Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00480-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00480-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00480-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00480-00 (1851-2018)
Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
Temas: Concurso de méritos
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por el señor Eduardo Curtidor Argüello contra la Nación, Comisión
Nacional del Servicio Civil - CNSC.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el ciudadano antes mencionado solicitó declarar la nulidad parcial de la
Guía de Verificación de Requisitos Mínimos y Valoración de Antecedentes, código
G-CM-002, versión 2.0, del 1 de septiembre de 2017, expedida por la CNSC, en el
apartado que, a continuación, se resalta en letra negrilla:
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00480-00 (1851-2018)
Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
EXPERIENCIA
ÍTEM SITUACIÓN JUSTIFICACIÓN/CRITERIO
[…] [..]
El empleo exige cincuenta NO SE ADMITE. La certificación no
EXPERIENCIA (50) meses de experiencia especifica la fecha a partir de la cual
PROFESIONAL - profesional relacionada. el aspirante está ejerciendo el cargo y
¿A PARTIR DE las funciones que se están
CUANDO SE El aspirante aporta una certificando, por tal razón no se
VALORA? certificación en la que se podría determinar exactamente la
señala que se encuentra experiencia en el mismo.
vinculado a una entidad
desde el 21/03/1997 y que
actualmente ocupa el cargo
de Profesional relacionado
con las funciones del
empleo.
[…] […]
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
El demandante sostuvo que la guía parcialmente acusada quebrantó los artículos
29, 53, 84 y 125 de la Constitución Política; 9, numeral 5, de la Ley 1437 de 2011;
2, 7 y 28 de la Ley 909 de 2004; y 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015.
Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos de
nulidad:
i) La inadmisión de un aspirante, bajo la situación descrita en el aparte enjuiciado,
denota una indebida valoración de la certificación laboral, pese a que cumple con
todos los requisitos legales para ser tenida como válida. En efecto, en el
documento «se establece el tiempo desde el que se está ocupando el cargo
(21/03/1997) de Profesional relacionado con las funciones del empleo, certificación
que sería admisible para pretender cumplir el requisito de experiencia
relacionada». En efecto, debe partirse de la base de que el interesado únicamente
ha desempeñado ese empleo, pues en caso contrario se hubieran detallado los
demás.
ii) Aunque la constancia en comento «se limita simplemente a indicar el cargo que
2
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00480-00 (1851-2018)
Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
desempeña actualmente», ello no es razón suficiente para inadmitirla; por el
contrario, debe interpretarse de manera garantista y sistemática,2 no de manera
restringida, formalista y exegética como lo hace la aludida guía.
iii) El texto demandado le adiciona requisitos a las certificaciones de experiencia
que no fueron previstos en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, con lo
cual se vulneran los principios que orientan el ingreso a la función pública,
especialmente la imparcialidad, objetividad y eficiencia con miras a seleccionar a
las personas mejor capacitadas, de acuerdo con el perfil del empleo ofertado.
1.2. Contestación de la demanda
La CNSC, por intermedio de apoderado, contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes
razonamientos:3
i) En este caso se presenta una ineptitud de la demanda, ya que la guía acusada
no es un acto administrativo pasible de control jurisdiccional; por el contrario, se
trata de un documento de apoyo, que se limitó a reiterar los artículos 2.2.2.3.7 y
2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015.
ii) El texto demandado se encuentra ajustado a la legalidad, por cuanto no existe
ninguna norma que establezca que cuando la certificación laboral dice que el
cargo se desempeña «actualmente» debe presumirse que el aspirante también
ejerció las funciones con anterioridad o en el tiempo intermedio.
iii) El ordenamiento jurídico prohíbe hacer presunciones como las que sugiere el
accionante en relación con la experiencia certificada para acceder a un empleo
oficial. Inclusive, el artículo 253 del Código General del Proceso impide presumir
las fechas de los documentos públicos.
2 En relación con la interpretación sistemática, el actor invocó la sentencia del 12 de octubre de 2017, proferida por el
Consejo de Estado.
3 Folios 105 a 108.
3
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Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
iv) La certificación que solo haga referencia a la palabra «actualmente» incumple
con el presupuesto de indicar con exactitud las fechas de inicio y terminación de la
experiencia laboral que se pretenda acreditar.
1.3. Medida cautelar, decisión de excepciones previas y sentencia anticipada
Por auto del 14 de noviembre de 2019, el magistrado conductor del proceso negó
la medida cautelar solicitada por la parte demandante, en consideración a que el
acto parcialmente acusado se sujetó al ordenamiento superior en lo que respecta
al contenido de las certificaciones laborales que se aportan en el contexto de un
concurso de méritos para proveer cargos públicos.4
Mediante auto del 5 de agosto de 2021, se negó la excepción de ineptitud de la
demanda propuesta por la CNSC, en consideración a que la guía acusada
«corresponde al ejercicio de la función administrativa, la cual se encuentra sujeta
al control judicial que recae en la jurisdicción de lo contencioso administrativo»,
conforme lo ha reiterado el Consejo de Estado en su jurisprudencia.5
Por auto del 12 de mayo de 2022, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se
prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio
en la siguiente forma:6
Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, el despacho
concluye que el objeto de la controversia que se presenta en el caso sub lite recae
en determinar si el aparte acusado de la Guía de Criterios para la Verificación de
Requisitos Mínimos y Valoración de Antecedentes - Código g-cm-002 Versión 0.2
del 1.º de septiembre de 2017, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
vulnera los artículos 29, 53, 84 y 125 de la Constitución Política; 28 de la Ley 909
de 2004; 9 del CPACA; y 2.2.2.3.8., del Decreto 1083 de 2015.
4 Folios 58 a 63, cuaderno de medida cautelar.
5 Folios 113 a 118.
6 Folios 120 a 123.
4
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Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
1.4. Alegatos de conclusión
El demandante guardó silencio. A su turno, en el índice 46 de la plataforma SAMAI
del consejo de Estado obra un poder conferido por la CNSC y el memorial de
alegatos de conclusión; sin embargo, no se aportaron los documentos tendientes a
demostrar la facultad del poderdante para ejercer la representación judicial de la
entidad, motivo por el que no se le puede reconocer personería a la mandataria, ni
convalidar sus actuaciones.7
1.5. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la guía parcialmente acusada se
encuentra viciada de nulidad por las razones alegadas en la demanda de la
referencia y que, en síntesis, conciernen a la presunta vulneración del
ordenamiento superior, en tanto estableció requisitos adicionales a los previstos
por el legislador para la expedición de las certificaciones de experiencia laboral.
2.2. Contenido del texto demandado
El actor deprecó la nulidad parcial de la Guía de Verificación de Requisitos
Mínimos y Valoración de Antecedentes, código G-CM-002, versión 2.0, del 1 de
septiembre de 2017, expedida por la CNSC, en el apartado que, a continuación, se
resalta en letra negrilla:
7 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
5
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Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
EXPERIENCIA
ÍTEM SITUACIÓN JUSTIFICACIÓN/CRITERIO
[…] [..]
El empleo exige cincuenta NO SE ADMITE. La certificación no
EXPERIENCIA (50) meses de experiencia especifica la fecha a partir de la cual
PROFESIONAL - profesional relacionada. el aspirante está ejerciendo el cargo y
¿A PARTIR DE las funciones que se están
CUANDO SE El aspirante aporta una certificando, por tal razón no se
VALORA? certificación en la que se podría determinar exactamente la
señala que se encuentra experiencia en el mismo.
vinculado a una entidad
desde el 21/03/1997 y que
actualmente ocupa el cargo
de Profesional relacionado
con las funciones del
empleo.
[…] […]
2.3. Marco normativo
2.3.1. Generalidades del sistema de carrera administrativa
El artículo 130 de la Constitución Política le encargó a la CNSC la responsabilidad
de administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, con excepción de
aquellas que tuvieran carácter especial.
La Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la administración
pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de transparencia,
objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el servicio
público.
La Corte Constitucional ha expresado que la carrera administrativa persigue los
siguientes fines:8
El sistema de carrera administrativa tiene como finalidad la realización de los
principios de eficacia y eficiencia en la función pública, así como procurar la
estabilidad en los cargos públicos, con base en estos principios y en la
8 C-195 de 1994.
6
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Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
honestidad en el desempeño de los mismos. Se busca que la administración
esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacitación
profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde con
las finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que
prestan sus servicios al Estado. El elemento objetivo de la eficiencia es el
determinante de la estabilidad laboral, por cuanto es su principio de razón
suficiente. No se trata de una permanencia en el cargo por razones ajenas a la
efectividad de los buenos resultados, ni el ingreso al empleo sin una vinculación
fundada en motivos diferentes a la capacidad. Igualmente, el retiro se hará por
hechos determinados legalmente, inspirados en la realidad de la eficiencia
laboral. En definitiva, lo que se protege es el interés general.
De acuerdo con el anterior lineamiento, el sistema de carrera administrativa ha
sido entendido como el mecanismo prevalente para garantizar que las personas
más idóneas accedan a la función pública, así como otorgar estabilidad e igualdad
de oportunidades para desempeñar los empleos oficiales.
De esta manera, los cargos de carrera deben proveerse mediante procesos de
selección objetivos y transparentes en los que se privilegie el principio del mérito
por constituir un presupuesto de ingreso, permanencia y ascenso en los cargos
públicos. Bajo este esquema se materializan valores y principios superiores como
la justicia, igualdad, participación, dignidad humana y trabajo.
Como los concursos de méritos se dirigen a seleccionar el recurso humano mejor
capacitado para la prestación del servicio público, resulta imprescindible verificar
que los aspirantes cumplan los requisitos de conocimiento y experiencia exigidos
en los manuales de funciones para su desempeño.
En lo que respecta al sub lite, resulta pertinente referirse al factor de experiencia,
el cual se define en el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 de la siguiente
forma:
Artículo 2.2.2.3.7. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una
profesión, arte u oficio.
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional,
relacionada, laboral y docente.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00480-00 (1851-2018)
Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del
pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el
desempeño del empleo.
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema
de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la
inscripción o registro profesional.
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará
experiencia profesional.
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.
Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo,
ocupación, arte u oficio.
[…]
Por su parte, el artículo 2.2.2.3.8. del Decreto 1083 de 2015 establece que lo
siguiente en relación con las certificaciones de experiencia:
Artículo 2.2.2.3.8. Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará
mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de
las respectivas instituciones oficiales o privadas.
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente,
la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo,
la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas.
[…]
Bajo este contexto, las certificaciones que se aporten para demostrar los
presupuestos de acceso a la función pública deben contener unos elementos
mínimos que le permitan al evaluador determinar con certeza si el candidato se
ajusta al perfil del cargo para el cual se inscribió en el marco de un proceso de
selección. De ahí que dichos documentos deben cumplir con unos presupuestos
8
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00480-00 (1851-2018)
Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
mínimos de veracidad y claridad para que únicamente los candidatos idóneos
sean designados en los empleos oficiales.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
El demandante sostiene que la guía parcialmente acusada desconoció el
ordenamiento superior, en tanto estableció requisitos adicionales a los previstos
por el legislador para la expedición de las certificaciones de experiencia laboral.
Ahora bien, el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, citado en el anterior
acápite, estableció que la experiencia «se acreditará mediante la presentación de
constancias expedidas por la autoridad competente».
Conforme se expuso al resolver la medida cautelar solicitada en el sub lite, el
presente caso debe estudiarse a la luz del uso común de las palabras como
método de interpretación.9
Según el Diccionario de la Real Academia Española, las palabras «acreditar» y
«constancia» tienen las siguientes acepciones relevantes:
Acreditar Constancia
1. tr. Hacer digno de crédito algo, probar su […]
certeza o realidad. U. t. c. prnl. 2. f. Acción y efecto de hacer constar algo
de manera fehaciente.
2. tr. Afamar, dar crédito o reputación. U. t.
c. prnl. 3. f. Certeza, exactitud de algún hecho o
dicho.
3. tr. Dar seguridad de que alguien o algo
es lo que representa o parece. 4. f. Escrito en que se ha hecho constar
[…] algún acto o hecho, a veces de manera
fehaciente. Para constancia. Dejar, haber
constancia.
De este modo, se observa que el ordenamiento superior exigió el mayor grado de
certeza, exactitud y claridad respecto de la información contenida en las constancias
9 Código Civil, artículo 28. «Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su
significado legal».
9
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Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
de experiencia, con miras a seleccionar a la persona que realmente cumpla con el
perfil del empleo y materializar el principio del mérito que debe orientar el acceso a la
función pública.
Así las cosas, el participante dentro de un concurso de méritos tiene la carga de
acreditar en forma fehaciente su experiencia. De manera correlativa, la entidad
administradora del concurso está llamada a velar por el correcto desarrollo del
certamen y garantizar que los interesados aporten documentación veraz y suficiente
para demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de acceso al empleo al que
se inscribieron.
De esta manera se logra confiabilidad en los resultados del proceso y la igualdad de
oportunidades entre los aspirantes.
Ahora bien, en el texto demandado en este litigio se cita el ejemplo de un
participante que pretende demostrar su experiencia laboral mediante una
certificación en la cual se señala que «se encuentra vinculado a una entidad desde
el 21/03/1997 y que actualmente ocupa el cargo de Profesional relacionado con
las funciones del empleo».
La guía cuestionada concluye que no puede admitirse dicho documento porque no
«especifica la fecha a partir de la cual el aspirante está ejerciendo el cargo y las
funciones que se están certificando, por tal razón no se podría determinar
exactamente la experiencia en el mismo».
La Sala considera que la anterior conclusión es congruente con los requerimientos
fijados por el ordenamiento superior para demostrar fehacientemente la
experiencia laboral, pues la información en los términos antes expuestos no
permite establecer con certeza que el aspirante desde su ingreso a la entidad ha
desempeñado un único empleo con las funciones que se certifican.
Por el contrario, la certificación sólo da cuenta de dos supuestos fácticos, a saber:
10
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Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
i) que el interesado ingresó a una entidad el 21 de marzo de 1997; y ii) que
«actualmente» ocupa el cargo de profesional «relacionado con las funciones del
empleo».
De conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra
«actualmente» corresponde a un adverbio demostrativo de tiempo que significa
«en el tiempo actual», por ende, en el contexto semántico dicha expresión se
traduce como en el presente, en la actualidad, hoy día, en este momento.
Así las cosas, no puede afirmarse, como lo sugiere el accionante, que la
certificación da cuenta de que el aspirante ha laborado todo el tiempo en un único
cargo y con idénticas funciones, pues estas afirmaciones no están consignadas de
esa manera y tampoco pueden inferirse de su redacción; por el contrario, la
información es clara en indicar que el empleo de profesional es el que se ejerce en
la actualidad y es frente a este que se detallan las funciones, es decir, que faltaría
dilucidar cómo transcurrió la relación laboral con antelación.
Esta corporación tuvo oportunidad de analizar un caso en el que se aportó una
certificación laboral con una redacción similar a la que ahora se estudia y arribó a
iguales conclusiones a las antes anotadas, con fundamento en los siguientes
argumentos:10
b) El demandante acreditó en el momento de concursar lo siguiente:
Estudios Experiencia Equivalencias
[…] […] […]
En este asunto por
tratarse de un cargo en
el nivel profesional solo
le serviría la certificación
del tiempo laborado en la
Superintendencia
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2022, radicado 25000-23-42-000-
2015-00559-01 (6640-2019). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 28 de junio de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2018-01695-00 (5934-2018).
11
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00480-00 (1851-2018)
Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
Financiera de Colombia,
en la que certifica que
laboró desde el 9 de
agosto de 1994 hasta el
9 de diciembre de 2009.
Sin embargo, solo señala
las funciones del último
empleo que ejerce, pero
omite los anteriores (ff.
147 y 148)
[…]
En el presente asunto se observa que hubo una irregularidad en la aceptación de
los requisitos mínimos para poder acceder al concurso, pues la certificación
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia simplemente dio cuenta
de los tiempos de servicio desde el 9 de agosto de 1994 hasta la fecha de su
expedición (9 de diciembre de 2009), esto es, por más de 15 años, pero solo indicó
las funciones del último cargo de profesional universitario 2044-09, en encargo (ff.
147 y 148).
[…] el documento objeto de discusión es incompleto, impreciso y como tal debió
ser corregido y complementado en la etapa de acreditación de requisitos del
concurso, sin embargo, ello no ocurrió.
[…] se advierte que la certificación ya aludida, de 9 de diciembre de 2009, era
imprecisa, lo que dio lugar a que la entidad demandada cuestionara el cumplimiento
de los requisitos mínimos en el momento de la inscripción en el concurso, por esta
circunstancia, la carga pública de esperar una decisión por parte de esta jurisdicción
la debe soportar el demandante; se repite, por aportar un documento incompleto.
De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, es posible sostener que
una certificación como a la que alude la guía demandada resulta ser insuficiente e
incompleta, ya que no contiene los elementos mínimos para determinar con
certeza la experiencia del aspirante.
Igualmente, es pertinente resaltar que el texto enjuiciado pretende ejemplificar una
situación en la que el interesado busca demostrar una experiencia relacionada,
que fue definida en el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 como «la
adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares
a las del cargo a proveer». A su vez, esta corporación ha concluido que esa clase
de experiencia «supone que las funciones pueden ser parecidas, semejantes o
análogas con las funciones propias del cargo».11
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de 2021, radicado 11001-03-28-000-2019-00059-00.
12
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00480-00 (1851-2018)
Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
Bajo este contexto, resulta trascendental que la certificación laboral señale las
funciones desarrolladas por el concursante, con el objetivo de poder cotejarlas con
las asignadas al empleo al cual aspira, por ende, la información allí consignada
debe dar cuenta de la trayectoria del candidato «en la clase del ejercicio laboral
específico requerido»,12 así como del lapso en el que éste se cumplió.13
Por lo tanto, es primordial que la certificación establezca de forma clara cómo se
ha desplegado la vinculación laboral desde que el interesado ingresó a la entidad
hasta la fecha en que se expide el documento, máxime en un caso como el que
cita el ejemplo en el que el empleado ha trabajado durante más de 20 años en la
misma empresa, pues ingresó el 21 de marzo de 1997 y la guía data del 1 de
septiembre de 2017, por ende, sería difícil suponer que el aspirante desempeñó
un único empleo en ese lapso y que jamás variaron las responsabilidades y
deberes a su cargo, como lo sugiere el demandante.
Este criterio de ninguna manera constituye una lectura restrictiva o desfavorable
de las certificaciones laborales, sino que se trata de un entendimiento acorde al
sentido lógico y natural de las palabras, con miras a garantizar un mínimo de
seguridad para el desarrollo del proceso de selección. Ello tampoco comporta una
carga excesiva para el participante; por el contrario, se encamina a que observe
un actuar diligente tendiente a aportar la información que brinde certeza y claridad
sobre su experiencia.
De otro lado, es relevante destacar que la guía parcialmente enjuiciada tiene por
objeto constituir «un documento de apoyo que permita generar uniformidad en la
definición de las reglas y criterios utilizados en los diferentes concursos abiertos
de méritos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, en la
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de marzo de 2011, radicado 440012331003200900094-01;
40012331001200900095-01 y 440012331002200900096 01 (acumulados).
13 En relación con la inadmisión de aspirantes en procesos de selección en razón a que las certificaciones aportadas no
tienen el contenido mínimo establecido por el ordenamiento superior, también pueden consultarse las siguientes
sentencias del Consejo de Estado: i) del 25 de septiembre de 2020, radicado 73001-23-33-000-2013-00499-02 (2618-
2014 incorporado al radicado 3852-2014); y ii) del 14 de febrero de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-00061-00
(AC).
13
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Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
etapa de verificación de requisitos mínimos y en la prueba de valoración de
antecedentes, para minimizar el riesgo jurídico en la aplicación inadecuada de
criterios en dichas etapas».
Por lo tanto, en cada caso concreto se deberá determinar si las entidades
verificadoras de los requisitos mínimos actuaron correctamente o si hicieron
exigencias caprichosas e irrazonables al momento de evaluar la experiencia
laboral del participante, pues la guía contiene ejemplos orientadores, pero de
ninguna manera pretende agotar toda la casuística que se presenta en esta clase
de certámenes, por lo que en la práctica será necesario revisar el contenido de las
certificaciones, el lenguaje utilizado y el contexto con miras a resolver sobre la
admisión o exclusión de un aspirante.
La anterior conclusión encuentra respaldo en el acto acusado en tanto precisó que
«[s]i bien es cierto que se contemplan en el presente documento criterios
relacionados con la Verificación de Requisitos Mínimos y la Valoración de
Antecedentes, incluyendo los fundamentos jurídicos y técnicos de cada criterio, es
factible que se presenten diversas situaciones o circunstancias que no se
encuentren contempladas en la norma y en el presente documento, por lo que se
requerirá efectuar un análisis técnico y jurídico de fondo, y escalar la decisión al
nivel jerárquico que sea necesario».
En este orden de ideas, la guía demandada no incluye todos los supuestos
fácticos que pueden presentarse al momento de estudiar las certificaciones
laborales tendientes a acreditar el requisito de experiencia para acceder a un
cargo público en el marco de un concurso; por el contrario, se limita a enunciar
algunos ejemplos que sirven como apoyo al revisor, pero sin desconocer la
necesidad de hacer un análisis juicioso de los documentos allegados y de escalar
las inquietudes que surjan ante la autoridad competente para evitar decisiones
ajenas a la realidad y al marco legal que debe fundarlas.
A su vez, conforme lo prevé el artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 el
14
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00480-00 (1851-2018)
Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
aspirante podrá recurrir el acto que dispone su inadmisión y también tendrá la
opción de acudir a la jurisdicción para cuestionar la legalidad de la decisión, según
lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación.14
Entonces, la forma en que se encuentran configurados los procesos de selección
permite revisar las decisiones que se adoptan durante su desarrollo, así como
garantizar el derecho al debido proceso y el acceso a los empleos públicos.
En consecuencia, los cargos de nulidad endilgados por el accionante a la guía
parcialmente demandada carecen de soporte fáctico y jurídico, por ende, debe
mantenerse incólume su presunción de legalidad.
2.5. La condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.15
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y en
el acervo probatorio, se concluye que el demandante no logró desvirtuar la
legalidad de la guía parcialmente enjuiciada y, en consecuencia, se deberán negar
las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-
00187-00 (1132-2019).
15 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00480-00 (1851-2018)
Demandante: Eduardo Curtidor Argüello
F A L L A:
Primero. Negar las pretensiones de la demanda encaminada a la anulación
parcial de la Guía de Verificación de Requisitos Mínimos y Valoración de
Antecedentes, código G-CM-002, versión 2.0, del 1 de septiembre de 2017,
expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
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