge Eduardo Valencia Merchán, ya que antes del 31 de
octubre de 2004 había consolidado su derecho pensional.

En efecto, para esa fecha había reunido los requisitos exigidos por el artículo 98
de la Convención Colectiva para acceder a la pensión de jubilación, pues contaba
con más de 20 años de servicio y 55 de edad, es decir, que la prestación debe
reconocerse y liquidarse al amparo de tal normativa.

Entonces, el actor tiene derecho a que su pensión de jubilación se liquide en el
«100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio»,
conforme lo prevé el artículo 98 del aludido instrumento.
43 En este sentido manifestó la Corte: […].
44 La sentencia C-314 de 2004 consignó: […].

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Demandante: UGPP

En esta línea de intelección, se concluye que la tasa de reemplazo del 100% que
fijó la primera instancia para liquidar la pensión del demandante, con fundamento
en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, coincide con la establecida por la
Convención Colectiva, por lo que deberá mantenerse este aspecto de la decisión
apelada.

Sin embargo, varía el período base de liquidación, pues la norma aplicada por el a
quo tiene como referente el último año de servicios, mientras que la convención se
basa en los últimos dos. Esta diferencia también influye en los factores base de
liquidación. En efecto, mientras el artículo 19 ibidem enlista unos emolumentos, la
convención indica que es el «promedio mensual de lo percibido». En
consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá modificarse para adecuar
el ingreso y período base de liquidación al tenor de la norma convencional.

No obstante, se aclara que en caso de que la liquidación ordenada por la primera
instancia sea inferior a la que resulta de aplicar la convención colectiva, deberá
mantenerse el monto pensional que arroje la aplicación de las directrices
ordenadas por el a quo en aras de no afectar el principio de la no reformatio in
pejus, ya que en este caso solamente apeló la parte demandada.

Esta corporación no modificará las demás decisiones adoptadas por la sentencia
del 28 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, ya
que no fueron objeto de la acción especial de revisión y, por lo tanto, deben
permanecer incólumes.

3. De la condena en costas

La Sala considera que en este caso no hay lugar a imponer condena en costas,
por cuanto la acción especial de revisión se declarará parcialmente fundada. Al
respecto, el numeral 1 del artículo 365 del CGP,45 aplicable por remisión expresa

45 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

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Demandante: UGPP

del artículo 188 del CPACA, estableció esta carga únicamente en contra de la parte
a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión que haya
propuesto.

Bajo este contexto, las costas solamente proceden cuando se decide de manera
adversa el recurso extraordinario a la parte que lo interpuso, esto es el recurrente,
pero esta situación no es la que se presenta en el sub lite, ya que la acción le es
parcialmente favorable a la UGPP.

A su vez, la norma no se refirió al sujeto pasivo del recurso de revisión. En torno a
este último aspecto, se destaca que en este tipo de procesos se reprocha una
sentencia y, en estricto rigor, no hay pretensiones en contra de un «demandado»,
por cuanto este comparece al proceso con el fin de defender sus intereses ante
una eventual configuración de la causal de revisión invocada frente a la decisión
judicial cuestionada. En consecuencia, tampoco existe un fundamento legal para
asignar costas procesales a cargo del señor Jorge Eduardo Valencia Merchán.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de
revisión debe declararse fundada, puesto que se acreditó la configuración de la
causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código.

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Demandante: UGPP

F A L L A:

Primero. Declarar parcialmente fundada la acción especial de revisión promovida
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 28 de agosto de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Infirmar parcialmente la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, en lo que respecta al numeral tercero, el
cual quedará de la siguiente forma:

Tercero. Modificar la sentencia del 9 de diciembre de 2013, proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Manizales, en el
sentido de indicar que la pensión de jubilación del señor Jorge Eduardo
Valencia Merchán debe liquidarse en el equivalente al 100% del promedio
mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio; sin embargo, en
caso de que esta forma de liquidación resulte superior a la ordenada en
primera instancia, deberá mantenerse el monto pensional dispuesto por el a
quo, en aras de no afectar el principio de la no reformatio in pejus.

Tercero Bis. Confirmar en lo demás el proveído apelado.

Tercero. Se aclara que los efectos del presente fallo regirán hacia el futuro, con el
objeto de salvaguardar los derechos del señor Jorge Eduardo Valencia Merchán
que fueron reconocidos al amparo de la sentencia del 28 de agosto de 2014.

Cuarto. Negar las demás pretensiones de la acción especial de revisión.

Quinto. Sin condena en costas.

Sexto. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 17001-33-31-002-2008-00519-02 al juzgado de origen y
archivar el recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones de rigor.

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Demandante: UGPP

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

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