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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00607-00

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00607-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar parcialmente fundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico del 13 de junio de 2014, que confirmó y adicionó el numeral sexto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, el 22 de marzo de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Infirmar parcialmente la sentencia del 13 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto si bien aludió a los límites o topes contemplados en el Acto Legislativo 01 de 2005 sobre las mesadas pensionales del señor Hernando Duarte Chinchilla, lo hizo únicamente desde el 25 de julio de 2005. La sentencia quedará así: Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por el señor Hernando Duarte Chinchilla, contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en cuanto inaplicó los límites o topes de 25 SMLMV sobre las mesadas pensionales del señor Hernando Duarte Chinchilla, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. En su lugar, se dispone Segundo. Negar las pretensiones de la demanda relativas a la declaratoria de nulidad de la Resoluciones PAP 026614 de 18 de noviembre de 2010 y UGM 002494 de 28 de julio de 2011, expedidas por CAJANAL, únicamente respecto a la orden de aplicación del tope de 25 SMLMV sobre las mesadas pensionales del actor. Tercero. Aplicar los límites o topes pensionales de 25 SMLMV sobre el monto de las mesadas pensionales a que tiene derecho el señor Hernando Duarte Chinchilla, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-00607-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

6 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Hernando Duarte Chichilla
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Reliquidación pensión de jubilación, topes
pensionales – Decreto 546 de 1971

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, del 13 de junio de 2014, a
través de la cual se confirmó y adicionó el numeral sexto de la parte resolutiva de la
providencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, el 22 de
marzo de 2013, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial,
pretendió infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, del 13 de junio
de 2014, a través de la cual se confirmó y adicionó el numeral sexto de la parte
resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Barranquilla, el 22 de marzo de 2013, que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda formulada por el señor Hernando Duarte Chinchilla, dentro

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 08 001 33 31 002
2011 00316 00.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, del 13 de junio de 2014, que «confirmó» (sic) la providencia
emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, el 22 de marzo de 2013;
y ii) condenar en costas al demandado.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

i) El 19 de abril de 1945, nació el señor Hernando Duarte Chichilla. Prestó sus servicios
en la Rama Judicial en los siguientes períodos:

• Desde el 4 de septiembre de 1965 hasta el 10 de enero de 1969.
• Desde el 1.° al 30 de julio de 1969.
• Desde el 16 de septiembre de 1969 hasta el 15 de noviembre de 1975.
• Desde el 11 de abril de 1977 hasta el 31 de julio de 1985.
• Desde el 1.° de septiembre de 1975 hasta el 2.° de marzo de 2011.

El último cargo que desempeñó fue el de magistrado del Tribunal Administrativo del
Atlántico.

ii) El 19 de abril de 2000, el señor Duarte Chichilla adquirió su estatus jurídico de
pensionado.

iii) El 23 de enero de 2001, la extinta CAJANAL expidió la Resolución 057479 a través de
la cual reconoció una pensión de jubilación al hoy demandado, en cuantía de
$3.574.637.76, efectiva a partir del 1.º de junio de 2000, condicionada a demostrar el
retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, tomó una tasa de reemplazo del 75 % del
promedio de lo devengado sobre el salario de 6 años y 2 meses, conforme a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 546 de 1971. Esta
decisión fue confirmada por las Resoluciones 045414 de 14 de junio y 05412 del 15 de
noviembre de 2001.

iv) El 18 de noviembre de 2010, CAJANAL profirió la Resolución PAP 026614 por medio

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

de la cual reliquidó la pensión de jubilación del hoy demandado, con el promedio de la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, con lo que
elevó la cuantía de la misma a la suma de $ 12.875.000, efectiva a partir del 1.º de
enero de 2010, condicionada al retiro definitivo del servicio.

v) El 28 de julio de 2011, mediante la Resolución UGM 002494 CAJANAL modificó la
Resolución PAP 026614 de 2010, en el sentido de disminuir el valor de los aportes no
efectuados por el empleador y el trabajador. Aquel acto fue modificado por el
Resolución UGM 59532 del 28 de noviembre de 2012, en el entendido de aumentar el
valor de los descuentos por aportes a pensión.

vi) El 22 de marzo de 2013, el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Hernando Duarte Chinchilla contra
la extinta CAJANAL. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

[…] SEGUNDO.- Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. PAP 026614 de 18 de
noviembre de 2010 y UGM 002494 de 28 de julio de 2011, expedidos (sic) por la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE -CAJANAL-, hoy en liquidación, sólo en relación al
monto de la pensión reconocida al actor, conforme las motivaciones de esta providencia.

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad parcial y a manera
de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad accionada a que reliquide la
pensión vitalicia de jubilación reconocida al Dr. HERNANDO DUARTE CHICHILLA, en
cuantía equivalente al 75 % de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado
en el último año de servicio dentro de la Rama Judicial sin tope o límite alguno, haciendo
inclusión en dicha reliquidación además de su asignación básica, de todos los factores
salariales de que trata el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y en general todas las sumas
que habitual y periódicamente recibió el funcionario como retribución de sus servicios. Esta
reliquidación se hará a partir del día 03 de marzo de 2011, fecha en la que se dio el retiro
definitivo del servicio del actor y hasta la fecha en que se dé efectivo cumplimiento a la
sentencia, previa las deducciones a que haya lugar. […]

CUARTO.- Abstenerse de pronunciarse sobre la pretensión de reintegrar al demandante la
suma de dinero de $29.894.000, que le fuera deducida de su retroactivo pensional al
momento de la inclusión en nómina de pensionados de la accionada, por lo explicado en la
parte motiva de este proveído.

[…]
SEXTO.- Désele cumplimiento a esta sentencia dentro de los términos previstos por los
artículos 176 y 177 del CCA. […] (Resaltado original del texto)

vii) El 13 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico, emitió sentencia de
segunda instancia, en el sentido de confirmar y adicionar el numeral sexto de la parte

1 Folios 268 reverso al 217 del cuaderno de la acción especial de revisión.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Barranquilla, en los siguientes términos:2

Primero.- Confírmese los numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° y 8° de la sentencia del 4 de Junio
de 2013 (sic), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, en el proceso
incoado por el señor Hernando Duarte Chinchilla contra la Caja Nacional de Previsión Social,
acorde con las motivaciones precedentes, aclarándose que la mesada pensional deberá
liquidarse sin las restricciones establecidas en la sentencia C-258 de 2013, pero con
observancia de lo consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a partir del 25 de
julio de 2005 se procederá a establecer por parte de la demandada, las cotizaciones que
actuarialmente se requerían, a fin de evitar la desfinanciación del sistema, con la advertencia
de que si dichos aportes no resultaren suficientes para financiar esta mesada pensional
objeto de reliquidación, habrá lugar por parte de la entidad a realizar los descuentos
respectivos.

Segundo.- Adiciónese el numeral 6° de la referida providencia, el cual quedará así:

“Sexto.- Désele cumplimiento a esta sentencia dentro de los términos previstos por los
artículos 176 y 177 del CCA, de conformidad a la forma como quedó después de la sentencia
C-199 de 1999, proferida por la Corte Constitucional.” […] (Resaltado y comillas originales
del texto)

viii) El 22 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico por medio de auto
corrigió el ordinario primero de la parte resolutiva de la providencia del 13 de junio de
2014, en el entendido de precisar que la fecha de la sentencia de primera instancia
emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla data el 22 de marzo de
2013.

ix) El 8 de abril de 2015, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

x) El 10 de enero de 2017, la UGPP a través de la Resolución RDP 000350, dio
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Para tal
efecto, reliquidó la pensión de jubilación del señor Duarte Chinchilla en el equivalente
al 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio,
con la inclusión de los factores salariales contenidos en el artículo 12 del Decreto 717
de 1978; estimando una cuantía de $ 13.390.000, efectiva a partir del 3 de marzo de
2011 y con la aplicación de topes de 25 SMMLV, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005.

xi) El 29 de agosto de 2017, por virtud de la Resolución RDP 33561 la UGPP modificó los
artículos 1.° y 3.° de la Resolución RDP 000350 de 2017, en los siguientes términos:3

2 Folios 236 al 253 ibidem.
3 Folio 285 del cuaderno de la acción especial de revisión.

4

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO el 13 de junio de 2014, se reliquida la pensión de
VEJEZ del (a) señor (a) DUARTE CHINCHILLA HERNANDO, ya identificado (a), elevando
la cuantía de la misma a la suma de $14.999.850 […] efectiva a partir del 3 de marzo de 2011
pero hasta el 30 de junio de 2013, de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento.

Parágrafo: A partir del 1 de julio de 2013, se ajustará la mesada pensional en cuantía de
$ 14.737.500 […] correspondiente a 25 SMMLV, por aplicación del reajuste automático fijado
por la Corte Constitucional a través del precedente preferente y vinculante definido en la
sentencia C-258 de 2013 y ratificado para el caso.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Atlántico, el 13 de junio de 2014,4 emitió sentencia de
segunda instancia, en el sentido de confirmar y adicionar el numeral sexto la providencia
expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, el 22 de marzo de 2013,
que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el
señor Hernando Duarte Chinchilla contra la extinta CAJANAL, hoy uGPP, con sustento en
las siguientes consideraciones jurídicas:

i) De acuerdo con el acervo probatorio, el demandante, como beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que su pensión de jubilación sea
reliquidada con base en la normativa anterior, es decir, el Decreto 546 de 1971.
Además, la base de liquidación está constituida por todas aquellas sumas que el
funcionario o empleado percibe por concepto de salario en el último año de servicio,
consagrados en los Decretos 717 y 911 de 1978, de acuerdo con lo sostenido por el
Consejo de Estado.5

ii) De otro lado, en el sub lite también la controversia gira en torno a si el actor, pese
estar sujeto al régimen especial del Decreto 546 de 1971, le resulta o no aplicable el
artículo 18 de la Ley 100 de 1993, relativo al tope máximo de mesadas pensionales. Al
respecto, se advierte que el referido decreto en manera alguna establece límite máximo
en el monto de la prestación, no siendo posible, en principio, escindirlo.

4
Folios 236 al 253 del cuaderno de la acción especial de revisión.
5 El tribunal trae a colación al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25

de noviembre de 2010, exp 1014-09
Dicha postura fue reiterada en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2016, radicación N.°
4683-2013.

5

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

Sobre el asunto, el Consejo de Estado se pronunció en la sentencia del 21 de noviembre
de 2013,6 en el sentido de precisar que la Sentencia C-258 de 2013 no es aplicable a
las pensiones reguladas por el Decreto 546 de 1971 y la Ley 33 de 1985. Sin embargo,
en aras de proteger la sostenibilidad financiera del sistema pensional, se precisa que
en atención al Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a partir del 25 de julio de 2005, se
procederá a establecer por parte de la demandada, las cotizaciones que actuarialmente
se requerían, a fin de evitar la desfinanciación del sistema, con la advertencia de que si
dichos aportes no resultaren suficientes para financiar esta mesada pensional objeto de
reliquidación, habrá lugar por parte de la entidad a realizar los descuentos respectivos.

iii) En ese orden, se impone confirmar la sentencia apelada, con la precisión anotada.
Finalmente, se adiciona el numeral sexto de la parte resolutiva, con el fin de precisar
que la aplicación del artículo 177 del CCA, debe hacerse en concordancia con lo
expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-188 de 1999.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:

i) En la Sentencia C – 258 de 2013, la Corte Constitucional ordenó de manera expresa
que a partir del 1.º de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada
pensional con cargo a recursos de naturaleza pública, podía superar el tope de los 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes; por lo tanto, la decisión recurrida
desconoció una sentencia de constitucionalidad que hizo tránsito a cosa juzgada y es
de obligatorio cumplimiento para las autoridades y particulares. Aunado a lo anterior,
contrario a lo afirmado por el tribunal, aquella providencia no se restringió a los
congresistas y magistrados de altas cortes, sino que de manera general se debe aplicar
a todas las mesadas pensionales reconocidas en el régimen de prima media con
prestación definida.

6 El Tribunal Administrativo del Atlántico citó al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 21 de noviembre de 2013, exp.
0497-2009 y del 12 de mayo de 2014.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

ii) La Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
General de Pensiones, con fundamento en el numeral 4.º del Decreto 2380 de 2012,
recomendó ajustar todas las mesadas pensionales que superen los 25 SMLMV a esta
suma, a partir del 1.º de julio de 2013, de conformidad con la orden impartida por la
Corte Constitucional. Además, en la Sentencia T – 892 de 2013 se dispuso que el
espíritu del Acto Legislativo 01 de 2005 era establecer topes para todas las mesadas
pensionales con cargo a recursos de naturaleza pública «con el propósito de limitar y
reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas,
muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de
la expedición de la Ley 100 de 1993».

iii) La mesada pensional del demandado debe ser ajustada al tope de 25 SMLMV a partir
del 3 de marzo de 2011, fecha de efectividad de la prestación, en atención a la vigencia
del Decreto 510 de 2003.

iv) Por otro lado, es indiscutible que el régimen pensional aplicable al demandado es el
dispuesto en el Decreto 546 de 1971, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la referida
ley, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden
cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual
se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión
de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley
100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de
jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir
el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del IPC, según certificación del DANE. En igual sentido, se ha
pronunciado la Corte Constitucional,7 el cual constituye precedente obligatorio.

7 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

v) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la mesada pensional del señor Duarte Chinchilla, comoquiera que adquirió
el estatus jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El señor Hernando Duarte Chinchilla, por intermedio de apoderado, se opuso a las
pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes
argumentos:8

i) Se acreditó que el demandado es beneficiario del régimen de transición contenido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, del Decreto 546 de 1971, por lo que
tiene el derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con base en la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicio. En ese orden, la decisión
recurrida se fundamentó en los precedentes jurisprudenciales vigentes para la fecha de
su expedición, de manera que está revestida por los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica.

ii) La Sentencia C-258 de 2013 no es aplicable al sub lite porque determinó que no
abordaría el estudio de otros regímenes especiales, como es el contenido en el Decreto
546 de 1971.

iii) Es inadmisible que la entidad recurrente en esta instancia con base en nuevos
criterios jurisprudenciales, pretenda retrotraer la defensa que hizo en su momento en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

iv) Por último, «de acuerdo a ultimo comprobante de la mesada pensional de mi
poderdante no supera el tope de los 25 salarios mínimos legales vigentes Adjunto
comprobante), objetivo judicial que busca la UGPP sin fundamento alguno».

2. Consideraciones

2.1. Competencia

8 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 33 de la plataforma SAMAI.

8

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019.10

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo
de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales
«que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».11

Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto
575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está
legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la
función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite,
la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 26 de noviembre de 201412 y la acción

9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también

reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
12 Folio 254 del cuaderno de la acción de revisión.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

especial de revisión se interpuso el 18 de abril de 2018,13 por lo que es dable concluir
que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, del 13
de junio de 2014, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la acción
especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de

13 Folio 301 reverso del cuaderno de la acción de revisión.

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revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo
cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto
por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los
cuales se tienen los siguientes:

i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin

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legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró14 que el recurso extraordinario de

revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,15 procede contra sentencias
ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció
otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la
Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las
conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por
montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar
las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves

14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene

carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
15 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario

de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.

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casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación».16

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y
a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los
reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».17

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la
ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».18

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos
eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al
juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de
las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino
que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente
otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20, del 11 de junio de
2020, de la Sección Segunda del Consejo de Estado

16 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,

radicado 2017-01529 (REV).
17 Ibidem.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

2014-00845-00 (2743-13).

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Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20, del 11 de junio de 2020,19 la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos
a la aplicación del régimen especial de los servidores y exservidores de la Rama Judicial
y del Ministerio Público, cobijados bajo el Decreto 546 de 1971, estableció las siguientes
reglas:

[…] El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a
la pensión, siempre que:

i) Para el 1.o de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga:
a) 40 años de edad si hombre, 35 años de edad si es mujer o; b) 15 años o más de servicios
efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio
Público estipulados en el artículo 6.o del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus
pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer o 55 años si es
hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o
posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971;20 c) de esos
20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la siguiente manera:

iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.o del Decreto 546
de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b) el tiempo
de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de
dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la
tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos
21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10
años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base
en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de
liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los
artículos 14 de la Ley 4a. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto
610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto
3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados
de la Rama Judicial o del Ministerio Público. (Resaltado original del texto).

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación de 11 de junio de 2020, radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).
20 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de

su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de
1971.

14

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
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Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta corporación, según la
Constitución Política,21 la ley y la Corte Constitucional,22 tiene fuerza vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone tiene características de permanencia, identidad y obligatoriedad. En virtud de
ello, la Sala de la Sección Segunda estableció como efectos de la referida decisión, los
siguientes:

[…] Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
cual replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia
ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia
diferente a la ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada,
sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del
CPACA. (Resaltado fuera del texto).

De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia
de unificación del 11 de junio de 2020 se aplican a todos los casos pendientes de
solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones
ordinarias. En consecuencia, solo se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que para salvaguardar el principio de la seguridad
jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de situaciones
definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada; es decir, que ante una sentencia
ejecutoriada prevalece el carácter de cosa juzgada.

Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios de revisión, estos deben
analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que se
profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, pues los efectos otorgados a la
citada providencia.

2.4.4. Sobre los topes pensionales

El artículo 2 de la Ley 4.ª de 197623 dispuso que las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes,

21 Constitución Política, Articulo 237, ordinal 1.
22 C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
23 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y

se dictan otras disposiciones

15

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
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y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni
superiores a 22 veces este mismo salario».

Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.24 A su vez, el artículo 18
de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición fue
modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM.

Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que «a
partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza
pública».

En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha concluido
lo siguiente:25

[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites
máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al
pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado
su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el
pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte considera que, dentro de ciertos límites,
el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los recursos a fin de
lograr el mejor uso de los mismos, en un sistema solidario de seguridad social; es
perfectamente legítimo que, la ley conceda un límite mínimo o máximo al monto de la
pensión, si con ello se pretende administrar recursos limitados […].

[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege los
recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos preferencialmente a
aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.

De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para establecer
la figura de los topes pensionales como una medida idónea, proporcional y razonable
en aras de garantizar la cobertura universal del sistema de seguridad social en
pensiones.

En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional26 ha precisado que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa especial.
Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de leyes

24 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
25 Sentencia C-155 de 1997.
26 Sentencia C-089 de 1997.

16

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especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de pensionados
privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto para el
reconocimiento y valor de las pensiones».27

El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes
términos:

Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más
altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde antes de la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de
la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el
Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una persona puede recibir
por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv.
Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo
elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más
recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo
criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los regímenes
especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esta
Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales
regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el
tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones
que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la
ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el caso
de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de igualdad en tanto
conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas que no
sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla
general pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de
un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. [Resalta
la Sala].

En esta oportunidad, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 17 de
la Ley 4.ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los
congresistas y demás cargos homologados a estos. De manera especial, la corporación
reivindicó el mandato constitucional previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005 en tanto
dispuso que, a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores
a los 25 SMLMV. Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de
subsidio a las pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió
la cobertura del sistema.

27 Sentencia C-089 de 1997.

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En cuanto a la materialización de las órdenes impuestas en la Sentencia C-258 de 2013,
resulta relevante citar la Sentencia SU-575 de 2019, en la que se señaló que las reglas
establecidas en aquella decisión también se aplican a las pensiones reconocidas con
anterioridad a su expedición. En ese orden, la Corte Constitucional fue enfática en
señalar que dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las
prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de
congresistas y magistrados de las altas cortes, pues, como lo explicó, el Acto Legislativo
01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a
la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes
pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

Cabe recordar que mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 se adicionó el artículo 48
de la Constitución Política y en este se determinó que a partir del 31 de julio de 2010,
no se pueden causar pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública, con lo que se
pretendió atender el problema de la sostenibilidad fiscal y se fijó un tope para las
mesadas reconocidas con cargo a recursos de naturaleza pública.

Así las cosas, con la aplicación de los topes a todas la pensiones, ordinarias o
especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional, tal y como se pretendía
desde la expedición de la Ley 4.ª de 1976, por la cual las pensiones de los funcionarios
públicos han estado sujetas a límites en su cuantía; medida garantiza la distribución
equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los principios de
solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que en relación
con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso», es necesario que se exponga la vulneración a este derecho en relación con
los núcleos esenciales que lo componen.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
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Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión28 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes tres
elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las
normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii)
Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.»

Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la sentencia
objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que sus argumentos
se dirigen a cuestionar el período, los factores tenidos en cuenta al momento de liquidar
la prestación y su tope, sin hacer manifestación alguna en relación con la vulneración
de las garantías anteriormente mencionadas. En ese sentido, la Sala efectuará el
estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
Pues bien, la inconformidad de la entidad recurrente consiste en que la sentencia del
Tribunal Administrativo del Atlántico, del 13 de junio de 2014, habría incurrido en la
causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto
confirmó y adicionó el numeral sexto de la parte resolutiva de la providencia proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla.

Así, la Sala observa que el reproche alude a dos aspectos, el primero, en lo atinente a
la forma en la que el Tribunal Administrativo del Atlántico determinó el IBL de la
prestación y a los factores salariales considerados; y el segundo, respecto a la
inaplicación de topes a las mesadas pensionales del demandado.

Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
las Sentencias C-168 de 1995 y SU-230 de 2015, a partir de las cuales se determinó
que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley

28 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.°
de dicha norma o en el artículo 21 ibidem; y la Sentencia C-258 de 2013, en lo atiente
a la aplicación topes o límites a las mesadas pensionales.

En relación con el primer aspecto, esto es, con la interpretación del ingreso base de
liquidación y los factores salariales que lo integran, la Sala debe precisar que el
Tribunal Administrativo del Atlántico, tomó como sustento de su decisión la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en particular, las
sentencias del 8 de junio de 2000, radicado N.I. 2729-99, y del 25 de noviembre de
2010, N.I. 1014. En esa medida, determinó que el régimen aplicable al hoy demandado
era el contenido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, de manera que la prestación
debía liquidarse en el equivalente al 75 % de la asignación más elevada devengada en
el último año de servicio.

En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones disímiles
respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable a las personas
beneficiarias del régimen de transición allí previsto. Sin embargo, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la Sentencia CE-SUJ-S2-021-
20, del 11 de junio de 2020,29 unificó su jurisprudencia y estableció, como una de las
reglas para el reconocimiento pensional de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971,
los factores de liquidación contemplados por el articulo 1 del Decreto 1158 de 1994 y
otros, cuya incidencia pensional está expresamente señalada en normas aplicables a
los funcionarios y servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público.

No obstante, en la citada sentencia también se señaló que, en procura de la protección
de los principios de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada, las reglas
jurisprudenciales en ella fijadas no serían exigibles para aquellas situaciones definidas
a través de sentencias ejecutoriadas y que hicieron tránsito a cosa juzgada, por lo que
debían excluirse de su ámbito de aplicación los asuntos que se encontraran por resolver
mediante el recurso extraordinario de revisión.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación de 11 de junio de 2020, radicado N.º 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).

20

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre el IBL
de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del 11 de junio de
2020, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de autonomía judicial, que
en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del Consejo de Estado como de la
Corte Constitucional.

Ahora bien, es preciso reiterar que la UGPP en la acción de revisión, circunscribió su
argumento a discutir que, para calcular el IBL del pensionado, debieron atenderse las
disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de
los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la jurisprudencia
que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema. No obstante, no expuso
ningún reparo frente a algún emolumento en particular, por lo que la Subsección,
siguiendo el criterio de anteriores decisiones,30 contraerá su estudio a ello.

Así, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la sentencia que
ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación y sobre la cual hay cosa juzgada,
determinó que el demandado era beneficiario del régimen de transición y por ende de
los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978.
Por consiguiente, el tribunal, entre otras cosas, confirmó la providencia de primera
instancia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, el 22 de marzo
de 2013, que había ordenado la reliquidación de la pensión de jubilación del hoy
demandado, en el equivalente al 75 % de la asignación mensual más elevada y con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

En cuarto lugar, tampoco resultan aplicables las Sentencias SU-230 de 2015, SU-427
de 2016, SU-210 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, que también invoca la
UGPP, porque fueron proferidas con posterioridad a las providencias recurridas y, por lo

tanto, no admiten su invocación como precedente jurisprudencial.

Es decir, la sentencia del 13 de junio de 2014 no fue caprichosa al momento de definir
el ingreso base de liquidación (IBL) aplicable a la pensión reconocida al demandado,

30 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00

(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.

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Demandante: UGPP

sino que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección
Segunda del Consejo de Estado para la época.

Bajo estas circunstancias, en quinto y último lugar, la Sala no comparte el argumento
de la UGPP que considera la sentencia en revisión como desproporcionada por
reconocer una cuantía que excede lo debido, pues la pensión de jubilación del
demandado, lejos de abusiva o lesiva del erario, fue reliquidada con base en el criterio
judicial imperante para la época de su expedición.

Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 11 de junio de 2020, en la que varió su posición frente al
ingreso base de liquidación de los servidores del régimen especial contenido en el
Decreto 546 de 1971. Sin embargo, dicha providencia delimitó sus efectos a los casos
pendientes de solución en sede administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto
de los cuales hubiera operado la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por
consiguiente, la tesis allí contenida no puede extenderse al presente asunto, pues la
decisión que se revisa se ajustó al criterio vigente para la época.

Por otra parte, respecto a los topes o límites a la mesada pensional del
demandado, debe recordarse que el Tribunal Administrativo del Atlántico, confirmó la
providencia de primera instancia en este aspecto, con fundamento en que la Sentencia
C-258 de 2013, excluyó de su estudio la constitucionalidad de otros regímenes
pensionales especiales o exceptuados, creados y regulados en normas distintas al
artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, como lo es, el de la Rama Judicial y el Ministerio
Público, previsto en el Decreto 546 de 1971, fundamento en la cual se reconoció la
pensión al señor Duarte Chinchilla. Además, advirtió que esa decisión encontraba
respaldo en sentencia del 21 de noviembre de 2013,31 emitida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado.

Pues bien, durante cierto período, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
desarrollaron interpretaciones disímiles respecto de la aplicación de los topes
pensionales a aquellos regímenes especiales que no lo contemplaban en su propia
normativa y, específicamente, en punto de la aplicación de las reglas establecidas en

31El Tribunal Administrativo del Atlántico citó al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 21 de noviembre de 2013, exp.
0497-2009 y del 12 de mayo de 2014.

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Demandante: UGPP

la Sentencia C-258 de 2013. En ese orden, con la decisión objeto de revisión el Tribunal
Administrativo del Atlántico, respetó los derroteros jurisprudenciales que, para la época,
había trazado el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que se fundamentó en la referida sentencia del 21 de
noviembre de 2013.32

Por lo tanto, ab initio, esta Sala encuentra que la decisión no fue caprichosa, pues
reconoció la existencia de los dos precedentes disímiles y analizado su contenido
consideró que la interpretación normativa expuesta por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo se ajustaba a los supuestos fácticos y
jurídicos del caso sub examine, sumado al hecho de que la postura de la Corte
Constitucional no era aplicable al hoy demandado por no ostentar la calidad de
congresista, con lo cual cumplió con la carga argumentativa necesaria para apartarse
del precedente que sostenía una posición distinta.

Sin embargo, ante circunstancias como la descrita, surge en el juzgador la necesidad
de resolver la tensión que se presenta entre el interés particular de quien resulta
beneficiado por una decisión, debidamente sustentada, la prevalencia del interés
general, como principio orientador de la función pública consagrado, entre otros, en el
artículo 1.° constitucional, y lo dispuesto en la Ley 797 de 2003 que contempla la
posibilidad de revisar las decisiones judiciales, conciliaciones o transacciones a través
de las cuales se disponga el reconocimiento pensional en forma irregular o por montos
que excedan lo dispuesto en la ley.

A partir de lo anterior, tanto la justicia ordinaria como la de lo contencioso administrativo
han sostenido la tesis de que las decisiones manifiestamente ilegales no cobran
ejecutoria y no atan al juez;33 en todo caso, la Corte Constitucional, en relación con la
aplicación de esa excepción con miras a la modificación y/o revocación de la decisión
que se considera ilegal, ha señalado que su aplicación debe limitarse a «criterios

32El Tribunal Administrativo del Atlántico citó al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 21 de noviembre de 2013, exp.
0497-2009 y del 12 de mayo de 2014.
33 Ver, entre otras providencias de la Corte Suprema de Justicia, las siguientes: Sentencia 286 del 23 de Julio

de 1987 M.P. Héctor Gómez Uribe; Sentencia 096 del 24 de mayo de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.
Asimismo, las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de agosto de 2012, M.P.
Marco Antonio Velilla Moreno, radicación: 11001 03 15 000 2012 00117 01(AC); del 5 de julio de 2018, M.P.
Rocío Araújo Oñate, radicación 05001 23 31 000 2006 01233 01; del 25 de mayo de 2016, radicación 25000 23
36 000 2013 00835 01, (53553), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), entre otras.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so pretexto de enmendar cualquier
equivocación, el operador jurídico puede resultar modificando situaciones jurídicas
constituidas de buena fe respecto de terceros con fundamento en las providencias
judiciales y desconociendo con ello normas de orden público, así como el principio de
preclusión de las etapas procesales».34

Siendo así, es necesario que el operador judicial verifique si, en efecto, está ante una
decisión manifiestamente ilegal que amerite rectificación, caso en el cual esta deberá
adoptarse dentro de un término prudencial entre aquella que se dice ilegal y la que
tiene como propósito enmendarla.

En tal sentido, al entender que el legislador fijó unos límites máximos pensionales con
el propósito de reducir los subsidios del Estado a las pensiones más altas, garantizar
que los pensionados de menores ingresos también tuvieran acceso al pago oportuno
de sus prestaciones y el derecho a la igualdad, la Sala advierte que estas razones
impiden concebir un régimen pensional sin topes en las mesadas y la inspiran a que
se realice un análisis de cara al interés general.

Bajo el escenario expuesto, la Sala considera necesario señalar que la Sentencia C-
258 de 2013 impartió una orden a todas las entidades que administran el régimen
pensional financiado con recursos públicos de reajustar las mesadas que superaran
los 25 SMLMV, el cual debe operar de manera automática y sin que sea necesario iniciar
un proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de obligatorio
cumplimiento. La orden adoptada en esta decisión, tuvo como fundamento lo dispuesto
en las Leyes 4.ª de 1976, 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003, por manera que
aplica a las pensiones reconocidas con anterioridad a la expedición de la aludida
sentencia de la Corte Constitucional.

En efecto, así lo disponía el artículo 2 de la Ley 4.ª de 1976 al señalar que las pensiones
de jubilación del sector público no podían ser superiores a 22 salarios mínimos. Por su
parte, el parágrafo 3 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 estableció que cuando el
Gobierno nacional limite la base de cotización a 20 salarios mínimos, el monto de las
pensiones en el régimen de prima media con prestación definida no podría superar

34 Ver, entre otras, Sentencias T-519 de 05 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1274 de 2005, M.P. Rodrigo

Escobar Gil.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

dicho valor; sin embargo, dicha norma fue modificada por el artículo 5 de la Ley 797 de
2003 que consagró como límite de la base de cotización de 25 SMLMV. Asimismo, el
artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el 48 de la Constitución Política,
fijó requisitos para el acceso a la pensión e impuso límites al monto. Al efecto señaló:

Artículo 1º. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución
Política:

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional,
respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda
pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se
expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar
la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

[…] Parágrafo 1º. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones
superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo
a recursos de naturaleza pública. [Resalta la Sala].

Como se desprende de lo anterior, la normativa general que regía la materia ha
impuesto umbrales a las mesadas pensionales, los cuales son extensivos a todas
aquellas pensiones reconocidas incluso a los beneficiarios de los distintos regímenes
especiales de acuerdo con la transición ordenada por la Ley 100 de 1993. Tal
interpretación no solo atiende el sentido real de las disposiciones que el ordenamiento
jurídico consagraba, sino que garantiza el principio de sostenibilidad presupuestal del
sistema pensional.

Así las cosas, comoquiera que todas las pensiones reconocidas y por reconocer deben
atender al tope previsto en las normas previamente referidas, la Sala concluye que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 13 de junio de 2014,
sí está incursa parcialmente en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, pues la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de
acuerdo con la ley, comoquiera que si bien aludió a los límites o topes contemplados
en el Acto Legislativo 01 de 2005 sobre las mesadas pensionales del señor Hernando
Duarte Chinchilla, lo hizo únicamente desde el 25 de julio de 2005.

Cabe resaltar que si bien en otras oportunidades la Sala ha encontrado infundado el
recurso extraordinario de revisión al advertir que la tesis aplicada por el operador judicial
era la que imperaba en el momento de la expedición de la decisión revisada, también
lo es que como se explicó en líneas anteriores, el interés general y los principios de la
función pública imponen la necesidad de abordar el análisis del asunto en punto de la

25

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

legalidad de la decisión, con independencia de la interpretación judicial imperante en la
que se basó.

Bajo las consideraciones anteriores, se deberá declarar fundada parcialmente la acción
especial de revisión, por lo que se impone infirmar parcialmente la sentencia revisada,
sólo en lo que a dicha pretensión respecta y se procederá a emitir la sentencia de
reemplazo de que trata el siguiente apartado.

No se dispondrá el reintegro de sumas de dinero que hubieren sido fueron recibidas de
buena fe por el demandado, en virtud al cumplimiento de la sentencia objeto de revisión,
aunado al hecho que ello no fue objeto de pretensión por parte de la entidad recurrente.

Frente al principio de buena fe, esta Subsección trae a colación el artículo 83 de la
Constitución Política dispone «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». A su vez, el artículo 164, numeral 1,
literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
señala que no habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe,
presunción que admite prueba en contrario, por lo que a quien la echa de menos, le
corresponde comprobar que el particular actuó de mala fe.

2.6. Sentencia de reemplazo

2.6.2. Análisis de la Sala

2.6.2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si debe aplicarse el tope de 25 SMLMV sobre las mesadas
pensionales del señor Hernando Duarte Chinchilla, a pesar de haber sido reconocidas
con anterioridad a la expedición de la Sentencia C-258 de 2013, emitida por la Corte
Constitucional.

2.6.2.2. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece lo
siguiente:

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Demandante: UGPP

El 19 de abril de 1945, nació el señor Hernando Duarte Chinchilla.35

El interesado acreditó ante la extinta CAJANAL haber laborado en la Rama Judicial en los
siguientes tiempos:36

• Desde el 4 de septiembre de 1965 hasta el 10 de enero de 1969.
• Desde el 1.° al 30 de julio de 1969.
• Desde el 16 de septiembre de 1969 hasta el 30 de julio de 1985.
• Desde el 1.° de septiembre de 1985 hasta el 2.° de marzo de 2011.

En esta instancia no se discute que el señor Duarte Chinchilla es beneficiario del
régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues tenía más
de 40 años de edad para el 1.° de abril de 1994, y así lo reconoció la hoy entidad
recurrente en la Resolución 00691 de 2001.37

El 23 de enero del 2001, mediante la Resolución 0069138 la extinta CAJANAL reconoció
una pensión de jubilación al demandante, a partir del 1.° de junio de 2000, condicionada
a la acreditación del retiro definitivo del servicio, en condición de beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 546 de
1971. Para tal efecto, tuvo en cuenta una tasa de reemplazo del 75 % sobre un ingreso
base de liquidación conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado o aportado entre 1.° de abril de 1994 y el 30 de mayo de 2002, a
saber: asignación básica, gastos de representación, primas de nivelación y especial, y
bonificación por servicios prestados.

El 17 de agosto de 2006, CAJANAL EICE expidió la Resolución 0720039 a través de la cual,
en cumplimiento de una orden judicial, reliquidó la pensión de jubilación del señor
Duarte Chinchilla en el equivalente al 75 % de la asignación mensual más elevada
percibida por el pensionado en el último año de servicio, en los términos del Decreto

35 Tal como consta en la parte motiva de la Resolución 000691 del 23 de enero de 2001, proferida

por CAJANAL. Folios 39 y 40.
36 De conformidad con la parte motiva de la Resolución RDP 000350 del 10 de enero de 2017,

proferida por la UGPP. Folios 165 y 169.
37
Folios 39 y 40.
38
Folios 39 y 40.
39 Folios 75 y 76.

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Demandante: UGPP

546 de 1971. Para tal efecto, estimó una cuantía de $ 6.593.853,13, efectiva desde el
1.° de enero de 2003, condicionada al retiro definitivo del servicio.

El 18 de noviembre de 2010, a través de la Resolución PAP 02661440 CAJANAL EICE EN
LIQUIDACIÓN reliquidó la pensión de jubilación del actor, en el entendido de incluir nuevos

tiempos de servicio y los factores salariales devengados en el último año de servicios
tales como la asignación básica, primas de navidad, de servicios, de vacaciones y
especial, bonificación por servicios prestados y bonificación por compensación.

En ese orden, si bien, en principio, estimó la cuantía de la prestación en la suma de
$ 14.197.613.25, la autoridad pensional determinó que en cumplimiento de lo ordenado
en el artículo 1.°, inciso 1.° del Decreto 510 de 2003, debía ajustar aquel valor a la suma
de 25 SMLMV, es decir, en la suma de $ 12.875.000, efectiva a partir del 1.° de enero de
2010, condicionada al retiro definitivo del servicio. Finalmente, ordenó descontar del
retroactivo pensional la suma de $ 29.894.000, a título de aportes para pensión de
factores de salario no efectuados.

El 28 de julio de 2011, la UGPP expidió la Resolución UGM 00249441 por medio de la cual
resolvió un recurso de reposición contra la Resolución PAP 026614 de 2010, en el
sentido de modificar su contenido. Para tal efecto, se señaló que era procedente la
inclusión de los nuevos factores salariales aportados desde el 1.° de diciembre de 2009
hasta el 30 de noviembre de 2010; sin embargo, en consideración a la aplicación de
topes, la suma de la prestación se fijó en $ 12.875.000, desde el 1.° de diciembre de
2010, condicionada al retiro definitivo del servicio.

Finalmente, ordenó descontar del retroactivo pensional la suma de $ 26.052.239, a título
de aportes para pensión de factores de salario no efectuados.

El 28 de noviembre de 2012, la UGPP emitió la Resolución UGM 05953242 mediante la
cual modificó la Resolución UGM 002494 de 2011, en el sentido de ordenar el descuento
del retroactivo pensional la suma de $ 572.884, a título de aportes para pensión de
factores de salario no efectuados.

40
Folios 101 al 103.
41 Folios 123 reverso al 128.
42 Folios 144 reverso al 146.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

El 22 de marzo de 2013, el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla emitió
sentencia de primera instancia43 en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesto por el señor Hernando Duarte Chinchilla
contra CAJANAL, hoy UGPP, en el sentido de acceder parcialmente las pretensiones de la
demanda. Así, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. PAP 026614 de 18 de
noviembre de 2010 y UGM 002494 de 28 de julio de 2011, expedidas por CAJANAL, sólo
en relación al monto de la pensión reconocida al demandante.

A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP reliquidar la prestación, a
partir del 3 de marzo de 2011, en el equivalente al 75 % de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio sin tope o límite alguno,
con la inclusión, además de su asignación básica, de todos los factores salariales de
que trata el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y en general de las sumas que habitual
y periódicamente recibió el funcionario como retribución de sus servicios.

El 13 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de
segunda instancia, confirmó y adicionó el numeral sexto de la parte resolutiva de la
decisión apelada. En ese sentido, confirmó la reliquidación de la prestación en atención
al Decreto 546 de 1971, en los términos previamente expuestos por el juzgado.

Por su parte, sostuvo que la Sentencia C-258 de 2013 no era aplicable a las pensiones
reguladas por el Decreto 546 de 1971 y la Ley 33 de 1985. Sin embargo, en aras de
proteger la sostenibilidad financiera del sistema pensional, precisó que en atención al
Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a partir del 25 de julio de 2005, se procedería a
establecer por parte de la demandada, las cotizaciones que actuarialmente se
requerían, a fin de evitar la desfinanciación del sistema, con la advertencia de que si
dichos aportes no resultaren suficientes para financiar esta mesada pensional objeto de
reliquidación, habría lugar por parte de la entidad a realizar los descuentos respectivos.

En ese orden, confirmó la sentencia apelada, con la precisión anotada. Finalmente,
adicionó el numeral sexto de la parte resolutiva, en el entendido de que la aplicación
del artículo 177 del CCA, debía hacerse en concordancia con lo expuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-188 de 1999.

43
Folios 208 reverso al 216.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

2.6.2.3. El caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar en
consonancia con los documentos aportados al plenario, que la UGPP no desconoció el
ordenamiento superior al determinar que la mesada pensional del actor estaba sujeta
al monto de 25 SMLMV. Esta tesis se funda en los siguientes razonamientos:

i) CAJANAL le reconoció al demandante la pensión de jubilación al amparo del

régimen especial previsto por el Decreto 546 de 1971 para los servidores de la Rama
Judicial y el Ministerio público.

ii) CAJANAL estaba facultada para acudir al régimen general en cuanto a la
aplicación de topes pensionales, toda vez que el régimen especial no reguló dicho
aspecto. En tal sentido, las Sentencias C-089 y C-155 de 1997 precisaron que
cuando la normativa especial no establece el límite máximo de las mesadas
pensionales, es posible aplicar las reglas generales previstas para esos efectos,
pues de lo contrario se permitiría que algunos pensionados gozaran de privilegios
injustificados.

iii) El tope pensional fijado en los actos acusados no quebrantó los principios de
inescindibilidad y favorabilidad en los términos alegados por el actor, pues
históricamente esos límites se han previsto en el ordenamiento en aras de
materializar los principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad,
eficiencia, universalidad y progresividad que orientan el sistema de seguridad social
integral.

iv) Aunque el demandante consolidó el estatus pensional en 2000, ello no es razón
suficiente para afirmar que la cuantía de su prestación estaba exenta de límites
máximos, toda vez que para ese momento también existían topes pensionales, pues
estos fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4 de 1976 y se siguieron
reiterando en las Leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003, así como en el Acto
Legislativo 1 de 2005.

v) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que los topes
máximos pensionales no constituyen medidas regresivas, salvo que la suma sea
manifiestamente incompatible con el contenido esencial de la prestación, por ende,

30

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

en un Estado Social y Democrático de Derecho dichos límites persiguen una finalidad
legítima, que consiste en mantener la estabilidad financiera, garantizar la equidad en
el régimen de seguridad social y promover el interés general.44

vi) Mediante las Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018 y T-073
de 2019, la Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del límite al monto
pensional resulta imperativo para las entidades encargadas del pago de estas
prestaciones, pues los topes han sido consagrados por el legislador y el
constituyente para todas las pensiones que se paguen con recursos públicos,
incluyendo las reconocidas al amparo del régimen especial previsto en el Decreto
546 de 1971. En igual sentido, esta Corporación ha sostenido lo siguiente: 45

[…] 36. Por cuanto resulta evidente, que la intención de legislador siempre ha sido la de
establecer límites inequívocos a la cuantía de la pensión, y así han quedado expresamente
contenidos en los diversos regímenes pensionales por lo que la Corte Constitucional, en sede
de revisión de tutelas y de constitucionalidad, y también en su labor unificadora de la
interpretación de los derechos fundamentales, ha decantado una uniforme jurisprudencia
alrededor de los topes pensionales, estableciendo que están en consonancia con la
Constitución Política por sustentarse en los principios de sostenibilidad financiera del sistema
pensional, igualdad y de solidaridad, y por ello los encuentra aplicables a todas las pensiones
que se financian con recursos públicos, aun siendo especiales y sin distinguir que su
reconocimiento hubiere sido por virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

37. Tal como ha sido planteado en las providencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de
2018, T-073 de 2019, SU 230 de 2015, SU 210 de 2017 y C-258 de 2013, en donde la ratio
decidendi es el tope pensional establecido por el legislador para limitar la cuantía de la
pensión, inclusive para aquellas personas que la obtuvieron por norma especial aplicable por
la transición de la Ley 100 de 1993.

vii) El legislador fijó límites máximos pensionales con el propósito de reducir los
subsidios del Estado a las pensiones más altas, garantizar que los pensionados de
menores ingresos también tuvieran acceso al pago oportuno de sus prestaciones y el
derecho a la igualdad. Estas razones son las que impiden concebir un régimen
pensional sin topes en las mesadas y las que han inspirado al legislador para
establecerlos desde la Ley 4 de 1976.

Así las cosas, se concluye que el Decreto 546 de 1971 no estableció un tope pensional
para sus beneficiarios, pero ello no impide acudir a la normativa general. En

44 Al respecto puede consultarse la Sentencia C-258 de 2013.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2020,

radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018).

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

consecuencia, el proveído impugnado será revocado parcialmente, en tanto inaplicó dicho
límite.

3. De la condena en costas en la acción especial de revisión

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de interés
público, pues la UGPP busca controvertir una providencia judicial que ordenó la
reliquidación de una pensión con cargo al erario, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la entidad demandante.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al
que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que en el
presente caso se configura parcialmente la causal de revisión prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, lo que conlleva a infirmar parcialmente la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y dictar sentencia de
reemplazo, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
Hernando Duarte Chinchilla contra la UGPP, mediante la cual confirmó y adicionó el
numeral sexto de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Barranquilla.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala al dictar sentencia de reemplazo, revocará
parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Barranquilla, comoquiera que inaplicó los límites o topes pensionales de 25 SMLMV sobre
las mesadas pensionales a que tiene derecho el señor Hernando Duarte Chinchilla. Sin
condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

F A L L A:

Primero. Declarar parcialmente fundada la acción de revisión promovida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico
del 13 de junio de 2014, que confirmó y adicionó el numeral sexto de la parte
resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Barranquilla, el 22 de marzo de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Infirmar parcialmente la sentencia del 13 de junio de 2014, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto si bien aludió a los límites o topes
contemplados en el Acto Legislativo 01 de 2005 sobre las mesadas pensionales del
señor Hernando Duarte Chinchilla, lo hizo únicamente desde el 25 de julio de 2005.
La sentencia quedará así:

Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013, por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, que accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda incoada por el señor Hernando Duarte Chinchilla, contra la extinta Caja Nacional
de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en cuanto inaplicó los límites
o topes de 25 SMLMV sobre las mesadas pensionales del señor Hernando Duarte
Chinchilla, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

En su lugar, se dispone

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda relativas a la declaratoria de nulidad de la
Resoluciones PAP 026614 de 18 de noviembre de 2010 y UGM 002494 de 28 de julio de 2011,
expedidas por CAJANAL, únicamente respecto a la orden de aplicación del tope de 25 SMLMV
sobre las mesadas pensionales del actor.

Tercero. Aplicar los límites o topes pensionales de 25 SMLMV sobre el monto de las mesadas
pensionales a que tiene derecho el señor Hernando Duarte Chinchilla, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia del 22 de marzo de 2013, proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla.

Tercero. Mantener en lo demás la sentencia del 13 de junio de 2014, emitida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

Cuarto. Negar las demás pretensiones de la acción especial de revisión.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00607-00 (2579-2018)
Demandante: UGPP

Quinto. Sin condena en costas.

Sexto. Reconocer personería jurídica a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón como
apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de acuerdo al poder
general visible a índice 59 de la plataforma SAMAI.

Séptimo. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08 001 33 31 002 2011 00316 00, al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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