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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00484-00

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00484-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLÁRASE FUNDADA la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia de fecha 25 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sala de Decisión 3, dentro del proceso que cursó con el radicado 76001-33-31-705- 2012-00193-01. SEGUNDO. INFIRMAR la sentencia de fecha 25 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sala de Decisión 3, y en consecuencia se dispone, revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo www.consejodeestado.gov.co 20 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2018-00484-00 (1855-2018) Demandante: U.G.P.P. de Descongestión del Circuito de Cali el 26 de febrero de 2014 y, en su lugar, NEGAR las súplicas de la demanda. TERCERO. SIN CONDENA en costas. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-00484-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

13 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: Acción de revisión.
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00484-00 (1855-2018)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Demandado: ROSALBA LIBREROS ARANA

Tema: Acción especial de revisión causales a y b del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, tope pensional pensión Rama Judicial.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado conoce la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social U.G.P.P., contra la sentencia
de 25 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca dentro del proceso que cursó con el radicado
76001-33-31-705-2012-00193-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
tramitado ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La señora Rosalba Libreros Arana, a nombre propio y en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la
nulidad de la Resolución UGM 013459 del 12 de octubre de 2012,
por medio de la cual se negó la corrección, modificación o
aclaración de la Resolución UGM 013459 del 12 de octubre de 2011,
para que se corrigiera el ingreso base de liquidación y se eliminara
el tope pensional de 20 salarios mínimos establecido en el Decreto
314 de 1994.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reajuste la
pensión conforme con el régimen especial de la Rama Jurisdiccional
y del Ministerio Público sin límite a ningún tope, así como las
diferencias entre lo reconocido y lo que correspondía en caso de
que no se le hubiera aplicado el referido tope, con efectividad a

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Demandante: U.G.P.P.

partir del 1 de enero de 2002, con los ajustes de valor, que se
cumpla con lo ordenado en la sentencia en los términos de los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y
que se condene a la demandada en costas.

Al respecto, se advierte que en la Resolución UGM 013459 del 12
de octubre de 2011, expedida en cumplimiento de la sentencia del
28 de septiembre de 2006 se reliquidó la pensión de la señora
Libreros Arana con el 75% de lo devengado en el último año de
servicios limitado a 20 salarios mínimos.

2.2. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Quinto (5) Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Cali, mediante sentencia de 26 de febrero de 2014 1,
acogió las pretensiones de la demanda puesto que se demostró que
el entonces demandante era beneficiario del régimen de transición
especial de la Rama Judicial, establecido en el Decreto 546 de
1971, por lo que su pensión se debe liquidar sin consideración a lo
dispuesto en las normas generales, y debe ser con el 75% de la
asignación mensual más elevada que haya devengado en el último
año de servicios, sin aplicación del tope pensional establecido en
el Decreto 314 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas, resolvió:

«1) DECLÁRASE no probadas las excepciones propuestas por
la Caja Nacional de Previsión Social "Cajanal" hoy UGPP.

2) DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo contenido en
la Resolución No. (sic) UGM 025678 del 13 de enero de 2.012,
por medio del cual Cajanal EI.C.E. "EN LIQUIDACIÓN" hoy
UGPP negó la corrección, modificación o aclaración de la
Resolución No. (sic) UGM 013459 del 12 de octubre de 2.011,
no dando aplicación del tope pensional establecido en el inciso
1 del articulo 1 del Decreto 314 de 1994 reglamentario de la
Ley 100 de 1993, en la reliquidación de su pensión de vejez.

3) Como consecuencia de lo anterior ORDÉNASE que
CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, a través de la UNIDAD DE
GESTION PENSIONALY PARAFISCALES - UGPP, reliquide la
Pensión de Vejez de la Doctora ROSALBA LIBREROS ARANA,
sin aplicación del tope pensional establecido en el Decreto 314
de 1994 reglamentario de la Ley 100 de 1993, y en su lugar
tenga en cuenta para la misma e l equivalente al 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el
último año de servicio a partir del 1 de enero de 2002.

4) ORDÉNASE a CAJANAL, a través de la UNIDAD DE
GESTION PENSIONAL Y (sic) PARAFISCALES - UGPP, en
liquidación (sic), reconocer y pagar las diferencias entre la

1
Folios 675 a 685 del cuaderno principal del expediente.

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Demandante: U.G.P.P.

Pensión reconocida y la que tiene derecho el accionante,
causadas desde el 1 de enero de 2002 como las que se causen
con posterioridad a la presente sentencia y hasta la fecha en
que se practique la correspondiente liquidación, teniendo en
cuenta los reajustes de ley.

5) ORDÉNASE a la entidad demandada, ajustar los valores que
resultan de la reliquidación que se practique a la pensión de
vejez de la Doctora ROSALBINA LIBREROS ARANA, conforme
a lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A., dando aplicación
a la siguiente fórmula:

R= Vh Índice final
Índice Inicial

En donde R es el valor presente que se determina
multiplicando el valor histórico (h), que es la diferencia entre
lo que venía percibiendo el actor por concepto de la pensión y
el reajuste ordenado en esta providencia, por el guarismo que
resulte de dividi r el índice final de precios al consumidor,
certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia), por el índice inicial vigente.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes, para cada mesada pensional y
para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el Índice
inicial es el vigente al momento de causación de cada una de
ellas.

6) DÉSE cumplimiento a esta sentencia, en los términos
previstos en los artículos 176, 177 y 178 del Código
Contencioso Administrativo y a la Sentencia C-188 de marzo
de 1999 de la Honorable Corte Constitucional.

7) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda».

2.3. Recurso de apelación

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 2 presentó
recurso de apelación, con el fin de que se revocara la sentencia de
primera instancia, y, en consecuencia se negaran las pretensiones
de la demanda con base en que el artículo 6 del Decreto 546 de
1971 no consagró una excepción a los topes pensionales.

2.4. Sentencia de segunda instancia cuya revisión se solicita.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
providencia de 25 de mayo de 2017 3, confirmó la sentencia de
primera instancia, con fundamento en que a los beneficiarios del
régimen de transición se les debe aplicar de forma íntegra el

2
Folio 160 del expediente 2012-00193.
3
Folios 205 a 212 del cuaderno principal del expediente.

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Demandante: U.G.P.P.

régimen pensional que los amparaba al momento en que adquirieron
el estatus pensional.

En ese sentido, puso de presente que el Consejo de Estado, en la
sentencia de 21 de septiembre de 2000 proferida dentro del
expediente 0470-1999 expuso que la Ley 100 de 1993 es una norma
de carácter general que en ninguna de sus disposiciones previó la
aplicación de un tope o límite a las pensiones especiales.

En ese sentido, como la señora Rosalba Libreros Arana nació el 1
de febrero de 1944 prestó sus servicios a la Fiscalía General de la
Nación por más de 10 años y cumplió con el requisito de edad para
acceder a la pensión el 1 de febrero de 1994 tenía derecho a
pensionarse con las previsiones del Decreto 546 de 1971 sin que
hubiera lugar a imponer topes pensionales.

Así las cosas, confirmó la sentencia de primera instancia.

2.5. Fundamentos de la acción especial de revisión.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP 4, por
intermedio de apoderado, solicitó infirmar el fallo proferido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de mayo de 2017,
con fundamento en las causales establecidas en los literales a y b,
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por las razones que a
continuación se exponen:

En relación con el literal a, del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
indicó que el fallo se expidió con violación al derecho fundamental
al debido proceso, pues existió falta de legitimación en la causa por
parte de CAJANAL ya que esta no es depositaria de los fondos que
se recaudan para la seguridad social en salud 5.

Respecto del literal b, del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 indicó
que la prestación social excede lo debido de acuerdo con la ley,
puesto que no se aplicaron los topes pensionales, lo que
contraviene lo determinado por la Corte Constitucional en las
sentencias SU 230 de 2015 y C – 258 de 2013.

En estas se estableció que todas las mesadas de funcionarios
públicos se encuentran sometidas a topes, y que a partir de la
misma ninguna pensión con cargo a recursos de naturaleza pública
puede superar el tope de los 25 salarios mínimos mensuales, y
deben ser reajustadas al mismo por la autoridad administrativa.

4
Escrito presentado el 23 de marzo de 2018, folios 192 a 219 del cuaderno
principal.
5
En esos términos fue expuesto en la acción especial de revisión.

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Demandante: U.G.P.P.

Así las cosas, solicitó se revoque la sentencia de 26 de febrero de
2014, y como consecuencia de ello que se nieguen las
pretensiones; y, por otra parte, que se declare la falta de
legitimación en la causa de Cajanal.

2.6. Intervención de la señora Rosalba Libreros Arana

La señora Rosalba Libreros Arana, no intervino 6 en el presente
trámite.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, fue
establecido en el Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de
1998 y actualmente se rige por lo dispuesto en los artículos 248 a
255 de la Ley 1437 de 2011.

Precisamente en el artículo 249 de dicho cuerpo normativo se
estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los
Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

En este caso, atendiendo al criterio de especialización laboral, se
le atribuye la competencia a la Sección Segunda del Consejo de
Estado y a la Subsección que le corresponda de conformidad con
el reparto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019.

Conforme con el texto del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la
revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública le corresponderá al
Consejo de Estado.

Ahora bien, en los términos del numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
tiene dentro de sus funciones: «adelantar o asumir, cuando haya
lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
o normas que la adicionen o modifiquen», lo que resulta acorde con
lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

3.2. Oportunidad en la presentación de la acción

La UGPP invocó como causales de revisión las previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

6
Folio 280 del cuaderno principal.

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Demandante: U.G.P.P.

En el presente caso, la sentencia del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, objeto de la acción de revisión, quedó ejecutoriada
el 23 de junio de 2017 7, y la acción extraordinaria de revisión se
interpuso el 23 de marzo de 2018 8, por lo que se entiende que fue
presentada dentro del término de 5 años establecido en el artículo
251 de la Ley 1437 de 2011.

3.3. Problema jurídico

Se contrae a determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 25 de mayo de 2017 se debe
infirmar, de acuerdo con las causales de revisión previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar la
liquidación de la pensión de Rosalba Libreros Arana sin tope
pensional alguno, y que existió falta de legitimación en la causa por
parte de Cajanal.

3.4. Análisis de la controversia.

3.4.1. Las causales de revisión contempladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las
causales consagradas para el recurso extraordinario de revisión,
también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», y adicionalmente «Cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Es importante poner de presente que en la exposición de motivos
del proyecto que se convirtió en la Ley 797 de 2003 se indicó que
su expedición obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas
sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el
tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 9.

Es claro entonces que el propósito de la norma consistió en la
reducción del déficit fiscal y la sostenibilidad del sistema pensional.

En el caso concreto, la solicitud de revisión se fundamenta en el
hecho que la sentencia de 26 de febrero de 2014 por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Cali desconoció que existió
falta de legitimación en la causa por parte de la UGPP, pues no es
depositaria de los fondos que se recaudan para la seguridad social
en salud y en el hecho que a juicio de la entidad que inició la acción

7
De conformidad con la constancia que se encuentra en el folio 215 del
cuaderno 2 del expediente 2012-00193.
8
Folios 219 vto. del cuaderno principal del expediente.
9
h t t p : / / w w w . a l c a l d i a b o g o t a . g o v . c o / s i s j u r / n o r m a s / N o r m a 1 . j s p ? i = 7 2 2 2.

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de revisión la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
acuerdo con la ley, pues se liquidó sin sujeción a los límites
impuestos en la sentencia C 258 de 2013.

3.4.2. Análisis de las causales invocadas.

a. Análisis de la causal contenida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003:

La parte demandante señaló que se configuró la causal contenida
en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que la orden
judicial impartida en la sentencia objeto de revisión se produjo con
vulneración al debido proceso, en tanto existía falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto de Cajanal (sustituida por la
UGPP), pues no era la autoridad llamada a satisfacer las
pretensiones de la demanda comoquiera que no le correspondía ser
destinataria ni depositaria de los fondos que se recaudan en
seguridad social «en salud» 10.

De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 159 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en los procesos contenciosos administrativos la
representación de la Nación está a cargo del «Ministro, Director de
Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador
Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación,
Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o
por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto
o produjo el hecho».

En consecuencia, como los actos administrativos que fueron
acusados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciado por la señora Libreros Arana fueron expedidos por la Caja
Nacional de Previsión Social CAJANAL (sustituida por la UGPP),
era esta la autoridad administrativa llamada a fungir como
demandada en el aludido proceso.

Adicionalmente, no se trata de un asunto en dónde se esté
discutiendo el destino de los aportes para salud, sino de pensiones,
por lo que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social estaba
legitimada como responsable del pago de esta prestación social,
razón por la cual, se habrá de negar la solicitud de revisión respecto
de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

b. Análisis de la causal contenida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003:

10
Así fue argumentado a pesar de que en el caso concreto se discute la
liquidación de la pensión.
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En relación con la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es necesario hacer referencia a
la aplicación de topes pensionales para los beneficiarios del
régimen de transición que se rigen por lo dispuesto en el Decreto
546 de 1971, para lo cual, es necesario referirse tanto al contenido
del Acto Legislativo 01 de 2005, como a la sentencia C – 258 de
2013.

El contenido del Acto Legislativo 01 de 2005

Con el fin de resolver la presente controversia es necesario señalar
que a través del Acto Legislativo 01 de 2005 se adicionó el artículo
48 de la Constitución Política y en este se determinó que a partir
del 31 de julio de 2010, no se pueden causar pensiones superiores
a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
cargo a recursos de naturaleza pública, con lo que se pretendió
atender el problema de la sostenibilidad fiscal y se fijó un tope para
las mesadas reconocidas con cargo a recursos de naturaleza
pública.

Posteriormente, la Corte Constitucional se pronunció respecto del
alcance de este acto legislativo y el tope máximo de las mesadas
pensionales en la sentencia C – 258 de 2013.

El alcance de la sentencia C-258 de 2013

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 258 se pronunció
respecto de los topes pensionales en los siguientes términos:

«Sobre los topes

Respecto de la ausencia de topes, en vista de que tampoco
existe una expresión en la disposición que respalde tal regla y
ella es producto del derecho viviente, además de declarar en
la parte motiva de este fallo que tal contenido normativo se
opone a la Carta, la Sala señalará en la parte resolutiva que
las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de
conformidad con régimen especial bajo estudio, no podrán
superar los 25 smmlv, es decir, el tope más alto establecido
en las normas vigentes, que también fue el criterio acogido por
el constituyente derivado. Más adelante se explicará desde
cuándo rige esta declaración.

Tal como se señaló en las sentencias C-089 de 1997 y C-155
de 1997, debe acudirse a las reglas de tope contenidas en la
normativa legal y constitucional vigente, pues ellas reflejan la
decisión democrática del Congreso en ejercicio de su facultad
de establecer leyes y de reformar la Constitución. Así, tanto la
Ley 797 de 2003 como el Acto Legislativo 01 de 2005 coinciden
en una regla de tope de 25 smmlv, ese ha sido el criterio
razonable fijado por el Congreso a partir de amplios debates y
con fundamento en diferentes estudios aportados por el
Ministerio de Hacienda y otros organismos públicos
encargados de velar por la sostenibilidad del sistema de
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pensiones. De igual manera, y como se explicó en
precedencia, en ausencia de norma expresa en el régimen
especial, rige la del sistema general de pensiones,
conforme a la cual las pensiones sí están sujetas tope y,
ese tope es 25 smlmv. Para la Sala, ese criterio razonable
debe tomarse en consideración en esta oportunidad con miras
a eliminar los obstáculos que la inexistencia de topes en el
régimen derivado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 genera.

Habiendo entonces encontrado que las expresiones “durante
el último año y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el
mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal ”,
contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de
1992, así como la expresión “por todo concepto”, contenida en
su parágrafo, resultan inexequibles, y que no resultan
ajustadas a la Carta algunas interpretaciones que de la norma
han hecho las autoridades judiciales y administrativas, en los
términos ya expuestos, debe entonces procederse a analizar
cuáles son los efectos de la decisión que habrá de adoptar la
Corte.

En primer lugar, es claro que, a partir de esta
sentencia, ninguna pensión, causada bajo el régimen especial
de Congresistas consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de
1992, se podrá reconocer ni liquidar por fuera de las
condiciones que fijan la interpretación conforme a la
Constitución.

En segundo lugar, como efecto inmediato de la sentencia,
a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de
reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a
recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de
los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por
ello, todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas
automáticamente a este tope por la autoridad administrativa.

Los topes existieron antes y después de la Ley 100 de 1991.
La razón para su establecimiento reside en el hecho que, en
los sistemas de prima media, la mesada pensional incorpora
un componente sustancial de subsidio con recursos de
naturaleza pública. Esto es, el sistema de aportes por
cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar
los recursos para financiar una pensión vitalicia con las
previsiones de los distintos regímenes sobre tiempo de
servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que la
diferencia se paga con recursos públicos. El legislador, en
consonancia con previsiones constitucionales, encontró, que
en materia pensional tales recursos deben destinarse a
subsidiar las pensiones de las personas de más bajos ingresos
y a ampliar la cobertura del sistema.

Por la anterior razón, cuando la ley dispone que, de manera
general, todas las personas ingresarán al sistema general de
pensiones, y cuando efectivamente ese ingreso se produce,
salvo la consagración de un sistema de transición, resulta
desproporcionado y contrario a los principios constitucionales
del Estado Social de Derecho y a los que inspiran el
sistema general de pensiones, la interpretación conforme
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a la cual las mesadas de quienes se encuentran en
transición no están sujetas a tope.

Sobre esa base, la Corte encuentra que, en tanto la pretensión
de que algunas mesadas pensionales no están sujetas al tope
que, de manera general, se ha previsto en la Ley, resulta
contraria a la Constitución, procede, como efecto de la
sentencia, se produzca un ajuste inmediato de todas las
pensiones que se hayan venido pagando por encima de ese
tope.

En tercer lugar, y como se explica en el siguiente apartado,
las autoridades administrativas revocarán o reliquidarán las
pensiones que, en los términos de esta providencia, bajo el
amparo del artículo 17 Ley 4 de 1992, se hayan reconocido
con fraude a la ley o con abuso del derecho. Para ello, siempre
se obrará con respeto al debido proceso, no se suspenderá o
alterará el pago de las mesadas pensionales hasta la
culminación del procedimiento administrativo y las decisiones
serán susceptibles de controversia ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

En cuanto a las pensiones adquiridas de buena fe y con la
confianza legítima de haber actuado de conformidad con la
normatividad vigente, sin que pueda predicarse abuso del
derecho ni fraude a la ley, se harán también las
consideraciones que a continuación se explican.

(…)

La consecuencia de ello es que esta sentencia no puede ser
invocada para exigir devoluciones de dinero por concepto de
ingresos pensionales.

No obstante, ello no se traslada de forma automática a los
efectos que se proyectan hacia el futuro. Estos no son
absolutamente inmunes, puesto que la intangibilidad sólo se
predica del derecho mismo -derecho a la pensión- y de los
efectos ya producidos -mesadas pensionales pasadas -.

En atención a las anteriores consideraciones, resultaría
contrario a todo lo previamente expuesto en relación con los
propósitos del Estado Social de Derecho, de los principios de
igualdad y los del sistema de seguridad social en pensiones,
no someter, bajo ciertas condiciones, las mesadas futuras, a
la declaratoria de inconstitucionalidad que aquí se constata.
Cabe recordar que el pago de las mesadas pensionales
causadas de conformidad con el artículo 17 de la Ley 4 de
1992 cuenta con un importante componente de subsidio
estatal, y por tanto, al tratarse de recursos de naturaleza
pública, estos pueden ser legítimamente limitados, en aras de
cumplir con los propósitos de un Estado Social de Derecho.

(…)

Pensiones amparadas por la confianza legítima y la buena fe

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Demandante: U.G.P.P.

En esta categoría se encuentran incluidos todos aquellos
beneficiarios del régimen especial dispuesto por el a rtículo 17
de la Ley 4 de 1992, que se encontraban vinculados a este
régimen, de conformidad con la normatividad vigente, al
momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, esto es, al 1 de
abril de 1994.

Cabe aclarar, como se explicó al hacer el recuento normativo
del régimen especial de Congresistas, se encuentran incluidos
como beneficiarios en el régimen de transición a su favor,
quienes fueron elegidos para la legislatura del 20 de julio de
1994, en los términos del parágrafo del artículo 3 del Decreto
1293 de 1994.

Además de esta condición, el derecho pensional fue adquirido
cumpliendo todos los requisitos legales, atendiendo los
criterios jurisprudenciales vigentes, bajo la convicción de estar
actuando de buena fe y bajo los factores salariales de
cotización establecidos por el Gobierno Nacional, no por
voluntad del cotizante.

Estas mesadas, deben ser ajustadas, sin necesidad de hacer
reliquidaciones caso por caso, hasta bajar a 25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, tope pensional que fue
dispuesto por el Constituyente como razonable. Es decir, aquí
no se trata de una reliquidación sino de un ajuste hacia el
futuro.

En este orden de ideas, disminuir aún más su monto aplicando
en forma retroactiva las consideraciones de esta providencia
en relación con el ingreso y los factores de liquidación
atentaría contra los derechos adquiridos y el principio de
confianza legítima de quienes accedieron a ellas dentro de las
condiciones especiales de un régimen vigente, que incluso
había sido declarado exequible por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-608 de 1992» 11.

A partir de lo anterior, se observa que si bien es cierto que la
sentencia específicamente se refirió al régimen de los congresistas,
también lo es que en su análisis se refirió a todas aquellas
disposiciones en las cuales no se consagró un tope.

En ese sentido, es necesario analizar el contenido del artículo 48
de la Ley 270 de 1996, para determinar si las pensiones relativas
al régimen de la Rama Judicial podrían verse afectadas por la orden
impartida por la sentencia C – 258 de 2013.

En ese sentido, la normativa dispuso:

«ARTICULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL
EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL. Las
sentencias proferidas en cumplimiento del control

11
Corte Constitucional, sentencia C – 258 de 7 de mayo de 2013, magistrado
ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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constitucional tienen el siguiente efecto:

1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del
examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de
revisión previa o con motivo del ejercicio del control
automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio
cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva.
La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad
judicial y para la aplicación de las normas de derecho en
general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene
carácter obligatorio general».

Es preciso poner de presente que en el caso concreto no se trató
de una pensión que se rija por lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 4 de 1992. Sin embargo, la motivación de la sentencia hace
referencia a la necesidad de limitar las mesadas pensionales al
tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
base en criterios como el de la solidaridad, y el de la
sostenibilidad del sistema pensional.

Si bien es cierto que hay personas que han adquirido su derecho a
la pensión con fundamento en normas en las que no se
establecieron topes, también lo es que, de acuerdo con el análisis
realizado por la Corte Constitucional, el imponer límites no afecta
el contenido esencial del derecho.

Ahora bien, esta sala debe responder a la pregunta de si esos
límites, establecidos en la sentencia C – 258 de 2013 les son
aplicables. La respuesta radica en el artículo 48 de la Ley 270 de
1996, en el momento en el que se establece que «La interpretación
que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general».

Respecto de la característica de la interpretación por vía de
autoridad, la Corte Constitucional señaló:

«Ahora bien, la interpretación literal de ese texto normativo
efectivamente permitiría concluir que la hermenéutica que
efectúa la Corte Constitucional en sentencias dictadas como
resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de
acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control
automático de constitucionalidad, corresponderá a una
interpretación obligatoria y vinculante para todas las
autoridades y para los particulares. En efecto, se observa
claramente que la modificación introducida por la Corte no
alude al tipo de norma que es objeto de interpretación –si es
la Constitución o la ley-, sino que se refiere exclusivamente al
resultado de la interpretación. Luego, como de la lect ura literal
del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 efectivamente podría
deducirse que la interpretación con autoridad de la ley
corresponde a la Corte Constitucional, la conclusión a la que
llega la demanda sobre la inconstitucionalidad de la norma
acusada resultaría, en principio, correcta, pues el artículo 25
del Código Civil es claro en señalar que la interpretación de la

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ley por vía de autoridad “sólo” corresponde al Congreso.

8. A su turno, los intervinientes y el Ministerio Público
coinciden en sostener que la interpretación con autoridad a
que hace referencia el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, es
de la Constitución y no de la ley, puesto que con la
modificación introducida por la Corte se trataba de prevenir
que el Congreso de la República asuma la función de
interpretar las normas superiores, tarea que el artículo 241 de
la Carta asigna a esta Corporación.

La Corte coincide con esta tesis, pues la interpretación
sistemática del artículo 48 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia y teleológica de la modulación
introducida por la Corte evidencian que la ratio decidendi de
la sentencia C-037 de 1996, se fundamenta en la función de
salvaguarda de la Constitución que tiene a su cargo esta
corporación, por lo que salta a la vista que la hermenéutica
con autoridad que regula dicha disposición está referida a la
de las normas superiores. Al respecto esta Corporación dijo:

“La jurisprudencia -como se verá más adelante- ha sido clara
en definir que la labor de la Corte Constitucional, encaminada
a guardar la supremacía y la integridad de la Carta (Art. 241
C.P.), hace que ella sea la responsable de interpretar con
autoridad y de definir los alcances de los preceptos contenidos
en la Ley Fundamental. En ese orden de ideas, resulta
abiertamente inconstitucional el pretender, como lo hace la
norma que se estudia, que sólo el Congreso de la República
interpreta por vía de autoridad. Ello es válido, y así lo define
el artículo 150-1 de la Carta, únicamente en lo que se relaciona
con la ley, pero no en lo que atañe al texto constitucional. Por
lo demás, no sobra agregar que la expresión “Sólo la
interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la
República tiene carácter obligatorio general”, contradice, en
este caso, lo dispuesto en el artículo 158 superior, pues se
trata de un asunto que no se relaciona con el tema de la
presente ley estatutaria, es decir, con la administración de
justicia.

De lo dicho, se desprende claramente la exequibilidad de la
norma que se revisa, excepto, como antes se ha explicado, las
expresiones señaladas en la parte final del numeral 1o. En
efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es,
únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la
parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional.
En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, esta
constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la
aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían
fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que
guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la
parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la
argumentación que se considere absolutamente básica,
necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la
parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente
en ella.

(…)
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Cabe advertir que, en reciente providencia, esta Corporación
reiteró los planteamientos expuestos en la sentencia C -037 de
1996, respecto de la fuerza vinculante de la interpretación
constitucional contenida en la parte motiva de las sentencias
de constitucionalidad, así:

“la respuesta a la pregunta inicial respecto a si la parte motiva
de las sentencias de constitucionalidad tiene fuerza
vinculante, es afirmativa conforme a los enunciado por esta
Corporación y el legislador estatutario. Por consiguiente las
autoridades y los particulares están obligados a acatar los
postulados vinculantes de la parte motiva de las sentencias de
constitucionalidad, en aquellos aspectos determinantes de la
decisión que sustenten la parte resolutiva de tales
providencias, así como frente a los fundamentos “que la misma
Corte indique”. Es decir, en palabras de la C-037 de 1996,
tienen “fuerza vinculante los conceptos consignados en esta
parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible
con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la
argumentación que se considere absolutamente básica,
necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la
parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente
en ella.”

El fundamento constitucional del carácter vinculante de tales
aspectos de la parte motiva de estas providencias, es: i) el
respeto a la cosa juzgada constitucional reconocida en el
artículo 243 de la Carta, que se proyecta a algunos de los
elementos de la argumentación, conforme a las
consideraciones previamente indicadas. ii) La posición y la
misión institucional de esta Corporación que conducen a que
la interpretación que hace la Corte Constitucional, tenga
fuerza de autoridad y carácter vinculante general, en virtud del
artículo 241 de la Carta. Igualmente, y en especial respecto
de las sentencias de tutela, la Corte resaltó con posterioridad
otros fundamentos de la fuerza vinculante de la ratio
decidendi, tales como iii) el principio de igualdad, la seguridad
jurídica, el debido proceso y el principio de confianza legítima,
como se comentará en el apartado e) de este capítulo» 12.

Como se puede apreciar, los criterios expuestos en una sentencia
de constitucionalidad, con base en los que se fundamenta la
decisión judicial, tienen carácter vinculante para todo operador
judicial.

En el caso concreto, es necesario indicar que de manera posterior
al fallo invocado previamente, la Corte Constitucional
expresamente ha establecido que el precedente fijado en la
sentencia C – 258 de 2013 le es aplicable a todos los regímenes
pensionales:

12
Corte Constitucional, sentencia C – 806 de 4 de octubre de 2006, magistrado
ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

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«En segundo lugar, el monto de la pensión reconocida al señor
Manuel Urueta Ayola en el caso en concreto, debía sujetarse
a la orden expresa de la Sentencia C-258 de 2013, en lo
relativo al tope de 25 salarios mínimos mensuales legales
vigentes y, por tanto, el Consejo de Estado no podía ordenar
como lo hizo en la parte resolutiva de la Sentencia de 21 de
agosto de 2014, que “[l]os parámetros establecidos por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-258-13 no son
aplicables en este caso, así como tampoco el tope de 25
salarios mínimos de las mesadas pensionales (…)”, pues sobre
dicho aspecto había cosa juzgada constitucional.

En efecto, en la Sentencia C-258 de 2013, dentro de los
condicionamientos que la Corte introdujo al artículo 17 de la
Ley 4ª de 1992, se señaló en la parte resolutiva que “[l]as
mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de
conformidad con este régimen especial, no podrán superar los
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
a partir del 1º de julio de 2013”.

Como se explicó en los fundamentos de esta decisión, a partir
del Acto Legislativo 01 de 2005, el parámetro de control
constitucional cambió al señalar expresamente que la regla del
límite del monto de las pensiones a los 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, aplica no solo para el sistema
general de pensiones, sino también para el régimen especial
de Congresistas y Magistrados. Por tal razón, no podía la
Sección Segunda del Consejo de Estado desconocer dicho
tope pues, sobre el particular, la Corte había tomado una
decisión que había hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional en la materia, y, por tanto, era de obligatorio
cumplimiento para todas las autoridades públicas.

Tampoco era de recibo el argumento de la Sección Segunda,
según el cual la sentencia se había causado con anterioridad
al fallo de constitucionalidad, y que por tanto no se regía por
sus efectos, pues la orden emitida por la Sentencia C-258 de
2013 cobijaba a todas las prestaciones de Congresistas, y por
extensión de Magistrados de Altas Cortes, que hubiesen sido
reconocidas, incluso con anterioridad a dicha decisión de
constitucionalidad.

Desde las Sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esta
Corporación ha señalado que cuando las normas especiales
de los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, no disponían
de un límite cuantitativo para las mesadas, lo procedente era
aplicar el tope señalado en las reglas generales de la Ley 100
de 1993.

Además, como se señaló en la Sentencia C-258 de 2013, la
fijación de límites a los subsidios que el Estado destina al pago
de las más altas pensiones por medio del establecimiento de
topes, es un asunt o previsto desde antes de la expedición del
mismo Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad
a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Así por ejemplo, la
Ley 4ª de 1976 (pensiones del ISS original), establecía un
valor máximo de 22 salarios mínimos mensuales legales
vigentes. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 (pensión por
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aportes) disminuyó el tope a 15 salarios mínimos mensuales
legales vigentes, y finalmente, la Ley 100 de 1993 lo elevó, en
su artículo 18, a 20 salarios mínimos mensuales legales
vigentes para los afiliados al régimen de prima media.

Dicha dispersión en los montos se resolvió en el sistema actual
regido por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que fijó el tope
de las pensiones a 25 salarios mínimos mensuales legales
vigentes. Ese mismo criterio fue el acogido por el Acto
Legislativo 01 de 2005, y con base en él, la Sentencia C-258
de 2013, en su parte resolutiva, previó textualmente “que a
partir del 1° de julio de 2013 “ninguna pensión reconocida en
aplicación del régimen demandado podrá superar los 25
SMMLV.”

Dicha orden es imperativa y categórica, y cobija a todas las
prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales
especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las
Altas Cortes, pues, como lo explicó la Corte, el Acto
Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir
los subsidios que el Estado destina a la financiación de las
pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los
regímenes pensionales especiales vigentes antes de la
expedición de la Ley 100 de 1993.

Por las anteriores razones, la Sala Plena concluye que al
haber desconocido la cosa juzgada constitucional en la
materia, también por este aspecto, la Sentencia del 21 de
agosto de 2014, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, incurrió en un defecto sustantivo.

Así las cosas, establecida la configuración de un defecto
específico de procedibilidad, la Sala Plena de la Corte
Constitucional procederá a revocar las sentencias de tutela de
primera y segunda instancia, proferidas por las Secciones
Cuarta y Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, respectivamente, y, en su lugar,
concederá el amparo del derecho al debido proceso de la
Fundación Universidad Externado de Colombia.

En consecuencia, dejará sin efectos la Sentencia del 21 de
agosto de 2014, dictada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, para que, en su lugar, dicha Corporación profiera
una nueva providencia de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta decisión.

Cabe precisar que, en cuanto en este caso no se cuestionó la
titularidad del derecho a la pensión del señor Manuel Urueta
Ayola, y considerando que el debate se concentró únicamente
en aspectos relacionados con el régimen de transición a él
aplicable y el tope máximo de la prestación reconocida, la
Corte dispondrá que, hasta tanto se expida una nueva
sentencia por parte de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, no se suspenderá el pago de la pensión concedida a
su favor. Lo anterior, debido a que, como lo ha explicado esta
Corporación, en aquellos casos en los que el juez
constitucional analice una posible irregularidad en el
reconocimiento de prestaciones pensionales, se deben valorar
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no solamente los principios superiores de seguridad jurídica y
confianza legítima, sino también la posible afectación de los
derechos de los implicados en la decisión.

En efecto, frente a situaciones irregulares como la que se
plantea en la presente causa, lo que se cuestiona, en realidad,
son las decisiones judiciales q ue, en desconocimiento del
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional,
definen las condiciones en las que se reconoce la pensión y el
régimen de transición aplicable, y no el derecho de los
beneficiarios a la aludida prestación.

Bajo estas consideraciones, además de no verse afectado el
derecho a la pensión del señor Manuel Urueta Ayola -a
propósito de la decisión adoptada en la presente causa-, la
Corte reitera lo sostenido en decisiones anteriores en que se
resolvieron casos similare s al presente, en el sentido que,
como consecuencia de la modificación del régimen pensional
aplicable, no habrá lugar al reintegro de las sumas de dinero
ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen
percibidas de buena fe por el beneficiario de la prestación, al
estar fundadas en el cumplimiento de una decisión judicial» 13.

Además, en un reciente fallo de tutela, expresamente se señaló la
aplicación de topes a quienes, como la señora Libreros Arana, se
les reconoció la pensión con fundamento en el Decreto 546 de 1971:

«117. Ahora bien, a fin de determinar cuál era el marco jurídico
aplicable a la situación de la señora Alvis González, resulta
necesario destacar que su derecho a la pensión se causó con
fundamento en el Decreto 546 d e 1971. En efecto, se acreditó
que: i) a primero de abril de 1994 reunía los requisitos
exigidos para ser beneficiaria del régimen de
transición, ii) cumplió 50 años de edad, iii) tenía 20 años de
servicios al Estado continuos o discontinuos, prestados con
anterioridad o posterioridad a la vigencia del Decreto 546 de
1971, de los cuales, por lo menos 10, fueron prestados
exclusivamente al Ministerio Público y v) se encontraba
vinculada al Ministerio Público con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993.

118. En efecto, los reconocimientos pensionales, están sujetos
a los términos establecidos por la normatividad vigente al
momento de su causación. En el asunto sub examine, pese a
que el artículo 8º del Decreto 546 de 1971 no establecía lím ite
para el pago de las pensiones de los funcionarios de la Rama
Judicial y el Ministerio Público, con la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993 se extendió la sujeción de mesadas
pensionales, incluso de regímenes especiales, a los topes
fijados por el régimen general. Estos límites de reconocimiento
y pago de pensiones fueron modificados posteriormente con la
Ley 797 de 2003 y del Acto Legislativo 01 de 2005, elevándolo
a la suma de 25 SMLMV.

13
Corte Constitucional, sentencia SU – 210 de 4 de abril de 2017, magistrado
ponente: José Antonio Cepeda Amarís.

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119. Pues bien, luego de analizar el contenido de la
providencia acusada, esta Sala observa que dicha decisión
dejó de lado el marco jurídico conforme con el cual resulta
aplicable el tope pensional de 20 SMLMV, dispuesto por el
Decreto 314 de 1994, inclusive respecto de las pensiones
reconocidas en virtud del rég imen de transición. El
mencionado marco, como ya se indicó en el párrafo
118 supra, se encuentra previsto en el artículo 48 de la
Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, la
Ley 100 de 1993, el Decreto 314 de 1994, la Ley 797 de 2003.

120. A su vez, esta Corte ha señalado la determinación del
alcance normativo de estas disposiciones en las sentencias de
constitucionalidad C-089 de 1997 y C-155 de 1997 (vigentes
al momento de la adopción del fallo cuestionado), así como
también, la sentencia C-258 de 2013, las sentencias de
unificación SU-230 de 2015 y 210 de 2017 y las Sentencias de
Sala de Revisión, entre estas las T-892 de 2013 y T-320 de
2015» 14.

De acuerdo con lo anterior, le son aplicables los límites
establecidos en la sentencia C – 258 de 2013 a las pensiones de
los servidores públicos, incluidos quienes obtuvieron el derecho con
base en el Decreto 546 de 1971, puesto que el criterio contenido en
la referida sentencia es vinculante.

Ahora bien, es de señalar que en la sentencia de 11 de junio de
2020 relativa al régimen especial de la Rama Judicial, se fijaron las
siguientes reglas respecto de la aplicación del precedente en el
tiempo: «La Sección Segunda, por regla general, ha dado aplicación
al precedente en forma retrospectiva, efecto que se le dará a esta
sentencia, disponiendo que la regla jurisprudencial fijada es
vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la
administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de
Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos
asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud,
los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa
juzgada y en consecuencia resultan inmodificables» 15.

Sin perjuicio de lo anterior, la sala observa que en la referida
providencia no se hizo ninguna mención a la aplicación de topes
relativos a la mesada pensional. En ese orden de ideas, también
aplica para situaciones como la de la señora Libreros Arana.

14
Corte Constitucional, sentencia T – 073 de 25 de febrero de 2019, magistrado
ponente: Carlos Bernal Pulido.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio del 2020, expediente: 4083-
2017, CE-SUJ-S2-021-20.

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Es preciso recordar que en el caso concreto no se discutieron los
factores que se deben incluir en la liquidación de la pensión de la
señora Libreros Arana, sino exclusivamente si la prestación social
está sometida a un tope.

El caso concreto

En el caso concreto, como consta en los antecedentes tan solo se
solicitó que no se apliquen los topes pensionales, y que se paguen
las diferencias en las mesadas causadas sin sujeción a estos.

En el expediente está demostrado que Rosalba Libreros Arana
nació el 1 de febrero de 1944, cumplió 50 años de edad el 1 de
febrero de 1994 16, se desempeñó al servicio de la Rama
Jurisdiccional desde el 1 de febrero de 1967 al 30 de junio de 1992
y en la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de julio de 1992 al
31 de diciembre de 2001, y que el último cargo fue el de fiscal
delegado ante Tribunal de Distrito 17.

A través de las sentencias proferidas por el Juzgado Quinto
Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali del 26 de
febrero del 2014 y de 25 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, se ordenó liquidar su pensión
sin atención a ningún tope.

Luego, conforme con lo decidido en la sentencia C – 258 del 2013
hay lugar a ordenar que se reliquide la pensión con sujeción a los
topes, puesto que en la sentencia de 11 de junio del 2020 nada se
dijo al respecto.

3.5. Sentencia de reemplazo.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 255 de la Ley 1437
de 2011, con la modificación introducida al artículo 255 ibidem por
el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, le corresponde a la Sala
invalidar la sentencia y proferir la que en derecho corresponde.

CONSIDERACIONES

En el caso concreto, la señora Rosalba Libreros Arana, pretendió
la nulidad de la Resolución UGM 013459 del 12 de octubre de 2012,
por medio de la cual se negó la corrección, modificación o
aclaración de la Resolución UGM 013459 del 12 de octubre de 2011
en la que se negó reliquidación de su pensión sin tener en
consideración ningún tope salarial.

Con base en la jurisprudencia expuesta en la parte motiva, es claro
que las pensiones que se rigen por el Decreto 546 de 1971 también

16
Folio 33 del cuaderno principal.
17
Folio 26 del cuaderno 3 del expediente 2012-00193.
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00484-00 (1855-2018)
Demandante: U.G.P.P.

están sometidas al tope establecido en la sentencia C – 258 de
2013, puesto que a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, el
parámetro de control constitucional cambió al señalar
expresamente que la regla del límite del monto de las pensiones a
los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aplica no solo
para el sistema general de pensiones, sino también para el régimen
especial de congresistas y magistrados, ya que el mencionado acto
legislativo tuvo como propósito limitar y reducir los subsidios que
el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas,
muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales
especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993,
y debido a que la existencia de topes no vulnera el núcleo esencial
del derecho pensional.

Como consecuencia de lo anterior, esta sala revocará la sentencia
proferida el 26 de febrero de 2014, por el Juzgado Quinto
Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, y, en
consecuencia negará las pretensiones de la demanda interpuesta
por Rosalba Libreros Arana, que consisten en que su pensión se
liquide sin consideración a los límites pensionales y se paguen las
diferencias en las mesadas que habría percibido de no haberse
aplicado estos topes.

3.6. Costas

En el caso concreto no hay lugar a la condena en costas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, pues
se trata de una controversia en la cual se ventiló un interés público,
ya que la acción especial de revisión se ejerce en busca de la
protección del patrimonio público.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLÁRASE FUNDADA la acción de revisión
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, contra la sentencia de fecha 25 de mayo de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sala de Decisión
3, dentro del proceso que cursó con el radicado 76001-33-31-705-
2012-00193-01.

SEGUNDO. INFIRMAR la sentencia de fecha 25 de mayo de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sala
de Decisión 3, y en consecuencia se dispone, revocar la sentencia
de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo

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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00484-00 (1855-2018)
Demandante: U.G.P.P.

de Descongestión del Circuito de Cali el 26 de febrero de 2014 y,
en su lugar, NEGAR las súplicas de la demanda.

TERCERO. SIN CONDENA en costas.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
SAMAI, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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