Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00558-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00558-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00558-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C. veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00558-00 (2013-2018)
Demandante: Luis Alfonso Torres Ortíz
Demandada: Nación, Ministerio de Trabajo
Temas: Legalidad del Decreto 2616 de 2013
Sentencia de única instancia
ASUNTO
La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
1. Luis Alfonso Torres Ortíz presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo2 en orden a que se declarara la nulidad total
del Decreto 2616 de 2013 «[p]or medio del cual se regula la cotización a seguridad
social para trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes, se
desarrolla el mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 1450
de 2011 y se dictan disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los
trabajadores informales» y que reguló lo siguiente:
DECRETO 2616 DE 2013
(noviembre 20)
por medio del cual se regula la cotización a seguridad social para
trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes, se
desarrolla el mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172
de la Ley 1450 de 2011 y se dictan disposiciones tendientes a lograr la
formalización laboral de los trabajadores informales.
1 Índice 27, Samai. Folios 9 a 17 expediente [Folios 17 a 33 del archivo PDF «ED_C1_01 OTROS
• CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 27»].
2 En adelante CPACA.
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Radicado: 11001 03 25 000 2018 00558 00 (2013-2018)
Demandante: Luis Alfonso Torres Ortíz
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política, en el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, en el artículo
17 de la Ley 100 de 1993, en el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y en el artículo
2° de la Ley 1562 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el trabajo es un derecho y un deber de las personas, protegido
constitucionalmente y que es obligación del Estado garantizar su acceso en
condiciones dignas y justas.
Que el artículo 48 de la Constitución Política señala que la seguridad social es un
servicio público de carácter obligatorio que se presta con sujeción a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad, que se le debe garantizar a todos los
habitantes como un derecho irrenunciable y que el Estado está llamado a ampliar
progresivamente su cobertura.
Que esta disposición constitucional es compatible con los artículos 2° y 9° del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales
señalan que los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas,
especialmente económicas y técnicas para lograr progresivamente, por todos los
medios apropiados, en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos entre los cuales está el de toda persona a la seguridad
social.
Que el artículo 53 de la Constitución Política establece entre los principios mínimos
fundamentales del trabajo, la garantía a la seguridad social, la igualdad de
oportunidades para los trabajadores y la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Que el Convenio 175 de 1994 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sobre el trabajo a tiempo parcial, reconoce "...la importancia que presenta para
todos los trabajadores el contar con un empleo productivo y libremente elegido, la
importancia que tiene para la economía el trabajo a tiempo parcial, la necesidad
que en las políticas de empleo se tenga en cuenta la función del trabajo a tiempo
parcial como modo de abrir nuevas posibilidades de empleo y la necesidad de
asegurar la protección de los trabajadores a tiempo parcial en los campos del
acceso al empleo, de las condiciones de trabajo y de la seguridad social".
Que el Convenio 189 de 2011 de la OIT adoptado en nuestra legislación interna
mediante la Ley 1595 de 2012, establece directrices para fortalecer el trabajo
decente para las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico y equipararlos,
dada su actual informalidad, en general con los demás trabajadores, con el fin de
que puedan disfrutar de condiciones de empleo equitativas y condiciones de
trabajo decente, buscando igualmente su inserción a los sistemas de pensiones y
de riesgos laborales, con el fin de obtener protección para los respectivos riesgos.
Que el artículo 6° de la Ley 100 de 1993 establece la necesidad de garantizar la
vinculación al Sistema General de Seguridad Social en los sistemas de pensiones
y riesgos laborales, de aquellas personas dependientes que perciben ingresos
inferiores al salario mínimo legal.
Que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5° de la Ley
797 de 2003, que regula el ingreso base de cotización al Sistema General de
Pensiones, fue objeto de análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-967 de
2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), a través de la cual la Corte
Constitucional declaró su exequibilidad en relación con la modificación que eliminó
la excepción contenida en la Ley 11 de 1988, según la cual los trabajadores del
servicio doméstico podían cotizar sobre un valor menor al salario mínimo mensual,
siempre que no fuera inferior al 50% del mismo.
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Demandante: Luis Alfonso Torres Ortíz
Que permitir a algunas personas cotizar sobre una base inferior al salario mínimo
no se opone a la precitada interpretación que hizo la Corte Constitucional, toda vez
que la jurisprudencia no ha señalado que la obligación de cotizar sobre al menos
un salario mínimo sea un imperativo constitucional o que no se puedan adoptar
medidas que permitan cotizar sobre montos inferiores al salario mínimo mensual,
ni ha impedido que el salario mensual sea dividido por periodos. En este último
sentido, la Corte ha reconocido el salario mínimo diario cuando se
determina .proporcionalmente a partir de la suma establecida como mínimo legal
mensual., proporción que se toma en el presente decreto, pero agrupado en cuatro
niveles o franjas de ingresos, para permitir el acceso de los trabajadores informales
al Sistema de Seguridad Social.
Que está regulado el salario mínimo legal diario para aquellos trabajadores que
laboren por períodos inferiores a un mes, circunstancia que no afecta su derecho
irrenunciable a acceder al Sistema de Seguridad Social Integral.
Que el presente decreto aplica el principio de la interpretación conforme e
instrumentaliza la ampliación progresiva de la cobertura en el Sistema de
Seguridad Social, mandato Constitucional contenido en el artículo 48.
Que el principio de progresividad se concreta en este decreto al aplicar una
metodología que permite cotizar, respetando el referente material del salario
mínimo mensual al utilizar proporciones del mismo, a un sector importante de
trabajadores dependientes que hoy son informales y que por devengar menos de
un salario mínimo, generalmente no se integran al Sistema de Seguridad Social.
Que con el fin de que una persona que aporte por semanas a pensiones y no logre
cumplir con los requisitos para obtener la pensión al llegar a la edad establecida
en la Ley, tenga un ingreso en su vejez, esta norma armoniza lo dispuesto en el
inciso 12 del artículo 48 de la Carta Política, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 604
de 2013, permitiendo que sus cotizaciones pasen al sistema de Beneficios
Económicos Periódicos.
Que la Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
indicó en su artículo 2° que son afiliados a dicho sistema todos los trabajadores
dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo
escrito o verbal y los servidores públicos.
Que la Ley 1429 de 2010 fijó los parámetros para la formalización y la generación
de empleo definiendo como informalidad por subsistencia "aquella que se
caracteriza por el ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legalmente
constituidos, por un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su
mínimo vital.".
Que conforme al numeral 4 del artículo 7° de la Ley 21 de 1982, todos los
empleadores en Colombia "que ocupen uno o más trabajadores
permanentes" están obligados a pagar el subsidio familiar, lo que se materializa a
través de la afiliación de los mismos al Sistema de Compensación Familiar,
mediante su vinculación a una Caja de Compensación Familiar.
Que el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo ocasional,
accidental o transitorio como "aquel de corta duración y no mayor de un mes, que
se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador"; en ese
sentido, los trabajadores a tiempo parcial no son por esencia trabajadores
ocasionales, pues su labor ordinariamente se presta en condiciones de
habitualidad y permanencia.
Que tal como lo disponen los artículos 1° de la Ley 21 de 1982 y 151 de la Ley
1450 de 2011, el subsidio familiar es una prestación social de los trabajadores en
Colombia y que la misma no puede ser desconocida para ninguna persona que
ostente la condición de trabajador en el país y cumpla los requisitos legales para
acceder a ella.
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Demandante: Luis Alfonso Torres Ortíz
Que la Ley 789 de 2002 define el Sistema de Protección Social como un conjunto
de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida y obtener como mínimo el
derecho a la salud, la pensión y al trabajo, contemplando la afiliación a las Cajas
de Compensación Familiar, como elemento necesario de la formalización laboral.
[…]
En mérito de lo expuesto
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto adoptar el esquema
financiero y operativo que permita la vinculación de los trabajadores dependientes
que laboren por períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de Pensiones,
Riesgos Laborales y Subsidio Familiar, con el fin de fomentar la formalización
laboral.
Artículo 2°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a los trabajadores
dependientes que cumplan con las siguientes condiciones, sin perjuicio de las
demás que les son de su naturaleza:
a) Que se encuentren vinculados laboralmente.
b) Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes, sea
contratado por periodos inferiores a treinta (30) días.
c) Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1)
salario mínimo mensual legal vigente.
Parágrafo. El presente decreto no se aplicará a los trabajadores afectados por una
reducción colectiva o temporal de la duración normal de su trabajo, por motivos
económicos, tecnológicos o estructurales. El traslado de un trabajo a tiempo
completo a un trabajo a tiempo parcial, o viceversa deberá ser voluntario.
CAPÍTULO II
Condiciones operativas de la vinculación a los Sistemas de Pensiones,
Riesgos Laborales y Subsidio Familiar
Artículo 3°. Afiliación a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio
Familiar. La afiliación del trabajador a los Sistemas de Pensiones, Riesgos
Laborales y Subsidio Familiar será responsabilidad del empleador y se realizará
en los términos que establecen las normas generales que rigen los diferentes
sistemas, a través de las Administradoras de Pensiones, Administradoras de
Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar autorizadas para operar.
Artículo 4°. Selección y afiliación. Para la afiliación al Sistema General de
Pensiones, el trabajador seleccionará una única administradora de pensiones.
Para la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y del Subsidio Familiar,
corresponderá al empleador efectuar la selección de la Administradora de Riesgos
Laborales y de la Caja de Compensación Familiar.
CAPÍTULO III
Condiciones financieras de la vinculación a los Sistemas de Pensiones,
Riesgos Laborales y del Subsidio Familiar
Artículo 5°. Base de cotización mínima semanal a los sistemas de seguridad
social para los trabajadores a que se refiere el presente decreto. En el Sistema de
Pensiones, el ingreso base para calcular la cotización mínima mensual de los
trabajadores a quienes se les aplica el presente decreto, será el correspondiente
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a una cuarta parte (1/4) del salario mínimo mensual legal vigente, el cual se
denominará cotización mínima semanal.
Para el Sistema de Riesgos Laborales, el ingreso base de cotización será el salario
mínimo legal mensual vigente.
Artículo 6°. Monto de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, Subsidio
Familiar y Riesgos Laborales. Para el Sistema General de Pensiones y del
Subsidio Familiar, se cotizará de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla:
[…]
Artículo 7°. Porcentaje de cotización. El monto de cotización que le corresponderá
al empleador y al trabajador, se determinará aplicando los porcentajes
establecidos en las normas generales que regulan los Sistemas de Pensiones,
Riesgos Laborales y Subsidio Familiar.
Artículo 8°. Tablas. De conformidad con lo señalado en los artículos precedentes,
el valor semanal del pago se calcula como se ilustra a continuación:
[…]
CAPÍTULO IV
Contabilización de semanas en el Sistema General de Pensiones
Artículo 9°. Contabilización de las semanas en el Sistema General de
Pensiones. Para efectos de la contabilización de las semanas en el Sistema
General de Pensiones, las administradoras reconocerán como una (1) semana el
rango entre un (1) día y siete (7) días laborados, tomados para el cálculo del monto
de la cotización. Si el empleador toma cuatro (4) días laborados para el cálculo, el
sistema reconocerá una (1) semana; si toma ocho (8) días laborados, el sistema
reconocerá dos (2) semanas y así sucesivamente.
CAPÍTULO V
Mecanismos y oportunidad para el recaudo
Artículo 10. Mecanismos de recaudo. El mecanismo de recaudo en los Sistemas
de Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar, será el de
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). El modelo operativo que se
adopte para actualizar el sistema PILA a fin de cobijar a los trabajadores a que se
refiere el presente decreto, incorporará un esquema de reporte a los operadores
de información y bancarios de carácter unificado o por grupos de trabajadores, que
permita controlar los costos de operación.
Si la reglamentación vigente para la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
no contiene los elementos que permitan realizar las cotizaciones en los términos
que señala el presente decreto, se dispondrá de un plazo de dos (2) meses para
que el Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, realice los
ajustes pertinentes.
Artículo 11.Oportunidad para el pago de las cotizaciones. La cotización a los
Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar se realizará en los
plazos establecidos en las normas generales que los rigen. El empleador realizará
las cotizaciones reportando el número de días que laboró el trabajador durante el
mes correspondiente; para el Sistema de Riesgos Laborales la cotización será
mensual.
Artículo 12. Multiplicidad de empleadores. Cuando un trabajador tenga
simultáneamente más de un contrato de trabajo, cada empleador deberá efectuar
de manera independiente las cotizaciones correspondientes a los diferentes
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Sistemas señalados en el presente decreto, en los términos del régimen aplicable
a cada uno de ellos.
Artículo 13. Prohibición de multiafiliación. En el evento en que el trabajador cuente
con más de una relación laboral, deberá informar a sus empleadores la
administradora de pensiones seleccionada, con el fin de que estos últimos realicen
su afiliación y cumplan sus obligaciones en una única administradora de
pensiones.
Artículo 14. Control a la evasión y la elusión. El Gobierno Nacional deberá adoptar
los controles que permitan detectar cuando un trabajador que tiene varios
empleadores, perciba una remuneración superior a un (1) salario mínimo mensual
legal vigente, así como cuando los empleadores utilicen este mecanismo para
evadir las cotizaciones que les corresponden por sus trabajadores, a partir de sus
ingresos reales. Para el efecto, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales
UGPP., deberá ajustar sus procedimientos para realizar una apropiada
fiscalización sobre estas cotizaciones.
CAPÍTULO VI
Beneficios y servicios
Artículo 15. Beneficios y servicios. La cotización a los sistemas de que trata el
presente decreto, otorga derecho a los beneficios y servicios en los términos
regulados en las respectivas leyes y normas reglamentarias.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Artículo 16. Mínimo de derechos y garantías de los trabajadores a que hace
referencia el presente decreto. Las normas sobre salarios, jornada de trabajo,
prestaciones sociales, vacaciones y demás que les sean aplicables en virtud de lo
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, constituyen el mínimo de
derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores a tiempo parcial,
por lo tanto no produce efecto alguno cualquier estipulación que pretenda afectar
o desconocer tales derechos.
Artículo 17. Medidas Especiales. El Ministerio del Trabajo, en coordinación con
las correspondientes entidades del Gobierno, adoptará medidas para facilitar el
acceso al trabajo a tiempo parcial, productivo y libremente elegido, que responda
igualmente a las necesidades de los empleadores y de los trabajadores, siempre
que se garantice la protección al mínimo de derechos a que se refiere el presente
capítulo.
Estas medidas deberán comprender:
1. Revisión de las disposiciones de la legislación que puedan impedir o desalentar
el recurso al trabajo a tiempo parcial o la aceptación de este tipo de trabajo;
2. Utilización del Servicio Público de Empleo en el marco de sus funciones de
información o de colocación, para identificar y dar a conocer las oportunidades de
trabajo a tiempo parcial;
3. Atención especial, en el marco de las políticas de empleo, a las necesidades y
las preferencias de grupos específicos, tales como los desempleados, los
trabajadores con responsabilidades familiares, los trabajadores de avanzada edad,
los trabajadores en condiciones de discapacidad y los trabajadores que estén
cursando estudios o prosigan su formación profesional.
Se deben incluir además, la realización de investigaciones y la difusión de
información sobre el grado en que el trabajo a tiempo parcial, responde a los
objetivos económicos y sociales de los empleadores y de los trabajadores.
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Artículo 18. Traslado voluntario de las sumas cotizadas al Sistema General de
Pensiones al mecanismo BEPS. Si la persona que ha realizado cotizaciones
mínimas semanales al Sistema General de Pensiones en los términos del presente
decreto, no logra cumplir los requisitos para obtener una pensión, si lo decide
voluntariamente, los recursos por concepto de devolución de saldos o
indemnización sustitutiva, según aplique, podrán ingresar al mecanismo de
beneficios económicos periódicos BEPS con el fin de obtener la suma periódica,
en los términos del Decreto número 604 de 2013 o la norma que lo sustituya.
Los recursos de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos se tendrán
en cuenta para el cálculo del subsidio periódico, siempre que permanezcan por lo
menos tres (3) años en el Servicio Social Complementario de los BEPS.
Artículo 19. Verificación de semanas cotizadas por parte del empleado y el
empleador. El sistema de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)
deberá permitir que el empleado y el empleador puedan verificar y generar un
reporte sobre las cotizaciones y semanas imputadas a cada uno de ellos.
Artículo 20. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, en relación con las cotizaciones al régimen de prima media del
Sistema General de Pensiones, al de Riesgos Laborales y con los aportes a Cajas
de Compensación Familiar, observando el término para los ajustes a la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) que aquí se consagra; para las
cotizaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad, la entrada en vigencia
será a partir del primero (1°) de febrero de 2014, dando un lapso dentro del cual
las administradoras de fondos de pensiones deberán ajustar sus respectivos
procesos y procedimientos»
1.1.1. Fundamentos fácticos
2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
2.1. El
Decreto 2616 de 2013 lo expidió el gobierno nacional con el fin de
reglamentar la cotización a la seguridad social por los trabajadores dependientes
que laboraban por períodos inferiores a un mes en cumplimiento del artículo 171
de la Ley 1450 de 2011. También para desarrollar el mecanismo financiero y
operativo de que trataba el artículo 172 ibidem para la vinculación al Sistema de
Seguridad Social Integral de los trabajadores informales del sector primario.
2.2. La norma fue publicada en el Diario Oficial 48.980 del 20 de noviembre de
2013.
2.3. El artículo 171 de la Ley 1450 de 2011 fue derogado por el artículo 267 de la
Ley 1753 de 2015, y el artículo 172 ibidem «sustituido» por el artículo 98 de igual
disposición.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. Como tales, se señalaron los artículos 189.11 de la Constitución Política de
1991; 171 y 172 de la Ley 1450 de 2011; y 18 de la Ley 100 de 1993.
4. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto acusado estaba viciado
de nulidad, puesto que se expidió con infracción de las normas en que debía
fundarse por lo siguiente:
4.1. Vulneración del artículo 171 de la Ley 1450 de 2011:
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4.1.1. Esta norma estableció que los trabajadores dependientes vinculados por
períodos inferiores a un mes tenían dos opciones para afiliarse al sistema de
seguridad social en pensiones. La primera al Sistema de Beneficios Económicos
Periódicos [BEPS] creado por el Acto Legislativo 01 de 2005 al cual podían
cotizar sobre el ingreso base de cotización reportado para salud. La segunda al
Sistema General de Pensiones con una cotización no inferior al salario mínimo
mensual.
4.1.2. Por lo tanto, el gobierno nacional al reglar y permitir en el decreto acusado
la afiliación al Sistema General de Pensiones para estos trabajadores sobre una
base de cotización inferior al salario mínimo legal mensual incurrió en «un evidente
exceso de la potestad reglamentaria».
4.2. Desconocimiento del artículo 172 de la Ley 1450 de 2011:
4.2.1. La norma acusada en su artículo 1 equiparó a los trabajadores dependientes
que laboran por periodos inferiores a un mes con los informales del sector
primario a los que se refería el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011. En ese
sentido, «[n]ada hay en esta disposición que autorice semejante asimilación pues sus
dos características esenciales (informalidad y sector primario) nada tienen que ver con
la temporalidad del trabajo».
4.3. Vulneración del artículo 18 de la Ley 100 de 1993:
4.3.1. El decreto estableció en su artículo 5 que el ingreso base de cotización de
los trabajadores dependientes podía ser inferior a un salario mínimo mensual
legal vigente [1/4 de ese salario]. Ello desconoció los artículos 19 de la Ley 100
de 1993 y 171 de la Ley 1450 de 2011 que establecieron que la cotización no
podía ser menor a un salario mínimo mensual legal.
4.3.2. Lo anterior también impedía el reconocimiento pensional por vejez «porque
las estimaciones y requisitos establecidos en las leyes aplicables para acceder a estas
prestaciones (incluida la pensión mínima) siempre están realizadas sobre la base de una
cotización en salarios mínimos legales- SML- y una densidad de semanas». Por lo
tanto, quien así cotizaba solo podría aspirar a la devolución de saldos. Además,
la regulación de la cotización como se hizo no cubría las contingencias de
invalidez y sobrevivencia3.
4.4. Sobre el Sistema de Beneficios Económicos Periódicos [BEPS]: este
mecanismo era el más idóneo para proteger a las personas que no podían cotizar
por más de un salario mínimo y no lo regulado en el decreto4, puesto que este no
permitiría alcanzar una pensión de vejez, de acuerdo con lo expuesto en el
párrafo anterior.
4.5. Finalmente, procedía la nulidad total del decreto acusado porque de prosperar
los reproches efectuados a su legalidad «el resto del articulado carecería de todo
sentido sin estas premisas básicas, y por tanto en atención a los principios de economía
3 Este argumento fue formulado en el capítulo de hechos de la demanda. Sin embargo, al no
tratarse propiamente de un hecho sino de una razón jurídica para fundamentar la nulidad del
decreto se citó en el capítulo de concepto de violación.
4 Ibidem.
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y eficacia que orientan la actuación administrativa, no podría la administración a
aplicarlos de manera incompleta» [sic]5.
1.2. Contestación de la demanda6
5. LaNación, Ministerio del Trabajo contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones con fundamento en las siguientes razones:
5.1. Laprotección de los trabajadores del «servicio doméstico»7 en Colombia
encontraba su origen en el Convenio 189 de 2011 de la Organización
Internacional del Trabajo [OIT]8 y el artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo
y se consolidó con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 en
sus artículos 48 y 49, y otras disposiciones como el Decreto 721 de 2013 que
dispuso su afiliación al Subsidio Familiar.
5.2. En ese contexto se expidió el Decreto 2616 de 2013 demandado para
garantizar a este tipo de trabajadores su afiliación al Sistema de Seguridad
Social. Por tal razón, la norma tenía sustento constitucional por ser su finalidad
la de garantizar los derechos fundamentales al trabajo digno y a la seguridad
social de aquellos trabajadores que por tener una jornada laboral temporal se
encontraban en una condición de debilidad manifiesta.
5.3. Elexamen de validez de la norma demandada debía hacerse desde la
perspectiva de la garantía de los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas y justas y del derecho a la seguridad social. En otros términos,
correspondía realizarla a partir de los postulados constitucionales contenidos en
los artículos 25, 48 y 53 de la Constitución, y no solo desde el punto de vista
legal.
5.4. El Decreto 2616 de 2013 fue expedido para promover la formalización laboral,
habida cuenta que la cifra de trabajadores informales superaba el 47.5% de la
población ocupada del país. En esa línea pretendió ampliar la base de cotizantes
del sistema de pensiones sin necesidad de acudir al Fondo de Solidaridad
Pensional y que el empleador subrogara el riesgo de vejez en el sistema y, por
ende, se le instaba a que formalizara al trabajador.
5.5. Lacotización parcial al sistema de seguridad social no era ajena al
ordenamiento jurídico colombiano, puesto que el trabajo en tales condiciones lo
reguló el Convenio 175 de 1994 de la OIT y, además, el artículo 6 de la Ley 100
de 1993 estableció la obligación para el Estado de garantizar la vinculación al
Sistema General de Seguridad Social de aquellas personas dependientes con
ingresos inferiores al salario mínimo mensual.
5.6. Elpresidente de la República ejerció en debida forma la potestad
reglamentaria al expedir el decreto demandado, toda vez que (i) completó y
desarrolló los artículos 171 y 172 de la Ley 1450 de 2011, por lo que facilitó su
5 Ibidem.
6 Índice 27, Samai. Folios 88 a 95 expediente [Folios 135 a 148 del archivo PDF «ED_C1_01
OTROS - CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 27»].
7 La entidad se refirió de manera específica a este tipo de trabajadores.
8 En adelante se identificará con tales iniciales.
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aplicación de forma subordinada; y (ii) la materia reglamentada no tenía reserva
de ley.
5.7. De igual modo, el gobierno nacional actuó en cumplimiento de los artículos 48
y 53 Constitucionales, 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales que obligaban a los estados a lograr de manera progresiva
los derechos sociales, y los Convenios 175 de 1994 y 189 de 2011 de la OIT que
señalaron directrices para formalizar a los trabajadores del servicio doméstico.
Con la medida se permitió que más de un millón doscientos mil trabajadores
cotizaran al Sistema de Seguridad Social, en especial para aquellos que
desempeñaban empleos de medio tiempo. Antes de la expedición de la normativa
existía una barrera para que pudieran cotizar por sus ingresos y para su
formalización.
5.8. Era falso que el decreto hubiese equiparado a los trabajadores formales con
los informales. Lo que hizo la norma fue reglamentar los artículos 171 y 172 de
la Ley 1450 de 2011«estableciéndose un mecanismo operativo y financiero tendiente
a lograr la formalización de un amplio grupo de trabajadores que perciben ingresos
inferiores al salario mínimo mensual legal vigente, situación que puede presentarse
respecto de trabajadores subordinados, e incluso respecto de trabajadores informales»
[sic].
5.9. El artículo 18 de la Ley 100 de 1993 « no descartó la posibilidad de realizar
cotizaciones al Sistema sobre ingresos base de cotización inferiores al salario mínimo
mensual legal vigente» y así lo determinó la Corte Constitucional al examinar su
constitucionalidad en la sentencia C-797 de 2003, pues lo contrario excluiría a un
amplio grupo de trabajadores. Además, la Ley 1450 de 2011 autorizó la existencia
de un esquema de cotización por días no inferior al salario mínimo y en ese
sentido fue reglamentada la norma.
5.10. El Acto Legislativo 01 de 2005 no impuso la obligación de cotizar por encima
del salario mínimo mensual legal vigente cuando reguló el régimen de los
beneficios económicos periódicos [BEPS].
5.11. Todo lo anterior sustentó las excepciones de « legalidad y plena validez del
decreto demandado» e «inexistencia de violación de normas constitucionales».
1.3. Intervinientes
6. Mediante auto del 19 de junio de 20189 se admitió la demanda y se invitó a
ASOFONDOS, Colpensiones, FASECOLDA, la Asociación de Trabajadores
Independientes de Colombia, a las universidades de los Andes, Externado de
Colombia, del Rosario, Javeriana, Santo Tomás, Libre y Nacional, para que
presentaran concepto sobre el tema de la demanda, si lo consideraban oportuno.
7. En atención a lo anterior las siguientes entidades se pronunciaron:
9 Índice 27, Samai. Folios 20 a 24 expediente [Folios 37 a 44 del archivo PDF «ED_C1_01 OTROS
• CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 27»].
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1.3.1. Universidad Libre10
8. La entidad defendió la legalidad del Decreto 2616 de 2013 con apoyo en los
siguientes argumentos:
8.1. Pese a que el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 fue derogado, el decreto
demandado siguió vigente por ser otro de sus fundamentos el artículo 171 de tal
disposición. Además, la norma no contradecía el contenido de tal ley, por lo que
era constitucional.
8.2. La Ley 1450 de 2011 pretendió la formalización del trabajo. En esa dirección
su artículo 171 previó la posibilidad para que las personas que trabajaban por
días y devengaran menos de un salario mínimo mensual legal vigente cotizaran
al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con los días laborados. Tal medida
materializó los principios de solidaridad y de universalidad « puesto que se le está
dando beneficios a poblaciones vulnerables por las situaciones tácticas en las que se
encuentra» [sic].
8.3. Los trabajadores en la situación descrita estaban imposibilitados para cotizar
al existir un vacío legal que reglara su situación. Tal ausencia de normas « fue
suplid[a] por el Gobierno, permitiendo que tuvieran acceso a la seguridad social integral
mediante el Decreto 2616 de 2013».
8.4. El decreto enjuiciado no contradijo el artículo 18 de la Ley 100 de 1993,
«puesto que los sujetos a quienes va dirigido el Decreto son específicamente a aquellos
trabajadores dependientes que trabajan por días. La ley 100 de 1993 en su art. 18 se
dirige a los trabajadores dependientes e independientes que trabajan por periodos
inferiores a un mes» [sic].
1.3.2. Asofondos11
9. La entidad se pronunció en favor de la legalidad del Decreto 2616 de 2013.
Sustentó su posición en lo siguiente:
9.1. El demandante se equivocó al considerar que quienes ganaban menos de un
salario mínimo mensual legal vigente no eran trabajadores informales. Por el
contrario, una de las causas de la informalidad era el elevado salario mínimo,
puesto que su fijación debía considerar la relación costo-beneficio para el
empleador, por cuanto «[d]esde la teoría microeconómica se establece que una
empresa tiene incentivos a contratar trabajadores siempre y cuando el beneficio de
contratarlo sea mayor a los costos asociados a su contratación». En el caso de
Colombia no existía la relación de equilibrio entre productividad y salario, por lo
que la fuerza laboral se desplazaba a la informalidad, entendida como la
población ocupada que no cotizaba al sistema pensional.
9.2. La exigencia de pagar un salario mínimo alto representaba una barrera para
10 Índice 27, Samai. Folios 52 a 53 expediente [Folios 82 a 86 del archivo PDF «ED_C1_01
OTROS - CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 27»].
11 Índice 27, Samai. Folios 53 a 60 expediente [Folios 86 a 101 del archivo PDF «ED_C1_01
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la formalización laboral. En ese sentido, para los trabajadores que laboraban por
periodos inferiores a un mes «[l]a exigencia de cotizar por un salario mínimo legal
mensual vigente, los saca del mercado laboral formal y propicia que su contratación sea
por menos de un salario mínimo legal mensual» [sic].
9.3. En la demanda se incurrió en el error de interpretar que en el sector primario
de la economía no existía contratación por días. Por el contrario, este sector al
dedicarse a la extracción de materias primas requería de mano de obra que por
regla general se contrataba por periodos de días o semanas y se le pagaba
menos del salario mínimo mensual legal vigente. Por lo tanto, «[e]l segundo error
de interpretación está en asumir que quienes laboran por menos de 30 días al mes son
siempre trabajadores formales» [sic].
9.4. Lo anterior porque «[u]na definición técnica de informalidad laboral tiene en cuenta
lo que pasa con el trabajador y su vinculación al sistema de seguridad social. En esa
medida es informal toda persona que percibe un ingreso, cualquiera que este sea, por
una labor y no realiza cotizaciones a la seguridad social, en particular para pensiones»
[sic].
9.5. La Ley 100 de 1993 al establecer que el ingreso base de cotización debía ser
equivalente a un salario mínimo mensual legal se convirtió en un obstáculo para
la formalización laboral de quienes trabajaban por periodos inferiores a un mes,
quienes por sus ingresos no podían cubrir el monto del aporte y, por ende,
afiliarse al Sistema de Seguridad Social. Fue por esta razón que los artículos 171
y 172 de la Ley 1450 de 2011 crearon el mecanismo para eliminar esa limitación
y lograr la formalización de este tipo de trabajadores.
9.6. El gobierno nacional estableció con el decreto reglamentario el esquema
financiero y operativo para formalizar a los trabajadores del sector primario de
acuerdo con tales normas, para lo cual facilitó la cotización por semanas con
base en el salario mínimo legal mensual vigente. Por ello no desbordó la potestad
reglamentaria y, por el contrario «facilitó su vinculación a la seguridad social en
pensiones, con lo cual podrán acumular los requisitos de semanas y capital para acceder
a las distintas prestaciones, así como contar con un seguro previsional que lo proteja
frente a los riesgos de invalidez y muerte» [sic].
9.7. No existía prohibición constitucional o legal que impidiera que los trabajadores
dependientes que trabajaban menos de 30 días cotizaran sobre un ingreso base
de cotización inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, y así lo
determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-967 de 2003.
9.8. El artículo 171 de la Ley 1450 de 2011, aunque no derogó de manera expresa
el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 en lo referente al ingreso base de cotización,
«es norma posterior que trae una regla especial aplicable a un grupo de trabajadores
que, por reglas de hermenéutica, autorizaron al gobierno para establecer una forma de
cotizar a pensiones por períodos inferiores al mes, pero teniendo como base el salario
mínimo legal mensual vigente» [sic].
1.4. Trámite del proceso
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10. Mediante providencia del 31 de agosto de 2023 12 se negó la suspensión
provisional del acto administrativo demandado con las siguientes razones:
10.1. En la providencia se planteó como primer problema jurídico a resolver si el
decreto demandado debía suspenderse porque «desconoció el mandato previsto en el
artículo 172 de la Ley 1450 de 2011, que ordenó al gobierno nacional diseñar un esquema
financiero y operativo que posibilitara la vinculación de los trabajadores informales del sector
primario a los sistemas generales de pensiones y de riesgos profesionales».
10.2. Pararesolverlo se examinaron varios temas dentro de los que se
encontraban «(i) la informalidad laboral en Colombia; (iii) la legislación sobre afiliación
y cotizaciones al Sistema General de Pensiones; (iii) la base de cotización; (iv) regulación
de la excepción en la base mínima; (v) regulación actual de la excepción. Piso de
Protección Social».
10.3. Luego se concluyó que, aunque el artículo 172 de la Ley 1457 de 2011 había
sido derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, la protección en
seguridad social para los trabajadores de tiempo parcial y con ingresos inferiores
a un salario mínimo había sido cubierta por el denominado «Piso de Protección
Social» creado por el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019. En ese orden, que el
déficit de igualdad y protección alegado en la demanda se había superado.
10.4. Como segundo problema jurídico se planteó si el artículo 5 del decreto
enjuiciado al disponer que la cotización podía hacerse en un monto equivalente
a ¼ del salario mínimo mensual legal vigente debía suspenderse porque
«contrariaba la prohibición expresa contenida en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993
según el cual en ningún caso el ingreso base de cotización pod[ia] ser inferior a un salario
mínimo legal mensual vigente» [sic].
10.5. Para resolver el cuestionamiento se estudió la base mínima del ingreso base
de cotización, la obligatoriedad de las cotizaciones al sistema general de
pensiones por contrato de trabajo y de prestación de servicios, el ingreso base
de cotización; y quiénes podrían ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad
Pensional para completar la cotización hasta un salario mínimo legal mensual
vigente.
10.6. Una vez examinados aquellos temas se manifestó que la cotización por un
monto inferior al salario mínimo mensual legal vigente no fue vulnerada. Ello,
porque el artículo 5 del Decreto 2616 de 2013 determinó que debía hacerse de
manera proporcional a aquel, pero con cuatro niveles de ingresos que sumados
todos lo completaban.
10.7. Sefijó un tercer problema jurídico en el que se examinó si el decreto
demandado debía suspenderse porque era ineficaz e innecesario ante la
existencia de los Beneficios Económicos Periódicos –BEPS-, establecido en el
Acto Legislativo 01 de 2005.
10.8. Luego de estudiar las normas que reglaban estos últimos y confrontarlas con
el decreto enjuiciado se concluyó que este permitió el traslado de lo cotizado a
12 Índice 18, Samai.
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tal sistema, con lo cual privilegió la conservación del régimen que fue más
favorable al trabajador.
10.9. Con auto del 4 de marzo de 202413 el despacho ponente se pronunció sobre
las excepciones propuestas por el Ministerio del Trabajo denominadas « legalidad
y plena validez del decreto demandado» e «inexistencia de violación de normas
constitucionales». Al respecto, se señaló que al no ser de las previas previstas en
el artículo 100 del CGP debían ser resueltas en la sentencia.
11. A través de auto del 1 de noviembre de 202414 se adoptó el trámite para
proferir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al
encontrarse acreditado que en el caso presente se trataba un asunto de puro
derecho. De este modo, se incorporaron al proceso las pruebas documentales
allegadas, se dispuso su traslado en los términos del artículo 110 del CGP y se
fijó el litigio de la siguiente manera:
«17. La demanda y su contestación muestran que previo al estudio de los
problemas jurídicos principales, deberá determinarse si de acuerdo con las
excepciones propuestas por el Ministerio de Trabajo el Decreto 2616 del 20 de
noviembre de 2013 se encuentra cobijado por la «legalidad y plena validez del acto
demandado» y la «inexistencia de violación de normas constitucionales».
18. En caso de no encontrarse probado lo anterior, se procederá con el estudio del
problema jurídico principal a resolver en el sub lite, el cual se circunscribe a
determinar si ¿se debe declarar la nulidad del Decreto 2616 del 20 de noviembre
de 2013 por haberse proferido con desconocimiento de las normas en que debía
fundarse?»
12. En la providencia también se ordenó correr traslado por el término de 10 días
para que las partes presentaran los alegatos de conclusión. Dentro de tal
oportunidad procesal las partes no intervinieron.
13. El Ministerio Público no rindió concepto en el presente asunto.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
14. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le
corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los
actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional.
Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 1315, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del
12 de marzo de 201916 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos
de carácter laboral.
13 Índice 33, Samai.
14 Índice 113, Samai.
15 Reglamento interno del Consejo de Estado.
16 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y
se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
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2.1. Cuestión previa
15. Los artículos 171 y 172 de la Ley 1450 de 2011 que fueron reglamentados por
el Decreto 2616 de 2013 a la fecha de esta providencia no se encuentran
vigentes. Así, el primero lo estuvo hasta que fue derogado por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019 publicada el 25 de mayo de ese año17. Al segundo lo derogó
el artículo 267 de la Ley 1753 de 201518 desde su publicación el 9 de junio de
2015.
16. Lo anterior significa que se produjo el decaimiento del Decreto 2616 de 2013
al desaparecer sus fundamentos de derecho, de acuerdo con lo reglado en el
numeral 2 del artículo 91 del CPACA que establece que por tal causal los actos
administrativos pierden su obligatoriedad.
17. Sin embargo, lo expuesto no impide que se adelante el control de legalidad
sobre la norma demandada, puesto que durante su vigencia produjo efectos
jurídicos y puede seguir proyectándolos19. Ciertamente, esta corporación ha
sostenido que el decaimiento de un acto administrativo no implica un juicio de
legalidad sobre sus elementos y que, por el contrario, solo trae como resultado
la pérdida de sus consecuencias hacia el futuro a diferencia de lo que ocurre con
la declaración de su nulidad que desvirtúa su presunción de legalidad desde su
expedición20.
18. En ese sentido, se ha señalado que «[…] el decaimiento de los actos
administrativos no constituye una causal que lo vicie de nulidad y no impide el
enjuiciamiento de su legalidad, pues siguen amparados por la presunción de legalidad y
su enjuiciamiento debe efectuarse con base en los fundamentos de hecho y de derecho
existentes en el momento de su expedición […]»21.
19. Así las cosas, basta con que el Decreto 2616 de 2013 hubiese tenido vigencia
para que proceda el estudio de su validez a través del medio de control de simple
nulidad, porque su decaimiento no desvirtúa su presunción de legalidad ni
17 Diario Oficial 50.964 del 25 de mayo de 2019.
18 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país».
Diario Oficial 50.964 del 25 de mayo de 2019. La ley 1753 de 2015 dispuso en su artículo 267 la
derogatoria expresa del artículo 172 de la ley 1450 de 2011 y nada dijo respecto del artículo 171.
No obstante, precisó que «[c]on el fin de dar continuidad a los planes, programas y proyectos de
mediano y largo plazo, los artículos de las Leyes 812 de 2003, 1151 de 2007 y 1450 de 2011 no
derogados expresamente en el inciso anterior o por otras leyes continuarán vigentes hasta que
sean derogados o modificados por norma posterior». Por tal razón, el artículo 171 de la ley 1450
de 2011 permaneció vigente hasta que fue derogado por el artículo 366 de la Ley 1955 de 2019.
19 Sobre la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos y, específicamente, por su
decaimiento la jurisprudencia ha señalado: «[n]o sobra añadir a lo anterior, que como quiera que
la norma anteriormente trascrita no hace la distinción entre actos administrativos de carácter
general y particular, ha de entenderse que el decaimiento se predica de ambos, lo cual significa
que los actos administrativos de contenido impersonal y abstracto así como los creadores de
situación individuales y concretas, éstos dejan de producir efectos jurídicos hacia futuro».
(Resalta la Sala). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia del 3 de abril de 2014. Radicado 11001-03-25-000-2005-00166-01.
20 «[…] el decaimiento del acto administrativo no implica un juicio de legalidad sobre sus
elementos y solo trae como consecuencia la pérdida de sus consecuencias hacia el futuro,20
distinto a lo que ocurre si se declara la nulidad, pues estos pueden ser desde que se expidió
(efecto ex tunc) o hacia el futuro (ex nunc) según lo decida el juez […]». Consejo de Estado,
Sección Segunda Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020, radicado 11001-03-25-
000-2016-00816-00 (3740-2016).
21 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de mayo de 2021, radicado 11001-03-
24-000-2017-00353-00.
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restablece el orden jurídico que pudiese haber vulnerado. Por lo tanto, en el
presente caso es procedente realizar el examen de legalidad reclamado, por lo
que se pasará a efectuar el estudio respectivo.
2.2. Problemas jurídicos
20. Sin desconocer la fijación del litigio realizada en auto del 1 de noviembre de
2024, en atención a los planteamientos de la demanda, se considera necesario
efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que los
problemas jurídicos se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
(i) ¿El gobierno nacional expidió el Decreto reglamentario 2616 de 2013 con
desconocimiento de los artículos 171 de la Ley 1450 de 2011 y 18 de la Ley
100 de 1993 y excedió la potestad reglamentaria prevista en el artículo
189.11 Constitucional al reglar que los trabajadores dependientes
vinculados por períodos inferiores a un mes podían aportar al Sistema
General de Pensiones sobre una base de cotización inferior al salario
mínimo legal mensual?
(ii) ¿El decreto demandado desconoció el artículo 172 de la Ley 1450 de
2011 al equiparar a los trabajadores dependientes que laboran por periodos
inferiores a un mes con los informales del sector primario, para efectos de
determinar el diseño del esquema financiero y operativo que posibilitara su
vinculación a los sistemas generales de pensiones y de riesgos
profesionales?
2.2.1. Ejercicio de la potestad reglamentaria
21. El sistema jurídico colombiano tiene una organización jerárquica entre la
distinta normativa que lo compone. Tal estructura escalonada conlleva a la
existencia de subordinación de unas normas respecto de otras con la
Constitución como la superior de todas ellas, según lo establece en su artículo 4
al prescribir que «[l]a Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».
22. Tal estructura del sistema permite su coherencia interna al impedir que se
contradigan unas disposiciones normativas con otras22. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que «[l]a unidad del sistema jurídico, y su
coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico
de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con
la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en
dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las
superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular […]»23.
23. En ese contexto, la validez de las disposiciones emitidas por las autoridades
que tienen facultades de producción normativa está sometida a la normativa de
rango superior. Así también debe actuar el presidente cuando ejerza su facultad
reglamentaria otorgada por el artículo 189.11 de la Carta Política.
24. Ciertamente, esta norma le otorgó la facultad reglamentaria como suprema
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de marzo de 2020.
Radicado: 11001-03-25-000-2016-01159-00 (5211-16).
23 Sentencia C-037 de 2000.
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autoridad administrativa, en los siguientes términos:
«[…] Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
(…)
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes […]».
25. De esta manera, la Carta Política le asignó la facultad de proferir
disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto con el propósito específico
de lograr la «ejecución de las leyes». La finalidad de la potestad es «desarrollar las
reglas generales consagradas [en la ley], explicitar sus contenidos, hipótesis y
supuestos, e indicar la manera de cumplir lo reglado, es decir, hacerla operativa»24.
26. Sobre el particular se ha precisado que la facultad reglamentaria del
presidente de la República reviste varias características:
26.1. su ejercicio implica el cumplimiento de la función administrativa, puesto que
el artículo 189.11 se la atribuye como suprema autoridad administrativa. En ese
sentido, no es una actividad legislativa sino de naturaleza administrativa que
debe sujetarse «a la observancia de normas superiores como son la Constitución
Política y la ley»25;
26.2. envirtud de su ejercicio solo pueden proferirse normas generales y
abstractas para la ejecución de la ley26 «mediante la precisión y puntualización de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son
indispensables para garantizar su cabal cumplimiento y ejecución»27.
26.3. Lafacultad reglamentaria es un mecanismo de colaboración entre los
poderes legislativo y ejecutivo, por cuanto facilita el funcionamiento de la
administración y permite el entendimiento de la ley28.
26.4. La potestad no es absoluta. Su ejercicio se ve limitado por dos criterios:
(i) el de «competencia», según el cual el presidente de la República en ejercicio
de tal facultad no puede introducir disposiciones que adicionen la ley, la
modifiquen, la amplíen, la restrinjan en su alcance o finalidad o la contraríen 29.
En consecuencia, la norma expedida siempre deberá estar subordinada al
contenido de la ley reglamentada30 y solo puede desarrollar las reglas y principios
24 Sentencia C-028 de 1997.
25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.
Radicado11001-03-06-000-2014000120-00 (2213). Ver la sentencia C-056 de 2021.
26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 19 de septiembre de 2017.
Radicado11001-03-06-000-2016-00220-00 (2318).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18
de febrero de 2016. Radicado: 1100103-24-000-2013-00018-00.
28 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.
Radicado 11001-03-06-000-2014-000120-00(2213).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 6
de junio de 2013. Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00284-00.
30 Sobre el particular se ha indicado «[l]a actividad reglamentaria se encuentra limitada y
encausada por la norma legal y por ello debe respetar tanto su texto como su espíritu. Dicho en
otras palabras, so pretexto de hacer eficaz y plenamente operante la norma superior de derecho,
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que se fijaron en ella y únicamente la puede completar « en aquellos detalles y
pormenores necesarios que permiten su aplicación»31.
(ii) el de «necesidad», que indica que el despliegue de la potestad depende de
que la ley requiera ser precisada para ser aplicada. El ejercicio de la potestad
encuentra entonces el límite en la existencia de una ley con disposiciones que
por su claridad y precisión no demanda de una reglamentación adicional para
que pueda ser ejecutada. Esto también conlleva que la competencia se vea
restringida por el grado de detalle de la ley, lo cual plantea una relación inversa
de proporcionalidad, puesto que «entre más detallada sea la norma expedida por el
legislador, menor será el ámbito de acción de la administración para reglamentar la
norma»32.
26.5. Sobre el punto anterior la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:
«[…] Así mismo, la Sala ha identificado dos criterios que contribuyen a determinar
los límites y alcance del poder reglamentario, como son: el de competencia y el de
necesidad, los cuales han sido entendidos así: Corresponde al Presidente de la
República como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
administrativa: Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las
leyes. Fija así la norma básica los límites y alcances de este poder al enmarcarlo
dentro de dos criterios expresamente señalados: el de competencia y el de
necesidad. Criterio de competencia o atribución que si bien responde a la
obligación del Gobierno de hacer cumplir la ley, tiene sus propios límites en la ley
reglamentada y no puede el Presidente de la República, so pretexto de
reglamentarla crear una nueva norma no contenida en aquella, ni modificarla para
restringir o extender su alcance ni contrariar su espíritu o finalidad. El criterio de
"necesidad" consagrado expresamente en el artículo citado (189-11 de la
Constitución Política) enmarca el poder reglamentario a aquellos casos en que la
ley por ser oscura, condicional o imprecisa lo exija. De manera que no es
procedente hacer uso del poder reglamentario cuando la ley contiene
ordenamientos precisos, claros e incondicionados que no requieren de regulación
adicional para su ejecución […]»33.
2.2.2. Contenido e interpretación de los artículos 171 y 172 de la Ley 1450 de
2011
2.2.2.1. Artículo 171
27. Con la Ley 1450 de 2011 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
«[p]rosperidad para todos». En su artículo 1 indicó que su objeto era « consolidar
la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr
un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento
sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para
el Presidente de la República no puede llegar al extremo de reducir o extender lo que en ella se
dispone». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia
del 18 de febrero de 2016. Radicado 11001-03-24-000-2013-00018-00.
31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de septiembre de 2016.
Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00066-00(2291).
32 «La potestad otorgada al Ejecutivo encuentra su límite en la forma en que el Congreso ejerza
su poder de producción normativa, de suerte que a más detalle legislativo menor competencia
ejecutiva para reglamentar y, contrario sensu, a menor ejercicio legislativo mayor amplitud
reglamentaria». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 9 de marzo de 2016. Radicado 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29
de agosto de 2013. Radicado 11001-03-26-000-2005-00076-00(32293).
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toda la población».
28. En el capítulo III «[i]gualdad de oportunidades para la prosperidad social» se
incluyó el artículo 171 que reguló la afiliación al Sistema de Seguridad Social
Integral de los trabajadores con vinculación laboral por periodos inferiores a un
mes o por días. Este mandato no hacía parte del texto original propuesto ante el
Congreso de la República. Según los antecedentes legislativos fue agregado en
el primer debate de la ley en la Cámara de Representantes el 15 de marzo de
2011.
29. En efecto, en tal ocasión se planteó incorporarlo como parte del capítulo
aludido en los siguientes términos34:
«[…] Artículo nuevo. Con el propósito de facilitar el acceso a la Seguridad Social
Integral de la población con ingresos bajos y vinculación laboral temporal o parcial,
es necesario fijar condiciones para su afiliación que les permita el acceso a
niveles de protección más comprehensivos e integrales. Para el efecto se
propone la inclusión del siguiente artículo nuevo.
“VINCULACIÓN LABORAL POR PERÍODOS INFERIORES A UN MES O POR
DÍAS. Los trabajadores dependientes que se encuentren vinculados laboralmente
por períodos inferiores a un mes o por días, y cuyo salario total devengado sea
igual o superior a un salario mínimo legal mensual vigente, estarán obligados
a afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral, en sus regímenes
contributivos de salud, pensiones y riesgos profesionales y deberán cotizar
a dicho Sistema sobre el ingreso percibido, de acuerdo con las normas que
regulan la materia” […]» (se resalta).
30. Como se advierte, en principio se concibió la norma como un instrumento
jurídico que obligaba a los trabajadores con vinculación temporal inferior a un
mes a afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral [salud, pensión, riesgos
profesionales]. No obstante, la norma partió de la base de que estos devengaran
un salario mínimo mensual legal vigente y determinó que la cotización debía ser
de acuerdo con ese ingreso. Ello desconoció su precaria vinculación laboral y
que lo recibido por salario no alcanzaba a tal monto por no laborarse todo el mes.
31. Por lo anterior, en la ponencia para segundo debate ante la plenaria de la
Cámara de Representantes del 15 de abril de 2011 se formuló la idea de
modificar el artículo con fundamento en las siguientes razones35:
«[…] Artículo 140°. La versión aprobada no define las condiciones para la afiliación
por períodos inferiores a un mes, y hace referencia a normas inexistentes pues en
la actualidad el marco normativo obliga a cotizar por un Ingreso Base de Cotización
de un salario mínimo mensual. Además ordena la obligatoriedad de la afiliación en
materia de riesgo profesionales, situación que genera mayores inflexibilidades. Por
este motivo, es de vital importancia establecer las condiciones en las cuales los
trabajadores pueden cotizar por periodos inferiores a un mes. Las modificaciones
aquí propuestas establecen las condiciones de afiliación y cotización en salud y
pensiones, circunscribiendo dicha posibilidad al Régimen Subsidiado en salud –
en caso de ser elegible al subsidio – y al Sistema de Beneficios Económicos
Periódicos en el caso de pensiones. Además establece la base y el porcentaje de
34 Gaceta del Congreso de la República 85 «Ponencia para primer debate al proyecto de ley
número 179 Cámara, 218 de 2011 Senado “por el cual se expide el Plan NACIONAL DE
Desarrollo 2010-2014”» página 41 y 91.
35 Gaceta del Congreso de la República 192 «Ponencia para segundo debate al proyecto de ley
número 179 Cámara, 218 de 2011 Senado “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014”» página 16 y 39.
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cotización en cada régimen. Por lo tanto se propone la siguiente modificación al
artículo 140°: […]» [sic].
32. Con sustento en lo anterior, se propuso el texto de la norma que fue aprobado
de manera definitiva y que se trascribe a continuación:
«[…] Artículo 171. Vinculación laboral por períodos inferiores a un mes o por
días. La afiliación a la Seguridad Social Integral de los trabajadores
dependientes que se encuentren vinculados laboralmente por periodos
inferiores a un mes o por días, y que por dicha situación perciban un ingreso
mensual inferior a un SMMLV, se realizará mediante su cotización de acuerdo
con el número de días laborados y sobre un monto no inferior a un salario
mínimo legal diario vigente, de conformidad con los límites mínimos que se
establezcan por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los costos de
administración y recaudo del Sistema de la siguiente manera:
a) Al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud: Si el
trabajador es elegible para el subsidio en salud, el aporte será realizado
exclusivamente por el empleador y equivaldrá al 8,5% del ingreso percibido, con
destino a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga,
de conformidad con los límites mínimos que establezca el Gobierno Nacional. En
caso de no ser elegible para el subsidio en salud por tener capacidad de pago, el
trabajador deberá además realizar su aporte correspondiente al 4% del ingreso
base de cotización sobre el cual esté realizando el empleador las cotizaciones;
b) Al Sistema de Beneficios Económicos Periódicos: El empleado y el
empleador deberán cotizar a este Sistema, sobre el mismo ingreso base de
cotización reportado para salud, en los porcentajes establecidos para
realizar aportes al Sistema General de Pensiones. El Gobierno Nacional
reglamentará las condiciones para el traslado y reconocimientos entre el Sistema
de Beneficios Económicos Periódicos y el Sistema General de Pensiones.
PARÁGRAFO. Cuando estos trabajadores quieran pertenecer al Sistema
General de Pensiones o al Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social
en Salud (SGSSS), deberán cotizar sobre un monto no inferior a un salario
mínimo legal mensual vigente […]» (se resalta).
33. Del texto de la norma se desprende que su finalidad era lograr la vinculación
al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores dependientes
vinculados a trabajos por periodos inferiores a un mes o por días de modo más
flexible. Al referirse a trabajadores dependientes la norma quiso señalar aquellos
que prestan su servicio en virtud de un vínculo laboral subordinado y remunerado,
puesto que no lo hacen de manera independiente. Ello también se deduce de la
definición y de los elementos propios del contrato de trabajo prescritos en los
artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
34. Si bien se observa que en el trámite legislativo se buscó flexibilizar la
vinculación de estos trabajadores al sistema y para ello se precisó que debía
hacerse al régimen de salud y al de pensiones, lo cierto es que en el primer inciso
del texto definitivo de la norma se refirió al Sistema de Seguridad Social « integral».
35. Lo anterior quiere decir que, aunque se buscó facilitar su afiliación y se dejó
de manera taxativa que debía hacerse a los dos componentes del sistema
descritos, no por ello se descartó la posibilidad de que la afiliación incluyera los
regímenes de riesgos profesionales y los servicios complementarios que también
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lo conforman, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 100 de 199336. En ese
sentido, en la reglamentación de la disposición el gobierno nacional podía
incluirlos.
36. Así las cosas, del contenido del artículo 171 de la Ley 1450 de 2011 se
desprenden varias reglas que debía observar el gobierno nacional al momento
de reglamentarlo. Entre ellas se encuentran las siguientes:
36.1. la afiliación podía abarcar todos los componentes del sistema de Seguridad
Social Integral;
36.2. se aplicaba a los trabajadores dependientes que se encontraran vinculados
laboralmente por periodos inferiores a un mes o por días y que devengaran
menos de un salario mínimo mensual legal vigente;
36.3. la cotización al sistema se hacía según el número de días trabajados y sobre
un monto igual o superior a un salario mínimo legal diario, no mensual;
36.4. la cotización para el sistema de salud la precisó en cabeza exclusiva del
empleador en un 8,5% del ingreso recibido si el trabajador era elegible para el
subsidio de salud. En caso contrario, a este le correspondía un 4% adicional;
36.5. fijó el deber de que en materia pensional la cotización se hiciera por el
empleador y el trabajador al Sistema de Beneficios Económicos Periódicos 37 en
los porcentajes fijados para el aporte a salud;
36.6. finalmente, precisó que si los trabajadores a los que aludía el artículo tenían
la voluntad de pertenecer al sistema general de pensiones o al régimen
contributivo de salud debían aportar sobre un monto no inferior a un salario
mínimo mensual legal vigente.
37. Cabe precisar que la disposición analizada se enmarcó en la pretensión del
gobierno nacional de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo políticas públicas
para logar la formalización laboral de los trabajadores a los que se refiere, con su
inclusión en el Sistema de Seguridad Social.
38. Ciertamente, en el documento denominado «Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos», y que por disposición del artículo 2
de la Ley 1450 de 2011 hacía parte integrante de la ley38, se explicó que las
medidas sobre seguridad social eran un componente de la política para la
36 «Artículo 8. Conformación del Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema de Seguridad
Social Integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y
procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones,
salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la
presente Ley».
37 En adelante BEPS.
38 «Artículo 2. Parte integrante de esta ley. Apruébese como parte integrante de la Parte General
del Plan Nacional de Desarrollo e incorpórese como anexo de la presente ley, el documento
"Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos", elaborado por el
Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo
Nacional de Planeación, con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo. El documento
que se incorpora a la presente ley corresponde al publicado en la Gaceta del Congreso de la
República como anexo a la ponencia para segundo debate».
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formalización laboral.
39. Al respecto, en el capítulo titulado «[d]esarrollo de competencias y formalización
para la prosperidad» incluyó el subcapítulo «[f]ormalización laboral y empresarial»
como un lineamiento estratégico y una herramienta para lograr la formalización
de la siguiente manera39:
«[…] Sistema General de Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos
Es necesario garantizar la disponibilidad de mecanismos de protección a la
población en edad adulta mayor vulnerable de la población ocupada en Colombia,
y su capacidad de ahorro al sistema (e.g. BEP, cotización por días). Estas acciones
van en paralelo con el proceso de formalización de la economía y de sostenibilidad
financiera del Sistema General de Pensiones, para lo que es necesario ajustar el
diseño normativo o del Sistema (traslado entre regímenes) y optimizar el recaudo
de recursos.
(…)
Mecanismo de protección a la vejez
En la ejecución de la política de equidad, es necesario continuar con el desarrollo
de los mecanismos de protección frente a las contingencias que afectan a los
individuos en su vejez. Por ello debe revisarse ciertos aspectos puntuales de los
regímenes del sistema que están limitando o impidiendo el acceso a beneficios de
mejor calidad, y que afectan en algunos casos la solidaridad del Sistema y su
sostenibilidad.
(…)
Para las personas que no alcancen a pertenecer al Régimen General de
Pensiones, deberá continuarse en la definición y desarrollo reglamentario de los
beneficios económicos periódicos, en la norma prevista en la Ley 1328 de 2009.
Esta opción para las personas de escasos recursos y que no alcanzan a conformar
una pensión, será viable en la concurrencia con los recursos que se acumulen en
el Fondo de Solidaridad Pensional. Para ello, es necesario fortalecer la
administración de dicho Fondo en condiciones de eficiencia y en un marco de la
libertad económica y de competencia.
Esta alternativa de ahorro para la vejez complementa los incentivos a la
bancarización de las personas que no tienen acceso por razones de su ingreso al
sistema general de pensiones y al sistema financiero en general. Por ello, será vital
que la administración del ahorro de estas personas en particular se haga teniendo
en cuenta las opciones de mínimo costo […]».
40. De esta manera, fue intención del legislador incluir en el Plan Nacional de
Desarrollo reformas que facilitaran la afiliación al Sistema de Seguridad Social
Integral de los trabajadores que laboraban por periodos inferiores a un mes o por
días. En ese contexto, el artículo 171 de la Ley 1450 de 2011 estableció una regla
adicional a la fijada en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 para regular la base
salarial que debía tenerse en cuenta para realizar las cotizaciones, puesto que
esta determinaba que debía ser «el salario mensual» y no por días laborados.
41. Ciertamente, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 referido regló lo siguiente:
39 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidd para todos”», páginas 101 a 107.
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/B
ases%20pnd%202010-2014%20Versi%C3%B3n%205%2014-04-2011%20completo.pdf.
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«[…] Artículo 18. Base de Cotización de los trabajadores dependientes de los
sectores privado y público. La base para calcular las cotizaciones a que hace
referencia el artículo anterior, será el salario mensual.
El salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el
que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será
el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4 de 1992.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al monto del salario
mínimo legal mensual vigente, salvo lo dispuesto para los trabajadores del
servicio doméstico conforme a la Ley 11 de 1988.
Cuando se devengue mensualmente más de 20 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, la base de cotización podrá ser limitada a dicho monto por el
Gobierno Nacional.
Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la
modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70 % de dicho salario.
Parágrafo 1. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o
más empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma
proporcional al salario devengado de cada uno de ellos, y dichos salarios se
acumularán para todos los efectos de esta Ley.
Parágrafo 2. A partir de la vigencia de la presente Ley se eliminan las tablas de
categorías y aportes del Instituto de Seguros Sociales y de las demás entidades
de previsión y seguridad social. En consecuencia, las cotizaciones se liquidarán
con base en el salario devengado por el afiliado.
Parágrafo 3. Cuando el Gobierno Nacional limite la base de cotización a 20
salarios mínimos, el monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida no podrá ser superior a dicho valor […]»
42. De acuerdo con la norma, la base para calcular las cotizaciones debía ser el
salario mensual y «[e]n ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al monto
del salario mínimo legal mensual vigente». Además de estas dos reglas el artículo
171 de la Ley 1437 de 2011 fijó otra que permitió que los trabajadores con jornada
de tiempo parcial o inferior a un mes con un ingreso inferior al salario mínimo
mensual, cotizaran al sistema pensional conforme con el número de días
laborados y sobre la base de un salario mínimo diario, no mensual.
43. La nueva regulación prevista en el artículo 171 no contradijo el 18 de la Ley
100 de 1993. En efecto, la primera norma determinó la obligación de cotizar sobre
el salario mínimo diario como una regla adicional a la ya existente en la segunda
que no regló la particular situación laboral de los trabajadores por días o por
tiempos inferiores a un mes. Son entonces las normas un complemento que
regulan situaciones laborales distintas.
44. Lo anterior lo hizo el legislador en ejercicio de las facultades que le asisten
para fijar los elementos del sistema de seguridad social. Ciertamente, el artículo
48 Constitucional al reglar este derecho solo precisó que era un servicio público
«que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley […]». Por lo que su desarrollo quedó en manos del legislador a quien le asiste
un amplio margen de regulación y puede, entre otras cosas, reglar asuntos como
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el salario base de cotización y el monto de los aportes40, todo con respeto de los
principios de universalidad, solidaridad y eficiencia.
45. Ahora, la fijación del salario base de cotización debe respetar el mandato de
los artículos 53 Superior que ordena que los trabajadores deben gozar de una
«remuneración mínima vital y móvil» y 145 del Código Sustantivo del Trabajo que
definió el salario mínimo como «el que todo trabajador tiene derecho a percibir para
subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y
cultural». A su vez, debe tener en cuenta que el artículo 132 ibidem determinó que
el empleador y el trabajador pueden «convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero
siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones
colectivas y fallos arbitrales».
46. En ese orden, todo trabajador debe recibir la remuneración mínima legal y
puede pactarla de acuerdo con la modalidad de trabajo y en esa línea el salario
base de cotización también debe sujetarse a estas reglas. Por lo tanto, aunque
el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 señala que la base para calcular las
cotizaciones debe ser el «salario mensual» no inferior al monto del salario mínimo
mensual legal, ello no significa que no pueda determinarse por el salario mínimo
diario, puesto que este se calcula con base en este último y, por lo tanto, se
cumple con el mandato de los artículos 53, 132 y 145 del CST.
47. Enconsonancia con lo expuesto, la Corte Constitucional al analizar el
supuesto para las empleadas del servicio doméstico que trabajan por días
manifestó lo siguiente:
«[…] A partir del texto del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo que en
este punto desarrolla el artículo 53 de la Constitución, debe concluirse que todos
los trabajadores colombianos deben obtener una remuneración equivalente al
salario mínimo legal vigente. En efecto, de conformidad con esa norma el salario
mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus
necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural.
Ahora bien, dice el artículo 132 del mismo estatuto laboral que el empleador y el
trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades,
como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., “pero siempre
respetando el salario mínimo legal”; y el artículo siguiente agrega que “se
denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por períodos
mayores”.
De lo anterior se concluye que es posible contratar un trabajador por días,
estipulando un jornal diario, pero que en todo caso la remuneración de cada día
de trabajo debe respetar la noción de salario mínimo. Para esos efectos, el
salario mínimo legal diario, para los trabajadores que laboran la jornada
máxima legal, se debe determinar proporcionalmente a partir de la suma
establecida como mínimo legal mensual; además, para quienes trabajan
jornadas diarias inferiores a la máxima legal, debe calcularse también el salario
mínimo en proporción al número de horas laboradas.
En tal virtud, debe concluirse que ningún trabajador colombiano puede, según la
ley, ser remunerado con un salario inferior al mínimo legal, pero que sí es posible
que, por efecto de la remuneración por jornal, cuando no trabaje todos los
días laborales de la semana, el monto total acumulado de lo que recibe
durante un mes sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente […]»41
(se resalta).
40 C-967 de 2003.
41 C-967 de 2003.
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48. Así las cosas, la determinación del salario mínimo diario para la cotización de
los trabajadores que no alcanzan a trabajar el mes completo o lo hacen por horas
debe hacerse con fundamento en el salario mínimo mensual al que se refiere el
artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y, en todo caso, debe estar dentro del límite del
salario mínimo legal ordenado por los artículos 53 Constitucional y 145 del CST.
La nueva regla prevista en el artículo 171 de la Ley 1450 de 2011 complementó
la del primer artículo mencionado, al reglar la situación de los trabajadores que
laboraban periodos inferiores a un mes que aquella no abarcaba.
2.2.2.1. Artículo 172
49. La norma regló lo siguiente:
«[…] Artículo 172. El Gobierno Nacional diseñará un esquema financiero y
operativo que posibilite la vinculación de los trabajadores informales del
sector primario a los sistemas generales de pensiones y de riesgos
profesionales […]» (se resalta).
50. La normativa ordenó al gobierno nacional facilitar el ingreso de los
trabajadores informales del sector primario de la economía al sistema general de
pensiones y de riesgos profesionales. Con tal fin se debía diseñar un esquema
operativo y financiero que lo permitiera. Esto significa que le otorgó amplias
facultades para que definiera la manera en la que debía cumplirse el mandato y
el fin de la norma.
51. Ahora, la reglamentación para ello debía incluir a unos trabajadores
específicos. Así, la norma precisó que debían ser los «trabajadores informales»
que pertenecieran al «sector primario». De este modo, buscó proteger
especialmente a los trabajadores adscritos a este sector de la economía.
52. Para comprender el alcance del artículo es preciso indicar que la economía se
divide en tres sectores económicos42. Así, el primario o agropecuario es el «que
obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso
de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la caza y la pesca»43.
53. El secundario alude a las actividades relacionadas con « la transformación
industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan
como base para la fabricación de nuevos productos»44. Dentro de este se encuentra
la industria extractiva [minería, petróleo] y la industria de transformación45. Y el
terciario que «[i]ncluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en
sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de
ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios
financieros, las comunicaciones, los servicios de educación […]»46.
42 Banco de República, La Enciclopedia. Sectores Económicos.
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 «envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y
fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.».
46 Banco de República, La Enciclopedia. Sectores Económicos.
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos.
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54. También conviene precisar a qué se refiere la norma cuando alude a los
«trabajadores informales». Al respecto, La Ley 1429 de 2010 «[p]or la cual se expide
la Ley de Formalización y Generación de Empleo» en el artículo 2 definió la
informalidad en el empleo de la siguiente manera:
«Artículo 2. Definiciones.
(…)
3.Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, existirán 2 tipos
de informalidad de empleo:
a) Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el
ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legalmente
constituidos, por un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar
su mínimo vital.
b) Informalidad con capacidad de acumulación: Es una manifestación de trabajo
informal que no necesariamente representa baja productividad» (Se subraya).
55. Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]
señaló, al analizar la informalidad laboral, que esta se compone del «sector
informal» y del «trabajo informal»47. El primero lo definió como:
«las unidades económicas de mercado que no cuenten con registro mercantil en
la Cámara de Comercio y tampoco puedan ser clasificadas como cuasi-
sociedades, ya que no poseen una contabilidad completa o simplificada que les
permita realizar una efectiva separación de sus gastos, por el lado de los
Trabajadores por cuenta propia o Patrones o empleadores. También aquellas
empresas que no lleven contabilidad, desde el punto de vista de los trabajadores
asalariados»48.
56. El
segundo, esto es, el trabajo informal lo conceptualizó a partir de los
parámetros fijados por la OIT en la Resolución CIET 17 de 200349 como
«todos los asalariados o empleados domésticos que no cuentan con cotizaciones
de salud ni a pensión por concepto de su vínculo laboral con el empleador que los
contrató. De igual forma, se consideran como ocupados informales por definición
a todos los trabajadores familiares sin remuneración, los otro [sic], así como los
trabajadores por cuenta propia y patrones o empleadores que hayan quedado
clasificados en el sector informal»50 [sic].
47 Mercado Laboral. Nueva medición de la informalidad laboral. Julio 2022.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-
seguridad-social. file:///C:/Users/HP/Downloads/Nueva_medicion_informalidad.pdf.
48 Ibidem.
49 Normas y directrices sobre estadísticas del trabajo. Conferencia Internacional de Estadísticas
del Trabajo (CIET). https://ilostat.ilo.org/es/about/standards/icls/icls-documents/.
En este documento, la OIT precisó que […] (1) el empleo informal comprende el número total de
empleos informales definidos los subpárrafos siguientes, ya sea que se realicen en empresas del
sector formal, del sector informal en hogares, durante un periodo de referencia determinado.
(2) El empleo informal incluye los siguientes tipos de trabajos. i) trabajadores por cuanta propia
en sus empresas del sector informal; ii) empleadores en su propias empresas del sector informal;
iii) trabajadores familiares auxiliares, independientemente de que trabajen en empresas formales
o informales iv) miembro de cooperativas informales de productores; v) asalariados con empleos
informales en empresas formales, informales o como trabajadores domésticos remunerados en
hogares; vi) trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para uso final
propio de su hogar (…) 5. Los asalariados tienen empleos informales cuando su relación laboral
no está sujeta, en la ley o en la práctica, a la legislación laboral nacional, la tributación sobre
ingresos, la protección social determinados beneficios laborales (preaviso de despido,
indemnización, vacaciones pagadas etc)».
50 Mercado Laboral. Nueva medición de la informalidad laboral. Julio 2022.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-
seguridad-social. file:///C:/Users/HP/Downloads/Nueva_medicion_informalidad.pdf.
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57. Por su parte, la Corte Constitucional ha equiparado el trabajo informal con la
precariedad laboral. En tal virtud ha señalado que «[l]as condiciones en que se
desarrollan estos trabajos se traducen en ausencia de relación salarial, estabilidad
laboral y afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud»51. Y se ha precisado que
quienes se desenvuelven en actividades informales son, a modo general,
personas que han tenido pocas oportunidades académicas o laborales y escasez
de recursos económicos que son a la vez fluctuantes52. Esta definición se
compagina también con la del artículo 2 de la Ley 1429 de 2010 en cuanto
enfatizan en el ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legales que
regulan.
58. De acuerdo con lo anterior, un trabajador informal puede ser de distinta índole.
Así, podría trabajar por cuenta propia [como los vendedores ambulantes]53, o
trabajar para otra persona, natural o jurídica, que no cumple con los requisitos
para ser una empresa, un comerciante o un establecimiento comercial formal. En
este último caso un trabajador informal es dependiente de un empleador, pero
sin los derechos laborales propios de una relación laboral [pago de prestaciones
sociales, vacaciones, o la afiliación a seguridad social] debido a la precariedad
de su vinculación.
59. Bajo estos parámetros, es dable concluir que el artículo 172 de la Ley 1450 de
2011 se refiere a la formalización laboral de toda clase de trabajadores informales
vinculados en el primer sector de la economía, esto es el agropecuario, lo que el
gobierno nacional debió hacer con la determinación del esquema operativo y
financiero que permitiera su vinculación al sistema general de pensiones y de
riesgos profesionales. La norma no excluyó a ninguno y tampoco creó reglas
especiales sobre alguno de los que componen este sector productivo.
60. Sin embargo, lo anterior no implica que el gobierno nacional al expedir la
reglamentación de la disposición normativa debía abarcar la situación de todos
los que componen esta categoría de trabajadores en un solo decreto. En efecto,
la amplitud y diversidad del sector económico, permite comprender la dificultad
para crear reglas uniformes para todos los que lo conforman y tampoco excluye
la posibilidad de desarrollar la ley en otro instrumento jurídico.
2.2.2.3. Análisis de legalidad del Decreto 2616 de 2013
61. Los problemas jurídicos planteados con fundamento en la demanda se
resolverán a continuación, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
2.2.3.1. Solución al primer problema jurídico
51 T-065 de 2025. En la sentencia C-489 de 2019 se señaló que «[p]or la vía del control concreto
la jurisprudencia constitucional también ha admitido que el trabajo informal es expresión de la
precariedad[28], que se concreta en la incertidumbre sobre la manera en la que se va a desarrollar
(espacios físicos, contingencias de seguridad, desalojos, sanciones etc.), la ausencia de
protección social, los escasos recursos que se obtienen y que impiden la movilidad social, la
dificultad de organizarse colectivamente para defender sus derechos (libertad de asociación) que
limitan la autodeterminación del individuo y por ello ha entendido que las personas que lo ejercen
son altamente vulnerables[…]».
52 T-073 de 2022.
53 T-065 de 2025.
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62. En la demanda se alegó que el Decreto 2616 de 2013 fue expedido con
desconocimiento de los artículos 171 de la Ley 1450 de 2011 y 18 de la Ley 100
de 1993 porque en su texto el gobierno nacional permitió a los trabajadores
dependientes vinculados por períodos inferiores a un mes o por días afiliarse al
Sistema General de Pensiones sobre una base de cotización inferior al salario
mínimo legal mensual [1/4 de tal salario]. Para el demandante la anterior
regulación constituyó «un evidente exceso de la potestad reglamentaria».
63. Por lo anterior, corresponde determinar si el gobierno nacional al proferir la
norma desconoció tales artículos y si, en consecuencia, excedió la facultad
prevista en el artículo 189.11 Constitucional.
64. Pues bien, el decreto estableció el esquema financiero y operativo para la
vinculación de los trabajadores dependientes que laboren por períodos inferiores
a un mes, a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar,
con el fin de fomentar la formalización laboral [artículo 1].
65. En el artículo 2 precisó que se aplicaría a tales trabajadores siempre que
cumplieran con tres condiciones «[…] a) Que se encuentren vinculados
laboralmente. b) Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes,
sea contratado por periodos inferiores a treinta (30) días. c) Que el valor que resulte
como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente
[…]».
66. En los artículos 5 y 6 se determinó la base de cotización mínima semanal «a
los sistemas de seguridad social» y el monto de la cotización de la siguiente
manera:
«Artículo 5°. Base de cotización mínima semanal a los sistemas de seguridad
social para los trabajadores a que se refiere el presente decreto. En el Sistema de
Pensiones, el ingreso base para calcular la cotización mínima mensual de los
trabajadores a quienes se les aplica el presente decreto, será el correspondiente
a una cuarta parte (1/4) del salario mínimo mensual legal vigente, el cual se
denominará cotización mínima semanal.
Para el Sistema de Riesgos Laborales, el ingreso base de cotización será el salario
mínimo legal mensual vigente.
Artículo 6°. Monto de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones,
Subsidio Familiar y Riesgos Laborales. Para el Sistema General de Pensiones
y del Subsidio Familiar, se cotizará de acuerdo con lo señalado en la siguiente
tabla:
Días
laborados Monto de la cotización
en el mes
Entre 1 y 7
Una (1) cotización mínima semanal
días
Entre 8 y 14
Dos (2) cotizaciones mínimas semanales
días
Entre 15 y
Tres (3) cotizaciones mínimas semanales
21 días
Más de 21 Cuatro (4) cotizaciones mínimas semanales (equivalen a
días un salario mínimo mensual)
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Los valores semanales citados en este artículo, se refieren al valor mínimo
semanal calculado en el artículo 8° del presente decreto. (negrilla fuera del texto
original).
67. A su vez el decreto demandado precisó en el artículo 7 al reglar el porcentaje
de la cotización que «[e]l monto de cotización que le corresponderá al empleador y al
trabajador, se determinará aplicando los porcentajes establecidos en las normas
generales que regulan los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio
Familiar». Así, remitió a la Ley 100 de 1993 a la que también lo hizo el artículo
171 de la Ley 1450 de 2011 en su literal b) al señalar que la cotización debía
hacerse sobre el reportado para salud «en los porcentajes establecidos para realizar
aportes al Sistema General de Pensiones».
68. Como se advierte en los artículos citados, el decreto fijó la base de cotización
de acuerdo con los días laborados y por periodos semanales [1 cada semana] y
estableció como base para cada uno de estos la cuarta parte del salario mínimo
mensual legal vigente. Esto quiere decir que ordenó calcular el aporte pensional
según el monto que correspondía por cada semana del salario mínimo mensual
legal.
69. Así, si el empleado trabajaba de 1 a 7 días debía aportar lo equivalente a una
semana de cotización; si lo hacía de 8 a 14 días lo correspondiente a dos
semanas de cotización; de 15 a 20 días, 3 semanas de cotización; y si trabajaba
la cuarta semana se debía pagar la cotización completa por el mes.
70. En otras palabras, la norma dispuso cotizar con fundamento en el salario
mínimo mensual legal, pero dividido en semanas y de acuerdo con los días
trabajados. Así se explicó en el artículo 8 de la disposición:
«[…] Artículo 8°. Tablas. De conformidad con lo señalado en los artículos
precedentes, el valor semanal del pago se calcula como se ilustra a continuación:
1. Valor de cotización mínima semanal a cargo del empleador en cada sistema:
Pago mínimo semanal a cargo del Valor mínimo
empleador semanal ($)
A. Seguridad Social 20.762
Pensiones (12% del SMMLV/4) 17.685
Riesgos Laborales
(Riesgo 1 = 0,522%* del SMMLV) ** 3.077**
Valor variable según el riesgo de la actividad Valor mensual
del empleador.
B. Parafiscalidad 5.895
Cajas de Compensación (4% del SMMLV/4) 5.895
C. Total (A+B) 26.657
• En la tabla se especifica un ejemplo de empresa con actividad económica de
riesgos laborales I
** En riesgos laborales el valor a pagar será igual al valor mensual.
Valores mínimos a cargo del trabajador para el Sistema de Pensiones:
Mínimo semanal
Pago mínimo semanal a cargo del trabajador
($)
Pensiones (4% del SMMLV/4) 5.895
Total 5.895
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Parágrafo 1°. Los valores señalados en las tablas contenidas en el presente
artículo son ilustrativos y calculados sobre el salario mínimo mensual legal vigente
(SMMLV) del año 2013, por lo tanto se ajustarán anualmente según el incremento
oficial del salario mínimo mensual.
Parágrafo 2°. El porcentaje de cotización al Sistema General de Riesgos
Laborales se aplicará de conformidad con la clasificación de actividades
económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya.
71. Se advierte de lo anterior, que el gobierno nacional al expedir el Decreto 2616
de 2013 y fijar la base de cotización no desbordó los limites previstos en el
artículo 171 de la Ley 1450 de 2011 que reglamentó y tampoco vulneró el artículo
18 de la Ley 100 de 1993, puesto que:
71.1. fijó el ingreso base para calcular la cotización según el porcentaje del salario
mínimo mensual recibido por cada semana [1/4]. Ello significó que lo hizo
«mediante su cotización de acuerdo con el número de días laborados y sobre un monto
no inferior a un salario mínimo legal diario vigente, de conformidad con los límites
mínimos que se establezcan por el Gobierno Nacional» como lo ordenó la norma
reglamentada [artículo 171];
71.2. en caso de que el trabajador laborara por más de 21 días prescribió que
debía pagar la cotización sobre el salario mínimo mensual; y
71.3. ordenó calcular el aporte en «los porcentajes establecidos para realizar aportes
al Sistema General de Pensiones» como lo ordenó el literal b) del artículo 171
ibidem.
72. En efecto, en el ejemplo el gobierno nacional tomó el salario mínimo de 2013
[$589.500], lo dividió en 4 semanas para determinar el aporte semanal por los
días laborados en ella [$147.375], y a este resultado le aplicó el porcentaje que
rige los aportes para pensión a cargo del empleador [12%] y del empleado [4%].
73. En virtud de ello, se indicó que les correspondía al primero aportar $17.685 y
al segundo $5.895 para un total de $23.580 por cada semana según los días
laborados. Así, si el empleado trabajó de 1 a 7 días ese monto [$23.580], si lo
hizo de 8 a 14 días el doble [$47.160], si ejecutó la labor de 15 a 21 días el triple
[$70.740] y trabajó más de 21 días debía cotizar un mes que equivalía al aporte
por un salario mínimo mensual legal vigente [$94.320]54.
74. Por lo anterior, se encuentra desvirtuado el argumento de que el gobierno
nacional se extralimitó al reglamentar el artículo 171 de la Ley 1450 de 2011 y
que desconoció el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, puesto que aplicó el primero
que exigía una cotización mínima no inferior a un salario legal diario según el
número de días trabajados y no por el salario mínimo mensual como el
demandante lo interpretó; y también atendió lo dispuesto en el segundo al
calcular la cotización con base en el salario mínimo mensual legal vigente, pero
dividido en periodos de cuatro semanas.
75. Ahora, lo anterior también desvirtúa lo que el demandante aseveró relacionado
54 En efecto, al ser el salario mínimo mensual legal vigente para 2013 la suma de $589.500, el
16% de aportes por el mes completo [12% empleador y 4% trabajador] equivale a $94.320.
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con que la base de cotización fijada en el decreto impediría el reconocimiento de
las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. Ciertamente, el decreto
permitió, al fijar la base de cotización en los términos explicados, que los
trabajadores completaran las respectivas semanas de cotización en el monto
equivalente a la proporción del salario mínimo mensual legal vigente.
76. Por lo tanto, al momento de contabilizarse para efectos pensionales se cumple
con lo prescrito en el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que indicó
que «[p]ara los efectos de las disposiciones contenidas en la presente Ley, se entiende
por semana cotizada el período de 7 días calendario. La facturación y el cobro de los
aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período».
77. Así las cosas, los trabajadores a los que se refieren los artículos 171 y 172 de
la Ley 1450 de 2011 y cuya afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral se
reglamentó en el Decreto 2616 de 2013 sí pueden completar los requisitos para
las pensiones aludidas, pues el tiempo de cotización, aunque se trabaje por días,
se computa por semanas.
78. Por lo expuesto no prospera el cargo.
2.2.3.2. Solución al segundo problema jurídico
79. El demandante afirmó que la norma acusada en su artículo 1 equiparó a los
trabajadores dependientes que laboran por periodos inferiores a un mes descritos
en el artículo 171 de la Ley 1450 de 2011, con los informales del sector primario
a los que se refería el artículo 172 ibidem sin que alguna disposición autorizara
tal asimilación.
80. Por lo anterior, se debe determinar si el decreto demandado equiparó a tales
trabajadores para efectos de establecer el diseño del esquema financiero y
operativo que posibilitara su vinculación a los sistemas generales de pensiones
y de riesgos profesionales y, si al hacerlo, desconoció el artículo 172 de la Ley
1450 de 2011.
81. Pues bien, el artículo 1 del Decreto 2616 de 2013 determinó que su objeto era
«adoptar el esquema financiero y operativo que permita la vinculación de los
trabajadores dependientes que laboren por períodos inferiores a un mes, a los
Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar, con el fin de fomentar la
formalización laboral».
82. Asimismo, en su artículo 2 estableció que aplicaba para los trabajadores
aludidos de la siguiente manera:
«[…] Artículo 2°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a los
trabajadores dependientes que cumplan con las siguientes condiciones, sin
perjuicio de las demás que les son de su naturaleza:
a) Que se encuentren vinculados laboralmente.
b) Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes, sea
contratado por periodos inferiores a treinta (30) días.
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c) Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1)
salario mínimo mensual legal vigente.
Parágrafo. El presente decreto no se aplicará a los trabajadores afectados por una
reducción colectiva o temporal de la duración normal de su trabajo, por motivos
económicos, tecnológicos o estructurales. El traslado de un trabajo a tiempo
completo a un trabajo a tiempo parcial, o viceversa deberá ser voluntario […]».
83. De los artículos 1 y 2 del Decreto 2616 de 2013 se deduce que el esquema
financiero y operativo que reguló para la vinculación de los trabajadores al
Sistema de Seguridad Social Integral se refirió específicamente a los
dependientes que laboraran en las condiciones descritas.
84. Ello quiere decir que reglamentó tal forma de vinculación al Sistema de
Seguridad Social de los trabajadores descritos en el artículo 171 de la Ley 1450
de 2011 que pueden trabajar en cualquier sector de la economía. Pero también
significa que lo hizo igualmente para los trabajadores informales del sector
primario incluidos en el artículo 172 ibidem, siempre que sean dependientes, esto
es, que presten sus servicios a un empleador sin tener acceso a los derechos
laborales propios de una relación laboral, según se explicó al analizar esta norma.
85. Esto último se corrobora con lo expuesto en la parte considerativa del decreto
en el que, luego de citar normativa relacionada con la obligación del Estado de
garantizar el acceso a la seguridad social de los trabajadores de tiempo parcial y
con ingresos menores a un salario mínimo mensual legal vigente, se señaló lo
siguiente:
«[…] Que los trabajadores informales, aun prestando personalmente sus
servicios en una relación subordinada y remunerada, generalmente son
excluidos de la afiliación a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio
familiar, lo que implica su desprotección en materia de seguridad social.
Que la Ley 1450 de 2011 dispuso como objetivo del Plan Nacional de Desarrollo
2010- 2014, formalizar el empleo y reducir los índices de pobreza y prescribe entre
los mecanismos para su ejecución, la igualdad de oportunidades para la
prosperidad social, a partir del diseño de un esquema financiero y operativo que
posibilite la vinculación de los trabajadores informales por subsistencia a los
sistemas de pensiones y de riesgos laborales; por lo tanto, se hace necesario
adoptar el mecanismo que permita la afiliación, cotización y recaudo en los
Sistemas de Pensiones y Riesgos Laborales de esos trabajadores.
Que el artículo 171 de la Ley 1450 de 2011 dispone que la afiliación a la seguridad
social de los trabajadores que laboren por períodos inferiores a un mes o por días
y que por lo tanto perciban ingresos por debajo de un salario mínimo legal mensual
vigente, se realizará mediante su cotización, "de acuerdo con el número de días
laborados y sobre un monto no inferior a un salario mínimo diario legal vigente, de
conformidad con los límites mínimos que se establezcan".
Que la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos,
en sesión llevada a cabo el 21 de febrero de 2013, consideró conveniente que el
Gobierno Nacional adopte un modelo financiero y operativo con el cual se
garantice que los trabajadores a tiempo parcial, tengan acceso a las prestaciones
de los Sistemas de Pensiones y Riesgos Laborales, con el fin de protegerlos de
los riesgos laborales y los inherentes a la vejez y que cuenten con los beneficios
que prestan las Cajas de Compensación Familiar, cumpliendo así con un mandato
legal […]» ( se resalta).
86. De esta manera, puede concluirse que el decreto reguló la afiliación al Sistema
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de Seguridad Social para los trabajadores a los que se refiere el artículo 171 de
la Ley 1450 de 2011 y para los informales del sector primario a los que alude el
artículo 172 ibidem siempre que tuvieran la categoría de dependientes.
Precisamente, por tener estos últimos esta calidad podían subsumirse en la
situación de los primeros, sin que ello pudiera considerarse una equiparación sin
fundamento jurídico, como el demandante lo aseveró.
87. Ciertamente, debe tenerse en cuenta que la regulación prevista en los
artículos 171 y 172 de la Ley 1450 de 2011 no se excluye entre sí. Por el contrario,
ambas normas pueden ser complementarias para lograr el propósito de
formalización laboral planteado en la ley y aplicadas simultáneamente.
88. Lo anterior porque los trabajadores informales del sector primario también
pueden ser trabajadores dependientes al prestar su servicio personal a un
empleador informal o formal por periodos inferiores a un mes o por días, pero sin
recibir los derechos prestacionales y de seguridad social que ordena la ley
laboral. En ese sentido, en este supuesto es dable aplicar para su situación lo
previsto en el artículo 171 de la Ley 1450 de 2011.
89. Además, porque, aunque el artículo 172 ibidem ordenó diseñar un esquema
financiero y operativo para la vinculación de los trabajadores informales del sector
primario, no prescribió que este debía ser diferente del que pudiera establecerse
para la aplicación del artículo 171. Bajo esa línea, el gobierno nacional podía
reglamentar ambas disposiciones en un solo decreto y con iguales parámetros
de vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral para ambos tipos de
trabajadores, esto es, para los dependientes o los informales del sector primario
también dependientes que prestaran sus servicios por periodos inferiores a un
mes o por días.
90. Cabe precisar que a esta última condición debía limitarse el gobierno nacional
en su reglamentación, puesto que otros trabajadores considerados como
informales del sector primario no dependientes de un empleador no encajarían
en el supuesto del artículo 171 ibidem, por cuanto este exige la existencia de la
dependencia y la temporalidad en el servicio.
91. Así las cosas, nada impedía que el gobierno nacional en un decreto y con
iguales prescripciones normativas reglamentara la formalización de los
trabajadores a los que se refieren los artículos 171 y 172 de la Ley 1450 de 2011
con su vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral, siempre que se
cumpliera con la limitación explicada para que pudiera cobijar a estos últimos.
92. Por lo anterior, se concluye que el decreto demandado no desconoció el
artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 al regular el diseño del esquema financiero
y operativo que posibilitara la vinculación a los sistemas generales de pensiones
y de riesgos profesionales de los trabajadores informales del sector primario,
puesto que (i) se refirió a los que tienen la condición de dependientes; y (ii) esta
categoría los incluye dentro del supuesto previsto en el artículo 171 ibidem.
93. En consecuencia, el gobierno nacional no extralimitó la facultad prevista en el
artículo 189.11 Constitucional, toda vez que en el decreto acusado no adicionó
ni modificó el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y respetó los límites impuestos
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por la normativa.
2.2.3.3. Pronunciamiento sobre otros aspectos alegados en la demanda
94. En la demanda se afirmó que con la regulación prevista en el Decreto 2616 de
2013 a los trabajadores que se les aplica, se les impediría el reconocimiento de
la pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, puesto que las leyes que rigen su
reconocimiento exigen una cotización sobre la base de un salario mínimo
mensual legal vigente, por lo que solo podrían reclamar la devolución de saldos.
En ese sentido, el demandante aseveró que el Sistema de Beneficios
Económicos Periódicos [BEPS] era el mecanismo más idóneo para proteger a
estos trabajadores.
95. Frente al argumento debe señalarse que no puede servir de parámetro para
examinar la legalidad del decreto demandado, toda vez que (i) no se subsume
en las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA; y (ii)
corresponde a una apreciación subjetiva del demandante sobre la conveniencia
de la aplicación del decreto enjuiciado y no un contraste de este con la norma
que reglamentó.
96. Con todo, al examinar la vulneración de los artículos 171 de la Ley 1450 de
2011 y 18 de la Ley 100 de 1993 se hizo referencia al cuestionamiento sobre los
efectos de lo reglado en el decreto en relación con la posibilidad de que los
trabajadores que cobija pudieran acceder a una pensión de las mencionadas. Por
lo tanto, sobre el particular se remite a este análisis.
97. Aunado a ello, se precisa que el decreto en su artículo 18 previó el traslado
voluntario de las sumas cotizadas del Sistema General de Pensiones al sistema
BEPS si el aportante no logró completar las semanas para adquirir la pensión
correspondiente. Al respecto la norma señaló:
«[…] Artículo 18. Traslado voluntario de las sumas cotizadas al Sistema General
de Pensiones al mecanismo BEPS. Si la persona que ha realizado cotizaciones
mínimas semanales al Sistema General de Pensiones en los términos del presente
decreto, no logra cumplir los requisitos para obtener una pensión, si lo decide
voluntariamente, los recursos por concepto de devolución de saldos o
indemnización sustitutiva, según aplique, podrán ingresar al mecanismo de
beneficios económicos periódicos BEPS con el fin de obtener la suma periódica,
en los términos del Decreto número 604 de 2013 o la norma que lo sustituya.
Los recursos de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos se tendrán
en cuenta para el cálculo del subsidio periódico, siempre que permanezcan por lo
menos tres (3) años en el Servicio Social Complementario de los BEPS […]».
98. De esta manera, el decreto sí previó para los trabajadores dependientes con
vínculos inferiores a un mes o por días que pudieran ser beneficiarios del sistema
BEPS en caso de no completar las semanas para obtener el reconocimiento
pensional. En consecuencia, el argumento de conveniencia del demandante
sobre la aplicación de estos sobre lo reglado en el decreto carece de fundamento.
99. Por lo anterior, no prospera el cargo.
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Radicado: 11001 03 25 000 2018 00558 00 (2013-2018)
Demandante: Luis Alfonso Torres Ortíz
2.3. Conclusión
100. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el gobierno nacional
no excedió la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189.11 al reglamentar
los artículos 171 y 172 de la Ley 1450 de 2011 con el Decreto 2616 de 2013, de
acuerdo con las razones expuestas en precedencia.
101. Por lo tanto, el acto administrativo se profirió con respeto de las normas en
que debía fundarse por los cargos formulados. En consecuencia, denegará su
nulidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Luis Alfonso
Torres Ortiz en contra del Decreto 2616 de 2013 expedida por el gobierno
nacional «[p]or medio del cual se regula la cotización a seguridad social para
trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes, se desarrolla
el mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011
y se dictan disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los trabajadores
informales», de acuerdo con lo expuesto en precedencia.
Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
YSB
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